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El pasado lunes 6 de septiembre el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, se reunió en Huancavelica con representantes de diversas organizaciones sociales de base, dirigentes, ingenieros, entre otros; para escuchar la posición de la población frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur.

Como se sabe, dicho proyecto minero pone en peligro de contaminación por arsénico el consumo de agua de más de 50 mil huancavelicanos. Esto debido a que el área de exploración se encuentra ubicado en la cabecera de la microcuenca de la quebrada Callqui. 

Esta quebrada abastece aproximadamente más del 70% de agua a la planta de tratamiento EMAPA. A ello se suma la presencia de 46 manantiales, 16 quebradas, 2 lagunas y 8 bofedales en una zona considerada por la propia Nexa Resource, en su Declaratoria de Impacto Ambiental, en una zona de ecosistema frágil.

En su participación, la regidora y especialista ambiental, Elsa Benavente, indicó que las cabeceras de cuenca tienen que ser protegidas porque es donde nace el agua y por lo tanto ser declaradas zonas intangibles.

Además, precisó que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Nexa Respurce, menciona que se harán 40 perforaciones de 100 a 1000 metros de profundidad. Benavente manifestó, “no hay que ser experto para darnos cuenta de que si o si van a cruzarse estas aguas subterráneas. En el propio estudio de Nexa y el informe del ANA dice que los riesgos ambientales de este proyecto es que durante la perforación se cruzara con acuíferos, agua subterránea que alterara la calidad de agua”

Por otro lado, Benavente indicó que presentaran una acción de amparo frente a la resolución del SENACE que aprobó la MEIA presentada por Nexa Resource. 

Por su lado, el congresista huancavelicano, Alfredo Pariona; indicó que “nosotros no somos antimineros, si el proyecto minero Pukaqaqa Sur se da tiene que ser respetando las normas vigentes, pagando a sus trabajadores, respetando el medio ambiente y que no haya conflicto alguno”. Así mismo, indicó que desde su labor como congresista electo estará siempre atento a salvaguardar los intereses de Huancavelica. 

Palabra de Ministro

En su intervención, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino manifestó que se encontraba dispuesto a escuchar y promocionar lo que se quedó desde la campaña y lo que dijo el presidente Castillo; “vamos a promover los proyectos que tengan rentabilidad social, nosotros hemos llegado aquí por el voto del pueblo”.

El ministro dejó en claro que lo más importante es el impacto en la zona, “cualquier intervención tiene que ser con respeto a la cultura local, cualquier proyecto tiene que acondicionarse a la realidad local, si todo proyecto cumple estos requisitos va a tener el apoyo del gobierno e incentivos”

En relación al proyecto minero Pukaqaqa Sur indicó que lo que existe es falta de información de ambas partes, así como falta de dialogo; “primero, la resolución ministerial emitida el 15 de diciembre no constituye ningún otorgamiento de autorización alguno o permiso, la resolución de consejo de minería no es la entidad que autoriza ningún accionar, es un ente que resuelve quejas, no manda ejecución”

De otro lado, el ministro de Energía y Minas reconoció la posición de la población huancavelicana frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur como mayoritaria en rechazo de la misma e indicó que respetaran la decisión basándose en la rentabilidad social.

“Es necesario trabajar en conjunto, tenemos una buena relación con la comisión del congreso que ve estos temas y creo que con ellos vamos a tratar y sería la primera instancia donde trabajemos los congresistas locales para que no haya distorsión de la información, debemos tener el diagnóstico preciso”

Finalmente indico que se reuniría con representantes de la empresa Nexa Resource para validar información.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, recalco que su despacho tomará las acciones inmediatas frente a este hecho, para lo cual convocará a una reunión donde participarán los congresistas por Huancavelica, así como los de la Comisión de Energía y Minas (COMEM) y representantes del MINEM para asumir responsablemente la más apropiada decisión.

El 7 de julio el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas, presidido por el presidente Fernando Gala Soldevilla, declaró infundado el recurso de nulidad que presento la Municipalidad Provincial de Huancavelica en contra de la Resolución Directoral N° 0171-2020-MINEM/DGAAM que aprobó la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de Pukaqaqa Sur de la empresa minera Nexa Resources S.A. La Municipalidad de Huancavelica recibió esta resolución el 19 de julio.

Esta es una decisión lamentable, pues la Municipalidad de Huancavelica había advertido en reiteradas ocasiones que la zona en la que se llevaría adelante las actividades de exploración pondrían en grave riesgo las fuentes de agua, de donde se capta el recurso hídrico para dotar de agua potable a las localidades de Huancavelica y Ascensión. Actualmente estas aguas ya tienen presencia de metales pesados como arsénico, por ello la empresa de saneamiento realiza un tratamiento especial para que el agua sea proveída con calidad a los pobladores. Cualquier alteración en este ecosistema agravaría la calidad del agua, como lo que ocurriría con las actividades de exploración.

Resolución del Consejo de Minería

Como se sabe, el Consejo de Minería es la última instancia para ver asuntos mineros que son materia de resoluciones por parte de la primera instancia administrativa y que hace parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La Municipalidad Provincial de Huancavelica esperaba que este ente valorara todos los informes que habían presentado, advirtiendo del riesgo ambiental que existía, el cual no ha sido valorado ni explicado en la resolución.

Ver la respuesta del Consejo de Minería en “el análisis de la cuestión controvertida” en la resolución que emitieron:

Con esta decisión se ha puesto en riesgo la calidad del agua para consumo humano, la salud humana y el medio ambiente de la población en Huancavelica.

Movilización

El día de hoy, miércoles 21 de julio, diversas organizaciones sociales se movilizaron en rechazo de las decisiones del MINEM y el desarrollo del proyecto minero de exploración.

Para este jueves 22 de julio a las 2pm la Municipalidad Provincial de Huancavelica está convocando a las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas y ciudadanía en general a una reunión de urgencia para acordar acciones inmediatas ante la resolución del Consejo de Minería, que da luz verde al inicio de exploraciones del proyecto minero Pukaqaqa Sur.

El 27 de enero, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM que prorroga el Estado de Emergencia y declara la cuarentena focalizada en el país desde el 31 de enero hasta el 15 de febrero, junto a medidas para reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, para hacer frente a la inminente escalada de contagios que se viven por la segunda ola de la pandemia. En su artículo 8° se establecen limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas, disponiendo que en las regiones de alerta extrema solo se permite la salida para el desarrollo de “actividades autorizadas”. La PCM publicó el listado de estas actividades autorizadas en las regiones de nivel extremo; dentro de ellas, la minería y la producción de sus insumos y el funcionamiento de sus servicios conexos.

El decreto supremo señala los niveles de alerta de las diversas regiones. En el nivel de alerta extrema se encuentran Lima, Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac; en el nivel de alerta muy alto están Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna; como vemos las principales regiones mineras se encuentra en los niveles de alerta más riesgosos para la salud de sus ciudadanos.

Protocolos sanitarios durante la primera ola

Recordemos que, durante la primera ola, luego de que se decretara el Estado de Emergencia y se adoptara la medida de cuarentena en la quincena de marzo del 2020, los sectores productivos como la minería siguieron en actividad y en algunos casos redujeron su nivel de producción, pero no pararon. En mayo del año pasado se empezaron a reanudar formalmente las actividades productivas al amparo del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que establecía la reanudación de actividades económicas FASE 1 priorizando al sector minero, a pesar de que en diversas unidades mineras del país se venían presentando casos masivos de contagios de COVID-19 y muertes, poniendo en riesgo a comunidades y trabajadores mineros. Ese mismo mes se emitieron las Resoluciones Ministeriales N° 128 y 129 -2020, que son el marco normativo para que las empresas mineras elaboren sus “Planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo”.

Desde Red Muqui realizamos observaciones a esta norma, ya que presentaba vacíos en la protección de la salud de los trabajadores y las comunidades aledañas[1]. Esta norma estableció la obligación a las empresas mineras de elaborar “Planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19”. En la práctica lo que sucedió es que muchos de estos planes fueron aprobados sin conocimiento de los gremios de trabajadores mineros, además que no se implementó adecuadamente la entrega de equipos de protección personal, el tamizaje de pruebas; no se adecuaron las instalaciones correspondientes para garantizar el distanciamiento entre trabajadores en los campamentos mineros, entre otros. Como Red Muqui en junio del 2020 solicitamos mediante acceso a la información pública, información actualizada al Ministerio de Energía y Minas sobre el número de trabajadores contagiados en las unidades mineras; sin embargo, respondieron que ellos no contaban con esa información, a pesar de que este sector, para la primera fase de reactivación minera, era la encargada de revisar los Planes de vigilancia sanitarios, para dar su conformidad y luego estos sean ingresados al MINSA.

Hasta aproximadamente julio de 2020, el MINEM no contaba con un control adecuado sobre el estado de salud de los trabajadores mineros, esto es: la primera y segunda fase de reanudación económica donde se encontraban la gran y mediana minería; recordemos que en la segunda fase (junio 2020) la situación era más complicada porque mediante Decreto Supremo 101-2020-PCM se estableció que la reactivación económica minera era automática. Recién en julio y agosto de ese año se publicaron a través de un medio periodístico alternativo, cifras oficiales  del MINEM sobre el número de contagiados en las unidades mineras[2]. Resultaba según cifras estatales que había un total de 2863 contagiados confirmados por prueba rápida, sin embargo, para esa fecha, la Federación de Trabajadores Mineras venía reportando una cifra mucho más elevada, inclusive en el último trimestre del 2020 se hablaba de más de 12 mil trabajadores mineros contagiados.

Sin lecciones aprendidas el sector minero funciona en automático para la segunda ola

A diferencia de la primera cuarentena, la anterior gestión del Ejecutivo inició la medida de cuarentena permitiendo solo “actividades esenciales”, estableciendo mayor rigurosidad en el control de actividades productivas, aunque los días siguientes se amplió a sectores como Energía y Minas a pesar de que sus actividades no eran esenciales. Para esta cuarentena el escenario es distinto, el sector minero sigue funcionando con normalidad bajo la denominación de “actividades autorizadas”. Además, que en esta segunda ola nos encontramos ante una mayor agresividad del virus al haber aumentado su rapidez de contagio. Desde el año pasado las empresas mineras han registrado automáticamente sus planes de vigilancia en el MINSA, es decir sin ningún control adecuado de parte del Estado. Actualmente señalan que cuentan con protocolos especializados incorporados en sus procesos de gestión; sin embargo, ya las denuncias de los gremios sindicales empiezan a darse debido al incumplimiento de sus obligaciones de protección de la salud y continúa la falta de fiscalización laboral del Estado para la garantía de derechos.

Lamentablemente será cuestión de tiempo para que conozcamos de los contagios por la Covid-19 en los campamentos mineros y de la estrategia de negación de casos en algunas empresas, que además han tomado represalias contra los trabajadores sindicalizados por denunciar estos abusos. No se ha aprendido nada de la primera ola de la pandemia.

 

[1] Red Muqui elabora observaciones al protocolo sanitario del sector energía y minas. Mayo 2020.  https://muqui.org/noticias/muqui-informa/red-muqui-elabora-observaciones-al-protocolo-sanitario-del-sector-energia-y-minas/

[2] Convoca: Seis compañías mineras acumulan el 88%de casos de trabajadores contagiados. Agosto 2020. https://convoca.pe/agenda-propia/covid-19-seis-companias-mineras-acumulan-el-88-de-casos-de-trabajadores-contagiados

El día de ayer, miércoles 26 de agosto, la Pastoral Social de Junín, PASDIHH, Red Muqui, junto a Elvis Fuster del Frente Amplio de Morococha, presentaron a través de una conferencia de prensa las principales observaciones que enviaron al SENACE el 26 de julio respecto a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la unidad minera Toromocho que pretende ampliar sus operaciones.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra la vulneración a la participación ciudadana, consulta previa y la afectación ambiental:

  • La participación ciudadana implica una reunión y como en el Estado de emergencia se ha suspendido todo, no hay participación ciudadana, pero para la aprobación de la MEIA se necesita la participación ciudadana porque es un requisito formal de acuerdo a ley. Chinalco señala que hará la reunión de manera virtual y difundirá la información mediante radios y redes sociales. Nosotros señalamos esa omisión en las observaciones.
  • La Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental desconoce a pobladores y comunidades de 2 distritos del área de influencia directa: Mororocha y Yauli. En Morococha se encuentra la comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará y dentro del distrito de Yauli está la comunidad campesina de Yauli, y Pachachaca y su anexo el barrio san miguel.
  • Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.

 

Ver las observaciones presentadas al SENACE

“El Perú no es solo un país minero, es un país mega diverso y pluricultural”

 

Frente a la denegatoria del voto de confianza del Congreso de la República al gabinete presidido por el ahora ex premier Pedro Cateriano, y frente a la grave crisis sanitaria y económica que viene atravesando nuestro país, la Red Muqui, que agrupa a 29 instituciones del país, señala a la opinión pública lo siguiente:

 

Primero. – El no otorgamiento del voto de confianza del Congreso de la República al premier Pedro Cateriano, su gabinete y a las propuestas presentadas ante el pleno, responde a diferentes motivos, entre ellas a la poca claridad para enfrentar la pandemia de la Covid-19, a las políticas que privilegian los intereses empresariales y mineros, la desregulación ambiental que viene impulsando el Ejecutivo, así como la presión de algunos grupos de poder que buscan frenar el avance de la reforma universitaria condicionando su voto. Desde la sociedad civil y las organizaciones sociales se ha expresado un malestar e indignación por la actuación del gobierno y la postura asumida por el ex premier Cateriano, sosteniendo que la minería moderna no contamina; lo cual es contradictorio con los más de 8 mil pasivos ambientales mineros registrados por el MINEM y los miles de casos de personas afectadas por metales pesados en nuestro país.

 

Segundo.- El ex premier Pedro Cateriano desde el primer día que asumió el cargo había señalado que entre sus prioridades estaba reactivar la economía y como eje central la actividad minera, aunque este represente solo el 12% del PBI nacional según datos del INEI; al mismo tiempo, el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación del 28 de julio anunció que el gobierno iba aprobar un “Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros” para agilizar la inversión privada en este sector y durante la última semana el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó el Decreto Supremo 019-2020-EM, que modifica diversos artículos del Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de Exploración Minera, que reduce aún más los estándares ambientales y sociales en nuestro país. Esta norma representa un retroceso muy peligroso en la protección de derechos, más aún en este contexto de pandemia.

 

Tercero. –  Al mismo tiempo la Defensoría del Pueblo en su reporte mensual de conflictividad social da cuenta que más del 60% de conflictos en el país están vinculados a la actividad minera, y en el contexto de la pandemia se han reactivado varios de ellos, como el DATEM del Marañón en Loreto y Espinar en Cusco. Sobre el caso Espinar hay que señalar que se ha puesto nuevamente en tapete los aportes reales de la minería para el desarrollo de una provincia. El pedido de un bono humanitario para enfrentar la crisis económica ha generado diferentes reacciones y posiciones, el convenio marco firmado hace 17 años entre la empresa minera y la provincia de Espinar no necesariamente ha mejorado las condiciones de vida de los pobladores y comunidades locales; asimismo, existen agendas pendientes no resueltas sobre la contaminación ambiental y la afectación a la salud de las comunidades en el entorno minero, sumado a ello esta la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco. El conflicto en Espinar no está resuelto y con la renuncia del gabinete Cateriano todo diálogo planteado puede quedar suspendido, conllevando, posiblemente, a que la situación se agrave en la zona.

 

Cuarto. – La situación de la pandemia en nuestro país avanza y se intensifica aún más. A más de 140 días de la emergencia sanitaria según datos oficiales del Ministerio de Salud, la cantidad de personas contagiadas suman más de 400 mil casos y las fallecidas llegarían a más de 43 mil, según las últimas declaraciones de la ministra de Salud. El virus se ha extendido a las regiones andinas del sur y nuevamente se evidencia la precariedad del sistema de salud para atender los casos. Urge que el gobierno central implemente medidas complementarias urgentes para apoyar a los gobiernos regionales y locales para atender los casos, y con especial consideración a las comunidades campesinas debido a su alta vulnerabilidad. Por ello, el nuevo gabinete debe poner como eje central de su trabajo la mitigación de la pandemia desatada por el Covid-19 y fortalecer el nivel de atención primario de salud con la implementación de una estrategia comunitaria, que ha sido reclamada por las organizaciones indígenas y campesinas.

 

Ante este escenario tan crítico y complejo urge que el gobierno del presidente Vizcarra recomponga un gabinete concertador y verdaderamente dialogante y que, sobre todo, escuche las demandas de la población, que ponga como agenda prioritaria la atención a la salud y vida de la población en medio de esta pandemia. El Perú ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en numero de contagiados. Que se entienda que la reactivación económica no solo debe priorizar la actividad extractiva beneficiando solo a un grupo de intereses económicos; y mucho menos poniendo en riesgo la vida de sus propios trabajadores, como es el caso de las empresas mineras. La reactivación debe darse desde los territorios y respetando los derechos de las poblaciones locales, por ello desde Red Muqui nos hemos sumado a la campaña #ReactivaMisDerechos.

 

Lima, 05 de agosto del 2020.

Frente a las recientes y constantes declaraciones del ex presidente de la CONFIEP, uno de los socios principales de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del país; y de la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca,  respecto a que los proyectos mineros que están estancados como Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca deben reactivarse debido a que se requieren recursos económicos para afrontar la pandemia que vivimos; la población del valle de Tambo, Arequipa, donde se quiere empezar a construir el proyecto Tía María, ha convocado para este viernes 12 a las 6:30pm un cacerolazo en rechazo a las intenciones de estas dos instituciones que tienen mucho poder: una en el sector privado, y otra en el Estado.

Empresariado minero

«Hoy día Cocachacra no puede ser impedimento para que se desarrolle Tía María, que abarque Quellaveco, que abarque todos los proyectos mineros de Cajamarca y Lambayeque», declaró Roque Benavides en RPP el 08 de junio.

El mismo día, el empresario minero también dio una entrevista al diario Expreso, manifestando la misma posición. Ya en abril había declarado a Perú 21, señalando «esta crisis nos tiene que llevar a reflexión a todos, tenemos que poner en valor nuestros recursos. Si bien la gente de Cocachacra criticaba el proyecto Tía María, creo que no estaba escuchando que son oportunidades».

Ministra de Energía y Minas

Por su lado, la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, declaró el 17 de mayo en relación a los proyectos mineros Tía María y Conga: «el país requiere de recursos, va a requerir de mano de obra, va a requerir de empleo, va a requerir de estos ingresos al fisco para poder atender a la población”.

Voceros de valle de Tambo

Miguel Meza y Mario Chirapo, voceros del valle, señalaron a Red Muqui que en vez de que los empresarios mineros y la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, quieran imponer el proyecto Tía María, «deberían estar preocupados en la remediación del río Tambo que está siendo contaminado por la minera Aruntani en plena pandemia».

Miguel Meza agregó que la OEFA no ha determinado hasta ahora a la empresa minera responsable de la contaminación con arsénico y boro del río y, añadió, es extraño que los estudios de la Autoridad Local del Agua señalen que aún el río Tambo no pasa los límites de contaminación y es apto para el consumo humano.

Los alcaldes del valle de Tambo: Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdivia también mostraron su rechazo a las recientes declaraciones de Roque Benavides y de la ministra de Energía y Minas.

Mario Chirapo agregó que el alcalde provincial, Candia, está expresando su posición respecto al proyecto minero sin escuchar a la población. Antes se mostraba en contra y ahora a favor del proyecto minero. ¿Qué habrá pasado?, se pregunta.

 

El 03 de mayo se aprobó el Decreto Supremo 080-2020-PCM “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”; en esta norma se estableció que la gran minería reanudaría sus labores en la primera fase. Luego de esto, el Ministerio de Energía y Minas emitió con bastante rapidez las Resoluciones Ministeriales N° 128 y 129 -2020, que son el marco normativo para que las empresas mineras elaboren sus Planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 dentro de las unidades mineras. Una vez presentados al Viceministerio de Minas, se inicia el procedimiento de registro en el SICOVID-19. De esta manera, durante todo el mes de mayo las empresas mineras han venido reanudando sus operaciones

La voz de la SNMPE

Durante el mismo mes de mayo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha ido anunciando la reactivación de varios proyectos mineros, como es el caso de Antamina, que desde el 13 de abril tuvo que paralizar operaciones debido al grave brote de COVID-19 en sus instalaciones. La empresa reportó más de 200 trabajadores contagiados. Ahora esta empresa minera realiza su reanudación de operaciones bajo el eslogan “Un nuevo comienzo: renovamos nuestro protocolo de salud y seguridad».

Hace unas semanas, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señaló que como balance de la Fase 1 de reactivación económica se tenía la aprobación de 40 proyectos mineros. A comienzos de junio, la SNMPE señalaba que existían cuellos de botella y burocratismos excesivos en los procedimientos de aprobación de la reanudación económica que impedían la reactivación al 100% de sus operaciones.

La nula transparencia del Ministerio de Energía y Minas

Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas aún no ha emitido algún pronunciamiento o reporte oficial donde se transparente el número de trabajadores contagiados o expuestos al contagio de COVID-19 en las unidades mineras; al igual que las unidades mineras que estarían habilitadas para reanudar actividades.

Como señalamos desde Red Muqui, en nuestro documento de “Observaciones al Protocolo Sanitario del Sector Energía y Minas”, el proceso de reanudación económica debe contar con las garantías necesarias para la protección al derecho a la salud y vida de trabajadores, comunidades y poblaciones. Para ello el Estado peruano debe contar con información precisa sobre la situación de afectación a derechos humanos y, sobre ello, tomar mejores decisiones.

Lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre “Pandemia y Derechos Humanos en América Latina” estableció algunos lineamientos guía para un adecuado abordaje por parte de los Estados en materia económica, en este escenario de pandemia a causa del COVID – 19. En ese sentido, la CIDH señala la responsabilidad estatal de establecer procedimientos transparentes para la protección del derecho a la salud:  “Asegurar el diseño de un plan de actuación que guíe los procedimientos a seguir para la prevención, detección, tratamiento, control y seguimiento de la pandemia con base en la mejor evidencia científica y el derecho humano a la salud. Estos procedimientos deben ser transparentes, independientes, participativos, claros e inclusivos.”

Caso de a empresa minera Shougang

Por otro lado, sobre la aprobación de los Planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo; una preocupación que planteamos desde Red Muqui, es que, bajo los parámetros aprobados por el MINEM, la mayoría de trabajadores mineros serían clasificados como trabajadores de bajo riesgo y esto llevaría a una reducción del estándar de protección a la salud. Este es el caso de la Minera Shougang, la cual ha presentado un plan donde clasifica a la mayoría de sus trabajadores con “bajo riesgo”. La situación se agrava debido a que las instalaciones de esta unidad minera se encuentran dentro de la ciudad de Marcona. Esta situación de reducción del estándar de protección a la salud podría estar replicándose en otras unidades mineras en el país; sin embargo, no se cuenta con información oficial y de libre acceso.

Exigencias

El Estado debe emitir información oficial de la situación real de afectación a la salud de trabajadores mineros y comunidades como parte de sus obligaciones de protección a los derechos humanos. Urge que haya respuestas oficiales por parte del MINEM  sobre los procedimientos  sectoriales, por los cuales se aprueba la reanudación económica minera. Ante la crisis que vivimos por el brote del COVID-19, es imperativo que el Estado transparente información y que las empresas mineras adecuen sus procesos y actividades bajo el análisis de los impactos en derechos humanos, tal y como lo señalan los Principios Rectores de Derechos Humanos de la ONU: “Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, a saber: Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos”.

El día de hoy recibimos un reporte que el Ministerio de Energía y Minas está brindando al Ministerio de Salud, ante la solicitud de información que vienen solicitando los hospitales provinciales y locales donde operan las empresas mineras, debido a que el aumento de casos de coronavirus entre los trabajadores mineros sigue aumentando y ya se están perjudicando las poblaciones locales colindantes a las minas. El reporte interno del Ministerio de Energía y Minas señala que hay 821 trabajadores mineros con COVID-19. Desde Red Muqui nos comunicamos con la jefa de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio, Iris Cárdenas, pero nos señaló que no podía responder ante nuestras interrogantes, porque debía ser autorizada para dar declaraciones de acuerdo al protocolo interno que tienen como Ministerio.

Contagios en el distrito de Parcoy, La Libertad

En el distrito de Parcoy, perteneciente a la provincia de Pataz, La Libertad, por ejemplo, los casos han aumentado abruptamente debido a que el Consorcio Minero Horizonte opera en ese distrito y hasta ayer registraba 304 trabajadores contagiados de COVID-19, de acuerdo a la información que brindó la Red de Salud de Pataz a Red Muqui. Desde el viernes pasado, en que el gobierno regional de La Libertad reportó 195 casos de la empresa, los casos han ido aumentando. La cantidad de trabajadores contagiados de coronavirus de la empresa minera no solo se encuentran en Parcoy, sino también en Trujillo, ciudad a la que fueron trasladados para que realicen la cuarentena y los trabajadores que se encontraban en estado crítico fueran atendidos en el hospital de la ciudad.

Respecto a la cantidad de personas contagiadas de coronavirus en toda la región, el distrito de Parcoy registra 316 contagiados y, en toda la provincia de Pataz: 322; a diferencia de las provincias colindantes que registran un solo caso: Huamachuco y Bolivar; y Otuzco, 8 casos. Después de la ciudad de Trujillo, capital de toda la región, el distrito de Parcoy, es la ciudad con más casos registrados en toda la región.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte interno del Ministerio de Energía y Minas registra 821 trabajadores mineros con COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peligro en Marcona

Desde la Red Muqui hemos venido denunciando desde el inicio de la cuarentena que las empresas mineras han continuado funcionando con el aval del gobierno, sin controles estrictos de parte del Ministerio de Trabajo, Salud y Energía y Minas. Recién el 6 de mayo, el Ministerio de Energía y Minas aprobó un protocolo sanitario para que las empresas mineras lo apliquen; sin embargo, aún con los protocolos de las empresas aprobados recientemente por el MINEM, las empresas mineras siguen aumentando casos, como demuestra el último comunicado de la empresa minera Marcobre en Marcona, Ica, que al realizar una segunda prueba a sus trabajadores, se confirmaron 128 trabajadores con el virus dentro del campamento minero. A la primera prueba rápida dieron negativo y a la segunda prueba rápida realizada una semana después, dieron positivo a COVID-19. Esto demuestra que la realización de pruebas rápidas no son suficientes, y tal como lo exigió la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, es necesario que se apliquen las pruebas moleculares antes de subir a mina, teniendo un control estricto al momento del traslado de los trabajadores desde sus ciudades a la mina, y cuándo salen de la mina de vuelta a sus hogares.

El caso de Shougang

El caso del distrito de Marcona es especial porque en la localidad solo funciona un hospital en un conteiner y no tiene ventiladores operativos para pacientes COVID-19. En la zona funciona también la empresa minera Shougang, que a diferencia de la minera Marcobre, opera en la misma ciudad. La empresa minera Shougang ya quiere empezar a operar, y el día de hoy ha publicado su Constancia de Registro de su «Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el trabajo», de conformidad con la R.M. 239-2020-MINSA. La empresa minera ayer sufrió una intervención de parte de la policía, al intentar entrar a Marcona por la noche cuando trasladaba a sus trabajadores en buses, descubriéndose que no estaban implementando las medidas que el MINEM había establecido para el traslado de personal y que los trabajadores que habían dado positivo a Covid-19 habían sido trasladados a realizar la cuarentena a la ciudad de Ica, cuando el protocolo sanitario del MINEM establece que la cuarentena tiene que ser realizada en el lugar donde se encuentra el trabajador. El Sindicato de Trabajadores de Shougang denuncia que dentro del campamento minero no hay zonas de aislamiento para los trabajadores. En Marcona, la mina está en la misma ciudad y los trabajadores van a la mina y vuelven a sus casas diariamente, lo que podría ocasionar contagios masivos.

Varios casos no son contabilizados por el MINEM

El día de ayer, desde la Red Muqui reportamos 753 casos de covid-19 confirmados en el sector minero. De acuerdo al reporte del MINEM, hay casos que no están siendo registrados por el propio Ministerio, y que sí han sido registrados por las Direcciones Regionales de Salud y las propias empresas mineras Haciendo el cruce de datos, existen más de 821 casos registrados por el Ministerio de Energía y Minas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caso de Antamina es un ejemplo, en que de acuerdo a las informaciones de la Diresa Ancash y Arequipa, ya va en 223 casos; y la empresa minera Anglo American en 11, de acuerdo a información propalada por el gerente de salud de la región de Moquegua. En el cuadro extraoficial del MINEM, señalan solo 4 casos, cuando la propia empresa Anglo American había confirmado 6 casos hace semanas. El caso de Chinalco es similar, Sunafil había registrado 4 casos inicialmente y la empresa minera luego confirmó 5 casos más, pero el reporte del MINEM solo señala 3 casos de coronavirus de Chinalco.

 

El gobierno regional de La Libertad emitió un reciente comunicado en altas horas de la noche del jueves 14 de mayo, confirmando que el Consorcio Minero Horizonte tenía hasta ahora 195 trabajadores con COVID-19 de las 1008 pruebas rápidas de descarte que ha realizado. En el comunicado también agrega que la empresa minera Marsa, también ubicada en la provincia de Pataz al igual que el Consorcio Minero Horizonte, tiene 4 casos confirmados de COVID-19. Hasta el 13 de mayo se habían confirmado 40 casos entre trabajadores mineros y personal de salud de la zona, hoy la cifra se ha disparado por la irresponsabilidad de la empresa minera, que fue denunciada por el congresista Lenin Bazán, quien entregó información a la fiscalía el 12 de mayo para que inicie investigaciones.

El gobierno regional de La Libertad también precisa que todos los contagiados “permanecen aislados en campamentos, donde reciben atención necesaria”. Precisan que en caso presenten alguna complicación, “serán derivados inmediatamente a los hospitales referenciales o clínicas privadas, según corresponda”

El comunicado también detalla que las otras empresas mineras de la región: La Poderosa, Barrick, La Arena, Sumac Gold y Caravelí S.A.C no registran casos de COVID-19 entre sus trabajadores.

Finalmente, el gobierno regional hace un llamado a las empresas mineras para que cumplan “estrictamente con las normas y protocolos dispuestos por el gobierno”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforzarán Red de Salud de Pataz

El gobierno regional de La Libertad realizó una reunión el día de ayer, jueves 14 de mayo, con la Red de Salud de Pataz para que se informe de sus necesidades para que puedan trabajar en óptimas condiciones. Sin embargo, la Red de Salud de Pataz ha estado exigiendo desde hace días que el gobierno regional les brinde ayuda con pruebas rápidas y material de bioseguridad.

Autoridades de Pataz pedirán nuevamente que empresas mineras paralicen labores

La situación de los trabajadores mineros en la provincia de Pataz es crítica desde hace ya 4 días en que empezaron a denunciar que estaban abandonados por el consorcio minero Horizonte, sin medicamentos y sin las condiciones higiénicas mínimas para afrontar la pandemia. Empresa minera opera en el centro poblado Retama del distrito de Parcoy.

Frente a estos casos confirmados, las autoridades de Pataz emitieron un pronunciamiento en el que señalan que se debe prohibir la realización de actividades minera en Pataz. Lo mismo señalaron a fines de marzo; y hoy vemos los resultados.

Acciones desde el Congreso

El congresista Lenin Bazán de La Libertad, de la bancada del Frente Amplio, informó a Red Muqui que han ingresado un documento como cuestión previa al pleno de las 10:00 am, con la finalidad de que se pueda «exhortar al Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Sunafil, Ministerio de Energía y Minas, para que nos digan donde están los protocolos sanitarios para las empresas mineras y en el caso de la reactivación económica que inicia en junio, qué medidas va a asumir el gobierno para que los campamentos mineros no resulten siendo el principal foco de infección del Covid-19; peor que los mercados».

El congresista también señaló que es necesaria una política de Control Comunitario Sanitario y Reactivación Productiva Local antes que la reactivación de la actividad extractiva depredadora que por sus condiciones de trabajo son insalubres de por sí y proclives al contagio.

El congresista Yuri Manrique, también de La Libertad, exigió el 13 de mayo, que se convoque de suma urgencia a la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, a la comisión de Energía y Minas, para que de explicaciones sobre el protocolo aprobado por su sector e informe que empresas mineras ya han sido autorizadas con su protocolo para que empiecen a operar nuevamente al 100%.

Ver informe de Red Muqui con observaciones del Protocolo Sanitario para el sector minero.

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui