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Autoridades y dirigentes de comunidades campesinas y organizaciones ronderas de los distritos de Hualgayoc, Chugur, Bambamarca de las provincias de Hualgayoc-Bambamarca y de Chota han ratificado este jueves la realización de un paro interprovincial de duración indefinida, que se realizará a partir del lunes 17 de enero en el área de exploración del proyecto minero Antacori ubicada en la zona de Sinchao del distrito de Chugur en el departamento de Cajamarca. Con la movilización los comuneros buscan la paralización de los trabajos de exploración y el retiro definitivo de la minera Anta Norte de la zona.

Un reclamo que vienen planteando desde inicios del año pasado cuando trascendió finalmente que la minera pretende desarrollar un megaproyecto de explotación de cobre en Sinchao, ubicado en una cabecera de cuenca del distrito de Chugur, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
Desde entonces se han producido varios hechos de vulneración de derechos, que entre otros han provocado serios daños al medioambiente. Así, en la comunidad de Tranca de Pujupe, del Distrito de Hualgayoc, pobladores y autoridades denunciaron en marzo pasado la contaminación del agua de la represa “Aguas Coloradas”, al haber identificado un cambio repentino en el color de la misma.

La zona de exploración de minerales es limítrofe con Tranca de Pujupe, por lo que sus habitantes sospechan que las consiguientes perforaciones hayan originado el daño de los afluentes hídricos. También acusan la muerte de truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe, hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre. La organización de derechos humanos y del medioambiente Grufides constata en un reporte de mayo de 2021 que la apariencia rojiza del agua de la represa preocupa a centenares de regantes de la comunidad de Tranca y, en general, a la mayoría de agricultores de la microcuenca Tingo – Maygasbamba, por lo que los comuneros exigieron a la empresa minera que se retirara de la zona.

Otros hechos que han afectado a seres humanos y la flora y fauna de la zona se relacionan con los abrumadores pasivos ambientales que se concentran en la región y que conforman la tóxica herencia minera. En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, el derrame de relaves mineros de la operación Cerro Corona, propiedad de la empresa minera de capitales sudafricanos Goldfields, del 16 de diciembre del 2018 ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas de piscigranjas cuyo bienestar dependía de la calidad del agua del río Tingo Maygasbamba. Dicho derrame se saldó con una multa impuesta por la Autoridad Nacional del Agua a la empresa Goldfields equivalente a 4 millones 300 mil soles.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.
En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

Es por eso que, en el llamado a huelga, declaran estar en pie de lucha contra la expansión y contaminación minera de las cabeceras de cuenca, no sólo de Anta Norte con su proyecto minero Antacori sino también Goldfields y su operación Cerro Corona, Coymolache Tantahuatay y otros emplazamientos similares que por atentar contra la vida y la salud de los ecosistemas y de las familias con metales tóxicos y cancerígenos jamás tendrán licencia social.
En lo inmediato, las exigencias de las comunidades son que se declare la inviabilidad definitiva del proyecto Antacori y el retiro inmediato de la maquinaria como también del personal apostado en el Sinchao. De acuerdo al Coordinador del Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Víctor Hugo Cruzado, exigen además el archivamiento definitivo de todo proceso o acusación fiscal o judicial contra dirigentes y pobladores.
Además, reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados en reunión de trabajo celebrado en febrero del año 2019 con varios ministros y subsecretarios, entre ellos los de Salud y Energía Minas. En ellos se acordó la atención a las personas tamizadas y contaminadas con metales pesados, tóxicos y cancerígenos. También figuran la construcción del Hospital General de Hualgayoc – Bambamarca y el financiamiento y construcción de la Planta de Agua Potable para Bambamarca.

Finalmente, el pliego demanda la investigación y sanción de los responsables de la grave contaminación de piscigranjas y la muerte de miles de truchas. Un hecho que evidencia, a juicio de Víctor Hugo Crutzado, los graves perjuicios que está causando el proyecto Antacorí, ya que los peces son un indicador clave de la salud de las fuentes hídricas, y subraya que esto se ha producido cuando las faenas recién se encuentran en fase de exploración.
El dirigente ha explicado que la movilización sólo podrá ser detenida, si las autoridades gubernamentales encabezadas por la premier Mirtha Vásquez se desplazan directamente a la zona Sinchao.

Y es que la cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) conoce el trasfondo del conflicto. Según el Reporte de Conflictos del Observatorio del mismo nombre de la organización Grufides, la entonces congresista, Mirtha Vásquez, solicitó en 2020 mediante oficios a los Ministros del Ambiente, Salud y Energía y Minas intervención con carácter de urgencia para atender la problemática socio ambiental en el Distrito de Chugur.

Los representantes de las comunidades se muestran confiados en lograr que se respeten los acuerdos. Para ello, serán decisivas la capacidad de convocatoria y la duración del paro. Según palabras de Cruzado, son al menos mil los ronderos que se han comprometido a bloquear las faenas de Anta Norte. En febrero de 2019, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.

Recientemente, el 7 de diciembre, fue noticia que un tribunal de segunda instancia de Chimbote revocó la prisión preventiva y ordenó la liberación inmediata de cinco pobladores de Puerto Huarmey detenidos hace un mes, tras las protestas ocurridas el 1 de noviembre en dicho puerto. Los manifestantes fueron arrestados por la policía y acusados por el Ministerio Público de haber cometido delitos de violencia contra la autoridad. Hasta hace algunos años el puerto y sus alrededores eran conocidos por sus playas y sus variados y abundantes pescados y mariscos. Para conocer y entender los reclamos de sus pobladores hay que desplazarse hacia este pueblo costero ubicado a 286 kilómetros al norte de Lima. El  recorrido comienza  en la Caleta Puerto Grande con vecinos que alguna vez vivieron en este lugar junto a otras 30 familias.

 

Playa de Puerto Huarmey

 

Una vida centrada en la pesca, igual que la mayoría del pueblo que trabajaba en torno a lo que se obtenía del mar. Incluso llegó a haber tres fábricas que transformaban la anchoveta capturada en harina de pescado. Cientos de puestos laborales que hace veinte años comenzaron a desaparecer. Los frutos del mar ya no estaban al alcance, ni de los pescadores artesanales, ni de la industria pesquera. Ahora quedan pocos rastros de las viviendas que albergaban a los pescadores y sus familias en la caleta. Algunos pocos la siguen usando para embarcar y desembarcar con sus botes a motor trayectos que les llevan varias horas recorriendo la costa en dirección al sur. Antes, para llegar a la mejor zona de captura situada apenas a unos trescientos metros, recorrían el trecho a remo. A través de artes de pesca menores, consideradas por el Instituto del Mar del Perú como aquellas con menores impactos en los ecosistemas, sacaban una gran variedad de especies codiciadas en lugares tan alejados como Chimbote. Otros se sumergían en sus aguas como buzos y atrapaban así peces de peñón, como el congrio o la vieja.

 

Puerto Caleta Grande, al fondo se observan barcos remolcadores de la industria minera

 

Todo cambió cuando en aquella zona de pesca, por excelencia llamada Puerto Punta de Lobitos, se instaló el año 2000 un muelle con una estructura de enormes pilares de fierro colocados en transversal, capaces de sostener una cinta transportadora de varios cientos de metros de longitud. A través de ella, la empresa minera Antamina descarga desde entonces el cobre, plata, zinc, molibdeno y plomo que obtiene de sus operaciones situadas a 309 kilómetros de distancia en la sierra de Ancash.

¿Un error de ingeniería?

Un sitio para el terminal del embarque había sido aprobado en 1999 por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, máxima autoridad marítima y costera del Perú como parte del proyecto minero de Antamina. Una explotación que se convertiría en el mayor productor de cobre del Perú y el noveno en cuanto a su envergadura a nivel mundial. El lugar preciso para construir esa infraestructura era Puerto Lagarto, a cientos metros de distancia y separado por un cerro de la bahía de los pescadores. Sin embargo, este gigante proyecto minero, un tercio de cuya propiedad corresponden a la australiana BHP Billiton y a la helvética Glencore respectivamente, y un 22,5 por ciento está en manos del conglomerado canadiense Teck Base Metals; “se equivocó”. En vez del lugar señalado se instaló en la bahía profunda y de aguas calmas, zona de captura de los pescadores artesanales.

El documento aludido en poder de Red Muqui demuestra fehacientemente cuál era la zona asignada. Sin embargo, basta con ir a Puerto Huarmey para ver dónde se ubica el terminal del ducto.

 

 

Terminal del mineroducto y del muelle con la cinta transportadora en Puerto Punta de Lobitos

 

Video que muestra cómo los barcos cargueros están a la espera de su turno de ser llenados e impiden así también la labor de los pescadores artesanales

 

Desde entonces la vida del pueblo que giraba en torno a la pesca cambió drásticamente, los pescadores que lanzaban sus redes en ese lugar perdieron esa posibilidad ya que la estructura que penetra unos ciento cincuenta metros mar adentro divide el espacio en dos, además hay al menos seis superficies redondas flotantes, pero ancladas al fondo repartidas a una distancia de unos treinta metros entre sí que sirven para amarrar a los barcos carga en los que llevan los preciados minerales al exterior. Es decir toda la infraestructura ocupa una considerable área del mar y costa para sus operaciones, que de acuerdo al documento de concesión de la obra corresponden a 48.980 m². En otras palabras, ya no hay sitio para los botes y las mallas para pescar. El animal al que hacía alusión el lugar que allí encontraba lo mismo que los humanos desapareció. Ya no quedan ni lobitos, es decir los lobos marinos que atraían a los visitantes del lugar, ni lo que comían.

Vista de la costa desde los cerros cerca de Puerto Punta de Lobitos

 

¿Por qué han desaparecido peces, lobos marinos, pingüinos y otros animales?

Las causas exactas de la desaparición de los peces no se han establecido y probablemente nunca se sepan, tampoco se han hecho estudios que verifiquen la cuantía de especies o el estado del fondo marino.

Lo que sí han observado los pescadores y de lo que dan fe ex operarios de la terminal es el reiterado y recurrente vertido del mineral en el mar y en la costa. Algo que ocurre al momento de la descarga del material en los barcos, ya que una parte cae fuera de la manga colocada al final de la cinta transportadora y también porque el depósito, que almacena los metales extraídos, en ocasiones es abierto de par en par. Entonces los fuertes vientos que barren los cerros entran también a ese espacio y esparcen por la costa su carga. En pocas palabras, el transporte del mineral desde el yacimiento de Antamina hasta los barcos que se lo llevan, a pesar de que se hace a través de un mineroducto, es todo menos un proceso hermético. 

Otra evidencia del cambio de escenario en relación a la situación previa, que si bien no establece un nexo causal entre la actividad de la minera en la zona y eventuales impactos medioambientales, es el cierre de las tres fábricas de harina de pescado que llegaron a funcionar simultáneamente en el Puerto. 

 

La última de las fábricas de harina de pescado que cerró sus operaciones en 2007

En 2007, cerró la última de ellas: CFG.

Si bien la anchoveta, insumo básico de la harina de pescado, es capturado más allá de las primeras cinco millas desde la costa, zona reservada para la pesca artesanal, la gente del pueblo no se explica qué llevó a la desaparición de esta industria.

La falta de atención de salud

En esta época de fines del 2021, el pueblo rodeado de la agreste monotonía de cerros y planicies de color ocre con muy poca vegetación aparece apagado, casi deshabitado. Pero la imagen engaña, y no son pocos los que se resisten a abandonar el lugar donde nacieron y que los vio crecer. Vecinos, que hace tiempo vienen solicitando a la empresa un diálogo directo. Sin embargo, Antamina los ha consolado con incluirlos en un Comité de Monitoreo, Vigilancia y Fiscalización Ambiental de Huarmey, un espacio que a los vecinos no convence ya que en veinte años no los ha tomado en cuenta como protagonistas principales en esta historia. Según una funcionaria de la posta de salud, que vio pasar al último médico en marzo de 2021, continúan malviviendo alrededor de 2 mil 800 personas en los tres centros poblados que conforman Puerto Huarmey. Personas que han tenido  acceso en contadas ocasiones a médicos, especialmente desde 2016 hasta el 2019 a través del programa del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud – SERUMS del Ministerio de Salud y en otras ocasiones con algún galeno cuyos honorarios fueron cubiertos por la minera. Otro aporte de la empresa ha sido un mototaxi, acondicionada precariamente para hacer la función de ambulancia y actualmente fuera de servicio por falta de mantenimiento.

“Ambulancia” de la posta de salud Puerto Huarmey

 

Y no es que falten los enfermos en este rincón del Perú, poblado desde época preincaica como lo demuestra la huaca, situada a pocos metros de lo que fue la mayor fábrica de harina de pescado de la zona, ahora completamente abandonada y rodeada de basura y bofedales que con sus aguas color rojizo advierten a cualquier ser vivo mantenerse alejado. De este sitio arqueológico se extrajeron al menos tres momias llevadas al Museo Regional de Casma “Max Uhle». Después, este espacio, que aún mantiene una forma de montículo o pirámide construida por antiguas culturas, fue abandonado a su suerte, como muchos otros lugares de este pueblo empobrecido. Los lugareños, en tanto, no saben las causas de su dolencias, algunas de las cuales afectan la piel y los sistemas respiratorios. Seguro que no les favorecen las aguas pestilentas, llenas de espuma y de color rosado estancadas en una lagunita a doscientos metros de la única plaza de juegos que también cuenta con una canchita de pasto sintético de fútbol salón. Tampoco los incontables pedazos de bolsas y botellas plásticas, neumáticos y restos de animales muertos esparcidos entre precarias viviendas construidas de latas, cartón y maderas que se alternan con otras construcciones de adobe o de concreto.

 

Aguas estancadas en Puerto Huarmey

A falta de condiciones mínimas, tampoco son buenas las fiestas

Posiblemente la imagen más tétrica, es la zona proclamada como sitio arqueológico en un gran panel de piedra y situada en dirección a la antigua caleta de pescadores ahora abandonada. Expuestos sobre la arena y piedra hay miles de huesos humanos que probablemente hayan ido emergiendo de sus antiguas tumbas por la acción del viento y la erosión. Lo que no hay, es alguna institución o entidad que se haga cargo de resguardar sitios que suponen ser el último descanso que tenemos. 

 

 

Basurales frente a la huaca del pueblo y restos óseos humanos

 

Tal vez, las necesidades son tantas, que la empresa que a inicios del año lideraba la producción de cobre en el Perú y que durante el 2020 exportó minerales por un valor de 2 mil 170 millones de dólares, en vez de invertir en este pueblo para restituir mínimamente las condiciones de vida de gente que vivía de y para la pesca, ahora financia, o al menos hasta el inicio del pandemia financiaba un gran festival con conciertos de cumbia y competencias de motocross. 

O tal vez, sea hora que se visibilice lo establecido en la Resolución de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas cuando otorgó la concesión del área de Punta Lagarto para la instalación del muelle de Antamina y que establece en el punto 9: “ La empresa Antamina Operadora SA, se obliga bajo responsabilidad a no contaminar la tierra, el aire ni el agua, de manera que no ocasione daños ni ponga en peligro la vida, salud humana o el normal desarrollo de la flora y fauna, debiendo dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y a las que se dicten para la protección de medio ambiente, conforme al artículo A-150410 del Reglamento de Capitanías y de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres”.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Tras varias semanas de estar en debate, la vacancia presidencial por ahora ha sido desestimada por el Congreso de la República luego de las negociaciones entre algunos partidos con el Ejecutivo, que generaron que no se logre alcanzar los votos para dar admisión al debate y votación final sobre la vacancia al presidente Pedro Castillo. El resultado de la votación fue: 46 a favor, 76 en contra y 4 en abstención. Como se recuerda el pedido fue impulsado por Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. Se requería de 52 votos que no llegaron a conseguir, además el motivo de la vacancia no tenia sustento político jurídico ni constitucional, ya que la figura de “incapacidad moral” es demasiado amplia como para vacar por cualquier tema al presidente de la República. Lo que sigue ahora es que el presidente Castillo tiene que corregir muchos de sus errores, sobre todo en la contratación de sus asesores y entorno más cercano, así como transparentar sus decisiones y reuniones, y empezar a trabajar en los cambios que ha prometido en la campaña electoral.

En esa línea, uno de estos temas que el gobierno está impulsando desde el MEF es la reforma tributaria. Durante la semana, también el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, estuvo en el Congreso de la República para insistir con el pedido de facultades tributarias, ya que el plazo límite para aprobar estas reformas vence el 15 de diciembre. Estos días hemos conocido que en las comisiones de Constitución y Economía en el Congreso hay algunos consensos y discrepancias sobre la reforma planteada, uno de estos temas es perfeccionar el régimen fiscal minero, dentro del cual esta el tema de un impuesto especial a las sobre ganancias mineras. Al parecer la presión y el lobby minero en el Congreso está surtiendo efecto, ya que para los gremios mineros no se debería haber ningún cambio en materia tributaria, mucho menos en este momento. Si los gremios mineros y sus aliados insisten en que nada debe cambiar en este sector, los conflictos socioambientales seguirán creciendo, ya que la desconfianza y el rechazo a la actividad minera en las poblaciones afectadas sigue en aumento.

Finalmente, cada 10 de diciembre se conmemora el día internacional de los derechos humanos, y en ese marco corresponde hoy más que nunca rendir un homenaje a muchos de nuestros hermanos defensores ambientales que fueron asesinados este año, principalmente en la Amazonía del país. Lamentablemente la situación no ha mejorado para ellos, ya que muchas veces son asesinados, perseguidos, criminalizados, hostigados y hasta estigmatizados por defender su territorio y su medio ambiente. En la mayoría de casos sus verdugos siguen libres ya que son personas vinculadas a mafias de la tala ilegal, minería ilegal o el narcotráfico. En el marco del día de los derechos humanos le corresponde al Estado peruano a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura y otros ministerios tomar medidas integrales para protegerlos. En esa línea los invitamos a sumarse y seguir promoviendo la campaña de defensores ambientales denominado: #ProtegeAquienesNosProtegen.

Por: Juan Aste Daffós, economista y consultor de Red Muqui

Las empresas mineras vienen obteniendo sobre ganancias 10 años y 4 meses desde que el cobre superó los 3 dólares la libra de cobre del 2006 al 2014 y de agosto 2020 a diciembre 2021. En la actual coyuntura las empresas mineras quieren asegurarse una mayor expansión minera y la rentabilidad futura sin ninguna reforma tributaria y sin consulta a las comunidades, agricultores y poblaciones locales. La ventaja del Perú respecto a otros países como Chile está en que posee la mayor ley del mineral (contenido fino en el mineral de cobre) y el costo de extracción más bajo (0.8 dólares la libra de cobre), debido también al reducido costo de la fuerza laboral y la energía, así como a una regulación ambiental venida a menos desde el 2015. Solo el 2021 la sobreganancia minera superaría los 5,600 millones de dólares.

Frente a coyunturas de precios altos de los metales, las empresas mineras cambian el plan de minado para explotar las zonas de menor contenido fino y mayor costo de extracción, y amplían la capacidad de las plantas procesadoras del mineral tratando más toneladas para producir la misma cantidad de cobre fino, acumulando muchos más millones de toneladas de desmonte y relaves adicionales cada año. Para ello, requieren más agua, explosivos, reactivos y otros insumos, que aumentan la contaminación del aire, aguas subterráneas y superficiales, y suelos, afectando ecosistemas, la economía de la agricultura, pesca y ganadería que ven limitadas sus actividades, la salud y la vida de las poblaciones del entorno social de la actividad minera. Peor aún, cuando se evidencia que la mayoría de planes de cierre no se cumplen porque la garantía es mucho menor que el costo del plan, y por ello, aumentan los pasivos ambientales que deben ser remediados con dinero del Estado o de todos los peruanos.

Simultáneamente, los elevados ingresos dinamizan las inversiones en exploración a través de las empresas junior, generalmente canadienses, y de las propias empresas mineras. Ello supone ganar territorios sin consulta a las poblaciones locales involucradas, que con los años se han ido trasladando en mayor cantidad hacia cabeceras de cuenca en zonas de importante producción agropecuaria que abastece de alimentos a ciudades cercanas e incluso a Lima, generándose un significativo impacto ambiental y pérdidas de ingresos y empleo masivo.

La expansión de la minería informal e ilegal, en particular en períodos de precios altos de cobre y oro principalmente, abre el camino para el posterior ingreso de la minería formal; es decir, son aliados de la misma actividad e igual fin. Sin embargo, en el valle de San Lorenzo, que comprende principalmente a los distritos de Tambogrande y Las Lomas, provincia de Piura, se produce mango, limón y arroz prioritariamente, y no hay minería informal, e incluso cuando una minera junior quiso posicionarse en dicho valle fue rechazada por la población y el alcalde de Tambogrande. La minería informal se halla concentrada irracionalmente en los distritos de Suyo y Paimas, en la provincia de Ayabaca.

La inexistencia de la consulta a comunidades y poblaciones locales hace que no se realice un análisis del riesgo ambiental, económico y social del proyecto minero frente a las alternativas de vida en los lugares donde el Estado unilateralmente ha entregado concesiones mineras y espera que las empresas obtengan la licencia social mediante el acuerdo previo. Así, la expansión minera ha terminado en muchos casos imponiéndose en los territorios con un marco legal muy permisivo que no conserva ni protege los ecosistemas hídricos, productivos y de bosques, perdiéndose la cuenca y la biodiversidad que alberga un rico material genético, y todo ello con el aval del Estado.

Las reiteradas infracciones ambientales y multas identificadas en la minería por el OEFA en 2011-2014 hizo que un grupo de 20 empresas mineras le abrieran procesos administrativos ante el Indecopi y el poder judicial y pidieran que se le retire el financiamiento (aporte por regulación) a esta entidad supervisora ambiental. Felizmente no lograron. Esta decisión de las mineras es coherente con su posición actual, expresada en el Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de febrero 2020 – espacio impulsado por la PCM- donde plantean que no haya consulta previa, que se implemente la autorregulación ambiental, y que las autorizaciones se den finalmente a través del silencio administrativo positivo, mientras los estándares de calidad ambiental del agua para riego y del aire para el dióxido de azufre se han ido flexibilizando entre el 2008 y el 2017 permitiendo mayor contaminación e impacto ambiental y en la salud de las personas. Adicionalmente, el Estado y las empresas mineras han imposibilitado u ocultado informes que establecen la relación causa efecto.

A estos hechos hay que señalar condiciones inaceptables, como que la empresa minera siga contratando a una consultora para que le elabore varios Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la defienda de las observaciones del Estado, o cuando la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no solo le otorga derechos de uso de aguas a las mineras sin tomar en cuenta la demanda presente y futura del agua para los planes de vida de las comunidades y poblaciones cercanas, sino que para comprobar la información presentada por la empresa en la línea base del EIA no va a la zona para levantar el inventario de fuentes hídricas de la cuenca donde está el proyecto sino que esta información se la entrega la propia empresa minera. Las estaciones de monitoreo ambiental son determinadas en lugares acordados por la empresa y el Estado, sin la participación de los actores sociales de la localidad directamente involucrados.

El balance hídrico no toma en cuenta la demanda de agua de los proyectos de corto y mediano plazo de las comunidades, productores agrarios y poblaciones locales, y los estudios hidrogeológicos resultan insuficientes porque subestiman el nivel de contaminación de las aguas subterráneas que son las más afectadas por la actividad minera al producir aguas ácidas y recibir las filtraciones del relave aguas abajo de la cuenca. El Estado tampoco verifica en campo el dato del EIA sobre el área de la comunidad utilizada realmente por los proyectos mineros.

Esto significa que las empresas mineras han ido contaminando y comprometiendo más cuencas y producción de la agricultura familiar de cada vez más poblaciones, que con el cambio climático se ha acentuado el estrés hídrico que ya padecen, y por ello, no otorgan licencia social a los proyectos mineros para proteger su agroalimentación y su vida. Esto explica el por qué campesinos y agricultores y poblaciones locales rechazan o piden el retiro de la actividad minera de sus territorios y por qué el ordenamiento territorial participativo con respeto a la autonomía de las comunidades, agricultores y poblaciones locales resulta urgente.

Cabe precisar aquí, que entre el 2015 y 2019 las mineras han estado pagando tributos entre el 8 y el 10% del total recibido por el Estado, y si se le descuentan las devoluciones de tributos, su aporte sería de solo el 3%, salvo ahora que, con precios muy elevados de los metales, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha sido del 14.4%. En otras palabras, en el 2021 más del 85% del ingreso neto por tributos no procede de la minería, ocurriendo lo mismo con su aporte al PBI y al empleo directo, que solo es 1.2% de la PEA. Pero si al reducido pago de tributos, se le descuenta el valor del impacto ambiental (ecológico, económico y social) que se pierde, el valor final sería negativo. Esto último es muy importante, porque el Perú es un país megabiodiverso, pluricultural y multilingue.

A manera de colofón, la campaña de algunos diarios para defender la actividad de las empresas mineras como si actuaran ambiental y socialmente de manera responsable, y las comunidades y poblaciones locales fueran vándalos que afectan los ingresos fiscales y las sobreganancias, por lo que solo deben merecer la criminalización de las protestas y no el diálogo, resulta inaceptable. Como también lo son algunas afirmaciones de personas interesadas que hablan en defensa de las empresas mineras sin conocer la realidad de la minería en el Perú.

Mención aparte merece Roque Benavides que, en el caso de la unidad Uchucchacua de Cía de Minas Buenaventura, y en un contexto de precios altos de los metales, pretende que el MINEM le autorice la suspensión de operaciones “por la baja de la ley del mineral”, para luego solicitar el cese colectivo, y de esta manera, desaparecer los sindicatos y reducir el costo de la fuerza laboral y continuar con un nuevo proyecto muy cerca al anterior.

De manera urgente, se requiere descentralizar la gestión ambiental y de los conflictos, realizar ordenamiento territorial e hídrico, garantizar la consulta, la vigilancia ambiental y la salud a las poblaciones, y en general, depender menos de la actividad minera y diversificar la economía.

 

 

 

 

 

Por: Juan Aste Daffós, economista y especialista en minería                                                               

La expansión minera sin límites y con precios muy altos de los metales, ha ido severamente afectando las cuencas hídricas en los últimos 15 años, y con ello, la calidad y la disponibilidad del agua para la agricultura familiar y el turismo. La permisividad en la aprobación de los EIA y los estándares de calidad ambiental (ECA), las decisiones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el otorgamiento de derechos de uso de agua a partir de la información de las fuentes hídricas que presentan las empresas mineras, y el desincentivo para cumplir con los planes de cierre, generando más pasivos ambientales adicionales a los más de 7668 existentes al 2021, explican el grave impacto sobre las cuencas hídricas, más aun, cuando los efectos del cambio climático se acrecientan, y las comunidades y poblaciones locales constatan y sufren las consecuencias de esta crítica situación de estrés hídrico, en un contexto de pandemia que puede repetirse.

A raíz de los planes de cierre de minas, que son compromisos ambientales que se dan a lo largo de un proyecto minero (cierre progresivo) y al concluir la vida útil del mismo (cierre final), que están culminando 4 empresas mineras en Ayacucho, y el rechazo a la imposición de la expansión minera en estos y otros lugares del país, porque atentan contra las cabeceras de cuenca y la disponibilidad del agua para la agricultura y la alimentación, es que no hay licencia social, y se ha puesto en debate ¿bajo qué condiciones puede expandirse la actividad minera? ¿Es aceptable que lo obtenido por una empresa minera en 20 años de vida útil de un proyecto afecte por siempre lo que se consigue en producción y vida de una cabecera de cuenca? Esto nos lleva al estratégico tema del ordenamiento territorial (OT), de la aprobación de su respectiva ley y la aplicación de los planes de OT. Estos planes implican determinar que uso productivo van a tener los territorios y bajo qué condiciones deben hacerlo, por lo tanto, definen en que lugares se incorpora la actividad minera y en cuáles no.

Aquí es donde debe garantizarse la implementación de consultas efectivas a las poblaciones locales involucradas, respetándose la autonomía y capacidad de decisión en sus territorios, sin embargo, esto no se hace, sino que las consultas se realizan respecto al procedimiento administrativo de la resolución directoral que aprueba el EIA y el plan de cierre, pero no sobre el impacto de los proyectos en las cuencas hídricas ni sobre el riesgo de la pérdida de la producción y empleo en el área de influencia del proyecto minero, porque esto se ve en los talleres y audiencias públicas, donde la opinión de los participantes es solo un comentario sujeto a respuesta y nada más.

Expandir la actividad minera sin hacer ordenamiento hídrico que responda a planes participativos de ordenamiento territorial o planes de vida determinados por las comunidades y poblaciones locales, en coordinación con los representantes del Estado en sus diferentes  niveles del territorio, es promover la destrucción de las cabeceras de cuenca, el empleo y la producción agroalimentaria, vinculada al fortalecimiento del sistema inmunológico, y que luego se tenga que importar alimentos, mientras las únicas que ganan son las empresas mineras, que solo pagan en tributos entre el 8 y el 10% del total recibido por el Estado, y neto de devoluciones el 3%, salvo ahora, que con precios muy elevados de los metales, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha sido del 14.4%.

La expansión sin límites la actividad minera hace rato está decidiendo el uso del territorio y el agua, y haciendo a medias o dejando sin cumplir los compromisos de remediación ambiental de los planes de cierre, que luego deben ser ejecutados con dinero del Estado o de todos los peruanos o simplemente quedan como pasivos ambientales y fuente de contaminación e impacto en la salud para las poblaciones locales. En consecuencia, el rechazo de las comunidades y poblaciones de las provincias Lucanas, Parinacochas y Paúcar del Sara Sara, representa solo un ejemplo del impacto ambiental, económico y social de la minería en el Perú.

Esto significa que está creciendo el no otorgamiento de la licencia social a los proyectos mineros, que en estos casos ha aparecido en la etapa de culminación de la extracción del mineral, pero también implica que los proyectos de exploración en estas tres provincias tampoco tienen licencia social porque constituyen un serio riesgo para la alimentación, el empleo y los ingresos, generados por la disponibilidad de agua libre de contaminación de las cabeceras de cuenca que sostienen la agricultura y la crianza de camélidos sudamericanos.

Por eso, no extraña que la SNMP y la CONFIEP hayan puesto el grito en el cielo y ahora muestran su preocupación de que los pueblos cuestionen decididamente la prioridad de la minería, recordándonos que es una actividad que ha mostrado influencia y dominio sobre las autoridades locales y divisiones en el pueblo, además de pobreza. Las comunidades y poblaciones locales han abierto el debate sobre quiénes y cómo se ha estado decidiendo el uso del territorio en el Perú. El Ejecutivo y el congreso deben asumir la urgencia de una ley de ordenamiento territorial que responda a la realidad actual y no se continúen imponiendo los intereses de las empresas mineras, que reproducen un modelo económico insostenible.

En este contexto, las posibilidades de implementar proyectos de Conservación y Protección de Cabeceras de Cuenca están limitadas por las decisiones políticas de los gobiernos que promueven la minería a cualquier costo ambiental y social. Sin embargo, al tener un origen ancestral, la gestión de las cuencas hídricas es la que ha sostenido y aun sostiene la agroalimentación y la vida de las comunidades y pueblos. El presidente Castillo fue elegido por las poblaciones de las regiones mal llamadas mineras, que forman parte de todos los que votaron por el cambio, y son ahora más conscientes de la urgencia de conservar y proteger las cabeceras de cuenca, el agua, la vida, mientras las mineras formales, informales e ilegales quieren controlar más territorios y obtener sobre ganancias como ahora.

Las familias no reasentadas de la antigua ciudad de Morococha invitan a los medios de comunicación a la conferencia de prensa a realizarse el lunes 22 de noviembre a las 11 Am en el auditorio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH (Calle Pezet y Monet 2467, Lince),  para presentar sus demandas, luego de haber logrado una resolución del poder judicial que reconoce y declara sus derechos constitucionales “a vivir dignamente, a su integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar “, frente a las acciones de la empresa minera Chinalco en el lugar en el que viven. Luego de casi un año de demora del proceso de Habeas Corpus presentado por los pobladores de la antigua ciudad de Morococha contra la empresa minera Chinalco por la violación de los derechos fundamentales a la libertad de tránsito al haber cerrado el acceso de los pobladores a sus viviendas donde viven con sus familias, si mal el juez, en primera instancia, declaró infundada la solicitud de los pobladores para reabrir la vía de acceso, porque la vía fue aperturada por los propios pobladores ante el letargo o demora del proceso; también señala que las familias tienen vigentes sus derechos constitucionales, situación que contradice lo esgrimido reiteradamente por la empresa minera Chinalco, que señalaba que eran merodeadores de la antigua Morococha e incluso personas ilegales que estarían viviendo a cuenta y riesgo propio.

El reconocimiento de los derechos y su expresa declaración en la sentencia de habeas corpus, constituye un importante pronunciamiento de nuestra justicia emitida dentro de un proceso constitucional, aunque la demora de un año en su expedición, rehabilita el reconocimiento de los derechos de los pobladores de la antigua ciudad de Morococha y exhorta a la municipalidad distrital de Morococha, a la empresa Minera Chinalco y al Ministerio de Energía y Minas a evitar amenazas y posibles violaciones de derechos fundamentales de los pobladores que aun residen con sus familias en la antigua ciudad de Morococha situación que se reconoce independientemente de que vivan o no en una zona declarada de riesgo no mitigable.

Como se recuerda, tras los ofrecimientos de Chinalco para poder desarrollar su proyecto minero, el 2012 inició el reasentamiento de aproximadamente 1200 familias a la nueva ciudad de Carhuacoto; sin embargo, varias familias no aceptaron esos ofrecimientos.

Fecha: Lunes 22 de noviembre del 2021

Hora: 11:00 am

Lugar: Auditorio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH (Calle Pezet y Monet 2467 Lince – Lima)

FORTALECIENDO CAPACIDADES DE LIDERES, LIDERESAS Y DIRIGENTES EN MARCO DEL COVID-19

En medio de la pandemia del Covid 19 que viene afectando al planeta, la Red Muqui logró implementar un proceso de capacitación virtual “Muqui 2020” y “Muqui 2021” para el fortalecimiento de capacidades de los líderes, lideresas y dirigentes de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería. Si bien en la primera fase participaron 84 personas de nueves regiones, en esta segunda fase se logró capacitar 45 líderes y lideresas de ocho regiones provenientes de Piura, Cajamarca, Ancash, Junín, Puno, Arequipa, Cusco y Cerro de Pasco, quiénes ahora cuentan con mejores herramientas para poner en práctica la defensa de sus derechos y actualizar sus agendas de protección del territorio, agua y modos de vida con enfoque de género.

La capacitación virtual también ha servido para compartir las diferentes experiencias de conflictos socio ambientales en el país, desde los aprendizajes y conocimientos en los territorios relacionados con la resistencia frente a la imposición de la minería y las luchas por proteger sus territorios, el agua y sus modos de vida. En ese línea, los participantes han planteado generar el debate sobre la nueva constitución y la necesidad de construir un gobierno desde las organizaciones de base, comunidades campesinas e indígenas, sindicatos, frentes de defensa y ciudadanía organizada en general, en pro de construir un proyecto de vida en común.

En ese sentido la participación de la mujer ha sido fundamental con más del 70% de lideresas que han logrado fortalecer sus capacidades para la defensa de sus derechos con el compromiso de incluir el enfoque de género en sus organizaciones y en la construcción de sus agendas e incidencia política.

Finalmente, los participantes han recomendado continuar con las capacitaciones presenciales en los propios territorios y de esta manera seguir fortaleciendo las capacidades de los líderes, dirigentes y poblaciones afectadas por la minería.

Las instituciones miembros de la Red Muqui reunidas los días 14 y 15 de octubre en Asamblea Ordinaria, reconocemos que la instalación y primeras medidas del gobierno de Pedro Castillo se enfrentan a un gran desafío: la expectativa y esperanza de cambios profundos para los pueblos en nuestro país.

Más aún cuando la pandemia por la Covid-19 ha puesto en evidencia las grandes brechas por demandas insatisfechas de comunidades y poblaciones cuya situación de vulnerabilidad se ha incrementado. Indicadores negativos y alarmantes de pobreza en relación a salud, alimentación y educación resaltan en las zonas rurales y del interior del país.

A la vez, en medio de estas graves dificultades, el país se enfrenta a intentos antidemocráticos y excluyentes de sectores conservadores y de extrema derecha, que rechazan con toda su maquinaria mediática cualquier posibilidad de que los espacios ganados por sectores del pueblo y la sociedad civil progresista se expresen en el gobierno con una mirada y acciones propias.

A pesar de estas dificultades, existe una gran expectativa en los pueblos sobre lo que pueda realizar el gobierno del Presidente Pedro Castillo, para encarar la urgente necesidad de transformar un modelo neoliberal y minero extractivo. El mismo que desde hace varias décadas viene excluyendo y marginando a millones de peruanos y peruanas, entre ellas a las comunidades y pueblos indígenas. Las que han sido afectadas por el desarrollo de grandes proyectos mineros, que han vulnerado sus derechos colectivos, siendo en muchos casos criminalizados y judicializados por defender sus territorios, su ambiente, su salud y su vida misma.

Por eso, desde la Red Muqui nos reafirmamos en que, uno de los grandes procesos que se debe impulsar y acompañar desde abajo y junto a los pueblos es, la demanda de una nueva constitución, que nazca en democracia y que sea elaborada con la mayor participación de los pueblos indígenas, las comunidades originarias y las organizaciones sociales de nuestro país.

Este proceso constituyente debe incluir reformas fundamentales como: la segunda reforma agraria para reivindicar a los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores de la costa, sierra y selva y colocar en el lugar que le corresponde a la agricultura familiar. De tal manera asegurar la soberanía alimentaria y respetar las decisiones de los pueblos sobre sus proyectos comunitarios de vida alternativos al desarrollo extractivista. Es necesario también regular la expansión minera, revisando el marco normativo minero vigente, implementar una reforma tributaria del sector, que logre que las empresas mineras paguen lo justo, con procedimientos de fiscalización y sanción efectiva cuando corresponda.

En medio de este contexto, es importante resaltar que se han reactivado los conflictos socioambientales y vemos con preocupación la poca capacidad del gobierno para gestionar y resolver los conflictos. Este apela a mesas de diálogo sin una voluntad política para solucionar los problemas y entrega respuestas economicistas cuando se sabe que los conflictos socioambientales en los territorios son multicausales y multidimensionales.

En vista de que el proceso popular por una nueva constitución, que está en marcha, es de mediano plazo, planteamos algunas urgencias que este gobierno debe atender. Temas que en su oportunidad hemos planteado desde la Red Muqui, como:

Al Ejecutivo:

  • Aprobación del Plan Especial Multisectorial de atención de los afectados y afectadas por metales tóxicos.
  • Iniciar la discusión sobre la reforma tributaria en el sector minero y un impuesto especial a la sobre ganancia minera.
  • La gestión social del agua, la que incluye la revisión de ley de recursos hídricos y reforma de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
  • Que se garantice las políticas de equidad de género y de modo prioritario la atención a la situación de las mujeres.
  • Implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
  • Garantizar una plena participación de los pueblos indígenas y originarios y su derecho a la consulta previa en el desarrollo de proyectos extractivos.

Al Congreso de la República:

  • Discusión de la ley de ordenamiento territorial (OT) nacional a partir un proceso participativo, tomando en cuentas las experiencias de ordenamiento territorial comunales, locales y regionales. Enmarcado en la política de Estado Nro. 34 sobre el Ordenamiento y Gestión Territorial del Acuerdo Nacional.
  • Revisión de un nuevo marco normativo para la minería, así como la política sobre concesiones mineras en el país.
  • Retomar la discusión y aprobación de la ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria.
  • Derogatoria de normas y leyes que permiten el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en casos de conflictividad social; y reforzar el sistema normativo que permita proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales.

Para finalizar, no hay posibilidad de cambio sin la participación de los pueblos indígenas, comunidades originarias y organizaciones sociales del país. Por eso debemos seguir vigilantes en torno a las decisiones que toma el gobierno y contribuir con críticas y propuestas hacia el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad que necesitan los pueblos para vivir con dignidad en el Perú.

Lima, 26 de octubre del 2021.

Por: Beatriz Cortez Sánchez

Esta semana el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha publicado el documento sobre “La rentabilidad social” de la minería, donde establece una serie de criterios para su medición. Se señala que estos conceptos han sido expuestos en el libro: «¿Inversión extranjera = desarrollo?» de autoría del propio ministro Iván Merino publicado el 2003. El documento oficial del MINEM señala que “para que esas iniciativas (inversión privada) sean viables deben ofrecer rentabilidad económica al titular del proyecto y rentabilidad social al territorio donde se ejecutarán”, es de resaltar que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ya ha señalado en sus eventos públicos que ellos ya vienen aplicando el criterio de “rentabilidad social”.

En nota de prensa de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Magaly Bardales sostuvo que “la rentabilidad social ya forma parte de la actuación de las empresas mineras”. La SNMPE resalta especialmente que se tiene que “construir sobre lo ya avanzado”. La preocupación del principal gremio minero en el Perú es que la actual gestión del MINEM continúe con las reformas y ajustes logrados por influencia de ellos en los últimos años. Debemos recordar que el año pasado, 2020, en plena pandemia, producto del lobby minero se aprobó el Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros  (Decreto Supremo N° 020-2020-EM)  y el Nuevo Reglamento de protección Ambiental para actividades de Exploración Minera (Decreto Supremo N° 019-2020-EM).

Ahora, con el documento sobre criterios de rentabilidad social publicado por el MINEM, se puede observar de manera muy preocupante, las coincidencias entre la propuesta del ministro Iván Merino y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

El documento señala 7 criterios para medir a rentabilidad social: 1) Dinamización de la economía, 2) Ingreso Nacional, Balanza Fiscal y Balanza de Pagos 3) Nivel y calidad de empleos y salarios 4) Infraestructura local y nacional 5) Tecnología, 6) Distribución del ingreso, estructura del status y poder y 7) Ecosistema y cultura. El documento no solo tiene inconsistencias y grandes vacíos de diagnóstico social, económico, cultural y ambiental, sino que además se omite el enfoque de derechos humanos y plantea una mirada asistencialista y privatista.

La CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) en su informe sobre “Empresas y Derechos Humanos” de 2019 ha señalado que los Estados deben conducir adecuadamente la realización de los derechos humanos, incluido el “derecho al desarrollo, (…) se  requerirá, fundamentalmente, empoderar a las personas y las comunidades como titulares de derechos, ponerlas al centro de cómo se concibe e implementa el desarrollo(…)» (pág. 35). Agregan que: el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un componente más para la realización del derecho al desarrollo y los derechos humanos en general; el derecho al desarrollo entonces permite observar cómo Estados y empresas cumplen sus obligaciones y si los procedimientos seguidos son coherentes con el marco de los derechos humanos.

Por ello creemos pertinente hacer algunos comentarios respecto a los criterios de viabilidad social y económica presentados por el MINEM, ya que estos criterios indefectiblemente deben estar vinculados también a la protección de los derechos humanos.

Comentarios y análisis del Documento de «Rentabilidad Social» del MINEM

Entre varios de los puntos más llamativos, el Eje de “Ecosistemas y culturas” no contiene ni un diagnóstico mínimo del impacto ambiental; solo se reduce a señalar “las modificaciones físicas en el medio ambiente, producto de la acción directa de los proyectos son relativamente fáciles de señalar y evaluar”. Hay un gran vacío en describir el relacionamiento del desarrollo económico local con las condiciones socio-ambientales del territorio. Aquí se omite variables claves como el impacto en la salud humana y ambiental. La rentabilidad social no puede omitir esto, teniendo en cuenta que uno de los principales impactos en la minera es la contaminación del ambiente y sus componentes debido a metales tóxicos.

Otro vacío transversal en el documento es que omite que los principales actores sociales en los territorios impactados por la actividad minera son las comunidades campesinas. En el documento publicado no se señala nada sobre los derechos de los pueblos indígenas, solo habla de “grupo de personas” o “grupos marginados o desplazados”. Se omite que el desarrollo de la economía local, está íntimamente vinculado a los valores culturales y sociales de los pueblos indígenas impactados y en general de las poblaciones asentadas en los diversos territorios. Además, es preocupante la mirada colonialista de creer que los actores sociales en el territorio son meros receptores de “conocimiento”, “capacitaciones” y/o “tecnologías” mineras. El Estado tiene que valorar las propias actividades productivas que ya desarrollan las comunidades y las diversas poblaciones en el país, no solo considerar la actividad minera como única actividad en el territorio impactado, creyendo sin sustento técnico que las empresas mineras podrán desarrollar importantes cadenas productivas a nivel local, porque en todos estos años no lo han logrado.

Por otro lado, el Eje «Empleos y salarios» se centra el análisis en la “productividad” de las empresas mineras por capacitación de “mano de obra”, más no señala nada sobre el estado actual de los derechos laborales y sindicales en el sector minero. Siendo los conflictos por condiciones laborales una problemática latente a nivel nacional. Esto sin entrar al detalle de que la minería no está dando la cantidad de empleos necesarios para generar mayor bienestar y sostenibilidad económica en los territorios donde ingresa.

En la última parte, que es la más importante del documento, se desarrollan 34 preguntas dirigidas especialmente a medir el relacionamiento o impacto económico-laboral de la empresa minera en el territorio. Pero es llamativo que se traten de preguntas para proyectos en funcionamiento, es decir cuando los impactos ya se están dando, y que casi en su totalidad estén formuladas para ser dirigidas al sector empresarial. ¿No se supone que son preguntas para evaluar la viabilidad de los proyectos futuros, de manera previa al funcionamiento de estos? ¿Cómo se puede analizar viabilidad social y económica con preguntas especialmente dirigidas al empresariado y no a las comunidades y poblaciones?

Las preguntas planteadas para evaluar la rentabilidad social están dejando de lado a actores claves en los territorios, además que omiten el enfoque de derechos humanos, solo una de las preguntas hace una referencia muy vaga a normas de la OIT (Organización internacional del Trabajo), pero también tenemos otro tipo de derechos conexos e interrelacionados, de mucha relevancia, como el derecho al agua, la salud, el ambiente, educación, alimentación, vivienda, entre otros.

El desarrollo no puede seguir siendo medido solo en términos planteados por los grandes inversionistas, sin analizar en concreto las amplias necesidades de la población y comunidades. El gobierno de Pedro Castillo no debe olvidar que tiene un mandato para generar cambios a favor de la vida y la economía del pueblo: para esto el Estado debe reforzar su rol como garante de derechos y regulador económico. Esto es: lograr que las políticas de producción económica sean acordes a la promoción y protección derechos humanos, especialmente los derechos sociales. 

 

El pasado lunes 6 de septiembre el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, se reunió en Huancavelica con representantes de diversas organizaciones sociales de base, dirigentes, ingenieros, entre otros; para escuchar la posición de la población frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur.

Como se sabe, dicho proyecto minero pone en peligro de contaminación por arsénico el consumo de agua de más de 50 mil huancavelicanos. Esto debido a que el área de exploración se encuentra ubicado en la cabecera de la microcuenca de la quebrada Callqui. 

Esta quebrada abastece aproximadamente más del 70% de agua a la planta de tratamiento EMAPA. A ello se suma la presencia de 46 manantiales, 16 quebradas, 2 lagunas y 8 bofedales en una zona considerada por la propia Nexa Resource, en su Declaratoria de Impacto Ambiental, en una zona de ecosistema frágil.

En su participación, la regidora y especialista ambiental, Elsa Benavente, indicó que las cabeceras de cuenca tienen que ser protegidas porque es donde nace el agua y por lo tanto ser declaradas zonas intangibles.

Además, precisó que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Nexa Respurce, menciona que se harán 40 perforaciones de 100 a 1000 metros de profundidad. Benavente manifestó, “no hay que ser experto para darnos cuenta de que si o si van a cruzarse estas aguas subterráneas. En el propio estudio de Nexa y el informe del ANA dice que los riesgos ambientales de este proyecto es que durante la perforación se cruzara con acuíferos, agua subterránea que alterara la calidad de agua”

Por otro lado, Benavente indicó que presentaran una acción de amparo frente a la resolución del SENACE que aprobó la MEIA presentada por Nexa Resource. 

Por su lado, el congresista huancavelicano, Alfredo Pariona; indicó que “nosotros no somos antimineros, si el proyecto minero Pukaqaqa Sur se da tiene que ser respetando las normas vigentes, pagando a sus trabajadores, respetando el medio ambiente y que no haya conflicto alguno”. Así mismo, indicó que desde su labor como congresista electo estará siempre atento a salvaguardar los intereses de Huancavelica. 

Palabra de Ministro

En su intervención, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino manifestó que se encontraba dispuesto a escuchar y promocionar lo que se quedó desde la campaña y lo que dijo el presidente Castillo; “vamos a promover los proyectos que tengan rentabilidad social, nosotros hemos llegado aquí por el voto del pueblo”.

El ministro dejó en claro que lo más importante es el impacto en la zona, “cualquier intervención tiene que ser con respeto a la cultura local, cualquier proyecto tiene que acondicionarse a la realidad local, si todo proyecto cumple estos requisitos va a tener el apoyo del gobierno e incentivos”

En relación al proyecto minero Pukaqaqa Sur indicó que lo que existe es falta de información de ambas partes, así como falta de dialogo; “primero, la resolución ministerial emitida el 15 de diciembre no constituye ningún otorgamiento de autorización alguno o permiso, la resolución de consejo de minería no es la entidad que autoriza ningún accionar, es un ente que resuelve quejas, no manda ejecución”

De otro lado, el ministro de Energía y Minas reconoció la posición de la población huancavelicana frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur como mayoritaria en rechazo de la misma e indicó que respetaran la decisión basándose en la rentabilidad social.

“Es necesario trabajar en conjunto, tenemos una buena relación con la comisión del congreso que ve estos temas y creo que con ellos vamos a tratar y sería la primera instancia donde trabajemos los congresistas locales para que no haya distorsión de la información, debemos tener el diagnóstico preciso”

Finalmente indico que se reuniría con representantes de la empresa Nexa Resource para validar información.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, recalco que su despacho tomará las acciones inmediatas frente a este hecho, para lo cual convocará a una reunión donde participarán los congresistas por Huancavelica, así como los de la Comisión de Energía y Minas (COMEM) y representantes del MINEM para asumir responsablemente la más apropiada decisión.