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Tras la sentencia del Décimo Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo en noviembre del 2017, que desestimó la denuncia realizada por el ex trabajador minero de Antamina: Saúl Juarez, que se encuentra con cáncer linfoma Hodgkin producto de la contaminación con arsénico y otros metales pesados – de acuerdo a la interpretación médica-, y que exige justicia por daños y perjuicios a través de una reparación económica; la defensa legal presidida por el abogado Mario Ríos apeló a la decisión de la jueza debido a que no tomó en cuenta ninguna prueba presentada por ellos. El día de hoy, martes 3 de noviembre a las 10am, después de un largo tiempo, la Corte Superior escuchará la fundamentación de la defensa legal de Saúl Juarez y de la empresa minera Antamina para posteriormente decidir, en el plazo máximo de un mes, si se reabre el juicio o confirma la sentencia.

Las pruebas no admitidas

“ En la sentencia del 2017 la jueza Rosmery Velásquez Cano no ha determinado si Saúl Juarez está mal. Hemos presentado la historia clínica, pero no le han hecho la evaluación y solamente se ha apegado a una prueba de un centro de salud de Texas (EEUU) del 2016 que señala que no tiene intoxicación, basado en un examen de orina. Este examen fue pagado por la empresa minera”, señala Mario Ríos. Sin embargo, hay otro resultado de una prueba pagada por Antamina, del Centro Toxicológico del Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec, que realizó un mineralograma a Saúl Juarez, y confirma la presencia de arsénico y otros metales pesados; pero la empresa minera y la jueza lo desconoce, señala Juarez.  Además, la jueza no ha tomado en cuenta los otros resultados de la pruebas del Instituto de Medicina Nuclear, de la Sub Gerencia de Laboratorio de Toxicología del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, que confirma que Saúl Juarez tiene arsénico, plomo y cadmio, agrega el abogado.

Asimismo, el médico cirujano y toxicólogo Ricardo Puell señala en su informe de auditoría médica de mayo del 2014 sobre Saúl Juarez que las pruebas que detectan arsénico en uñas y pelo durante varios meses y años es el mineralograma y no las pruebas de sangre que detectan hasta 3 días después de la exposición a metales pesados y en la orina, hasta 10 días después. Además, la resolución N° 389-2011 MINSA, en la Fisiopatología de la Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por arsénico: “El tiempo de vida media de arsénico en el ser humano es de 10 horas, se excreta la mayor parte por vía urinaria, heces, sudor y piel”.

El abogado agrega que SUNAFIL sancionó a la empresa minera Antamina por no brindarle los equipos de protección adecuados y otras faltas graves a las normas de seguridad y salud ocupacional.

La defensa legal señala que la jueza no argumentó por qué no valoraba las pruebas presentadas por ellos, “simplemente no lo admitió. Eso es vulnerar el debido proceso”. En base a estos cuestionamientos, Saúl Juarez espera que la Corte Superior decida que se reabra el juicio. Saúl se encuentra indignado y terminó afirmando en el enlace telefónico: “Lo único que quiero yo es justicia. Me han destrozado la vida. Yo entre sano y salí enfermo con cáncer tras la evidencia de los metales tóxicos”. Sus dos hijos tienen problemas de sordera, señala que también es producto de la contaminación con arsénico que se traspasa hasta en 5 generaciones.

Saúl era parte del personal encargado de revisar los equipos inmediatamente después de una explosión en la mina, por lo que el contacto con la nube de polvo mineral tóxico era inevitable, señala el médico Ricardo Puell.

De acuerdo al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, existe una fuerte asociación entre la exposición crónica al arsénico y los diversos cánceres.

Antecedes

Tras las denuncias públicas de Saúl Juarez,  Antamina sacó un comunicado señalando que su mina es de cobre y no de arsénico y que habían pagado el seguro de Saúl hasta el 2016, varios años después de que dejó de trabajar con ellos. Además, agregan que en el examen que le sacaron – en EEUU a través de prueba de orina-, confirmó que no estaba intoxicado.

Sin embargo, la Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por arsénico del Ministerio de Salud, en los aspectos epidemiológicos señala: “Según datos del servicio de prospecciones geológicas estadounidense (U,S, Geological Survey) las minas de cobre y plomo contienen aproximadamente 11 millones de toneladas de arsénico, especialmente en Perú y Filipinas, asimismo este metaloide se encuentra asociado con depósitos de cobre en Chile y Canadá. En nuestro país, la exposición crónica por arsénico está ligada principalmente a exposiciones originadas por la actividad minero metalúrgico, existen referencias aisladas respecto a regiones con presencia de arsénico en el medio ambiente”

Además, Saúl Juarez señala que fue despedido cuando empezó a sentirse mal y cubrió sus gastos inicialmente. “Después del 2016 yo estoy haciendo tratamiento alternativo porque no iba a soportar más quimioterapias”.

El 2018, Saúl Juarez llevó su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos acompañado por el Instituto Natura de Ancash y Red Muqui, y su caso fue admitido.

 

Resultados del mineralograma de la Sub Gerencia de Laboratorio de Toxicología y Química Legal

 

 

Por: Jaime Borda, Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Ha pasado mucho tiempo desde aquel 2003 cuando la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) convocó a diferentes instituciones que acompañaban a comunidades y poblaciones afectadas por la minería en el país. La mayoría de estas organizaciones promueven la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en nuestro país. El nombre de RED MUQUI lo adoptamos de la leyenda andina de “el Muqui”, personaje mítico que habitaba en los antiguos socavones donde se extraía minerales y al cual había que rendirles ciertos pagos. En ese sentido, el objetivo de Muqui fue conformar un espacio censor de la actividad minera ante la gran cantidad de casos de afectaciones de derechos por impactos del “boom minero” que se agudizó en los años 90, por el elevado precio de los minerales.

Es en este marco que esta semana hemos desarrollado una serie de actividades al que hemos denominado #SemanaMuqui. Una de estas actividades ha sido el que hemos desarrollado el pasado lunes y cuyo nombre fue: “Minería en el Perú: ¿cambios o más de lo mismo?”. El objetivo de este evento es el de colocar nuevamente en la discusión pública el rol de la minería en el país, para ello se invito a una serie de especialistas y personas directamente involucrados en la temática. Entre los varios temas que ha salido en esta discusión, la mayoría coincide en que la forma como está organizado desde el gobierno el sector minero debe cambiar, y mucho más en un escenario de pandemia y de reactivación de la conflictividad social. Estos cambios deben incluir sin lugar a dudas a las poblaciones afectadas por las actividades mineras, así como a los sindicatos de trabajadores mineros. Estos actores hoy en día, por ejemplo, no son tomados en cuenta en las modificaciones normativas en el sector minero; por el contrario, en los últimos meses han salido más normas que flexibilizan más el aspecto socioambiental, priorizando solo las inversiones mineras.

Es innegable el aporte económico del sector minero en nuestro país, pero esto no significa que pueda desarrollarse en cualquier lugar, o inclusive intentar imponerlo como lo han querido hacer en el valle de Tambo en Arequipa o en Tambogrande en Piura, solo por mencionar. Durante la pandemia hemos escuchado varias voces del gobierno y de los gremios empresariales mineros afirmando que solo la actividad minera nos salvaría de esta crisis económica, y que por ello era importante reactivar varios proyectos mineros paralizados. Desde la Red Muqui creemos que ya no se puede seguir gestionando este sector de la misma forma, y mucho menos se puede depender solo de esta actividad; es hora de hablar sobre la diversificación, el ordenamiento territorial y la participación real de la gente en la toma de estas decisiones. El Perú es un país megadiverso y pluricultural, no se puede pretender encasillarlo solo en el sector minero, es hora de abrir el debate de manera más seria sobre el rol que debe cumplir la minería en el país, y hacia ese debate quiere aportar la Red Muqui.

En el marco del inicio de la «#SemanaMuqui: 17 años defendiendo derechos», las y los invitamos a nuestro Foro virtual: Minería en el Perú: ¿Cambios o más de lo mismo?». Un espacio de discusión sobre la situación actual de la minería y los cambios normativos ocurridos a lo largo de la pandemia; la agenda de las comunidades y gremios sindicales afectados por las actividades mineras; y el rol que debe asumir el Estado frente a esta actividad.
Participarán: Roxana Barrantes, ex presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible; Gerardo Damone, investigador de Grade y docente de la PUCP; Juan Aste, investigador y consultor de Red Muqui; Yolanda Zurita, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos; y Jorge Juárez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. Moderará el Foro, el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda.
🗓️ Lunes 19 de Octubre
⏰ 6:00 pm

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) avanza en la protección de DDHH aprobando un importante instrumento de política pública para analizar patrones y tendencias de ataques a personas defensoras. Por otro lado; el Tribunal Constitucional dicta una sentencia incongruente para la protección de personas defensoras y declara constitucional Convenios entre PNP y empresas extractivas.

En un período en que se viene agravando el ataque a defensores y defensoras ambientales y de DDHH – 5 asesinados y varios heridos en lo que va del 2020-; el primero de octubre se emitió la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos. El Registro es parte de las metas establecidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En abril de 2019 el MINJUSDH aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, herramienta que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de sus actividades de promoción, protección y defensa, siempre que lo hagan de forma pacífica y dentro del marco del derecho nacional e internacional.

Sobre la aprobación del “Registro de situaciones de riesgo”; Mar Pérez, coordinadora del Grupo de Defensores y Defensoras de la Coordinadora Nacional de DDHH señala que: “La creación del registro de ataques a personas defensoras de derechos humanos es un paso importante hacia la creación de un mecanismo integral de protección. Gracias a esta herramienta se podrán identificar cuáles son los principales patrones de ataques, para a partir de allí diseñar políticas de protección ajustadas a las necesidades reales, e intervenir en los lugares donde más se requiere”

Como señala Mar Pérez, la aprobación de este Registro es un avance para obtener una política integral de protección de personas defensoras. Desde la sociedad civil se ha participado activamente desde el 2018 en la Mesa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Red Muqui en coordinación con el Grupo de Defensores de la CNDDHH ha venido presentado observaciones y aportes haciendo énfasis en la protección de personas defensoras del territorio y el ambiente en zonas donde se desarrollan actividades extractivas mineras.

La representante de la Coordinadora de DDHH precisa que: “Queda pendiente avanzar hacia un registro más detallado del papel de las empresas en los ataques a personas defensoras, pero esperamos que esto se pueda ajustar en el marco del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que se está trabajando actualmente.”

Identificación de tendencias y patrones de ataques hacia las personas defensoras

Una de nuestras principales preocupaciones desde Red Muqui ha sido que se pueda lograr una caracterización adecuada y objetiva de los patrones y tendencias de ataques a defensores que defienden bienes colectivos y comunes como el territorio y los ecosistemas hídricos. Esta caracterización será la base para poder activar mecanismos de protección temprana establecidas en el Protocolo. El registro establece definiciones como “Persona defensora de DDHH”, “situación de riesgo de una Persona Defensora de Derechos Humanos” y “Actos contra una Persona Defensora de Derechos Humanos” , y también establece lineamientos para identificar los riesgos que corren los defensores en los territorios. Sus objetivos específicos son los siguientes:

  • Identificar las zonas de mayor riesgo para las labores que desarrollan las Personas Defensoras de Derechos Humanos (PDDH) a nivel local, regional y nacional; y los problemas estructurales que generan estas situaciones de riesgo.
  • Determinar aquellos grupos de PDDH que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad, en razón de sus labores de defensa de derechos humanos, e identificar y visibilizar los patrones de ataques más frecuentes contra estas personas.
  • Obtener información para el seguimiento y evaluación de la implementación de las acciones de prevención y protección contenidas en el Protocolo a mediano y largo plazo, para disponer la activación del procedimiento de alerta temprana (en adelante PAT), en caso corresponda.

TC emite sentencia incongruente sobre convenio de la PNP con empresas extractivas

Por otro lado, hace unos días el Tribunal Constitucional del Perú, emitió la sentencia en Expediente N° 00012-2019-131/TC; en ella se ha declarado constitucional los convenios que viene celebrando la PNP con empresas extractivas. Estos convenios han sido seriamente cuestionados por la sociedad civil, ya que, en el marco de las protestas sociales contra proyectos extractivos, se han producidos represiones arbitrarias que conllevaron a la pérdida de la vida y la afectación a la integridad de muchos líderes y representantes de organizaciones sociales -defensores de derechos humanos-.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Esta semana ha debido ser una de las más grises para los gremios empresariales en el Perú y particularmente para las empresas mineras, debido a que el pasado martes 22 de setiembre el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de la Libertad contra el Decreto Legislativo 1421, que buscaba prescribir más de 9 mil millones de soles en deudas tributarias a la SUNAT, deuda que ahora se mantiene y que deberán pagar un promedio de 158 grandes empresas. Al respecto la presidenta del TC Marienella Ledesma antes de emitir su voto de rechazo a la demanda señaló que: «Las grandes empresas deberán pagar sus impuestos igual que los contribuyentes de este país, sin ninguna distinción» dejando zanjado de esta forma la postura mayoritaria del TC en relación a esta demanda.

 

Al respecto un dato importante sobre este tema es que las grandes empresas mineras concentran el 50% del total de deudas, según el portal Ojo Publico un total de 22 empresas mineras adeudan S/5 mil 76 millones a la SUNAT, dentro de este grupo de empresas mineras tenemos a Las Bambas, Glencore Antapaccay, Cerro Verde, Volcán, Antamina, Buenaventura, entre otros. El caso de la mina Buenaventura debe ser uno de los más escandalosos, debido a que adeuda a la SUNAT más de 2 mil millones de soles y porque uno de sus dueños, Roque Benavides es un activo empresario minero que siempre esta hablando de las bondades de la minería, sin reconocer los impactos ambientales y sociales que genera esta actividad. Curiosamente el día que se pronuncia el TC sobre la improcedencia de la prescripción de las deudas, el empresario Benavides anunciaba que se inscribía en las filas del partido aprista peruano (APRA). Sin duda no fueron buenas noticias para los gremios mineros lo ocurrido esta semana en el TC. Quizá por ello buscan tener un candidato propio a la presidencia de la República, como parece ser la intención del señor Roque Benavides.

 

Finalmente, las deudas de las empresas mineras no solo son económicas, también tienen deudas e infracciones laborales y ambientales, el portal periodístico Convoca.pe “identificó a 10 empresas mineras que se dedican a la exploración y explotación de metales y que adeudan más de 4,707 millones de soles a la SUNAT, también fueron beneficiadas con la reducción y exoneración de multas ambientales y laborales por más de 11 millones 400 mil soles”. Estas empresas son minera Buenaventura, Antapaccay, Las Bambas, Cerro Verde, Los Quenuales, Volcan, Antamina, Southern, Ares y Titán del Perú. Lamentablemente el gobierno del expresidente Ollanta Humala y el congreso de aquel entonces (2014) promovieron normas como la Ley 30230 (paquetazo ambiental) que exoneraban y reducían multas impuestas por OEFA y SUNAFIL a una decena de empresas mineras. Desde la Red Muqui creemos que los gremios mineros y las empresas mineras le hacen un flaco favor al país tratando de evadir sus responsabilidades, cuando es ahora, en plena crisis sanitaria por la pandemia que se requiere responsabilidad y transparencia, algo que al parecer han olvidado algunas empresas mineras.

Desde que asumió la cartera del Ministerio de Energía y Minas, el nuevo ministro Miguel Incháustegui, tras la crisis del gabinete Cateriano, ha dado varios anuncios de un supuesto viraje en su sector.

Ha señalado que van a priorizar 9 proyectos mineros que se encuentra en la última etapa y que están avanzando en permisos y financiamiento. Aunque señaló que su gestión, a diferencia de las anteriores, no pretenderá imponer proyectos mineros que tienen rechazo de la población como Tía María, Conga y Río Blanco; el proyecto minero Toromocho, que anunció se priorizará, actualmente tiene el rechazo de las familias que aún viven en Morococha.

También ha señalado, a diferencia de las anteriores gestiones, que generará consensos y espacios de diálogo tripartitos con los gobiernos regionales, provinciales, municipales y las comunidades. Sobre el corredor minero del sur aguarda el mineroducto del proyecto Las Bambas o un tren que pueda sacar los minerales sin afectar a la gente que vive alrededor y soporta el paso de más de 300 camiones diarios.

Asimismo, ha señalado sobre Espinar que respetara los acuerdos de la mesa de diálogo. Afirmó también en una entrevista que no se han relajado las normas ambientales y que tendrán la intervención del MINEM para que no ocurran fallas en las normas que se han modificado como el de exploración minera y el nuevo reglamento de procedimientos mineros.

Además, durante esta semana, las empresas de su sector están en el ojo público porque el Tribunal Constitucional resolvió que la SUNAT debe seguir cobrando las deudas tributarias que las empresas no quieren pagar. De estas empresas privadas, 22 son empresas mineras que deben más de 5 mil millones de soles.

¿Estamos en un nuevo escenario con el nuevo ministro?

Recabamos la opinión de 2 economistas, especialistas en minería.

Juan Aste:

El nuevo ministro ha mostrado un perfil más institucional sustentada en los informes de Rimay y la Comisión de Desarrollo Minero sostenible. No propiciar los conflictos, no darle prioridad a Tía María y otros proyectos. Sin embargo, ha coincidido su entrada con la publicación del nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que es un peligro por todos los impactos ambientales que significa, estableciendo el silencio administrativo positivo; o aprobar en un solo procedimiento la concesión de beneficio y la licencia de construcción que favorece a la empresa minera Southern con su proyecto Tía María, por ejemplo.

También está la aprobación del reglamento de protección ambiental de la exploración minera y ahí hay otro problema porque se han sacado los componentes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Exploración y se han pasado al cateo y prospección, haciendo aparecer como si la exploración no tuviera impacto. Avalar eso para dinamizar la exploración, que era objetivo del gran empresariado, es preocupante.

Institucionalmente, él nuevo ministro, está respaldando la desregulación de los procedimientos, que tendrá impactos para dinamizar la inversión.

Ha coincidido su entrada con la flexibilización del reglamento interno de trabajo en las minas en el contexto del Covid para que la producción recupere sus niveles de producción al 100%. Sobre esto ha señalado que la Sunafil es quien tiene que actuar, evadiendo responsabilidad de su sector.

En conclusión, con la nueva gestión se le ha dado continuidad a la política minera que va a traer sus consecuencias en las cuencas hídricas al expandir la exploración y ampliar esta capacidad de producción con la menor cantidad de requerimientos y en los plazos mas cortos, ahí habrá impacto en la agroalimentación y las cuencas hídricas.

José De Echave:

El nuevo ministro tiene un período corto hasta julio del próximo año. Ya empieza la campaña electoral. Es un período corto para pensar en cambios significativos. Va a ser una gestión de salida, son los últimos meses del gobierno.

En relación a los mensajes que ha dado, ni él ni el gobierno pretenden sacar adelante proyectos mineros que tengan fuerte resistencia como es el caso de Tía María, Conga, y Río Blanco. Van a dejar que los proyectos que están más o menos encaminados: Quellaveco, Mina Justa, ampliación de Toromocho y otros proyectos muevan la inversión minera.

Lo que sí hay que ver son los cambios normativos, porque sigue habiendo la tendencia de desregulación ambiental y social para el sector. Eso debe monitorearse.

Habrá que ver cuál es su posición frente a los cambios normativos. Lo cierto es que la acción del Ministerio de Energía y Minas y el Estado en su conjunto frente a estos procesos de flexibilización van a ser muy limitados. Tenía limitaciones antes de la pandemia y ahora mucho más. La capacidad de fiscalizar, dar seguimiento es mucho más limitado de lo que ya era. La sensación que tengo es que el ministro está sentando posición sobre unos temas y sobre otros no.

Por ejemplo, en el sector laboral, la Federación de Trabajadores Mineros le está pidiendo al MINEM que sincere las cifras de contagios y que junto al Ministerio de Trabajo sienten posición sobre las condiciones laborales que están implementando las mineras. Las jornadas laborales se han extendido hasta 40 días de trabajo continuo. Esto también implica riesgos a las poblaciones vecinas por la exposición al contagio.

El ministro dice que es un tema laboral, pero también le corresponde a su sector. En el protocolo de salud y seguridad ha participado el Ministerio antes de que entre él a la cartera. Las modificaciones del distanciamiento en el trabajo, la potestad del viceministro para aprobar los protocolos por cada empresa ha sido cambiado y las consecuencias de ello las estamos viendo en el aumento de contagios.

Sobre las deudas tributarias, el presidente ha señalado que está de acuerdo en que las deudas no prescriban. Esperaría que los ministros estén alineados. Ya que las deudas corresponden en una gran cantidad, más de 5 mil millones, a las empresas mineras, esperemos que haya un posicionamiento claro del actual ministro.

Sobre las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, veo difícil que se vaya a implementar. La Comisión ha planteado varias cosas, sobre la exploración minera, el gobierno ha tomado ello y ha flexibilizado la protección ambiental para la exploración minera. Asimismo, tiene varios vacíos el informe, por ejemplo: el tema laboral.

Me da la sensación que en el poco tiempo que tiene el ministro va a ser difícil implementar esas recomendaciones y lo que está intentando relanzar el gobierno es Rimay, donde estaban construyendo una visión de la minería al 2030.

 

 

Tras décadas de actividad minera en La Libertad, la Asociación Marianistas de Acción Social – Amas Perú presentará su experiencia de monitoreo ambiental con análisis físico químico y biológico con macroinvertebrados en la identificación de la contaminación minera en varias microcuencas de la región entre el 2005-2019, analizando el impacto de la empresa minera Barrick.

– ¿Esta metodología puede ser replicada en todo el país?

– ¿Cómo se puede proteger desde el Estado las cuencas hídricas y de la producción agroalimentaria?

– ¿Cuál es la situación del dictamen sobre vigilancia y monitoreo ambiental comunitario y ciudadano que se encuentra en el Congreso?

Estas son algunas de las preguntas que responderán los panelistas tras la exposición de la experiencia de investigación. Walter Pereda, antropólogo y director de AMAS; Manuel Horna, biólogo y microbiólogo de AMAS; el Dr. César Medina de la Universidad Nacional de Trujillo; y Juan Aste Daffós, economista y especialista en gestión ambiental.

Este foro se realizará este jueves 24 de septiembre a las 10am y será transmitido vía facebook.com/redmuqui.

 

 

Tras las denuncias realizadas en medios locales el 17 de septiembre en Huamachuco, los dirigentes de la Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASS) del caserío de Shiracmaca, pertenecientes al distrito de Huamachuco, en la sierra de La Libertad, presentaron un oficio el 21 de septiembre al jefe de la Autoridad Local del Agua (ALA Huamachuco) – que no fue recibido, porque tiene que ser vía virtual debido a la pandemia-, precisando que en su caserío vienen sufriendo una serie de daños a la infraestructura hidráulica por parte de la empresa minera Summa Gold Corporation SAC.

Entre los daños generados, señalan que la empresa ha «averiado en reiteradas oportunidades y sin consentimiento y o autorización de nuestra Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASSS), se ha tomado la libertad de cambiar el curso de tendido de nuestra red matriz o red de conducción». Actualmente la empresa minera ha cortado el ducto de agua potable que se usa para el consumo humano, precisan en otra carta enviada al presidente del Frente de Defensa de la provincia de Sánchez Carrión. En comunicación con el dirigente Delmer Alva Ballena de la JASS, también presidente de Gestion de Agua y Alcantarillado de Shiracmaca (COGAASH)  señaló que ya van cinco veces que la empresa minera corta el ducto de agua.

En la carta enviada a la Autoridad Local del Agua, agregan que, producto de las voladuras indiscriminadas para la extracción de mineral, el reservorio de agua ha sufrido roturas y fisuras originando filtraciones de agua. El reservorio de agua se alimentaba de 5 vertientes de agua.

Ahora, precisan que «por efectos de excavaciones y explotación de la minera se ha desaparecido otro manantial denominado Los Alisos que alimentaba a la red matriz de nuestro sistema de agua».

La junta directiva del Caserío de Shiracmaca también denuncian que se ven afectados por la «sectorización de agua una hora cada 4 días», y piden que ello sea constatado por las autoridades ya que no llega la cantidad de agua completa al reservorio. Actualmente solo llega 1 lito y medio por segundo al reservorio, señala Delmer Alva, y no 2 litros por segundo como llegaba con anterioridad. El ducto de agua  pasa por donde la empresa minera realiza sus actividades y temen que la empresa minera esté usando el agua. Esto sumado a las afectaciones que tiene el reservorio y la red matriz de agua.

Producto de estos hechos, la empresa minera ha clausurado y obstruido los caminos de vigilancia de la red de agua, amontonando relaves mineros en un tramo aproximado de 500 metros, para que las personas no puedan acercarse, denuncian en el oficio.

El dirigente Delmer Alva Ballena mostró su preocupación a Red Muqui debido a que hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la denuncia. La Autoridad Local del Agua no les recibió la denuncia física y les indicó que lo hagan vía virtual por la pandemia en la que estamos. Asimismo, les indicaron que la Municipalidad es la encargada de inspeccionar la infraestructura física del agua. La JASS ha enviado un oficio a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión y se encuentran preparando un oficio dirigido al Gobierno Regional y el Ministerio de Energía y Minas.

 

Organizaciones del norte se pronuncian

Frente a estos hechos y la denuncia pública en medios de comunicación de que el agua que llega a los reservorios ha cambiado de coloración, pudiendo contener sustancias tóxicas;  la Red Muqui – Norte, la Coordinadora de Derechos Humanos- Macro Norte, Proyecto Amigo-La Libertad, Cañi-Quimit-Sembrando comunidad, el Centro Cultural Sangre de Halcón-Sánchez Carrión-La Libertad, REDAD-Red Regional Agua y Desarrollo-Piura, Comisión de Justicia Social de Chimbote-Ancash, COSDEJ- Lambayeque, la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC)-Cajamarca, SEDYS- Trujillo- La Libertad, GRUFIDES-Cajamarca, Codispas-Ancash; la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y el Consejo de Educación Popular de América Latina-Región Perú, emitieron un pronunciamiento llamando a las autoridades competentes a hacer respetar el derecho a una vida y territorio sanos.

Recursos hídricos deben ser protegidos

«De acuerdo a la ley de los recursos hídricos, el agua de consumo humano tiene prioridad sobre las demás actividades y se debe respetar sin ninguna excepción. En esta situación de emergencia sanitaria dicho recurso se hace aún más necesario, así como su resguardo, por lo que debe corregirse de inmediato», precisan en el comunicado.

Finalmente, las organizaciones se suman las denuncias y pedido de inmediata solución que hacen las organizaciones de la población afectada por la minería en Huamachuco, e instan a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, a la DIGESA, la Autoridad Nacional del Agua, la Fiscalía especializada en materia ambiental, el Ministerio de energía y minas y la Defensoría del Pueblo «a tomar en cuenta este problema que se viene arrastrando desde hace tiempo y que no puede postergarse más».

En el caserío de Shiracmaca viven aproximadamente 2 mil familias y el tener escaso acceso al agua no les permite responder adecuadamente a la pandemia.

 

Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Como es sabido, esta semana la coyuntura política sigue centrada en la moción de la vacancia presidencial de Martin Vizcarra por parte del Congreso de la República. Está casi confirmado que el presidente tendrá que ir a responder por sus actos este viernes 18 de septiembre al Congreso. Sin embargo, cada día aparecen nuevos elementos que evidencian que detrás del pedido de vacancia existen otros intereses subalternos a los audios del presidente y sus asistentes. Se ha sumado las llamadas nada santas que ha realizado el presidente del Congreso, Manuel Merino, al comandante general de la Marina; dice Merino, para dar tranquilidad al país, así como las últimas denuncias del ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaústegui, quien ha hecho público unos chats donde allegados a Acción Popular le insinuaban sobre los cambios y la crisis que se avecinaban. Al final, se trata de “una burda comedia en medio de una tragedia” en nuestro país, como ha señalado acertadamente Javier Torres de NoticiasSer.

No solo de crisis política vivimos en nuestro país, a parte de la crisis sanitaria que tenemos que enfrentar, esta semana hemos conocido de una lamentable noticia, se trata del asesinato a balazos del defensor ambiental: Roberto Carlos Pacheco Villanueva, en Madre de Dios. Con esta muerte en nuestro país, ya suman 5 defensores ambientales asesinados, según la Defensoría del Pueblo. “En lo que va del 2020, además del señor Pacheco, otros cuatro defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente han sido asesinados por tratar de proteger los recursos naturales”. Estos datos son más que alarmantes debido a que la defensa de los derechos humanos y los líderes/as defensores están en riesgo. Por ello, es urgente implementar medidas más eficaces de protección desde el MINJUSDH, El Ministerio Publico y las autoridades competentes en favor de los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país.

Finalmente, en medio de esta crisis, un tema que espera algún nivel de atención desde hace mucho atrás es la situación de los afectados/as por metales tóxicos en nuestro país. Siempre que los gremios mineros y el gobierno hablan de la importancia de la minería se olvidan de la otra parte, de los impactos y los daños que genera esta actividad. El caso de los afectados, entre ellos niños y niñas de Cerro de Pasco es el más dramático, ya que la presencia de metales pesados en sus cuerpos les genera un sinnúmero de enfermedades, como el cáncer, por ejemplo. En relación a este tema, el Centro Labor de Pasco en alianza con el Instituto Source de Italia han elaborado una investigación denominada: «Condiciones de la calidad ambiental y exposición humana a metales pesados en Cerro de Pasco». El estudio profundiza el análisis ambiental y de salud pública que aquejan a las poblaciones de Cerro de Pasco, y da cuenta de la situación de los niños y niñas en poblaciones cercanas al proyecto minero. El estudio fue presentado está siendo presentado este jueves 17 de septiembre en un evento virtual organizado en alianza con la Red Muqui.

“El Perú no es solo un país minero, es un país mega diverso y pluricultural”

 

Frente a la denegatoria del voto de confianza del Congreso de la República al gabinete presidido por el ahora ex premier Pedro Cateriano, y frente a la grave crisis sanitaria y económica que viene atravesando nuestro país, la Red Muqui, que agrupa a 29 instituciones del país, señala a la opinión pública lo siguiente:

 

Primero. – El no otorgamiento del voto de confianza del Congreso de la República al premier Pedro Cateriano, su gabinete y a las propuestas presentadas ante el pleno, responde a diferentes motivos, entre ellas a la poca claridad para enfrentar la pandemia de la Covid-19, a las políticas que privilegian los intereses empresariales y mineros, la desregulación ambiental que viene impulsando el Ejecutivo, así como la presión de algunos grupos de poder que buscan frenar el avance de la reforma universitaria condicionando su voto. Desde la sociedad civil y las organizaciones sociales se ha expresado un malestar e indignación por la actuación del gobierno y la postura asumida por el ex premier Cateriano, sosteniendo que la minería moderna no contamina; lo cual es contradictorio con los más de 8 mil pasivos ambientales mineros registrados por el MINEM y los miles de casos de personas afectadas por metales pesados en nuestro país.

 

Segundo.- El ex premier Pedro Cateriano desde el primer día que asumió el cargo había señalado que entre sus prioridades estaba reactivar la economía y como eje central la actividad minera, aunque este represente solo el 12% del PBI nacional según datos del INEI; al mismo tiempo, el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación del 28 de julio anunció que el gobierno iba aprobar un “Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros” para agilizar la inversión privada en este sector y durante la última semana el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó el Decreto Supremo 019-2020-EM, que modifica diversos artículos del Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de Exploración Minera, que reduce aún más los estándares ambientales y sociales en nuestro país. Esta norma representa un retroceso muy peligroso en la protección de derechos, más aún en este contexto de pandemia.

 

Tercero. –  Al mismo tiempo la Defensoría del Pueblo en su reporte mensual de conflictividad social da cuenta que más del 60% de conflictos en el país están vinculados a la actividad minera, y en el contexto de la pandemia se han reactivado varios de ellos, como el DATEM del Marañón en Loreto y Espinar en Cusco. Sobre el caso Espinar hay que señalar que se ha puesto nuevamente en tapete los aportes reales de la minería para el desarrollo de una provincia. El pedido de un bono humanitario para enfrentar la crisis económica ha generado diferentes reacciones y posiciones, el convenio marco firmado hace 17 años entre la empresa minera y la provincia de Espinar no necesariamente ha mejorado las condiciones de vida de los pobladores y comunidades locales; asimismo, existen agendas pendientes no resueltas sobre la contaminación ambiental y la afectación a la salud de las comunidades en el entorno minero, sumado a ello esta la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco. El conflicto en Espinar no está resuelto y con la renuncia del gabinete Cateriano todo diálogo planteado puede quedar suspendido, conllevando, posiblemente, a que la situación se agrave en la zona.

 

Cuarto. – La situación de la pandemia en nuestro país avanza y se intensifica aún más. A más de 140 días de la emergencia sanitaria según datos oficiales del Ministerio de Salud, la cantidad de personas contagiadas suman más de 400 mil casos y las fallecidas llegarían a más de 43 mil, según las últimas declaraciones de la ministra de Salud. El virus se ha extendido a las regiones andinas del sur y nuevamente se evidencia la precariedad del sistema de salud para atender los casos. Urge que el gobierno central implemente medidas complementarias urgentes para apoyar a los gobiernos regionales y locales para atender los casos, y con especial consideración a las comunidades campesinas debido a su alta vulnerabilidad. Por ello, el nuevo gabinete debe poner como eje central de su trabajo la mitigación de la pandemia desatada por el Covid-19 y fortalecer el nivel de atención primario de salud con la implementación de una estrategia comunitaria, que ha sido reclamada por las organizaciones indígenas y campesinas.

 

Ante este escenario tan crítico y complejo urge que el gobierno del presidente Vizcarra recomponga un gabinete concertador y verdaderamente dialogante y que, sobre todo, escuche las demandas de la población, que ponga como agenda prioritaria la atención a la salud y vida de la población en medio de esta pandemia. El Perú ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en numero de contagiados. Que se entienda que la reactivación económica no solo debe priorizar la actividad extractiva beneficiando solo a un grupo de intereses económicos; y mucho menos poniendo en riesgo la vida de sus propios trabajadores, como es el caso de las empresas mineras. La reactivación debe darse desde los territorios y respetando los derechos de las poblaciones locales, por ello desde Red Muqui nos hemos sumado a la campaña #ReactivaMisDerechos.

 

Lima, 05 de agosto del 2020.