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El valor del agua y la lucha por su protección: El caso de Río Blanco en Piura

Por: Sara Delrio
Área Socio-ambiental
Red Muqui

Alrededor de 3 millones de peruanas y peruanos no tienen acceso a agua potable! (1)

Perú, siendo el octavo país con mayor volumen de agua dulce en el mundo y el tercero en América Latina, exhibe una distribución desigual en todo su territorio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el 97 por ciento del agua dulce disponible se concentra en la Región Hidrográfica Amazónica, habitada por menos de un tercio de la población peruana. En contraste, la Región Hidrográfica del Pacífico, donde reside el 65 por ciento de la población y se desarrollan las principales actividades económicas, apenas genera el 1,77 por ciento del agua dulce del país. (2)

Este desequilibrio se acentúa en Lima, situada en la Región Hidrográfica del Pacífico, donde el agua escasea. El crecimiento poblacional ha exacerbado la situación, con un aumento de poco más del 50 por ciento en los últimos 25 años, según cifras del INEI y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. En 2018, el consumo de agua per cápita en Lima alcanzó los 163 litros al día, superando ampliamente los 100 litros diarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud. (3)

Por otro lado, las mujeres son protagonistas de un desafío crítico en relación al acceso al agua. En muchas comunidades rurales y marginadas, donde no llega el agua, son las encargadas principales de la recolección y gestión, una responsabilidad que conlleva múltiples implicaciones en su vida diaria. Esta carga adicional no solo impacta en su salud y bienestar, sino que también puede limitar su acceso a oportunidades educativas y actividades productivas. Además, la falta de acceso a agua limpia y segura aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a enfermedades y afecta de manera significativa su salud reproductiva.

Fomentar la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones no solo es un imperativo de justicia, sino también una estrategia para aprovechar su compromiso, conocimientos y habilidades en beneficio de la sociedad en su conjunto. (4)

Entre los desafíos más urgentes que el Perú enfrenta y que representan un alarmante escenario de vulnerabilidad hídrica destacan: la destrucción de acuíferos, bofedales y bosques húmedos en cabeceras fluviales a causa de la minería a gran escala. Además, las graves consecuencias de esta actividad impactan negativamente en la regulación de los caudales fluviales. La desaparición de los glaciares aumenta la vulnerabilidad de la población que reside en la franja costera del Pacífico. Esto se traduce en mayores riesgos de sequía e inundación para las comunidades. (5)

Sumándose a estos desafíos, emerge la dramática realidad de contaminación que, según datos del Ministerio de Salud, impacta más del 31% de la población, es decir más de 10 millones de peruanas y peruanos enfrentan diariamente el riesgo de contaminación por metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas. (6)

Las fuentes de contaminación provienen tanto de operaciones mineras legales e ilegales en activo, como de derrames de petróleo frecuentes, entre otras fuentes contaminantes. Además, se suma la presencia de 7,668 pasivos ambientales mineros y 3,231 pasivos del sector de hidrocarburos identificados hasta la fecha. Esta situación representa un proceso de envenenamiento sistemático que afecta a una gran parte de la población, especialmente a las comunidades campesinas e indígenas. Todo esto ocurre mientras el cambio climático plantea un futuro hidrológico preocupante para el país. (7)

Desde un punto de vista de los derechos humanos, la criminalización de quienes reclaman sus derechos al agua potable y saneamiento es sumamente alarmante. Según los datos recolectados por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, además de los casos de represión violenta de protestas pacíficas y de asesinatos de líderes comunitarios, un alto número de testimonios enfrentan cientos de procedimientos judiciales por haber denunciado abusos e irregularidades o haber participado en protestas pacíficas. (8)

Piura en defensa del agua y la vida

Una de las regiones que está sufriendo mayormente la creciente vulnerabilidad climática que está afectando el país es Piura. En particular, se trata de una de las zonas donde las concesiones mineras se han incrementado y la falta de medidas legales para proteger sus ecosistemas de páramos y bosques de neblina están poniendo en grave peligro los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas.

Las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), junto con las poblaciones en Piura, se enfrentan a tres problemas principales debido al conflicto relacionado con el proyecto minero Río Blanco.

En primer lugar, el ingreso ilegal de la minera Río Blanco de capitales chinos (anteriormente conocida como empresa Majaz) en los territorios de las comunidades afecta sus derechos individuales y colectivos. La empresa minera nunca ha obtenido la autorización de las comunidades para acceder a los territorios comunales, como lo exige la Ley General de Comunidades Campesinas (n. 24656), la Ley de Tierras (n. 26505) y la Constitución Política del Perú.
En segundo lugar, la presencia del proyecto minero Río Blanco en la zona afectaría los páramos y bosques de neblina en el corredor biológico entre Ecuador y Perú, así como el área de extensión del Santuario Tabaconas Namballe. Esto pondría en serio riesgo de daño ambiental las aguas superficiales y subterráneas, afectando la calidad y disponibilidad del agua para el consumo humano y la economía agraria.

Finalmente, la realización del proyecto implicaría un aumento significativo de la actividad minera en la región, con la concesión de nuevas áreas para su exploración y explotación. Esto tendría repercusiones adversas no solo en nuestros ecosistemas y en las comunidades de Ayabaca y Huancabamba, sino también en toda la región de Piura.

Los páramos y bosques de neblina juegan un papel vital como reservorios de agua para la formación de las cuencas del río Quiroz en Piura y del río Chinchipe en Cajamarca. Estos frágiles ecosistemas de montaña tienen la capacidad de abastecer de agua a las cuencas más bajas y se sitúan en una región conocida como «deflexión Huancabamba», caracterizada por su biodiversidad endémica y primordial de gran valor.

El área en riesgo abarca una extensión de 3,894 km2 e incluye los distritos El Carmen de la Frontera, Ayabaca, Pacaipampa en Piura, y Namballe en San Ignacio, Cajamarca. Dado que el proyecto minero se desarrollaría en un entorno de páramos y bosques de neblina, sus efectos negativos no se limitarían a la contaminación, al uso del agua subterránea, al desmonte y la pérdida de cobertura vegetal ocasionada por más de 50 millones de toneladas de desechos y residuos anuales. También se vería afectada la disponibilidad de agua para la agricultura y la subsistencia de las poblaciones en Ayabaca, Huancabamba, el valle de San Lorenzo y el valle del río Chira.

El polvo, las vibraciones y el ruido generados por las detonaciones o explosiones en la mina afectan los ecosistemas forestales y la biodiversidad de especies endémicas, provocando la huida irreversible de la fauna. Incluso se plantea la posibilidad de que el depósito de relaves pueda colapsar, dada la naturaleza del suelo y la influencia de las precipitaciones.

Además, Majaz S.A. (1999-2007) y Río Blanco Copper S.A. (2007-actualidad) han sido responsables de violaciones a los derechos humanos de trabajadores, miembros de comunidades locales y defensores del medio ambiente durante la fase de exploración del proyecto. Hasta la fecha, el conflicto ha dejado un saldo trágico con la pérdida de diez personas: cuatro miembros de una comunidad local, tres trabajadores cuya muerte en circunstancias misteriosas tuvo lugar en el campamento de Río Blanco, y tres trabajadores más que desaparecieron y perdieron la vida durante una operación de exploración en 2015. Además, 33 residentes de estas comunidades fueron sometidos a secuestro, tortura y posterior enjuiciamiento.

A lo largo de 21 años, las comunidades han sostenido una lucha incesante y movilizaciones sociales en defensa del agua y los páramos. Han dirigido críticas tanto al gobierno central como al regional de Piura por su respaldo al proyecto Río Blanco. El año 2023 fue testigo de dos grandes manifestaciones en Ayabaca (mayo) y Huancabamba (junio), en las cuales participaron activamente más de 5 mil residentes. Estas protestas expresaron un claro rechazo al proyecto minero Río Blanco y denunciaron lo que se percibe como una «permisología minera», así como la flexibilización de los estándares ambientales por parte de los ministerios de Energía y Minas, y Economía y Finanzas.

Las movilizaciones y la resistencia de las comunidades locales reflejan un clamor unánime por la protección de los recursos naturales y la preservación de su forma de vida. Estas manifestaciones son un recordatorio poderoso del papel activo que desempeñan los ciudadanos y las ciudadanas en la defensa de sus derechos y el medio ambiente.

Es evidente que el modelo de desarrollo basado en la explotación minera representa una amenaza directa para el medio ambiente y la salud de las poblaciones locales.
Es imperativo que las autoridades adopten políticas concretas para proteger los derechos humanos, los derechos de las comunidades y el entorno natural, especialmente en un escenario como el que estamos viviendo de colapso climático, priorizando alternativas de desarrollo sostenible que no comprometan el futuro de las generaciones venideras.

Anexos:
(1) Plataforma digital única del Estado Peruano. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/781301-el-10-la-poblacion-peruana-no-tiene-agua-potable-y-23-no-accede-al-alcantarillado
(2) “Recursos hídricos en Perú: el estado actual”. Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/467536b0-es/index.html?itemId=/content/component/467536b0-es#abstract-d1e1639
(3) Ibid.
(4) Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo. Disponible en: https://enterateconlesly.com/wp-content/uploads/2023/09/Informe-sobre-relator-a-peru.pdf
(5) Ibid.
(6) Ibid.
(7) Ibid.
(8) Ibid.

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Problemática de minería informal se complica a una semana de cerrarse el plazo de inscripción en el Reinfo

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A una semana de vencerse el plazo de inscripción de operadores mineros de minería artesanal y pequeña minería en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la problemática de la minería informal e ilegal se complica sin que hasta el momento el Gobierno plantee soluciones concretas.

Este lunes se registró una masiva movilización de las delegaciones y bases de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) por las principales calles de Lima y en paralelo en Puno. Esta vez, ciertas bancadas del Congreso de la República y viejos políticos se han “subido al coche” para poner en agenda este tema, el cual ha sido advertido por especialistas y organizaciones como la Red Muqui como complejo ante la débil institucionalidad ambiental en el país.

Cuatro congresistas han presentado en febrero proyectos de ley para derogar el Decreto Legislativo N° 1607 que modifica la Ley Contra el Crimen Organizado N° 30077 ante las protestas de la Confemin. Si los mineros informales no se inscriben hasta el 20 de marzo ante el Reinfo y siguen operando, se convertirán en mineros ilegales ante la ley y, por ende, serán investigados por el delito de crimen organizado.

Sin embargo, dichas iniciativas legislativas facilitan las condiciones para el avance y la consolidación de la minería ilegal. Por ahora se encuentran en comisión.

En el foro que organizó la Red Muqui el mes pasado, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Ruth Luque, consideró que el Reinfo ha terminado siendo una exoneración penal para quienes deciden seguir el camino de la informalidad, debido a que una vez tramitan el Reinfo, las fiscalías especializadas no pueden realizar acciones de vigilancia, control y fiscalización.

Por tanto, el pedido de los mineros agrupados en la Confemin tampoco brinda una solución a este problema, puesto que piden seguir operando hasta diciembre de este año aún sin haber cumplido con tener la documentación en regla para ello. Es decir, en algún punto la informalidad y la ilegalidad coinciden y conviven.

¿Qué hacer?

Existe una necesidad urgente de implementar políticas públicas de ordenamiento territorial y estrategias integrales que incluya los componentes ambiental, económico, político, social y cultural en el abordaje. Si deseas tener más información, puedes leer la entrevista completa realizada al secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, dando clic AQUÍ.

Foto: Intercambio.pe

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Multitudinaria marcha en Jaén – Cajamarca en rechazo de la minería ilegal y legal que ponen en riesgo cabeceras de cuenca y formas de vida

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Una multitudinaria movilización se realizó esta mañana en Jaén – Cajamarca en respaldo a las rondas campesinas de Colasay que defienden el medio ambiente frente a las actividades mineras. Esta respuesta colectiva ocurre a semanas de registrarse el ataque sistemático de mineros ilegales a la Nación Wampis, Amazonas, y de la reaparición de bandas criminales en Huamachuco, La Libertad.

Impactos de las concesiones mineras

En Colasay, ubicado en la provincia de Jaén, Cajamarca, se han otorgado seis concesiones mineras, cinco a la empresa Barrick y una a la empresa Fresnillo Perú, las cuales se encuentran ubicadas en las cabeceras de cuenca y ocupan más de 5 mil hectáreas (área de influencia directa). En este mismo lugar están asentados más de 20 caseríos que temen ser desplazados de su propio territorio.

Según el asesor legal de las rondas campesinas del distrito, Josué Núñez Barboza, las concesiones mineras fueron otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a través del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) en 2022 a Barrick y al año siguiente a Fresnillo Perú. “La población se enteró de la autorización cuando llegaron personas de la mina al distrito”. agregó.

Foto: Mujeres también lideran la lucha por el agua y medio ambiente.

Consulta previa

El artículo 1 de la Ley de Rondas Campesinas Nº 27908 indica que “los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca”.

Desde la óptica del abogado, “si bien las rondas campesinas no son pueblos indígenas, gozan de los mismos derechos de los pueblos indígenas”. Uno de ellos es el derecho a ser consultados previamente en medidas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. Por ello, el derecho a la consulta previa también lo es para las rondas campesinas de Colasay que enfrentan la imposición de proyectos mineros.

Sin embargo, ambas empresas mineras tendrían que iniciar la etapa de exploración (principalmente) de oro, una vez tengan la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental, situación que aparentemente no ha ocurrido hasta el momento.

Foto: La consigna es agua Sí, mina No.

Resistencia colectiva

Estos proyectos ponen en riesgo las dinámicas sociales, culturales, económicas y ambientales preexistentes.

El presidente de las rondas campesinas del distrito, Omar Asenjo Lozano, advirtió de los impactos que pueden generarse y por los cuales la defensa del medio ambiente es contundente. “La destrucción de bosques, el agua, la ganadería, agricultura, y flora y fauna. Colasay es una de las cordilleras que tiene el árbol de la quina, patrimonio del Perú. Hay un ave que está en peligro de extinción, nosotros lo llamamos ‘tucán’”, explicó Asenjo.

A diferencia del oro, el valor de los recursos naturales es inmensurable: los colchones acuíferos y quebradas afluentes de los ríos Huayllabamba, Chamaya, Marañón; los cultivos de café, maíz, papa, menestras; las extensiones de pasto y miles de cabeza de ganado fuente de alimento e ingresos económicos.

Foto: Eligen la protección de las cabeceras de cuenca, la ganadería, agricultura y el territorio comunal en lugar de la minería.

En otras provincias de Cajamarca también se encuentran proyectos de exploración: La Zanja, Shahuindo. Yanacocha y Colpayoc. En regiones como Amazonas (Chachapoyas, Bagua, Condorcanqui), Piura (Ayabaca y Huancabamba, Tambogrande) y provincias de Cajamarca (Cutervo, San Ignacio, Chota) luchan contra la mismo, igual las Naciones Awajún y Wampis.

Foto: Representantes de pueblos indígenas en la movilización.

Por tanto, a la masiva marcha en Jaén también se sumaron diferentes federaciones de rondas campesinas, organizaciones sociales, pueblo Awajún, colectivos, población local de dichas regiones y otros lugares, y algunas autoridades del gobierno local para exigir al Gobierno respetar las decisiones de las comunidades de no permitir el ingreso de la minería así sea legal o ilegal. El Vicariato de Jaén, la Diócesis de Chachapoyas, la Diócesis de Chulucanas, la Comisión Episcopal de Acción Social, la Red Muqui y REDAD de Piura apoyaron y participaron en esta acción pública.

Foto: Monseñor Alfredo Vizcarra, obispo del Vicariato Apostólico de Jaén dirigiéndose al público.

El obispo del Vicariato Apostólico de Jaén, monseñor Alfredo Vizcarra, también se pronunció sobre el proyecto minero Río Blanco que amenaza los páramos, bosques de neblina y los modos de vida de la población de Huancabamba y Ayabaca, Piura, puesto que se debe respetar la voluntad de los pueblos a decidir el desarrollo que prefieren en su territorio, mas no imponerles actividades extractivas.

Minería ilegal

Pero la consigna de lucha no es únicamente contra la minería grande, sino contra la mediana, artesanal e ilegal. El 18 del corriente, mediante un comunicado, el Vicariato de Jaén manifestó su preocupación por el ataque sistemático que viene sufriendo la Nación Wampis a manos de mineros ilegales, así también solicitó a las autoridades realizar acciones para garantizar la paz social, el respeto de los DD.HH. y cuidado del territorio.

La minería ilegal se ha extendido al distrito de Chontalí, vecino de Colasay. Las rondas campesinas realizaron a fines de enero una movilización para manifestarse frente a esta problemática social que amerita acciones urgentes y oportunas por parte del Gobierno.

Mientras tanto, el titular del Minem, Rómulo Mucho, ha evidenciado su interés en reproducir la puerta giratoria entre el sector público y la empresa privada, antes que atender una demanda legítima de la sociedad civil organizada.

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Bandas criminales ligadas a la minería ilegal reaparecen con fuerza en Huamachuco – La Libertad

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El distrito de Huamachuco, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad, se ha convertido en un nuevo territorio de operación de las bandas criminales ligadas a la minería ilegal que actúan cada vez con mayor violencia.

Así lo evidencian los últimos hechos registrados en este año. En enero dos empleados de la Gerencia Regional de Minería e Hidrocarburos de La Libertad (GREMH) fueron secuestrados y agredidos por sujetos armados cuando realizaban labores de inspección en el caserío Coigobamba, en las faldas del Cerro El Toro.

En esta misma zona, en el bosque Polo, el 16 de febrero, una turba atacó a una magistrada de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Trujillo. Similar al primer hecho mencionado, el objetivo fue frustrar las diligencias de las actividades auríferas ilegales en la jurisdicción.

A inicios de febrero, además, se reportó el fallecimiento de una persona a causa del derrumbe de un socavón por la explosión de una carga de dinamita en Coigobamba. Cabe resaltar que desde hace años se limita la entrada a dicha zona por medio de amenazas y agresiones, y cuya violencia va en aumento.

Los últimos sucesos descritos son una prueba de que las acciones ejecutadas por el Ejecutivo son insuficientes para combatir la minería ilegal, que ha tomado por asalto tanto a las autoridades públicas como a las propias comunidades, quienes no solo deben luchar contra el modelo extractivista minero, sino contra la vulneración de sus derechos territoriales y ambientales que proviene también de esta actividad. En Huamachuco opera la minería grande, mediana, artesanal e ilegal, por lo que el territorio prácticamente se encuentra en disputa.

La directora de la institución Proyecto Amigo, Nury García, advirtió que la presencia de la minería ilegal se está extendiendo en otros caseríos y comunidades, además, de otras zonas aledañas, como en Quiruvilca y Cajabamba. “Se trata de una actividad que corrompe y suele encubrir el lavado de activos, y cuya protección se basa en bandas delincuenciales, cuyas desastrosas consecuencias se ven en Pataz. Estas bandas criminales no solo provendrían Trujillo sino también de afuera, como el Tren de Aragua, por ello, la población está muy preocupada», declaró.

Frente a esta situación, García explicó que es necesario una reacción inmediata de las autoridades, en el marco de un plan integral de intervención conjunta, entre el gobierno nacional, regional y local. “En Huamachuco aún estamos a tiempo para erradicar la minería ilegal y que el gobierno entienda que el proceso de formalización de la minería artesanal, tal como se está dando, termina por socavar estos intentos. Este plan debe ir de la mano con un fuerte componente de prevención y de garantizar realmente el derecho de vivir en un territorio sano, social y eco ambientalmente. Teniendo en cuenta la experiencia de Pataz, es factible la intervención en Huamachuco, pues la presencia de la minería ilegal está focalizada y en las zonas donde se expande la misma población la confronta. Sin embargo, el riesgo es cada vez mayor”, finalizó.

Por su parte, el Ejecutivo considera como una solución el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que se ha convertido en un mecanismo de impunidad para disfrazar la actividad de mineros ilegales e informales. En Pataz, La Libertad, el proceso de formalización podría tardar hasta 42 años según cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas, una muestra de que hace falta proponer otras medidas oportunas y eficaces.

Foto: Regional.pe

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Red Muqui dialoga sobre las alternativas frente al avance de la minería ilegal

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La lucha contra la minería ilegal e informal en el país amerita realizar acciones concretas y medidas urgentes ante las débiles propuestas del Congreso y Ejecutivo, por lo cual la Red Muqui organizó el conversatorio titulado Situación de la minería ilegal e informal: ¿Existen alternativas de solución?.

La congresista y presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Ruth Luque; el abogado especializado en temas ambientales César Ipenza, así como la socióloga y educadora popular Nury García analizaron y plantearon alternativas en el abordaje de esta problemática social.

La parlamentaria Ruth Luque consideró que esta actividad se ha convertido en una especie de desarrollo económico en lugares donde se han generado cadenas económicas locales, situación que demuestra que enfrentamos “una realidad compleja frente a una debilidad institucional”. A su vez, precisó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tampoco ha sido una solución a la problemática. A la fecha solo 11 mil personas se encuentran formalizadas cuando se estima que hay 80 mil dedicadas a este sector.

¿Funciona el Reinfo?

De hecho, el Reinfo, según la congresista, ha terminado siendo una exoneración penal para quienes deciden seguir el camino de la informalidad, aunque precisó que existe una línea delgada entre la informalidad y la ilegalidad, concatenadas con la vulneración de los derechos humanos como la trata de personas, explotación laboral, incluso, trabajo infantil. “En una reunión de trabajo que tuvimos desde la comisión de pueblos, el coordinador de las fiscalías de crimen organizado dijo: nosotros no podemos perseguir penalmente a los pequeños mineros porque en tanto inician su trámite en el Reinfo, no podemos concretar la persecución penal. Entonces, es casi una actividad que en la práctica se desarrolla con una institucionalidad que legaliza, pero que no sanciona y nadie responde absolutamente nada”, explicó.

En ese sentido, Luque se pronunció sobre la solicitud hecha por los pequeños productores mineros de derogar el Decreto Legislativo N° 1607, el cual modifica la Ley Contra el Crimen Organizado N° 30077. “En el fondo (los pequeños mineros) plantean que sigan desarrollando la actividad y que no se les exija el uso de autorización, por ejemplo, el uso de explosivos. Una persona para ser inscrita en el Reinfo necesita la autorización del uso de explosivos, del uso de suelos. Algunos no tienen licencia de esa naturaleza y no quieren tener licencia del uso de explosivos”, dijo.

¿Cuál es la salida?

La legisladora expuso que el Reinfo sigue siendo una alternativa, pero que no es la única. De igual manera, refirió que es urgente diversificar la economía en los territorios y que el Estado debe responder integralmente. Así también informó que, actualmente, hay 17 iniciativas legislativas sobre el tema que van desde la eliminación del mercurio, ajustes al Código Penal, hasta un nuevo modelo de la pequeña minería. De este paquete de propuestas legislativas, cuatro se encuentran en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Por su parte, el abogado César Ipenza señaló que mineros ilegales están haciendo incidencia en el Congreso para que se abra nuevamente el Reinfo, transformándolo en un mecanismo de impunidad para disfrazar mineros ilegales e informales. “La Fiscalía no va a poder procesar porque tienen (los mineros) esa excepción de responsabilidad penal (una vez tramitan su Reinfo)”, indicó el abogado.

Con respecto a que no ha funcionado el proceso de formalización, el especialista expresó que “si partimos (de la idea) de que esas 80 mil personas del sector van a llegar a formalizarse, es falso. El Estado deberá dar otras opciones para que la gente, que no puede estar en un proceso de formalización, pueda tener otras opciones para desarrollar actividades complementarias, servicios, entre otras”.

Impunidad

Ipenza añadió que la impunidad también es otro factor que impide la formalización. “Camiones desde Piura, desde la Libertad van hacia Nazca, Chala a procesar mineral. Y yo digo: esa actividad no es pequeña (minería) ni artesanal, para mí es mediana y gran minería que se aprovecha de los beneficios de estar en un régimen particular y en la práctica está movilizando cantidades millonarias de dinero que no se tributa adecuadamente”, argumentó.

Además, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) es otro actor que tampoco actúa oportunamente. “A fines de año, entre noviembre y diciembre, el Minem transfiere recursos a los gobiernos regionales para la formalización. Si ya termina el año, para qué le transfiere recursos recién ahora y más la incapacidad existente, obviamente está destinado al fracaso”, indicó. No obstante, el abogado cree que el número de 11 mil mineros formalizados es una prueba de que la formalización es viable.

Por tal razón, César Ipenza consideró que flexibilizar el marco normativo está originando que cada vez haya situaciones más peligrosas y criminales, por tanto, no deben plantearse nuevas modificaciones. «Oficialmente Perú produce 120 mil toneladas de oro, pero exporta 170 mil, porque el Reinfo funciona como método para blanquear ese oro obtenido de forma ilegal», reveló.

¿Qué piensan las comunidades?

La socióloga y educadora popular Nury García expuso que el territorio está ordenado en una complicidad entre la empresa, Estado y militarización para imponer cierto modelo de desarrollo extractivista a costa del despojo y expropiación del campo. “Es decir, se crean adrede una serie de condiciones para que la mano de obra sea barata, para que cuando llega una gran minera sea la alternativa del desarrollo porque te da trabajo. Y la MAPE (Minería Artesanal y a Pequeña Escala) está dando empleo, entre 500 mil formalizados y 400 mil ilegales, según el Instituto Minero Peruano. Son cerca de un millón de personas que están dando empleo a otras. Entonces, frente a estas condiciones donde se ha creado pobreza y necesidad: ¿uno escoge hacer esa actividad o estás en la necesidad de hacerlo?”, se preguntó.

De igual manera, destacó la experiencia de la Nación Wampis que rechazó rotundamente la minería ilegal mediante un pronunciamiento. “Ellos consideran que (la minería) sea legal, ilegal o informal es ilegal porque todas están destruyendo el territorio”, expuso. Además, dijo que entre las alternativas de solución a la minería figuran respetar el derecho a la consulta previa antes del otorgamiento de la concesión minera. “En Huamachuco estamos acompañando a la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado donde casi 100 por ciento de su territorio está concesionado sin ser consultada”, finalizó García.

Si deseas ver la transmisión completa del conversatorio de la Red Muqui, puedes ingresar al siguiente enlace: https://www.facebook.com/redmuqui/videos/7109305582439860/

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¿Qué hay detrás de la movilización realizada por pequeños mineros y mineras artesanales?

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A raíz de la movilización realizada por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) en Lima, el lunes último, la problemática de la pequeña minería, minería artesanal, informal e ilegal ha vuelto a aparecer en la agenda pública y mediática del país sin un adecuado análisis de fondo.

La expansión de la minería informal e ilegal en los territorios, donde bandas delictivas actúan con impunidad, vulnera los derechos de las personas, del medio ambiente y pone en peligro la vida de la población y de las comunidades. Lo que revela la necesidad urgente de implementar políticas públicas de ordenamiento territorial y estrategias integrales que incluya los componentes ambiental, económico, político, social y cultural en el abordaje. Un ejemplo de la violencia a la que están expuestas sus habitantes es el asesinato de nueve trabajadores de la mina Poderosa en la provincia de Pataz, región La Libertad, registrado en diciembre de 2023. La minería ilegal e informal, de acuerdo a estimaciones de CooperAcción, ocupa alrededor de 25 millones de hectáreas a nivel nacional y emplea a aproximadamente 400 mil trabajadores.

Sin embargo, ciertas bancadas (Avanza País, Perú Bicentenario y Acción Popular) han presentado al Congreso de la República una serie de proyectos de ley acumulados en los N°s 2172, 2519, 3621 y 5171, que -en lugar de ordenar un proceso de formalización con plazos firmes establecidos a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)- facilitan las condiciones para el avance y la consolidación de la minería ilegal.

Asimismo, el año pasado, el Consejo de Ministros del régimen de Dina Boluarte aprobó el Decreto Legislativo N° 1607 que modifica la Ley Contra el Crimen Organizado N° 30077, la que establece lo siguiente:

1. Incluye el artículo 307 A (delito de minería ilegal) como parte de los delitos que van a ser investigados como crimen organizado.
2. La disposición complementaria final especifica que los mineros informales que se encuentran suspendidos del Reinfo y no logren ser incluidos, pero sigan operando, serán sometidos a acciones de seguimiento y vigilancia por parte de la Policía Nacional.
3. Les da opción a los mineros informales para que presenten al Ministerio de Energía y Minas contratos de explotación o cesión. Así también les da alternativa a los mineros, suspendidos del Reinfo, tramitar este documento en un plazo de 90 días.

Estas modificaciones del decreto generaron la multitudinaria marcha del lunes 22 convocada por las bases y delegaciones de la Confemin cuyos voceros solicitaron la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1607, la ampliación del Reinfo hasta diciembre de este año, entre otros puntos.

Red Muqui y su grupo de trabajo sobre Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE) han advertido acerca de esta problemática que amerita propuestas concretas, sostenibles, participativas y normativas en un contexto de alta conflictividad socioambiental ligada a las actividades extractivas mineras. Conversamos con el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, quien analizó el tema y los retos que enfrentamos al respecto.

1. ¿Cómo cree que ha sido el proceso de formalización integral para los pequeños productores mineros y mineros artesanales?

En principio, creo que es innegable que la problemática de la minería informal e ilegal está más presente que nunca en nuestro país. Esta semana hemos tenido una masiva movilización de mineros artesanales pidiendo que no se cierre el Reinfo y el proceso de formalización. El problema es que el Reinfo se ha ido ampliando en reiteradas oportunidades y muchas de las empresas no han cumplido totalmente con presentar todos los requisitos para su formalización y, en algunos casos, estas empresas son una especie de fachada. Por un lado, dicen que están en el Reinfo y, por otro lado, operan de forma ilegal en zonas donde está prohibido realizar esta actividad. Entonces, si realmente queremos avanzar en un proceso integral de formalización, se debe hacer un balance general y abordar la problemática desde diferentes niveles (nacional, regional y local), eso implica tener un registro actualizado de los mineros formales y velar por una adecuada gestión de capacidades económicas y de seguimiento técnico de los gobiernos regionales para los mineros que presenten todos los requisitos ambientales y sociales para su formalización.

2. ¿Cuáles son los riesgos de seguir prorrogando el Reinfo y no tener formalizados a los mineros?

Mientras no se cierre el Reinfo, que es uno de los tantos problemas que tiene este sector, no se podrá saber cuántos son y dónde están los mineros ilegales para distinguir quiénes están realmente en proceso de formalización y quiénes son los que hacen la actividad ilegal. Con esa distinción se pueden plantear las siguientes acciones integrales para el abordaje de esta problemática. Además la prórroga del Reinfo, permite muchas veces que los mineros ilegales cuenten con una fachada de estar en vías de formalización para seguir operando mientras que las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental se encuentran atadas a iniciar un proceso penal sobre el delito de minería ilegal (307-A del Código Penal) por las constantes prórrogas del Reinfo.

3. ¿Qué propuestas o alternativas a la minería artesanal se podría proponer en los territorios?

Mientras el precio de los minerales siga alto en el mercado internacional, esta actividad seguirá en crecimiento, sobre todo la minería ilegal de oro. Muchos de los territorios donde se han asentado estas empresas sí tienen actividades económicas propias y alternativas como la agricultura familiar, turismo comunitario, productos locales propios, entre otras actividades, pero lamentablemente no cuentan con el apoyo de las autoridades locales y regionales. Si continúa creciendo la minería ilegal se van a seguir depredando y contaminando los territorios andinos y amazónicos, y va crecer aún más el nivel de violencia y delitos conexos con las que operan. Por eso el abordaje que debe tener el Estado sobre esta problemática debe ser integral.

4. ¿Qué implica o cómo se traduce un abordaje integral por parte del Estado peruano?

Como lo hemos señalado, el problema es complejo y su abordaje integral implica una mirada intersectorial de todos los estamentos del Estado, ya sea en el mediano y largo plazo, algo que lamentablemente no están haciendo desde el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Por ello, hacemos un llamado a los sectores para que puedan trabajar articuladamente con las Direcciones Regionales de Energía y Minas de los GORE para que se pueda viabilizar una estrategia adecuada y con pertinencia cultural, que tenga consentimiento libre e informado de las comunidades donde ejerzan su operación minera.

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Perú cerrará el 2023 con el pico más alto en conflictividad social de los últimos 7 años

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El país no solo atraviesa una larga crisis institucional, democrática y de derechos humanos, sino también en cuanto a la conflictividad social que, este 2023, alcanzó el pico más alto de los últimos siete años. Así lo revela el 33° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) presentado la semana pasada por las instituciones CooperAcción, Grufides y Fedepaz.

Los casos superan los 220, en su mayoría (más del 60%) responden a la categoría de socioambiental. El 67% de los cuales están vinculados con la minería. Esta cifra muestra una constante que ya dura casi dos décadas.

“El incremento de los conflictos va de la mano del aumento de las acciones de protesta colectiva que pasaron de 232 en agosto a 410 en octubre. Al revisarlo por macrorregión, se aprecia que el 42% de los conflictos se encuentran en el norte, 34% en el sur y 20% en el centro. Son cifras de la Defensoría (del Pueblo) que desbaratan el argumento gubernamental de que ya se pacificó los conflictos”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcción.

En los últimos meses, algunos conflictos pasaron de latentes a activos. Entre estos, Chumbivilcas y Cotabambas en el corredor surandino, Huanta por las empresas que operan en las cabeceras de cuenca de las lagunas de Razuhuillca en Ayacucho y el peligroso avance de la minería ilegal e informal en Pataz (La Libertad).

Además, el informe del OCM advierte sobre el incremento de la minería informal e ilegal en zonas de frontera. Hay indicios de actividades ilegales como la minería y el narcotráfico que no solo se diversifican, sino que se complementan entre sí. La minería ilegal e informal, de acuerdo a estimaciones de CooperAcción, ocupa alrededor de 25 millones de hectáreas a nivel nacional y emplea a aproximadamente 400 mil trabajadores.

Este reporte también analiza la propuesta del Ejecutivo de destrabar proyectos mineros, que va de la mano del discurso y presiones del empresariado por lograr la reducción de los estándares ambientales y sociales. De igual manera, el documento aborda otros puntos, entre ellos la preocupación por la seguridad hídrica, expone casos emblemáticos de los conflictos sociales en las regiones y el inminente peligro de déficit hídrico.

¿Qué ocurre en el interior del país?

Sobre la conflictividad minera, el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, expresó que, si bien la atención mediática se ha centrado en la crisis política y social, los conflictos ecoterritoriales en zonas mineras se han mantenido como una constante.

“Los reclamos en los territorios han sido más fuertes, pero invisibilizados por el gobierno y los medios (de comunicación). Particularmente, los conflictos se han agudizado en la minería informal e ilegal, llegando a picos de violencia incontrolables para los gobiernos regionales y el nacional”, culminó.

Tampoco las tendencias sociales y políticas para el próximo año son alentadoras, por lo que la conflictividad asociada a la minería seguiría en aumento.

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Sangriento crimen en mina la Poderosa (Pataz) alerta sobre los costos sociales y la violencia que genera la expansión minera sin control

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Conmoción ha generado el asesinato de diez trabajadores y vigilantes de la mina de oro Poderosa, ubicada en la provincia de Pataz, región La Libertad, a manos de presuntos mineros ilegales e integrantes de organizaciones criminales activos en la zona. Según el Ministerio del Interior y la Prefectura de Pataz, los atacantes, que ingresaron el sábado en la madrugada al interior de las instalaciones, habrían arrojado explosivos contra empleados de seguridad y dejaron como saldo al menos otros 15 trabajadores heridos.

El diario La República informa que el trasfondo de esta matanza es la disputa entre diversas bandas criminales en asociación con mineros ilegales, que al menos desde hace cinco años se han hecho fuertes en el distrito e intentan tomar el control de estos altamente rentables yacimientos de oro.

Desde entonces, las operaciones de la Poderosa y de los mineros artesanales formales en el distrito de Pataz son afectadas permanentemente por estas bandas criminales que invaden con violencia extrema las labores extractivas.

La empresa Poderosa ya había denunciado a mediados de este año el asesinato de otros siete trabajadores y denunció en un comunicado que “Estos trágicos sucesos no se dan de manera aislada, sino que responden a un espiral de deterioro de las condiciones de seguridad en la zona, consecuencia del crecimiento exponencial de la minería ilegal, ahora coludida con la criminalidad organizada, que operan con absoluta impunidad, amparada en el manto de protección que le otorga el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO)”.

Por su parte, el Ministerio del Interior señaló que envió efectivos policiales de las fuerzas especiales para intensificar las operaciones en Pataz con el personal PNP de la región y capturar a los responsables de esta matanza.

La presidenta de facto Dina Boluarte reaccionó con la lamentable expresión que como consecuencia de este hecho se debía acelerar la formalización de la minería ilegal, cuando la legislación presente busca formalizar aquella actividad ejercida por actores artesanales e informales, que, sin embargo, no forman parte del circuito ilegal de la minería. Está demás decir que la problemática de la minería ilegal e informal en el Perú es cada vez más violenta y compleja y que ha empezado a expandirse en territorios donde antes no existía esta actividad, debido al alto precio de los minerales como el cobre, el oro y la plata. Lamentablemente, el Estado peruano no tiene ningún plan integral o una línea clara de abordaje para esta problemática en el país.

De otro lado, los gremios mineros han aprovechado este sangriento suceso para exigir mano dura al Ejecutivo y lamentar el perjuicio que generan estas noticias para potenciales inversiones de capital en futuros proyectos extractivos.

Desde Red Muqui expresamos nuestra solidaridad y condolencias con las víctimas y sus familiares y exigimos, tanto del gobierno como del Legislativo, reforzar las alternativas económicas que hay en el país y el potencial agrícola, ganadero y de turismo sustentable para reducir la expansión minera, además de revisar los mecanismos de formalización de actividades extractivas en el Perú, como el REINFO y cuyos resultados tras más de veinte años de implementados no resultan eficaces ni alentadores.

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Alerta en Madre de Dios por el retorno de la minería ilegal en La Pampa

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De acuerdo con los alarmantes datos de Monitoring of the Andean Amazon Project – MAAP, la minería aurífera ilegal ha retornado en zonas degradadas de La Pampa. Este lugar se ubica dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, Madre de Dios. Allí se ha incrementado en más del 400 % las infraestructuras mineras respecto al 2021, luego de la denominada “Operación Mercurio” (2019), cuyos resultados se vieron frustrados debido a la pandemia que imposibilitó trabajos de campo y seguimiento a la actividad minera en pozas residuales. Así, en 2021, se identificaron 148 dragas remanentes en espacios degradados, mientras que, en el 2023, se han encontrado 598. Este hallazgo demuestra el retorno peligroso de la minería ilegal en la zona de La Pampa.

Por otro lado, es importante recordar que uno de los principales impactos que deja la minería ilegal, además de áreas deforestadas, es la generación de pozas residuales donde se concentran sedimentos removidos del suelo y elementos contaminantes utilizados durante la extracción del oro. En ese sentido, se aprecia que, en el año 2021, la gran mayoría de pozas se encontraban inactivas; sin embargo, en el año 2023, la mayoría de estas pasaron a ser pozas activas, incrementándose en un 320 % en tan solo dos años.

Desde Red Muqui, condenamos rotundamente la minería ilegal que, además de generar un impacto negativo sobre el ambiente, conlleva la violación de derechos humanos conexos, vulnera aún más los ecosistemas frágiles y refuerza el despojo y destrucción de los territorios, con grave daño a la vida de las comunidades y población en general.

Fuente: Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica

Crédito de la foto principal: El Comercio

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Red Muqui presenta observaciones al Proyecto de Ley N° 3634, Ley de Minería Artesanal y a Pequeña Escala ante el Congreso

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El Proyecto de Ley N° 3634, Ley de Minería Artesanal y a Pequeña Escala, presentado por Jorge Luis Flores Ancachi del partido Acción Popular, actualmente se encuentra en la Comisión de Energía y Minas. El contenido de la propuesta legislativa demuestra claras intenciones de fomento y promoción de la minería artesanal y a pequeña escala, lo cual implicaría un grave riesgo por la falta de mecanismos de ordenamiento territorial y Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Muestra de ello son los territorios de los pueblos indígenas u originarios que se ven gravemente afectados por el avance de las actividades ilegales e informales, tal como la minería ilegal, que representa un movimiento de más de 1 millón de onzas de oro al año, sin identificación de la trazabilidad de esta. Y sin mencionar los graves daños ambientales que viene generando esta actividad en los territorios andinos y amazónicos.

Se evidencia que, desde el 2002, se ha prorrogado múltiples veces el proceso de formalización minera integral, cuya acción solo ha desatado argucias legales para enmascarar la minería ilegal a través de la informalidad, inscribiéndose en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). De esta manera, los mineros -en vías de formalización- aún tendrían plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para presentar sus instrumentos ambientales y permisos requeridos para la extracción de minerales. Por lo tanto, desde Red Muqui consideramos que las operaciones mineras, cual sea su magnitud, no deberán colisionar con los derechos humanos, el medio ambiente y el consentimiento de las comunidades campesinas y nativas bajo ninguna condición.

En ese sentido, desde el Grupo de Trabajo sobre Minería Artesanal y a Pequeña Escala de la Red Muqui (Grupo MAPE) se presentaron observaciones legales a la comisión dictaminadora, con el objetivo de cuestionar y aportar recomendaciones al proyecto de ley, así como solicitar su archivo inmediato debido al incentivo de la minería ilegal que generaría su eventual aprobación.

Para leer las observaciones legales, aquí.


Crédito de la foto: Tiempo minero

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