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Denuncian que desprendimiento de relaves mineros de Mina Huampar está contaminando cuenca del valle de Santa Eulalia y río Rímac. La Mancomunidad Municipal del Valle Santa Eulalia, liderado por la Presidenta Cecilia Espinoza denunció “la grave emergencia sanitaria ocasionada por bloques y desprendimientos de relave minero de la Mina Huampar ubicado en la Zona de Cunay, parte alta del distrito de Huanza en nuestra Zona Norte de la Cuenca del Valle de Santa Eulalia”.

Lamentan que este relave esté contaminando el río, la flora y fauna, provocando la muerte de decenas de peces. En el comunicado señalan que las autoridades del distrito de Huanza, Carampoma, San Juan de Iris, Huachupampa, San Pedro de Laraos, San Pedro de Casta, San Antonio de Chaclla, Callahuanca, Santa Eulalia, así como en la parte baja como Ricardo Palma, Lurigancho-Chosica, deben tomar sus precauciones, sobre todo los que tienen piscigranjas.

Frente a esta grave situación, la Presidenta de la Mancomunidad convocó hoy, viernes  1 de abril, a constatar esta tragedia ambiental a los Alcaldes Directores pertenecientes a la Mancomunidad, a la PNP, y a las autoridades del Estado.

OEFA anunció visita

Frente al oficio enviado a la OEFA, incluyendo las pruebas filmográficas y fotográficas para que fiscalice y sancione a los responsables; la OEFA informó a través de un comunicado en la mañana, que se estaba dirigiendo a la zona para verificar in situ el «presunto derrame de relaves que habría ocurrido el día de ayer. La intervención que realiza el OEFA permitirá determinar si existe afectación de cuerpos hídricos y otros componentes, generada por el hecho antes descrito, el cual habría sido ocasionado por pasivos ambientales mineros en la zona. Esta información será puesta en conocimiento del MINEM, para efectos de las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias», precisó.

Desde la Red Muqui esperamos que la OEFA informe públicamente los resultados de su intervención porque en anteriores oportunidades no se ha conocido los resultados de sus visitas.

SEDAPAL se pronunció

Frente a la denuncia de contaminación de la cuenca del río Santa Eulalia; Sedapal emitió un comunicado señalando que 33 horas después de ocurrido el desprendimiento de relaves mineros en la cabecera de cuenca del río Santa Eulalia, no habían mayores afectaciones al río Rímac, que se une en Chosica al río Santa Eulalia.

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En el comunicado Sedapal señala que activaron su Plan de Contingencia y el Equipo de Gestión Integral de Plantas realizó el monitoreo al río Rímac para determinar su afectación, encontrando que las características fisicoquímicas del río están con los indicadores dentro del límite máximo permisible de los estándares de calidad ambiental según el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS- 031-2010 MINSA.

Edwin Alejandro Berrospi, responsable del área socio ambiental de la Red Muqui, señaló que en la pandemia el gobierno suspendió la supervisión y fiscalización ambiental. «De esto se han aprovechado las empresas para hacer sus operaciones sin control, generando este tipo de daños posteriores».

 

Monitores ambientales comunitarios de agua, dirigentes y defensores de derechos humanos y ambientales de las provincias de Cajabamba y San Marcos, en la región Cajamarca, conformaron el Comité de Monitoreo Ambiental Comunitario de la provincia de Cajabamba y el valle de Condebamba.

En reunión sostenida en el centro poblado de La Grama, el comité de monitoreo evaluó los avances y capacidades desarrolladas, con apoyo de Amas Marianistas y Red Muqui, para tomar la decisión de conformar el comité y elegir su primera junta directiva.

Los monitores ambientales que asumen responsabilidades dirigenciales son: Ricardo Huertas Moreno (presidente), Flavio Durán Linares (vice presidente), Elisa Rojas Vega Bazán (secretaria de actas y prensa), Gerardo Ayay Ishpilco (secretario de economía), Alan Contreras Arévalo (fiscal), Juan Monroy Huaman (secretario de asuntos legales), Germán Vergara Escobedo (coordinador Cajabamba), Oswaldo Sánchez Lezma (coordinador Cachachi) y Santos Durán Carrera (coordinador San Marcos). Destaca en este proceso la presencia de mujeres en estructuras dirigenciales y en actividades organizativas.

Su plan de acción involucra actividades de monitoreo de la calidad del agua en zonas afectadas por actividad de la gran minera y la minería informal, cuyos impactos se manifiestan en la contaminación de las sub cuencas del río Cajamarquino y río Crisnejas, en áreas de alta producción agrícola y ganadera. También incidencia en políticas públicas para el ordenamiento territorial y derechos de consulta previa en sus territorios.
A este avance en la organización de la participación comunitaria en el monitoreo ambiental se suman los comités provinciales de las provincias de Sánchez Carrión (Huamachuco), Santiago de Chuco y Otuzco en la región La Libertad, quienes estarían constituyéndose en una red interegional de monitoreo comunitario.

Encuentro internacional

Los activistas y monitores comunitarios participarán desde el 23 hasta el 25 de marzo en el encuentro internacional de vigilantes y monitores ambientales que se realizará en la ciudad de Trujillo.

 

 

El anuncio de la flamante presidenta de Honduras Xiomara Castro de poner fin a la minería a tajo abierto en el país centroamericano, ha creado expectativas y dejado a muchos incrédulos más allá de las fronteras de ese país. Sin embargo la mandataria ha hecho algo que a juicio de Pedro Landa, miembro del grupo impulsor de la Red Iglesias y Minería, recoge las demandas de la ciudadanía de los últimos veinte o treinta años, y que además formaba parte del programa electoral de la ahora jefa de Estado.

En efecto el comunicado de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas difundido el primer día de marzo dice que en atención al programa de gobierno 2022-2026 de la presidenta Xiomara Castro y en consonancia a los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales, «se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y que limitan el acceso al agua como derecho humano». Además se declara todo el territorio nacional «libre de minería a cielo abierto» y se dispone una moratoria minera para la exploración y explotación metálica y no metálica, procediendo a la «revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones». Finalmente, la Secretaría anunció que las áreas naturales de alto valor ecológico «serán intervenidas de forma inmediata, asegurando su conservación y beneficios comunes para el pueblo».

Landa, también coordinador de la Plataforma Internacional contra la Impunidad, valora la declaración política del gobierno que ahora debe ser traducida en políticas públicas/procedimientos administrativos y en un marco legislativo que le otorgue una validez jurídica a estos anuncios.

Gremio minero cuestionado por concesiones otorgadas

Debido al agresivo rechazo de la política anunciada por la presidenta Xiomara Castro por parte del gremio minero sumado a la adversa correlación de fuerza en el parlamento, en el que los diputados de los partidos del antiguo régimen, que surgió del golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya en 2009, tienen una mayoría relativa en el congreso, una de las tareas urgentes para el gobierno, según Landa, es crear una instancia multiactor. Un mecanismo en el que debería participar la ciudadanía, las universidades, el gobierno y representantes de empresas apoyados por una veeduría internacional que le otorgue mayor capacidad fiscalizadora y legitimidad y que revise los requisitos administrativos y los procesos de concesiones otorgadas en los últimos años. Permisos que tienen tal nivel de cuestionamiento e ilegitimidad que incluso han otorgado 42 concesiones mineras en áreas protegidas, en las que la ley prohíbe toda actividad extractiva.

Así por ejemplo y según una investigación de una alianza periodística internacional en la que participó el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), una de las principales productoras de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en Honduras. Un proyecto de extracción de hierro fuertemente cuestionado por la persecución a los líderes sociales de Guapinol en el municipio de Tocoa que protestaban por el impacto ecológico en sus territorios y en el parque natural Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano.

Cómo se llegó a esta situación de rechazo de la minería

Los hitos, que fueron creando un escenario en el que el fin de la minería a tajo abierto se fue transformando en una reivindicación de amplio soporte social, se fueron desarrollando especialmente desde el golpe de Estado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, explica Lander.

Aunque ya durante el gobierno Zelaya, hubo un proceso de amplia participación y discusión ciudadana que preveía crear una Ley de Minería que limitara la posibilidad de crear proyectos mineros y suspendiera el otorgamiento de nuevas concesiones. Proyecto que finalmente se vio frustrado por el golpe de Estado que derrocó a ese gobierno y supuso un duro revés al proceso social que iba tomando forma en ese período.

Para Pedro Landa, uno de los sucesos que marcaron la apuesta extractivista y de despojo de los territorios de comunidades campesinas, indígenas y garífunas del país ocurrió en 2012, en un hecho que califica de segundo golpe de Estado. Se refiere con ello al 12 de diciembre de ese año, cuando el Congreso Nacional destituyó a cuatro magistrados.  Integrantes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia despojados de sus cargos por haber declarado inconstitucional una ley para atraer inversores a través de un mecanismo llamada Ley de Regiones Especiales de Desarrollo para implementar ciudades autónomas y que después fue renombrada como Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Un proyecto de zonas francas impulsado por el Gobierno de Honduras y la élite política y económica, que implica la expropiación y explotación de territorio y recursos naturales, y la suspensión de determinados derechos y garantías constitucionales y por ello resistidas por defensoras y defensores de derechos humanos, que se expresaron repetidamente contra la instalación de las ZEDE. En su momento la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  inició una investigación sobre este proyecto estatal por las persecuciones y asesinatos de líderes de pueblos indígenas y afro hondureños que se le oponían.

Violencia y crímenes contra la ciudadanía desatada

Crímenes que se hicieron comunes durante los años que le siguieron al golpe de Estado y que estaban dirigidos a amedrentar a la población, romper el tejido social y reprimir la oposición a los proyectos de inversión en minería y de infraestructura de generación eléctrica.  El caso más emblemático es el asesinato en 2016 de la activista ambiental y lideresa garifuna, Berta Cáceres, por organizar la resistencia a la construcción de una represa de capitales españoles. Sin embargo, la dimensión de las violaciones a los derechos humanos es casi inconcebible para un país que oficialmente no estaba en guerra (aunque tal vez sí contra su propia población). En 2017 la organización de defensa de los derechos humanos Global Witness concluyó en su informe anual que “No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”.

En ese entonces, el régimen hondureño, que había sucedido el poder después del golpe de Estado, acumulaba 120 asesinatos. Para el 2020, Honduras había descendido al quinto país más peligroso para defensores del medioambiente y la cifra total de asesinatos en una década desde 2010 llegaba a 180 personas. Muchas de las cuales habían sido previamente criminalizadas por el poder judicial a través de un código penal que persigue a los defensores del territorio en forma análoga a la normativa penal que se aplica por delitos de terrorismo, según Pedro Landa. 

Otras leyes para favorecer la minería

Entre otras leyes que fueron pavimentando el camino para facilitar las inversiones para hacerse de los bienes comunes y que fueron generando el caldo de cultivo del descontento está la Ley de Minería de 2013 y que abrió las puertas a un modelo extractivista extremo, tan permisivo que incluso favoreció un fenómeno hasta entonces desconocido: la narco minería. Grupos criminales ligados a sectores financieros que llegaron a gestionar hasta cien concesiones mineras como forma de lavado de dinero, explica Lander. 

La juventud y una nueva conciencia social y ambiental

El hito que, que  al inicio solo parecía una crisis política, que se saldaría con un altísimo grado de represión y violencia y, a pesar de ello, se transformó en tierra fértil donde creciera la semilla de la conciencia, sobre todo de la gente joven, fue la reelección inconstitucional del mandatario Juan Orlando Hernández en 2017. Hay que recordar, que por la mera intención de preguntar en una papeleta electoral por la posibilidad de convocar a la redacción de una nueva constitución, como había anunciado en 2009 el entonces presidente Manuel Zelaya, los militares avalados por el congreso y con el apoyo tácito de los Estados Unidos secuestraron al presidente una noche de junio de ese año y lo llevaron al exilio.

A partir de ese momento, ocho años después quedó en evidencia, que el régimen se mantendría por la fuerza en el poder, pero ya no lograba concitar, acaso nunca pudo hacerlo, un consenso en torno a un proyecto de desarrollo basado en la extracción de materia prima. Con ello fue perdiendo poder también el gremio minero, cuyas concesiones incluso llegaron a ser cuestionadas por sus pares con inversiones en otros rubros productivos. 

Los que en cambio crecieron en conciencia, social, política y ambiental fueron los niños y jóvenes que habían nacido y crecido durante y después del golpe de Estado y ahora estaban sufriendo en carne propia la represión. Son ellos quienes ya no se creen el cuento, comenta Lander y explica que es ésa generación la que apoya con verdadera beligerancia y presencia en las calles el proceso político encabezado por la presidenta Xiomara Castro y que ahora ha declarado el fin de la minería y la moratoria para todo tipo de actividad extractiva cuyas concesiones deberán ser revisadas. Para llevar adelante esta agenda, que forma parte de su plataforma electoral se deberá apoyar en la sociedad que ha ido reclamando los espacios públicos para sí, a pesar del precio que ha debido pagar por ello. 

Pero Landa observa que incluso entre los empresarios hay cada vez más voces que abogan por una tipo de desarrollo diferente, porque han visto que los proyectos mineros no sólo aumentan las conflictividad social, sino que en estos tiempos de altos impactos ambientales, acelerados por el desastre climático, seguir por ese camino solo exacerba la crisis. En esa línea debe ser entendida, según Landa, la apuesta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por el Acuerdo de Escazú. Un tratado que el organismo apoya, según un comunicado de prensa, “como herramienta fundamental para generar un marco social y ambiental transparente y abierto y basado en una buena relación con las comunidades, sector público y privado”.

Al menos hay entonces un cierto respaldo por parte de actores económicos a estas medidas que trascienden las fronteras del país. Por eso Pedro Landa también prevé que la presidente solicitará la presencia de un nuevo organismo liderado por Naciones Unidas, parecido a la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que apoye al Estado en liberarse de estructuras de corrupción y narcotráfico que camparon a sus anchas con el hasta hace pocas semanas presidente Juan Orlando Hernández actualmente en arresto a la espera de un proceso de extradición por cargos de narcotráfico en los EE.UU, y, cuyo hermano menor fue condenado por una corte de Nueva York el año pasado a cadena perpetua por liderar una banda de narcotráfico.

Perspectivas para el Perú

Lo que viene ocurriendo en Honduras respecto a los anuncios en el sector minero por la presidenta Xiomara Castra es sin duda un avance esperanzador, ya que junto a Costa Rica, y en cierta medida El Salvado, que en 2018 prohibió la minería metálica, son los países que se declaran libres de esta actividad en Latinoamérica. Un debate que en el Perú, por el momento, parece imposible, por las condiciones y la dependencia económica que tenemos con este sector, pero sobre todo por el poder político que tienen los gremios mineros, entre otros factores por demás conocidos. Sin embargo, lo ocurrido en Honduras nos dice que tarde o temprano tenemos que transitar a esa discusión, dado que la actividad minera es una actividad finita. Es decir un día los recursos minerales se van a agotar o dejarán de ser imprescindibles. Ojalá que no sea tarde, para los frágiles equilibrios ecológicos de los que dependemos, cuando lleguemos a ese momento. 

Con ocasión del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, publicamos un artículo en el que se describen las dificultades y las discriminaciones que sufren las mujeres que viven en zonas mineras. El artículo se ha realizado gracias a las entrevistas con: 

-Gladys Huaman y Beatriz Cortez, dos representantes del área de incidencia legal de Red Muqui 

-Elsa Merma, dirigente de organización de mujeres de Espinar

-Rocío Silva-Santisteban, abogada, escritora y ex congresista del Perú

Las mujeres y los hombres que viven o trabajan en las zonas mineras de Perú son personas que se enfrentan a condiciones de vida muy difíciles. Los efectos de la minería suelen provocar que las comunidades sufran la contaminación de sus tierras y aguas, que los agricultores denuncien la pérdida de sus cosechas o que sus animales y niños se enfermen (Cortez). Se podría pensar que los efectos de la minería en las mujeres y en los hombres son los mismos. Sin embargo, hay sutiles diferencias. Cuando se vincula la cuestión del género y la minería, surgen también aquí los problemas observados en la sociedad civil. Pero, sobre todo en las zonas rurales con menos recursos económicos donde hay actividad minera, existe mucho más de eso. El acceso a la participación política, al derecho al trabajo con buenas condiciones laborales, a un medio ambiente limpio y a la igualdad social es casi inexistente. 

Las mujeres se ocupan de los cuidados y contribuyen a la reproducción social, preparan la comida, y cuidan de sus hijos. Por eso, son principalmente las madres las que salen a la calle y se manifiestan por sus derechos: se preocupan por la educación de sus hijos o hijas, la presencia de agua potable y la posibilidad de tener una nutrición saludable. A menudo, son ellas las que se encargan principalmente de la economía familiar. Por esto, hay muchas mujeres que se organizan, y que convocan reuniones para compartir experiencias sobre cómo la minería afecta a sus comunidades y a sus tierras. Quieren informar a la población y difundir sus ideas y observaciones sobre lo que hacen las empresas mineras (Merma). 

No es una cuestión de rutina que una mujer se involucre, que exprese su opinión y que opine. Como informó Elsa de Espinar, las mujeres quieren ser escuchadas y tener voz en igualdad de condiciones que los hombres… Pero, no es así. En las reuniones a nivel local no se permite la participación de una representante de la organización de mujeres en el comité de gestión. Cuando hay reuniones multi-organizacionales les permiten participar, pero formar parte  en las reuniones importantes que deciden también su futuro, decisiones que se toman en el comité de gestión, ahí se les excluye. Así se nota que, cuando se ejerce el poder  las mujeres no están.

Las mujeres que quieren participar no lo tienen fácil por diversas razones. Además de las tareas del hogar, cuidar a los niños y ganar dinero, no hay mucho tiempo (Huaman). Pero aun así quieren ser activas y trabajar por su país y su casa.  El machismo es un factor importante en esto: las tareas no se reparten entre la pareja ni son asumidas por los socios. Entonces, muchas veces no pueden asistir  a reuniones o marchas porque tienen que atender a sus esposos y familias. Otro hecho es que, a menudo las mujeres tienen que pedir permiso a sus parejas para ir a las asambleas, porqué su participación en la vida política y pública no forma parte del papel asignado a la mujer en la sociedad (Silva-Santisteban). Tampoco hay espacios para los niños cuando, por ejemplo, se imparten cursos de formación. También es frecuente que las mujeres estén poco representadas cuando asisten a las reuniones, de hecho es más difícil enfrentarse con una opinión diferente. Los hombres dudan de la voz de las mujeres y cuestionan su participación. Cuando un hombre propone algo, como en una asamblea o una marcha, apenas se cuestiona. Además, es difícil para las mujeres trabajar así y unirse a la lucha porqué muchas conversaciones se realizan con un vaso de licor de por medio, o en otras situaciones sociales donde las mujeres normalmente no participan (Huaman). La discriminación también se manifiesta en hablar mal de las mujeres que «sólo están ahí porque quieren dinero». Eso cansa a las mujeres luchadoras, y no es de extrañar que la carga se haga demasiado pesada y algunas dejen de acudir a las reuniones (Merma). 

¿Pero, por qué las mujeres siguen en la lucha y de dónde sacan la energía? Porque se sienten mejor en la comunidad. Intercambiar ideas, reír y llorar juntas, estar ahí para los demás, les ayuda mucho a afrontar sus problemas. También es importante la ayuda y apoyo de otras organizaciones, y el reconocimiento de que están en el camino correcto para defender su tierra, sus cuerpos, la Pachamama y sus territorios (Merma). 

De hecho, las mujeres tienen un vínculo especial con sus territorios y sus comunidades. Por tradición, los varones salen  del hogar por trabajo, mientras las mujeres se quedan en la casa, cuidando a los suyos y a la chacra familiar. De hecho, son ellas quienes resguardan la soberanía alimentaria de la casa y de la comunidad. También a nivel histórico-cultural, en el Perú la naturaleza y la tierra se han asociado a figuras femeninas, como la Pachamama. Además, el territorio es percibido por las mujeres como un espacio íntimo, como si fuera sus propios cuerpos; perciben el territorio como aquello que resguarda la vida. Entonces, defender el territorio es defender el ámbito del cuidado de la vida misma (“Mujeres y Conflictos Ecoterritoriales”, Silva-Santisteban, 2017). Esta conexión especial con el territorio se refleja también en el liderazgo de las mujeres en los conflictos eco-territoriales: ellas basan sus acciones pensando en sus experiencias, en las afectaciones sufridas por sus familias, y en la sociedad en su conjunto. Por estas razones, las mujeres lideresas no monetizan los problemas- en el sentido que evitan aceptar dinero para solucionar los conflictos con las empresas mineras (Silva-Santisteban). Las lideresas son más persistentes en las estrategias de lucha: demandan que las empresas cumplan con sus promesas y, cuando es posible, que remedien  los daños al medio ambiente – no se contentan con la solución más rápida y fácil de aceptar compensaciones económicas (Silva-Santisteban). Sin embargo, hay que repetir que muy pocas  tienen posiciones dirigenciales o son voceras. 

No obstante esa realidad, el vínculo entre mujeres y territorios, junto a sus roles en cultivar la tierra, también pone las mujeres al frente de la realización de alternativas al modelo económico extractivista. La agricultura y la ganadería no solo representan las tradiciones y la historia de muchas áreas rurales, también son la principal fuente económica para sustentar la mayoría de familias que viven en áreas afectadas por la minería (Merma). Las mujeres, que son las principales cuidadoras de la economía familiar, son las primeras en darse cuenta de los efectos ambientales y económicos que las actividades mineras tienen sobre sus familias (Cortez). Por esto, muchas veces son las iniciadoras de actividades que informan a la población sobre el tema de la agricultura como alternativa al desarrollo. En el caso de Espinar, las mujeres tienen reuniones permanentes donde debaten cómo llevar adelante el trabajo de la agricultura, a pesar de las contaminaciones provocadas por la minería. Para llegar a una audiencia más amplia y enfrentar los desafíos de la pandemia, las mujeres de Espinar también han creado un programa radial (Merma, 2022). Sin embargo es de constatar que a pesar de las numerosas acciones que se llevan a cabo a nivel operativo para implementar alternativas al modelo extractivista,  las mujeres a menudo no son consultadas ni escuchadas en las asambleas o en los diálogos sobre este tema (Merma).  

Además de las dificultades que las mujeres enfrentan en sus comunidades, hay que considerar el contexto político actual, que no está solucionando las demandas de las poblaciones rurales afectadas. De hecho, el sector rural campesino es uno de los más golpeados en Perú por el modelo económico extractivista: las poblaciones sufren por la falta de acceso a derechos fundamentales como alimentación, salud, educación y agua (Cortez). Son ellas las más afectadas por estas deficiencias: por sus roles en la soberanía alimentaria, como cuidadoras de la economía familiar, y encargadas del seguimiento de la educación de sus hijos o hijas (Cortez). 

Por eso y otras cuestiones más las comunidades rurales de Espinar saludaron la elección de Pedro Castillo, porque tenían la esperanza de que el nuevo Presidente comenzará a enfrentar  sus necesidades y demandas, siendo él un hermano campesino de provincia, hijo de  campesino dirigente. Nosotros estábamos felices, como que un familiar nuestro hubiera llegado al poder” (Elsa Merma). Lamentablemente, hasta ahora no se han cumplido las promesas hechas durante la campaña política (Cortez). Dentro de las comunidades campesinas hay una división social: entre quienes se sienten traicionados por Castillo, y quienes sostienen que no lo dejan gobernar y que un verdadero cambio necesita más tiempo (Merma). Además, los cambios repentinos de titulares  en el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables hacen difícil entender cuál es la verdadera agenda de género que tiene el Presidente Castillo.(Silva-Santisteban). 

A pesar de que ahora dicho ministerio esté encabezado por una mujer feminista, es difícil evaluar el verdadero impacto que ella podría tener, si no se implementan reformas económicas con una mirada integral e interseccional destinadas a mejorar la situación de los sectores sociales con menos recursos económicos, especialmente de las mujeres. De hecho, “las políticas económicas están conectadas al tema de educación, salud, con la minería que impacta la sostenibilidad económica de las familias que viven en zonas de influencia minera. Entonces, el tema de género está vinculado al tema económico, y las políticas tienen que tomar en cuenta esta conexión” (Beatriz Cortez). 

Después de analizar los principales desafíos sociales e institucionales que enfrentan las mujeres en contextos mineros, es hora de reflexionar sobre cómo las organizaciones civiles de base pueden visibilizar los roles de las mujeres en la resistencia al modelo extractivista, y qué acciones se pueden tomar para que ellas puedan llegar a roles dirigenciales. Para la escritora, abogada y ex congresista Roció Silva-Santisteban,  son cuatro las acciones principales:

  1. Hacer talleres no solo con mujeres sino también con varones de las comunidades campesinas, para educar directamente sobre la igualdad de género.
  2. Coordinar talleres de género permanentes con todas y todos los miembros de las organizaciones sociales y de las comunidades ubicadas en zonas mineras, para que puedan implementar el enfoque de género en su trabajo diario.
  3. La sociedad civil tiene que tener en consideración las necesidades de las mujeres, para facilitar su participación en los talleres y capacitaciones. Por ejemplo, muchas mujeres no participan en estas actividades porque tienen que estar con sus hijos. Para resolver este problema, las Organizaciones Sociales de Base (OSBs) deberían organizar guarderías en las que los niños puedan permanecer mientras las mujeres participan en los talleres/capacitaciones. 
  4. Para acelerar la implantación de alternativas al modelo económico extractivista, hay que aprender de las experiencias de otros países, conectando estos conocimientos con un enfoque de género que considere las discriminaciones sufridas por las mujeres en Perú.

Desde el día sábado 12 de febrero, bases de las rondas campesinas de la región La Libertad han retomado el paro indefinido en demanda de cambios en la política ambiental en zonas mineras de sus cuencas y microcuencas de vocación agrícola y ganadera.

Esta medida de fuerza, en protesta por la contaminación ambiental y otros impactos que genera la extracción de oro, plata y cobre en cabeceras de cuenca sobre la actividad productiva agropecuaria en territorios locales y comunales, está relacionada con el reciente paro del mes de noviembre del 2021, que tras la intervención de la PCM había alcanzado una tregua.

“Las Rondas Campesinas no vamos a permitir el paso de los camiones que transportan mineral. No los vamos a retener, pero vamos a obligarlos a que regresen a Trujillo (559 km de Lima) y así continuaremos hasta lograr mejoras en nuestras demandas relacionadas con el cuidado del ambiente” manifestó Aurelio Rodríguez, dirigente de la ronda campesina del sector y responsable del piquete de control de los sectores La Ramada y La Florida (provincia Sánchez Carrión / Huamachuco), en la zona de influencia de la concesión de la compañía canadiense Panamerican Silver, que opera la Mina La Arena.

Comités de monitoreo ambiental

En tanto se mantienen las demandas por conflictos mineros en la región La Libertad (microcuencas y cuencas del río Huamachuquino, Caballo Moro – Tablachaca – Santa y río Moche), grupos organizados de pobladores, rondas campesinas, agricultores y otros actores comunitarios y locales, vienen realizando actividades de capacitación para el monitoreo ambiental del agua y vigilancia territorial, con apoyo de Amas Marianistas y Red Muqui.

En las provincias de Sánchez Carrión (Huamachuco), Santiago de Chuco y Otuzco (región La Libertad), e incluso de la provincia de Cajabamba (región Cajamarca), se planifican estrategias participativas para contribuir en la incidencia en políticas públicas relacionadas al conflicto minero.

Encuentro internacional de Monitores y Vigilantes de Agua

Asimismo, este 23, 24 y 25 de marzo, se reunirán en Trujillo monitores y vigilantes de agua del norte, centro y sur del Perú, con similares de Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile, con la finalidad de compartir aprendizajes en monitoreo ambiental, vigilancia y defensa del medio ambiente y derechos humanos – ambientales.

Entre las actividades planificadas se realizará la publicación inmediata de resultados de monitoreo participativo comunal (medición de parámetros físico químicos y de macroinvertebrados) en el rio Moche, para aportar con indicadores ambientales -desde la sociedad civil y actores del propio territorio- que evidencien la grave situación desde cabeceras de cuenca, hasta zonas de cuenca media agrícolas andinas y costeras del país.

Otros Datos

  • Una numerosa flota de camiones de transporte de mineral se mantiene aparcado en el sector de Cushpiorco (Agallpampa – Otuzco) mientras continúa el control de las rondas campesinas que acatan el paro indefinido.
  • Campesinos del valle de Condebamba (provincia de Cajabamba, región Cajamarca), iniciarían el 10 de marzo un Paro Indefinido por impactos ambientales generados por la compañía minera Shahuindo y minería informal.

 

 

Frente a la reciente crisis política y ante la conformación del nuevo Gabinete presidido por Héctor Valer, queremos señalar lo siguiente:

Es sumamente preocupante la actitud que el Presidente Pedro Castillo ha asumido respecto de las denuncias de corrupción que hicieron públicas el ministro del Interior Avelino Guillen y la Premier Mirtha Vásquez principalmente al interior de la Policía Nacional del Perú (PNP). Lo que finalmente detonó la renuncia de ambos. La indecisión del Presidente, lo único que ha generado es una nueva crisis política, que pone en cuestión su compromiso en la lucha contra la corrupción. Por el contrario, el Presidente ha nombrado un Consejo de Ministros, cuyo presidente y algunos de sus miembros son muy cuestionados, ya que hay ministros que defienden una visión de género retrógrada y otros enfrentan serias denuncias por corrupción y/o violencia contra la mujer, entre otros graves delitos.

Lamentablemente el nombramiento del nuevo Gabinete a cargo de Héctor Valer, representa un retroceso en la agenda de los derechos humanos, los derechos de la mujer, de los pueblos indígenas y del ambiente. Por ello desde Red Muqui exigimos al presidente Pedro Castillo el cambio de éste Gabinete, por otro que garantice la agenda de derechos que esperan los pueblos. Entre ellos el cumplimiento de la política de atención a los afectados/as por metales tóxicos, la implementación del protocolo para defensores/as de derechos humanos y ambientales, la ratificación del acuerdo de Escazú, la no criminalización de la protesta social. Además, debe continuar el impulso de la segunda reforma agraria, que priorice la agricultura familiar y otras alternativas sostenibles frente al crecimiento extractivista.

Un tema prioritario es la atención a uno de los mayores desastres ecológicos del país, el derrame de petróleo en el mar del Callao y el norte chico. Responsabilidad de la empresa transnacional Repsol, que al momento reporta más de 11.900 barriles de crudo vertidos al Pacífico, más de 20 playas y cinco reservas naturales afectadas. Un descalabro que, por ahora, deja sin trabajo a más de 3.000 personas, entre pescadores, artesanos, comerciantes y operadores turísticos. La gravedad de la devastación, también ecológica, requiere de un compromiso firme del gobierno por la defensa del ambiente y su población, algo que no se ha visto hasta el momento.

La contaminación ambiental en el país lamentablemente no es nueva. Por décadas comunidades andinas, amazónicas y costeras vienen denunciando esta situación, puesto que existen 8,448 pasivos ambientales mineros y otros 3,800 pasivos petroleros en todo el país sin remediación alguna. Todo ello exige que el gobierno de Castillo asuma la decisión de fortalecer la institucionalidad ambiental, y para ese fin se debe nombrar a personas idóneas y calificadas para estos cargos.

Por ello, desde la Red Muqui nos sumamos a las acciones de movilización ciudadana que se vienen convocando. Los cambios prometidos a los pueblos por el presidente Pedro Castillo en su campaña y en la toma de mando no se pueden dejar de lado, y el gabinete Valer no representa esas demandas de cambio.

 

Lima, 03 de febrero del 2022.

 

En vísperas de la lectura de la sentencia de segunda instancia del poder judicial, en el caso de los agricultores del Valle de Tambo procesados por las protestas del año 2015, la Coordinadora en Defensa del Valle de Tambo-Arequipa ha expresado hoy, a través de un pronunciamiento, su esperanza de que el tribunal le reconozca el derecho a la protesta social. Por lo tanto las Junta de Usuarios de valle de Tambo y organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora, esperan que la Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declare inocentes de los cargos que el Ministerio Público imputa a los agricultores del Valle de Tambo y solicita que las instituciones administradoras de justicia a nivel nacional e internacional garanticen la plena vigencia de los derechos fundamentales de los agricultores del Valle de Tambo.

A juicio de las organizaciones sociales la sentencia de primera instancia es una violación al derecho a la protesta y desconoce las causas en un conflicto en el cual la población se movilizó defendiendo el sustento de su vida que es la agricultura. Y argumenta que el fallo tiene un claro objetivo político de castigar y disciplinar a quienes afectan los intereses empresariales dentro de un estado de derecho que da preferencia parcializada al derecho empresarial sobre el derecho del pueblo.

En el dictamen de primera instancia el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Penal Permanente de Arequipa absolvió a 11 procesados. Sin embargo, el mismo tribunal condenó al presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo a más de 7 años de cárcel, al ex alcalde del distrito de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos, a más de 12 años de prisión efectiva y al cuestionado dirigente Pepe Julio Gutiérrez a 16 años de pena privativa de libertad.

Los agricultores lamentan que dicho fallo se produjo a pesar de que en el conflicto del 2015 el Estado actuó legitimando los intereses de minera Southern Copper y procedió de manera en extremo represiva y violenta, lo que derivó en que la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta tuviera que lamentar ocho personas fallecidas, decenas de heridos y procesados. Actos represivos que aún no han sido juzgados.

El comunicado de la Coordinadora recuerda que el pueblo del Valle de Tambo durante más de 10 años viene resistiendo la violencia empresarial de la minera Southern y del Estado. Según sus palabras ambos quieren imponer el proyecto Tía María en un valle donde más de 20 mil familias viven de la agricultura y que el 2009 mediante consulta popular rechazó con una abrumadora mayoría del 90 por ciento los proyectos mineros Tía María y La
Tapada.

Las cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas mantienen el paro indefinido que habían reanudado la madrugada del jueves 27 de enero. Las movilizaciones, que se dirigen contra la minera MMG La Bambas, en un primer momento habían bloqueado por completo el corredor minero para cualquier tipo de vehículo. Sin embargo, ahora los manifestantes le cierran el pasó sólo a los camiones y otros automóviles de la compañía.
Las comunidades reclaman la derogatoria de la Resolución Ministerial 372-2018, que convirtió caminos comunales en vía nacional, y que sean consideradas como zona de influencia ambiental y social en el estudio de impacto ambiental (EIA) de la empresa.
La decisión de continuar con el paro se acordó el domingo pese a que, según informes de prensa, se habrían producido discrepancias entre los dirigentes de las comunidades. Medios escritos coinciden en la información de que Judith Cjuno habría renunciado el domingo 30 de enero a la presidencia del Frente de Defensa de la comunidad de Ccapacmarca por los reclamos de algunos vecinos propietarios de restaurantes y hospedajes que habrían reclamado el cese del paro.
En conversación con el diario “La República” Cjuno, explicó que renunció al cargo porque considera que no se puede variar la agenda que han planeado inicialmente. Además afirmó que un sector estaría buscando negociar con la empresa minera MMG Las Bambas y el Estado, tal como lo han hecho otras comunidades de la provincia de Chumbivilcas.
En tanto, Cayo Huaytani, presidente de la Comunidad Campesina de Ccapacmarca, reconoció ante el mismo medio las discrepancias existentes de algunos ciudadanos. Sin embargo, afirmó que las comunidades de Sayhua, Tahuay, Ccapacmarca y Huscabamba finalmente acordaron continuar con el bloqueo del corredor minero.

Esta protesta se da en el marco de la firma de acuerdos el 30 de diciembre pasado entre la empresa minera, el ejecutivo y otras comunidades de la provincia de Chumbivilcas, que lograron ser incluidas en la cadena de valor de la producción del yacimiento minero.

Los habitantes de las cuatro comunidades en huelga, en cambio, han rechazado estos acuerdos porque no buscan beneficios económicos, tal como lo explicó recientemente un dirigente de la comunidad, que prefirió no ser nombrado. Las comunidades de Ccapacmarca demandan una reparación medioambiental por el daño que MMG Las Bambas está ocasionando a sus comunidades.

En conversación con el  diario “Correo”, Luis Huamaní, presidente de la comunidad campesina de Ccapacmarca, afirmó que “Más de ocho mil comuneros de todo Ccapacmarca tomarán la vía. En este momento se están organizando, necesitamos la presencia del presidente Pedro Castillo, si no estará presente seguirá esta medida de protesta, ya estamos cansados del maltrato de la minera y del Estado”.

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas. A su paso, no solo levantan la tierra y polvo de caminos que en gran parte no están asfaltados, sino que pierden una parte de los minerales que transportan. De esta forma han ido contaminando los cultivos y los pastizales de comunidades, que previa a la instalación de la minera vivían de su producción agropecuaria.

En cuanto a las posturas divergentes entre comunidades de algunos distritos y otros de la provincia de Chumbivilcas que tienen en común haber sido despojados de caminos rurales para verlos convertidos en rutas para el transporte de minerales, el dirigente de Ccapacmarca, que ha preferido el anonimato, explicó que las comunidades vecinas prefieren ser partícipes de la cadena de valor de la producción minera.

De acuerdo a esas prioridades, dichas comunidades vecinas de Chumbivilcas acordaron con la empresa, el pasado 19 de enero en la localidad de Cancahuani, crear microempresas comunales que estarán conformadas por una flota de 14 camiones para el transporte de concentrados de cobre y otras 14 camionetas que le prestarán otros servicios a la empresa e incluye un contrato para la mantención vial.

Las comunidades de Ccapacmarca, en cambio, no han cesado de denunciar los impactos ambientales por el continuo uso de sus territorios para el traslado de los camiones de carga. El dirigente añadió que existen impactos diferenciados producidos por el traslado del material que realizan los camiones. En el caso de sus comunidades, los camiones atraviesan los mismos poblados de las comunidades, en cambio, en otras comunidades de la provincia la vía usada por los vehículos se encuentra a varios kilómetros de las zonas pobladas.

En los últimos días, varias familias de la Antigua Morococha han sido notificadas con la demanda de amparo que ha presentado la empresa Minera Chinalco Perú S.A. contra 19 familias que aún no han sido reasentadas de la Antigua Morococha. La empresa sostiene que las familias estarían impidiendo el normal desarrollo de sus actividades mineras en la unidad Toromocho, por lo que solicitan que las familias se abstengas de realizar estos actos.

Se debe tener en cuenta que las 19 familias aún no han sido reasentadas debido a que la empresa no ha logrado arribar a acuerdos al no atender sus demandas y preocupaciones. Es más, como consecuencia de la perturbación de normal tránsito a causa de las actividades mineras, las familias iniciaron un proceso judicial de habeas corpus, en ella el juzgado exhortó a la empresa y al Estado a iniciar un proceso de diálogo para resolver el conflicto.

Es lamentable que la empresa minera Chinalco haya decidido iniciar este proceso judicial contra humildes familias, que no contribuye en la resolución del conflicto, y que somete innecesariamente a un nuevo proceso judicial.

Autoridades y dirigentes de comunidades campesinas y organizaciones ronderas de los distritos de Hualgayoc, Chugur, Bambamarca de las provincias de Hualgayoc-Bambamarca y de Chota han ratificado este jueves la realización de un paro interprovincial de duración indefinida, que se realizará a partir del lunes 17 de enero en el área de exploración del proyecto minero Antacori ubicada en la zona de Sinchao del distrito de Chugur en el departamento de Cajamarca. Con la movilización los comuneros buscan la paralización de los trabajos de exploración y el retiro definitivo de la minera Anta Norte de la zona.

Un reclamo que vienen planteando desde inicios del año pasado cuando trascendió finalmente que la minera pretende desarrollar un megaproyecto de explotación de cobre en Sinchao, ubicado en una cabecera de cuenca del distrito de Chugur, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
Desde entonces se han producido varios hechos de vulneración de derechos, que entre otros han provocado serios daños al medioambiente. Así, en la comunidad de Tranca de Pujupe, del Distrito de Hualgayoc, pobladores y autoridades denunciaron en marzo pasado la contaminación del agua de la represa “Aguas Coloradas”, al haber identificado un cambio repentino en el color de la misma.

La zona de exploración de minerales es limítrofe con dicha comunidad, por lo que sus habitantes sospechan que las perforaciones asociadas hayan originado el daño de los afluentes hídricos. También acusan la muerte de truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe, hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre. La organización de derechos humanos y del medioambiente Grufides constata en un reporte de mayo de 2021 que la apariencia rojiza del agua de la represa preocupa a centenares de regantes de la comunidad de Tranca y, en general, a la mayoría de agricultores de la microcuenca Tingo – Maygasbamba, por lo que los comuneros exigieron a la empresa minera que se retirara de la zona.

Otros hechos que han afectado a seres humanos y la flora y fauna de la zona se relacionan con los abrumadores pasivos ambientales que se concentran en la región y que conforman la tóxica herencia minera. En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, el derrame de relaves mineros de la operación Cerro Corona, propiedad de la empresa minera de capitales sudafricanos Goldfields, del 16 de diciembre del 2018 ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas de piscigranjas cuyo bienestar dependía de la calidad del agua del río Tingo Maygasbamba. Dicho derrame se saldó con una multa impuesta por la Autoridad Nacional del Agua a la empresa Goldfields equivalente a 4 millones 300 mil soles.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.
En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

Es por eso que, en el llamado a huelga, declaran estar en pie de lucha contra la expansión y contaminación minera de las cabeceras de cuenca, no sólo de Anta Norte con su proyecto minero Antacori sino también Goldfields y su operación Cerro Corona, Coymolache Tantahuatay y otros emplazamientos similares que por atentar contra la vida y la salud de los ecosistemas y de las familias con metales tóxicos y cancerígenos jamás tendrán licencia social.
En lo inmediato, las exigencias de las comunidades son que se declare la inviabilidad definitiva del proyecto Antacori y el retiro inmediato de la maquinaria como también del personal apostado en el Sinchao. De acuerdo al Coordinador del Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Víctor Hugo Cruzado, exigen además el archivamiento definitivo de todo proceso o acusación fiscal o judicial contra dirigentes y pobladores.
Además, reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados en reunión de trabajo celebrado en febrero del año 2019 con varios ministros y subsecretarios, entre ellos los de Salud y Energía Minas. En ellos se acordó la atención a las personas tamizadas y contaminadas con metales pesados, tóxicos y cancerígenos. También figuran la construcción del Hospital General de Hualgayoc – Bambamarca y el financiamiento y construcción de la Planta de Agua Potable para Bambamarca.

Finalmente, el pliego demanda la investigación y sanción de los responsables de la grave contaminación de piscigranjas y la muerte de miles de truchas. Un hecho que evidencia, a juicio de Víctor Hugo Crutzado, los graves perjuicios que está causando el proyecto Antacorí, ya que los peces son un indicador clave de la salud de las fuentes hídricas, y subraya que esto se ha producido cuando las faenas recién se encuentran en fase de exploración.
El dirigente ha explicado que la movilización sólo podrá ser detenida, si las autoridades gubernamentales encabezadas por la premier Mirtha Vásquez se desplazan directamente a la zona Sinchao.

Y es que la cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) conoce el trasfondo del conflicto. Según el Reporte de Conflictos del Observatorio del mismo nombre de la organización Grufides, la entonces congresista, Mirtha Vásquez, solicitó en 2020 mediante oficios a los Ministros del Ambiente, Salud y Energía y Minas intervención con carácter de urgencia para atender la problemática socio ambiental en el Distrito de Chugur.

Los representantes de las comunidades se muestran confiados en lograr que se respeten los acuerdos. Para ello, serán decisivas la capacidad de convocatoria y la duración del paro. Según palabras de Cruzado, son al menos mil los ronderos que se han comprometido a bloquear las faenas de Anta Norte. En febrero de 2019, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.