Entradas

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Finalmente, Pedro Castillo ha sido proclamado como presidente electo del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el período 2021-2026. De esta forma la señora Keiko Fujimori afronta su tercera derrota y esperemos la última, ya que el fujimorismo y sus aliados han querido desconocer hasta el ultimo momento el actual proceso electoral hablando de fraude, aun ahora insisten que la elección de Castillo no es legítima, y que seguirán movilizados para reclamar su “derecho al voto”. Para la mayoría de peruanos y peruanas va quedando claro que la elección de Castillo es legítima y  la urgencia de cambios en nuestro país es necesaria, por ello esperamos que las promesas políticas señaladas por Pedro Castillo sean asumidas y canalizadas adecuadamente.

Dentro de las medidas más urgentes que tiene que atender el gobierno del Castillo están la atención a la pandemia de la Covid-19, la educación y el retorno a las clases, la reactivación económica, atención a la agenda postergada de los pueblos andinos y amazónicos, así como encausar la convocatoria a una asamblea constituyente con la participación de todos los sectores y actores del país. En su primer discurso como presidente electo ante el JNE, Pedro Castillo ha señalado que la prioridad de su gobierno será atender la pandemia, la educación y la niñez, y ha convocado a todas las fuerzas políticas y actores sociales del país a construir la unidad del Perú en el año del Bicentenario. Esperemos que estos compromisos asumidos se mantengan hasta el final de su mandato, y que en los primeros 100 días de su gobierno podamos ver el inicio de ese proceso de cambio.

En la línea de plantear la agenda de los pueblos en los 100 primeros días del gobierno de Castillo, desde la Red Muqui alcanzaremos algunas propuestas y agendas que se deben anunciar en el mensaje a la nación del 28 de julio próximo. Dado que el principal respaldo de Castillo proviene de las poblaciones rurales en el país, es imperativo que se tomen medidas de reconocimiento pleno a las autonomías de los pueblos y al respeto a sus propias decisiones, sin discriminación y racismo; apoyo decidido a la agricultura familiar, ya que es este sector el que ha venido sosteniendo la alimentación de millones de peruanos durante la pandemia, y sobre todo que se debe diversificar la economía y no solo depender de las rentas del extractivismo minero, dado que los impactos que esta actividad genera en los territorios son más que evidentes. Esperamos que el gobierno de Castillo sea realmente el gobierno de los pueblos y desde la Red Muqui le auguramos los mejores éxitos en tiempos tan difíciles.

El 7 de julio el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas, presidido por el presidente Fernando Gala Soldevilla, declaró infundado el recurso de nulidad que presento la Municipalidad Provincial de Huancavelica en contra de la Resolución Directoral N° 0171-2020-MINEM/DGAAM que aprobó la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de Pukaqaqa Sur de la empresa minera Nexa Resources S.A. La Municipalidad de Huancavelica recibió esta resolución el 19 de julio.

Esta es una decisión lamentable, pues la Municipalidad de Huancavelica había advertido en reiteradas ocasiones que la zona en la que se llevaría adelante las actividades de exploración pondrían en grave riesgo las fuentes de agua, de donde se capta el recurso hídrico para dotar de agua potable a las localidades de Huancavelica y Ascensión. Actualmente estas aguas ya tienen presencia de metales pesados como arsénico, por ello la empresa de saneamiento realiza un tratamiento especial para que el agua sea proveída con calidad a los pobladores. Cualquier alteración en este ecosistema agravaría la calidad del agua, como lo que ocurriría con las actividades de exploración.

Resolución del Consejo de Minería

Como se sabe, el Consejo de Minería es la última instancia para ver asuntos mineros que son materia de resoluciones por parte de la primera instancia administrativa y que hace parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La Municipalidad Provincial de Huancavelica esperaba que este ente valorara todos los informes que habían presentado, advirtiendo del riesgo ambiental que existía, el cual no ha sido valorado ni explicado en la resolución.

Ver la respuesta del Consejo de Minería en “el análisis de la cuestión controvertida” en la resolución que emitieron:

Con esta decisión se ha puesto en riesgo la calidad del agua para consumo humano, la salud humana y el medio ambiente de la población en Huancavelica.

Movilización

El día de hoy, miércoles 21 de julio, diversas organizaciones sociales se movilizaron en rechazo de las decisiones del MINEM y el desarrollo del proyecto minero de exploración.

Para este jueves 22 de julio a las 2pm la Municipalidad Provincial de Huancavelica está convocando a las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas y ciudadanía en general a una reunión de urgencia para acordar acciones inmediatas ante la resolución del Consejo de Minería, que da luz verde al inicio de exploraciones del proyecto minero Pukaqaqa Sur.

Por: Bladimir Martínez
Equipo técnico de DHUMA-Puno

El pasado 17 de Junio, pobladores de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri de la provincia de Melgar, fueron testigos nuevamente (situación que se repite desde el 2010) de la coloración rojiza del agua proveniente de la cabecera de cuenca del rio Llallimayo donde opera la empresa Aruntani S.A.C, que en el 2019 según lo dictaminó la ex ministra del ambiente, Lucia Ruíz, debió paralizar definitivamente sus operaciones debido a la contaminación probada según información del OEFA y ANA. Por lo anterior, las medidas de protesta reiterativas de la población afectada se reinician por un plazo de 48 horas desde el 21 de junio.

Puno: Paro de 48 horas por contaminación permanente de la minera Aruntani

A pesar de la existencia de informes presentados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) desde el 2016 que vinculan a la empresa minera Aruntani S.A.C con la contaminación producida en la cabecera de cuenca del río Llallimayo, advirtiendo la presencia de metales como el aluminio, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, arsénico que superan que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y suelo, y concentraciones elevadas de mercurio, plomo y arsénico en sedimentos[1]. Así como también, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) muestra que las aguas de la zona alta de la cuenca del río Llallimayo donde opera la empresa minera Aruntani S.A.C, presentan valores elevados de acidez y además se encuentran contaminadas por metales pesados como el aluminio, arsénico, berilio, litio, magnesio, hierro, cobalto, cobre, cadmio y plomo[2]. Sin embargo, “a la fecha no se inició la construcción de plantas de tratamiento para el abordaje de la problemática ambiental que se encuentra dentro del plan de acción aprobado en el 2019 para remediar la contaminación de la cuenca Llallimayo” según refiere la vicepresidenta de mujeres artesanas del distrito de Llalli, Margarita Machaca.

Por último, a pesar de la instalación de mesas de diálogo y mesas de trabajo desde el 2016, la solución de esta problemática ambiental que aqueja a miles de pobladores de la cuenca Llallimayo pareciera estar lejos de la solución. Según el presidente de la Junta de Usuarios Ramis, Edwin Díaz, debido al incumplimiento sistemático del ejecutivo se solicita que la Presidencia del Concejo de Ministros presida una visita a la zona y atienda la problemática de la cuenca Llallimayo, el retiro definitivo de la empresa minera Aruntani S.A.C, y la implementación del plan de acción aprobado el 2019 para remediar la contaminación, este último contempla tamizajes, acciones de remediación y mitigación de la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, entre otras. Al cierre de este informe los pobladores mantenían bloqueada la vía panamericana que conecta Puno y Cusco en la zona de Ayaviri.

Plataforma de lucha Paro en Puno 2021

[1] Informe N° 100-2016-OEFA/DE-SDB-CEIA

Informe N° 054-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

Informe N° 077-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

[2] Informe Técnico N° 050- 2015-ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 004- 2016- ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 100- 2016- ANA-AAA-SDGCHR.TIT

Informe Técnico N° 007- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 020- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 038- 2017- ANA-AAA.SDGCRG.TIT

Informe Técnico N° 138- 2017- ANA-TIT/HLH

 

Por: Área socioambiental de Red Muqui

La crisis ambiental y la pandemia amenazan a nuestro planeta por las sequías, la escasez del agua, la contaminación ambiental, degradación de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, cambio climático, entre otros problemas que ponen en grave riesgo el equilibrio de nuestra naturaleza y la producción de alimentos.

Llegamos al bicentenario y pesar de que el Perú es uno de los países más vulnerables a la degradación ambiental, ninguno de los candidatos presidenciales en segunda vuelta presenta una propuesta clara para la protección del medio ambiente. Por un lado, la candidata Keiko Fujmori, indicó que el medio ambiente es un tema que los jóvenes han puesto en el “tapete”, y señaló la necesidad de mejorar políticas públicas para asegurar los proyectos de inversión, pero respetando el “medio ambiente”, que en la práctica es la misma política extractivista que acompañó al país durante siglos. Asimismo, su propuesta “Minería para el agro”, sería un aporte solidario de las empresas mineras para financiar la construcción de canales de irrigación y reservorios destinados a los agricultores. Sin embargo, esto no tiene correlato con la realidad, dado que esta supuesta convivencia entre agro y minería en varios lugares no es posible, el Valle de Tambo (Arequipa) puede ser un ejemplo de esto último. Además una segunda propuesta denominada “Canon para el pueblo”, que busca destinar el 40% de los presupuestos producto del canon minero directamente a las familias, se posiciona como un discurso populista pues en vez de presentar una forma de hacerle frente a las problemáticas mineras, podría acrecentar la desigualdad y los conflictos sociales en las regiones mineras del país.

En cuanto a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, quien señaló que en su posición de campesino y rondero ha “luchado defendiendo el medio ambiente”, ratificó su propuesta sobre la inviabilidad de los proyectos mineros Tía María y Conga. Además, indicó que velaría por el cuidado del medio ambiente, los ríos y la salud integral de la población. Pero sin dar mayores detalles de cómo se realizarán dichos ofrecimientos.

Ambos candidatos muestran propuestas débiles en materia ambiental, siendo lo más preocupante que sus planes de gobierno no tienen planteamientos concretos para proteger y preservar el medio ambiente y por el contrario, se sigue imponiendo el mismo modelo de desarrollo económico. En algunos casos se plantea impulsar la infraestructura física como por ejemplo la “siembra y cosecha de agua” que es un paso importante, pero se requiere de un cambio estructural, un cambio de pensamiento del gobierno sobre la realidad ambiental del país.

Alternativas a la expansión minera desde la sociedad civil

En ese sentido desde la «Agenda Muqui 2021: Construyendo alternativas» (agenda fruto del continuo debate y que recoje demandas y preocupaciones de las organizaciones y comunidades afectadas por la actividad minera) se plantea de cara al bicentenario una política estricta de protección de las cabeceras de cuenca y ecosistemas frágiles con el objetivo de garantizar la disponibilidad del agua como un derecho para las comunidades campesinas y poblaciones, que lamentablemente están ausentes en la propuesta de ambos candidatos. Además, planteamos la prohibición de ejecución de proyectos mineros u otras actividades productivas que pongan en riesgo la capacidad de resiliencia (sostenibilidad ambiental) de los ecosistemas, la conectividad hidrológica de las corrientes de agua, su buen estado y capacidad de recarga hídrica, además de los servicios ambientales que presta, como los glaciares, lagunas, manantiales, bofedales, etc.

Nuestra Agenda Muqui 2021* (www.agendamuqui2021.org) plantea una política de ordenamiento territorial participativo a fin de construir un acuerdo social sobre los usos del territorio teniendo en cuenta sus potencialidades, límites, enfoques sociales y ecosistémicos desde una mirada del territorio, y sobre la base de esta política deben organizarse las actividades económicas. Además, las concesiones mineras se deben otorgar según los planes de ordenamiento territorial, prohibiéndose en zonas ambientalmente vulnerables y garantizando  el pleno derecho sobre la propiedad de las tierras comunales para la producción de alimentos.

En esa misma línea, la agenda ambiental de los candidatos presidenciales a la segunda vuelta debe contemplar la inmediata remediación de los pasivos ambientales mineros que vienen contaminando las principales fuentes hídricas y los recursos naturales. Las propuestas deben plantearse buscando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático con políticas, estrategias, planes, y proyectos del Estado, en el marco de un proceso de participación transparente e inclusivo del sector privado y de la sociedad civil.

Finalmente, la agricultura Familiar, la cual juega un rol fundamental en la conservación de estos ecosistemas y el medio ambiente, debe ser incluido en las políticas públicas del gobierno para garantizar la producción de alimentos. Ya es hora de darle el lugar que se merece a la pequeña agricultura y la agricultura familiar, que finalmente son las que nos vienen sosteniendo durante la pandemia del Coronavirus.

* Puedes leer nuestra Agenda Muqui 2021 – Versión resumida y graficada aquí: https://bit.ly/3z4zX0s

Este jueves, a pocos días de las elecciones en Perú, especialistas y dirigenta/es indígenas y sindicalistas analizarán las propuestas electorales de los partidos contrincantes Fuerza Popular y Perú Libre, en materia de minería y medio ambiente.

Minería en Debate

En el tramo final de estas elecciones el tema minero se ha puesto en debate. Por un lado Perú libre plantea renegociar contratos y recaudar más impuestos a mineras, y por el otro Fuerza Popular insiste en continuar y profundizar el modelo minero. En ambos casos no se habla con claridad sobre los impactos de la minería en el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

Ante ello, Red Muqui llevará a cabo el Foro denominado “Futuro de la minería y medio ambiente” con la participación de dirigentes, dirigentas y profesionales que analizarán las propuestas de estos dos partidos de la contienda electoral 2021.

Se contará con un panel de destacados especialistas, entre ellos: Jaime Borda, secretario Ejecutivo de Red Muqui, quien estará a cargo de la moderación. José de Echave, doctor en economía y miembro de la ONG CooperAcción – Acción Solidaria para el desarrollo. Beatriz Cortez, abogada de Red Muqui. Así como de Melania Canales, presidenta de ONAMIAP (Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú) y Edmer Bartolo Santamaría, Secretario de Organización de la Federación nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú – FNTMMSP.

Foro: «Futuro de la minería y medio ambiente»

La cita es este Jueves 03 de Junio a las 5 P.M.

El Foro se trasmitirá en vivo a través del medio de comunicación Wayka y por medio de la página de facebook de Red Muqui.

➡️ Sintoniza la trasmisión en vivo aquí: https://t.co/34lhm5hqrE?amp=1 

 

 

Entrevista a periodista Nicole Maron: «A veces me da vergüenza decir que soy de Suiza»
La periodista suiza Nicole Maron vive en el Perú y tiene un compromiso con el cuidado del medio ambiente y un mundo más justo. Denuncia el estilo de vida globalizado del Norte Global como un sistema neocolonialista que explota al resto del mundo, escribió una carta abierta al Ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, y toca puntos delicados en muchas de sus publicaciones.

Nicole Maron, usted llama al estilo de vida supuestamente «civilizado» del Norte Global neocolonialista explotador. ¿Qué exactamente quiere decir con esto?

En América Latina y otras regiones del Sur Global, los efectos de la globalización se pueden sentir muy claramente. Las relaciones económicas a nivel global siguen basándose en la explotación, a pesar de que la era del colonialismo supuestamente ya ha terminado. Pero lo que vivimos hoy en día, es una forma extrema de neocolonialismo, sostenido no por la fuerza de armas sino por la presión económica y política. Los y las habitantes de países como Perú o Bolivia sufren por las consecuencias negativas de este modelo, el cual permite el estilo de vida lujoso y bien asegurado en países como Suiza.

¿A qué consecuencias negativas se refiere?

Por ejemplo, a la deforestación de la selva o la contaminación por la minería. A nivel mundial, cada minuto se tala una superficie de selva tropical del tamaño de 30 campos de fútbol, un diez por ciento de esto en Brasil. Gran parte de las zonas deforestadas se destinan a la producción de soja, es decir, a la alimentación del ganado cuya carne se exporta a China, Estados Unidos o Europa. Por otro lado, las actividades mineras contaminan el agua, el suelo y el aire, destruyendo la base de vida de la población local.

¿Conoce algún caso concreto de contaminación?

Por supuesto. En lugares como Espinar o Cerro de Pasco estamos hablando de personas que tienen hasta 17 metales pesados en la sangre y cuyos animales mueren porque beben agua de ríos envenenados.

¿Hay empresas suizas que son involucrados en esta situación?

Hay muchas empresas mineras transnacionales que operan en el Perú. En Cerro de Pasco y también en Espinar, la empresa suiza Glencore maneja tres minas que ya llevan casi 40 años causando graves daños al medio ambiente y a la salud de la población. La empresa actúa con una indiferencia y arrogancia increíble. Lo único que le interesa es su ganancia.

¿Cuál es la actitud del gobierno peruano?

El gobierno peruano tanto como el gobierno suizo están apoyando a las empresas porque el Estado se beneficia de estas actividades a través de los impuestos. En el mes de noviembre del año pasado, el gobierno suizo recomendó rechazar la iniciativa para mayor responsabilidad empresarial por temor a los daños económicos para Suiza. Con esta actitud, Suiza ha declarado oficialmente que la economía tiene prioridad sobre los derechos humanos.

¿Fue esa la razón por la que escribió una carta al Ministro Ignazio Cassis el 28 de febrero de 2021?

El motivo de esta carta fue un pronunciamiento de Cassis en diciembre, en el cual anunció que, de aquí en adelante, las ONGs ya no podrán utilizar fondos de la COSUDE -la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación- para campañas de información y sensibilización en Suiza.

¿Qué significa eso en lenguaje sencillo?

Que la cooperación al desarrollo debería concentrarse en sus proyectos en el Sur Global y no puede evidenciar los daños que la política y las empresas suizas causan en el extranjero. Se ignora la destrucción del medio ambiente, la crisis climática y la muerte de personas para que la población suiza pueda mantener su estilo de vida orientado al consumo. Los metales que se extraen aquí en el Perú y en otros países, se utilizan para baterías y dispositivos electrónicos que compramos en Suiza a montones.

En su carta, usted exige un gobierno que asuma su responsabilidad y ponga la ética por encima de los intereses económicos, para que ya no tenga que avergonzarse cuando diga que es de Suiza.¿Siente vergüenza de su país?

Desgraciadamente, sí. Porque, me guste o no, soy parte del sistema que se base en la explotación y resulta en la injusticia global. Con mi pasaporte y un sueldo mayor al sueldo promedio peruano o boliviana, tengo privilegios – no sólo en Suiza-, sino también aquí. Por ejemplo, el acceso a una buena atención sanitaria.

¿Cómo se percibe a Suiza en países como Perú o Bolivia, que -según la lista de la Fundación Alemana para el Desarrollo en cooperación con la OCDE- se consideran países en desarrollo?

Depende a quién se le pregunte. Muchos empleados estatales la perciben de manera muy positiva, a Suiza y a los otros países que invierten aquí, porque aportan al crecimiento económico. Pero si se habla con la población indígena que sufre directamente por las decisiones políticas y las actividades económicas de Suiza, la percepción es muy diferente.

¿Tiene un ejemplo?

Si. En enero hice entrevistas en comunidades indígenas de Espinar para un documental sobre las minas de Glencore. Una señora mayor me pidió que hiciera un llamado a Suiza y a los directores de Glencore.

¿Qué dijo exactamente?

Dijo: «Yo sufrí desde mi niñez por la minería. Mi papa trabajaba en una mina hasta su muerte, pero ahora mi pobre mamá no recibe ni seguro ni renta. Se han comprometido en educarnos, pero por ser gente humilde, gente originaria, aquí no hay justicia. Por eso ya hago un llamado a los dueños de la mina. Seguramente no soy la única a quien les pasan estas cosas. En todo el mundo, cuantos niños estarán sufriendo por la minería, cuantas madres estarán golpeadas, cuantas despojadas de sus terrenos. ¿Por qué tenemos que sufrir? Pregunto también al Estado peruano y a los congresistas, ¿por qué no nos manda sus abogados? A todos ellos hago este llamado, con mi tanto sufrimiento.»

Usted señala que el consumismo de la población del Norte Global es corresponsable por esta situación. ¿Qué podemos hacer para cambiarla?

Cada uno puede cambiar su comportamiento como consumidor. Por ejemplo, ¿realmente necesitamos un nuevo celular cada año, o cada nuevo dispositivo? Hay que ser más consciente de nuestra huella ecológica, la cual en Suiza es mayor que en muchos otros países. Pero creo que hay algo con lo que se puede lograr mucho más: el compromiso político. En Suiza tenemos la oportunidad de participar e influir en las decisiones de nuestro gobierno hasta cierto punto, y deberíamos aprovechar este derecho.

¿Por qué vive en el Perú actualmente?

Después de vivir en Kurdistán por un año de 2010 al 2011, quise conocer a América Latina como otra región del mundo con fuertes movimientos sociales que luchan contra el sistema de opresión y explotación. Aquí y también en Bolivia donde vivía antes, he aprendido mucho, incluso culturalmente y espiritualmente.

¿Por ejemplo?

En la región andina y también en la amazónica la gente tiene otras formas de pensar y vive realidades que son completamente diferentes, los cuales cuestionan el llamado «progreso» y la visión académica del mundo. Hablo del «llamado progreso» porque un estilo de vida que resulta en la destrucción de nuestro planeta no debería ser llamado desarrollado, sino primitivo y estúpido. Al fin y al cabo, estamos destruyendo poco a poco nuestra propia base de vida. Sin embargo, los países que se autodenominan «desarrollados» presumen enseñar al resto del mundo como se puede vivir mejor.

Entonces, ¿la vida en los países desarrollados no es mejor que en los países en desarrollo?

No necesariamente, porque son los países desarrollados que definen lo que significa una vida mejor, y esta definición se basa principalmente en tener más plata. Pero este modelo principalmente sirve a la economía y a las empresas. Conozco a muchas personas en Suiza que se han enfermado o han caído en depresión entre los 30 y los 40 años, porque ya no podían soportar las presiones del mundo laboral. Incluso hay niños y niñas de la primaria en Suiza que sufren de depresión debido a la presión por el rendimiento. Ahora, ¿un sistema que hace que la gente enferme, realmente puede ser un buen sistema?

¿Usted quiere cambiar el sistema?

Mi compromiso es compartir las experiencias que hago aquí con personas en Suiza y otros países del norte, esperando que esto ayude que ellos reflexionen más sobre los efectos de su estilo de vida. Tal vez de esta manera, se pueda impulsar un cambio de conciencia que es muy necesario. Porque el sistema económico actual ha creado una sociedad de consumo que acabará llevándonos a todos y todas al borde del colapso.

Podría tener un trabajo bien pagado en Suiza o en otro país del llamado primer mundo, mientras que las oportunidades de ganar dinero en el Perú probablemente sean menores. ¿No le importa eso?

Para nada. Nunca he hecho depender mis actividades profesionales o mi compromiso de mis ingresos, sino únicamente de lo que hago vale la pena. Mientras pueda sustentarme con mi sueldo, seguiré trabajando en proyectos no remunerados, sea en Suiza o en el extranjero.

 

Entrevista: Kerem S. Maurer
Publicado en: Anzeiger von Saanen, Suiza, 23. de abril 2021

Nicole Maron Oscamayta es una escritora y periodista suiza. Desde 2017, vive en Bolivia y el Perú. Trabaja para diferentes medios de Suiza y Alemania y realiza documentales, con un enfoque en temáticas socio-políticas y medio-ambientales como migración, (in)justicia global, descolonización, derechos humanos, y espiritualidad.

www.maron.ch

A inicios de la cuarentena declarada en Perú en marzo de 2020, el PBI minero cayó en sus puntos más bajos. No es hasta diciembre del 2020 donde el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) registró un aumento de 0.51% de la economía nacional, siendo el primer mes con un resultado positivo desde que la Covid-19 llegó al país.

Para el subsector minería, se mostró solo una caída de -2.5% en diciembre, lo que significa que operó al 97.5% de su capacidad operativa respecto al mismo mes del año anterior. Este último dato indica que el sector minero ha recuperado prácticamente sus niveles de producción previo a la llegada de la Covid-19. Ha de señalarse que durante la primera ola de la pandemia los precios de los metales bajaron debido a la paralización de la economía; sin embargo, ahora, a nivel global, la tendencia del precio de los metales se ha incrementado excepcionalmente debido a que la recuperación económica global demanda estos metales y las expectativa de los inversionistas crece.

De acuerdo a este escenario internacional, es importante analizar los planes de gobierno de Perú Libre y Fuerza Popular respecto al sector minero; las implicancias que tendrían de aplicar sus planes de gobierno y las propuestas de la Red Muqui frente a ello.

El presente análisis comparativo se basa en los documentos oficiales de los partidos que han pasado a segunda vuelta. Plan de Gobierno 2021-2021: Rescate (Fuerza Popular) y Perú Libre: Ideario y Programa, además del Plan de Gobierno Perú al Bicentenario Libre de Corrupción (Perú Libre). Los ejes programáticos que se han priorizado analizar son: 1) Concesiones, Ordenamiento Territorial y Participación Ciudadana, 2) Derechos de los Pueblos Indígenas, 3) Salud y Ambiente, 4) Derecho al Agua, y 5) Reforma Tributaria. Los comentarios que planteamos se desarrollan en base al documento de “Agenda Muqui 2021” lanzado bajo la campaña “Construyendo Alternativas frente a la Expansión Minera”4 de la Red Muqui.

 

 

 

El martes 4 de mayo se ha promulgado en el diario El Peruano, la ley para “Fortalecer prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas”, firmada por el presidente de La República, Francisco Sagasti, y la presidenta de la PCM: Violeta Bermúdez. Esta ley fue aprobada por el Congreso de la República el 31 de marzo del presente año con el aporte de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, y faltaba la promulgación por parte del Ejecutivo si es que no había alguna observación. Desde octubre del 2018 en que se aprobó los “Lineamientos de la Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas” por el Ministerio de Salud, no había otro avance normativo importante.

Implicancias de la Ley

De acuerdo al artículo 3, esta ley encarga a la “Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Salud en ejercicio de su función rectora, la definición de los actores y de los mecanismos de articulación intersectorial e intergubernamental para la incorporación de la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas en los planes y programas a cargo de los sectores competentes, así como en los de los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

La coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, Karem Luque, señala que “esto permitirá que no solo haya una acción organizada a nivel multisectorial que contempla a diferentes ministerios, sino que entre los diferentes sectores haya mejores propuestas. Refuerza los canales de comunicación para que los gobiernos regionales y locales puedan ejecutar y dialogar mejor frente a las políticas nacionales que se vayan aprobando.

Agregó que desde la sociedad civil ahora se podrá argumentar que existe ya una ley para que los gobiernos regionales realicen un plan integral de salud que contemple a las y los afectados por metales tóxicos.

Minsa adecuará protocolos para atención

Asimismo, la ley señala que el Ministerio de Salud debe elaborar y actualizar “los protocolos de atención e instrumentos técnicos para la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas”.

Karem Luque precisa que actualmente el Ministerio de Salud tiene guías de diagnóstico clínico con los que los médicos evalúan los síntomas y signos de las personas que estarían afectadas por metales pesados. “La guía más actualizada es la de plomo del 2017. También hay guías para arsénico, cadmio y mercurio”. Agrega que lo que se pide con este artículo, es que estas guías sean actualizadas y sea asumido por todos los profesionales de la salud que van a trabajar en la zona donde hay exposición a metales pesados. “Los médicos deben conocer a detalle estas guías para diagnosticar la enfermedad de los pacientes expuesto a metales pesados”, puntualiza

Crearán Registro de personas afectadas por metales pesados

Otro importante avance de acuerdo a esta ley, es que el Ministerio de Salud implementará y actualizará el “Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas, a fin de organizar el sistema de atención sobre esta materia, que brinde mayor conocimiento sobre su incidencia, prevalencia y demás información relevante en cada área geográfica que se produzca, así como los niveles de afectación en la salud”.

Hace unos meses el Ministerio de Salud informó que actualmente “hay más de 10 millones de personas expuestas a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en el país” . Sin embargo, Karem Luque señala que no es un informe detallado para saber cuántas personas expuestas a metales pesados hay en cada provincia y distrito. “La data solo es a nivel regional. Esperamos que con esta ley y su reglamento se pueda tener la data detallada con el apoyo de los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, en cusco hay 342 660 personas en riesgo de exposición a metales pesados, pero no se dice dónde”.

En el artículo 5, se precisa que el registro se construirá “a partir de la información obtenida en atenciones médicas realizadas, en los establecimientos de salud de los tres niveles de gobierno, siendo responsabilidad del Ministerio de Salud su conducción y actualización periódica, conforme lo señale el reglamento”.

Financiamiento

Finalmente, sobre el financiamiento, en el artículo 7 de la ley se precisa que no habrá recursos adicionales del Tesoro Público para implementar estas acciones. “La aplicación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades públicas involucradas”.

Karem Luque señala que los gobiernos regionales deben elevar sus presupuestos, ya que ellos son los que definen los montos a utilizar en el sector salud de su región. “Si tendríamos en cada región una unidad de metales pesados que esté bien equipada, tendríamos mayor seguimiento a los casos de exposición y afectados por metales pesados”.

Finaliza, precisando que sí debería evaluarse un presupuesto especial a nivel nacional porque en los territorios donde ya hay afectados por metales pesados y personas en riesgo de serlo, se sigue impulsando la actividad minera, y por ello debería haber un presupuesto especial para implementar las acciones de mitigación, prevención y atención a los afectados por metales pesados.

Aprobada la ley, el reglamento de la Ley debe ser aprobado dentro del plazo de 90 días calendario, contados a partir del día de hoy, 4 de mayo.

DATO

Actualmente la Comisión Multisectorial Temporal de la que hacen parte representantes de ministerios del Ambiente, Energía y Minas, Salud, Vivienda, Agricultura, Trabajo, Cultura, Mujer, Producción; 2 representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales; y 2 representantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, vienen elaborando el Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su implementación.

Con la ley aprobada, la implementación del Plan Especial Multisectorial tendrá un respaldo jurídico para la prevención, mitigación y atención de la salud de los afectados y afectadas.

 

En la actualidad, de acuerdo al reporte de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, existen más de 80 conflictos sociales en torno a la minería, sea por que las comunidades y poblaciones exigen mayores recursos a las empresas mineras y al Estado para el beneficio de sus pueblos; porque las empresas mineras no se hacen responsables de la contaminación ambiental y a la salud que han generado en el pasado y en la actualidad; y porque hay comunidades y poblaciones que viven de la agricultura y otras actividades económicas locales que rechazan la imposición de proyectos mineros en sus territorios.

Para responder a la pregunta sobre la viabilidad y eficacia de las propuestas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori para resolver la problemática minera en el Perú, conversamos con dos especialistas: Epifanio Baca, economista del Grupo Propuesta Ciudadana; y Roxana Barrantes, economista y presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible.

Castillo ha señalado que el “70 % de utilidades se tiene que quedar para el país y que las empresas mineras se lleven el 30%. ¿Es viable esa propuesta?

Epifanio Baca:  Suponiendo que Castillo se refiere al porcentaje del Estado que recibe del impuesto a la renta. No es claro en eso. Actualmente el impuesto a la renta es casi el 30% sobre las utilidades de las empresas. Él está planteando llevarlo al 70% y que las empresas se queden con el 30%. Es un planteamiento inviable. Piensa que las empresas tienen contratos con el Estado y ahí está establecido ese pago. Las empresas mineras, como todas las empresas, pagan el impuesto a la renta que está asociado por ley y eso se da para todos los sectores. Y quien define eso es el Congreso no el Ejecutivo. Hay diferentes tipos de impuestos, por ejemplo, los que pagan las personas naturales y otros impuestos.

Roxana Barrantes: Cualquier cambio con cuanto se queda el Estado sobre el aprovechamiento de recursos mineros tiene que tomar en cuenta a nuestros vecinos  de Colombia y Chile y en qué posición nos dejaría en la atracción de inversión respecto a ellos. La información que manejo, es que la posición del Perú, respecto a lo que se queda el Estado sobre el aprovechamiento minero, es similar a la de Colombia y Chile. Ese no es un factor diferenciador para atraer inversiones en el sector. Si eso se quiere cambiar para aumentar la recaudación del Estado, creo que vamos a perder competitividad y a mediano plazo empobrecernos.

En la actualidad se está dando un alza en el precio de los minerales.

E. Baca: Está empezando un contexto favorable del alza de precios desde fines del año pasado. Eso se va a traducir para una mejora económica del sector y también para los ingresos fiscales que produce para el Estado.

Los impuestos que paga el sector minero en el primer trimestre de este año comparado con los últimos 15 años, está en el pico más alto. Ha superado en el monto del 2011-2012 que eran las cifras récord. Es una señal que con el cobre alrededor de 4 dólares la libra, que es un precio extraordinario y si se mantiene durante varios años, eso va a mejorar las utilidades de las empresas y conceptos que ellos pagan: impuesto a la renta, impuesto especial a la minería y las regalías que pagan.

R. Barrantes: Con el alza de minerales lo que tenemos que hacer es vender. Aumentar niveles de producción con los protocolos sanitarios respectivo y vender lo más que podamos.

¿Y qué propone Keiko Fujimori sobre la recaudación de ingresos en el sector minero?

E. Baca: El planteamiento del fujimorismo es dar facilidades para la inversión. No tiene una propuesta para recaudar más ingresos a través de impuestos. Es lo mismo que la Confiep, «bajemos la tramitología, facilitemos la inversión». Mano dura y cumplimiento de la ley en aquellas zonas donde se bloque la carretera. Llevarán supongo al ejército para que continúen los proyectos mineros.

R. Barrantes: El fujimorismo no tiene metas en minería muy claras al respecto. No tiene nada, solo está pensando en la simplificación administrativa y aumentar el personal para los ministerios del Ambiente y Energía y Minas.

Es importante tener personal capacitado, que trabaje con liderazgo claro, que pueda avanzar en el MINAM y el MINEM y todos los organismos relevantes, pero esa no es la única solución para sacar adelante más proyectos y beneficiarlos de la demanda de recursos mineros que permitan además hacer inversiones en otros sectores de la actividad económica, aumentar la productividad y el desarrollo de la ciencia y tecnología.

Necesitamos un liderazgo claro del Estado para sacar adelante los proyectos. No el Estado que recibe los pedidos administrativos,  sino el Estado que tiene que liderar el desarrollo territorial en las regiones.

¿A qué se debe el alza de los precios en los minerales?

E. Baca: El alza se debe a un factor estructural que tiene que ver con la transición energética a nivel mundial. Esta en marcha el reemplazo de energías fósiles por otras energías y específicamente el cambio más grande es la electro movilidad en los países desarrollados como la China. Significa que están reemplazando los carros que funcionan con gasolina, petróleo, a electricidad. Ese cambio genera una demanda de nuevos minerales como el cobre, litio y piedras raras para las baterías y otros insumos.

El otro factor, más coyuntural, es que la economía china va a crecer este año al 9%, después que su crecimiento cayó a 1-2%, pero no a cifras negativas como en todo el mundo. En una economía como la China, este crecimiento genera una demanda de minerales fuerte.

¿Nuestro país podrá aprovechar esta demanda?

E. Baca: El PBI del sector minero cayó 14% y la producción en términos físicos disminuyó por la pandemia. Han sido afectados en su producción. ¿Este año como será? Dependerá como estará la pandemia. Si el Estado puede controlar la pandemia, ayudará; pero en el Perú no tenemos grandes minas nuevas, tenemos ampliaciones, pequeñas minas como el proyecto Toromocho y mina Justa. No va a haber en estos tres años un aumento significativo como hubo en el 2016 con proyectos mineros como Las Bambas, Ampliación Cerro Verde y junto a ellos Hudbay, Constancia, y Antapaccay en Cusco.

Volviendo a las propuestas de Castillo, ¿es posible la nacionalización del sector minero?

E. Baca: Esas propuestas en el campo minero son difíciles de implementar. Si las empresas no aceptan la renegociación, nacionalizamos señala Castillo, pero eso no tiene pies ni cabezas. El Estado no tiene capacidad de hacer minería actualmente.

El equipo de Castillo lo que quiere es que la minería deje más plata. No tanto están con los temas ambientales, sociales de derechos humanos. Critican fuertemente a las ONGs, las acusan de estar ligadas al imperialismo yanqui.

¿Pero es imposible que el Estado administre empresas mineras?

E. Baca: El Estado actualmente no tiene capacidad para hacer vacunas,  ni para hacer plantas de oxígeno. Tenemos antecedentes en los 70s y 80s en que el Estado administró empresas mineras. Tintaya fue administrada por el gobierno regional de Cusco. En el 87-88, Patria Roja tenia la gobernación y fue un desastre económicamente. Te llevan la eficiencia al piso. No somos Chile. En Chile tienen un consenso de 40 años y la gestión es privada y funciona. Acá no se está planteando esto. Tenemos una institucionalidad débil. Las empresas publicas han sido usadas en el Perú como botines. Por ello, es bien complicado.

Una opción para futuros proyectos mineros, sería que el Estado, que tiene algunas concesiones mineras, señale a las empresas mineras: «yo te voy a concesionar esto pero quiero ser socio». Tendríamos una empresa mixta, donde el Estado es accionista, por ejemplo en un 30%, y de esa manera participa de la renta.

¿Y sobre aumentar la recaudación de impuestos?

E. Baca: No creo que sea posible aumentar la tasa del impuesto del 30%. Si se puede cambiar las regalías, como hizo Humala, que en vez de que este calculado se de sobre la base operativa, sea sobre las rentas. Como actualmente pasa con el proyecto minero Las Bambas, y en otras tres empresas más. La otra manera es el control de elusión fiscal de las empresas mineras a través de la SUNAT, que sea más rigurosa en el control para que las empresas no usen practicas elusivas para declarar menos utilidades.

Sobre las exoneraciones tributarias no son muchas, pero sí hay que retirar de la Constitución de 1993 el anclaje constitucional de los contratos ley de las empresas mineras. No puede estar protegida por la Constitución. Los contratos ley protegían todo antes. Solo deberían proteger ahora el impuesto general a la renta porque cualquier inversionista necesita seguridad a largo plazo para invertir. En el pasado incluía otros beneficios paras las empresas mineras.

¿Y sobre la protección ambiental, el fujimorismo qué plantea?

E. Baca: No van a mejorar el desempeño ambiental del Estado. Mano dura significa eso, mantener las cosas.

R. Barrantes: Keiko dice vamos a articular y hacer una convivencia armónica con la agricultura, pero no dice cómo. Y sobre la criminalización de la protesta no dicen nada. Me cuesta dar información donde no dicen nada.

Pero el fujimorismo señala que aumentarán el personal de calidad para el Ministerio del Ambiente y de Energía y Minas.

E. Baca: Conocemos al fujimorismo en el sector. Dará facilidades de apoyo al sector. Si para eso hay que bajar leyes ambientales, lo harán. Habrán mayores conflictos y aplicará la represión seguramente. El fujimorismo tiene capacidad operativa para hacer eso. Tiene gente, especialistas para hacer eso.

R. Barrantes: Están pensando que por tener más personal en el MINEM y el MINAM la convivencia va a ser más armónica.

¿Y Castillo y sus propuestas?

E. Baca: Castillo es recontra precario. Esta diciendo que va a suspender todo: Ositrán, la Defensoría del Pueblo, ATU, etc. Pero que tenga capacidad e gobierno para hacer eso , no la tiene. Para hacer eso necesitas aparato político, el ejército a tu lado, y mayoría en el Congreso. Si llegase al gobierno tiene pocas capacidades de hacer las cosas que está planteando.

R. Barrantes: En los planes de gobierno sobre el tema ambiental, Castillo no dice nada.

 

Por: Juan Aste Daffós, economista y analista

Las elecciones del 11 de abril 2021 en el Perú han mostrado casi un 50% de ausentismo y de votos en blanco y viciado que sumaron 10 millones de personas de casi 24 millones de electores hábiles, pasando a la segunda vuelta Pedro Castillo (Perú Libre) de izquierda con 19.1%, y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) de derecha con 13.4% de los votos válidos. En el congreso, la derecha supera el 70% de los escaños.

Inmediatamente a la primera vuelta, la realidad nos golpea oficialmente con más de 400 muertos promedio diarios por los efectos de la covid 19, que alcanzó un máximo de 433 fallecidos diarios el 17 de abril, 6 días después de las elecciones, a lo que se suma una vacunación de a pocos a la población más vulnerable, unido a los efectos de una economía semiparalizada que han llevado a una mayor pobreza y desigualdad y a la ampliación de las ollas comunes, mientras se han hecho más visibles los problemas en la educación por el limitado acceso a internet de la población escolar.

La encuesta de Ipsos del 15 y 16 de abril para la segunda vuelta, muestra a Pedro Castillo liderando la intención de voto a nivel nacional con un 42% sobre 31% de Keiko Fujimori, que solo supera a Castillo en Lima con 43% frente a 26%. Los estratos socioeconómicos más pobres (D y E) respaldan a Castillo por un amplio margen de 32 y 25 puntos porcentuales sobre Keiko, respectivamente, mientras en los estratos C y B gana Keiko por un margen de 8 y 9 puntos, y en el A de altos ingresos gana Keiko por 35 puntos.

La encuesta de Datum, realizada entre el 16 y 20 abril, amplía la ventaja de Castillo a 15 puntos porcentuales (41 vs 26%), y gana en todas las regiones y en los estratos medio bajo C y pobres D y E, y Keiko gana en los estratos de mayor ingreso A y B. Por edades, Castillo tiene una diferencia a favor de 16-18 puntos en los jóvenes entre 18 y 34 años y también en los mayores de 55 años, aunque en las otras edades también gana el profesor por un margen 10-11 puntos.

La encuesta del IEP (17 al 21 de abril), muestra que la diferencia a favor de Castillo es ahora de 20 puntos porcentuales (41.5 a 21.5%), casi el doble sobre Keiko, ganando en todas las macro regiones, incluida la norte, y solo en Lima hay empate técnico, y se consolida en los estratos C,D y E. Lo más interesante de la encuesta del IEP es que el 62,3% de quienes apoyan a Castillo se consideran de izquierda y el 35,5% de centro mientras que los que votarán por Keiko un 39,5% se identificó con la ideología de derecha y solo un 16.8% de centro.

¿Qué nos dice el resultado electoral del 11 abril 2021?

El resultado expresa un bajo nivel de legitimidad y una polarización de votantes donde pasaron a la segunda vuelta los candidatos de posturas más radicales; de izquierda, Pedro Castillo de Perú Libre; y de derecha, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, con una diferencia de casi 6 puntos porcentuales a favor del primero, pero juntos no alcanzan la tercera parte de los votos válidos (13.8 millones) ni a la quinta parte de los electores hábiles (23.8 millones). Luego están 3 candidatos de derecha entre 9 y 11.6%, la candidata Verónika Mendoza de izquierda con 7.8%, y finalmente hay 10 candidatos desde 6% hacia abajo.

El candidato Castillo logró una votación con mayor concentración en todos los departamentos de la sierra y en particular en el centro y sur del país; incluye a las principales zonas mineras y agropecuarias. Mientras Keiko Fujimori tuvo un mayor respaldo electoral en las zonas más cercanas a la costa, y en particular en el área urbana y en las capitales de los departamentos de la costa norte. En la amazonia, Castillo ganó en Amazonas y Madre de Dios y Keiko en Loreto y Ucayali

A su vez, el Congreso de la República tendrá mayoría de los representantes de los partidos Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular, bajo la influencia del fujimorismo, con lo cual el referéndum y las leyes vinculadas a las propuestas de la izquierda (PL y JP) podrían ser bloqueadas.  En cualquier caso, el respaldo a un probable gobierno de Castillo estará en la movilización social, y en la capacidad de incidencia de los actores sociales.

La población que votó por Pedro Castillo Terrones, profesor y dirigente sindical, rondero del distrito Tacabamba, nacido en el centro poblado de Puña, Chota (Cajamarca), encontró a un candidato que lo identificaban como uno de ellos, de los que cuestionan la situación de abandono en que el Estado ha dejado la atención de la salud, la educación, el apoyo a la agricultura familiar abastecedora de alimentos a las ciudades, y rechazan a los gobernantes corruptos y a los partidos políticos que solo los buscan en campañas electorales para pedirles el voto, y después pasan a ser los “nadie” de siempre.

La votación por Castillo no solo expresa el rechazo de una población a la situación existente, sino que este se ha encarnado en una persona a quien reconocen como un igual o uno de ellos mismos, mostrando que esta actitud colectiva ha llegado para quedarse.

El apoyo a Keiko viene de los estratos de medios y altos ingresos que no quieren que la situación económica cambie, por quiénes se beneficiaron de las ventajas otorgadas en los 90s por la dictadura de Fujimori, y por las donaciones y obras en apoyo a los sectores populares del país, en el marco de un manejo sin control y corrupto de los recursos del Estado.

Ahora, en medio de la pandemia y una semi parálisis económica, el apoyo a Keiko no solo se lo da la gente que se benefició en los 90s y ha sido influenciada 30 años por el neoliberalismo, sino también por comerciantes y trabajadores informales que creen o han asumido que un gobierno de izquierda significaría la caída total de la economía, afectándolos a ellos y a la clase media, que suponen se quedarían sin trabajo e ingresos.

Lo cierto es que, a más mercado, individualismo, desigualdad, discriminación, corrupción y menos democracia, el voto ha sido por Keiko, y donde hay menos mercado, más economía comunal, interés colectivo, reciprocidad, menos corrupción y más democracia, el voto ha sido para Castillo. Sin embargo, en ambos casos, prima el conservadurismo respecto a los derechos civiles y un sentido autoritario de orden y mano dura.

¿Cuál es el escenario electoral para la Segunda Vuelta?

Las encuestas muestran que Castillo ha seguido ampliando su ventaja a casi el doble que Keiko en intención de voto en todos los departamentos del país y también por edades, y por estratos socioeconómicos. La intención de voto para Castillo está consolidada en las poblaciones de ingresos medios y bajos C, D y E y Keiko solo gana en los estratos de mayores ingresos A y B. “Los de abajo” que votan clamando cambios están con Castillo y “los de arriba”, que quieren que no cambie ni el modelo ni la constitución están con Keiko. La izquierda ha recuperado legitimidad y un espacio político con posibilidades que dependerá de la participación de la población y las organizaciones sociales en las decisiones desde sus territorios y en los diferentes niveles del Estado.

La estrategia de Castillo es presentarse como la única voz autorizada, descartando la voz de Cerrón (secretario general de Perú Libre), y ser un candidato dialogante que buscará consensos con las organizaciones y movimientos sociales y políticos e incluso con organizaciones empresariales, para salir de la crítica situación de la salud y la economía, luchar contra la corrupción en los diferentes niveles de gobierno, el poder judicial y empresas como Odebrecht y su círculo de beneficiadas. Para ello, ha moderado sus propuestas, comprometiéndose en respetar los cauces institucionales en el marco de la constitución actual hasta que sea cambiada por una asamblea constituyente.

La estrategia de Keiko es promover que un gobierno de la “izquierda comunista” llevará a la confrontación y la pobreza, desapareciendo a la clase media y a los pobres informales que subsisten con lo que ganan a diario, siguiendo el camino del “Socialismo de Venezuela”, pero también se ha preocupado por declaraciones de Evo Morales por “interferir en las elecciones en el Perú” apoyando a Pedro Castillo, mostrando su preocupación que la gente mire con optimismo el camino de Bolivia.

A raíz de la mayor distancia obtenida por Castillo según todas las encuestas, el conjunto de medios vinculados al grupo El Comercio y otros de la derecha más conservadora están en una campaña abierta contra el candidato Castillo, complementada con paneles publicitarios mostrando que el peligro del comunismo nos llevaría a la pobreza y a seguir el camino de Venezuela. Pero esta campaña está siendo una especie de bumerang. Lo único que evidencia esta campaña es desesperación frente a la subida sostenida de Castillo en las encuestas.

Las propuestas centrales de Pedro Castillo son:

Castillo ha asumido autonomía en la presentación de las propuestas, las que ha moderado, mostrando independencia de Cerrón y Perú Libre, para facilitar el diálogo más amplio con las fuerzas políticas y sociales.

Por la urgencia para afrontar la pandemia, ha propuesto incrementar al 10% el presupuesto de salud al igual que al sector educación, y resulta evidente que la primera medida que implementará será proponer que el Congreso apruebe la realización de un referéndum para el cambio o no de la constitución a través de una asamblea constituyente, que sea integrada por representantes del pueblo y también de los empresarios.

En el marco de una “Economía Popular con Mercado”, propone la nacionalización del gas, petróleo, minería, hidroenergía, y comunicaciones, aunque se ha centrado en la renegociación de contratos como el del gas de Camisea, en el marco de un Estado soberano que fortalezca la economía interna. Sin embargo, ha señalado que los proyectos mineros Conga y Tía María no van y que “habrá minería allí donde la naturaleza y la población lo permitan”. Luego se ha comprometido a llevar adelante una segunda reforma agraria otorgando un mayor presupuesto para el sector.

Asimismo, Castillo propone incorporar las rondas campesinas al sistema nacional de seguridad, articulando esfuerzos con la PNP y las municipalidades; eliminar el sistema de las AFP; establecer un sistema nacional de pensiones, y crear un nuevo banco estatal. Establecer un nuevo sistema de elección del Tribunal Constitucional con participación popular. Sin embargo, presenta un vacío importante en la política y la gestión ambiental y una visión conservadora en cuanto a los derechos civiles, en particular en lo referente a los derechos de la mujer.

Las propuestas de Keiko son:

Generar riqueza, no pobreza y promover la micro, pequeña y gran empresa, sin expropiación ni estatización, en el marco de una economía social de mercado. “No marxismo ni comunismo”. Propone “que el Perú sea un país de primer mundo, no Corea del Norte”; sin embargo, el Perú ha sido llevado “al otro mundo”, producto de las enormes desigualdades y pobreza que la pandemia ha desnudado.

Argumentando que la responsabilidad de la crítica situación económica y social para las mayorías del país es de los gobiernos anteriores y no el de su padre, Keiko propone no hacer cambios en la política económica ni en las prioridades del modelo económico sostenido en la exportación minera y la agroexportación, complementados por los sectores de la construcción, bancos, y comercio y servicios vinculados a las importaciones, que han desplazado producción y empleo peruanos, creciendo la informalidad, la economía ilegal y con ellas la inseguridad. Por ello, se ratifica en la Constitución de 1993 impulsada por A Fujimori.

Como puede verse, las propuestas de Castillo tienen que ver más con la realidad del país y las demandas de la gente, mientras las propuestas de Keiko, salvo el apoyo general a la micro, pequeña y gran empresa, el resto son deseos o principios para identificar o etiquetar a Castillo como “comunista” a fin de verlo como un peligro para el país.

¿Qué propuestas emergen en esta mirada?

La decisión del pueblo de llevar al profesor Castillo al gobierno demanda que el movimiento social y político y las mayorías del país que lo respaldan, no lo dejen solo con su equipo en las decisiones que tomen hasta las elecciones del 06 de junio y luego de estas, sino que el propio Castillo y las organizaciones sociales tienen que exigir la participación popular ahora, y si llega al gobierno, debe hacer lo propio en las decisiones y acciones que lleve adelante desde el Estado. El reto es que las organizaciones sociales asuman protagonismo en la solución de los problemas y la construcción de alternativas, decididas autónoma y democráticamente desde sus territorios e incidan sobre el Estado

En la agenda hoy, la prioridad es salvar las vidas de los peruanos demandando que primero está la salud y la subsistencia de la gente, y no poner por delante la “economía del país” y dejar morir masivamente a la población sin oxígeno ni camas UCI. Para ello, se requiere la participación del Estado y las organizaciones sociales desde sus territorios o barrios, para asumir el trabajo preventivo en salud y la solidaridad con las familias en desgracia, el apoyo a las ollas comunes, y medidas y acciones que garanticen agua, medicinas, atención médica, energía e internet. Esta última, para evitar una mayor pérdida de clases a los escolares.

La lucha contra la corrupción desde los territorios y barrios y en los diferentes niveles del Estado, debe darse demandando transparencia e identificación del corruptor y el corrupto, a fin de mejorar la gestión en las organizaciones sociales y en el Estado, y disponer de más recursos para salud, educación y la vida de las personas. Se debe respaldar la labor de Domingo Pérez y Rafael Vela.

El cambio del modelo económico significa colocar la prioridad en la investigación, y la generación de empleo y producción para la salud, la educación, la agroalimentación, vestimenta y calzado para la economía interna, y dejar la prioridad en la minería, mediante el respeto a las decisiones de las poblaciones locales que optan por una vida sin minería y por la conservación y protección de las nacientes de las cuencas hídricas y los ecosistemas, razón por la cual, los proyectos mineros Conga, Tía María, Río Blanco y El Algarrobo (ex Tambogrande) deben cancelarse. Urge frenar la destrucción que están generando la minería informal e ilegal.

Frente al crecimiento del comercio y servicios en la informalidad en base a productos importados que destruyen empleo y producción estimulados por la disponibilidad de dólares por las exportaciones, se hace urgente revisar las importaciones y eliminar aquellos productos de China e India que ingresan a precios prohibitivos sin cláusulas antidumping que han desplazado del mercado a muchos productores y comerciantes de productos peruanos.

Para el cambio del modelo, debe implementarse una reforma tributaria que elimine exoneraciones, y ataque la evasión y la elusión, y se aplique un ordenamiento territorial e hídrico que regule la expansión minera. Esto debe darse con una política y gestión ambiental que proteja los ecosistemas hídricos en las nacientes de las cuencas y que la amazonia sea liberada de la minería y la tala ilegales, así como, de proyectos que agudizan los efectos del cambio climático.

Vale señalar aquí, que la propuesta de entregar la propiedad del suelo y el subsuelo a las comunidades para que vendan sus territorios o se hagan socias del inversionista minero resultan contraproducentes, porque la decisión de una comunidad puede afectar la vida de otras comunidades de la misma cuenca. Peor aún, cuando después de la venta, el dinero cobrado es gastado rápidamente en la ciudad y las familias quedan convertidas en pobres marginales.

En este sentido, la participación de las comunidades y poblaciones locales en la vigilancia y el monitoreo ambiental comunitario y ciudadano, complementario a la gestión ambiental del Estado y la defensa de los derechos humanos, resultan determinantes. Estas medidas y acciones se deben dar conjuntamente con la defensa y protección de los pueblos indígenas y otros defensores ambientales. En este contexto, se debe respetar el derecho a la protesta social, sin ningún tipo de discriminación por ideas, condición social, origen étnico cultural, sexo y orientación sexual que atenten contra la igualdad de todos los peruanos. La garantía de relaciones interculturales es fundamental para un diálogo con respeto y justicia.

En base a estas líneas de acción es que se propone el inicio de un proceso popular constituyente con la participación democrática de la gente, que aborde el conjunto de temas, partiendo de las tareas en los territorios y barrios y las demandas a los diferentes niveles de gobierno, de acuerdo a las prioridades y particularidades de cada lugar. Aquí cobra mayor sentido la demanda por la descentralización de las decisiones del Estado con participación de la población organizada. A diferencia de las decisiones de arriba a abajo instituidas por el Estado Unitario como herencia colonial, debe asumirse que lo democrático es que las decisiones sean de abajo hacia arriba.

Castillo requiere hoy un disponer de un plan de gobierno y un equipo que, de llegar a la presidencia del Perú, de continuidad al diálogo permanente que ha iniciado con su campaña en la dirección de aportar a fortalecer a un movimiento social activo y participativo. Así, si es elegido presidente del Perú, cualquier bloqueo del congreso o intento de vacancia o llamado a los cuarteles estaría enfrentado a un gobierno y un movimiento social y político de respaldo que los partidos de la derecha y el centro deberán evaluar antes de tomar una decisión de tal magnitud.