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Por: Beatriz Cortez Sánchez
Coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental

Desde el 07 de diciembre, con la vacancia de Pedro Castillo, el pueblo peruano especialmente del Sur Andino se movilizó masivamente por la defensa del voto popular. Esta lucha contra el sistema político también relevaba un profundo cuestionamiento al sistema económico centralista y privatista que por décadas ha relegado a las regiones y especialmente a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe situacional sobre Perú, señala que la economía peruana está basada en el extractivismo:
“La economía peruana está basada, primordialmente, en un modelo extractivista, cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.”(párrafo 32)

El modelo económico extractivista peruano trae gravísimas consecuencias para las comunidades. Una de las principales es la afectación a la salud ambiental y humana, que por ende pone en riesgo la vida de las personas. El MINSA en 2020 ya desveló la dramática cifra de 10 millones de personas expuestas a metales tóxicos, en 2018 el MINSA ya había señalado que para la determinación de áreas de peligro de exposición para la población, se tienen en consideración entre algunas de las fuentes de contaminación los pasivos ambientales, las unidades mineras activas y el agua de consumo humano con presencia de metales pesados. [ Documento Técnico “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas”(Resolución Ministerial N° 718-2018/MINSA.)]

En 2021 la Defensoría del Pueblo emitió un informe donde reafirmaba que el principal grupo poblacional que está expuesto a la contaminación con metales pesados son los niños de 0 a 11 años, por ello enfatizó en la importancia de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, articule con las carteras de Salud y del Ambiente. Ese mismo año se logró la conformación de la Comisión Multisectorial Temporal de Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas, por ello ahora tenemos el Plan Especial Multisectorial – PEM (Decreto Supremo N° 037-2021-MINAM).

Si bien la aprobación de este Plan significó un gran avance para las poblaciones afectadas, ahora estamos en un contexto muy adverso para lograr su implementación efectiva. Necesitamos un Estado que opere con perspectiva integral, que sea capaz de articular sectores y niveles de gobierno. Pero, nos encontramos ante un Estado que por años ha estado bajo la influencia de la empresa privada especialmente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), y que ahora, en manos de una mafia autoritaria busca restaurar el control empresarial de las prioridades del Estado. Por ello, es seguro que desde algunos sectores productivistas se tendrá escasa simpatía por una mirada integral de la protección de la salud humana y ambiental, especialmente desde el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que durante el funcionamiento de la Comisión Integral que aprobó el PEM, insistió que para la calificación de las zonas afectadas por metales pesados, se tuviera en consideración además los criterios económicos.

¿En qué forma el nivel de riesgo y gravedad de afectación a la vida humana puede medirse en función de lo económico?. Más bien, se evidencia el rol contrario a la protección de la vida que juega el MINEM. Pese a ello, ahora tenemos un Plan y también una Ley ( Ley Nº 31189) , que reconoce varios elementos del Plan, como marco normativo base. Esto, gracias a la organización y presión de la Plataforma Nacional de personas afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas y algunas autoridades aliadas. Por ello, debemos tener muy presente, que para que el Estado pueda actuar de forma efectiva e integral se necesitará siempre la presión y movilización social especialmente desde lo local, ya que se ha demostrado que estamos ante un Estado sumamente centralizado donde las prioridades son ordenadas en función de intereses empresariales.

En mayo de 2023 se publicó el Reglamento de la Ley 31189 (Decreto Supremo Nº 007-2023-SA), Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. Este Reglamento desarrolla la Ley 31189 aprobada en 2021 que constituye el marco normativo general que tenemos sobre atención a personas afectadas por metales tóxicos y que tiene mayor jerarquía que el Plan Especial Multisectorial- PEM (Decreto Supremo Nº 037-2021-MINAM). Los funcionarios del Estado deberán cumplir sus obligaciones a partir de esta norma.

Es decir, tenemos un marco normativo base, pero como reto debemos fortalecer la organización local para exigir y participar activamente en la implementación efectiva del PEM en conjunto con el desarrollo de los Planes de atención local. Recordemos que la Defensoría del Pueblo en 2021, informó que solo ocho regiones de 25, han tenido experiencias de desarrollo del Plan de Atención en el marco de la Directiva Sanitaria N° 126-MINSA/2020/DGIESP. Por ello es cada vez más necesario reforzar la incidencia local.

Hay que tener en cuenta que el régimen de Dina Boluarte, viene presionando a las organizaciones populares en las regiones para que la respalden. La Plataforma Nacional de Personas Afectadas ha manifestado reiteradamente su rechazo al gobierno de Dina Boluarte por ilegítimo y por las graves violaciones de derechos humanos y masacres cometidas contra el pueblo. De ninguna forma se puede permitir que el Estado sea usado para condicionar la atención de demandas sociales de la población movilizada, en este caso los afectados por metales tóxicos. Por ello es clave tener una postura política clara y autónoma frente a un gobierno que cada vez es más autoritario, sin dejar de exigir el cumplimiento de demandas básicas como las relacionadas con la salud ambiental y humana en el país.

Las comunidades campesinas y ronderos de varias provincias de Cajamarca han levantado el paro que mantenía bloqueado desde el pasado lunes 17 de enero el acceso al proyecto minero Antacori de la empresa Anta Norte ubicada en el sector Sinchao en el distrito de Chugur en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca. 

De acuerdo a las informaciones del diario “La Prensa del Norte” la decisión fue tomada luego que la comisión técnica del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) se comprometió a suspender los trabajos de exploración del mencionado proyecto minero. Compromiso que no ha podido ser confirmado.

El Coordinador del Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Víctor Hugo Cruzado, ha informado que la comisión gubernamental se habría comprometido además a declarar la inviabilidad del proyecto Antacori, tal como lo exigen las comunidades que en los pasados nueve días han movilizado a cientos de ronderos de 35 diferentes comunidades que se han alternado en turnos para mantener el paro frente al campamento minero.

Según el mismo dirigente, las comunidades estarán atentas a que no se instalen nuevas plataformas de perforación, ya que la minera hasta ahora habría logrado hacer operar tres de las 24 instalaciones a través de las cuales lleva adelante los trabajos de exploración para detectar las mejores vetas de cobre y oro que busca explotar en la zona.

Parte del acuerdo ahora alcanzado prevé una reunión para el próximo miércoles 9 de febrero entre representantes de las comunidades y del gobierno en el distrito de Chugur, con el fin de buscar la solución al conflicto ocasionado por la empresa minera.

Las informaciones recogidas en los canales de comunicación institucionales del MINEM, dan cuenta del encuentro y también de la suspensión del paro. Sin embargo, el ministerio no menciona que se haya comprometido a ordenar suspender las actividades de exploración del proyecto minero Antacori:

La nota del diario “La Prensa del Norte” consigna que el martes 25 de enero fueron más de cuatro mil los ronderos que presenciaron el arribo de la comisión técnica del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Sus integrantes tuvieron que desplazarse directamente al sector denominado «El Sinchao» ante la masiva movilización que demostró que las comunidades resisten la continua contaminación de sus fuentes hídricas, que habría sido causada por los trabajos de exploración del proyecto minero Antacori. Además reclaman por los cientos de pasivos ambientales en la región.

En concreto, los comuneros han denunciado la contaminación del agua de la represa «Aguas Coloradas», y denuncian la muerte de 17 mil truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe el 31 de diciembre. Un análisis hecho por la Municipalidad el 4 de enero de este año, muestra que los niveles de metales pesados en varias cuencas, están mucho más elevados que lo permitido. Pruebas de sangre de niños y adultos en Chugur también demostraron altos niveles de plomo. 

Según testimonios recogidos por la organización ambientalista Grufides para los habitantes de las comunidades, la empresa minera Anta Norte es un peligro, ya que se encuentra en la última cabecera de cuenca con agua limpia de Hualgayoc, Bambamarca, Chugur y Chota, que desemboca en Gallito Ciego. Las demás cuencas de la provincia de Hualgayoc ya se encuentran contaminadas desde la llegada de otras empresas mineras en la zona como Gold Fields y Coimolache.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.

En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

Autoridades y dirigentes de comunidades campesinas y organizaciones ronderas de los distritos de Hualgayoc, Chugur, Bambamarca de las provincias de Hualgayoc-Bambamarca y de Chota han ratificado este jueves la realización de un paro interprovincial de duración indefinida, que se realizará a partir del lunes 17 de enero en el área de exploración del proyecto minero Antacori ubicada en la zona de Sinchao del distrito de Chugur en el departamento de Cajamarca. Con la movilización los comuneros buscan la paralización de los trabajos de exploración y el retiro definitivo de la minera Anta Norte de la zona.

Un reclamo que vienen planteando desde inicios del año pasado cuando trascendió finalmente que la minera pretende desarrollar un megaproyecto de explotación de cobre en Sinchao, ubicado en una cabecera de cuenca del distrito de Chugur, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
Desde entonces se han producido varios hechos de vulneración de derechos, que entre otros han provocado serios daños al medioambiente. Así, en la comunidad de Tranca de Pujupe, del Distrito de Hualgayoc, pobladores y autoridades denunciaron en marzo pasado la contaminación del agua de la represa “Aguas Coloradas”, al haber identificado un cambio repentino en el color de la misma.

La zona de exploración de minerales es limítrofe con dicha comunidad, por lo que sus habitantes sospechan que las perforaciones asociadas hayan originado el daño de los afluentes hídricos. También acusan la muerte de truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe, hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre. La organización de derechos humanos y del medioambiente Grufides constata en un reporte de mayo de 2021 que la apariencia rojiza del agua de la represa preocupa a centenares de regantes de la comunidad de Tranca y, en general, a la mayoría de agricultores de la microcuenca Tingo – Maygasbamba, por lo que los comuneros exigieron a la empresa minera que se retirara de la zona.

Otros hechos que han afectado a seres humanos y la flora y fauna de la zona se relacionan con los abrumadores pasivos ambientales que se concentran en la región y que conforman la tóxica herencia minera. En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, el derrame de relaves mineros de la operación Cerro Corona, propiedad de la empresa minera de capitales sudafricanos Goldfields, del 16 de diciembre del 2018 ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas de piscigranjas cuyo bienestar dependía de la calidad del agua del río Tingo Maygasbamba. Dicho derrame se saldó con una multa impuesta por la Autoridad Nacional del Agua a la empresa Goldfields equivalente a 4 millones 300 mil soles.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.
En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

Es por eso que, en el llamado a huelga, declaran estar en pie de lucha contra la expansión y contaminación minera de las cabeceras de cuenca, no sólo de Anta Norte con su proyecto minero Antacori sino también Goldfields y su operación Cerro Corona, Coymolache Tantahuatay y otros emplazamientos similares que por atentar contra la vida y la salud de los ecosistemas y de las familias con metales tóxicos y cancerígenos jamás tendrán licencia social.
En lo inmediato, las exigencias de las comunidades son que se declare la inviabilidad definitiva del proyecto Antacori y el retiro inmediato de la maquinaria como también del personal apostado en el Sinchao. De acuerdo al Coordinador del Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Víctor Hugo Cruzado, exigen además el archivamiento definitivo de todo proceso o acusación fiscal o judicial contra dirigentes y pobladores.
Además, reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados en reunión de trabajo celebrado en febrero del año 2019 con varios ministros y subsecretarios, entre ellos los de Salud y Energía Minas. En ellos se acordó la atención a las personas tamizadas y contaminadas con metales pesados, tóxicos y cancerígenos. También figuran la construcción del Hospital General de Hualgayoc – Bambamarca y el financiamiento y construcción de la Planta de Agua Potable para Bambamarca.

Finalmente, el pliego demanda la investigación y sanción de los responsables de la grave contaminación de piscigranjas y la muerte de miles de truchas. Un hecho que evidencia, a juicio de Víctor Hugo Crutzado, los graves perjuicios que está causando el proyecto Antacorí, ya que los peces son un indicador clave de la salud de las fuentes hídricas, y subraya que esto se ha producido cuando las faenas recién se encuentran en fase de exploración.
El dirigente ha explicado que la movilización sólo podrá ser detenida, si las autoridades gubernamentales encabezadas por la premier Mirtha Vásquez se desplazan directamente a la zona Sinchao.

Y es que la cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) conoce el trasfondo del conflicto. Según el Reporte de Conflictos del Observatorio del mismo nombre de la organización Grufides, la entonces congresista, Mirtha Vásquez, solicitó en 2020 mediante oficios a los Ministros del Ambiente, Salud y Energía y Minas intervención con carácter de urgencia para atender la problemática socio ambiental en el Distrito de Chugur.

Los representantes de las comunidades se muestran confiados en lograr que se respeten los acuerdos. Para ello, serán decisivas la capacidad de convocatoria y la duración del paro. Según palabras de Cruzado, son al menos mil los ronderos que se han comprometido a bloquear las faenas de Anta Norte. En febrero de 2019, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.

Por primera vez, la Ley de Presupuesto nacional incluye un incremento significativo del presupuesto asignado para la atención a afectados y afectadas por metales tóxicos, esto gracias a la gestión de la congresista por Cusco, Ruth Luque, y por la iniciativa de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras. Si bien ya existía presupuesto específico para la realización de tamizajes a la población a nivel nacional, los presupuestos asignados venían siendo insuficientes para las medidas de atención que se deben implementar.

Según la Ley de Presupuesto 2022 , se dispone s/. 10 682 505 en el pliego el Ministerio de Salud y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a nivel nacional para que realicen tamizajes y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados; adicionalmente se se autoriza al MINSA y a los gobiernos regionales a realizar modificaciones presupuestarias solo con el fin de habilitar el uso de hasta 30 millones de soles para la realización de tamizajes y atención a afectados con metales pesados con prioridad en los territorios de Cuninico (Loreto), Cerro de Pasco, Espinar (Cusco), cuenca del Coata (Puno) y La Oroya (Junín). Y, finalmente, de forma complementaria se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas la realización de modificaciones presupuestarias hasta por la suma de 10 millones de soles a favor de los gobiernos regionales a partir del artículo 53° del Decreto Legislativo n° 1440- Sistema Nacional de Presupuesto Público; por último, para la implementación de acciones vinculadas a la atención de las personas afectadas por la contaminación de metales pesados.

En total son 50 millones 682 mil soles que se están destinando a acciones de atención a personas afectadas por la contaminación por metales tóxicos.

Esta es una buena señal de compromiso de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía para garantizar el derecho a la salud humana de miles de afectados y afectadas que vienen siendo olvidados año tras año. Una vez aprobada esta norma queda en responsabilidad del Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales de los territorios priorizados, el uso eficiente del presupuesto otorgado, por ello algunos integrantes de la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental opinan lo siguiente:

Elsa Benavente de la Asociación Peruana Desarrollo integral Luz de Dios, cuyas siglas son APDI Luz de Dios, señala que hay un gran avance porque es una suma que se aumenta en comparación a lo que se asignó a nivel nacional en el 2021 para tamizajes y atención a pacientes. Ella señala también que a la fecha solo se ha ejecutado el 43.5% del presupuesto total en este rubro, que al 2021 solo era de 2 millones aproximadamente. Agrega “que se tiene el reto se fiscalizar en qué se está gastando el presupuesto asignado, porque haciendo una revisión en el MEF no se logra ejecutar todo el presupuesto y además la mayoría de ese gasto se ha ido en pago de personal. Para el caso de los cinco territorios priorizados, las personas afectadas por metales pesados señalan que no se vienen realizando los tamizajes pertinentes, ahora con el aumento del presupuesto debemos estar vigilantes hasta lograr la atención efectiva de las personas afectadas.”

Jaime Silva del Centro de Cultura Labor-Pasco señala que en el caso de Pasco en los años 2019 y 2020 se asignó un presupuesto de alrededor de 6 millones de soles para atender a afectados y afectadas; sin embargo, no hubieron resultados satisfactorios porque no hubieron mejoras concretas en la calidad de vida de la población. Por ello, ahora señala que el MINSA debe invertir de manera eficiente este presupuesto: “Desde Pasco solicitamos que se debe apuntar al fortalecimiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, también se necesitan de médicos especializados en toxicología para metales pesados, además que en los casos más graves de niños afectados es necesario llevarlos a otros países para que lleven tratamientos especializados. Por último, es necesario que se amplíe el número de tamizajes en las zonas afectadas para tener diagnósticos claros sobre la situación”.

De igual forma, Miluska Rojas de Red Uniendo Manos, señala que ahora se debe hacer énfasis en coordinar con el MINSA para que el presupuesto llegue a implementarse eficientemente en los territorios, es decir a nivel regional, señala también: “ Se debe incidir en las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAs) para que actué conforme a lo que diga la norma y a la vez que los congresistas hagan seguimiento a esto. También es necesario que se logre la reglamentación de la Ley N° 31189 y tener criterios más apropiados para la priorización en la ejecución del presupuesto y podamos pasar del tamizaje a la atención concreta a la mayor cantidad de afectados y afectadas».

 

 

 

Por: Jaime Borda / Secretaria Ejecutiva de Red Muqui

Como era de esperarse, esta semana hemos asistido nuevamente al inicio de un enfrentamiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo sobre la cuestión de confianza. El Congreso acaba de aprobar por insistencia la ley de desarrollo constitucional sobre la cuestión de confianza que le permitía al presidente Pedro Castillo, llegado el caso, disolver el Congreso; sin embargo, con la nueva norma se limita esta posibilidad, otorgándole al Congreso mayor poder del que ya tenía. De esta manera, la posibilidad de vacancia del presidente Castillo nuevamente entra en vigencia. Es una pena que tengamos que asistir nuevamente a este escenario de enfrentamientos que no permiten discutir las grandes reformas y temas que deberíamos estar discutiendo en este momento. Por lo pronto, el poder ejecutivo ya anunció que presentara una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, en medio de este escenario político tan incierto, se vienen logrando algunos avances en favor de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería en el país, se trata de los afectados/as por metales tóxicos, quienes durante la reciente semana han realizado una reunión nacional de voceros de varias regiones en la ciudad de Lima, y al mismo tiempo han aprovechado para reunirse con la premier Mirtha Vasquez en el despacho de la PCM. La premier se ha comprometido en la aprobación del “Plan especial Multisectorial de Atención para los afectados y afectadas por metales tóxicos”; esperamos que después de muchos años de reclamos de las y los afectados,  por fin sean atendidos. No podemos permitir que sigan muriendo más niños y niñas con plomo, como fue el caso de la niña Esmeralda de Pasco que falleció recientemente producto de los metales pesados en su organismo.

Finalmente, la semana pasada, la Red Muqui y sus miembros hemos sostenido nuestra asamblea semipresencial luego de casi 20 meses de virtualidad, el encuentro se ha producido en la ciudad de Lima cumpliendo todos los protocolos sanitarios necesarios, y nos ha permitido analizar y discutir sobre el actual contexto político y social en el país, y de modo particular sobre la situación minera en el Perú. Luego de hacer una revisión sobre nuestro trabajo y de afirmar nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, sobre todo de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería, se han tomado acuerdos para plantear algunos puntos de agenda que el gobierno de Castillo debe atender con urgencia, entre ellos la discusión de un nuevo marco normativo para el sector minero, el impuesto a las sobre ganancias mineras, atención a los afectados/as por metales tóxicos entre otros.

Desde la secretaria ejecutiva y el equipo de la Red Muqui queremos agradecer a la asamblea y a las poblaciones y comunidades con las que trabajamos por ratificarnos en este encargo por los siguientes dos años más. ¡Gracias nuevamente por la confianza!

Actualización: Asesores de la presidenta del Consejo de Ministros, confirmaron, ante solicitud de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, que Mirtha Vásquez recibirá a 10 dirigentes de la Plataforma este martes 19 de octubre al mediodía en las instalaciones de la PCM.

Este 18 y 19 de octubre, integrantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas, articulados en organizaciones de diferentes partes del país, llegarán a la capital para unificar una estrategia de exigencia de atención integral al actual gobierno del presidente Castillo.

Teniendo en cuenta el escenario político actual, en el que un nuevo gabinete buscará el voto de confianza, las organizaciones consideran que es el momento propicio para dialogar con los titulares de las carteras ministeriales correspondientes para que aprueben el Plan Especial Multisectorial de Atención a afectados por metales tóxicos. 

Los representantes, que viajarán desde Amazonas, Áncash, Cajamarca, Espinar, Junín, La Libertad, Lambayeque, Callao, San Mateo, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno y Huancavelica, esperan reunirse con la nueva presidenta de la PCM, Mirtha Vásquez, y los representantes del Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, y Ministerio de Economía, para lograr la inmediata aprobación del Plan de Atención y consensuar la publicación e implementación con ejecución presupuestal de la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, creada con Resolución Suprema N° 034-2020-PCM.

‘’Somos más de 18 regiones afectadas que convivimos con metales tóxicos. Esperamos que la PCM nos reciba y se comprometa a garantizar nuestro derecho a la salud. También exigimos que el MEF incluya presupuesto para el año fiscal 2021 para que la Comisión pueda cumplir su trabajo. No es posible que niñas y niños sigan muriendo debido a la contaminación. No queremos iniciar medidas de lucha, así que esperamos que el Estado cumpla’’, sentenció Félix Suasaca, presidente del frente de defensa del río Coata en Puno.

Cabe señalar que estos días, las y los afectados se reunirán para evaluar y reforzar su trabajo a nivel organizacional. Con esto buscan fortalecer su presencia a nivel nacional y garantizar la promoción de políticas en aquellas zonas donde las actividades extractivas, petroleras e industriales están afectando la salud de la población. 

Finalmente, las y los voceros, que se reunirán por primera vez en modalidad presencial desde el inicio de la pandemia, aprovecharán su estadía en Lima para organizarse rumbo a su III Encuentro Nacional de Afectados/as por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.

 

Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana

Contacto: Karem Luque – 951412661 

El martes 4 de mayo se ha promulgado en el diario El Peruano, la ley para “Fortalecer prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas”, firmada por el presidente de La República, Francisco Sagasti, y la presidenta de la PCM: Violeta Bermúdez. Esta ley fue aprobada por el Congreso de la República el 31 de marzo del presente año con el aporte de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, y faltaba la promulgación por parte del Ejecutivo si es que no había alguna observación. Desde octubre del 2018 en que se aprobó los “Lineamientos de la Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas” por el Ministerio de Salud, no había otro avance normativo importante.

Implicancias de la Ley

De acuerdo al artículo 3, esta ley encarga a la “Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Salud en ejercicio de su función rectora, la definición de los actores y de los mecanismos de articulación intersectorial e intergubernamental para la incorporación de la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas en los planes y programas a cargo de los sectores competentes, así como en los de los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

La coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, Karem Luque, señala que “esto permitirá que no solo haya una acción organizada a nivel multisectorial que contempla a diferentes ministerios, sino que entre los diferentes sectores haya mejores propuestas. Refuerza los canales de comunicación para que los gobiernos regionales y locales puedan ejecutar y dialogar mejor frente a las políticas nacionales que se vayan aprobando.

Agregó que desde la sociedad civil ahora se podrá argumentar que existe ya una ley para que los gobiernos regionales realicen un plan integral de salud que contemple a las y los afectados por metales tóxicos.

Minsa adecuará protocolos para atención

Asimismo, la ley señala que el Ministerio de Salud debe elaborar y actualizar “los protocolos de atención e instrumentos técnicos para la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas”.

Karem Luque precisa que actualmente el Ministerio de Salud tiene guías de diagnóstico clínico con los que los médicos evalúan los síntomas y signos de las personas que estarían afectadas por metales pesados. “La guía más actualizada es la de plomo del 2017. También hay guías para arsénico, cadmio y mercurio”. Agrega que lo que se pide con este artículo, es que estas guías sean actualizadas y sea asumido por todos los profesionales de la salud que van a trabajar en la zona donde hay exposición a metales pesados. “Los médicos deben conocer a detalle estas guías para diagnosticar la enfermedad de los pacientes expuesto a metales pesados”, puntualiza

Crearán Registro de personas afectadas por metales pesados

Otro importante avance de acuerdo a esta ley, es que el Ministerio de Salud implementará y actualizará el “Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas, a fin de organizar el sistema de atención sobre esta materia, que brinde mayor conocimiento sobre su incidencia, prevalencia y demás información relevante en cada área geográfica que se produzca, así como los niveles de afectación en la salud”.

Hace unos meses el Ministerio de Salud informó que actualmente “hay más de 10 millones de personas expuestas a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en el país” . Sin embargo, Karem Luque señala que no es un informe detallado para saber cuántas personas expuestas a metales pesados hay en cada provincia y distrito. “La data solo es a nivel regional. Esperamos que con esta ley y su reglamento se pueda tener la data detallada con el apoyo de los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, en cusco hay 342 660 personas en riesgo de exposición a metales pesados, pero no se dice dónde”.

En el artículo 5, se precisa que el registro se construirá “a partir de la información obtenida en atenciones médicas realizadas, en los establecimientos de salud de los tres niveles de gobierno, siendo responsabilidad del Ministerio de Salud su conducción y actualización periódica, conforme lo señale el reglamento”.

Financiamiento

Finalmente, sobre el financiamiento, en el artículo 7 de la ley se precisa que no habrá recursos adicionales del Tesoro Público para implementar estas acciones. “La aplicación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades públicas involucradas”.

Karem Luque señala que los gobiernos regionales deben elevar sus presupuestos, ya que ellos son los que definen los montos a utilizar en el sector salud de su región. “Si tendríamos en cada región una unidad de metales pesados que esté bien equipada, tendríamos mayor seguimiento a los casos de exposición y afectados por metales pesados”.

Finaliza, precisando que sí debería evaluarse un presupuesto especial a nivel nacional porque en los territorios donde ya hay afectados por metales pesados y personas en riesgo de serlo, se sigue impulsando la actividad minera, y por ello debería haber un presupuesto especial para implementar las acciones de mitigación, prevención y atención a los afectados por metales pesados.

Aprobada la ley, el reglamento de la Ley debe ser aprobado dentro del plazo de 90 días calendario, contados a partir del día de hoy, 4 de mayo.

DATO

Actualmente la Comisión Multisectorial Temporal de la que hacen parte representantes de ministerios del Ambiente, Energía y Minas, Salud, Vivienda, Agricultura, Trabajo, Cultura, Mujer, Producción; 2 representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales; y 2 representantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, vienen elaborando el Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su implementación.

Con la ley aprobada, la implementación del Plan Especial Multisectorial tendrá un respaldo jurídico para la prevención, mitigación y atención de la salud de los afectados y afectadas.

 

Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Como es sabido, esta semana la coyuntura política sigue centrada en la moción de la vacancia presidencial de Martin Vizcarra por parte del Congreso de la República. Está casi confirmado que el presidente tendrá que ir a responder por sus actos este viernes 18 de septiembre al Congreso. Sin embargo, cada día aparecen nuevos elementos que evidencian que detrás del pedido de vacancia existen otros intereses subalternos a los audios del presidente y sus asistentes. Se ha sumado las llamadas nada santas que ha realizado el presidente del Congreso, Manuel Merino, al comandante general de la Marina; dice Merino, para dar tranquilidad al país, así como las últimas denuncias del ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaústegui, quien ha hecho público unos chats donde allegados a Acción Popular le insinuaban sobre los cambios y la crisis que se avecinaban. Al final, se trata de “una burda comedia en medio de una tragedia” en nuestro país, como ha señalado acertadamente Javier Torres de NoticiasSer.

No solo de crisis política vivimos en nuestro país, a parte de la crisis sanitaria que tenemos que enfrentar, esta semana hemos conocido de una lamentable noticia, se trata del asesinato a balazos del defensor ambiental: Roberto Carlos Pacheco Villanueva, en Madre de Dios. Con esta muerte en nuestro país, ya suman 5 defensores ambientales asesinados, según la Defensoría del Pueblo. “En lo que va del 2020, además del señor Pacheco, otros cuatro defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente han sido asesinados por tratar de proteger los recursos naturales”. Estos datos son más que alarmantes debido a que la defensa de los derechos humanos y los líderes/as defensores están en riesgo. Por ello, es urgente implementar medidas más eficaces de protección desde el MINJUSDH, El Ministerio Publico y las autoridades competentes en favor de los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país.

Finalmente, en medio de esta crisis, un tema que espera algún nivel de atención desde hace mucho atrás es la situación de los afectados/as por metales tóxicos en nuestro país. Siempre que los gremios mineros y el gobierno hablan de la importancia de la minería se olvidan de la otra parte, de los impactos y los daños que genera esta actividad. El caso de los afectados, entre ellos niños y niñas de Cerro de Pasco es el más dramático, ya que la presencia de metales pesados en sus cuerpos les genera un sinnúmero de enfermedades, como el cáncer, por ejemplo. En relación a este tema, el Centro Labor de Pasco en alianza con el Instituto Source de Italia han elaborado una investigación denominada: «Condiciones de la calidad ambiental y exposición humana a metales pesados en Cerro de Pasco». El estudio profundiza el análisis ambiental y de salud pública que aquejan a las poblaciones de Cerro de Pasco, y da cuenta de la situación de los niños y niñas en poblaciones cercanas al proyecto minero. El estudio fue presentado está siendo presentado este jueves 17 de septiembre en un evento virtual organizado en alianza con la Red Muqui.

NODO PERÚ – RED LATINOAMERICANA IGLESIAS Y MINERÍA[1]

“Necesitamos un cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería[2]

La actividad minera abarca en concesiones el 14% del territorio nacional, y ha aportado en los últimos años el 9% del PBI y un porcentaje importante de las exportaciones, siendo por decisión política cimiento importante de la economía en el Perú, en base a los precios de los minerales a nivel internacional.

Sin embargo, también en éstos años ha sido la minería la generadora de la mayor cantidad de conflictos sociales, representando el 65% de los conflictos socio ambientales en el país, los que en particular afectan a las comunidades campesinas de nuestra región andina y costera, cuyos territorios han sido concesionados en un 35% para la actividad minera.

La imposición de decisiones sobre actividad minera en el Perú, sin mecanismos adecuados de participación ciudadana y consulta previa a nuestros pueblos originarios, ni una institucionalidad sólida que garantice aprobación rigurosa de estudios ambientales ni una fiscalización adecuada de las operaciones, han generado en su mayor parte los conflictos socio ambientales, que son abordados por el Estado con procesos de “dialogo” que buscan facilitar las actividades antes de “escuchar”, o que generan acuerdos que no son cumplidos, propiciando la indignación de la personas que no encuentran como canalizar sus demandas, y ante sus justas protestas encuentran la represión y la criminalización de la protesta social.

Según la Mesa Técnica de “Políticas de Atención y Prevención Integral de Salud de afectados por metales tóxicos asociados a minería e hidrocarburos”[3], más de 7 mil personas se encuentran contaminadas por metales tóxicos en nuestro país, en particular por los pasivos ambientales mineros generados por las operaciones que vienen afectando agua, aire y suelos, contaminando además la producción actividades económicas fundamentales para nuestra alimentación, como la agricultura familiar.

Nuestras Iglesias no son ajenas “al mirar a través de los ojos de los pobres y de los que sufren”, como citan los Obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), y “llama a las Iglesias y a la sociedad a escuchar el clamor de la gente que sufre y las heridas causadas a la naturaleza misma, sobre-consumida y sub valorizada por la economía global actual”, “que permite un sistema económico injusto defendido y protegido mediante la fuerza política y militar.[4]”.

Al respecto la Confesión de Accra de la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas incide en que “El interés codicioso de explotar la Madre Tierra hasta la última gota lleva a transformar drásticamente los paisajes, talando bosques, desviando ríos, trazando carreteras, destruyendo la capa vegetal, y en fin, generando una serie de impactos que merecen ser sometidos a evaluación desde el punto de vista ético y moral en diálogo con las ciencias”[5].

Es por ello que nuestras Iglesias se han unido al llamado de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería para conformar un Nodo Perú, con el fin de “reflexionar, compartir, celebrar y generar caminos que nos permitan, en fidelidad al evangelio de Jesucristo, acompañar a los pueblos que se sienten amenazados y condenados a la destrucción de sus medios de vida y a la negación de un futuro digno, en abierta contradicción y tensión del proyecto de vida proclamado por la visión cristiana del mundo”.

Hombres y mujeres de fe, Obispos, Presbíteros, diáconos, pastores/as, consagrados/as, laicos/as, equipos de pastoral, comunidades religiosas, grupos de reflexión teológica, centros de evangelización, conformamos éste esfuerzo de articulación con un desafío común: responder a los impactos y violaciones de los derechos socio ambientales provocados por las empresas mineras, nuestros Estados y los Estados de origen de las empresas, en los territorios donde vivimos y trabajamos.

Es fundamental para nuestro objetivo el recuperar la mirada de Jesucristo, que contempla todo lo creado con “una mirada integral e integradora de todos los aspectos[6]” que reconoce a la personas como parte integrante de la naturaleza, “esa es la perspectiva de la ecología integral a la que Papa Francisco nos convoca en la Encíclica Laudato Sí, invitándonos a tener los mismos sentimientos de Jesucristo”[7].

Cuestionamos el papel que hoy en día juega la llamada “teología de la prosperidad”, que impone la idea de que hay que aprovechar los recursos naturales que tenemos, para lograr el bienestar financiero y físico a través de la riqueza material propia, afianzando la economía de mercado. Una perspectiva antropocéntrica de la “felicidad”, que genera un grave impacto en la búsqueda del bien común, que plantea la Doctrina Social de la Iglesia, y que nos encamina hacia la autodestrucción de nuestra “casa común”. La crisis ecológica que vivimos, nos exige, “un llamado a una profunda conversión interior[8]”, que exige una verdadera “conversión ecológica” de nuestras propias Iglesias que se han distanciado del proyecto creador de Dios, para impulsar un cambio de paradigmas, un nueva forma de vida, rescatar la esencia del “ser cristiano hoy” como “signo de contradicción”.

“La integridad de nuestra fe corre peligro si guardamos silencio o nos negamos a actuar frente a sistema actual de globalización económica neoliberal”[9], nos dice la Confesión de Accra.

Consideramos que un rol central en la “conversión de la iglesia” y de lograr una iglesia “en salida” está en las generaciones, es decir en las y los jóvenes. ” Por eso los temas de las generaciones, de sus relaciones y de la promoción de los jóvenes no es accesorio sino central en la revelación. Si la Iglesia no lo hubiera tenido en cuenta, la fe no habría llegado a ninguno de nosotros”[10].

Finalmente, como ha expresado Papa Francisco a los Movimientos Populares en Bolivia, “el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción éste proceso de cambio[11]

El Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, se presenta públicamente para unificar a nuestras Iglesias en torno a la defensa de la casa común, en “la perspectiva de una cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería”[12], y con la búsqueda del verdadero bien común, como vivían nuestras comunidades cristianas, como nuestros pueblos originarios lo hacen, poniéndolo todo en común.

 


[1] Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS/ RED MUQUI – Perú/Instituto Bartolomé de las Casas – IBC/Red Uniendo Manos Perú/Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos – PCUSA/Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno/Asociación Marianista de Acción Social – AMAS – Otuzco/Parroquia de San Mateo – Diócesis de Chosica/Derechos Humanos sin Fronteras – Cusco/Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES/Proyecto Amigo – Huamachuco/Pastoral Social – Vicariato Apostólico San Francisco Javier – Jaén/Campaña Evangélica Renovemos Nuestro Mundo/Comisión DDHH y JPIC – Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú – CONFER/Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú/Iglesia Evangélica Pentecostal/Comisión Justicia y Paz – Diócesis de Chimbote/Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado/Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP/Federazione Organismi Cristtani Servizio Internazionale Volontario – FOCSIV

[2] Mensaje de Papa Francisco en Encuentro “Minería para el bien común” – Roma, 03 de mayo 2019.

[3] Conformada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del disuelto Congreso de la República.

[4] Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). La Confesión de Accra. El Pacto por la Justicia en la Economía y en la Tierra. Accra, Ghana 2004.

[5] Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM. Carta Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano: Discípulos misioneros custodios de la casa común. Discernimiento a la luz de la Encíclica Laudato Sí (DMCCC). Bogotá, Enero 2018. N° 11.

[6]Carta Encíclica “Laudato Sí, sobre el cuidado de la Casa Común” (LS). Papa Francisco. Vaticano, Mayo 2015. N° 141

[7] Mensaje del Encuentro Macro Regional Norte “Desafíos de la Pastoral Social a 4 años de Laudato Sí. Perspectivas para los bienes de la creación y nuestra casa común”. Chiclayo, Agosto 2019.

[8] Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM. Carta Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano: Discípulos misioneros custodios de la casa común. Discernimiento a la luz de la Encíclica Laudato Sí (DMCCC). Bogotá, Enero 2018. N° 6

[9] Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). La Confesión de Accra. El Pacto por la Justicia en la Economía y en la Tierra. Accra, Ghana 2004.

[10] Castillo, Carlos. “Ser cristiano entre dos milenios: Hacia una teología de la regeneración”. Lima, 2000-2001. En Debates en Sociología N° 25-26. P. 47.

[11] Mensaje de Papa Francisco en el Segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Julio 2015

[12] Mensaje de Papa Francisco en Encuentro “Minería para el bien común” – Roma, 03 de mayo 2019.

Durante la conferencia de prensa realizada en la mañana del presente día, 4 de octubre, en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y tras haber culminado el II Encuentro Nacional de Afectados por Metales Tóxicos realizado el 2 y 3 de octubre en el que participaron más de 50 representantes; los afectados por la presencia de actividades mineras y petroleras de 13 regiones: Ancash, Amazonas, Loreto, Moquegua, Puno, Cusco, Junín, Callao, Cerro de Pasco, Lima, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad; señalaron sus principales puntos de Agenda de exigencias al Estado, para dar solución urgente a los problemas de salud que está derivando en la muerte de personas en los últimos meses, producto de las enfermedades generadas por la presencia de metales tóxicos en los cuerpos de miles de personas de las regiones señaladas. A la actualidad solo un Hospital cuenta con un especialista en toxicología para atender a los afectados de todo el país.

El compromiso de la PCM

Esta Agenda fue llevada al mediodía a la reunión pactada con la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), en que el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina; se comprometió en preparar la propuesta de Decreto Supremo que sería firmado por el presidente Vizcarra y el premiere Vicente Zeballos, para que se instale la Comisión Multisectorial permanente liderada por la PCM, con participación obligatoria del Ministerio de Salud, Energía y Minas, Ambiente, Transporte y Comunicaciones, Agricultura y Cultura, Vivienda, Inclusión Social, Economía, y Trabajo; para dar solución integral a la problemática de los afectados por metales tóxicos. Prevención, atención especializada en salud, y remediación de los más de 8448 pasivos ambientales en el país; es la demanda de la Plataforma Nacional de Afectados, quiénes también serían parte de la Comisión Multisectorial junto a la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, así como la Defensoría del Pueblo y los Gobiernos regionales. En la reunión también participó la Viceministra de Gestión Ambiental, Albina Ruiz.

Los representantes de la PCM se comprometieron a que luego de ratificarse este decreto supremo, se instale la comisión multisectorial en la primera semana de noviembre dada la emergencia en salud que tienen las zonas afectadas.

La palabra de los afectados

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, señala que hay 4867 peruanos expuestos a metales pesados, de los cuales el 83.9 % son niños. Sin embargo, para la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, el número de personas expuestas es mucho mayor.

“La política está en crisis; y mientras esperamos eso, nuestros hermanos, hijos e hijas se están muriendo. Hay que ponerse a pensar en la salud de todos. El dolor de cabeza, las ronchas y sangre que salen de la nariz de los niños cuando solea, es una muestra de ello y las mamas no saben qué hacer. ¿A dónde llevar, a quién decir?; si no hay especialistas, medicamentos, ni atención permanente en nuestras localidades”, señaló Teresa Cuñachi durante la conferencia de prensa; quien pertenece a Chiriaco, distrito de Imaza, provincia de Bagua; el lugar en el que se derramaron 3 mil barriles de petróleo el 2016.

Asimismo, Vidal Merma, representante de los afectados y afectadas de la provincia de Espinar, Cusco; señaló durante el II Encuentro: Hay más de 2000 afectados con arsénico en su cuerpo en Espinar. Del 100% no han atendido ni al 2% de los afectados. Han ido médicos a atenderlos y solo les daba paracetamol”.

La problemática más grave se encuentra en Cerro de Pasco, en que según el reporte del Ministerio de Salud al 2018, que aparece en los “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”, más de 3 mil personas se encuentran expuestas a metales tóxicos. Durante el II Encuentro, Sonia Terrazos, representante de las y los afectados de Cerro de Pasco, señaló: “He traído los análisis de mi hija para que vean que no miento. Quiero que escuchen mi testimonio y que las autoridades hagan algo para atender a los niños. Ya es hora de despertar, compañeros”.

Quien también denunció un hecho gravísimo fue Genaro Aguilar, representante de San Mateo, Lima región: “Lima toma agua con arsénico y eso lo ha aceptado Sedapal cuando nos hemos reunido. Pero nadie sabe esto porque no se difunde”.

El II Encuentro tuvo como objetivo consolidar el proceso de fortalecimiento local y articulación nacional, realizando un balance de las dificultades y avances en los dos años que tiene la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, precisando su Agenda de demandas hacia al Estado, para salir de la crisis de salud ambiental en la que se encuentran en los territorios en los que viven.

Agenda presentada

  1. La Comisión Multisectorial debe ser de naturaleza permanente dado la magnitud y extensión del problema de salud humana y ambiental que se tiene en el Perú producto del impacto a los miles de ciudadanos que vienen siendo afectados por los metales tóxicos.
  2. Esta Comisión Multisectorial será adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y estará encargada de elaborar el informe técnico de fundamentación de la propuesta del Plan Multisectorial de prevención y control de riesgos y daños relacionados con la exposición a metales pesados y substancias químicas.
  3. Además, esta misma comisión debe estar encargada del seguimiento de la implementación, la evaluación y el cumplimiento del Plan Multisectorial por parte de todos los ministerios de manera que se garantice el derecho a la salud de las poblaciones afectadas.
  4. El enfoque que debe asumir este plan multisectorial tiene que ser para que en los territorios impactados y de riesgo de contaminación se asuma una atención integral y especializada para los afectados y afectadas por metales tóxicos