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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Esta semana ha debido ser una de las más grises para los gremios empresariales en el Perú y particularmente para las empresas mineras, debido a que el pasado martes 22 de setiembre el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de la Libertad contra el Decreto Legislativo 1421, que buscaba prescribir más de 9 mil millones de soles en deudas tributarias a la SUNAT, deuda que ahora se mantiene y que deberán pagar un promedio de 158 grandes empresas. Al respecto la presidenta del TC Marienella Ledesma antes de emitir su voto de rechazo a la demanda señaló que: «Las grandes empresas deberán pagar sus impuestos igual que los contribuyentes de este país, sin ninguna distinción» dejando zanjado de esta forma la postura mayoritaria del TC en relación a esta demanda.

 

Al respecto un dato importante sobre este tema es que las grandes empresas mineras concentran el 50% del total de deudas, según el portal Ojo Publico un total de 22 empresas mineras adeudan S/5 mil 76 millones a la SUNAT, dentro de este grupo de empresas mineras tenemos a Las Bambas, Glencore Antapaccay, Cerro Verde, Volcán, Antamina, Buenaventura, entre otros. El caso de la mina Buenaventura debe ser uno de los más escandalosos, debido a que adeuda a la SUNAT más de 2 mil millones de soles y porque uno de sus dueños, Roque Benavides es un activo empresario minero que siempre esta hablando de las bondades de la minería, sin reconocer los impactos ambientales y sociales que genera esta actividad. Curiosamente el día que se pronuncia el TC sobre la improcedencia de la prescripción de las deudas, el empresario Benavides anunciaba que se inscribía en las filas del partido aprista peruano (APRA). Sin duda no fueron buenas noticias para los gremios mineros lo ocurrido esta semana en el TC. Quizá por ello buscan tener un candidato propio a la presidencia de la República, como parece ser la intención del señor Roque Benavides.

 

Finalmente, las deudas de las empresas mineras no solo son económicas, también tienen deudas e infracciones laborales y ambientales, el portal periodístico Convoca.pe “identificó a 10 empresas mineras que se dedican a la exploración y explotación de metales y que adeudan más de 4,707 millones de soles a la SUNAT, también fueron beneficiadas con la reducción y exoneración de multas ambientales y laborales por más de 11 millones 400 mil soles”. Estas empresas son minera Buenaventura, Antapaccay, Las Bambas, Cerro Verde, Los Quenuales, Volcan, Antamina, Southern, Ares y Titán del Perú. Lamentablemente el gobierno del expresidente Ollanta Humala y el congreso de aquel entonces (2014) promovieron normas como la Ley 30230 (paquetazo ambiental) que exoneraban y reducían multas impuestas por OEFA y SUNAFIL a una decena de empresas mineras. Desde la Red Muqui creemos que los gremios mineros y las empresas mineras le hacen un flaco favor al país tratando de evadir sus responsabilidades, cuando es ahora, en plena crisis sanitaria por la pandemia que se requiere responsabilidad y transparencia, algo que al parecer han olvidado algunas empresas mineras.

Desde que asumió la cartera del Ministerio de Energía y Minas, el nuevo ministro Miguel Incháustegui, tras la crisis del gabinete Cateriano, ha dado varios anuncios de un supuesto viraje en su sector.

Ha señalado que van a priorizar 9 proyectos mineros que se encuentra en la última etapa y que están avanzando en permisos y financiamiento. Aunque señaló que su gestión, a diferencia de las anteriores, no pretenderá imponer proyectos mineros que tienen rechazo de la población como Tía María, Conga y Río Blanco; el proyecto minero Toromocho, que anunció se priorizará, actualmente tiene el rechazo de las familias que aún viven en Morococha.

También ha señalado, a diferencia de las anteriores gestiones, que generará consensos y espacios de diálogo tripartitos con los gobiernos regionales, provinciales, municipales y las comunidades. Sobre el corredor minero del sur aguarda el mineroducto del proyecto Las Bambas o un tren que pueda sacar los minerales sin afectar a la gente que vive alrededor y soporta el paso de más de 300 camiones diarios.

Asimismo, ha señalado sobre Espinar que respetara los acuerdos de la mesa de diálogo. Afirmó también en una entrevista que no se han relajado las normas ambientales y que tendrán la intervención del MINEM para que no ocurran fallas en las normas que se han modificado como el de exploración minera y el nuevo reglamento de procedimientos mineros.

Además, durante esta semana, las empresas de su sector están en el ojo público porque el Tribunal Constitucional resolvió que la SUNAT debe seguir cobrando las deudas tributarias que las empresas no quieren pagar. De estas empresas privadas, 22 son empresas mineras que deben más de 5 mil millones de soles.

¿Estamos en un nuevo escenario con el nuevo ministro?

Recabamos la opinión de 2 economistas, especialistas en minería.

Juan Aste:

El nuevo ministro ha mostrado un perfil más institucional sustentada en los informes de Rimay y la Comisión de Desarrollo Minero sostenible. No propiciar los conflictos, no darle prioridad a Tía María y otros proyectos. Sin embargo, ha coincidido su entrada con la publicación del nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que es un peligro por todos los impactos ambientales que significa, estableciendo el silencio administrativo positivo; o aprobar en un solo procedimiento la concesión de beneficio y la licencia de construcción que favorece a la empresa minera Southern con su proyecto Tía María, por ejemplo.

También está la aprobación del reglamento de protección ambiental de la exploración minera y ahí hay otro problema porque se han sacado los componentes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Exploración y se han pasado al cateo y prospección, haciendo aparecer como si la exploración no tuviera impacto. Avalar eso para dinamizar la exploración, que era objetivo del gran empresariado, es preocupante.

Institucionalmente, él nuevo ministro, está respaldando la desregulación de los procedimientos, que tendrá impactos para dinamizar la inversión.

Ha coincidido su entrada con la flexibilización del reglamento interno de trabajo en las minas en el contexto del Covid para que la producción recupere sus niveles de producción al 100%. Sobre esto ha señalado que la Sunafil es quien tiene que actuar, evadiendo responsabilidad de su sector.

En conclusión, con la nueva gestión se le ha dado continuidad a la política minera que va a traer sus consecuencias en las cuencas hídricas al expandir la exploración y ampliar esta capacidad de producción con la menor cantidad de requerimientos y en los plazos mas cortos, ahí habrá impacto en la agroalimentación y las cuencas hídricas.

José De Echave:

El nuevo ministro tiene un período corto hasta julio del próximo año. Ya empieza la campaña electoral. Es un período corto para pensar en cambios significativos. Va a ser una gestión de salida, son los últimos meses del gobierno.

En relación a los mensajes que ha dado, ni él ni el gobierno pretenden sacar adelante proyectos mineros que tengan fuerte resistencia como es el caso de Tía María, Conga, y Río Blanco. Van a dejar que los proyectos que están más o menos encaminados: Quellaveco, Mina Justa, ampliación de Toromocho y otros proyectos muevan la inversión minera.

Lo que sí hay que ver son los cambios normativos, porque sigue habiendo la tendencia de desregulación ambiental y social para el sector. Eso debe monitorearse.

Habrá que ver cuál es su posición frente a los cambios normativos. Lo cierto es que la acción del Ministerio de Energía y Minas y el Estado en su conjunto frente a estos procesos de flexibilización van a ser muy limitados. Tenía limitaciones antes de la pandemia y ahora mucho más. La capacidad de fiscalizar, dar seguimiento es mucho más limitado de lo que ya era. La sensación que tengo es que el ministro está sentando posición sobre unos temas y sobre otros no.

Por ejemplo, en el sector laboral, la Federación de Trabajadores Mineros le está pidiendo al MINEM que sincere las cifras de contagios y que junto al Ministerio de Trabajo sienten posición sobre las condiciones laborales que están implementando las mineras. Las jornadas laborales se han extendido hasta 40 días de trabajo continuo. Esto también implica riesgos a las poblaciones vecinas por la exposición al contagio.

El ministro dice que es un tema laboral, pero también le corresponde a su sector. En el protocolo de salud y seguridad ha participado el Ministerio antes de que entre él a la cartera. Las modificaciones del distanciamiento en el trabajo, la potestad del viceministro para aprobar los protocolos por cada empresa ha sido cambiado y las consecuencias de ello las estamos viendo en el aumento de contagios.

Sobre las deudas tributarias, el presidente ha señalado que está de acuerdo en que las deudas no prescriban. Esperaría que los ministros estén alineados. Ya que las deudas corresponden en una gran cantidad, más de 5 mil millones, a las empresas mineras, esperemos que haya un posicionamiento claro del actual ministro.

Sobre las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, veo difícil que se vaya a implementar. La Comisión ha planteado varias cosas, sobre la exploración minera, el gobierno ha tomado ello y ha flexibilizado la protección ambiental para la exploración minera. Asimismo, tiene varios vacíos el informe, por ejemplo: el tema laboral.

Me da la sensación que en el poco tiempo que tiene el ministro va a ser difícil implementar esas recomendaciones y lo que está intentando relanzar el gobierno es Rimay, donde estaban construyendo una visión de la minería al 2030.

 

 

Tras décadas de actividad minera en La Libertad, la Asociación Marianistas de Acción Social – Amas Perú presentará su experiencia de monitoreo ambiental con análisis físico químico y biológico con macroinvertebrados en la identificación de la contaminación minera en varias microcuencas de la región entre el 2005-2019, analizando el impacto de la empresa minera Barrick.

– ¿Esta metodología puede ser replicada en todo el país?

– ¿Cómo se puede proteger desde el Estado las cuencas hídricas y de la producción agroalimentaria?

– ¿Cuál es la situación del dictamen sobre vigilancia y monitoreo ambiental comunitario y ciudadano que se encuentra en el Congreso?

Estas son algunas de las preguntas que responderán los panelistas tras la exposición de la experiencia de investigación. Walter Pereda, antropólogo y director de AMAS; Manuel Horna, biólogo y microbiólogo de AMAS; el Dr. César Medina de la Universidad Nacional de Trujillo; y Juan Aste Daffós, economista y especialista en gestión ambiental.

Este foro se realizará este jueves 24 de septiembre a las 10am y será transmitido vía facebook.com/redmuqui.

 

 

Tras las denuncias realizadas en medios locales el 17 de septiembre en Huamachuco, los dirigentes de la Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASS) del caserío de Shiracmaca, pertenecientes al distrito de Huamachuco, en la sierra de La Libertad, presentaron un oficio el 21 de septiembre al jefe de la Autoridad Local del Agua (ALA Huamachuco) – que no fue recibido, porque tiene que ser vía virtual debido a la pandemia-, precisando que en su caserío vienen sufriendo una serie de daños a la infraestructura hidráulica por parte de la empresa minera Summa Gold Corporation SAC.

Entre los daños generados, señalan que la empresa ha «averiado en reiteradas oportunidades y sin consentimiento y o autorización de nuestra Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASSS), se ha tomado la libertad de cambiar el curso de tendido de nuestra red matriz o red de conducción». Actualmente la empresa minera ha cortado el ducto de agua potable que se usa para el consumo humano, precisan en otra carta enviada al presidente del Frente de Defensa de la provincia de Sánchez Carrión. En comunicación con el dirigente Delmer Alva Ballena de la JASS, también presidente de Gestion de Agua y Alcantarillado de Shiracmaca (COGAASH)  señaló que ya van cinco veces que la empresa minera corta el ducto de agua.

En la carta enviada a la Autoridad Local del Agua, agregan que, producto de las voladuras indiscriminadas para la extracción de mineral, el reservorio de agua ha sufrido roturas y fisuras originando filtraciones de agua. El reservorio de agua se alimentaba de 5 vertientes de agua.

Ahora, precisan que «por efectos de excavaciones y explotación de la minera se ha desaparecido otro manantial denominado Los Alisos que alimentaba a la red matriz de nuestro sistema de agua».

La junta directiva del Caserío de Shiracmaca también denuncian que se ven afectados por la «sectorización de agua una hora cada 4 días», y piden que ello sea constatado por las autoridades ya que no llega la cantidad de agua completa al reservorio. Actualmente solo llega 1 lito y medio por segundo al reservorio, señala Delmer Alva, y no 2 litros por segundo como llegaba con anterioridad. El ducto de agua  pasa por donde la empresa minera realiza sus actividades y temen que la empresa minera esté usando el agua. Esto sumado a las afectaciones que tiene el reservorio y la red matriz de agua.

Producto de estos hechos, la empresa minera ha clausurado y obstruido los caminos de vigilancia de la red de agua, amontonando relaves mineros en un tramo aproximado de 500 metros, para que las personas no puedan acercarse, denuncian en el oficio.

El dirigente Delmer Alva Ballena mostró su preocupación a Red Muqui debido a que hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la denuncia. La Autoridad Local del Agua no les recibió la denuncia física y les indicó que lo hagan vía virtual por la pandemia en la que estamos. Asimismo, les indicaron que la Municipalidad es la encargada de inspeccionar la infraestructura física del agua. La JASS ha enviado un oficio a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión y se encuentran preparando un oficio dirigido al Gobierno Regional y el Ministerio de Energía y Minas.

 

Organizaciones del norte se pronuncian

Frente a estos hechos y la denuncia pública en medios de comunicación de que el agua que llega a los reservorios ha cambiado de coloración, pudiendo contener sustancias tóxicas;  la Red Muqui – Norte, la Coordinadora de Derechos Humanos- Macro Norte, Proyecto Amigo-La Libertad, Cañi-Quimit-Sembrando comunidad, el Centro Cultural Sangre de Halcón-Sánchez Carrión-La Libertad, REDAD-Red Regional Agua y Desarrollo-Piura, Comisión de Justicia Social de Chimbote-Ancash, COSDEJ- Lambayeque, la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC)-Cajamarca, SEDYS- Trujillo- La Libertad, GRUFIDES-Cajamarca, Codispas-Ancash; la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y el Consejo de Educación Popular de América Latina-Región Perú, emitieron un pronunciamiento llamando a las autoridades competentes a hacer respetar el derecho a una vida y territorio sanos.

Recursos hídricos deben ser protegidos

«De acuerdo a la ley de los recursos hídricos, el agua de consumo humano tiene prioridad sobre las demás actividades y se debe respetar sin ninguna excepción. En esta situación de emergencia sanitaria dicho recurso se hace aún más necesario, así como su resguardo, por lo que debe corregirse de inmediato», precisan en el comunicado.

Finalmente, las organizaciones se suman las denuncias y pedido de inmediata solución que hacen las organizaciones de la población afectada por la minería en Huamachuco, e instan a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, a la DIGESA, la Autoridad Nacional del Agua, la Fiscalía especializada en materia ambiental, el Ministerio de energía y minas y la Defensoría del Pueblo «a tomar en cuenta este problema que se viene arrastrando desde hace tiempo y que no puede postergarse más».

En el caserío de Shiracmaca viven aproximadamente 2 mil familias y el tener escaso acceso al agua no les permite responder adecuadamente a la pandemia.

 

Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Como es sabido, esta semana la coyuntura política sigue centrada en la moción de la vacancia presidencial de Martin Vizcarra por parte del Congreso de la República. Está casi confirmado que el presidente tendrá que ir a responder por sus actos este viernes 18 de septiembre al Congreso. Sin embargo, cada día aparecen nuevos elementos que evidencian que detrás del pedido de vacancia existen otros intereses subalternos a los audios del presidente y sus asistentes. Se ha sumado las llamadas nada santas que ha realizado el presidente del Congreso, Manuel Merino, al comandante general de la Marina; dice Merino, para dar tranquilidad al país, así como las últimas denuncias del ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaústegui, quien ha hecho público unos chats donde allegados a Acción Popular le insinuaban sobre los cambios y la crisis que se avecinaban. Al final, se trata de “una burda comedia en medio de una tragedia” en nuestro país, como ha señalado acertadamente Javier Torres de NoticiasSer.

No solo de crisis política vivimos en nuestro país, a parte de la crisis sanitaria que tenemos que enfrentar, esta semana hemos conocido de una lamentable noticia, se trata del asesinato a balazos del defensor ambiental: Roberto Carlos Pacheco Villanueva, en Madre de Dios. Con esta muerte en nuestro país, ya suman 5 defensores ambientales asesinados, según la Defensoría del Pueblo. “En lo que va del 2020, además del señor Pacheco, otros cuatro defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente han sido asesinados por tratar de proteger los recursos naturales”. Estos datos son más que alarmantes debido a que la defensa de los derechos humanos y los líderes/as defensores están en riesgo. Por ello, es urgente implementar medidas más eficaces de protección desde el MINJUSDH, El Ministerio Publico y las autoridades competentes en favor de los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país.

Finalmente, en medio de esta crisis, un tema que espera algún nivel de atención desde hace mucho atrás es la situación de los afectados/as por metales tóxicos en nuestro país. Siempre que los gremios mineros y el gobierno hablan de la importancia de la minería se olvidan de la otra parte, de los impactos y los daños que genera esta actividad. El caso de los afectados, entre ellos niños y niñas de Cerro de Pasco es el más dramático, ya que la presencia de metales pesados en sus cuerpos les genera un sinnúmero de enfermedades, como el cáncer, por ejemplo. En relación a este tema, el Centro Labor de Pasco en alianza con el Instituto Source de Italia han elaborado una investigación denominada: «Condiciones de la calidad ambiental y exposición humana a metales pesados en Cerro de Pasco». El estudio profundiza el análisis ambiental y de salud pública que aquejan a las poblaciones de Cerro de Pasco, y da cuenta de la situación de los niños y niñas en poblaciones cercanas al proyecto minero. El estudio fue presentado está siendo presentado este jueves 17 de septiembre en un evento virtual organizado en alianza con la Red Muqui.

“El Perú no es solo un país minero, es un país mega diverso y pluricultural”

 

Frente a la denegatoria del voto de confianza del Congreso de la República al gabinete presidido por el ahora ex premier Pedro Cateriano, y frente a la grave crisis sanitaria y económica que viene atravesando nuestro país, la Red Muqui, que agrupa a 29 instituciones del país, señala a la opinión pública lo siguiente:

 

Primero. – El no otorgamiento del voto de confianza del Congreso de la República al premier Pedro Cateriano, su gabinete y a las propuestas presentadas ante el pleno, responde a diferentes motivos, entre ellas a la poca claridad para enfrentar la pandemia de la Covid-19, a las políticas que privilegian los intereses empresariales y mineros, la desregulación ambiental que viene impulsando el Ejecutivo, así como la presión de algunos grupos de poder que buscan frenar el avance de la reforma universitaria condicionando su voto. Desde la sociedad civil y las organizaciones sociales se ha expresado un malestar e indignación por la actuación del gobierno y la postura asumida por el ex premier Cateriano, sosteniendo que la minería moderna no contamina; lo cual es contradictorio con los más de 8 mil pasivos ambientales mineros registrados por el MINEM y los miles de casos de personas afectadas por metales pesados en nuestro país.

 

Segundo.- El ex premier Pedro Cateriano desde el primer día que asumió el cargo había señalado que entre sus prioridades estaba reactivar la economía y como eje central la actividad minera, aunque este represente solo el 12% del PBI nacional según datos del INEI; al mismo tiempo, el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación del 28 de julio anunció que el gobierno iba aprobar un “Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros” para agilizar la inversión privada en este sector y durante la última semana el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó el Decreto Supremo 019-2020-EM, que modifica diversos artículos del Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de Exploración Minera, que reduce aún más los estándares ambientales y sociales en nuestro país. Esta norma representa un retroceso muy peligroso en la protección de derechos, más aún en este contexto de pandemia.

 

Tercero. –  Al mismo tiempo la Defensoría del Pueblo en su reporte mensual de conflictividad social da cuenta que más del 60% de conflictos en el país están vinculados a la actividad minera, y en el contexto de la pandemia se han reactivado varios de ellos, como el DATEM del Marañón en Loreto y Espinar en Cusco. Sobre el caso Espinar hay que señalar que se ha puesto nuevamente en tapete los aportes reales de la minería para el desarrollo de una provincia. El pedido de un bono humanitario para enfrentar la crisis económica ha generado diferentes reacciones y posiciones, el convenio marco firmado hace 17 años entre la empresa minera y la provincia de Espinar no necesariamente ha mejorado las condiciones de vida de los pobladores y comunidades locales; asimismo, existen agendas pendientes no resueltas sobre la contaminación ambiental y la afectación a la salud de las comunidades en el entorno minero, sumado a ello esta la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco. El conflicto en Espinar no está resuelto y con la renuncia del gabinete Cateriano todo diálogo planteado puede quedar suspendido, conllevando, posiblemente, a que la situación se agrave en la zona.

 

Cuarto. – La situación de la pandemia en nuestro país avanza y se intensifica aún más. A más de 140 días de la emergencia sanitaria según datos oficiales del Ministerio de Salud, la cantidad de personas contagiadas suman más de 400 mil casos y las fallecidas llegarían a más de 43 mil, según las últimas declaraciones de la ministra de Salud. El virus se ha extendido a las regiones andinas del sur y nuevamente se evidencia la precariedad del sistema de salud para atender los casos. Urge que el gobierno central implemente medidas complementarias urgentes para apoyar a los gobiernos regionales y locales para atender los casos, y con especial consideración a las comunidades campesinas debido a su alta vulnerabilidad. Por ello, el nuevo gabinete debe poner como eje central de su trabajo la mitigación de la pandemia desatada por el Covid-19 y fortalecer el nivel de atención primario de salud con la implementación de una estrategia comunitaria, que ha sido reclamada por las organizaciones indígenas y campesinas.

 

Ante este escenario tan crítico y complejo urge que el gobierno del presidente Vizcarra recomponga un gabinete concertador y verdaderamente dialogante y que, sobre todo, escuche las demandas de la población, que ponga como agenda prioritaria la atención a la salud y vida de la población en medio de esta pandemia. El Perú ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en numero de contagiados. Que se entienda que la reactivación económica no solo debe priorizar la actividad extractiva beneficiando solo a un grupo de intereses económicos; y mucho menos poniendo en riesgo la vida de sus propios trabajadores, como es el caso de las empresas mineras. La reactivación debe darse desde los territorios y respetando los derechos de las poblaciones locales, por ello desde Red Muqui nos hemos sumado a la campaña #ReactivaMisDerechos.

 

Lima, 05 de agosto del 2020.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Finalmente ingresamos al último año de gobierno del presidente Martín Vizcarra. En julio del 2021, año del bicentenario, deberá entregar la banda presidencial al nuevo/a mandatario/a en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes en nuestro país y el mundo. En ese sentido, el pasado 28 de julio hemos escuchado lo que fue el último mensaje a la nación del presidente Vizcarra, que para muchos ha sido un mensaje con poco impacto en la ciudadanía y que solo ha buscado dar cuenta de las principales obras y acciones que se han realizado en medio de la crisis generada por la pandemia, así como las medidas de reactivación económica que se van a impulsar en el último año y el llamado a las fuerzas políticas para construir un nuevo acuerdo político denominado el “Pacto Perú”.

 

Dentro de las casi dos horas que habló el presidente sobre las medidas implementadas en los diferentes sectores del gobierno y los desafíos que se plantean para el último año, el referido al tema minero es el que quisiéramos comentar con más detenimiento. Al respecto el presidente ha señalado que: «La minería constituye hoy un componente esencial para el crecimiento económico del país. Necesitamos un sector minero fortalecido y competitivo, pero, a su vez, responsable con el medio ambiente y cuya actividad se desarrolle en armonía con los derechos de las comunidades y las personas». Sobre esta afirmación, que no es novedoso, ya los gremios empresariales mineros habían anunciado que la reactivación de la economía debería centrarse principalmente en la minería, entonces lo nuevo por decirlo así, es que el presidente Vizcarra, alineado con el Premier Pedro Cateriano, ha anunciado “la aprobación de un Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros para agilizar las inversiones mineras”.

 

Sobre este último punto habría que señalar que desde la sociedad civil y las comunidades afectadas por la minería en los últimos años ya se había alcanzado y discutido propuestas sobre la necesidad de contar con un nuevo marco normativo para la minería; sin embargo, esta discusión no se ha podido dar, y por el contrario solo se han alcanzado algunos aportes de cambios normativos desde una “Comisión de especialistas para el desarrollo de la minería sostenible y el centro RIMAY”, como lo ha señalado el mismo presidente en su mensaje. Nos parece que este anuncio en realidad no plantea cambios de fondo y mucho menos en favor de los derechos de las comunidades, pueblos indígenas y poblaciones afectadas por la actividad extractiva, si no que se busca facilitar, destrabar, agilizar y relajar los procedimientos ambientales y sociales para que salgan en tiempo record los proyectos mineros de la cartera de inversiones que ha señalado el mismo presidente.

 

Desde la Red Muqui queremos señalar que, si bien la reactivación económica es importante en medio de esta crisis, insistir en que la reactivación solo se centre en determinados sectores como la minería no siempre es la mejor decisión, ya que a la par los conflictos sociales también se van a reactivar como lo que viene pasando en la provincia de Espinar (Cusco), así mismo los costos ambientales en el futuro serán muy altos para las poblaciones locales. Por ello era importante que el presidente haga más énfasis en la reactivación del agro, por ejemplo, ya que la crisis alimentaria está a la vuelta de la esquina, y porque la pandemia de la Covid-19 se quedara un buen tiempo con nosotros.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

Hemos tenido una semana movida en el escenario político peruano, y es que el presidente Martín Vizcarra ha decidido hacer cambios en la mayoría de las carteras ministeriales, incluyendo al premier. La PCM ahora es encabezada por Pedro Cateriano, quien no es nuevo en el cargo, ya que fue premier en el ultimo año de la gestión de Ollanta Humala. Lamentablemente los antecedentes políticos del señor Cateriano en materia de respeto de derechos humanos, así como en la gestión de los conflictos sociales no son las mejores; son malas noticias para las comunidades y poblaciones afectadas por la actividad extractiva. Es más, los anuncios del nuevo premier han ido en esa línea estos días, por ejemplo, ha señalado que “no se puede vivir de bonos por siempre, hay que destrabar las inversiones”, dejando en claro su línea política, que ha sido aplaudida por la CONFIEP.

En este contexto, el escenario que se avecina es muy difícil, debido a que los conflictos sociales se vienen reactivando. Esta semana la provincia de Espinar en Cusco ha iniciado un paro indefinido, ellos reclaman el uso de los fondos del Convenio Marco de la minera Antapaccay y del gobierno local de Espinar, para otorgar un bono solidario de mil soles a los pobladores de toda la provincia y de esta forma ayudar a las familias afectadas para enfrentar la pandemia y la crisis económica que vivimos actualmente; sin embargo, la empresa minera se opone a esta medida. De otro lado, los pobladores del valle de Tambo en Arequipa también están preocupados por los reiterados anuncios de los gremios mineros y el ministerio de Energía y Minas por retomar el proyecto minero Tía María. Se han venido realizando cacerolazos en semanas pasadas y con el retorno de Pedro Cateriano a la PCM, esta preocupación es más que comprensible, ya que el 2015 en el conflicto de Tía María el papel del premier en ese momento fue deleznable.

Mientras el escenario político apunta a complejizarse más, dentro de las agendas de las organizaciones de la sociedad civil la situación tampoco es la mejor, esta semana dos iniciativas de protección del medio ambiente han sido duramente cuestionadas. En el plano nacional y del Congreso de la República se viene discutiendo un proyecto de ley para reconocer a los monitores y vigilantes ambientales comunitarios en la Comisión de Pueblos Indígenas; este proyecto debió ser votado el pasado martes, sin embargo, por presión de algunos congresistas y la oposición de sectores privados y ministerios del ejecutivo se ha suspendido el debate, esperamos que la comisión apruebe la propuesta y se discuta finalmente en el pleno del congreso. Finalmente, el otro tema que cuestionan y a la que se oponen los gremios empresariales como la CONFIEP es la ratificación del Acuerdo de Escazú por el gobierno peruano, este acuerdo busca implementar medidas para asegurar el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales de todos los peruanos y peruanas. Pero para la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería del Perú (SNMPE) esto sería una amenaza para la soberanía nacional y que, además, ya contaríamos con suficientes normas de control y participación ciudadana ambiental.

Desde la Red Muqui hacemos un llamado a la ciudadanía, a las comunidades y poblaciones locales a estar más vigilantes que antes en medio de esta crisis, ya que las medidas del gobierno nacional, así como los últimos cambios en el gabinete ministerial y la posición de los gremios empresariales en el país, no apuntan a garantizar derechos; por el contrario, se busca solo priorizar la reactivación económica del gran empresariado a toda costa.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A 14 semanas de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en nuestro país, la crisis económica y sanitaria se acentúa cada vez más. La respuesta del gobierno hasta ahora es insuficiente, las cifras no son las más alentadoras; según fuentes oficiales tenemos más de 240 mil personas contagiadas con el virus y más de 7 mil personas fallecidas. A la par, la falta de dinero y trabajo ha hecho que la gente se vuelque a las calles para buscar algo de trabajo. En la practica la cuarentena ya no funciona y las medidas de apoyo del gobierno como los bonos no ha llegado a quienes realmente lo necesitan.

De otro lado, quiénes sí han estado recibiendo su “bono” en el marco de las medidas de reactivación económica en el país, son las grandes empresas privadas, entre ellas una decena de empresas mineras. Como se sabe, el programa económico denominado “Reactiva Perú” fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a inicios del mes de abril. El objetivo del programa era utilizar recursos del Banco Central de Reserva para realizar préstamos a las empresas privadas con bajísimos intereses y de esta forma asegurar la cadena de pagos a sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios.

Al respecto, el último fin de semana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló la base de datos de las 71 mil personas jurídicas y naturales que recibieron los S/24 mil millones de soles (US$7.5 mil millones), y el portal periodístico Ojo Público analizando esta información, pudo constatar “que solo 975 empresas se llevaron el 35% de la cifra total. En la lista aparecen grupos económicos como Intercorp, Wong, El Comercio, entre otros; así como empresas extractivas como Maderera Bozovich, sindicada por lavado de dinero debido a su esquema offshore, y la minera Volcán…”; revelando de esta forma que las beneficiadas con este programa fueron las mismas empresas de siempre, que tienen serios cuestionamientos por corrupción, lavado de activos, infracciones ambientales, entre otros. Y ahora que se ha anunciado el programa Arranca Perú, y para abonar más en la crisis, la Confiep ha salido a decir “que se reactiven todos lo sectores y que la gente se cuide como pueda del virus”

El caso de las mineras beneficiadas es mucho más cuestionable, debido a que las empresas mineras durante la cuarentena han seguido trabajando hasta el 50% de sus operaciones, nunca estuvieron en pierde, es más fue el sector más privilegiado durante la cuarentena. Por eso llama la atención que mineras como Volcan (Pasco); Consorcio minero Horizonte (La Libertad) o Chinalco se hayan beneficiado del programa. Desde Red Muqui creemos que los mecanismos para otorgar este tipo de apoyos desde el gobierno deben ser más rigurosos y transparentes, y mucho más en el sector minero. Programas de este tipo deben servir para atender el pedido de las pequeñas y medianas empresas, como el sector agrario, por ejemplo, que si generan trabajo para millones de personas en este contexto de la pandemia.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Finalmente el escenario se va aclarando sobre las verdaderas prioridades del gobierno peruano para enfrentar la pandemia del Covid-19. A más de 80 días de la cuarentena podemos señalar que el dilema entre salud y economía se ha ido definiendo, aún a pesar de las esfuerzos que se plantearon por priorizar la salud.  La apuesta económica es la opción que ha decidido optar el gobierno de Vizcarra, la presión de los gremios empresarios ha surtido efecto; es triste decirlo, pero la mayoría de las medidas que ha tomado el gobierno han estado orientados hacia este sector. Encontramos varios ejemplos de ello, como que la minería es una actividad esencial, la reactivación económica centrado en más extractivismo, la suspensión perfecta de labores, la no regulación del precio de los medicamentos, el abuso en el cobro de las clínicas, los balones de oxigeno, entre otros.

Es en ese marco que se ha aprobado la 2da fase de la reactivación económica (D.S. No 101-2020-PCM) que en la practica dispone las mismas medidas para las actividades económicas extractivas: “3.1 La reanudación de las actividades incluidas en las fases de la Reanudación de Actividades del presente Decreto Supremo, se efectúa de manera automática una vez que las personas jurídicas hayan registrado su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”. Es decir, para la segunda fase no hay mayor cambio, esta claro que esto obedece a las presiones de la Sociedad Nacional de Minería del Perú (SNMPE). Recientemente el director de este gremio, Pablo de la Flor, había señalado que existe un “excesivo burocratismo transversal” en el Estado para reiniciar las operaciones mineras. Y semanas después su pedido es refrendado en este Decreto Supremo. Entonces se evidencia nuevamente las prioridades del gobierno de Vizcarra.

De otro lado, un tema no menos importante en este escenario del que queremos comentar, es el día del medio ambiente. Cada 05 de junio conmemoramos este día y creo que por lo menos este año en particular requiere de una reflexión y revisión seria sobre nuestros hábitos de vida a nivel personal, familiar y colectivo. Mucho se ha hablado sobre la nueva normalidad en las ultimas semanas, y de modo particular de nuestra relación con la naturaleza y el medio ambiente. Si bien desde la sociedad civil podemos incorporar estas nuevas practicas, no se piensa lo mismo desde el Estado o en las empresas privadas. En plena cuarentena se han registrado varios casos de contaminación ambiental en zonas mineras, por ejemplo; o el mismo gobierno que busca relajar las acciones administrativas de fiscalización y protección del medio ambiente a través del decreto legislativo Nro. 1500, emitido recientemente.

Por todo ello, desde Red Muqui creemos que si el Estado no garantiza la protección de la salud de las personas, así como del medio ambiente, poco o nada estamos aprendiendo de esta pandemia, y por el contrario vamos profundizar la crisis y las profundas brechas sociales que tiene el Perú de hoy en tiempos de Covid-19.