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Por: Beatriz Cortez Sánchez

Esta semana el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha publicado el documento sobre “La rentabilidad social” de la minería, donde establece una serie de criterios para su medición. Se señala que estos conceptos han sido expuestos en el libro: «¿Inversión extranjera = desarrollo?» de autoría del propio ministro Iván Merino publicado el 2003. El documento oficial del MINEM señala que “para que esas iniciativas (inversión privada) sean viables deben ofrecer rentabilidad económica al titular del proyecto y rentabilidad social al territorio donde se ejecutarán”, es de resaltar que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ya ha señalado en sus eventos públicos que ellos ya vienen aplicando el criterio de “rentabilidad social”.

En nota de prensa de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Magaly Bardales sostuvo que “la rentabilidad social ya forma parte de la actuación de las empresas mineras”. La SNMPE resalta especialmente que se tiene que “construir sobre lo ya avanzado”. La preocupación del principal gremio minero en el Perú es que la actual gestión del MINEM continúe con las reformas y ajustes logrados por influencia de ellos en los últimos años. Debemos recordar que el año pasado, 2020, en plena pandemia, producto del lobby minero se aprobó el Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros  (Decreto Supremo N° 020-2020-EM)  y el Nuevo Reglamento de protección Ambiental para actividades de Exploración Minera (Decreto Supremo N° 019-2020-EM).

Ahora, con el documento sobre criterios de rentabilidad social publicado por el MINEM, se puede observar de manera muy preocupante, las coincidencias entre la propuesta del ministro Iván Merino y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

El documento señala 7 criterios para medir a rentabilidad social: 1) Dinamización de la economía, 2) Ingreso Nacional, Balanza Fiscal y Balanza de Pagos 3) Nivel y calidad de empleos y salarios 4) Infraestructura local y nacional 5) Tecnología, 6) Distribución del ingreso, estructura del status y poder y 7) Ecosistema y cultura. El documento no solo tiene inconsistencias y grandes vacíos de diagnóstico social, económico, cultural y ambiental, sino que además se omite el enfoque de derechos humanos y plantea una mirada asistencialista y privatista.

La CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) en su informe sobre “Empresas y Derechos Humanos” de 2019 ha señalado que los Estados deben conducir adecuadamente la realización de los derechos humanos, incluido el “derecho al desarrollo, (…) se  requerirá, fundamentalmente, empoderar a las personas y las comunidades como titulares de derechos, ponerlas al centro de cómo se concibe e implementa el desarrollo(…)» (pág. 35). Agregan que: el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un componente más para la realización del derecho al desarrollo y los derechos humanos en general; el derecho al desarrollo entonces permite observar cómo Estados y empresas cumplen sus obligaciones y si los procedimientos seguidos son coherentes con el marco de los derechos humanos.

Por ello creemos pertinente hacer algunos comentarios respecto a los criterios de viabilidad social y económica presentados por el MINEM, ya que estos criterios indefectiblemente deben estar vinculados también a la protección de los derechos humanos.

Comentarios y análisis del Documento de «Rentabilidad Social» del MINEM

Entre varios de los puntos más llamativos, el Eje de “Ecosistemas y culturas” no contiene ni un diagnóstico mínimo del impacto ambiental; solo se reduce a señalar “las modificaciones físicas en el medio ambiente, producto de la acción directa de los proyectos son relativamente fáciles de señalar y evaluar”. Hay un gran vacío en describir el relacionamiento del desarrollo económico local con las condiciones socio-ambientales del territorio. Aquí se omite variables claves como el impacto en la salud humana y ambiental. La rentabilidad social no puede omitir esto, teniendo en cuenta que uno de los principales impactos en la minera es la contaminación del ambiente y sus componentes debido a metales tóxicos.

Otro vacío transversal en el documento es que omite que los principales actores sociales en los territorios impactados por la actividad minera son las comunidades campesinas. En el documento publicado no se señala nada sobre los derechos de los pueblos indígenas, solo habla de “grupo de personas” o “grupos marginados o desplazados”. Se omite que el desarrollo de la economía local, está íntimamente vinculado a los valores culturales y sociales de los pueblos indígenas impactados y en general de las poblaciones asentadas en los diversos territorios. Además, es preocupante la mirada colonialista de creer que los actores sociales en el territorio son meros receptores de “conocimiento”, “capacitaciones” y/o “tecnologías” mineras. El Estado tiene que valorar las propias actividades productivas que ya desarrollan las comunidades y las diversas poblaciones en el país, no solo considerar la actividad minera como única actividad en el territorio impactado, creyendo sin sustento técnico que las empresas mineras podrán desarrollar importantes cadenas productivas a nivel local, porque en todos estos años no lo han logrado.

Por otro lado, el Eje «Empleos y salarios» se centra el análisis en la “productividad” de las empresas mineras por capacitación de “mano de obra”, más no señala nada sobre el estado actual de los derechos laborales y sindicales en el sector minero. Siendo los conflictos por condiciones laborales una problemática latente a nivel nacional. Esto sin entrar al detalle de que la minería no está dando la cantidad de empleos necesarios para generar mayor bienestar y sostenibilidad económica en los territorios donde ingresa.

En la última parte, que es la más importante del documento, se desarrollan 34 preguntas dirigidas especialmente a medir el relacionamiento o impacto económico-laboral de la empresa minera en el territorio. Pero es llamativo que se traten de preguntas para proyectos en funcionamiento, es decir cuando los impactos ya se están dando, y que casi en su totalidad estén formuladas para ser dirigidas al sector empresarial. ¿No se supone que son preguntas para evaluar la viabilidad de los proyectos futuros, de manera previa al funcionamiento de estos? ¿Cómo se puede analizar viabilidad social y económica con preguntas especialmente dirigidas al empresariado y no a las comunidades y poblaciones?

Las preguntas planteadas para evaluar la rentabilidad social están dejando de lado a actores claves en los territorios, además que omiten el enfoque de derechos humanos, solo una de las preguntas hace una referencia muy vaga a normas de la OIT (Organización internacional del Trabajo), pero también tenemos otro tipo de derechos conexos e interrelacionados, de mucha relevancia, como el derecho al agua, la salud, el ambiente, educación, alimentación, vivienda, entre otros.

El desarrollo no puede seguir siendo medido solo en términos planteados por los grandes inversionistas, sin analizar en concreto las amplias necesidades de la población y comunidades. El gobierno de Pedro Castillo no debe olvidar que tiene un mandato para generar cambios a favor de la vida y la economía del pueblo: para esto el Estado debe reforzar su rol como garante de derechos y regulador económico. Esto es: lograr que las políticas de producción económica sean acordes a la promoción y protección derechos humanos, especialmente los derechos sociales. 

 

El pasado lunes 6 de septiembre el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, se reunió en Huancavelica con representantes de diversas organizaciones sociales de base, dirigentes, ingenieros, entre otros; para escuchar la posición de la población frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur.

Como se sabe, dicho proyecto minero pone en peligro de contaminación por arsénico el consumo de agua de más de 50 mil huancavelicanos. Esto debido a que el área de exploración se encuentra ubicado en la cabecera de la microcuenca de la quebrada Callqui. 

Esta quebrada abastece aproximadamente más del 70% de agua a la planta de tratamiento EMAPA. A ello se suma la presencia de 46 manantiales, 16 quebradas, 2 lagunas y 8 bofedales en una zona considerada por la propia Nexa Resource, en su Declaratoria de Impacto Ambiental, en una zona de ecosistema frágil.

En su participación, la regidora y especialista ambiental, Elsa Benavente, indicó que las cabeceras de cuenca tienen que ser protegidas porque es donde nace el agua y por lo tanto ser declaradas zonas intangibles.

Además, precisó que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Nexa Respurce, menciona que se harán 40 perforaciones de 100 a 1000 metros de profundidad. Benavente manifestó, “no hay que ser experto para darnos cuenta de que si o si van a cruzarse estas aguas subterráneas. En el propio estudio de Nexa y el informe del ANA dice que los riesgos ambientales de este proyecto es que durante la perforación se cruzara con acuíferos, agua subterránea que alterara la calidad de agua”

Por otro lado, Benavente indicó que presentaran una acción de amparo frente a la resolución del SENACE que aprobó la MEIA presentada por Nexa Resource. 

Por su lado, el congresista huancavelicano, Alfredo Pariona; indicó que “nosotros no somos antimineros, si el proyecto minero Pukaqaqa Sur se da tiene que ser respetando las normas vigentes, pagando a sus trabajadores, respetando el medio ambiente y que no haya conflicto alguno”. Así mismo, indicó que desde su labor como congresista electo estará siempre atento a salvaguardar los intereses de Huancavelica. 

Palabra de Ministro

En su intervención, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino manifestó que se encontraba dispuesto a escuchar y promocionar lo que se quedó desde la campaña y lo que dijo el presidente Castillo; “vamos a promover los proyectos que tengan rentabilidad social, nosotros hemos llegado aquí por el voto del pueblo”.

El ministro dejó en claro que lo más importante es el impacto en la zona, “cualquier intervención tiene que ser con respeto a la cultura local, cualquier proyecto tiene que acondicionarse a la realidad local, si todo proyecto cumple estos requisitos va a tener el apoyo del gobierno e incentivos”

En relación al proyecto minero Pukaqaqa Sur indicó que lo que existe es falta de información de ambas partes, así como falta de dialogo; “primero, la resolución ministerial emitida el 15 de diciembre no constituye ningún otorgamiento de autorización alguno o permiso, la resolución de consejo de minería no es la entidad que autoriza ningún accionar, es un ente que resuelve quejas, no manda ejecución”

De otro lado, el ministro de Energía y Minas reconoció la posición de la población huancavelicana frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur como mayoritaria en rechazo de la misma e indicó que respetaran la decisión basándose en la rentabilidad social.

“Es necesario trabajar en conjunto, tenemos una buena relación con la comisión del congreso que ve estos temas y creo que con ellos vamos a tratar y sería la primera instancia donde trabajemos los congresistas locales para que no haya distorsión de la información, debemos tener el diagnóstico preciso”

Finalmente indico que se reuniría con representantes de la empresa Nexa Resource para validar información.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, recalco que su despacho tomará las acciones inmediatas frente a este hecho, para lo cual convocará a una reunión donde participarán los congresistas por Huancavelica, así como los de la Comisión de Energía y Minas (COMEM) y representantes del MINEM para asumir responsablemente la más apropiada decisión.

El día de hoy, a partir de las 9 y 30 de la mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, expuso las medidas que implementará su gabinete durante su gestión para el desarrollo del país. Asimismo, hizo énfasis en como desde el gobierno se impulsará la actividad minera.
La primera parte del discurso del premier estuvo abocada a explicar cuáles serían las medidas del gobierno para la reactivación económica. Dentro de ello, Guido Bellido señaló que implementarán el impuesto a las sobre-ganancias mineras para así lograr mayor recaudación económica para el Estado y puedan promover el gasto público orientado a las obras públicas para la generación de empleo. Precisó: “nuestro gobierno apoyará e incentivará la inversión pública y privada con criterio de rentabilidad social”.
Respecto a la actividad minera señaló que “se pondrá en funcionamiento una ventanilla única para eliminar procesos improductivos, y facilitar la instalación de nuevos proyectos a corto plazo”, confirmando de esta forma la política de continuidad en el sector minero por parte de este gobierno, sin plantear grandes reformas.
Asimismo, señaló que “se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva en función del desarrollo sostenible de cada territorio”. Sin embargo, no mencionó como se desarrollaría este pacto.

Enfoque territorial

Respecto al enfoque para desarrollar la actividad minera, señaló que su gestión impulsará el enfoque territorial. Como hemos visto a lo largo de estos años, los sucesivos gobiernos solo han visto el territorio como un espacio para extraer recursos naturales sin mínimamente, por ejemplo, implementar la consulta previa, libre e informada. Tampoco se precisó en el discurso si el enfoque territorial para el desarrollo de la actividad minera incluirá la discusión de un marco normativo sobre el ordenamiento territorial en el país.
Del mismo modo no se mencionó si se reconocerá el ordenamiento territorial que vienen implementando las comunidades y los gobiernos locales, quienes vienen determinando dónde sí puede haber minería y dónde no, teniendo en cuenta la zonificación ecológica y económica de los territorios, así como la protección de las cabeceras de cuenca.
Asimismo, precisó que se establecerán plazos estrictos para el desarrollo de los proyectos. “Los proyectos deben brindar un aporte sostenible que brinde apoyo a la población local”, señaló.

Diálogo y corredor minero del sur-andino

Respecto a la prevención de la conflictividad social, precisó: “Se considerarán procesos de diálogo para evitar conflictos sociales. No hay necesidad de conflictos en el país, a nadie se le va a excluir. Ese será nuestro secreto y fortaleza”. Actualmente el gobierno está en un proceso de diálogo con las comunidades de Chumbivilcas y la empresa minera MMG Las Bambas.
Uno de los factores claves en el conflicto del corredor minero sur que involucra a las comunidades de Chumbivilcas, es que actualmente pasan más de 400 camiones diarios con minerales, generando impactos ambientales y sociales en los territorios comunales, además de que el gobierno en el pasado aprobó una carretera sin consultar a nadie, transformándolo en una vía nacional para el paso exclusivo de los camiones mineros.
Frente a esta problemática, el premier lanzó una propuesta que años atrás había sido prometida por la empresa: se construirá un tren para trasladar los minerales por todo el corredor minero sur que llegue a Marcona. “El nodo minero del sur andino y el puerto de Marcona serán conectados por un tren, para los minerales y pasajeros, donde la alianza privada y pública se manifestará”, precisó el presidente de la PCM.

Ambiente

Sobre los impactos ambientales de la minería, solo precisó que para los pasivos ambientales se exigirá garantías reales para el cierre de minas, y así “se evitará así trasladar éstos problemas a futuras generaciones”.

El presidente de la PCM finalizó su discurso sobre el desarrollo de la actividad minera, señalando que el Perú es un país minero y agrícola, y que volverán a instaurar la armonía entre éstas actividades con la Pachamama, en la costa, sierra y selva. “La Pachamama que nos sostiene a todos” manifestó. Con estos planteamientos va quedando claro que el gobierno de Pedro Castillo mantendrá una línea de continuidad en la política minera del país.

En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el último sábado 21 de agosto se realizó un proceso de diálogo en la comunidad de Cancahuani del distrito de Capaccmarca, entre las 7 comunidades originarias de la provincia de Chumbivilcas, autoridades de gobierno, y representantes de la empresa minera Las Bambas. Esta reunión representó una reunión preparatoria entre este sector de la población y la comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para instalar la mesa de diálogo que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de agosto.

Si bien, como lo informó Red Muqui [ver nota], las comunidades esperaban la presencia del presidente del consejo de ministros, Guido Bellido, en la reunión preparatoria, esta no se dio. Sin embargo, desde la PCM, se comunicó que Bellido estará en la mesa de diálogo del 28 de agosto en la comunidad de Huininquiri.

Luego de aproximadamente 6 horas de discusión en la reunión preparatoria, los representantes de las ocho comunidades quechuas presentes y del Ejecutivo, acordaron la conformación de cuatro subcomisiones de trabajo para atender las demandas de las comunidades en torno al corredor minero

Antecedentes

Recordemos que el 23 de julio del presente año, las comunidades de Chumbivilcas iniciaron un bloqueo de la vía y protestas para reclamar la Nulidad de la R.M. N° 372-2018-MTC, que usurpa los terrenos y declara como Vía Nacional las carreteras comunales. Por estas vías re-categorizadas como vías nacionales, transitan vehículos que ocasionan -en diferentes grados- contaminación sonora y del aire, el agua y los suelos de las comunidades ubicadas en los distritos de Velille, Ccapacmarca, Santo Tomás, Chamaca, Livitaca y Colquemarca, tal como lo señala el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el 2019.

De esta manera, además de la nulidad de la norma, las comunidades exigen a la empresa minera el pago de indemnizaciones justas por sus tierras y ser proveedoras de servicios de la minera para que pueda aportar a la economía local de las comunidades.

4 comisiones de trabajo

Una de las cuatro comisiones de trabajo que se definieron en la reunión del sábado 21, fue el 1er subgrupo de trabajo, presidido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que se encargará de analizar la nulidad de la RM N° 372-2018-MTC, la cual, como se mencionó antes, autorizó crear una ruta nacional en sus territorios sin mínimamente implementar la consulta previa.

El subgrupo 2, presidido por el Ministerio del Ambiente (MINAM), se dedicará a evaluar las afectaciones ambientales y a analizar las posibles compensaciones e indemnizaciones de las 7 comunidades. 

Por otro lado, el subgrupo 3, presidido por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción y la empresa minera Las Bambas, se encargará de promover que las comunidades tengan la posibilidad de convertirse en proveedores de bienes y servicios e integrar a la cadena de valor de la empresa minera. 

Finalmente, el subgrupo 4, presidido por el Ministerio de Justicia (MINJUS), será el responsable de recoger las situaciones de criminalización de la protesta, procesos judiciales contra dirigentes y afectaciones a los derechos humanos.

Estos 4 subgrupos serán parte de la instalación de la mesa de diálogo el próximo 28 de agosto con la presencia del presidente de la PCM, Guido Bellido. Estas acciones de parte del gobierno son fruto de la protesta de las comunidades retomada el 16 de agosto, que, al no ver que la PCM implementaba la mesa de diálogo y no contestaba las llamadas ni cartas – enviada el 9 de agosto -, decidieron hacer un llamado de atención. La mesa de diálogo debió instalarse el 11 de agosto, tal como lo había prometido el premier Guido Bellido el 2 de agosto. 

Por: Bladimir Martínez – Equipo Técnico de DHUMA-Puno

Los grandes retos en materia ambiental del Perú a los que el presidente electo Pedro Castillo Terrones hizo referencia en su mensaje a la nación el 28 de julio, están ligados intrínsecamente a las actividades mineras y sus impactos en el ambiente.

En las dos últimas décadas, la industria minera peruana ha tenido una presencia importante a nivel mundial, principalmente, porque el Perú es considerado como uno de los principales países productores de minerales. Según la encuesta mundial Mineral Commodity Summaries[1], el Perú cuenta con las mayores reservas de plata a nivel mundial, segundo país con las mayores reservas de cobre y molibdeno; así como cuarto en reservas de plomo. Además, a nivel latinoamericano, ocupa el primer lugar en reservas de plomo, plata y molibdeno, el segundo lugar en reservas zinc, oro y cobre, y el tercer lugar en reservas de estaño[2].

Sin embargo, el apogeo de la minería en el Perú y su impacto positivo sobre la economía nacional entre los años 2003 y 2012 “han estado acompañados del crecimiento de varias actividades abiertamente ilícitas”. En ese sentido, “[la] tala y la minería ilegal y narcotráfico son algunos de los rubros que se han expandido en diferentes zonas del país, y su influencia ha sido y continúa siendo manifiesta en los territorios donde se han implantado” [3]. Adicionalmente, se evidencia la proliferación de la minería ilegal cuya expansión está directamente vinculada con el incremento de precio de los minerales o su alta cotización internacional[4].

En el año 2014, el MINAM advirtió que la minería ilegal venía operando en todas las regiones del Perú[5]. En los estudios realizados en los últimos años, se observa que las regiones del país más afectadas por este fenómeno son principalmente las que se encuentran en la Amazonía y la zona andina: Madre de Dios, Cusco, Puno[6].

Dentro de los impactos más graves de esta cancerígena actividad se encuentra la contaminación del agua, especialmente cuando el Perú ocupa un lugar privilegiado en el mundo respecto a la disponibilidad de agua, según lo señalado por las Naciones Unidas, puesto que está ubicado dentro de tres vertientes hidrográficas: Atlántico o Amazonas, que cuenta con el 97,3 % del agua disponible; Pacífico con el 2,2 %; y Lago Titicaca con el 0,6 % del agua; según refiere el informe de Adjuntía N° 001-2019-DP/ AMASPPI.MA “entre las principales fuentes de contaminación se tiene la existencia de pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos; así como las toneladas de mercurio arrojadas a los ríos producto de la minería ilegal”[7].

Asimismo, según refiere la Evaluación Inicial del Convenio de Minamata sobre mercurio en el Perú[8], en el período 1981 y 2003 se degradó el 15,3 % del territorio peruano (19 271 100 has). En esa línea, se estimó que “de continuar este ritmo de degradación, al año 2100, el 64 % del territorio del Perú, estará afectado por procesos de esta naturaleza, lo que incluye a la costa y sierra”.

La contaminación causada por la minería, es una muestra del fracaso de la implementación del Ordenamiento Territorial y la Zonificación Económica Ambiental como medidas de gestión territorial por los diferentes gobiernos que hemos tenido. Por ello, se debe reestructurar el procedimiento para incluir la participación de las comunidades originarias, y permitir que estas organicen su territorio bajo su derecho consuetudinario.

Por lo anterior, no solo basta con garantizar el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental como lo mencionó el 28 de julio el presidente electo, sino también se debe dotar de herramientas participativas para promover la vigilancia y monitoreo ambiental desde los territorios, especialmente en territorios con actividad minera, para de esta forma potenciar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Asimismo, el camino hacia la minería sostenible no es la única opción, en cambio se debe promover las alternativas al desarrollo y siembra y cosecha de agua desde los pueblos y para el pueblo.

Por último, si bien el anuncio del presidente Castillo respecto a la creación de instrumentos de gestión para la implementación de un Plan Nacional de Atención a Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas es un anuncio alentador, este debe garantizar que los más de 10 millones de peruanos expuestos a estas sustancias toxicas puedan acudir a atención integra de salud oportuna[9].

 

[1] U.S. Geological Survey (2020). Mineral Commodity Summaries 2020. U.S.: U.S. Geological Survey.

[2] Ministerio de Energía y Minas – MINEM (2020a). Anuario Minero, 2019. Lima: MINEM.

[3] De Echave, J. (2016). La minería ilegal en Perú. Entre la informalidad y el delito. Nueva Sociedad, 263, pp. 131 – 144.

[4] Barba, R. (2020). La minería ilegal, la otra destrucción de la Amazonía. Universidad de Navarra. Recuperado de https://www.unav.edu/web/globalaffairs/detalle/-/blogs/la-mineria-ilegal-la-otra-destruccion-de-la-amazonia.

[5] Ministerio del Ambiente – MINAM (2014). MINAM. Esta no es una revista más sobre el medio ambiente. Quién es quién en la minería ilegal. Lima: MINAM.

[6] Rumbo Minero (2019). Madre de Dios, Cusco y Puno son las regiones más afectadas por la minería ilegal en Perú. Rumbo Minero. Recuperado de https://www.rumbominero.com/noticias/mineria/madre-de-dios-cusco-ypuno-son-las-regiones-mas-afectadas-por-la-mineria-ilegal-en-peru/.

[7] Tipian, P. y Vásquez, L. (2019). Informe de Adjuntía N° 001-2019-DP/ AMASPPI.MA En defensa de nuestros recursos hídricos: Actuación defensorial frente a la gestión de pasivos ambientales y la erradicación de la minería ilegal. Lima: Defensoría del Pueblo.

[8] Ministerio del Ambiente – MINAM (2020). Evaluación inicial del Convenio de Minamata. Sobre el mercurio en el Perú. Lima: MINAM.

[9] INFORME N° 060-2020-JAMC-DENOT-DGIESP/MINSA. Propuesta de modificación de la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM mediante la que se crea la Comisión Multisectorial para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la población Expuesta a Metales Pesados.

Por: Juan Aste Daffós

El discurso inaugural del presidente Pedro Castillo el 28 de julio 2021 logró calmar a los empresarios y a la gente al plantear la consolidación y mejora de la actual política de salud, la reanudación de las clases presenciales en el 2022, y la pronta reactivación de la economía a fin de recuperar el empleo perdido mediante el impulso de la inversión pública, las facilidades para reprogramar las deudas, obtener créditos para el agro, las pymes, el turismo y el transporte, además de un bono de 700 soles a cada familia vulnerable.

Sin embargo, en el discurso, el eje estratégico de la economía está centrado en la profundización del extractivismo minero, con una gestión ambiental muy permisiva. Las economías de Bolivia con gobiernos de izquierda como el de Evo Morales y Luis Arce ahora, y la de Ecuador con Rafael Correa y Guillermo Lasso han hecho lo mismo.

Así, para el gobierno de Castillo: “los proyectos mineros van” si cumplen con el criterio de la rentabilidad social, es decir, si se comprometen en generar mayores ingresos y empleo dinamizando las economías locales, por lo que la licencia social, manifestada en la consulta a las poblaciones locales involucradas, es dejada de lado, o se aplica tal como ahora, en que se consulta la resolución administrativa que aprueba los estudios de impacto ambiental o las modificaciones a este.

Cuando el presidente Castillo nos dice que la rentabilidad social se considera superior a la licencia social, es decir, al derecho a la consulta de las poblaciones locales, está otorgando la prioridad a los proyectos mineros porque supuestamente generarán los recursos estatales necesarios para financiar proyectos de inversión pública en salud, educación, en el agro y otras actividades. Pero, sin diagnóstico de la minería y con un enfoque fundamentalmente económico y subordinado a lo que decida el Estado en los territorios, quedan de lado las alternativas de vida de las poblaciones locales, y ello es solo garantía de mayores conflictos socioambientales.

El discurso de Castillo refuerza el criterio de la rentabilidad social, cuando para promover los proyectos de inversión, sostiene que “Esto significa un nuevo pacto con los inversores privados, donde el Estado intervenga para reducir costos, facilitar procesos, mantener la seguridad jurídica, y a cambio la población local y el país reciban contribuciones que generen desarrollo y mayores oportunidades con un real cuidado del medio ambiente.” Y a nivel territorial, ocurre igual cuando afirma que se debe poner orden en la minería “sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto”.

Asimismo, cuando el presidente Castillo asume el criterio de la rentabilidad social como “una nueva forma de hacer proyectos en el Perú”, coincide con la propuesta del “Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (ICDMS) de la PCM (feb 2020) del gobierno de Vizcarra, avalada por la Sociedad Nacional de Minería, que para enfrentar el fracaso histórico estructural del perjuicio y empobrecimiento de las poblaciones del entorno de los proyectos mineros, y lograr el apoyo social al proyecto minero, propone la “construcción del entorno social favorable a cada proyecto”.

Esta propuesta consiste en que la inversión minera implemente un plan piloto y luego uno de mediano plazo del llamado “Plan de Desarrollo Territorial, Sostenible e Integrado” con la participación del gobierno nacional, el gobierno regional, las municipalidades, las empresas y la sociedad civil en cada lugar del entorno de un proyecto minero, señalando que la consulta no es vinculante. Se trata de ofrecer apoyo en la elaboración de planes de desarrollo y recursos económicos a cambio de aprobar un proyecto minero, pero incluso en esta opción, las empresas incumplen los acuerdos una vez que las operaciones se inician, generándose nuevos conflictos.

Los puntos propuestos por el presidente Castillo que aportan, aunque parcialmente, están referidos a la urgente necesidad del reconocimiento de las comunidades indígenas para hacer valer sus derechos amparados en el convenio 169 de la OIT. También se hace una mención indirecta a la consulta cuando al referirse a la toma de decisiones de la mayor importancia, solo se afirma débilmente que “se consideren las voces de los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afroperuano.”

Respecto a la gestión ambiental, se señala la creación de instrumentos, cuando en realidad se trata de darle continuidad al Plan Nacional Actualizado del Convenio de Estocolmo pre publicado el 23 dic 2019 y a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y el Plan de Acción 2014 al 2018 -editado en nov del 2014-, ambos publicados por el MINAM, más el «Plan de Atención lntegral de Salud a las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas aprobado por ESSALUD el 31 enero 2020.

El gobierno de Castillo plantea abordar la demanda por adecuar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de agua, aire y suelo, existiendo además los de ruido, gestión de sitios contaminados y relaciones no ionizantes, frente a la desregulación aplicada desde el 2013 por el MINAM, que ha hecho más permisivos los ECA de agua, como el de “riego de vegetales y bebida de animales”, y el de aire, como el dióxido de azufre. Se sabe que la actividad minera siempre contamina las cuencas donde se ubican sus diferentes componentes que emanan gases, partículas y efluentes, generando degradación irreversible sobre los ecosistemas, razón por la cual la minería no es sostenible.

Existen varias propuestas de Ley de Ordenamiento Territorial en el Congreso de la República, y el gobierno de Castillo ha asumido el reto de darle continuidad a lo que ya está en curso. Sin embargo, un avance en esta dirección es darle el carácter de vinculante a las consultas vecinales realizadas, por ejemplo, en el valle de Tambo (Tía María en Arequipa), en el valle de San Lorenzo (Tambogrande en Piura) y en las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta (Huancabamba y Ayabaca, Piura), y no permitir que se siga generando incertidumbre, estrés y más muertes en estas poblaciones locales. Sin embargo, el nuevo ministro de Energía y Minas, Iván Merino, dejó abierta la posibilidad que Tía María opere, al declarar el primer día de su gestión: “la población que no le ha dado la licencia social. Si ellos resuelven ese tema, el proyecto iría».

A contracorriente del deseo manifiesto de las empresas mineras de eliminar el financiamiento del OEFA para evitar la determinación de las infracciones ambientales y luego aplicar las multas, el gobierno de Castillo ha propuesto eliminar las trabas que impiden el cobro de dichas infracciones ambientales, las cuales deben utilizarse para fortalecer la gestión pública ambiental.

El gran vacío en el discurso del presidente Castillo ha sido el enfoque territorial y participativo de la gestión pública, y dentro de este el tema de la gestión del agua y su relación con la actividad minera, por ejemplo, en la determinación de las fuentes hídricas por las propias empresas mineras y su uso en perjuicio de las comunidades y poblaciones locales. Así, el rol, las normas y las acciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deben adecuarse para proteger las cuencas y los territorios de las comunidades frente al alto riesgo del impacto de la minería, así como, se requiere la aprobación de una ley que institucionalice la vigilancia y el monitoreo ambiental realizado por las comunidades y organizaciones sociales de las áreas urbanas, complementariamente a la labor del OEFA, ANA, DIGESA, SENASA y otras.

También estuvo ausente la necesidad de avanzar en la descentralización de la gestión ambiental, en particular de los conflictos mineros, que representan más de las dos terceras partes del total de conflictos socioambientales, habiendo estado activo el conflicto de Las Bambas. Así también, llama la atención en el discurso el vacío respecto a la necesidad de modificar normas y conductas de los representantes del Estado para garantizar los derechos de las comunidades y poblaciones locales frente a la criminalización de la protesta social.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Finalmente, Pedro Castillo ha sido proclamado como presidente electo del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el período 2021-2026. De esta forma la señora Keiko Fujimori afronta su tercera derrota y esperemos la última, ya que el fujimorismo y sus aliados han querido desconocer hasta el ultimo momento el actual proceso electoral hablando de fraude, aun ahora insisten que la elección de Castillo no es legítima, y que seguirán movilizados para reclamar su “derecho al voto”. Para la mayoría de peruanos y peruanas va quedando claro que la elección de Castillo es legítima y  la urgencia de cambios en nuestro país es necesaria, por ello esperamos que las promesas políticas señaladas por Pedro Castillo sean asumidas y canalizadas adecuadamente.

Dentro de las medidas más urgentes que tiene que atender el gobierno del Castillo están la atención a la pandemia de la Covid-19, la educación y el retorno a las clases, la reactivación económica, atención a la agenda postergada de los pueblos andinos y amazónicos, así como encausar la convocatoria a una asamblea constituyente con la participación de todos los sectores y actores del país. En su primer discurso como presidente electo ante el JNE, Pedro Castillo ha señalado que la prioridad de su gobierno será atender la pandemia, la educación y la niñez, y ha convocado a todas las fuerzas políticas y actores sociales del país a construir la unidad del Perú en el año del Bicentenario. Esperemos que estos compromisos asumidos se mantengan hasta el final de su mandato, y que en los primeros 100 días de su gobierno podamos ver el inicio de ese proceso de cambio.

En la línea de plantear la agenda de los pueblos en los 100 primeros días del gobierno de Castillo, desde la Red Muqui alcanzaremos algunas propuestas y agendas que se deben anunciar en el mensaje a la nación del 28 de julio próximo. Dado que el principal respaldo de Castillo proviene de las poblaciones rurales en el país, es imperativo que se tomen medidas de reconocimiento pleno a las autonomías de los pueblos y al respeto a sus propias decisiones, sin discriminación y racismo; apoyo decidido a la agricultura familiar, ya que es este sector el que ha venido sosteniendo la alimentación de millones de peruanos durante la pandemia, y sobre todo que se debe diversificar la economía y no solo depender de las rentas del extractivismo minero, dado que los impactos que esta actividad genera en los territorios son más que evidentes. Esperamos que el gobierno de Castillo sea realmente el gobierno de los pueblos y desde la Red Muqui le auguramos los mejores éxitos en tiempos tan difíciles.

El 7 de julio el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas, presidido por el presidente Fernando Gala Soldevilla, declaró infundado el recurso de nulidad que presento la Municipalidad Provincial de Huancavelica en contra de la Resolución Directoral N° 0171-2020-MINEM/DGAAM que aprobó la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de Pukaqaqa Sur de la empresa minera Nexa Resources S.A. La Municipalidad de Huancavelica recibió esta resolución el 19 de julio.

Esta es una decisión lamentable, pues la Municipalidad de Huancavelica había advertido en reiteradas ocasiones que la zona en la que se llevaría adelante las actividades de exploración pondrían en grave riesgo las fuentes de agua, de donde se capta el recurso hídrico para dotar de agua potable a las localidades de Huancavelica y Ascensión. Actualmente estas aguas ya tienen presencia de metales pesados como arsénico, por ello la empresa de saneamiento realiza un tratamiento especial para que el agua sea proveída con calidad a los pobladores. Cualquier alteración en este ecosistema agravaría la calidad del agua, como lo que ocurriría con las actividades de exploración.

Resolución del Consejo de Minería

Como se sabe, el Consejo de Minería es la última instancia para ver asuntos mineros que son materia de resoluciones por parte de la primera instancia administrativa y que hace parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La Municipalidad Provincial de Huancavelica esperaba que este ente valorara todos los informes que habían presentado, advirtiendo del riesgo ambiental que existía, el cual no ha sido valorado ni explicado en la resolución.

Ver la respuesta del Consejo de Minería en “el análisis de la cuestión controvertida” en la resolución que emitieron:

Con esta decisión se ha puesto en riesgo la calidad del agua para consumo humano, la salud humana y el medio ambiente de la población en Huancavelica.

Movilización

El día de hoy, miércoles 21 de julio, diversas organizaciones sociales se movilizaron en rechazo de las decisiones del MINEM y el desarrollo del proyecto minero de exploración.

Para este jueves 22 de julio a las 2pm la Municipalidad Provincial de Huancavelica está convocando a las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas y ciudadanía en general a una reunión de urgencia para acordar acciones inmediatas ante la resolución del Consejo de Minería, que da luz verde al inicio de exploraciones del proyecto minero Pukaqaqa Sur.

Por: Bladimir Martínez
Equipo técnico de DHUMA-Puno

El pasado 17 de Junio, pobladores de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri de la provincia de Melgar, fueron testigos nuevamente (situación que se repite desde el 2010) de la coloración rojiza del agua proveniente de la cabecera de cuenca del rio Llallimayo donde opera la empresa Aruntani S.A.C, que en el 2019 según lo dictaminó la ex ministra del ambiente, Lucia Ruíz, debió paralizar definitivamente sus operaciones debido a la contaminación probada según información del OEFA y ANA. Por lo anterior, las medidas de protesta reiterativas de la población afectada se reinician por un plazo de 48 horas desde el 21 de junio.

Puno: Paro de 48 horas por contaminación permanente de la minera Aruntani

A pesar de la existencia de informes presentados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) desde el 2016 que vinculan a la empresa minera Aruntani S.A.C con la contaminación producida en la cabecera de cuenca del río Llallimayo, advirtiendo la presencia de metales como el aluminio, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, arsénico que superan que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y suelo, y concentraciones elevadas de mercurio, plomo y arsénico en sedimentos[1]. Así como también, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) muestra que las aguas de la zona alta de la cuenca del río Llallimayo donde opera la empresa minera Aruntani S.A.C, presentan valores elevados de acidez y además se encuentran contaminadas por metales pesados como el aluminio, arsénico, berilio, litio, magnesio, hierro, cobalto, cobre, cadmio y plomo[2]. Sin embargo, “a la fecha no se inició la construcción de plantas de tratamiento para el abordaje de la problemática ambiental que se encuentra dentro del plan de acción aprobado en el 2019 para remediar la contaminación de la cuenca Llallimayo” según refiere la vicepresidenta de mujeres artesanas del distrito de Llalli, Margarita Machaca.

Por último, a pesar de la instalación de mesas de diálogo y mesas de trabajo desde el 2016, la solución de esta problemática ambiental que aqueja a miles de pobladores de la cuenca Llallimayo pareciera estar lejos de la solución. Según el presidente de la Junta de Usuarios Ramis, Edwin Díaz, debido al incumplimiento sistemático del ejecutivo se solicita que la Presidencia del Concejo de Ministros presida una visita a la zona y atienda la problemática de la cuenca Llallimayo, el retiro definitivo de la empresa minera Aruntani S.A.C, y la implementación del plan de acción aprobado el 2019 para remediar la contaminación, este último contempla tamizajes, acciones de remediación y mitigación de la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, entre otras. Al cierre de este informe los pobladores mantenían bloqueada la vía panamericana que conecta Puno y Cusco en la zona de Ayaviri.

Plataforma de lucha Paro en Puno 2021

[1] Informe N° 100-2016-OEFA/DE-SDB-CEIA

Informe N° 054-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

Informe N° 077-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

[2] Informe Técnico N° 050- 2015-ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 004- 2016- ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 100- 2016- ANA-AAA-SDGCHR.TIT

Informe Técnico N° 007- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 020- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 038- 2017- ANA-AAA.SDGCRG.TIT

Informe Técnico N° 138- 2017- ANA-TIT/HLH

 

Por: Área socioambiental de Red Muqui

La crisis ambiental y la pandemia amenazan a nuestro planeta por las sequías, la escasez del agua, la contaminación ambiental, degradación de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, cambio climático, entre otros problemas que ponen en grave riesgo el equilibrio de nuestra naturaleza y la producción de alimentos.

Llegamos al bicentenario y pesar de que el Perú es uno de los países más vulnerables a la degradación ambiental, ninguno de los candidatos presidenciales en segunda vuelta presenta una propuesta clara para la protección del medio ambiente. Por un lado, la candidata Keiko Fujmori, indicó que el medio ambiente es un tema que los jóvenes han puesto en el “tapete”, y señaló la necesidad de mejorar políticas públicas para asegurar los proyectos de inversión, pero respetando el “medio ambiente”, que en la práctica es la misma política extractivista que acompañó al país durante siglos. Asimismo, su propuesta “Minería para el agro”, sería un aporte solidario de las empresas mineras para financiar la construcción de canales de irrigación y reservorios destinados a los agricultores. Sin embargo, esto no tiene correlato con la realidad, dado que esta supuesta convivencia entre agro y minería en varios lugares no es posible, el Valle de Tambo (Arequipa) puede ser un ejemplo de esto último. Además una segunda propuesta denominada “Canon para el pueblo”, que busca destinar el 40% de los presupuestos producto del canon minero directamente a las familias, se posiciona como un discurso populista pues en vez de presentar una forma de hacerle frente a las problemáticas mineras, podría acrecentar la desigualdad y los conflictos sociales en las regiones mineras del país.

En cuanto a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, quien señaló que en su posición de campesino y rondero ha “luchado defendiendo el medio ambiente”, ratificó su propuesta sobre la inviabilidad de los proyectos mineros Tía María y Conga. Además, indicó que velaría por el cuidado del medio ambiente, los ríos y la salud integral de la población. Pero sin dar mayores detalles de cómo se realizarán dichos ofrecimientos.

Ambos candidatos muestran propuestas débiles en materia ambiental, siendo lo más preocupante que sus planes de gobierno no tienen planteamientos concretos para proteger y preservar el medio ambiente y por el contrario, se sigue imponiendo el mismo modelo de desarrollo económico. En algunos casos se plantea impulsar la infraestructura física como por ejemplo la “siembra y cosecha de agua” que es un paso importante, pero se requiere de un cambio estructural, un cambio de pensamiento del gobierno sobre la realidad ambiental del país.

Alternativas a la expansión minera desde la sociedad civil

En ese sentido desde la «Agenda Muqui 2021: Construyendo alternativas» (agenda fruto del continuo debate y que recoje demandas y preocupaciones de las organizaciones y comunidades afectadas por la actividad minera) se plantea de cara al bicentenario una política estricta de protección de las cabeceras de cuenca y ecosistemas frágiles con el objetivo de garantizar la disponibilidad del agua como un derecho para las comunidades campesinas y poblaciones, que lamentablemente están ausentes en la propuesta de ambos candidatos. Además, planteamos la prohibición de ejecución de proyectos mineros u otras actividades productivas que pongan en riesgo la capacidad de resiliencia (sostenibilidad ambiental) de los ecosistemas, la conectividad hidrológica de las corrientes de agua, su buen estado y capacidad de recarga hídrica, además de los servicios ambientales que presta, como los glaciares, lagunas, manantiales, bofedales, etc.

Nuestra Agenda Muqui 2021* (www.agendamuqui2021.org) plantea una política de ordenamiento territorial participativo a fin de construir un acuerdo social sobre los usos del territorio teniendo en cuenta sus potencialidades, límites, enfoques sociales y ecosistémicos desde una mirada del territorio, y sobre la base de esta política deben organizarse las actividades económicas. Además, las concesiones mineras se deben otorgar según los planes de ordenamiento territorial, prohibiéndose en zonas ambientalmente vulnerables y garantizando  el pleno derecho sobre la propiedad de las tierras comunales para la producción de alimentos.

En esa misma línea, la agenda ambiental de los candidatos presidenciales a la segunda vuelta debe contemplar la inmediata remediación de los pasivos ambientales mineros que vienen contaminando las principales fuentes hídricas y los recursos naturales. Las propuestas deben plantearse buscando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático con políticas, estrategias, planes, y proyectos del Estado, en el marco de un proceso de participación transparente e inclusivo del sector privado y de la sociedad civil.

Finalmente, la agricultura Familiar, la cual juega un rol fundamental en la conservación de estos ecosistemas y el medio ambiente, debe ser incluido en las políticas públicas del gobierno para garantizar la producción de alimentos. Ya es hora de darle el lugar que se merece a la pequeña agricultura y la agricultura familiar, que finalmente son las que nos vienen sosteniendo durante la pandemia del Coronavirus.

* Puedes leer nuestra Agenda Muqui 2021 – Versión resumida y graficada aquí: https://bit.ly/3z4zX0s