Entradas

Las comunidades campesinas y ronderos de varias provincias de Cajamarca han levantado el paro que mantenía bloqueado desde el pasado lunes 17 de enero el acceso al proyecto minero Antacori de la empresa Anta Norte ubicada en el sector Sinchao en el distrito de Chugur en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca. 

De acuerdo a las informaciones del diario “La Prensa del Norte” la decisión fue tomada luego que la comisión técnica del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) se comprometió a suspender los trabajos de exploración del mencionado proyecto minero. Compromiso que no ha podido ser confirmado.

El Coordinador del Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Víctor Hugo Cruzado, ha informado que la comisión gubernamental se habría comprometido además a declarar la inviabilidad del proyecto Antacori, tal como lo exigen las comunidades que en los pasados nueve días han movilizado a cientos de ronderos de 35 diferentes comunidades que se han alternado en turnos para mantener el paro frente al campamento minero.

Según el mismo dirigente, las comunidades estarán atentas a que no se instalen nuevas plataformas de perforación, ya que la minera hasta ahora habría logrado hacer operar tres de las 24 instalaciones a través de las cuales lleva adelante los trabajos de exploración para detectar las mejores vetas de cobre y oro que busca explotar en la zona.

Parte del acuerdo ahora alcanzado prevé una reunión para el próximo miércoles 9 de febrero entre representantes de las comunidades y del gobierno en el distrito de Chugur, con el fin de buscar la solución al conflicto ocasionado por la empresa minera.

Las informaciones recogidas en los canales de comunicación institucionales del MINEM, dan cuenta del encuentro y también de la suspensión del paro. Sin embargo, el ministerio no menciona que se haya comprometido a ordenar suspender las actividades de exploración del proyecto minero Antacori:

La nota del diario “La Prensa del Norte” consigna que el martes 25 de enero fueron más de cuatro mil los ronderos que presenciaron el arribo de la comisión técnica del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Sus integrantes tuvieron que desplazarse directamente al sector denominado «El Sinchao» ante la masiva movilización que demostró que las comunidades resisten la continua contaminación de sus fuentes hídricas, que habría sido causada por los trabajos de exploración del proyecto minero Antacori. Además reclaman por los cientos de pasivos ambientales en la región.

En concreto, los comuneros han denunciado la contaminación del agua de la represa «Aguas Coloradas», y denuncian la muerte de 17 mil truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe el 31 de diciembre. Un análisis hecho por la Municipalidad el 4 de enero de este año, muestra que los niveles de metales pesados en varias cuencas, están mucho más elevados que lo permitido. Pruebas de sangre de niños y adultos en Chugur también demostraron altos niveles de plomo. 

Según testimonios recogidos por la organización ambientalista Grufides para los habitantes de las comunidades, la empresa minera Anta Norte es un peligro, ya que se encuentra en la última cabecera de cuenca con agua limpia de Hualgayoc, Bambamarca, Chugur y Chota, que desemboca en Gallito Ciego. Las demás cuencas de la provincia de Hualgayoc ya se encuentran contaminadas desde la llegada de otras empresas mineras en la zona como Gold Fields y Coimolache.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.

En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

Las comunidades de Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahuay del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas han reiterado este lunes su rechazo al acuerdo alcanzado entre algunas comunidades de Chumbivilcas, el ejecutivo encabezado por la Presidencia del Consejo de Ministros y la Minera MMG Las Bambas celebrado el 30 de diciembre pasado en la comunidad de Huininquiri. Por el momento no descartan retomar las acciones de bloqueo del corredor vial minero, sin embargo, han logrado que la premier Mirtha Vásquez se comprometa a desplazarse nuevamente a la zona para reunirse y dialogar directamente con estas comunidades el próximo 17 de enero.

En conversación con Red Muqui, uno de sus dirigentes explicó que el principal motivo del conflicto no ha sido atendido, por lo cual las comunidades mencionadas decidieron no ser parte del acuerdo con el gobierno e incluso se retiraron del lugar antes de que finalizara la reunión del 30 de diciembre. Las comunidades exigen la derogación de la Resolución Ministerial No. 372-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que modificó la figura legal de caminos comunitarios que cruzan el territorio de numerosas comunidades de Chumbivilcas, convirtiéndolas en una vía nacional que desde entonces conforma el corredor vial minero.

 

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas.

En cuanto a las posturas divergentes entre comunidades de algunos distritos y otros de la provincia de Chumbivilcas que tienen en común haber sido despojados de caminos rurales para verlos convertidos en rutas para el transporte de minerales, el dirigente de Ccapacmarca, que ha preferido el anonimato, explicó que las comunidades vecinas prefieren ser partícipes de la cadena de valor de la producción minera.

En este punto, según el acta del acuerdo de Huininquiri, el Ministerio de Energía y Minería (MINEM) retomará las reuniones con la empresa y las comunidades para continuar la discusión sobre la inclusión de las comunidades en la cadena de valor de la producción del yacimiento minero.

Las comunidades de Ccapacmarca, en cambio, no han cesado de denunciar los impactos ambientales por el continuo uso de sus territorios para el traslado de los camiones de carga. El dirigente añadió que existen impactos diferenciados producidos por el traslado del material que realizan los camiones.  En el caso de las comunidades de Ccapacmarca, los camiones atraviesan los mismos poblados de las comunidades, en cambio, en otras comunidades de la provincia la vía usada por los vehículos se encuentra a varios kilómetros de las zonas pobladas. No obstante, en una cita del diario “El Correo”, Judith Cjuno, presidenta del Frente de Defensa de los Intereses de Ccapacmarca explicó: “Las comunidades de Ccapacmarca tenemos una plataforma de lucha que se armó el 2019 para ser reconocidos como zona de influencia ambiental y social ya que sufrimos un impacto y contaminación terrible, por lo que la producción de maíz, trigo, cebada ya no es la misma. Sin embargo la minera siempre nos ha respondido que no tiene ninguna obligación con nosotros porque transitaban por una vía nacional declarada de manera ilegal y que buscamos derogar”.

Al respecto, las comunidades del distrito de Ccapacmarca reclaman que la empresa minera debe incluirlas como área de influencia directa en cuanto a impactos sociales y ambientales. Algo que conllevaría una serie de obligaciones por parte de la empresa para mitigar esas consecuencias y que deben ser incluidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). En este punto central del debate, el Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) se comprometió que a través de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hará seguimiento y comunicará del proceso de modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La minera en cambio, sólo ha accedido a considerar a las comunidades de la provincia de Chumbivilcas como Área de Interés Social y Ambiental. Lo cual implica que bajo este tratamiento la empresa puede invertir en proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades de la provincia de Chumbivilcas y el corredor vial minero.

En relación a las demandas de las comunidades de Ccpacmarca, la Presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros Descentralizado, señaló: “Hay tres comunidades que han manifestado su deseo de tener un diálogo directo porque tienen demandas específicas con énfasis en temas ambientales”, aceptando la solicitud de reunión.

LA PCM ya decretó la Zona de Atención Especial

La PCM declaró como “Zona de Atención Especial” (ZAE) a 14 comunidades de seis distritos de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, como parte de sus compromisos con las comunidades de Chumbivilcas en la reunión del 30 de diciembre. Según la resolución ministerial N° 005-2022-PCM, este decreto servirá para la planificación de las acciones que propondrá un Grupo de Trabajo que se creará para formular el plan de intervención para la ZAE-Chumbivilcas, el cual estará encargado a la PCM. El plan de intervención tiene como propósito promover el desarrollo socioeconómico sostenible, con enfoque territorial, intercultural y multisectorial en las comunidades cusqueñas a las que alcanza dicha resolución ministerial.

Finalmente, cabe destacar que la premier Mirtha Vásquez reiteró que el Gobierno velará por el cumplimiento de los acuerdos y remarcó que el Ejecutivo prevé instalar equipos de trabajo permanente en las comunidades campesinas para atender a los pobladores locales.

 

El pasado lunes 6 de septiembre el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, se reunió en Huancavelica con representantes de diversas organizaciones sociales de base, dirigentes, ingenieros, entre otros; para escuchar la posición de la población frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur.

Como se sabe, dicho proyecto minero pone en peligro de contaminación por arsénico el consumo de agua de más de 50 mil huancavelicanos. Esto debido a que el área de exploración se encuentra ubicado en la cabecera de la microcuenca de la quebrada Callqui. 

Esta quebrada abastece aproximadamente más del 70% de agua a la planta de tratamiento EMAPA. A ello se suma la presencia de 46 manantiales, 16 quebradas, 2 lagunas y 8 bofedales en una zona considerada por la propia Nexa Resource, en su Declaratoria de Impacto Ambiental, en una zona de ecosistema frágil.

En su participación, la regidora y especialista ambiental, Elsa Benavente, indicó que las cabeceras de cuenca tienen que ser protegidas porque es donde nace el agua y por lo tanto ser declaradas zonas intangibles.

Además, precisó que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Nexa Respurce, menciona que se harán 40 perforaciones de 100 a 1000 metros de profundidad. Benavente manifestó, “no hay que ser experto para darnos cuenta de que si o si van a cruzarse estas aguas subterráneas. En el propio estudio de Nexa y el informe del ANA dice que los riesgos ambientales de este proyecto es que durante la perforación se cruzara con acuíferos, agua subterránea que alterara la calidad de agua”

Por otro lado, Benavente indicó que presentaran una acción de amparo frente a la resolución del SENACE que aprobó la MEIA presentada por Nexa Resource. 

Por su lado, el congresista huancavelicano, Alfredo Pariona; indicó que “nosotros no somos antimineros, si el proyecto minero Pukaqaqa Sur se da tiene que ser respetando las normas vigentes, pagando a sus trabajadores, respetando el medio ambiente y que no haya conflicto alguno”. Así mismo, indicó que desde su labor como congresista electo estará siempre atento a salvaguardar los intereses de Huancavelica. 

Palabra de Ministro

En su intervención, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino manifestó que se encontraba dispuesto a escuchar y promocionar lo que se quedó desde la campaña y lo que dijo el presidente Castillo; “vamos a promover los proyectos que tengan rentabilidad social, nosotros hemos llegado aquí por el voto del pueblo”.

El ministro dejó en claro que lo más importante es el impacto en la zona, “cualquier intervención tiene que ser con respeto a la cultura local, cualquier proyecto tiene que acondicionarse a la realidad local, si todo proyecto cumple estos requisitos va a tener el apoyo del gobierno e incentivos”

En relación al proyecto minero Pukaqaqa Sur indicó que lo que existe es falta de información de ambas partes, así como falta de dialogo; “primero, la resolución ministerial emitida el 15 de diciembre no constituye ningún otorgamiento de autorización alguno o permiso, la resolución de consejo de minería no es la entidad que autoriza ningún accionar, es un ente que resuelve quejas, no manda ejecución”

De otro lado, el ministro de Energía y Minas reconoció la posición de la población huancavelicana frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur como mayoritaria en rechazo de la misma e indicó que respetaran la decisión basándose en la rentabilidad social.

“Es necesario trabajar en conjunto, tenemos una buena relación con la comisión del congreso que ve estos temas y creo que con ellos vamos a tratar y sería la primera instancia donde trabajemos los congresistas locales para que no haya distorsión de la información, debemos tener el diagnóstico preciso”

Finalmente indico que se reuniría con representantes de la empresa Nexa Resource para validar información.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, recalco que su despacho tomará las acciones inmediatas frente a este hecho, para lo cual convocará a una reunión donde participarán los congresistas por Huancavelica, así como los de la Comisión de Energía y Minas (COMEM) y representantes del MINEM para asumir responsablemente la más apropiada decisión.

El 7 de julio el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas, presidido por el presidente Fernando Gala Soldevilla, declaró infundado el recurso de nulidad que presento la Municipalidad Provincial de Huancavelica en contra de la Resolución Directoral N° 0171-2020-MINEM/DGAAM que aprobó la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de Pukaqaqa Sur de la empresa minera Nexa Resources S.A. La Municipalidad de Huancavelica recibió esta resolución el 19 de julio.

Esta es una decisión lamentable, pues la Municipalidad de Huancavelica había advertido en reiteradas ocasiones que la zona en la que se llevaría adelante las actividades de exploración pondrían en grave riesgo las fuentes de agua, de donde se capta el recurso hídrico para dotar de agua potable a las localidades de Huancavelica y Ascensión. Actualmente estas aguas ya tienen presencia de metales pesados como arsénico, por ello la empresa de saneamiento realiza un tratamiento especial para que el agua sea proveída con calidad a los pobladores. Cualquier alteración en este ecosistema agravaría la calidad del agua, como lo que ocurriría con las actividades de exploración.

Resolución del Consejo de Minería

Como se sabe, el Consejo de Minería es la última instancia para ver asuntos mineros que son materia de resoluciones por parte de la primera instancia administrativa y que hace parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La Municipalidad Provincial de Huancavelica esperaba que este ente valorara todos los informes que habían presentado, advirtiendo del riesgo ambiental que existía, el cual no ha sido valorado ni explicado en la resolución.

Ver la respuesta del Consejo de Minería en “el análisis de la cuestión controvertida” en la resolución que emitieron:

Con esta decisión se ha puesto en riesgo la calidad del agua para consumo humano, la salud humana y el medio ambiente de la población en Huancavelica.

Movilización

El día de hoy, miércoles 21 de julio, diversas organizaciones sociales se movilizaron en rechazo de las decisiones del MINEM y el desarrollo del proyecto minero de exploración.

Para este jueves 22 de julio a las 2pm la Municipalidad Provincial de Huancavelica está convocando a las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas y ciudadanía en general a una reunión de urgencia para acordar acciones inmediatas ante la resolución del Consejo de Minería, que da luz verde al inicio de exploraciones del proyecto minero Pukaqaqa Sur.

El 27 de enero, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM que prorroga el Estado de Emergencia y declara la cuarentena focalizada en el país desde el 31 de enero hasta el 15 de febrero, junto a medidas para reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, para hacer frente a la inminente escalada de contagios que se viven por la segunda ola de la pandemia. En su artículo 8° se establecen limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas, disponiendo que en las regiones de alerta extrema solo se permite la salida para el desarrollo de “actividades autorizadas”. La PCM publicó el listado de estas actividades autorizadas en las regiones de nivel extremo; dentro de ellas, la minería y la producción de sus insumos y el funcionamiento de sus servicios conexos.

El decreto supremo señala los niveles de alerta de las diversas regiones. En el nivel de alerta extrema se encuentran Lima, Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac; en el nivel de alerta muy alto están Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna; como vemos las principales regiones mineras se encuentra en los niveles de alerta más riesgosos para la salud de sus ciudadanos.

Protocolos sanitarios durante la primera ola

Recordemos que, durante la primera ola, luego de que se decretara el Estado de Emergencia y se adoptara la medida de cuarentena en la quincena de marzo del 2020, los sectores productivos como la minería siguieron en actividad y en algunos casos redujeron su nivel de producción, pero no pararon. En mayo del año pasado se empezaron a reanudar formalmente las actividades productivas al amparo del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que establecía la reanudación de actividades económicas FASE 1 priorizando al sector minero, a pesar de que en diversas unidades mineras del país se venían presentando casos masivos de contagios de COVID-19 y muertes, poniendo en riesgo a comunidades y trabajadores mineros. Ese mismo mes se emitieron las Resoluciones Ministeriales N° 128 y 129 -2020, que son el marco normativo para que las empresas mineras elaboren sus “Planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo”.

Desde Red Muqui realizamos observaciones a esta norma, ya que presentaba vacíos en la protección de la salud de los trabajadores y las comunidades aledañas[1]. Esta norma estableció la obligación a las empresas mineras de elaborar “Planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19”. En la práctica lo que sucedió es que muchos de estos planes fueron aprobados sin conocimiento de los gremios de trabajadores mineros, además que no se implementó adecuadamente la entrega de equipos de protección personal, el tamizaje de pruebas; no se adecuaron las instalaciones correspondientes para garantizar el distanciamiento entre trabajadores en los campamentos mineros, entre otros. Como Red Muqui en junio del 2020 solicitamos mediante acceso a la información pública, información actualizada al Ministerio de Energía y Minas sobre el número de trabajadores contagiados en las unidades mineras; sin embargo, respondieron que ellos no contaban con esa información, a pesar de que este sector, para la primera fase de reactivación minera, era la encargada de revisar los Planes de vigilancia sanitarios, para dar su conformidad y luego estos sean ingresados al MINSA.

Hasta aproximadamente julio de 2020, el MINEM no contaba con un control adecuado sobre el estado de salud de los trabajadores mineros, esto es: la primera y segunda fase de reanudación económica donde se encontraban la gran y mediana minería; recordemos que en la segunda fase (junio 2020) la situación era más complicada porque mediante Decreto Supremo 101-2020-PCM se estableció que la reactivación económica minera era automática. Recién en julio y agosto de ese año se publicaron a través de un medio periodístico alternativo, cifras oficiales  del MINEM sobre el número de contagiados en las unidades mineras[2]. Resultaba según cifras estatales que había un total de 2863 contagiados confirmados por prueba rápida, sin embargo, para esa fecha, la Federación de Trabajadores Mineras venía reportando una cifra mucho más elevada, inclusive en el último trimestre del 2020 se hablaba de más de 12 mil trabajadores mineros contagiados.

Sin lecciones aprendidas el sector minero funciona en automático para la segunda ola

A diferencia de la primera cuarentena, la anterior gestión del Ejecutivo inició la medida de cuarentena permitiendo solo “actividades esenciales”, estableciendo mayor rigurosidad en el control de actividades productivas, aunque los días siguientes se amplió a sectores como Energía y Minas a pesar de que sus actividades no eran esenciales. Para esta cuarentena el escenario es distinto, el sector minero sigue funcionando con normalidad bajo la denominación de “actividades autorizadas”. Además, que en esta segunda ola nos encontramos ante una mayor agresividad del virus al haber aumentado su rapidez de contagio. Desde el año pasado las empresas mineras han registrado automáticamente sus planes de vigilancia en el MINSA, es decir sin ningún control adecuado de parte del Estado. Actualmente señalan que cuentan con protocolos especializados incorporados en sus procesos de gestión; sin embargo, ya las denuncias de los gremios sindicales empiezan a darse debido al incumplimiento de sus obligaciones de protección de la salud y continúa la falta de fiscalización laboral del Estado para la garantía de derechos.

Lamentablemente será cuestión de tiempo para que conozcamos de los contagios por la Covid-19 en los campamentos mineros y de la estrategia de negación de casos en algunas empresas, que además han tomado represalias contra los trabajadores sindicalizados por denunciar estos abusos. No se ha aprendido nada de la primera ola de la pandemia.

 

[1] Red Muqui elabora observaciones al protocolo sanitario del sector energía y minas. Mayo 2020.  https://muqui.org/noticias/muqui-informa/red-muqui-elabora-observaciones-al-protocolo-sanitario-del-sector-energia-y-minas/

[2] Convoca: Seis compañías mineras acumulan el 88%de casos de trabajadores contagiados. Agosto 2020. https://convoca.pe/agenda-propia/covid-19-seis-companias-mineras-acumulan-el-88-de-casos-de-trabajadores-contagiados

El día de ayer, miércoles 26 de agosto, la Pastoral Social de Junín, PASDIHH, Red Muqui, junto a Elvis Fuster del Frente Amplio de Morococha, presentaron a través de una conferencia de prensa las principales observaciones que enviaron al SENACE el 26 de julio respecto a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la unidad minera Toromocho que pretende ampliar sus operaciones.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra la vulneración a la participación ciudadana, consulta previa y la afectación ambiental:

  • La participación ciudadana implica una reunión y como en el Estado de emergencia se ha suspendido todo, no hay participación ciudadana, pero para la aprobación de la MEIA se necesita la participación ciudadana porque es un requisito formal de acuerdo a ley. Chinalco señala que hará la reunión de manera virtual y difundirá la información mediante radios y redes sociales. Nosotros señalamos esa omisión en las observaciones.
  • La Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental desconoce a pobladores y comunidades de 2 distritos del área de influencia directa: Mororocha y Yauli. En Morococha se encuentra la comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará y dentro del distrito de Yauli está la comunidad campesina de Yauli, y Pachachaca y su anexo el barrio san miguel.
  • Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.

 

Ver las observaciones presentadas al SENACE

“El Perú no es solo un país minero, es un país mega diverso y pluricultural”

 

Frente a la denegatoria del voto de confianza del Congreso de la República al gabinete presidido por el ahora ex premier Pedro Cateriano, y frente a la grave crisis sanitaria y económica que viene atravesando nuestro país, la Red Muqui, que agrupa a 29 instituciones del país, señala a la opinión pública lo siguiente:

 

Primero. – El no otorgamiento del voto de confianza del Congreso de la República al premier Pedro Cateriano, su gabinete y a las propuestas presentadas ante el pleno, responde a diferentes motivos, entre ellas a la poca claridad para enfrentar la pandemia de la Covid-19, a las políticas que privilegian los intereses empresariales y mineros, la desregulación ambiental que viene impulsando el Ejecutivo, así como la presión de algunos grupos de poder que buscan frenar el avance de la reforma universitaria condicionando su voto. Desde la sociedad civil y las organizaciones sociales se ha expresado un malestar e indignación por la actuación del gobierno y la postura asumida por el ex premier Cateriano, sosteniendo que la minería moderna no contamina; lo cual es contradictorio con los más de 8 mil pasivos ambientales mineros registrados por el MINEM y los miles de casos de personas afectadas por metales pesados en nuestro país.

 

Segundo.- El ex premier Pedro Cateriano desde el primer día que asumió el cargo había señalado que entre sus prioridades estaba reactivar la economía y como eje central la actividad minera, aunque este represente solo el 12% del PBI nacional según datos del INEI; al mismo tiempo, el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación del 28 de julio anunció que el gobierno iba aprobar un “Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros” para agilizar la inversión privada en este sector y durante la última semana el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó el Decreto Supremo 019-2020-EM, que modifica diversos artículos del Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de Exploración Minera, que reduce aún más los estándares ambientales y sociales en nuestro país. Esta norma representa un retroceso muy peligroso en la protección de derechos, más aún en este contexto de pandemia.

 

Tercero. –  Al mismo tiempo la Defensoría del Pueblo en su reporte mensual de conflictividad social da cuenta que más del 60% de conflictos en el país están vinculados a la actividad minera, y en el contexto de la pandemia se han reactivado varios de ellos, como el DATEM del Marañón en Loreto y Espinar en Cusco. Sobre el caso Espinar hay que señalar que se ha puesto nuevamente en tapete los aportes reales de la minería para el desarrollo de una provincia. El pedido de un bono humanitario para enfrentar la crisis económica ha generado diferentes reacciones y posiciones, el convenio marco firmado hace 17 años entre la empresa minera y la provincia de Espinar no necesariamente ha mejorado las condiciones de vida de los pobladores y comunidades locales; asimismo, existen agendas pendientes no resueltas sobre la contaminación ambiental y la afectación a la salud de las comunidades en el entorno minero, sumado a ello esta la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco. El conflicto en Espinar no está resuelto y con la renuncia del gabinete Cateriano todo diálogo planteado puede quedar suspendido, conllevando, posiblemente, a que la situación se agrave en la zona.

 

Cuarto. – La situación de la pandemia en nuestro país avanza y se intensifica aún más. A más de 140 días de la emergencia sanitaria según datos oficiales del Ministerio de Salud, la cantidad de personas contagiadas suman más de 400 mil casos y las fallecidas llegarían a más de 43 mil, según las últimas declaraciones de la ministra de Salud. El virus se ha extendido a las regiones andinas del sur y nuevamente se evidencia la precariedad del sistema de salud para atender los casos. Urge que el gobierno central implemente medidas complementarias urgentes para apoyar a los gobiernos regionales y locales para atender los casos, y con especial consideración a las comunidades campesinas debido a su alta vulnerabilidad. Por ello, el nuevo gabinete debe poner como eje central de su trabajo la mitigación de la pandemia desatada por el Covid-19 y fortalecer el nivel de atención primario de salud con la implementación de una estrategia comunitaria, que ha sido reclamada por las organizaciones indígenas y campesinas.

 

Ante este escenario tan crítico y complejo urge que el gobierno del presidente Vizcarra recomponga un gabinete concertador y verdaderamente dialogante y que, sobre todo, escuche las demandas de la población, que ponga como agenda prioritaria la atención a la salud y vida de la población en medio de esta pandemia. El Perú ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en numero de contagiados. Que se entienda que la reactivación económica no solo debe priorizar la actividad extractiva beneficiando solo a un grupo de intereses económicos; y mucho menos poniendo en riesgo la vida de sus propios trabajadores, como es el caso de las empresas mineras. La reactivación debe darse desde los territorios y respetando los derechos de las poblaciones locales, por ello desde Red Muqui nos hemos sumado a la campaña #ReactivaMisDerechos.

 

Lima, 05 de agosto del 2020.

Frente a las recientes y constantes declaraciones del ex presidente de la CONFIEP, uno de los socios principales de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del país; y de la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca,  respecto a que los proyectos mineros que están estancados como Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca deben reactivarse debido a que se requieren recursos económicos para afrontar la pandemia que vivimos; la población del valle de Tambo, Arequipa, donde se quiere empezar a construir el proyecto Tía María, ha convocado para este viernes 12 a las 6:30pm un cacerolazo en rechazo a las intenciones de estas dos instituciones que tienen mucho poder: una en el sector privado, y otra en el Estado.

Empresariado minero

«Hoy día Cocachacra no puede ser impedimento para que se desarrolle Tía María, que abarque Quellaveco, que abarque todos los proyectos mineros de Cajamarca y Lambayeque», declaró Roque Benavides en RPP el 08 de junio.

El mismo día, el empresario minero también dio una entrevista al diario Expreso, manifestando la misma posición. Ya en abril había declarado a Perú 21, señalando «esta crisis nos tiene que llevar a reflexión a todos, tenemos que poner en valor nuestros recursos. Si bien la gente de Cocachacra criticaba el proyecto Tía María, creo que no estaba escuchando que son oportunidades».

Ministra de Energía y Minas

Por su lado, la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, declaró el 17 de mayo en relación a los proyectos mineros Tía María y Conga: «el país requiere de recursos, va a requerir de mano de obra, va a requerir de empleo, va a requerir de estos ingresos al fisco para poder atender a la población”.

Voceros de valle de Tambo

Miguel Meza y Mario Chirapo, voceros del valle, señalaron a Red Muqui que en vez de que los empresarios mineros y la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, quieran imponer el proyecto Tía María, «deberían estar preocupados en la remediación del río Tambo que está siendo contaminado por la minera Aruntani en plena pandemia».

Miguel Meza agregó que la OEFA no ha determinado hasta ahora a la empresa minera responsable de la contaminación con arsénico y boro del río y, añadió, es extraño que los estudios de la Autoridad Local del Agua señalen que aún el río Tambo no pasa los límites de contaminación y es apto para el consumo humano.

Los alcaldes del valle de Tambo: Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdivia también mostraron su rechazo a las recientes declaraciones de Roque Benavides y de la ministra de Energía y Minas.

Mario Chirapo agregó que el alcalde provincial, Candia, está expresando su posición respecto al proyecto minero sin escuchar a la población. Antes se mostraba en contra y ahora a favor del proyecto minero. ¿Qué habrá pasado?, se pregunta.

 

El 03 de mayo se aprobó el Decreto Supremo 080-2020-PCM “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”; en esta norma se estableció que la gran minería reanudaría sus labores en la primera fase. Luego de esto, el Ministerio de Energía y Minas emitió con bastante rapidez las Resoluciones Ministeriales N° 128 y 129 -2020, que son el marco normativo para que las empresas mineras elaboren sus Planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 dentro de las unidades mineras. Una vez presentados al Viceministerio de Minas, se inicia el procedimiento de registro en el SICOVID-19. De esta manera, durante todo el mes de mayo las empresas mineras han venido reanudando sus operaciones

La voz de la SNMPE

Durante el mismo mes de mayo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha ido anunciando la reactivación de varios proyectos mineros, como es el caso de Antamina, que desde el 13 de abril tuvo que paralizar operaciones debido al grave brote de COVID-19 en sus instalaciones. La empresa reportó más de 200 trabajadores contagiados. Ahora esta empresa minera realiza su reanudación de operaciones bajo el eslogan “Un nuevo comienzo: renovamos nuestro protocolo de salud y seguridad».

Hace unas semanas, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señaló que como balance de la Fase 1 de reactivación económica se tenía la aprobación de 40 proyectos mineros. A comienzos de junio, la SNMPE señalaba que existían cuellos de botella y burocratismos excesivos en los procedimientos de aprobación de la reanudación económica que impedían la reactivación al 100% de sus operaciones.

La nula transparencia del Ministerio de Energía y Minas

Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas aún no ha emitido algún pronunciamiento o reporte oficial donde se transparente el número de trabajadores contagiados o expuestos al contagio de COVID-19 en las unidades mineras; al igual que las unidades mineras que estarían habilitadas para reanudar actividades.

Como señalamos desde Red Muqui, en nuestro documento de “Observaciones al Protocolo Sanitario del Sector Energía y Minas”, el proceso de reanudación económica debe contar con las garantías necesarias para la protección al derecho a la salud y vida de trabajadores, comunidades y poblaciones. Para ello el Estado peruano debe contar con información precisa sobre la situación de afectación a derechos humanos y, sobre ello, tomar mejores decisiones.

Lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre “Pandemia y Derechos Humanos en América Latina” estableció algunos lineamientos guía para un adecuado abordaje por parte de los Estados en materia económica, en este escenario de pandemia a causa del COVID – 19. En ese sentido, la CIDH señala la responsabilidad estatal de establecer procedimientos transparentes para la protección del derecho a la salud:  “Asegurar el diseño de un plan de actuación que guíe los procedimientos a seguir para la prevención, detección, tratamiento, control y seguimiento de la pandemia con base en la mejor evidencia científica y el derecho humano a la salud. Estos procedimientos deben ser transparentes, independientes, participativos, claros e inclusivos.”

Caso de a empresa minera Shougang

Por otro lado, sobre la aprobación de los Planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo; una preocupación que planteamos desde Red Muqui, es que, bajo los parámetros aprobados por el MINEM, la mayoría de trabajadores mineros serían clasificados como trabajadores de bajo riesgo y esto llevaría a una reducción del estándar de protección a la salud. Este es el caso de la Minera Shougang, la cual ha presentado un plan donde clasifica a la mayoría de sus trabajadores con “bajo riesgo”. La situación se agrava debido a que las instalaciones de esta unidad minera se encuentran dentro de la ciudad de Marcona. Esta situación de reducción del estándar de protección a la salud podría estar replicándose en otras unidades mineras en el país; sin embargo, no se cuenta con información oficial y de libre acceso.

Exigencias

El Estado debe emitir información oficial de la situación real de afectación a la salud de trabajadores mineros y comunidades como parte de sus obligaciones de protección a los derechos humanos. Urge que haya respuestas oficiales por parte del MINEM  sobre los procedimientos  sectoriales, por los cuales se aprueba la reanudación económica minera. Ante la crisis que vivimos por el brote del COVID-19, es imperativo que el Estado transparente información y que las empresas mineras adecuen sus procesos y actividades bajo el análisis de los impactos en derechos humanos, tal y como lo señalan los Principios Rectores de Derechos Humanos de la ONU: “Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, a saber: Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos”.