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La convención minera más importante de Latinoamérica, Perumin 36, finalizó, el viernes último, en la ciudad de Arequipa con una indudable alianza entre los gremios mineros y el régimen de Dina Boluarte. Ambas partes reafirmaron la narrativa de que, sin la minería, el Perú no puede lograr el desarrollo traducido en el crecimiento de la inversión privada.

El debate sobre la necesidad de reducir la tramitología que, para este sector empresarial, retrasa la ejecución de los proyectos mineros fue una de las propuestas, la misma que el gobierno desde hace meses intenta “solucionar”: la fallida iniciativa de fusionar las entidades ambientales como SENACE, ANA, Serfor y Sernanp es una muestra. Esta vez, el premier Alberto Otárola anunció la creación de la Ventanilla Única Digital que agilizará los permisos y autorizaciones, del mismo modo, el destrabe de nueve proyectos mineros que representan una cartera de inversión de 10,555 millones de dólares.

Diálogo de espaldas a la realidad nacional

La temática de los 5 días que duró el Perumin 36 estuvo ajena a la problemática ambiental y social en contextos de las actividades extractivas mineras. Como era de esperarse, no se abordaron los 7.668 pasivos mineros detectados al 2022 ni la exposición a metales tóxicos que alcanza a 10 millones de personas en el país. Restaron importancia a las movilizaciones pacíficas registradas en el primer día de la convención minera por agricultores de Valle de Tambo en Arequipa, que rechazaron, una vez más, el proyecto Tía María y la posible presencia de Dina Boluarte. Incluso, Otárola y el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, se contradijeron si está o no en la agenda el proyecto Tía María.

Tampoco se analizaron las causas de fondo de los 141 conflictos socioambientales reportados por la Defensoría del Pueblo a agosto de este año. Precisamente, sobre este punto, la mayoría de las protestas sociales se originaron por el incumplimiento de las empresas mineras con los acuerdos pactados en las mesas de diálogos y la tardía respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tal como ocurrió en Llata, provincia de Huamalíes, región de Huánuco, donde la ciudadanía organizada acató un paro masivo de 24 horas contra la minera Antamina, el día en que concluyó el Perumin, 29 de septiembre.

El economista José de Echave Cáceres, investigador de Cooperacción, cuestionó el intento del gremio minero de sacar adelante proyectos seriamente cuestionados como Tía María en Valle de Tambo.

“Ha sido un evento del empresariado para hacer incidencia y lograr algunas decisiones políticas a su favor, con este discurso de la tramitología, la permisología y las regulaciones ambientales, y ya lo están logrando. Claramente se ve la influencia del empresario”, declaró.

La minería como oportunidad extraordinaria

El discurso del sector minero también se orientó en la importancia de gozar de una estabilidad política asociada a cero conflictividad social, puesto que la inversión minera cayó a pesar de la demanda mundial de cobre por la transición energética, debido -según el gremio minero- a las tensiones sociales que repercutieron en la producción de minerales e inversión privada. Frente a esta óptica del empresariado minero, José de Echave analizó los factores externos que explican con mayor detalle este asunto.

“Los conflictos sociales son lucecitas rojas que nos avisan y tratan de decirnos de que algo no funciona bien. Las inversiones van a caer, pero son producto del contexto internacional que vivimos post pandemia, con una economía global estancada, con un conflicto bélico, con una economía China que no está creciendo. Eso está teniendo un impacto en el flujo económico. Hay varios factores, no únicamente la tramitología, además, las carteras han cambiado, no hay proyectos como Las Bambas, Quellaveco, ampliación de Cerro Verde, ahora tenemos proyectos de menor envergadura. Esto explica la caída de la inversión minera”.

Antesala de lo que se viene

Un día después de la marcha masiva en Arequipa contra el proyecto Tía María, el discurso de Otárola dejó en claro que la represión policial y la violación de los derechos humanos seguirán siendo la única vía que utilizará el régimen de Boluarte para contrarrestar las protestas sociales: “No nos temblará la mano en poner orden en defensa de los derechos de los peruanos y la estabilidad del país”, “Quien diga que el Perú no es un país minero, hace demagogia”.

Por ello, los pormenores del Perumin parece marcar la antesala de lo que se viene para el país, según el secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda Pari.

“Básicamente los acuerdos del Perumin 36 es que seguirán apostando por la minería bajo la figura de donde sea y como sea, y que quienes se oponen a los proyectos mineros son ‘antimineros radicales’. Esta vez si sienten el respaldo del gobierno de Boluarte, lo que quiere decir que las amenazas de cambios o reformas en el MINAM y SENACE, en favor de la inversión minera y contra de los estándares ambientales se mantendrán, así mismo han señalado que proyectos como Tia María se deben sacar adelante, cuando la población local en más de una ocasión ha rechazado este proyecto”.

Además, para el secretario ejecutivo, la narrativa y el argumento de los gremios mineros son los mismos. “Los gremios mineros en realidad no quieren escuchar a la gente, solo se habla de aprovechar precios altos de los minerales en el mercado internacional como el cobre. Todo parece indicar que ya hemos vuelto al escenario de reactivación de los conflictos mineros en los próximos meses por lo anunciado en los acuerdos del Perumin realizado en Arequipa recientemente”.

Proyecto Tía María

El vocero de Valle de Tambo, Miguel Meza Idma, consideró que tanto las declaraciones de Otárola como la del presidente de Southern Cooper, Gonzáles Rocha, deberían ser también analizadas, sobretodo cuando Rocha afirmó a su salida de Perumin que “entonces tendremos que cambiar de gobierno”, luego de que el premier afirmara que Tía María no está en agenda del Gobierno. La versión de Alberto Otárola contrastó con lo dicho días antes por Óscar Vera.

“Las circunstancias generadas por nuestras marchas y asambleas populares, han hecho que él (Otárola) diga que el proyecto no está en agenda. Los grandes grupos de poder son los que cambian al gobierno y ponen ministros”, aseveró.

Sobre la importancia del Perumin para las comunidades y población que habitan en zonas con actividad minera, el defensor mencionó que fue un encuentro de empresarios para hablar de las “bondades” de la minería que distan con la realidad.

“Si fuera así, Cerro de Pasco y Cajamarca serían las mejores regiones, pero son los lugares más pobres. Lo que hacen (las mineras) es saquear y dejar todo contaminado. Ahora vamos a fortalecer la organización y rechazar el proyecto Tía María como siempre lo hemos hecho en consultas populares, pues el 27 de septiembre de 2009, el 96 por ciento le dijo no a Tía María, La Tapada, entre otros proyectos mineros”, finalizó.

El pasado 27 de marzo, en presencia de 3,000 aimaras y quechuas reunidos en Ilave, Puno, el consejo de autoridades originarias quechuas y aimaras acordó, por unanimidad, continuar con la defensa de la soberanía del territorio puneño. Para tal fin se hizo énfasis en tres acuerdos claves: continuar apoyando y participando de las movilizaciones por la renuncia de Dina Boluarte; ejercer su derecho por la soberanía del litio amparados en el convenio 169 de la OIT; y rechazar a las autoridades designadas por el gobierno de Dina Boluarte, calificado de ilegitimo y acusado de traición al pueblo.

Este acuerdo fue tomado a partir de un debate previo que se desarrolló durante la ceremonia de inicio de clases de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, y en presencia del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. En este espacio se resaltó la importancia de industrializar el litio, y que este mineral beneficie a las trece provincias de Puno y sus 110 distritos. A partir de estas declaraciones, las autoridades quechuas y aimaras acordaron secundar la industrialización del litio, en palabras de un dirigente aimara: “No permitiremos que el litio salga del altiplano sin industrialización, ejerceremos nuestro legítimo derecho sobre la soberanía del litio para los pueblos aimaras, quechuas y amazónicos. El litio no será dispuesto a libre albedrío como creen en Lima”. Además, se cuestionó la emisión de concesiones mineras para la explotación del litio, acusando al gobierno de no realizar la Consulta Previa para su emisión, por lo que acordaron rechazar las concesiones mineras y no autorizar la explotación del litio por extranjeros.

Es importante resaltar que, desde el 2017 – año en que se descubrieron las reservas de litio que podrían incorporar al Perú en el triángulo del litio -, el departamento de Puno se encuentra inmerso en la discusión global sobre minerales de transición y energías verdes por la presencia de litio y uranio en su territorio. Sin embargo, tal cual lo mencionaron especialistas durante la presentación del estudio “El rostro del litio y uranio en Puno, la cultura, la salud, derechos de las comunidades y medio ambiente en riesgo”, el gobierno peruano se apresuró a promover la explotación de litio, sin contemplar su industrialización, riesgos para la salud, comunidades, patrimonio cultural y su relación con el uranio, siendo este último el que podría exponer a la radioactividad a miles de personas.

Luego de este acuerdo regional, se espera el pronunciamiento de las comunidades del distrito de Corani y Macusani de la provincia de Carabaya, zonas donde se encuentran el litio y uranio.

Ayer fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la “Ley que reconoce el derecho de conocer los indicadores de contaminación por metales pesados u otras sustancias químicas y los niveles de afectación de los ciudadanos, e incorporar el enfoque intercultural en la medicina y la salud y que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción, implementación y funcionamiento del hospital de desintoxicación de nivel II-E y del laboratorio toxicológico especializado en el departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villa Rica, y en otros departamentos, en modo progresivo, a nivel nacional.

Para conversar sobre las implicancias de esta normativa y cómo se construyó desde las organizaciones sociales de base la presión para avanzar en la atención a las personas afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas, Red Muqui se contactó con Jaime Silva, subdirector del Centro Labor, una de las organizaciones claves en Cerro de Pasco a la hora de evaluar y denunciar la grave contaminación que vive la población en dicho centro minero. 

¿Qué relevancia tiene esta ley publicada ayer en el diario oficial El Peruano?

Para nosotros, para la población de Pasco que tiene afectada a miles de niños y para muchas poblaciones, comunidades y distritos es una buena noticia, ya que a nivel nacional no contamos con un establecimiento de salud especializado que pueda dotar asistencia médica para la atención de niños afectados con plomo y demás metales. Ya los diversos estudios hechos en Cerro de Pasco, desde el 2007 con el Centro para el Control y la Prevención de Enferemedades (CDC) de Estados Unidos, así como con la Universidad de Pisa y Source International de Italia, establecen que a parte del plomo hay hasta diez metales que están presentes en los organismos y afectando la salud de los niños”.

A propósito de la presencia de estos metales pesados en los organismo de los niños de Cerro de Pasco es de destacar que hace tres años un estudio coordinado por científicos italianos en colaboración con un equipo de investigadores de universidades españolas y una portuguesa, había logrado demostrar el envenenamiento constante de los niños que viven Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen debido a la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno. 

Lo que sus investigadores sospecharon entonces y que los llevó a realizar nuevos estudios con las mismas poblaciones en junio y julio de 2021 se hizo público en Pasco en marzo pasado. Los niños de Cerro de Pasco están siendo envenenados con 14 diferentes metales pesados y su desarrollo cognitivo mutilado grave e irreparablemente por neurotóxicos liberados por las actividades mineras. Un envenenamiento progresivo y persistente que significa atrofiar el cerebro de niños.

“En este contexto”, prosigue Jaime Silva “ muchos de los niños que tienen estos malestares producto de los efectos de los metales pesados en sus organismos, no pueden recibir asistencia médica especializada en ningún establecimiento, no sólo de Pasco, sino a nivel nacional. Son derivados a hospitales que de manera muy genérica les hacen una revisión o evaluación, sin que eso implique alguna mejora para los niños.

¿Cuáles han sido los hitos más importantes desde que se plantearon las primeras demandas para obtener esta ley?

Efectivamente se trata de una demanda planteada por los pobladores de Pasco, también por aquellos que tienen menores afectados por metales tóxicos, que data del año 2008. En 2009 ya fue discutido este caso en el Parlamento Andino, donde se había  dado una opinión favorable de que sí debía implementarse una clínica de desintoxicación. Inicialmente se discutió bajo ese término. Más adelante, del año 2015 al 2018, fue fuertemente impulsada por la población que incluyó la “marcha del sacrificio” desde Cerro de Pasco hasta Lima por 15 días, con encadenamientos en el Ministerio de Salud. E incluyó otras medidas como la presencia en reuniones el Ministerio de Salud y en el Consejo de Ministros. El hecho es que, ya había cientos y miles de niños que mostraban síntomas en su salud producto de los metales pesados y que no encontraban pues atención especializada en los establecimientos de salud de Pasco, ni en Lima. A más tardar desde 2015, fueron uniéndose cada vez más personas y organizaciones, como el Centro Labor y presentaron los estudios mencionados. A diferencia de los estudios del CENSOPAS (Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud ) del Ministerio de Salud que sólo evaluaba el plomo en la sangre, eran estudios que evaluaban muchos más metales a través de muestras de cabello y otros. Todo ello ha generado que se sustente y se exija con pruebas que se trata de casos muy serios que deben abordarse de manera especializada que amerita contar con un establecimiento de salud enfocado en toxicología, para que puedan ser atendidos ahí los miles de niños de Pasco y demás poblaciones. Se trata de una realidad que viven más de 14 regiones de nuestro país, que están integradas en la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados y Otras Sustancias Tóxicas. Todos ellos hemos estado muy atentos a los diferentes foros y discusiones en el Pleno del Congreso de la República en torno a este proyecto de ley. Sobre todo para que no sea exclusivamente un hospital para Pasco. Era importante que casi unánimemente fuese aprobado (el proyecto de ley) por el que se creará un establecimiento de salud de atención nacional.

En cuanto al emplazamiento que tendrá el futuro hospital, el subdirector de Centro Labor explica que tal como lo detalla la ley, se ubicará en el distrito de Villa Rica, perteneciente a la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco. Un comité técnico de alto nivel integrado por médicos y otros profesionales, que visitaron y evaluaron diferentes lugares, llegaron a la conclusión que el futuro centro de salud tiene que estar fuera del área de impacto de proyectos mineros y también fuera de áreas que cuenten con concesiones de ese tipo. Entre las tres áreas propuestas en la provincia de Oxapampa que cumplían con esos requisitos, finalmente se optó por la comunidad nativa de Ñagazu, que está ubicada en la entrada de la provincia de Oxapampa explica Jaime Silva.

Si bien, haber logrado que el Estado finalmente se comprometa en la implementación de un hospital especializado es un avance en la lucha de los más de diez millones de personas que según el Ministerio de Salud están expuestos a metales tóxicos en el Perú, quedan muchos desafíos pendientes.

En lo inmediato y en relación a la ley promulgada, hace falta un seguimiento para que las diferentes instancias estatales se coordinen e implementen la construcción, pero también es necesario, según Silva, que se establezcan laboratorios toxicológicos en todas las regiones para que la gente, especialmente los niños sean evaluados, sin tener que desplazarse fuera de sus áreas. 

Por otra parte, Jaime Silva recuerda que hay muchas otras políticas públicas muy importantes que desde el gobierno central deben ser implementadas. Normativas que deben ser llevadas a la práctica. Entre ellas, el Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, cuya reglamentación aún no ha concluido. En este nivel debe haber una complementación y armonización para que se avance en la prevención de las peores consecuencias de la extracción de minerales y otros recursos no renovables.  

En el futuro inmediato se debe prever qué se hará con todas las fuentes de contaminación como en el caso de Cerro de Pasco y a qué lugares serán llevados los niños cuya salud haya mejorado gracias a la atención que reciban en el futuro centro especializado. Aquellos niños que presenten afectaciones por niveles de exposición a metales tóxicos más altos. Todas cuestiones que atañen a la sociedad en su conjunto y ante las cuales el Estado tiene que encontrar respuestas.

El obispo de la Prelatura de Caravelí en Arequipa, Reinaldo Nann, se pronunció frente a la situación de violencia que genera la minería ilegal en su jurisdicción: “En la Mina Calpa no hay ley y la vida no vale nada. Lo único que vale es el oro, que sacan de allí, asociaciones de mineros en proceso de formalización, como se llaman ellos”.

14 muertos es el resultado preliminar de violentos enfrentamientos que ocurrieron el 2 y 3 de junio en una disputa entre dos grupos de mineros artesanales de oro del distrito de Atico en la provincia de Caravelí (Arequipa), según ha informado hoy la Fiscalía.

Según la Fiscalía, otros ocho cuerpos con heridas de bala fueron hallados entre las quebradas del centro minero del distrito de Atico, luego que la semana pasada los policías encontraron siete cadáveres en el mismo sector. El ente investigador no descarta el hallazgo de más muertos, ya que un número indetereminado de personas permanecen desaparecidas.

El motivo de la disputa sería el afán por controlar el territorio donde se encuentran las empresas Atico Calpa y Calpa Renace, en una zona que ha despertado una verdadera “fiebre del oro”.

El obispo señala que hay una empresa minera Intigol que dejó de trabajar allí, aunque sigue en posesión de derechos mineros, “pero no se pone de acuerdo con los mineros informales posesionarios actuales, asociados en varias asociaciones, enfrentados entre sí: principalmente tenemos a la Asociación Atico Calpa y a Calpa Renace, donde trabajan gente de Caravelí. Esta mina está en el desierto entre Atico y Caravelí a unos 40km de distancia de cada uno”.

El obispo también relata que anteriormente hubo un muerto de bala el 2017, otro el 3 de diciembre el 2020 y ahora el 2 de junio.

“Llamo la atención a los pobladores: La vida vale más que la plata y el oro. No podemos seguir matándonos entre hermanos. Debemos encontrar maneras de dialogo, de negociación, con métodos pacíficos para encontrar soluciones justas para todos”, señaló en su testimonio en sus redes sociales publicado el 3 de junio. También agregó que el Estado, la Policía, la Fiscalía y el gobierno regional deben hacer prevalecer la ley para la protección de las personas.
«Debemos encontrar soluciones justas, para que la gente pueda trabajar en paz», finalizó.

 

 

La comunidad campesina de Huancuire ha advertido hoy sobre las declaraciones de un posible desalojo de sus integrantes del área circundante al tajo Chalcobamba en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac, que ha hecho esta mañana el general de la PNP y jefe de la región Policial de Apurímac, Roger Pérez Figueroa. Además la comunidad ha alertado sobre expresiones del oficial entrevistado por un canal de Televisión, que consideran amenazas directas contra sus asesores legales.

En un comunicado público dirigido al ministro del Interior Dimitri Semanche, el presidente de la comunidad Romualdo Ochoa solicita al gobierno que aclare las palabras del jefe policial, ya que los dirigentes y el gobierno mantienen conversaciones para reanudar un espacio de diálogo, que permita destrabar la situación en la que se encuentra el conflicto en torno a la minera Las Bambas, que mantiene sus operaciones suspendidas hace casi dos meses.

Señales de distensión y acercamiento que inclusive han provenido de parte de la iglesia, ya que ayer la Conferencia Episcopal Peruana dio a conocer la petición que le hizo llegar el presidente Pedro Castillo en orden de asumir un rol mediador en la disputa que Huancuire, Fuerabamba y otras cuatro comunidades aledañas mantienen con una de las principales productoras de cobre del mundo. Inclusive el Ejecutivo designó una Comisión de Alto Nivel Ministerial que llegaría hoy martes al distrito de Challhuahuacho, región Apurímac.

En dicho escenario, las palabras del jefe policial son consideradas contrarias a estas conversaciones que las autoridades comunales han mantenido al más alto nivel en Lima y que incluyó una reunión con el propio mandatario Castillo.

Respecto del desalojo el general Roger Pérez expresó que “estamos trabajando ahora para decidir cuál es la fecha más adecuada” y añadió que “primero tenemos que ir a conversar en una comisión, pero si hay intransigencia vamos a tener que usar la fuerza para desalojarlos».

En otro momento se refirió a los asesores legales, que por lo demás son personas que desarrollan su trabajo públicamente y han estado presentes en las instancias de diálogo con el gobierno e informó que la Policía ha detectado a personas que actúan como asesores de las comunidades y los azuzan a tomar acciones de fuerza contra las mineras para reclamar beneficios económicos a cambio de pagos de comisiones. Literalmente sus palabras fueron: 

«Ellos pagan a un grupo de asesores que están detrás de ellos, azuzando”. Personas que según el uniformado tendrían principalmente motivaciones económicas. “El fiscal del distrito judicial de Challhuahuacho ya tiene conocimiento, estamos haciendo un trabajo muy profesional y proceder próximamente a su detención”, advirtió.

En respuesta a estas declaraciones vertidas en un programa del canal  RPP, la comunidad de Huancuire ha aclarado que “debemos dejar en claro que la medida de protesta adoptada por nuestra comunidad fue decidida en pleno uso de nuestra autonomía comunal, por afectarse negativamente nuestros derechos colectivos, siendo nuestro asesor un profesional del derecho que únicamente nos acompaña a fin de interponer absolutamente todas las medidas legales que sean necesarias para la defensa de nuestros derechos de intereses”.

Finalmente los representantes de Huancuire han expresado que confían en la honesta voluntad por parte del poder ejecutivo para concertar mediante el diálogo y resolver esta problemática. Por eso consideran las declaraciones de la autoridad policial un caso aislado, aún cuando interpelan al titular del Interior Semanche a que aclare sobre la línea de mando de la política ministerial.

 

Hace 20 años, el 2 de junio de 2002, se realizó una histórica consulta ciudadana en el distrito de Tambogrande perteneciente a la región Piura. La pregunta que respondieron los tambograndinos, fue: ¿Está usted de acuerdo con el desarrollo de actividades mineras en las zonas urbana, de expansión urbana, agrícola y de expansión agrícola en el distrito de Tambogrande?. La respuesta del 95.24 % de participantes fue: NO.  27,015 personas dijeron no a la minería de un total de 35 mil personas hábiles para votar. La consulta ciudadana contó con la participación de observadores internacionales, quienes garantizaron la transparencia del profundo acto democrático que se vivió en esa oportunidad como parte de un proceso de lucha para que se haga respetar la voluntad del pueblo.

En 1999, el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori había otorgado a la canadiense Manhattan Minerals Corp. la exploración de los yacimientos mineros ubicados en Tambogrande. La dictadura fujimorista ya había impulsado a inicios de los 90s las reformas neoliberales en la economía y el sector minero para facilitar la inversión privada transnacional y expansión minera en todo el país. El proyecto minero Tambogrande de la empresa canadiense, era uno de los varios proyectos dentro de la estrategia de expansión minera en el país.

En ese sentido, la experiencia del pueblo de Tambogrande y su Municipalidad, impulsores de la consulta ciudadana, fue vital porque abrió el camino para que años después otros pueblos opten por el mismo mecanismo de las consultas vecinales populares, frente a las reformas que se habían dado en el sector minero y el cambio de Constitución de 1993, que no permitían a los pueblos decidir sobre el futuro de su territorio, sino solo enterarse que sus territorios habían sido concesionados a las empresas mineras y extractivas por ser de “interés nacional”. El único mecanismo de participación ciudadana en el sector minero que tenían y tienen hasta ahora los ciudadanos de acuerdo a la ley de minería, es el de participar dando sus recomendaciones para las correcciones de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos mineros en la fase de explotación. Nada más.

Para que la consulta ciudadana sea una realidad, la Municipalidad Distrital aprobó y publicó una ordenanza municipal el 26 de octubre del 2001 creando un mecanismo de participación ciudadana para recoger la postura de los tambograndinos respecto a asuntos de interés público sobre el desarrollo local. Esta propuesta fue construida por especialistas y abogados de instituciones de la sociedad civil, quienes luego impulsaron la Red Muqui, junto al alcalde de Tambogrande: Alfredo Rengifo.

De esta manera se llevó a cabo la primera consulta vecinal en América Latina para que el pueblo decida si aprueba o no, el desarrollo de un proyecto minero en su territorio.

En ese entonces, ante la confluencia de actores religiosos, sociales, técnicos especialistas, y representantes políticos, se alertó el peligro que traería el proyecto minero en el territorio de Tambogrande. El desarrollo del proyecto implicaba el desplazamiento de la ciudad de Tambogrande, porque el proyecto se iba a ubicar en el centro de la ciudad; la alteración y contaminación del cauce del río Piura; y la afectación y contaminación del valle de San Lorenzo, un valle productor de mangos, limones y arroz, desde la década del 50 en el siglo pasado.

El tambograndino y biólogo Fidel Torres lo recuerda así: “El pueblo participaba en todas las instancias: en las capacitaciones, asambleas, tareas etc. Un pueblo muy organizado, consciente y unido que no permitió el ingreso de la minería”.

La ingeniera agrónoma Marlene Castillo, miembro en ese entonces del colectivo Piura, Vida, Agro, recuerda el liderazgo regional agrario y agroecológico de Godofredo García Baca en las asambleas en el Valle San Lorenzo, en el Frente de Defensa Distrital de Tambogrande, en las Asamblea en Chulucanas y en la lucha puerta por puerta en Tambogrande sobre los riesgos previos a la consulta popular con un trabajo de 200 promotores/as formados por una delegación de especialistas.

Uno de los hitos claves en la unidad y lucha del pueblo de Tambogrande antes de la consulta popular fue el paro total del 27 y 28 de febrero del 2001, que fue una muestra contundente del rechazo de la población al desarrollo del proyecto minero.

Lamentablemente, un mes después, el 30 de marzo del 2001, asesinaron a uno de los principales líderes de la lucha de Tambogrande, al ingeniero agrónomo Godofredo García. Un encapuchado lo mató cerca de sus campos, cuando estaba viajando en su auto acompañado de su hijo. Este lamentable hecho no se esclareció, pero resultó evidente que el asesinato fue por motivos políticos, por el peligro que representaba Godofredo para el desarrollo de las actividades mineras en la zona.

Otro hecho importante, que recuerda la abogada Ana Leyva, fue cuando la empresa minera Manhattan presentó el diagnóstico de la línea de base y la población realizó varias preguntas que la empresa no supo responder. Por ejemplo, ¿cómo afectaría la velocidad y dirección de los vientos?. ¿Qué iba a pasar con el agua en una zona donde la comunidad tenía problemas con los recursos hídricos?.

La presentación de la línea base del proyecto es diferente al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, que nunca se llegó a presentar públicamente en las audiencias que programaron en Tambogrande, la ciudad de Piura y Lima, porque la gente se movilizó y lo impidió. 15 mil piuranos se movilizaron al auditorio de la Universidad Nacional de Piura donde se iba a realizar la la audiencia pública para que la empresa presente el estudio de impacto ambiental del proyecto minero, debido a que no se había podido desarrollar en Tambogrande. Lo mismo pasó en Lima, donde más de 50 personas se movilizaron al Colegio de Ingenieros donde la empresa pretendía realizar la misma audiencia.

El ejemplo de Tambogrande para otras consultas populares

La consulta popular en Tambogrande impactó en las provincias de Ayabaca y Huancabamba también de la región Piura. El 16 de septiembre del 2007, en los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba) también se realizó una consulta popular a través de las tres municipalidades distritales para que el pueblo decida sobre el desarrollo del proyecto minero Río Blanco. Para el especialista ambiental y en minería, Juan Aste, quien fue parte del equipo técnico de respaldo a los dirigentes sociales de Tambogrande, la consulta popular con el pueblo movilizado fue el referente y lo tomaron como ejemplo en diferentes territorios del país.

La tercera consulta en nuestro país, se desarrolló en la provincia de Candarave de la región Tacna. La municipalidad provincial consultó el 17 de febrero del 2008 a la población si estaba de acuerdo con el inicio de nuevos proyectos mineros en la provincia; y si aceptaba la extracción de agua para la minería. El pueblo votó por el NO en más del 90%. En la provincia no hay actividad minera, pero la empresa minera Southern Copper extrae agua de los lagos y agua subterránea para el funcionamiento de sus minas en Toquepala y Cuajone.

La cuarta consulta se dio en Tarata, también provincia de Tacna, el 20 de abril del 2008, con la finalidad que el pueblo decida respecto a la orientación económica productiva de la provincia: actividades productivas y de servicios (agricultura, ganadería, agroindustria y turismo) o actividades extractivas (minería). El 90% de los participantes eligió la primera opción.

La quinta consulta popular se dio en el valle de Tambo de la región Arequipa, el 27 de septiembre del 2009, donde la población decidió decirle NO al proyecto minero Tía María y la Tapada de la empresa minera Southern Coorporation.

Finalmente, la última consulta popular se realizó en la comunidad quechua de Kañaris el 2012, donde la comunidad rechazó al proyecto minero Kañariaco.

El derecho a la participación ciudadana

El derecho a la participación ciudadana en general tiene un reconocimiento constitucional en el artículo 31 de la Constitución, en el que sostiene que todos los ciudadanos tenemos el derecho de participar en forma individual y colectiva en todos los asuntos públicos y de interés nacional, en espacios políticos, económicos y sociales en general. Al mismo tiempo, en temas específicos en materia ambiental, en el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución, también se establece que como ciudadanos tenemos el derecho a participar en los asuntos  en materia ambiental. Y si interpretamos este derecho en conjunto con la ley general del medio ambiente, se establece que tenemos el derecho de participar y contribuir en la gestión y preservación del medio ambiente.

En una interpretación sistemática podemos concluir que los ciudadanos tenemos el derecho a participar en la gestión ambiental sea de forma directa o indirecta para preservar el bienestar y el ecosistema para un ambiente sano y adecuado. La forma como se puede generar esa participación ciudadana puede ser a través de diferentes mecanismos y una de estas es la consulta popular, vecinal y/o ciudadana. Para los pueblos indígenas existe el mecanismo específico que es la consulta previa, pero para las personas no indígenas existe el derecho a la participación ciudadana.

La participación ciudadana en el sector minero se concreta, en algunos casos, solo en el momento de la evaluación del estudio de impacto ambiental, pero es fundamental que las consultas populares desarrolladas por los municipios como un mecanismo de participación política local, tengan carácter vinculante en los procedimientos mineros y para el Ministerio de Energía y Minas.

Para lograr este reconocimiento se debe de modificar la ley de participación ciudadana en materia extractiva y minera, y se deben generar espacios reales de participación para los ciudadanos.

Nuevas arremetidas policiales, esta vez contra comuneros de Huancuire, se ha registrado este día, jueves 28 de abril, en la comunidad mencionada perteneciente a la provincia de Cotabambas (Apurímac), muy cerca de la minera Las Bambas. En las imágenes difundidas por redes sociales se observa a agentes reprimiendo con bombas lacrimógenas y balas a un numeroso grupo de comuneros, quienes se han defendido arrojando piedras a los uniformados de la PNP. Hasta ahora se registran 3 heridos por proyectiles de armas de fuego.

Sólo ayer la represión contra los comuneros de Fuerabamba, la otra comunidad en conflicto contra la minera Las Bambas, había dejado 14 heridos entre los comuneros y 4 heridos de la policía, resultando el caso más grave el de Rosa Paniura, quien presenta pérdida de globo ocular y traumatismo craneano leve, de acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo. También se registran heridos de contusiones y fracturas, tal como lo revela Convoca.

 

Ya en la tarde del miércoles, los  comuneros afirmaron en declaraciones a la prensa local que volverían a terrenos de la minera Las Bambas. Con ese fin hicieron un llamado a otras comunidades para que los apoyen en este esfuerzo.  “Ya sabe todo el país que Las Bambas no va, es la decisión que ha tomado la comunidad. La guerra nos ha declarado Las Bambas y vamos a enfrentarnos a esta guerra. Nosotros vamos a recuperar nuestra tierra”, explicó Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, al diario La República.

 

 

 

En tanto el gobierno se ha deslindado en un comunicado de la responsabilidad de la represión ocurrida ayer en el desalojo de la comunidad de Fuerabamba del sector de Takiruta, que los comuneros reclaman como territorio ancestral y donde la empresa MMG Las Bambas actualmente pretende extender sus operaciones mineras. Sobre la represión ocurrida el día de hoy contra los comuneros de Huancuire, no ha habido un nuevo pronunciamiento del gobierno. Es importante destacar que la mina es la más grande productora de cobre del país. La acción policial de desalojo producida ayer, sin embargo, fue precedida por la declaración del Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días, con el fin de desalojar a la  mencionada comunidad. 

«La intervención de la Policía Nacional se realizó en el marco de la ejecución de una ‘defensa posesoria extrajudicial’ tramitada por la empresa Las Bambas y no por decisión del Ejecutivo. Dicha acción legal se encuentra regulada en Código Civil y fue invocada por la empresa Las Bambas», detalló el comunicado emitido por la PCM.

Los comuneros de Fuerabamba, vecino al asentamiento minero, ingresaron en terrenos de la empresa el pasado 14 de abril, tras denunciar compromisos incumplidos por la compañía desde 2014, cuando vendieron sus terrenos para las operaciones extractivas.

Ante esta protesta, Las Bambas paralizó sus actividades el pasado 20 abril, en una decisión que según el gremio minero representa la pérdida de unos 5,2 millones de soles diarios para el Estado peruano.

 

Una comitiva de 20 autoridades de las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucara, Juli-Puno, llegaron el 27 de abril hasta la ciudad de Lima para solicitar al Tribunal Constitucional (TC) enmendar la sentencia que niega la consulta previa a los pueblos indígenas como derecho fundamental. Como se recuerda el pasado 02 de marzo el TC ha desconocido el Convenio 169 de la OIT, señalando que no tiene rango constitucional, por consiguiente, los pueblos indígenas no pueden exigir la consulta previa por medio de una acción de amparo mediante proceso constitucional , además no es un derecho fundamental. La comitiva está siendo acompañada por la Congresista Margot Palacios, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, en las reuniones que sostendrán con el MINEM, MINCUL y MIDAGRI. Las autoridades originarias tienen en agenda exigir la nulidad de las concesiones mineras, emisión de un informe de reconocimiento a las comunidades aimaras como parte del pueblo indígena aimara y protección al territorio como zona agrícola y ganadera. En una conferencia de prensa desde el Congreso de la República, el día 28 de abril, expondrán su rechazo a la sentencia del TC y a la concesión minera (2000 ha) que el Estado otorgó en el año 2005, sin consulta previa.

El día, 29 de abril, participarán del Foro Audiencia “Hablemos de la Consulta Previa a propósito de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, organizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. Posteriormente las autoridades aimaras se dirigirán a realizar un plantón a las 4pm al frente del Tribunal Constitucional, exigiendo que se resuelva el recurso de subsanación a favor de las comunidades campesinas de Juli y para todos los pueblos indígenas del Perú. También dialogarán con la Defensoría del Pueblo, a fin de exigir que la sentencia del TC que niega la consulta previa sea informada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, solicitan que el gobernador regional y los congresistas de Puno encabecen e intercedan en los diálogos que van a sostener con los diferentes ministerios.

El descontento de las comunidades campesinas en las regiones del sur del país se acrecienta día a día. La diferencia ahora es que, una situación muchas veces invisibilizada, como las penurias de la agricultura familiar, ahora encuentra su correlato con las demandas de amplias franjas de la población que han visto aumentar los precios de alimentos, combustible y transporte, sin que la bonanza de los precios por minerales en el mercado internacional les haya favorecido. Así se desprende de numerosas conversaciones que Red Muqui pudo sostener en el marco del VII Encuentro Interregional del Surandino que comprende a los departamentos de Puno, Cusco y Apurímac y que se desarrolló del 31 de marzo al 1 de abril en la localidad de Chucuito-Puno. Cerca de cincuenta integrantes de organizaciones sociales de base, representantes de comunidades y federaciones campesinas se reencontraron después del receso obligado por la pandemia del Covid-19 y fortalecieron de esta manera los lazos de solidaridad y hermandad entre organizaciones que impulsan cambios en y desde las regiones del sur andino.

Al analizar colectivamente el contexto político, social, económico y ambiental y la situación en sus territorios, se escucha una y otra vez el abandono que sienten por parte del Estado y la sociedad como agricultores familiares que siguen proporcionando más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen en el país.

Juliana Anchaquiri de la comunidad de Chila Chambillas, lamenta por ejemplo los bajos . precios que obtienen por sus cosechas. “Por arroba de Cañihua, recibimos entre 25 a 30 soles, es lo mismo que recibíamos hace unos años y todo ha subido”. Un valor exiguo si se considera que en los mercados de Lima, ese dinero da para comprar apenas 2 kilos de este cereal. Es decir una diferencia del 600 por ciento entre lo que recibe el productor y el precio que paga el consumidor, que en su mayor parte queda en el bolsillo de comerciantes intermediarios.

También critican los escasos planes gubernamentales de apoyo al agro y siguen sintiendo el desprecio de la sociedad a su labor, tan esencial para poner comida sobre las mesas no solo de sus casas. Elsa Yaver de la misma comunidad que Juliana coincide en que en ningún momento, desde que ella tiene recuerdos la sociedad ha valorado la agricultura y a los campesinos: “En la escuela los profesores nos decían, lo que ustedes hacen no vale nada, tienen que estudiar para ser secretarías”.

Parecida es la apreciación de Milo Huillca de la comunidad de Aresti, distrito Omacha, de la provincia cusqueña de Paruro: “No habría habido comida durante la pandemia si no hubiese sido por los campesinos. Ahora los precios de los insumos para la siembra y cosecha se han disparado, mientras que lo que recibimos por los productos no ha variado. El saco de abono artificial ha subido de 70 soles que costaba hace un año a 270 soles”.

Para revertir esta situación son muchas las voces de los participantes del encuentro que claman por reformular y relanzar la llamada Segunda Reforma Agraria y que conforman un grupo de trabajo para debatir esa posibilidad.

Julián Paucar, presidente de la Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP), es una de ellos, que dice sentirse defraudado por el gobierno del presidente Pedro Castillo, que en muchas comunidades de Cusco recibió más del 90 por ciento de los votos en las elecciones de junio de 2021. Recuerda que, “después nos organizamos para recoger y entregar nuestras propuestas para la 2da reforma agraria en Cusco. Ahora hay que retomar el debate en cada región y homogeneizar la propuesta antes de entregárselas a una nueva instancia que coordine esto a nivel de Viceministerio. Lo que no podemos hacer es olvidarnos de esta reforma, porque ya que el gobierno ha dejado de hablar de ella.” 

Para unificar estas demandas y darle mayor visibilidad en la instancia el presidente de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco FDCC, Salvador Merma Hilachoque, hace un llamado a qué las demás federaciones de campesinos presentes del Surandino se sumen al paro agrario que tiene programado su federación para el 18 y 19 de abril. Para su realización se están coordinando asimismo con las organizaciones campesinas, de Arequipa, Tacna y Moquegua. En el pliego de demandas exigen al gobierno el cumplimiento de la Segunda Reforma Agraria, así como el incremento del presupuesto para el sector agrícola en un 7%.  Para esta convocatoria los gremios campesinos han planteado propuestas concretas para contrarestar el alza indiscriminada de los insumos agrarios como los fertilizantes.

 

 

 

Muchos otros participantes abogan por avanzar con un proceso constituyente que reemplace la actual Carta Magna impuesta a sangre y fuego por el dictador Alberto Fujimori. Una demanda que finalmente se plasma en el pronunciamiento de las diversas organizaciones sociales de base e instituciones de la sociedad civil reunidas en el encuentro que abogan por retomar el debate y discutir plural y democráticamente una nueva Constitución Política, entendiendo que es el instrumento fundamental para poder construir un Estado para y desde los pueblos.

Todos ejemplos de la preocupación que existe en las comunidades campesinas e indígenas sobre el rumbo que está tomando el país en momentos de continua crisis política y social.

Pero más allá de estos grandes debates, es la presentación de media docena de mujeres líderes de la comunidad Chila Chambilla la que despierta mayor solidaridad espontánea. Se percibe en los aplausos y en el cariño dispensado la admiración por la lucha de estas comunidades, cuya voluntad pareciera inquebrantable. A pesar de que el Tribunal Constitucional en una sentencia el pasado mes se negara a reconocer la consulta previa como derecho fundamental y con ello denegara el recurso de amparo solicitado por la comunidad. Una medida interpuesta porque la mitad de sus territorios fue concesionada por el INGEMMET a favor de la minera Cemento Sur en 2014 sin consultar a sus habitantes y legítimos propietarios. Son ellas, las líderes presentes en Chucuito-Puno, quienes proclaman que no se dejarán vencer y que unidas con las demás comunidades aymaras de Puno resistirán y marcharán juntos a Cusco y a Lima si fuese necesario también a Lima. Citan como ejemplos el “aymarazo”, cuando las comunidades aymara de la zona sur de Puno iniciaron una huelga indefinida y movilizaciones, con las que finalmente lograron revertir el proyecto minero Santa Ana, de la empresa canadiense Bear Creek.

Y es que las comuneras tienen motivos para defender sus territorios, tal como explica Elsa Yaver, de la comunidad de Chila Chambilla: «La verdadera mina la tiene la comunidad. Tenemos cereales que cosechamos todos los años, tenemos avena, cebada, papa, quinua y cada año tenemos más cañihua,También tenemos ganado; alpacas, llamas, vacunos, chanchos y burros que se alimentan de nuestros pastos dulces y de nuestra agua que es dulce y por eso no dejaremos que entre la minera a contaminar».

 

Denuncian que desprendimiento de relaves mineros de Mina Huampar está contaminando cuenca del valle de Santa Eulalia y río Rímac. La Mancomunidad Municipal del Valle Santa Eulalia, liderado por la Presidenta Cecilia Espinoza denunció “la grave emergencia sanitaria ocasionada por bloques y desprendimientos de relave minero de la Mina Huampar ubicado en la Zona de Cunay, parte alta del distrito de Huanza en nuestra Zona Norte de la Cuenca del Valle de Santa Eulalia”.

Lamentan que este relave esté contaminando el río, la flora y fauna, provocando la muerte de decenas de peces. En el comunicado señalan que las autoridades del distrito de Huanza, Carampoma, San Juan de Iris, Huachupampa, San Pedro de Laraos, San Pedro de Casta, San Antonio de Chaclla, Callahuanca, Santa Eulalia, así como en la parte baja como Ricardo Palma, Lurigancho-Chosica, deben tomar sus precauciones, sobre todo los que tienen piscigranjas.

Frente a esta grave situación, la Presidenta de la Mancomunidad convocó hoy, viernes  1 de abril, a constatar esta tragedia ambiental a los Alcaldes Directores pertenecientes a la Mancomunidad, a la PNP, y a las autoridades del Estado.

OEFA anunció visita

Frente al oficio enviado a la OEFA, incluyendo las pruebas filmográficas y fotográficas para que fiscalice y sancione a los responsables; la OEFA informó a través de un comunicado en la mañana, que se estaba dirigiendo a la zona para verificar in situ el «presunto derrame de relaves que habría ocurrido el día de ayer. La intervención que realiza el OEFA permitirá determinar si existe afectación de cuerpos hídricos y otros componentes, generada por el hecho antes descrito, el cual habría sido ocasionado por pasivos ambientales mineros en la zona. Esta información será puesta en conocimiento del MINEM, para efectos de las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias», precisó.

Desde la Red Muqui esperamos que la OEFA informe públicamente los resultados de su intervención porque en anteriores oportunidades no se ha conocido los resultados de sus visitas.

SEDAPAL se pronunció

Frente a la denuncia de contaminación de la cuenca del río Santa Eulalia; Sedapal emitió un comunicado señalando que 33 horas después de ocurrido el desprendimiento de relaves mineros en la cabecera de cuenca del río Santa Eulalia, no habían mayores afectaciones al río Rímac, que se une en Chosica al río Santa Eulalia.

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En el comunicado Sedapal señala que activaron su Plan de Contingencia y el Equipo de Gestión Integral de Plantas realizó el monitoreo al río Rímac para determinar su afectación, encontrando que las características fisicoquímicas del río están con los indicadores dentro del límite máximo permisible de los estándares de calidad ambiental según el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS- 031-2010 MINSA.

Edwin Alejandro Berrospi, responsable del área socio ambiental de la Red Muqui, señaló que en la pandemia el gobierno suspendió la supervisión y fiscalización ambiental. «De esto se han aprovechado las empresas para hacer sus operaciones sin control, generando este tipo de daños posteriores».