El distrito de Huamachuco, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad, se ha convertido en un nuevo territorio de operación de las bandas criminales ligadas a la minería ilegal que actúan cada vez con mayor violencia.
Así lo evidencian los últimos hechos registrados en este año. En enero dos empleados de la Gerencia Regional de Minería e Hidrocarburos de La Libertad (GREMH) fueron secuestrados y agredidos por sujetos armados cuando realizaban labores de inspección en el caserío Coigobamba, en las faldas del Cerro El Toro.
En esta misma zona, en el bosque Polo, el 16 de febrero, una turba atacó a una magistrada de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Trujillo. Similar al primer hecho mencionado, el objetivo fue frustrar las diligencias de las actividades auríferas ilegales en la jurisdicción.
A inicios de febrero, además, se reportó el fallecimiento de una persona a causa del derrumbe de un socavón por la explosión de una carga de dinamita en Coigobamba. Cabe resaltar que desde hace años se limita la entrada a dicha zona por medio de amenazas y agresiones, y cuya violencia va en aumento.
Los últimos sucesos descritos son una prueba de que las acciones ejecutadas por el Ejecutivo son insuficientes para combatir la minería ilegal, que ha tomado por asalto tanto a las autoridades públicas como a las propias comunidades, quienes no solo deben luchar contra el modelo extractivista minero, sino contra la vulneración de sus derechos territoriales y ambientales que proviene también de esta actividad. En Huamachuco opera la minería grande, mediana, artesanal e ilegal, por lo que el territorio prácticamente se encuentra en disputa.
La directora de la institución Proyecto Amigo, Nury García, advirtió que la presencia de la minería ilegal se está extendiendo en otros caseríos y comunidades, además, de otras zonas aledañas, como en Quiruvilca y Cajabamba. “Se trata de una actividad que corrompe y suele encubrir el lavado de activos, y cuya protección se basa en bandas delincuenciales, cuyas desastrosas consecuencias se ven en Pataz. Estas bandas criminales no solo provendrían Trujillo sino también de afuera, como el Tren de Aragua, por ello, la población está muy preocupada», declaró.
Frente a esta situación, García explicó que es necesario una reacción inmediata de las autoridades, en el marco de un plan integral de intervención conjunta, entre el gobierno nacional, regional y local. “En Huamachuco aún estamos a tiempo para erradicar la minería ilegal y que el gobierno entienda que el proceso de formalización de la minería artesanal, tal como se está dando, termina por socavar estos intentos. Este plan debe ir de la mano con un fuerte componente de prevención y de garantizar realmente el derecho de vivir en un territorio sano, social y eco ambientalmente. Teniendo en cuenta la experiencia de Pataz, es factible la intervención en Huamachuco, pues la presencia de la minería ilegal está focalizada y en las zonas donde se expande la misma población la confronta. Sin embargo, el riesgo es cada vez mayor”, finalizó.
Por su parte, el Ejecutivo considera como una solución el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que se ha convertido en un mecanismo de impunidad para disfrazar la actividad de mineros ilegales e informales. En Pataz, La Libertad, el proceso de formalización podría tardar hasta 42 años según cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas, una muestra de que hace falta proponer otras medidas oportunas y eficaces.
Foto: Regional.pe