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Por: Elqui Cruz Ayala / Geógrafo

Los avances de la expansión de las industrias extractivas en relación con el Estado, han generado el incremento de vías de conexión para el traslado de maquinaría, energía, insumos y el mineral de las zonas de producción minera, conjuntamente con este proceso de intervención territorial se han generado las posibilidades de conexión del campo con la ciudad, llegando a incrementar las migraciones de hombres y mujeres para buscar nuevas formas de empleo, lo cual conlleva a una transformación del campo, generando nuevos procesos de transformación de la estructura tradicional de los territorios pertenecientes a las comunidades indígenas.

Estas nuevas formas de transformar el territorio de las comunidades indígenas, son parte de un proceso mayor, algunos lo llaman la nueva ruralidad y se explica en la aparición de nuevos elementos que han ido dinamizando el campo, como la expansión de la minería y sus efectos, entre otros procesos que ésta trae alrededor de la demanda de servicios y los cambios estructurales en la forma de vida y la modificación de la cultura de las poblaciones que ancestralmente han ocupado el campo, hoy interpretado como lo rural en el país.

Estas transformaciones en el territorio, ha llevado a que mujeres y hombres busquen nuevas estrategias económicas para diversificar sus ingresos, modificando los roles de género, para desarrollar intereses diferenciados sobre el territorio entre mujeres y hombres. Una de estas consecuencias es la feminización de la agricultura (Osorio 2011), ya que por efectos de la migración de los hombres son las mujeres quienes asumen la responsabilidad de la producción en el campo y por otro lado desde el Estado se asume que todo lo rural y toda actividad en donde se ocupan las mujeres son actividades minimizadas y por ello son asumidas dentro de las estadísticas de pobreza y sumadas a la representación de lo pobre en el país.

La permanencia y la responsabilidad de las mujeres en el campo, ha llevado a asumir prácticas que den rentabilidad al uso de la tierra, como el alquiler, el partir, encargos, entre otras, pero esto está sujeto a una doble mediación, la cual está ligada a la familia y a la comunidad. Esta relación de la transformación del campo ha generado nuevos efectos en los roles de género y su interés diferenciado en el territorio, para ello algunas comunidades han entendido, que es necesario modificar los roles que se establecen en los estatutos de la comunidad, para reconocer a las mujeres como comuneras calificadas y con ello caminar a fortalecer la gobernanza de la comunidad y reconocer la participación de las mujeres por consecuencia de la constante migración de los hombres hacia las zonas en donde existe demanda de otro tipo de trabajo, generando que las mujeres desarrollen actividades iguales a los hombres.

Por otro lado los estatutos de las comunidades campesinas, tienen que tener una fuerte relación con la Ley de comunidades campesinas, pero en la práctica esta no es interpretada para desarrollar los mecanismos necesarios en los estatutos de las comunidades para la participación igualitaria de mujeres y hombres como lo establece la Ley de comunidades. Pero como se comenta anteriormente, existen nuevas estrategias en las comunidades para hacerle frente a la expansión de las industrias extractivas y dinámicas que están modificando sus formas de vida y una de estas nuevas estrategias es reconocer a las mujeres como comuneras calificadas, reconociendo su rol dirigencias para la defensa del territorio y con ello el derecho al uso de la tierra de forma igualitaria a los hombres.

Estas nueva forma de inclusión de las mujeres, no solamente tiene que ver con procesos extractivos, existen otros procesos de fondo en la estructura de las comunidades, que tienen que ver con el incremento de la población, en otros casos con la migración de los hombres, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la escasez de tierras comunales, procesos que mediante el Estado se busca distritalizar a las comunidades para quitarles hegemonía sobre el territorio, entre otros.

En relación a la inclusión de las mujeres dentro de los estatutos, no es de forma gratuita, ya que todo miembro de una comunidad, en donde gozan de derechos para el uso de la tierra, también tiene asignado deberes con la comunidad, los cuales se establecen en muchos casos con faenas comunales, aportes y otras formas de son parte de las dinámicas sociales en una comunidad.

Como hemos notado, existen nuevas formas de inclusión de las mujeres dentro del sistema de gobierno de las comunidades campesinas e indígenas, que en muchos casos están sujetos a la inclusión o adopción de nuevas formas que superponen y en muchos casos terminan modificando el sistema social de una comunidad, como el caso de las religiones protestantes, las cuales ponen en práctica un sistema de igualdad en los roles de las mujeres y de los hombres, los cuales se reflejan en lo cotidiano, pero no en la representación política de las mujeres en la dirección de la comunidad, sin embargo este sistema de igualdad en los roles de género está generando transformaciones en el territorio comunal.

En el caso de las comunidades en donde se ha incluido a las mujeres en los estatutos y con ello la posibilidad de la participación política y el uso de la tierra con los mismos derechos de los hombres, podría estar generando nuevos cambios, en este sentido nos hacemos la siguiente pregunta ¿Cuáles son los cambios en el territorio de la comunidad que han sido generados, con el nuevo rol de la dirigencia de estas mujeres? ¿Existe una transformación que acompaña una nueva visión territorial producto de este nuevo sistema de gestión comunal, en donde aparecen las mujeres como un nuevo actor político?

Pensar en estas preguntas nos ubica en dos procesos distintos, por ejemplo en Cusco y Apurímac. En algunas comunidades campesinas del Cusco – Paruro, las mujeres han logrado ser parte de la dirigencia y decisión política amparándose en los estatutos y en algunas leyes para la igualdad de oportunidades. Sin embargo esto está sucediendo en zonas en donde no existen procesos de exploración o explotación minera, ni de conflictividad socioambiental, pero que a su vez son zonas en donde existe una fuerte especulación por la tierra en base a las concesiones mineras. En Apurímac, podríamos mirar el proceso minero Las Bambas, instalado en el distrito de Challhuahuacho, el cual lejos de mejorar las posibilidades de un desarrollo inclusivo con el Fondo Social Las Bambas y los roles del Estado para generar un ambiente equitativo entre hombre y las mujeres del campo, lo que ha logrado en los últimos siete años, es incrementar las brechas de pobreza y generar una mayor carga de trabajo en el hogar de las mujeres. Ya que sin acceso a una educación y con el abandono del campo por la población masculina e influencia del proceso minero en curso, las mujeres han sido las que se han encargado de la producción en el campo, pero sin la fuerza física necesaria para lograr una producción óptima y sin la posibilidad de una participación política que contribuya a generar reformas a favor de ellas y de sus familias con respecto al uso de la tierra y a las formas de cooperación para la producción en el campo.

Traer esta pequeña explicación nos podría aclarar el panorama y sin duda más preguntas, de cómo serán las nuevas configuraciones territoriales de las relaciones de poder entre hombres y mujeres en diferentes escenarios y cuáles serían las estrategias del Estado para contribuir a generar menos inequidad social, pero sin duda también lo expuesto podría ayudar a entender que la economía de un país que se basa en las industrias extractivas, está destinado a ver incrementada la brecha de pobreza y la desigualdad entre hombres y mujeres, sobre todo de las poblaciones más vulnerables

Foto: Subersiones.org

AL NO PARTICIPAR EN INFORMES DE CONCILIACIÓN

Durante la presentación del V Estudio de Conciliación Nacional (ECN), de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), el Coordinador Ejecutivo de Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, advirtió que la ausencia de la minera Chinalco en los informes de conciliación, podría ser perjudicial en la calificación del país frente a la Secretaría Internacional del EITI.

“Chinalco es la empresa que no ha querido hacer pública, su información para el EITI. Esto afecta los avances del EITI en el Perú”, aseveró el también representante alterno de la sociedad civil de la Comisión Nacional EITI.

En ese sentido, Pilar Camero, representante de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), lamentó que las empresas no continúen participando en los informes de conciliación como en el caso de Chinalco que posee una participación mayor al 2% en el sector.

Información social y ambiental en el EITI

Para Pilar Camero, también representante titular de la sociedad civil ante la Comisión Nacional EITI Perú, también se debe avanzar en incluir información ambiental y social. Asimismo, propuso que el EITI sea considerado una política pública para exigir la información económica de las empresas con mayor incidencia.

Por su lado, Epifanio Baca, sugirió que los gastos ambientales y sociales se incluyan de manera desagregada, lo cual contribuiría para evitar más conflictos sociales en el país, al igual que una publicación más oportuna de los informes, de lo contrario estos pueden perder vigencia e interés.

En respuesta, Carlos Aranda, representante de Southern Cooper, planteó que nuevos elementos como los ambientales y los sociales, podrían enredar el proceso. “El tema del uso de recursos a nivel regional debe ser prioritario, pero no incluir nuevos elementos”, consideró.

A su turno, el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, respondió que el incluir nuevas variables en el EITI no puede ser una imposición, sino parte de los espacios de discusiones de empresas, estados y sociedad.

“Hay diferencia entre el Estado, las empresas y la sociedad civil (…) se debe evangelizar a las empresas y explicarles los beneficios al participar en el EITI. Por ejemplo, la gente podrá visualizar mejor como la minería aporta”, refirió.

Asimismo, la representante de DAR, recomendó que –a futuro- el reto del EITI debe ser alcanzar mayor agilidad al momento de brindar y recibir la información. “Cuando no hay información transparente de las empresas extractivas, se origina un elemento más para que se den conflictos sociales” remarcó Camero.

En qué está EITI en Perú

Previo a la presentación del estudio -en la reunión denominada Agenda Perú- la ministra de Energía y Minas (MEM), Rosa María Ortiz hizo un breve informe sobre cómo se ha ido manejando el EITI en el Perú.

Ortiz, resaltó que su sector ha venido trabajando la iniciativa EITI desde el año 2006 cuando se aprobó el primer “Plan de Acción para la implementación del EITI en el Perú” y se dio paso a la institucionalización de la Comisión Multisectorial EITI Perú con el Estado, las empresas y la Sociedad Civil. De igual modo, los Estudios de Conciliación Nacional (ECN) que el Perú ha producido. “Son cinco Estudios de Conciliación y dos Estudios de Transparencia Regional adecuados a estándares, con desagregación de información y debates públicos”, comentó.

Asimismo se refirió a los Procesos del EITI a nivel sub-nacional con la implementación en Moquegua y Piura, donde se han instalado Comisiones Regionales EITI con el propósito de realizar Estudios de Transparencia Regional, en los cuales se presenta información sobre las transferencias acreditadas del MEF.

La titular del MEM, dijo esperar que el evento permita intercambiar experiencias en la implementación del EITI, ya que son 70 países del mundo que por primera vez se reúnen en América en el marco de esta conferencia internacional.

Por su parte, Numa Arellano, consultora de Ernst &Young y encargada de presentar los resultados del V ECN, remarcó que un problema frecuente, es que las empresas brindan información de forma voluntaria, pero sin haber renunciado a la reserva tributaria, lo cual no permite conciliar –comparar- con la información oficial.

En ese sentido, Arellano señaló que en minería, la información oficial y voluntaria tiene una diferencia del 9% en la conciliación, y que además solo el 85% de las mineras han brindado información.

“Aun así, el Perú es el primer país en América Latina en lograr el carácter de país cumplidor, por ello su participación no debe caer, sino aumentar para lograr materialidad en la información y que esta sea representativa”, acotó.

DATOS:

  • EITI (2005) es una alianza estratégica internacional integrada por 48 países que reúne a gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo y gas) y sociedad civil, para transparentar los pagos que hacen las empresas a los gobiernos.
  • Su finalidad es verificar una adecuada rendición de cuentas y que los recursos obtenidos fomenten el desarrollo de los países miembros.
  • Fernando Castillo de la Oficina de Gestión Social del Minem, indicó que coordina la incorporación de EITI en Arequipa y Loreto.

Foto: MINEM

  • Ministerio de Economía y Energía (BMWI) de Alemania se informó sobre situación social del sector minero peruano

Funcionarios del Ministerio de Economía y Energía (BMWI) recibieron a los representantes de la sociedad civil alemana y peruana, el pasado 12 de enero en Berlín, para tratar las implicancias del Convenio de Cooperación en el ámbito de materias primas, industria y tecnología entre los gobiernos de Alemania y Perú, firmado en julio de 2014.

El gobierno alemán comentó que desde que se suscribió el convenio, no ha habido ninguna reunión oficial intergubernamental entre Perú y Alemania. Sin embargo, informó que un primer encuentro está programado para este 23 de febrero, días antes de la conferencia mundial sobre la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI).

Es por ello que funcionarios de este país mostraron su interés en escuchar las propuestas y preocupaciones de la sociedad civil, y así poder tratar estos temas con el gobierno peruano.

En dicho encuentro, RED MUQUI –como parte de la sociedad civil peruana– planteó su preocupación en cuanto al abastecimiento de minerales para la industria alemana desde el Perú.

Asimismo, expuso los problemas existentes del sector minero en Perú en lo que se refiere a la conflictividad socioambiental, a causa de: la falta de mecanismos de prevención por parte del Estado; la desregulación ambiental y de la propiedad comunal a través de los paquetazos normativos; la poca participación ciudadana al inicio de grandes proyectos extractivos; la implementación deficiente de la Ley de consulta previa; la falta de transparencia en la información de las empresas mineras (aunque Perú es un país que impulsa el EITI), y las violaciones a los derechos humanos que se han venido suscitando tras el estallido de ciertos conflictos mineros.

De igual modo, las organizaciones de la sociedad civil alemana y peruana hicieron una serie de recomendaciones:

  • Efectiva prevención de conflictos, con especial atención al respeto de los derechos humanos y ambientales.
  • Elaboración e implementación de una ley de Ordenamiento Territorial.
  • Apoyo en la remediación y sanación de pasivos ambientales, al igual que atención de salud especializada para los afectados por contaminación por metales pesados.
  • Apoyo en el manejo adecuado de los recursos hídricos (calidad y cantidad).
  • Apoyo, a través de las agencias de cooperación alemanas, en el fortalecimiento de las instituciones que se ocupan del medio ambiente (MINAM, OEFA, SENACE).

Estos puntos fueron planteados de acuerdo a la naturaleza del Convenio de Cooperación Perú-Alemania, cuyo principal beneficio para el Perú, es recibir apoyo en tecnología para mejorar la actividad minera -a cambio de importaciones de cobre y zinc- sin que ello implique necesariamente una mejora directa para las comunidades y poblaciones que habitan en zonas de influencia minera.

Finalmente, las organizaciones de sociedad civil y el Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, sugirieron una reunión entre los representantes de los gobiernos y de la sociedad civil de ambos países para que conozcan más detalles del Convenio Minero, y puedan debatir sobre la mejor forma de su implementación.

DATOS (Fuente CooperAcción):

  • Alemania es el principal importador del Cobre y Zinc proveniente del Perú
  • Entre los años 2001 y 2013, Perú fue el principal abastecedor de cobre en concentrados, de Alemania.
  • 48.3% de la importación de maquinarias provienen de Alemania.
  • Alemania es el sétimo país destino de las exportaciones de metales y minerales del Perú.

Lee también: Acusan falta de transparencia en convenio minero Perú-Alemania (SERVINDI)

 

Foto: ICNdiario