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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Tras varias semanas de estar en debate, la vacancia presidencial por ahora ha sido desestimada por el Congreso de la República luego de las negociaciones entre algunos partidos con el Ejecutivo, que generaron que no se logre alcanzar los votos para dar admisión al debate y votación final sobre la vacancia al presidente Pedro Castillo. El resultado de la votación fue: 46 a favor, 76 en contra y 4 en abstención. Como se recuerda el pedido fue impulsado por Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. Se requería de 52 votos que no llegaron a conseguir, además el motivo de la vacancia no tenia sustento político jurídico ni constitucional, ya que la figura de “incapacidad moral” es demasiado amplia como para vacar por cualquier tema al presidente de la República. Lo que sigue ahora es que el presidente Castillo tiene que corregir muchos de sus errores, sobre todo en la contratación de sus asesores y entorno más cercano, así como transparentar sus decisiones y reuniones, y empezar a trabajar en los cambios que ha prometido en la campaña electoral.

En esa línea, uno de estos temas que el gobierno está impulsando desde el MEF es la reforma tributaria. Durante la semana, también el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, estuvo en el Congreso de la República para insistir con el pedido de facultades tributarias, ya que el plazo límite para aprobar estas reformas vence el 15 de diciembre. Estos días hemos conocido que en las comisiones de Constitución y Economía en el Congreso hay algunos consensos y discrepancias sobre la reforma planteada, uno de estos temas es perfeccionar el régimen fiscal minero, dentro del cual esta el tema de un impuesto especial a las sobre ganancias mineras. Al parecer la presión y el lobby minero en el Congreso está surtiendo efecto, ya que para los gremios mineros no se debería haber ningún cambio en materia tributaria, mucho menos en este momento. Si los gremios mineros y sus aliados insisten en que nada debe cambiar en este sector, los conflictos socioambientales seguirán creciendo, ya que la desconfianza y el rechazo a la actividad minera en las poblaciones afectadas sigue en aumento.

Finalmente, cada 10 de diciembre se conmemora el día internacional de los derechos humanos, y en ese marco corresponde hoy más que nunca rendir un homenaje a muchos de nuestros hermanos defensores ambientales que fueron asesinados este año, principalmente en la Amazonía del país. Lamentablemente la situación no ha mejorado para ellos, ya que muchas veces son asesinados, perseguidos, criminalizados, hostigados y hasta estigmatizados por defender su territorio y su medio ambiente. En la mayoría de casos sus verdugos siguen libres ya que son personas vinculadas a mafias de la tala ilegal, minería ilegal o el narcotráfico. En el marco del día de los derechos humanos le corresponde al Estado peruano a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura y otros ministerios tomar medidas integrales para protegerlos. En esa línea los invitamos a sumarse y seguir promoviendo la campaña de defensores ambientales denominado: #ProtegeAquienesNosProtegen.

Por: Juan Aste Daffós, economista y consultor de Red Muqui

Las empresas mineras vienen obteniendo sobre ganancias 10 años y 4 meses desde que el cobre superó los 3 dólares la libra de cobre del 2006 al 2014 y de agosto 2020 a diciembre 2021. En la actual coyuntura las empresas mineras quieren asegurarse una mayor expansión minera y la rentabilidad futura sin ninguna reforma tributaria y sin consulta a las comunidades, agricultores y poblaciones locales. La ventaja del Perú respecto a otros países como Chile está en que posee la mayor ley del mineral (contenido fino en el mineral de cobre) y el costo de extracción más bajo (0.8 dólares la libra de cobre), debido también al reducido costo de la fuerza laboral y la energía, así como a una regulación ambiental venida a menos desde el 2015. Solo el 2021 la sobreganancia minera superaría los 5,600 millones de dólares.

Frente a coyunturas de precios altos de los metales, las empresas mineras cambian el plan de minado para explotar las zonas de menor contenido fino y mayor costo de extracción, y amplían la capacidad de las plantas procesadoras del mineral tratando más toneladas para producir la misma cantidad de cobre fino, acumulando muchos más millones de toneladas de desmonte y relaves adicionales cada año. Para ello, requieren más agua, explosivos, reactivos y otros insumos, que aumentan la contaminación del aire, aguas subterráneas y superficiales, y suelos, afectando ecosistemas, la economía de la agricultura, pesca y ganadería que ven limitadas sus actividades, la salud y la vida de las poblaciones del entorno social de la actividad minera. Peor aún, cuando se evidencia que la mayoría de planes de cierre no se cumplen porque la garantía es mucho menor que el costo del plan, y por ello, aumentan los pasivos ambientales que deben ser remediados con dinero del Estado o de todos los peruanos.

Simultáneamente, los elevados ingresos dinamizan las inversiones en exploración a través de las empresas junior, generalmente canadienses, y de las propias empresas mineras. Ello supone ganar territorios sin consulta a las poblaciones locales involucradas, que con los años se han ido trasladando en mayor cantidad hacia cabeceras de cuenca en zonas de importante producción agropecuaria que abastece de alimentos a ciudades cercanas e incluso a Lima, generándose un significativo impacto ambiental y pérdidas de ingresos y empleo masivo.

La expansión de la minería informal e ilegal, en particular en períodos de precios altos de cobre y oro principalmente, abre el camino para el posterior ingreso de la minería formal; es decir, son aliados de la misma actividad e igual fin. Sin embargo, en el valle de San Lorenzo, que comprende principalmente a los distritos de Tambogrande y Las Lomas, provincia de Piura, se produce mango, limón y arroz prioritariamente, y no hay minería informal, e incluso cuando una minera junior quiso posicionarse en dicho valle fue rechazada por la población y el alcalde de Tambogrande. La minería informal se halla concentrada irracionalmente en los distritos de Suyo y Paimas, en la provincia de Ayabaca.

La inexistencia de la consulta a comunidades y poblaciones locales hace que no se realice un análisis del riesgo ambiental, económico y social del proyecto minero frente a las alternativas de vida en los lugares donde el Estado unilateralmente ha entregado concesiones mineras y espera que las empresas obtengan la licencia social mediante el acuerdo previo. Así, la expansión minera ha terminado en muchos casos imponiéndose en los territorios con un marco legal muy permisivo que no conserva ni protege los ecosistemas hídricos, productivos y de bosques, perdiéndose la cuenca y la biodiversidad que alberga un rico material genético, y todo ello con el aval del Estado.

Las reiteradas infracciones ambientales y multas identificadas en la minería por el OEFA en 2011-2014 hizo que un grupo de 20 empresas mineras le abrieran procesos administrativos ante el Indecopi y el poder judicial y pidieran que se le retire el financiamiento (aporte por regulación) a esta entidad supervisora ambiental. Felizmente no lograron. Esta decisión de las mineras es coherente con su posición actual, expresada en el Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de febrero 2020 – espacio impulsado por la PCM- donde plantean que no haya consulta previa, que se implemente la autorregulación ambiental, y que las autorizaciones se den finalmente a través del silencio administrativo positivo, mientras los estándares de calidad ambiental del agua para riego y del aire para el dióxido de azufre se han ido flexibilizando entre el 2008 y el 2017 permitiendo mayor contaminación e impacto ambiental y en la salud de las personas. Adicionalmente, el Estado y las empresas mineras han imposibilitado u ocultado informes que establecen la relación causa efecto.

A estos hechos hay que señalar condiciones inaceptables, como que la empresa minera siga contratando a una consultora para que le elabore varios Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la defienda de las observaciones del Estado, o cuando la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no solo le otorga derechos de uso de aguas a las mineras sin tomar en cuenta la demanda presente y futura del agua para los planes de vida de las comunidades y poblaciones cercanas, sino que para comprobar la información presentada por la empresa en la línea base del EIA no va a la zona para levantar el inventario de fuentes hídricas de la cuenca donde está el proyecto sino que esta información se la entrega la propia empresa minera. Las estaciones de monitoreo ambiental son determinadas en lugares acordados por la empresa y el Estado, sin la participación de los actores sociales de la localidad directamente involucrados.

El balance hídrico no toma en cuenta la demanda de agua de los proyectos de corto y mediano plazo de las comunidades, productores agrarios y poblaciones locales, y los estudios hidrogeológicos resultan insuficientes porque subestiman el nivel de contaminación de las aguas subterráneas que son las más afectadas por la actividad minera al producir aguas ácidas y recibir las filtraciones del relave aguas abajo de la cuenca. El Estado tampoco verifica en campo el dato del EIA sobre el área de la comunidad utilizada realmente por los proyectos mineros.

Esto significa que las empresas mineras han ido contaminando y comprometiendo más cuencas y producción de la agricultura familiar de cada vez más poblaciones, que con el cambio climático se ha acentuado el estrés hídrico que ya padecen, y por ello, no otorgan licencia social a los proyectos mineros para proteger su agroalimentación y su vida. Esto explica el por qué campesinos y agricultores y poblaciones locales rechazan o piden el retiro de la actividad minera de sus territorios y por qué el ordenamiento territorial participativo con respeto a la autonomía de las comunidades, agricultores y poblaciones locales resulta urgente.

Cabe precisar aquí, que entre el 2015 y 2019 las mineras han estado pagando tributos entre el 8 y el 10% del total recibido por el Estado, y si se le descuentan las devoluciones de tributos, su aporte sería de solo el 3%, salvo ahora que, con precios muy elevados de los metales, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha sido del 14.4%. En otras palabras, en el 2021 más del 85% del ingreso neto por tributos no procede de la minería, ocurriendo lo mismo con su aporte al PBI y al empleo directo, que solo es 1.2% de la PEA. Pero si al reducido pago de tributos, se le descuenta el valor del impacto ambiental (ecológico, económico y social) que se pierde, el valor final sería negativo. Esto último es muy importante, porque el Perú es un país megabiodiverso, pluricultural y multilingue.

A manera de colofón, la campaña de algunos diarios para defender la actividad de las empresas mineras como si actuaran ambiental y socialmente de manera responsable, y las comunidades y poblaciones locales fueran vándalos que afectan los ingresos fiscales y las sobreganancias, por lo que solo deben merecer la criminalización de las protestas y no el diálogo, resulta inaceptable. Como también lo son algunas afirmaciones de personas interesadas que hablan en defensa de las empresas mineras sin conocer la realidad de la minería en el Perú.

Mención aparte merece Roque Benavides que, en el caso de la unidad Uchucchacua de Cía de Minas Buenaventura, y en un contexto de precios altos de los metales, pretende que el MINEM le autorice la suspensión de operaciones “por la baja de la ley del mineral”, para luego solicitar el cese colectivo, y de esta manera, desaparecer los sindicatos y reducir el costo de la fuerza laboral y continuar con un nuevo proyecto muy cerca al anterior.

De manera urgente, se requiere descentralizar la gestión ambiental y de los conflictos, realizar ordenamiento territorial e hídrico, garantizar la consulta, la vigilancia ambiental y la salud a las poblaciones, y en general, depender menos de la actividad minera y diversificar la economía.

 

 

 

 

 

Por: Juan Aste Daffós, economista y especialista en minería                                                               

La expansión minera sin límites y con precios muy altos de los metales, ha ido severamente afectando las cuencas hídricas en los últimos 15 años, y con ello, la calidad y la disponibilidad del agua para la agricultura familiar y el turismo. La permisividad en la aprobación de los EIA y los estándares de calidad ambiental (ECA), las decisiones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el otorgamiento de derechos de uso de agua a partir de la información de las fuentes hídricas que presentan las empresas mineras, y el desincentivo para cumplir con los planes de cierre, generando más pasivos ambientales adicionales a los más de 7668 existentes al 2021, explican el grave impacto sobre las cuencas hídricas, más aun, cuando los efectos del cambio climático se acrecientan, y las comunidades y poblaciones locales constatan y sufren las consecuencias de esta crítica situación de estrés hídrico, en un contexto de pandemia que puede repetirse.

A raíz de los planes de cierre de minas, que son compromisos ambientales que se dan a lo largo de un proyecto minero (cierre progresivo) y al concluir la vida útil del mismo (cierre final), que están culminando 4 empresas mineras en Ayacucho, y el rechazo a la imposición de la expansión minera en estos y otros lugares del país, porque atentan contra las cabeceras de cuenca y la disponibilidad del agua para la agricultura y la alimentación, es que no hay licencia social, y se ha puesto en debate ¿bajo qué condiciones puede expandirse la actividad minera? ¿Es aceptable que lo obtenido por una empresa minera en 20 años de vida útil de un proyecto afecte por siempre lo que se consigue en producción y vida de una cabecera de cuenca? Esto nos lleva al estratégico tema del ordenamiento territorial (OT), de la aprobación de su respectiva ley y la aplicación de los planes de OT. Estos planes implican determinar que uso productivo van a tener los territorios y bajo qué condiciones deben hacerlo, por lo tanto, definen en que lugares se incorpora la actividad minera y en cuáles no.

Aquí es donde debe garantizarse la implementación de consultas efectivas a las poblaciones locales involucradas, respetándose la autonomía y capacidad de decisión en sus territorios, sin embargo, esto no se hace, sino que las consultas se realizan respecto al procedimiento administrativo de la resolución directoral que aprueba el EIA y el plan de cierre, pero no sobre el impacto de los proyectos en las cuencas hídricas ni sobre el riesgo de la pérdida de la producción y empleo en el área de influencia del proyecto minero, porque esto se ve en los talleres y audiencias públicas, donde la opinión de los participantes es solo un comentario sujeto a respuesta y nada más.

Expandir la actividad minera sin hacer ordenamiento hídrico que responda a planes participativos de ordenamiento territorial o planes de vida determinados por las comunidades y poblaciones locales, en coordinación con los representantes del Estado en sus diferentes  niveles del territorio, es promover la destrucción de las cabeceras de cuenca, el empleo y la producción agroalimentaria, vinculada al fortalecimiento del sistema inmunológico, y que luego se tenga que importar alimentos, mientras las únicas que ganan son las empresas mineras, que solo pagan en tributos entre el 8 y el 10% del total recibido por el Estado, y neto de devoluciones el 3%, salvo ahora, que con precios muy elevados de los metales, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha sido del 14.4%.

La expansión sin límites la actividad minera hace rato está decidiendo el uso del territorio y el agua, y haciendo a medias o dejando sin cumplir los compromisos de remediación ambiental de los planes de cierre, que luego deben ser ejecutados con dinero del Estado o de todos los peruanos o simplemente quedan como pasivos ambientales y fuente de contaminación e impacto en la salud para las poblaciones locales. En consecuencia, el rechazo de las comunidades y poblaciones de las provincias Lucanas, Parinacochas y Paúcar del Sara Sara, representa solo un ejemplo del impacto ambiental, económico y social de la minería en el Perú.

Esto significa que está creciendo el no otorgamiento de la licencia social a los proyectos mineros, que en estos casos ha aparecido en la etapa de culminación de la extracción del mineral, pero también implica que los proyectos de exploración en estas tres provincias tampoco tienen licencia social porque constituyen un serio riesgo para la alimentación, el empleo y los ingresos, generados por la disponibilidad de agua libre de contaminación de las cabeceras de cuenca que sostienen la agricultura y la crianza de camélidos sudamericanos.

Por eso, no extraña que la SNMP y la CONFIEP hayan puesto el grito en el cielo y ahora muestran su preocupación de que los pueblos cuestionen decididamente la prioridad de la minería, recordándonos que es una actividad que ha mostrado influencia y dominio sobre las autoridades locales y divisiones en el pueblo, además de pobreza. Las comunidades y poblaciones locales han abierto el debate sobre quiénes y cómo se ha estado decidiendo el uso del territorio en el Perú. El Ejecutivo y el congreso deben asumir la urgencia de una ley de ordenamiento territorial que responda a la realidad actual y no se continúen imponiendo los intereses de las empresas mineras, que reproducen un modelo económico insostenible.

En este contexto, las posibilidades de implementar proyectos de Conservación y Protección de Cabeceras de Cuenca están limitadas por las decisiones políticas de los gobiernos que promueven la minería a cualquier costo ambiental y social. Sin embargo, al tener un origen ancestral, la gestión de las cuencas hídricas es la que ha sostenido y aun sostiene la agroalimentación y la vida de las comunidades y pueblos. El presidente Castillo fue elegido por las poblaciones de las regiones mal llamadas mineras, que forman parte de todos los que votaron por el cambio, y son ahora más conscientes de la urgencia de conservar y proteger las cabeceras de cuenca, el agua, la vida, mientras las mineras formales, informales e ilegales quieren controlar más territorios y obtener sobre ganancias como ahora.

Las familias no reasentadas de la antigua ciudad de Morococha invitan a los medios de comunicación a la conferencia de prensa a realizarse el lunes 22 de noviembre a las 11 Am en el auditorio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH (Calle Pezet y Monet 2467, Lince),  para presentar sus demandas, luego de haber logrado una resolución del poder judicial que reconoce y declara sus derechos constitucionales “a vivir dignamente, a su integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar “, frente a las acciones de la empresa minera Chinalco en el lugar en el que viven. Luego de casi un año de demora del proceso de Habeas Corpus presentado por los pobladores de la antigua ciudad de Morococha contra la empresa minera Chinalco por la violación de los derechos fundamentales a la libertad de tránsito al haber cerrado el acceso de los pobladores a sus viviendas donde viven con sus familias, si mal el juez, en primera instancia, declaró infundada la solicitud de los pobladores para reabrir la vía de acceso, porque la vía fue aperturada por los propios pobladores ante el letargo o demora del proceso; también señala que las familias tienen vigentes sus derechos constitucionales, situación que contradice lo esgrimido reiteradamente por la empresa minera Chinalco, que señalaba que eran merodeadores de la antigua Morococha e incluso personas ilegales que estarían viviendo a cuenta y riesgo propio.

El reconocimiento de los derechos y su expresa declaración en la sentencia de habeas corpus, constituye un importante pronunciamiento de nuestra justicia emitida dentro de un proceso constitucional, aunque la demora de un año en su expedición, rehabilita el reconocimiento de los derechos de los pobladores de la antigua ciudad de Morococha y exhorta a la municipalidad distrital de Morococha, a la empresa Minera Chinalco y al Ministerio de Energía y Minas a evitar amenazas y posibles violaciones de derechos fundamentales de los pobladores que aun residen con sus familias en la antigua ciudad de Morococha situación que se reconoce independientemente de que vivan o no en una zona declarada de riesgo no mitigable.

Como se recuerda, tras los ofrecimientos de Chinalco para poder desarrollar su proyecto minero, el 2012 inició el reasentamiento de aproximadamente 1200 familias a la nueva ciudad de Carhuacoto; sin embargo, varias familias no aceptaron esos ofrecimientos.

Fecha: Lunes 22 de noviembre del 2021

Hora: 11:00 am

Lugar: Auditorio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH (Calle Pezet y Monet 2467 Lince – Lima)

FORTALECIENDO CAPACIDADES DE LIDERES, LIDERESAS Y DIRIGENTES EN MARCO DEL COVID-19

En medio de la pandemia del Covid 19 que viene afectando al planeta, la Red Muqui logró implementar un proceso de capacitación virtual “Muqui 2020” y “Muqui 2021” para el fortalecimiento de capacidades de los líderes, lideresas y dirigentes de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería. Si bien en la primera fase participaron 84 personas de nueves regiones, en esta segunda fase se logró capacitar 45 líderes y lideresas de ocho regiones provenientes de Piura, Cajamarca, Ancash, Junín, Puno, Arequipa, Cusco y Cerro de Pasco, quiénes ahora cuentan con mejores herramientas para poner en práctica la defensa de sus derechos y actualizar sus agendas de protección del territorio, agua y modos de vida con enfoque de género.

La capacitación virtual también ha servido para compartir las diferentes experiencias de conflictos socio ambientales en el país, desde los aprendizajes y conocimientos en los territorios relacionados con la resistencia frente a la imposición de la minería y las luchas por proteger sus territorios, el agua y sus modos de vida. En ese línea, los participantes han planteado generar el debate sobre la nueva constitución y la necesidad de construir un gobierno desde las organizaciones de base, comunidades campesinas e indígenas, sindicatos, frentes de defensa y ciudadanía organizada en general, en pro de construir un proyecto de vida en común.

En ese sentido la participación de la mujer ha sido fundamental con más del 70% de lideresas que han logrado fortalecer sus capacidades para la defensa de sus derechos con el compromiso de incluir el enfoque de género en sus organizaciones y en la construcción de sus agendas e incidencia política.

Finalmente, los participantes han recomendado continuar con las capacitaciones presenciales en los propios territorios y de esta manera seguir fortaleciendo las capacidades de los líderes, dirigentes y poblaciones afectadas por la minería.

Las instituciones miembros de la Red Muqui reunidas los días 14 y 15 de octubre en Asamblea Ordinaria, reconocemos que la instalación y primeras medidas del gobierno de Pedro Castillo se enfrentan a un gran desafío: la expectativa y esperanza de cambios profundos para los pueblos en nuestro país.

Más aún cuando la pandemia por la Covid-19 ha puesto en evidencia las grandes brechas por demandas insatisfechas de comunidades y poblaciones cuya situación de vulnerabilidad se ha incrementado. Indicadores negativos y alarmantes de pobreza en relación a salud, alimentación y educación resaltan en las zonas rurales y del interior del país.

A la vez, en medio de estas graves dificultades, el país se enfrenta a intentos antidemocráticos y excluyentes de sectores conservadores y de extrema derecha, que rechazan con toda su maquinaria mediática cualquier posibilidad de que los espacios ganados por sectores del pueblo y la sociedad civil progresista se expresen en el gobierno con una mirada y acciones propias.

A pesar de estas dificultades, existe una gran expectativa en los pueblos sobre lo que pueda realizar el gobierno del Presidente Pedro Castillo, para encarar la urgente necesidad de transformar un modelo neoliberal y minero extractivo. El mismo que desde hace varias décadas viene excluyendo y marginando a millones de peruanos y peruanas, entre ellas a las comunidades y pueblos indígenas. Las que han sido afectadas por el desarrollo de grandes proyectos mineros, que han vulnerado sus derechos colectivos, siendo en muchos casos criminalizados y judicializados por defender sus territorios, su ambiente, su salud y su vida misma.

Por eso, desde la Red Muqui nos reafirmamos en que, uno de los grandes procesos que se debe impulsar y acompañar desde abajo y junto a los pueblos es, la demanda de una nueva constitución, que nazca en democracia y que sea elaborada con la mayor participación de los pueblos indígenas, las comunidades originarias y las organizaciones sociales de nuestro país.

Este proceso constituyente debe incluir reformas fundamentales como: la segunda reforma agraria para reivindicar a los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores de la costa, sierra y selva y colocar en el lugar que le corresponde a la agricultura familiar. De tal manera asegurar la soberanía alimentaria y respetar las decisiones de los pueblos sobre sus proyectos comunitarios de vida alternativos al desarrollo extractivista. Es necesario también regular la expansión minera, revisando el marco normativo minero vigente, implementar una reforma tributaria del sector, que logre que las empresas mineras paguen lo justo, con procedimientos de fiscalización y sanción efectiva cuando corresponda.

En medio de este contexto, es importante resaltar que se han reactivado los conflictos socioambientales y vemos con preocupación la poca capacidad del gobierno para gestionar y resolver los conflictos. Este apela a mesas de diálogo sin una voluntad política para solucionar los problemas y entrega respuestas economicistas cuando se sabe que los conflictos socioambientales en los territorios son multicausales y multidimensionales.

En vista de que el proceso popular por una nueva constitución, que está en marcha, es de mediano plazo, planteamos algunas urgencias que este gobierno debe atender. Temas que en su oportunidad hemos planteado desde la Red Muqui, como:

Al Ejecutivo:

  • Aprobación del Plan Especial Multisectorial de atención de los afectados y afectadas por metales tóxicos.
  • Iniciar la discusión sobre la reforma tributaria en el sector minero y un impuesto especial a la sobre ganancia minera.
  • La gestión social del agua, la que incluye la revisión de ley de recursos hídricos y reforma de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
  • Que se garantice las políticas de equidad de género y de modo prioritario la atención a la situación de las mujeres.
  • Implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
  • Garantizar una plena participación de los pueblos indígenas y originarios y su derecho a la consulta previa en el desarrollo de proyectos extractivos.

Al Congreso de la República:

  • Discusión de la ley de ordenamiento territorial (OT) nacional a partir un proceso participativo, tomando en cuentas las experiencias de ordenamiento territorial comunales, locales y regionales. Enmarcado en la política de Estado Nro. 34 sobre el Ordenamiento y Gestión Territorial del Acuerdo Nacional.
  • Revisión de un nuevo marco normativo para la minería, así como la política sobre concesiones mineras en el país.
  • Retomar la discusión y aprobación de la ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria.
  • Derogatoria de normas y leyes que permiten el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en casos de conflictividad social; y reforzar el sistema normativo que permita proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales.

Para finalizar, no hay posibilidad de cambio sin la participación de los pueblos indígenas, comunidades originarias y organizaciones sociales del país. Por eso debemos seguir vigilantes en torno a las decisiones que toma el gobierno y contribuir con críticas y propuestas hacia el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad que necesitan los pueblos para vivir con dignidad en el Perú.

Lima, 26 de octubre del 2021.

Por: Beatriz Cortez Sánchez

Esta semana el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha publicado el documento sobre “La rentabilidad social” de la minería, donde establece una serie de criterios para su medición. Se señala que estos conceptos han sido expuestos en el libro: «¿Inversión extranjera = desarrollo?» de autoría del propio ministro Iván Merino publicado el 2003. El documento oficial del MINEM señala que “para que esas iniciativas (inversión privada) sean viables deben ofrecer rentabilidad económica al titular del proyecto y rentabilidad social al territorio donde se ejecutarán”, es de resaltar que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ya ha señalado en sus eventos públicos que ellos ya vienen aplicando el criterio de “rentabilidad social”.

En nota de prensa de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Magaly Bardales sostuvo que “la rentabilidad social ya forma parte de la actuación de las empresas mineras”. La SNMPE resalta especialmente que se tiene que “construir sobre lo ya avanzado”. La preocupación del principal gremio minero en el Perú es que la actual gestión del MINEM continúe con las reformas y ajustes logrados por influencia de ellos en los últimos años. Debemos recordar que el año pasado, 2020, en plena pandemia, producto del lobby minero se aprobó el Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros  (Decreto Supremo N° 020-2020-EM)  y el Nuevo Reglamento de protección Ambiental para actividades de Exploración Minera (Decreto Supremo N° 019-2020-EM).

Ahora, con el documento sobre criterios de rentabilidad social publicado por el MINEM, se puede observar de manera muy preocupante, las coincidencias entre la propuesta del ministro Iván Merino y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

El documento señala 7 criterios para medir a rentabilidad social: 1) Dinamización de la economía, 2) Ingreso Nacional, Balanza Fiscal y Balanza de Pagos 3) Nivel y calidad de empleos y salarios 4) Infraestructura local y nacional 5) Tecnología, 6) Distribución del ingreso, estructura del status y poder y 7) Ecosistema y cultura. El documento no solo tiene inconsistencias y grandes vacíos de diagnóstico social, económico, cultural y ambiental, sino que además se omite el enfoque de derechos humanos y plantea una mirada asistencialista y privatista.

La CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) en su informe sobre “Empresas y Derechos Humanos” de 2019 ha señalado que los Estados deben conducir adecuadamente la realización de los derechos humanos, incluido el “derecho al desarrollo, (…) se  requerirá, fundamentalmente, empoderar a las personas y las comunidades como titulares de derechos, ponerlas al centro de cómo se concibe e implementa el desarrollo(…)» (pág. 35). Agregan que: el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un componente más para la realización del derecho al desarrollo y los derechos humanos en general; el derecho al desarrollo entonces permite observar cómo Estados y empresas cumplen sus obligaciones y si los procedimientos seguidos son coherentes con el marco de los derechos humanos.

Por ello creemos pertinente hacer algunos comentarios respecto a los criterios de viabilidad social y económica presentados por el MINEM, ya que estos criterios indefectiblemente deben estar vinculados también a la protección de los derechos humanos.

Comentarios y análisis del Documento de «Rentabilidad Social» del MINEM

Entre varios de los puntos más llamativos, el Eje de “Ecosistemas y culturas” no contiene ni un diagnóstico mínimo del impacto ambiental; solo se reduce a señalar “las modificaciones físicas en el medio ambiente, producto de la acción directa de los proyectos son relativamente fáciles de señalar y evaluar”. Hay un gran vacío en describir el relacionamiento del desarrollo económico local con las condiciones socio-ambientales del territorio. Aquí se omite variables claves como el impacto en la salud humana y ambiental. La rentabilidad social no puede omitir esto, teniendo en cuenta que uno de los principales impactos en la minera es la contaminación del ambiente y sus componentes debido a metales tóxicos.

Otro vacío transversal en el documento es que omite que los principales actores sociales en los territorios impactados por la actividad minera son las comunidades campesinas. En el documento publicado no se señala nada sobre los derechos de los pueblos indígenas, solo habla de “grupo de personas” o “grupos marginados o desplazados”. Se omite que el desarrollo de la economía local, está íntimamente vinculado a los valores culturales y sociales de los pueblos indígenas impactados y en general de las poblaciones asentadas en los diversos territorios. Además, es preocupante la mirada colonialista de creer que los actores sociales en el territorio son meros receptores de “conocimiento”, “capacitaciones” y/o “tecnologías” mineras. El Estado tiene que valorar las propias actividades productivas que ya desarrollan las comunidades y las diversas poblaciones en el país, no solo considerar la actividad minera como única actividad en el territorio impactado, creyendo sin sustento técnico que las empresas mineras podrán desarrollar importantes cadenas productivas a nivel local, porque en todos estos años no lo han logrado.

Por otro lado, el Eje «Empleos y salarios» se centra el análisis en la “productividad” de las empresas mineras por capacitación de “mano de obra”, más no señala nada sobre el estado actual de los derechos laborales y sindicales en el sector minero. Siendo los conflictos por condiciones laborales una problemática latente a nivel nacional. Esto sin entrar al detalle de que la minería no está dando la cantidad de empleos necesarios para generar mayor bienestar y sostenibilidad económica en los territorios donde ingresa.

En la última parte, que es la más importante del documento, se desarrollan 34 preguntas dirigidas especialmente a medir el relacionamiento o impacto económico-laboral de la empresa minera en el territorio. Pero es llamativo que se traten de preguntas para proyectos en funcionamiento, es decir cuando los impactos ya se están dando, y que casi en su totalidad estén formuladas para ser dirigidas al sector empresarial. ¿No se supone que son preguntas para evaluar la viabilidad de los proyectos futuros, de manera previa al funcionamiento de estos? ¿Cómo se puede analizar viabilidad social y económica con preguntas especialmente dirigidas al empresariado y no a las comunidades y poblaciones?

Las preguntas planteadas para evaluar la rentabilidad social están dejando de lado a actores claves en los territorios, además que omiten el enfoque de derechos humanos, solo una de las preguntas hace una referencia muy vaga a normas de la OIT (Organización internacional del Trabajo), pero también tenemos otro tipo de derechos conexos e interrelacionados, de mucha relevancia, como el derecho al agua, la salud, el ambiente, educación, alimentación, vivienda, entre otros.

El desarrollo no puede seguir siendo medido solo en términos planteados por los grandes inversionistas, sin analizar en concreto las amplias necesidades de la población y comunidades. El gobierno de Pedro Castillo no debe olvidar que tiene un mandato para generar cambios a favor de la vida y la economía del pueblo: para esto el Estado debe reforzar su rol como garante de derechos y regulador económico. Esto es: lograr que las políticas de producción económica sean acordes a la promoción y protección derechos humanos, especialmente los derechos sociales. 

 

El pasado lunes 6 de septiembre el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, se reunió en Huancavelica con representantes de diversas organizaciones sociales de base, dirigentes, ingenieros, entre otros; para escuchar la posición de la población frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur.

Como se sabe, dicho proyecto minero pone en peligro de contaminación por arsénico el consumo de agua de más de 50 mil huancavelicanos. Esto debido a que el área de exploración se encuentra ubicado en la cabecera de la microcuenca de la quebrada Callqui. 

Esta quebrada abastece aproximadamente más del 70% de agua a la planta de tratamiento EMAPA. A ello se suma la presencia de 46 manantiales, 16 quebradas, 2 lagunas y 8 bofedales en una zona considerada por la propia Nexa Resource, en su Declaratoria de Impacto Ambiental, en una zona de ecosistema frágil.

En su participación, la regidora y especialista ambiental, Elsa Benavente, indicó que las cabeceras de cuenca tienen que ser protegidas porque es donde nace el agua y por lo tanto ser declaradas zonas intangibles.

Además, precisó que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Nexa Respurce, menciona que se harán 40 perforaciones de 100 a 1000 metros de profundidad. Benavente manifestó, “no hay que ser experto para darnos cuenta de que si o si van a cruzarse estas aguas subterráneas. En el propio estudio de Nexa y el informe del ANA dice que los riesgos ambientales de este proyecto es que durante la perforación se cruzara con acuíferos, agua subterránea que alterara la calidad de agua”

Por otro lado, Benavente indicó que presentaran una acción de amparo frente a la resolución del SENACE que aprobó la MEIA presentada por Nexa Resource. 

Por su lado, el congresista huancavelicano, Alfredo Pariona; indicó que “nosotros no somos antimineros, si el proyecto minero Pukaqaqa Sur se da tiene que ser respetando las normas vigentes, pagando a sus trabajadores, respetando el medio ambiente y que no haya conflicto alguno”. Así mismo, indicó que desde su labor como congresista electo estará siempre atento a salvaguardar los intereses de Huancavelica. 

Palabra de Ministro

En su intervención, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino manifestó que se encontraba dispuesto a escuchar y promocionar lo que se quedó desde la campaña y lo que dijo el presidente Castillo; “vamos a promover los proyectos que tengan rentabilidad social, nosotros hemos llegado aquí por el voto del pueblo”.

El ministro dejó en claro que lo más importante es el impacto en la zona, “cualquier intervención tiene que ser con respeto a la cultura local, cualquier proyecto tiene que acondicionarse a la realidad local, si todo proyecto cumple estos requisitos va a tener el apoyo del gobierno e incentivos”

En relación al proyecto minero Pukaqaqa Sur indicó que lo que existe es falta de información de ambas partes, así como falta de dialogo; “primero, la resolución ministerial emitida el 15 de diciembre no constituye ningún otorgamiento de autorización alguno o permiso, la resolución de consejo de minería no es la entidad que autoriza ningún accionar, es un ente que resuelve quejas, no manda ejecución”

De otro lado, el ministro de Energía y Minas reconoció la posición de la población huancavelicana frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur como mayoritaria en rechazo de la misma e indicó que respetaran la decisión basándose en la rentabilidad social.

“Es necesario trabajar en conjunto, tenemos una buena relación con la comisión del congreso que ve estos temas y creo que con ellos vamos a tratar y sería la primera instancia donde trabajemos los congresistas locales para que no haya distorsión de la información, debemos tener el diagnóstico preciso”

Finalmente indico que se reuniría con representantes de la empresa Nexa Resource para validar información.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, recalco que su despacho tomará las acciones inmediatas frente a este hecho, para lo cual convocará a una reunión donde participarán los congresistas por Huancavelica, así como los de la Comisión de Energía y Minas (COMEM) y representantes del MINEM para asumir responsablemente la más apropiada decisión.

El día de hoy, a partir de las 9 y 30 de la mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, expuso las medidas que implementará su gabinete durante su gestión para el desarrollo del país. Asimismo, hizo énfasis en como desde el gobierno se impulsará la actividad minera.
La primera parte del discurso del premier estuvo abocada a explicar cuáles serían las medidas del gobierno para la reactivación económica. Dentro de ello, Guido Bellido señaló que implementarán el impuesto a las sobre-ganancias mineras para así lograr mayor recaudación económica para el Estado y puedan promover el gasto público orientado a las obras públicas para la generación de empleo. Precisó: “nuestro gobierno apoyará e incentivará la inversión pública y privada con criterio de rentabilidad social”.
Respecto a la actividad minera señaló que “se pondrá en funcionamiento una ventanilla única para eliminar procesos improductivos, y facilitar la instalación de nuevos proyectos a corto plazo”, confirmando de esta forma la política de continuidad en el sector minero por parte de este gobierno, sin plantear grandes reformas.
Asimismo, señaló que “se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva en función del desarrollo sostenible de cada territorio”. Sin embargo, no mencionó como se desarrollaría este pacto.

Enfoque territorial

Respecto al enfoque para desarrollar la actividad minera, señaló que su gestión impulsará el enfoque territorial. Como hemos visto a lo largo de estos años, los sucesivos gobiernos solo han visto el territorio como un espacio para extraer recursos naturales sin mínimamente, por ejemplo, implementar la consulta previa, libre e informada. Tampoco se precisó en el discurso si el enfoque territorial para el desarrollo de la actividad minera incluirá la discusión de un marco normativo sobre el ordenamiento territorial en el país.
Del mismo modo no se mencionó si se reconocerá el ordenamiento territorial que vienen implementando las comunidades y los gobiernos locales, quienes vienen determinando dónde sí puede haber minería y dónde no, teniendo en cuenta la zonificación ecológica y económica de los territorios, así como la protección de las cabeceras de cuenca.
Asimismo, precisó que se establecerán plazos estrictos para el desarrollo de los proyectos. “Los proyectos deben brindar un aporte sostenible que brinde apoyo a la población local”, señaló.

Diálogo y corredor minero del sur-andino

Respecto a la prevención de la conflictividad social, precisó: “Se considerarán procesos de diálogo para evitar conflictos sociales. No hay necesidad de conflictos en el país, a nadie se le va a excluir. Ese será nuestro secreto y fortaleza”. Actualmente el gobierno está en un proceso de diálogo con las comunidades de Chumbivilcas y la empresa minera MMG Las Bambas.
Uno de los factores claves en el conflicto del corredor minero sur que involucra a las comunidades de Chumbivilcas, es que actualmente pasan más de 400 camiones diarios con minerales, generando impactos ambientales y sociales en los territorios comunales, además de que el gobierno en el pasado aprobó una carretera sin consultar a nadie, transformándolo en una vía nacional para el paso exclusivo de los camiones mineros.
Frente a esta problemática, el premier lanzó una propuesta que años atrás había sido prometida por la empresa: se construirá un tren para trasladar los minerales por todo el corredor minero sur que llegue a Marcona. “El nodo minero del sur andino y el puerto de Marcona serán conectados por un tren, para los minerales y pasajeros, donde la alianza privada y pública se manifestará”, precisó el presidente de la PCM.

Ambiente

Sobre los impactos ambientales de la minería, solo precisó que para los pasivos ambientales se exigirá garantías reales para el cierre de minas, y así “se evitará así trasladar éstos problemas a futuras generaciones”.

El presidente de la PCM finalizó su discurso sobre el desarrollo de la actividad minera, señalando que el Perú es un país minero y agrícola, y que volverán a instaurar la armonía entre éstas actividades con la Pachamama, en la costa, sierra y selva. “La Pachamama que nos sostiene a todos” manifestó. Con estos planteamientos va quedando claro que el gobierno de Pedro Castillo mantendrá una línea de continuidad en la política minera del país.

En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el último sábado 21 de agosto se realizó un proceso de diálogo en la comunidad de Cancahuani del distrito de Capaccmarca, entre las 7 comunidades originarias de la provincia de Chumbivilcas, autoridades de gobierno, y representantes de la empresa minera Las Bambas. Esta reunión representó una reunión preparatoria entre este sector de la población y la comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para instalar la mesa de diálogo que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de agosto.

Si bien, como lo informó Red Muqui [ver nota], las comunidades esperaban la presencia del presidente del consejo de ministros, Guido Bellido, en la reunión preparatoria, esta no se dio. Sin embargo, desde la PCM, se comunicó que Bellido estará en la mesa de diálogo del 28 de agosto en la comunidad de Huininquiri.

Luego de aproximadamente 6 horas de discusión en la reunión preparatoria, los representantes de las ocho comunidades quechuas presentes y del Ejecutivo, acordaron la conformación de cuatro subcomisiones de trabajo para atender las demandas de las comunidades en torno al corredor minero

Antecedentes

Recordemos que el 23 de julio del presente año, las comunidades de Chumbivilcas iniciaron un bloqueo de la vía y protestas para reclamar la Nulidad de la R.M. N° 372-2018-MTC, que usurpa los terrenos y declara como Vía Nacional las carreteras comunales. Por estas vías re-categorizadas como vías nacionales, transitan vehículos que ocasionan -en diferentes grados- contaminación sonora y del aire, el agua y los suelos de las comunidades ubicadas en los distritos de Velille, Ccapacmarca, Santo Tomás, Chamaca, Livitaca y Colquemarca, tal como lo señala el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el 2019.

De esta manera, además de la nulidad de la norma, las comunidades exigen a la empresa minera el pago de indemnizaciones justas por sus tierras y ser proveedoras de servicios de la minera para que pueda aportar a la economía local de las comunidades.

4 comisiones de trabajo

Una de las cuatro comisiones de trabajo que se definieron en la reunión del sábado 21, fue el 1er subgrupo de trabajo, presidido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que se encargará de analizar la nulidad de la RM N° 372-2018-MTC, la cual, como se mencionó antes, autorizó crear una ruta nacional en sus territorios sin mínimamente implementar la consulta previa.

El subgrupo 2, presidido por el Ministerio del Ambiente (MINAM), se dedicará a evaluar las afectaciones ambientales y a analizar las posibles compensaciones e indemnizaciones de las 7 comunidades. 

Por otro lado, el subgrupo 3, presidido por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción y la empresa minera Las Bambas, se encargará de promover que las comunidades tengan la posibilidad de convertirse en proveedores de bienes y servicios e integrar a la cadena de valor de la empresa minera. 

Finalmente, el subgrupo 4, presidido por el Ministerio de Justicia (MINJUS), será el responsable de recoger las situaciones de criminalización de la protesta, procesos judiciales contra dirigentes y afectaciones a los derechos humanos.

Estos 4 subgrupos serán parte de la instalación de la mesa de diálogo el próximo 28 de agosto con la presencia del presidente de la PCM, Guido Bellido. Estas acciones de parte del gobierno son fruto de la protesta de las comunidades retomada el 16 de agosto, que, al no ver que la PCM implementaba la mesa de diálogo y no contestaba las llamadas ni cartas – enviada el 9 de agosto -, decidieron hacer un llamado de atención. La mesa de diálogo debió instalarse el 11 de agosto, tal como lo había prometido el premier Guido Bellido el 2 de agosto.