La situación de los pobladores de la Antigua Morococha parece no tener solución, más aún cuando la empresa minera transnacional china, Chinalco, no muestra intención alguna por respetar los derechos humanos de las 40 familias que aún habitan las 34 hectáreas en conflicto.
Hectáreas que son fundamentales para la ampliación del proyecto Toromocho, pero de la que desde el 2018, la empresa minera no puede tomar posesión por la defensa constante de los pobladores de la comunidad de Morococha ubicada en la provincia de Yauli, región de Junín.
Recientemente, dos hechos ocurrieron en estas últimas semanas, tras la presentación de las observaciones a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Toromocho ante el SENACE, realizado por los dirigentes del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Morocha. Por un lado, el bloqueo de las vías de ingreso y salida ocurrido el sábado 12 de septiembre en donde efectivos de la PNP, lejos de impedir dicha acción, salvaguardaron los vehículos de la empresa Chinalco y trataron de desalojar a los propios pobladores.
El segundo hecho se dio el lunes 28 de septiembre a las 9:30 am, cuando varios camiones de la empresa minera decidieron tirar sus desmontes, grandes bloques de piedras, sin comunicar a la población y autoridades, incumpliendo protocolos de seguridad y poniendo en peligro la integridad física de los habitantes que transitan por la carretera ubicada por el ex colegio Ricardo Palma.
Estas acciones realizadas por la empresa se dan a pesar de que el 29 de enero del 2019, el juzgado mixto con sede en La Oroya, presidido por el juez Jesús Santana, admitió la acción de amparo presentada por los pobladores de la Antigua Morococha contra la minera Chinalco y la empresa estatal Activos Mineros SAC por intento de desalojo y querer destruir las viviendas del casco que forman parte del ornato urbano de la Antigua Morococha, ubicado dentro del predio “Lote Municipio de Morococha”, que hacen parte de las 34 hectáreas en litigio.
Inmersos en luchas diarias donde son hostilizados y amedrentados; los pobladores también sufren la falta de energía eléctrica desde noviembre del 2019 cuando, según lo manifestado por algunos representantes de la comunidad, la empresa Chinalco destruyó la infraestructura eléctrica del pueblo además de intervenir, presentando un reclamo el 26 de marzo del 2019, a la empresa eléctrica Electrocentro para que cese de prestar suministro eléctrico a los hogares que aún habitan ahí.
Para entender el escenario en el que se siguen desarrollando hechos, es necesario retroceder al año 2017, fecha en la cual el Congreso de la República aprobó dos normas claves.
Todo comenzó el 2017
El 14 de noviembre del 2017 se publicó el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones (ley 30680) que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres.
La segunda norma aprobada fue el reglamento del mismo artículo 49, que excluye a los propietarios de participar en este tipo particular de expropiaciones. Además, reguló la “declaración de intangibilidad” para fines de viviendas en áreas riesgosas con el objetivo de declarar estos lugares como inhabitables.
En este contexto, el 9 de enero del 2018, se nombró a Ricardo Labó Fossa, entonces viceministro de Minas, como presidente de Activos Mineros SAC (AMSAC), que es una compañía del Estado peruano orientada a la remediación ambiental y supervisión de proyectos de minería. El 18 de enero, la gerencia general de AMSAC solicitó, a la Superintendencia de Bienes Nacionales, la mencionada “declaración de intangibilidad” de las 34 hectáreas de Antigua Morococha.
El 14 de febrero, Ricardo Labó, en su condición de viceministro de Energía y Minas, solicitó a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) transferir el terreno de las 34 hectáreas de Morococha a la empresa estatal que presidia (AMSAC) que luego fue destinada al proyecto de ampliación de Toromocho.
De esta forma, las 34 hectáreas pasaron a ser de Chinalco por un pago de 1,8 millones de dólares (5,9 millones de soles).
El 27 de febrero, Activos Mineros, a través del gerente general Antonio Montenegro Criado, también envió una carta a la SBN solicitando que se transfieran las 34 hectáreas a su nombre invocando el artículo 49 de la ley para sustentar su pedido de expropiación. Ese mismo día, la Superintendencia resolvió de forma afirmativa dicha expropiación.
Una vez logrado estas maniobras, las 34 hectáreas expropiadas por AMSAC, se transfirieron a la empresa minera Chinalco. Una transferencia que va en contra de lo que señala la ley de expropiaciones (ley 30680) que deja bien en claro que el beneficiario de una propiedad expropiada solo puede ser otra entidad del Estado, pero nunca un privado.
El 23 de marzo del 2018 se aprobó la ampliación del proyecto Toromocho por el Ministerio de Energía y Minas, en medio de una crisis política donde el actual presidente Martin Vizcarra asumió el mandato tras la renuncia del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski.
Pese a todas estas maniobras, en julio del 2018, el Dr. Carlos Castro, abogado representante de los pobladores de la Antigua Morococha, presentó una demanda que fue admitida por el juzgado de Yauli – La Oroya, solicitando la nulidad de la operación entre AMSAC y Chinalco. Hasta el día de hoy el proceso se encuentra vigente y falta una última audiencia para resolver el caso.
Para junio del 2018, la minera Chinalco anunció el inicio de las obras junto al nuevo presidente Martín Vizcarra, quien sentenció este anuncio manifestando, “Cuando la inversión va a generar progreso y desarrollo, encuentran en el Estado un aliado en esa inversión”.
Sin embargo, este progreso y desarrollo que señala el gobierno no ha involucrado a los que accedieron al reasentamiento en la “Nueva Morococha”: Carhuacoto, ni mucho menos a los que decidieron no dejar sus hogares en la Morococha Antigua.
Pueblo fantasma
Carhuacoto es un pueblo que, en la actualidad, no representa una oportunidad de desarrollo económico y que muchos de los reasentados siguen abandonando por no tener ingresos estables por la falta de comercio. En palabras de una pobladora de la Nueva Morococha;
“No tenemos trabajo, muchos de los que nos reasentamos en Carhuacoto lo hicimos confiando en la palabra del alcalde y en las promesas de trabajo, pero estamos en crisis. Ninguna autoridad dice nada y nosotros no tenemos cómo producir. Muchos se han ido y han dejado sus casas para alquilarlas, la minera Chinalco no contrata a los pobladores de Morococha y trae gente de afuera, no cumple con su palabra”.
Esta es la situación actual de mujeres y hombres que aceptaron reasentarse y que no encuentran respuestas ni soluciones a la crisis que viven en un pueblo de maqueta inerte.
A ello se suma los riesgos de la zona escogida para la “Nueva Morococha”, siendo los más importantes: el hundimiento del suelo debido a su humedad, las inundaciones, los sismos, además de la presencia de dos lagunas que, frente a un fuerte movimiento telúrico, podrían desbordarse.
Hábeas Corpus para liberar el tránsito
La semana pasada, los pobladores estaban en proceso de presentar un hábeas corpus para que la empresa minera deje de obstruir el tránsito público y deje de tirar piedras como desmonte en la avenida. Los pobladores temen el cierre total de sus vías como estrategia de la minera para expulsarlos de sus propias tierras.
Estos últimos hechos atentan directamente contra el derecho al libre tránsito de los pobladores de la Antigua Morococha quienes, por falta de energía eléctrica, corte de agua y falta de comercio, hacían uso de estas vías para ir a otras comunidades y abastecerse de alimentos, cargar sus equipos o trabajar.
¿Cuál es la respuesta del SENACE frente a las observaciones presentadas al MEIA?
Hasta ahora la única respuesta del SENACE ha sido la referida al cuestionamiento de las familias de Morococha a la participación ciudadana virtual. SENACE ampara la participación ciudadana virtual en la aplicación del DL 1500 a proyectos de inversión minera, a pesar de que su aplicación es ilegal y vulnera derechos fundamentales de poblaciones y comunidades campesinas. La aplicación de estos procesos de participación virtual en la elaboración y aprobación de los MEIA deben de ser suspendidas hasta que existan condiciones materiales y de salud pública, que permitan una participación presencial y directa de los pobladores. Respecto a las otras observaciones, SENACE señala que las ha transferido a la empresa minera Chinalco para que las pueda responder.
Síntesis de las principales observaciones presentadas a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental – MEIA por el Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Morococha:
- Se observó una grave omisión en la MEIA, respecto del Área de Influencia Directa Social propuesta por Minera Chinalco Peru SA. Inicialmente el área de influencia directa social era la Antigua Ciudad de Morococha, donde actualmente permanecen un grupo de pobladores que no han sido reasentados. Este grupo de personas no ha sido evidenciado en el MEIA, simplemente no existen, lo cual claramente constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios; más aún cuando este grupo de personas vienen enfrentando constantes embates de afectación social, económica, cultural y de contaminación y sin gozar de ninguna forma de mitigación.
- Se planteó observaciones contra la omisión y modificación de compromisos del EIA primigenio referidos a los impactos socioeconómicos, no cumplidos por minera Chinalco. En el EIA primigenio se contemplaba una serie de compromisos en materia del componente socioambiental: 1) Campamento Minero dentro de la nueva Morocha para favorecer el dinamismo económico en la zona muerta comercialmente 2) Adquisición de Bienes y Servicios con preferencia a la zona AID del distrito de Morococha y 3) Satisfacción de contratación de las cuotas de empleo con preferencia a los pobladores del distrito de Morococha; las cuales no han sido ratificadas en este MEIA.
- Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.
- Finalmente se platearon observaciones respecto a la participación ciudadana para la evaluación del MEIA. Se evidencia que existe una omisión de la aplicación de normas relativas a los Pueblos Indígenas para el proceso de participación, ya que conforme a la identificación del área de influencias directa están las comunidades campesinas San Francisco de Asís de Pucará, Yauli y Pachachaca y su Anexo el Barrio San miguel Centro poblado Manuel Montero. Al igual que la falta de idoneidad en los mecanismos de participación que se han propuesto para la evaluación del MEIA, pues la publicación y difusión de avisos, pegado de carteles, la implementación de una oficina de información virtual, entre otros no garantiza un pleno acceso a la información de los pobladores.
