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El día de ayer, martes 12 de mayo, el congresista del Frente Amplio, Lenin Bazán, publicó en sus redes que habían más de 41 trabajadores con COVID-19 perteneciente al consorcio minero Horizonte que opera en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, región La Libertad.

El 11 de mayo la Federación de Trabajadores Mineros colgó un video en el que se ve claramente como una ambulancia está trasladando a un trabajador minero, frente a la preocupación de los demás trabajadores que se encontraban en la explanada de las instalaciones de la empresa y exigían al personal de salud que abran las puertas de la ambulancia para ver a quiénes se estaban llevando.

Minera Horizonte confirma “casos” de COVID-19 pero no precisa cantidad específica

Frente a estas denuncias, y la de medios periodistas locales que también alertaban de la situación desde el 11 de mayo; la empresa minera ha emitido un comunicado el día de hoy, miércoles 13 de mayo, en que confirma que se han encontrado “algunos casos, los cuales están localizados en trabajadores del área de Protección Interna y en personas que tuvieron contacto con ellos”.

La empresa minera agrega que, además de que han cumplido “rigurosamente con los protocolos del Ministerio de Salud, también han informado de estos casos a las autoridades competentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Salud de Pataz

Desde la Red Muqui nos comunicamos con la directora de la Red de Salud de Pataz, provincia del distrito de Parcoy, Ana Huaccha, quién nos confirmó que oficialmente hay 40 casos entre trabajadores mineros y personal de salud. Precisando que dicha información estaría subiéndose al registro del Sistema Integrado para COVID-19 (Siscovid).

Sin embargo, la directora no nos precisó cuál es la cantidad específica de trabajadores mineros contagiados dentro de esos 40 casos, porque su equipo continúa realizando labores en la zona de Parcoy junto al centro médico de la empresa minera. Señaló que se podrían reportar más casos y habría que esperar  la información oficial que se suba al Siscovid y al pronunciamiento de la Dirección Regional de Salud de La Libertad.

Asimismo, agregó que emitirán un comunicado desde la Red de Salud de Pataz llamando a la tranquilidad de la población frente a la alerta de que ya habrían 111 casos de COVID-19 entre los trabajadores mineros, precisando que están verificando la realización de la toma de pruebas de descarte que está realizando el centro médico de la empresa minera.

Al respecto, la empresa minera señaló en su comunicado que están realizando las pruebas de coronavirus a los trabajadores que han estado en contacto o compartiendo los mismos ambientes que los trabajadores diagnosticados, pero no tienen la cantidad de pruebas suficientes para realizar las pruebas a todos sus trabajadores.

En el video subido el 11 de mayo por la Federación de Trabajadores Mineros, también se aprecia que un representante de la empresa minera se dirige a los trabajadores señalando que ha pedido un lote de medicamentos para tratar el COVID-19 y que entiende la preocupación de los trabajadores al pensar que el centro médico está infectado, pero precisa que eso no es cierto, que solamente no tienen insumos.

Congresista Lenin Bazán realiza acciones

En contacto con el congresista Lenin Bazán,  señaló que 3 trabajadores se encuentran en estado de gravedad y tenían que ser derivados al hospital de Trujillo desde hace días, así como la urgencia que desde el Ministerio de Salud se apoye en el abastecimiento de pruebas rápidas y moleculares para la Red de Salud de Pataz, que actualmente no tiene la cantidad necesaria de pruebas de descarte.

El congresista agregó que los trabajadores con COVID-19 habrían sido contagiados por el personal de seguridad de la empresa que está compuesto por policías de comisarías provenientes de Chiclayo y Trujillo, quiénes habrían traído el el virus, al haberse reportado días antes que la comisaría de Poroto de Trujillo fue cerrada por presentar casos de COVID-19, así como la comisaría del caserío de Retama, que pertenece al distrito de Parcoy, que también fue cerrada. La empresa minera tiene convenio con la PNP para que realicen funciones de seguridad privada para sus campamentos mineros.

El congresista añadió que ha remitido oficios al Ministerio del Interior para tener respuesta frente a esta situación; al Ministerio de Trabajo, para que fiscalicen las labores de la empresa minera y la situación en la que se encuentran los trabajadores, y al Ministerio de Salud para que se atienda esta situación de emergencia, además de la comunicación directa que estableció con el ministro de Salud, Victor Zamora, quien le refirió que tomaría cartas en el asunto.

Las condiciones en las que están conviviendo los cerca de 800 trabajadores mineros es lamentable. Ver video.

Desde la Red Muqui nos ratificamos en que no puede haber una reactivación económica en el sector minero si es que antes no se tienen protocolos adecuados, centros médicos abastecidos, fiscalización laboral estricta y otros elementos más que se pueden ver en nuestro documento de observaciones al protocolo sanitario para el sector minero.

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el último abril el documento “COVID-19 ESTRATEGY UPDATE”, que establece una serie de pautas para que los diferentes países puedan desarrollar su estrategia control del COVID-19 señalando que sin una planificación cuidadosa y en ausencia de recursos para aumentar las capacidades de salud pública y atención clínica,  un prematuro levantamiento de las medidas de distanciamiento físico generaría que conlleve a un resurgimiento incontrolado en la transmisión COVID-19 y una segunda ola amplificada de casos. En el Perú, la reactivación económica se encuentra en marcha con mucha celeridad desde el mes de mayo, a pesar que el país no cumple con los criterios elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para avanzar a una etapa de des confinamiento progresivo:

  • Que la transmisión esté controlada.
  • Que el sistema de salud tenga la capacidad de detectar, testear, aislar y tratar cada caso y rastrear contacto.
  • Que los riesgos de brote se hayan minimizado en ubicaciones especiales, como centros de salud y residencias de personas mayores.
  • Que haya medidas preventivas en los lugares de trabajo, las escuelas u otros lugares esenciales a los que la población tenga que ir.
  • Que los riesgos de casos importados se puedan manejar.
  • Que las comunidades estén formadas, comprometidas y capacitadas con las nuevas medidas.

Reactivación Económica

El Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que establece la reanudación de actividades económicas FASE 1 prioriza al sector minero para esta reanudación a pesar que en diversas unidades mineras del país se vienen desarrollando brotes de COVID-1, poniendo en riesgo a comunidades y trabajadores. Ahora el Ministerio de Energía y Minas ha emitido la Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM que desarrolla el protocolo sanitario para el sector Energía y Minas. A partir de este protocolo, las empresas mineras elaborarán sus “Planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19”.

Observaciones al Protocolo Sanitario

Desde Red Muqui hemos elaborado el documento: “Observaciones al Protocolo Sanitario para COVID-19 en el Sector Minero”, en que planteamos que:  No se señala claramente que las instancias del MINSA tendrán que aprobar estos planes, así como las potestades que se le otorgan a las empresas para consignar información en la Red Nacional Epidemiológica sin que esa información sea procesada previamente por las autoridades de salud regionales o locales; el protocolo tampoco establece medidas de prevención específicas para los Pueblos Indígenas y comunidades; y no se establece estándares adecuados para la garantía del derecho al acceso a la salud y la responsabilidad de las empresas.

Estado debe proteger derechos

En tiempos excepcionales de pandemia global por COVID-19 donde se muestra la fragilidad del sistema estatal para la protección de derechos humanos, específicamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); por ningún motivo el mandato de reactivación económica puede constituirse en mayor desmedro de los derechos a la salud y vida de las y los trabajadores, pueblos indígenas, comunidades, y la reducción de estándares para la protección de sus derechos. Los pueblos indígenas y comunidades campesinas ya vienen sufriendo impactos acumulativos por la actividad extractiva en sus territorios y fuentes de agua y, en contexto de crisis sanitaria, económica y alimentaria como la que se vive actualmente, se encuentran expuestas a un doble impacto generado por la actividad empresarial minera.

Red Muqui elabora observaci… by prensamuqui on Scribd

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Finalmente, la semana pasada se publico la Resolución Ministerial 128-2020-MINEM que aprueba el “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y Subsector Electricidad”, y se emite en el marco de la norma que autoriza la “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva” en nuestro país. De esta forma se completan las autorizaciones y protocolos para el sector minero, que sigue teniendo varios vacíos a pesar de las observaciones que se alcanzaron desde la sociedad civil, los sindicatos de trabajadores mineros y la misma Defensoría del Pueblo.

 

Entre estas observaciones, están por ejemplo que el ente rector para la emisión de estos protocolos debe ser el MINSA y no el Ministerio de Energía y Minas, que, si bien tiene una opinión sobre el tema, no es la entidad competente. De otro lado se insiste en que la aplicación de las pruebas de descarte del virus (serológicas y moleculares) son potestativos de las empresas mineras; es decir, a voluntad de ellas, poniendo en riesgo nuevamente la salud y la vida de los trabajadores mineros y obviamente a las comunidades aledañas a los proyectos mineros. Otra de las observaciones tiene que ver con que se incluye a las empresas privadas directamente como “unidades informantes” en la Red Nacional Epidemiológica. Con esto se debilita la potestad estatal de recojo de información, tanto para la toma de medidas preventivas y de control de la propagación del COVID-19; poniendo toda decisión y manejo de información en las empresas mineras, que hasta ahora han actuado con poca transparencia y ocultando información como es el caso de Antamina, por ejemplo.

 

Es en este contexto que se viene implementando la reactivación económica en el país, como ya lo señalamos anteriormente, que solo prioriza la reactivación de las grandes empresas. Recientemente organizamos desde la Red Muqui, el día de ayer, 12 de mayo, un dialogo virtual denominado: “Reactivación económica, minería, agro y Covi-19”, y aquí se discutieron varios aspectos sobre los retos que nos plantea esta reactivación; una de ellas tiene que ver con la afectación y los impactos que implica la actividad minera en los territorios de las comunidades campesinas. Melania Canales, presidenta de ONAMIAP señalaba que: “cuando hablamos de reactivación económica hablamos solo de las grandes empresas, de los ricos, pero para nosotros, para el agro, para las comunidades lo que nos van dejar es solo más contaminación” y probablemente más contagios, sobre todo en las regiones donde hay actividades mineras.

 

Por ello, desde Red Muqui consideramos que no se puede hablar de reactivación económica si solo se prioriza o se privilegia una actividad económica como la minería. Ya es hora de que el sector agrario reciba la atención que se merece, finalmente es la actividad que viene sosteniendo la alimentación de millones de peruanos en este momento de la pandemia y del Covid-19.

 

A pesar que en nuestro país el brote del COVID-19 aún no se encuentra controlado y el sistema sanitario ya está colapsando; el 03 de mayo se emitió el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que establece la reanudación de las actividades económicas en 4 fases. Desde la FASE 1, se encuentra la actividad empresarial minera.

Desde que se dio inicio al estado de emergencia nacional y la medida sanitaria de cuarentena, la minería es una de las actividades no esenciales que no paró sus operaciones. Lo que hizo que varios de los trabajadores de diversas unidades mineras en el país se contagien de COVID-19. A la fecha se reportan más de 270 trabajadores contagiados y 1 de ellos falleció (Antamina), producto del contagio.

El sector agrario tampoco paró, pero tuvo y tiene aún muchas dificultades para poder desarrollarse, con la diferencia de que es una actividad esencial al proveernos de alimentos en nuestro país y en el mundo. A diferencia del sector empresarial minero que fue atendido desde el 1er día del estado de emergencia; el sector agrario sigue desatendido con las exigencias de los gremios agrarios y las comunidades campesinas.

Por estas razones, las comunidades, poblaciones y pueblos indígenas, a través de sus representantes, vienen señalando los riesgos a los que se encuentran expuestos por la continuidad de la actividad minera, sumando a ello los impactos acumulativos de las actividades extractivas en sus territorios y fuentes de agua; y el abandono del agro y las zonas rurales del país.

¿Qué significa la reactivación económica para las comunidades en estas circunstancias?

Desde Red Muqui organizamos la presente edición de “Diálogos Virtuales”: REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MINERÍA, AGRO Y COVID-19 en el Perú.

La transmisión en vivo será vía FACEBOOK/RED MUQUI este martes 12 desde las 5.30pm.

PROGRAMA:

PANEL 1: Reactivación económica en contexto del COVID-19: Minería y Agricultura.

-José De Échave – Economista Cooperacción
– Clímaco Cárdenas- Presidente de CONVEAGRO
– Rocío Silva Santisteban – Congresista de la República

Modera: Jaime Borda – Secretario Ejecutivo de Red Muqui

PANEL 2: Afectaciones a la salud y vida de los PPII, comunidades y trabajadores a causa de la reactivación económica minera.

– Melania Canales – Presidenta de ONAMIAP
– Oscar Mollohuanca – Ex alcalde de Espinar

– Jorge Juárez – Sec. General de la Federación de Trabajadores Mineros ( Por confirmar)

Modera: Beatriz Cortez – Área político-legal de Red Muqui

Artículo de Juan Aste Daffós / economista asesor de la Red Muqui                                                                       

Queda claro que la decisión del gobierno el día de hoy, de aplazar la cuarentena 2 semanas más, significa un retroceso de la orientación que se estaba perfilando en el gobierno presionado por los grandes poderes económicos que quieren que el país vuelva a la normalidad de una vez, como si no estuviéramos viviendo una pandemia. La decisión de levantar la cuarentena y reactivar la economía estaba basada en una decisión política de desplazar el objetivo de resguardar la salud por el de proteger a las empresas formales para que recuperen ingresos y beneficios, y puedan pagar pronto deudas al sistema bancario y financiero y tributar al mínimo; así como propiciar “tranquilidad” a la mayoría de la población del Perú dedicada a las actividades informales que vive de los ingresos que obtiene diariamente. Unos presionando desde la Confiep y otros desde su impulso individual y disperso de romper la cuarentena desde los mercados para vivir el día a día.

Cuarentena poco efectiva

Ante el fracaso de la cuarentena hasta ahora, que no da signos de que pueda revertirse en estas dos semanas al no estar acompañada de otras medidas efectivas, al no poder aplanar la curva de infectados, hospitalizados, en UCI y fallecidos; tanto debido a las limitaciones del sistema de salud pública, producto de una sistemática política de abandono como sector prioritario conjuntamente con la educación pública y la agroalimentación, pese al esfuerzo de médicos y enfermeras (os), profesores (as) y agricultores; como a la imposibilidad de llegar con bonos y canastas a la mayoría de la población de informales que viven el día a día, a las personas que se quedaron sin trabajo y sin ingresos, o con los ingresos limitados de sus pensiones y CTS; y luego a los despedidos a los que se les aplicó la suspensión perfecta de labores, a todos los cuales se les impuso el “quédese en su casa”.

En todos estos casos, la responsabilidad la ha asumido el Estado, porque se ha esperado que este consiga tener éxito en la cuarentena haciendo cumplir el “quédese en su casa” con la fuerza policial, las fuerzas armadas y el apoyo complementario de las municipalidades. Sin embargo, tanto en el sustento del gobierno (Pilar Mazzetti) como de la Confiep, la razón del fracaso en el “tercer martillazo” de la cuarentena o medidas para aplanar las curvas de infectados y muertos está en “la desobediencia de las personas para acatar la cuarentena”; es decir, en la mayoría de personas pobres que decidieron salir individualmente a buscar ingresos para alimentarse y vivir el día a día.

La estrategia de la Confiep

Así, los empresarios con sus economistas y también el gobierno; y esto es lo más grave, concluyen que al no poder aplanarse las curvas a pesar de los esfuerzos de las medidas de contención, hay “un impacto negativo sobre la actividad económica global y sobre diversos grupos sociales, con una incidencia especial en determinados sectores de la población” (véase el sexto considerando del DS080-2020-PCM de reanudación de actividades (…) e inmediatamente señala que “es necesario comenzar la recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las precauciones y medidas de protección necesarias (…)” (véase sétimo considerando del DS citado antes). A pesar de extender la cuarentena dos semanas más, el gobierno ya empezó la reactivación económica de varios sectores, como la minería que nunca paró del todo-, restaurantes vía delivery, etc.

Por ello, ahora el argumento empresarial no explícito es que, al fracasar la cuarentena y el plan de salud del gobierno al no poderse aplanar la curvas por culpa de la población desobediente (léase los informales principalmente), la reactivación de la economía ayudará al Estado a disponer de mayores ingresos fiscales, es decir, los grupos económicos de siempre, supuestamente, colaborarán con el gobierno para que se pueda mejorar la atención de la salud en un corto y mediano plazo; como si esto hubiera ocurrido antes. Cuando lo que siempre ha primado es la economía de las empresas sobre la salud y la vida de las personas. Con este argumento, a contracorriente de los demás países y la Organización Mundial de la Salud (OMS), mejor no se hubiera aplicado la cuarentena para no afectar la economía, porque igual no se hubieran podido aplanar las curvas.

El remedio era peor que la enfermedad

Lo cierto es que en momentos en que el sistema de salud está llegando rápidamente al nivel del colapso y se han incrementado los infectados y los fallecidos, trasladar en la practica la prioridad de la salud a la economía implicará impulsar los mercados y la aglomeración de la gente con las consecuencias de disparar el impacto de afectados y muertos por la Covid 19.  En estas condiciones, no solo se tendría que realizar otra cuarentena empezando de cero y de un año, sino que el PBI ya no caería 10 o 15% sino más de un 50% con las implicancias en las quiebras de empresas y pérdidas de empleo masivo, con la casi desaparición de sindicatos. Traer muchas pruebas moleculares, respiradores y camas UCI, como lo ha anunciado hoy el gobierno, ahora solo sería un paliativo que ayudaría en los lugares de mayor incidencia del covid 19, porque el mercado no ayudará a resolver el problema del incumplimiento del aislamiento social, tal como ha ocurrido hasta ahora. El remedio resultará peor que la enfermedad.

Cuarentena integral

Como ningún gobierno puede abandonar el objetivo de la cuarentena de aplanar las curvas de infectados y fallecidos, y lograr neutralizar a la Covid 19; una propuesta es otorgar inmediatamente un bono universal de 1,000 soles que llegue a la más amplia población, e implementar otro tipo de cuarentena por un mes y no solo dos semanas, ahora sostenida en la organización barrial, comunal o de otra forma de organización territorial urbana y rural que asuma las tareas de control y coordinación con las instancias del Estado (gobiernos municipales y gobiernos regional y nacional) para la atención de la salud, y la alimentación y la educación vinculadas hoy a la prioridad de salvaguardar la salud y la vida de las personas en armonía con la naturaleza.

Sociedad civil debe asumir organización frente a la crisis

En ese sentido, urge que las organizaciones sociales locales articulen vía un comité, la atención de la salud, la alimentación y la educación por cada barrio o manzana en las ciudades y por comunidades y rondas, por distritos, etc. La idea es que sean reconocidas institucionalmente (legalmente) como instancias de coordinación local con las municipalidades, gobiernos regionales y gobierno nacional, y las fuerzas policiales en los casos que se requiera. Y también debe demandarse que el gobierno nacional financie la campaña agrícola que se viene a la agricultura familiar, así como la compra de sus productos para acopiar y distribuir una canasta de alimentos por barrios y comunidades en áreas urbanas y rurales coordinando con las organizaciones sociales locales. La organización social territorial urbana y rural ayudará a enfrentar esta pandemia y otras que pudieran aparecer en el futuro próximo.

Actualización al 07 de mayo.

La empresa minera Southern acaba de confirmar ayer por la noche que tienen un trabajador con COVID-19. Con esto la cifra aumenta a 265.

Nota original del 6 de mayo

Al reporte que teníamos hasta el 30 de abril de la semana pasada: 251 trabajadores con COVID-19 en el sector minero. Al día de hoy, miércoles 6 de mayo, ya asciende a 264 la cantidad de trabajadores mineros que han dado positivo a prueba de coronavirus, según los reportes de las propias empresas mineras, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Direcciones Regionales de Salud y, en el caso de los 3 nuevos casos de Hudbay, el  Hospital Regional de Cusco.

Diresa de Ancash reporta que Antamina informó de 216 casos

Hasta el fin de semana, en que salió un reportaje de Cuarto Poder sobre el caso de Antamina, se conocía que la empresa seguía reportando solo 210 casos de coronavirus, de acuerdo al comunicado que había emitido ya hace 9 días. Hasta ahora la empresa no ha reportado públicamente más casos de COVID-19 en sus trabajadores, a pesar que faltaban pasar por la prueba de descarte y tener los resultados, más de 1900 trabajadores, de acuerdo al comunicado emitido el 27 de abril. De acuerdo a las declaraciones del viceministro de Energía y Minas, Augusto Cauti, a Cuarto Poder, el Ministerio de Energía y Minas solo tiene el registro de 210 trabajadores contagiados de Antamina.

Sin embargo, una información que pasó desapercibida después del comunicado público que emitió Antamina el 27 de abril, son las declaraciones, vía conferencia de prensa, al día siguiente, del representante de la DIRESA Ancash, en que señaló que la empresa minera le había reportado 216 casos de COVID-19.

“La información que tenemos actualmente y por informe de Antamina: 560 pruebas realizadas a la fecha; 216 han dado positivo a COVID-19, y todos están en cuarentena 14 días a partir del diagnóstico”.

Frente a otra pregunta de otra periodista, respecto a dónde está esa cifra registrada, el director señaló que “el registro está en lima, Essalud y de la propia empresa Antamina”

Como es de conocimiento público, el 01 de mayo falleció un trabajador de Antamina en una clínica de Lima. Frente a este hecho, la empresa señaló que no emitiría ningún comunicado público por respeto a los familiares. Sin embargo, tampoco ha vuelto a emitir un comunicado sobre la realidad de los demás trabajadores diagnosticados con el virus, que han señalado su voz de protesta a diversos medios periodísticos, por encontrarse abandonados en los hoteles de Lima, sin que se les realice las pruebas de descarte.

Chinalco reconoce trabajadores con Covid-19

Otro caso que hemos reportado en el informe de la semana pasada, es el caso de Chinalco, que inicialmente informó que tenía 1 trabajador con COVID-19 el 24 de abril; y luego quiso desmentirlo. Por ese motivo, y frente a la constatación de que más trabajadores se iban infectando; el sindicato de trabajadores de Chinalco pidió a Sunafil que visite el campamento minero de Tucto en Junín. Esta visita se realizó el sábado 25 de abril y el reporte que hizo la Sunafil tras su visita fue de 4 trabajadores con coronavirus que habían sido trasladados a Lima por la empresa minera.

Posterior a ello, frente a la exigencia del sindicato de trabajadores, la empresa estuvo haciendo pruebas de descarte a otra cantidad de trabajadores del campamento, resultando 4 casos más con Covid-19, el 27 de abril.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte de este comunicado, pudimos tener acceso a la información que brinda el doctor a los trabajadores, en el que señala que de los 8 casos en total, 2 son asintomáticos y 3 están internados, pero estables.

A estos casos reportados por Sunafil y la empresa; el día de hoy, el sindicato acaba de informar en twitter que un trabajador fue evacuado el día de ayer, martes 5 de mayo, a las 11pm, del campamento minero Tunshuruco, por estar infectado de coronavirus. Ante este caso la empresa minera debería emitir un comunicado y Sunafil también verificar cómo se viene desarrollando la realización de pruebas de descarte en el campamento de Tucto, de donde se registraron los 8 infectados confirmados; y del campamento de Tunshuruco, donde hay 600 trabajadores, en que el sindicato reporta este hecho.

264 trabajadores con COVID-19

A estos casos confirmados por la DIRESA de Ancash (6 casos más de Antamina) y por la empresa minera Chinalco de Junín (4 casos más), se suman los 3 trabajadores de la empresa minera Hudbay que dieron resultado positivo a la prueba de COVID-19, tras ser evaluados junto a otros 67 trabajadores de la empresa minera por el personal del Hospital Regional de Cusco, que emitió un comunicado el reciente lunes 4 de mayo detallando estos hechos.

A los 251 trabajadores mineros contagiados que se tenían registrados con los reportes de las empresas mineras, Sunafil, Direcciones Regionales de Salud, la semana pasada; se suman estos 13 casos más señalados, llegando a la cifra de 264 casos de COVID-19 en el sector minero.

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

Al promedia la 1pm del día de ayer, jueves 30 de abril, el convoy de la empresa subcontratista de la empresa minera Las Bambas tuvo un accidente y generó el derrame de material tóxico en el sector de la comunidad de Huininquiri, provincia de Chumbivilcas, región Cusco. De acuerdo al comunicado de la empresa subcontratista Sol del Pacífico, informan que el operador de la unidad se encuentra bien de salud y fue trasladado al centro de salud más cercano para su evaluación respectiva.

El derrame generó la indignación de los comuneros al presenciar que tractores de la empresa hicieron el recojo de materiales tóxicos sin la presencia de las autoridades de Chumbivilcas, como el fiscal, funcionarios del área de medio ambiente de la municipalidad provincial, etc.

Al reclamar por estos hechos, la policía intervino para retirar a los comuneros. En respuesta a ello, los comuneros han convocado a una asamblea para el día de hoy, y ver qué acciones tomar para que no vuelvan a suceder estos hechos.

OEFA interviene

Tras las denuncias realizada en redes, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) publicó una nota en la que señala que ya se encuentra supervisando el derrame de concentrado sobre la vía y suelo adyacente, ocurrido el día de ayer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregan que el equipo de supervisores del OEFA, «siguiendo los protocolos de prevención del COVID-19 establecidos por el Ministerio de Salud, se encuentra en la zona tomando muestras de suelo, supervisando el área donde ha ocurrido el evento y el posible impacto a los componentes ambientales. Asimismo, se encuentra verificando la implementación del Plan de Contingencia por parte de la empresa responsable, así como las acciones de contención y limpieza de la zona afectada».

Actividad minera tiene permiso del gobierno

Como se tiene conocimiento, a dos días de establecerse el estado de emergencia por la crisis sanitaria del COVID-19, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la solicitud del Ministerio de Energía y Minas, para que la actividad minera pueda desarrollarse con normalidad: Transporte de minerales, explotación minera, construcción de proyectos, plantas de beneficio, etc.

Protocolo minero insuficiente

Casi un mes después, el 15 de abril, ante la denuncia de los trabajadores mineros, debido a los contagios que se iban multiplicando en el sector minero; el Ministerio de Energía y Minas emitió una resolución con un protocolo para que las empresas mineras implementen medidas sanitarias preventivas para los trabajadores mineros al momento en que se da el traslado del personal. Sin embargo, el protocolo no establece que las empresas realicen las pruebas de descarte de COVID-19 de manera obligatoria y tiene otros vacíos que desde Red Muqui hemos denunciado. Ver informe haciendo clic AQUÍ.

Contagios de COVID-19 en el sector minero

A la fecha ya hay 251 trabajadores mineros contagiados de acuerdo al reporte de las mismas empresas, de las direcciones regionales de Salud y Sunafil. Ver informe AQUÍ.

 

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Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

Estos últimos días hemos tenido finalmente la información y el panorama más completo sobre la situación de los trabajadores mineros contagiados por el Covid-19 por responsabilidad de las empresas del sector minero. Se ha llegado ya a 251 casos confirmados, y que fueron informados por las mismas empresas, así como las autoridades sanitarias regionales y SUNAFIL, aunque se sospecha que son muchos más casos. El día de hoy, recientemente, se acaba de confirmar 08 casos de la empresa minera Antapaccay. En Ancash, Antamina hasta ahora ha reportado 210 casos; en Cusco, minera Hudbay: 18 casos; en Arequipa, minera Bateas: 06 y minera Cerro Verde: 01; en Pasco, minera Tinka Resources: 01 caso, y Nexa Resources: 01 caso; en Junín, minera Chinalco: 04 casos; y en el Callao, la empresa almacenadora de minerales, Impala: 02 casos.

 

Desde la Red Muqui hemos advertido de esta situación desde que se declaró el estado de emergencia, señalamos que la minería no era una actividad esencial, inclusive hemos cuestionado que la minería se haya exceptuado de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno. En ese sentido, hay dos aspectos que tenemos que empezar a mirar con atención, los protocolos sanitarios para la actividad minera aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y el rol de los entes fiscalizadores en materia laboral, de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores mineros.  Lamentablemente, ante la pregunta de la prensa el día de hoy, sobre los protocolos que deben cumplir las empresas mineras respecto a garantizar la salud de sus trabajadores; el gobierno evadió su responsabilidad respecto a esta situación y, a través del ministro de Salud, traslado la responsabilidad a las direcciones regionales de salud.

 

La aprobación del “Protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID – 19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las Unidades Mineras y Unidades de Producción” es insuficiente, ya que no contempla hacer pruebas rápidas y/o moleculares de COVID-19 a los trabajadores que salen e ingresan de los campamentos mineros. Por ello, el protocolo debe ser revisado y actualizado a la luz de los últimos hechos. Asimismo, en esta revisión se debe incluir a las instituciones competentes en este tema como son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y no los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Finalmente, se debe incluir a los sindicatos de los trabajadores mineros en esta revisión junto a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. Ver informe elaborado por Red Muqui hace unas semanas.

 

De otro lado, queda evidenciado ante esta situación de emergencia la precariedad institucional de los entes fiscalizadores y supervisores en esta materia, quiénes deberían velar por hacer cumplir la ley y sancionar a las empresas que infringen estos derechos como son la salud, la seguridad y el trabajo en el caso de los trabajadores para el sector minero. SUNAFIL, las Direcciones Regionales de Salud, entre otros, no han logrado darse abasto para atender estas denuncias que venían de muchas semanas atrás.

 

Entonces, frente a situación que podría desbordarse en el sector minero, el gobierno debe hacer una evaluación seria y responsable para paralizar momentáneamente las operaciones mineras, por lo menos hasta que se implementen protocolos integrales con opinión del sector de salud y trabajo, y de los trabajadores; y que estas respeten el derecho a la vida y la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades locales.

 

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció ayer a la prensa en Moquegua, martes 21 de abril, donde se encontraba encabezando una reunión del comando COVID-19, que se deben hacer ajustes en las disposiciones del gobierno para la protección de los trabajadores en el marco de la reactivación económica que se avecina en el país.

«Definitivamente, una vez que se recuperemos el inicio de las actividades económicas productivas: uno de los requisitos, para que las empresa puedan hacer su trabajo, será que deban hacer un control permanente a sus trabajadores a través de estas pruebas”, señaló el presidente.

Agregó, “Entonces, si alguna actividad quiere retomar sus trabajos, va a tener como requisito tomar estas pruebas para ir cuidando progresivamente y de manera frecuente a su personal”.

Protocolo del MINEM no establece pruebas obligatorias de Covid-19

Sin embargo, no obstante a las declaraciones del presidente Vizcarra; la semana pasada, el 15 de abril, el Ministerio de Energía y Minas emitió la Resolución Ministerial N° 111-2020-MINEM, que aprueba el  “Protocolo para la implementación de las medidas de prevención y respuesta frente al Covid-19 en el que marco de acciones de traslado del personal de las unidades mineras y las unidades de producción”; y, este Protocolo, no establece lo más importante de las medidas dispuestas: pruebas obligatorias de descarte de Covid-19 para los trabajadores mineros que son trasladados a sus centros de trabajo.

Frente a ello, en el actual contexto que se vive en el país por la crisis sanitaria originada por el brote de Covid-19, se viene teniendo un gran impacto sobre los derechos humanos de los trabajadores mineros, las comunidades y poblaciones; ya que el sector minero es uno de los rubros económicos que no ha parado sus actividades durante este estado de emergencia nacional. A la fecha, ya van 10 casos de trabajadores mineros con Covid-19.

Protocolo  vulnera derechos humanos

Desde la Red Muqui señalamos que en esta situación excepcional que vive nuestra sociedad el Estado debe garantizar la protección integral de los derechos humanos de todos por igual; sin embargo, consideramos que la Resolución Ministerial N° 111-2020-MINEM, vulnera los derechos humanos básicamente por tres razones:

  • Normas de Estado de Emergencia Nacional (EEN) no puede vulnerar defensa de derechos laborales y sindicales.
  • El protocolo no se adapta al estándar de protección del derecho a la salud en contexto de COVID-19
  • El protocolo no contempla protección de derechos de Pueblos Indígenas

Los principales temas que llaman la atención, es que esta norma fue aprobada por el Ministerio de Energía y Minas cuando por su naturaleza correspondía ser emitida desde el Ministerio de Salud y con participación del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo; no obstante, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) le dio esta potestad exclusiva al MINEM. Por otro lado, además de que el protocolo no establece que las empresas apliquen de manera obligatoria la prueba rápida para descarte de COVID-19; tampoco establece la delimitación de obligaciones entre las empresas mineras y las empresas subcontratistas de fuerza laboral. Tampoco establece disposiciones para evaluar el impacto del traslado de trabajadores mineros en territorio indígenas y de comunidades campesinas.

Presentación de observaciones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Frente a estos hechos, desde Red Muqui hemos presentado un documento de observaciones de la resolución a Federico Chunga Fiestas, coordinador general del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; por estar directamente vinculado al desarrollo de insumos para la elaboración del Diagnóstico y Línea Base del PNA sobre Empresas y Derechos Humanos.

Es necesario que lo declarado por el presidente de la República se condiga con la realidad y el Protocolo de traslado de personal minero sea modificado y las empresas adquieran y realicen las pruebas de descarte de Covid-19 en convenio con los centros de salud donde operan sus actividades.

Observaciones al Protocolo de traslado de trabajadores mineros en contexto de Covid-19 aprobado por El Minem

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La empresa minera Cerro Verde, que opera cerca a la ciudad de Arequipa, acaba de reportar el primer caso de Covid 19 en el sector minero. Se trata de un funcionario del área administrativa de la empresa que ha tenido contacto con algunos trabajadores de la empresa, como se lee en el comunicado.

 

 

 

 

 

 

 

Como hemos hecho público; desde la Red Muqui, plataforma que agrupa a 29 instituciones en el país, hemos exigido al gobierno, a través de un pronunciamiento el 18 de marzo, que se garantice la salud pública de las personas antes que los intereses privados de la minería.

“Operaciones críticas” del MINEM

Como ya es de público conocimiento, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado el martes 17 con el aval del Ministerio de Economía, en el que señaló que las empresas mineras podían desarrollar “operaciones críticas” en la actividad minera. Sin embargo, en el desarrollo del comunicado, el Ministerio da luz verde a todas las actividades mineras que las empresas de toda la cadena productiva desarrollan con normalidad: “explotación; beneficio; cierre de minas; construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional; transporte de mineral por medios no convencionales; así como transporte y almacenamiento de concentrados y productos minerales transformado”.

 

 

 

 

 

Asimismo, en el comunicado del MINEN se señala que serán las empresas quienes definan el personal indispensable para realizar las actividades operativas señaladas.

Mensaje de Vizcarra

Durante estos días, también, el viernes 20, el presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que las actividades operativas que realicen las empresas mineras deben ser “confinadas y remotas. Nadie entra, nadie sale”. Sin embargo, los sindicatos de trabajadores mineros, la Federación de Trabajadores Mineros, y trabajadores no sindicalizados, han estado denunciando estos días que los trabajadores se encuentran trabajando con normalidad en varias empresas mineras; más de 12 horas en el caso de los trabajadores de las empresas concentradoras y exportadoras de minerales ubicadas en el puerto del Callao (PERUBAR e IMPALA), denunciando que sus jefes, que trabajan desde casa, se amparan en el comunicado del MINEM y no en lo dicho por el presidente Vizcarra.

Desde la Red Muqui señalamos nuestra preocupación porque SUNAFIL no está fiscalizando las actividades de las empresas mineras y las empresas que se encuentran en toda la cadena productiva; y se continúa exponiendo a los trabajadores y sus familias a que se contagien del Covid19.