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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) avanza en la protección de DDHH aprobando un importante instrumento de política pública para analizar patrones y tendencias de ataques a personas defensoras. Por otro lado; el Tribunal Constitucional dicta una sentencia incongruente para la protección de personas defensoras y declara constitucional Convenios entre PNP y empresas extractivas.

En un período en que se viene agravando el ataque a defensores y defensoras ambientales y de DDHH – 5 asesinados y varios heridos en lo que va del 2020-; el primero de octubre se emitió la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos. El Registro es parte de las metas establecidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En abril de 2019 el MINJUSDH aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, herramienta que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de sus actividades de promoción, protección y defensa, siempre que lo hagan de forma pacífica y dentro del marco del derecho nacional e internacional.

Sobre la aprobación del “Registro de situaciones de riesgo”; Mar Pérez, coordinadora del Grupo de Defensores y Defensoras de la Coordinadora Nacional de DDHH señala que: “La creación del registro de ataques a personas defensoras de derechos humanos es un paso importante hacia la creación de un mecanismo integral de protección. Gracias a esta herramienta se podrán identificar cuáles son los principales patrones de ataques, para a partir de allí diseñar políticas de protección ajustadas a las necesidades reales, e intervenir en los lugares donde más se requiere”

Como señala Mar Pérez, la aprobación de este Registro es un avance para obtener una política integral de protección de personas defensoras. Desde la sociedad civil se ha participado activamente desde el 2018 en la Mesa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Red Muqui en coordinación con el Grupo de Defensores de la CNDDHH ha venido presentado observaciones y aportes haciendo énfasis en la protección de personas defensoras del territorio y el ambiente en zonas donde se desarrollan actividades extractivas mineras.

La representante de la Coordinadora de DDHH precisa que: “Queda pendiente avanzar hacia un registro más detallado del papel de las empresas en los ataques a personas defensoras, pero esperamos que esto se pueda ajustar en el marco del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que se está trabajando actualmente.”

Identificación de tendencias y patrones de ataques hacia las personas defensoras

Una de nuestras principales preocupaciones desde Red Muqui ha sido que se pueda lograr una caracterización adecuada y objetiva de los patrones y tendencias de ataques a defensores que defienden bienes colectivos y comunes como el territorio y los ecosistemas hídricos. Esta caracterización será la base para poder activar mecanismos de protección temprana establecidas en el Protocolo. El registro establece definiciones como “Persona defensora de DDHH”, “situación de riesgo de una Persona Defensora de Derechos Humanos” y “Actos contra una Persona Defensora de Derechos Humanos” , y también establece lineamientos para identificar los riesgos que corren los defensores en los territorios. Sus objetivos específicos son los siguientes:

  • Identificar las zonas de mayor riesgo para las labores que desarrollan las Personas Defensoras de Derechos Humanos (PDDH) a nivel local, regional y nacional; y los problemas estructurales que generan estas situaciones de riesgo.
  • Determinar aquellos grupos de PDDH que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad, en razón de sus labores de defensa de derechos humanos, e identificar y visibilizar los patrones de ataques más frecuentes contra estas personas.
  • Obtener información para el seguimiento y evaluación de la implementación de las acciones de prevención y protección contenidas en el Protocolo a mediano y largo plazo, para disponer la activación del procedimiento de alerta temprana (en adelante PAT), en caso corresponda.

TC emite sentencia incongruente sobre convenio de la PNP con empresas extractivas

Por otro lado, hace unos días el Tribunal Constitucional del Perú, emitió la sentencia en Expediente N° 00012-2019-131/TC; en ella se ha declarado constitucional los convenios que viene celebrando la PNP con empresas extractivas. Estos convenios han sido seriamente cuestionados por la sociedad civil, ya que, en el marco de las protestas sociales contra proyectos extractivos, se han producidos represiones arbitrarias que conllevaron a la pérdida de la vida y la afectación a la integridad de muchos líderes y representantes de organizaciones sociales -defensores de derechos humanos-.

La situación de los defensores ambientales sigue agravándose. Con la pandemia del COVID19 todos los canales institucionales se han ralentizado y a ello se suma la falta de intervención del Estado frente a los ataques en contra de los defensores, que en su mayoría provienen de los pueblos indígenas.

Entre los principales móviles de estos ataques, resaltan dos: conflictos por la tierra y la minería e industrias extractivas como la explotación forestal. Solo el 2019, el informe, “Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente” elaborado por la organización internacional Global Witness, señala que se cometieron 212 crímenes en todo el mundo. Una de las cifras anuales más altas desde que ésta organización comenzó la documentación de estos hechos el 2012.

Durante el 2019, en nuestro país solo se registró el caso de Christian Java Ríos, asesinado a balazos en Urarinas, Loreto. Sin embargo, ese mismo año también fue asesinado Wilbelder Angel Vegas Torres, presidente del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina San Sebastián, en Ayabaca, Piura. Un ejemplo de que solo se recogen los casos visibles de un problema latente y no se investiga a profundidad las causas de los asesinatos. En ese sentido para Global Witness existiría un subregistro debido a la poca accesibilidad a los datos como consecuencia de las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de registros gubernamentales y de la sociedad civil sobre los abusos.

Perú 2020

Respecto al 2019, el escenario en nuestro país ha empeorado para los defensores. En lo que va del año 2020, han sido asesinados 4 líderes indígenas en la Amazonia peruana. Se trata de: Arbildo Meléndez, en Huánuco; Gonzalo Pío Flores, en Junín; Santiago Vega Chota, en Ucayali; y Roberto Carlos Pacheco Villanueva, en Madre de Dios. En este contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió el 01 de octubre la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos.  Según lo manifestado por Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: “El Ministerio de Justicia va a implementar el registro de ataques a los defensores ambientales, y estamos pidiendo que incluyan a las empresas involucradas (que operan en la zona) también”.

Sobre los casos

El primer asesinato ocurrió el 12 de abril, cuando Arbildo Meléndez, presidente de la comunidad nativa Unipacuyacu, fue asesinado de un disparo mientras realizaba labores de pesca.

Según lo manifestado por su esposa, Zulema Guevara Sandoval, desde que asumió el cargo de presidente recibió amenazas como respuesta a su propuesta de impulsar la titulación de territorio comunal, un pedido que no era atendido por más de 20 años desde que la comunidad fue reconocida en 1995. A ello se suma su enfrentamiento contra invasores que pretendían dedicarse al cultivo ilegal de la hoja de coca.

Lo llamativo del caso Melendez es que su asesino confesó haberle disparado al confundirlo con un animal mientras ambos se encontraban cazando. Redy Rabel Ibarra Córdova, persona que disparó contra Arbildo Melendez, primero mencionó que Meléndez se había disparado a sí mismo. La fiscal a cargo del caso, Verónica Julca, de la Fiscalía Penal Corporativa de Puerto Inca, Huánuco, manifestó que Ibarra fue liberado el viernes 17 de abril. Ello debido a que no había suficientes pruebas para considerar que se trató de un homicidio calificado en grado de alevosía.

Aproximadamente un mes después, el 17 de mayo, Gonzalo Pio Flores, comando Ashaninka de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai, ubicado entre las regiones de Pasco, Junín y Ucayali, es asesinado. Producto del ataque, su esposa Maribel Casancho resultó gravemente herida. Pio Flores, venía trabajando por el reconocimiento jurídico de los territorios comunales y por la protección ante la presencia de actividades de tala ilegal de madera establecidas en el territorio del distrito de Puerto Bermúdez.

Para el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el caso Pío Flores no es aislado ya que ocurre en el contexto de conflicto por la tierra y el territorio en una zona caracterizada por la inexistencia de seguridad jurídica de los territorios indígenas y la presencia de actividades económicas ilegales de deforestación.

Un caso donde la impunidad no solo cae sobre su asesinato sino también sobre el de su padre Mauro Pio Peña quien fue asesinado el 2013 presuntamente por traficantes de madera.

Al igual que el caso anterior, Santiago Vega Chota, comunero de la comunidad nativa Sinchi Roca, fue asesinado en julio de este año. Vega Chota apareció muerto de un disparo en su chacra. Los líderes de la comunidad sufrían constantes amenazas por parte de narcotraficantes. Hasta la fecha no hay mayor información al respecto.

El 13 de julio, asesinaron al secretario de Defensa Laboral del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la Provincia de Sullana, Jerson Henry Noé Suárez. El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, denunció que las mafias de construcción civil en Piura fueron los autores del crimen.

Los sicarios realizaron 8 disparos contra Noé Suárez, quien fue ultimado cuando se encontraba en la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en el sector Loma de Teodomiro, en la provincia de Sullana.

Finalmente, el 11 de septiembre, Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, es asesinado en su concesión forestal presuntamente por invasores de terrenos relacionados a la minería ilegal.

Roberto Carlos quien cultivaba principalmente castaña en la concesión de 842 hectáreas de bosque pertenecientes a su padre, venía registrando invasiones desde el 2012. Desde esa fecha realizó 8 denuncias por deforestación además de las constantes amenazas contra su vida. De esta forma logró convertirse en vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, integrado por ambientalistas y propietarios de concesiones forestales. El comité lleva años enfrentándose abiertamente a la minería ilegal, la tala ilegal e invasiones de terrenos.

Las agresiones en contra de la familia Pacheco eran constantes. En el 2017, Roberto Carlos fue amenazado y golpeado con arma de fuego y machete. Ese mismo año, le pusieron el cañon de un arma en la boca además de destruir sus viene personales. Según lo manifestado por su padre, Demetrio Pacheco, “la única vez que pedí garantías para mi vida fue en el año 2017, en la prefectura de Puerto Maldonado, pero no la quisieron recibir. luego de eso, cada vez que he tenido problemas, solo he contado estos hechos al defensor del pueblo en madre de dios”.

A estos casos, se suma el último intento de asesinato al defensor ambiental Ismael Acha, el día miércoles 30 de septiembre. Alrededor de las 9 am, Elvía Majuan, secretaria de la comunidad campesina Yanta, se presentó en la parcela de Ismael Acha para agredirlo por su posición frente al proyecto minero Río Blanco.

Las agresiones verbales fueron escalando hasta el punto que la señora Majuan tomó un palo para agredir físicamente al defensor ambiental, que tras un breve forcejeo logró arrebatarle el palo. Sin embargo, minutos después, Elvía Majuan sacó un arma punzocortante con el objetivo de matarlo, según lo expresado por Alexander Acha, hermano de la víctima.

“Tenía intención de matarlo, porque de frente fue atacarlo al corazón, pero Ismael esquivó el movimiento y logró escapar. Con su rápida reacción salvó su vida” 

Majuan, quien es secretaria de la comunidad campesina Yanta, es acusada por la población de trabajar como promotora de la empresa minera Río Blanco Cooper S.A. Señalan que Elvia Majuan habría estado sobornando a familias de la comunidad para que den su aprobación al proyecto minero. Debido a las medidas de restricción impuestas por la emergencia sanitaria, la comunidad de Yanta aún no ha podido destituir a Elvia Majuan de su cargo.

Todos estos hechos grafican la falta de implementación de leyes, normas y Protocolos desde el Estado para combatir la impunidad con la que se comenten asesinatos de defensores medioambientales. Esto a pesar de la aprobación de la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos. El Registro es parte de las metas establecidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En abril de 2019 el MINJUSDH aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, herramienta que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de sus actividades de promoción, protección y defensa, siempre que lo hagan de forma pacífica y dentro del marco del derecho nacional e internacional.

Sobre la aprobación del “Registro de situaciones de riesgo” Mar Pérez coordinadora del Grupo de Defensores y Defensoras de la Coordinadora Nacional de DDHH señala que: “La creación del registro de ataques a personas defensoras de derechos humanos es un paso importante hacia la creación de un mecanismo integral de protección. Gracias a esta herramienta se podrán identificar cuáles son los principales patrones de ataques, para a partir de allí diseñar políticas de protección ajustadas a las necesidades reales, e intervenir en los lugares donde más se requiere”

Desde la sociedad civil se ha participado activamente en la Mesa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el 2018. Red Muqui en coordinación con el Grupo de Defensores de la CNDDHH ha venido presentado observaciones y aportes haciendo especial énfasis en la protección de personas defensoras del territorio y el ambiente en contexto de actividades extractivas mineras.

Abusos de la PNP

Recientemente, el viernes 2 de octubre, mujeres de la Antigua Morococha fueron violentadas por efectivos policiales que lejos de comprender los reclamos de 8 pobladores, decidieron reprimirlas. Lo único que exigían las mujeres y los pobladores era dialogar con representantes de la minera Chinalco frente a los abusos que vienen agravándose en los últimos 2 meses: bloqueo con desmonte de la única vía de acceso y salida a la Antigua Morococha, cortes de agua e intentos de desalojo a las familias que aún viven en la ciudad, por no aceptar ser reasentados en una ciudad: Carhuacoto, que no brinda las garantías para un desarrollo sostenible.

Estos abusos por parte de las fuerzas policiales, no son los únicos cometidos en lo que va del año.  El 22 de julio en Espinar, Cusco, tras los reclamos por parte de los pobladores por la entrega de un bono humanitario para atender la pandemia, atención a la salud y el ambiente por los impactos mineros, y la reformulación del convenio marco; resultaron heridos 5 pobladores entre los cuales 3 fueron por impacto de bala. En Bretaña, Loreto, entre el 8 y 9 de agosto; 3 indígenas Kukamas fallecieron por impacto de bala tras realizar una protesta donde exigían a la empresa Petrotal que atienda los servicios de salud, instalación de agua y desagüe en sus comunidades. Además de ello, 11 indígenas resultaron gravemente heridos.

Estos últimos hechos muestran el uso desmedido de la fuerza policial frente a protestas sociales donde pobladores de diversas comunidades han terminado siendo agredidos de forma desmedida.

Otros casos

El 26 de abril, Benjamín Ríos Urimishi, comunero de la comunidad Kipachari, provincia de Atalaya, región Ucayali, fue asesinado en la chacra donde venía trabajando. La única forma de ingresar al lugar del asesinato es mediante una trocha caminando 6 horas o en moto lineal. Benjamín de 25 años de edad fue asesinado delante de su esposa e hijos. Según la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), el asesinato tendría vinculaciones con el narcotráfico; sin embargo, últimas informaciones indican que el asesinato se dio por asuntos personales.

El miércoles 29 de julio, Lorenzo Wampagkit Yamil, de 54 años,  guardaparque de la reserva comunal Chayu Nain, ubicada en la región Amazonas, es asesinado en su domicilio en Chiriaco, capital del distrito de Imaza, Bagua.

Lorenzo se encontraba de licencia con goce de haber otorgado al amparo de la emergencia sanitaria por Covid-19. Su trabajo como defensor de la naturaleza se vio opacada por razones que aún se desconocen.

Ambos asesinatos significan igualmente la perdida de personas relacionadas al cuidado y defensa del medio ambiente y no deben quedar impunes.

 

Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Como es sabido, esta semana la coyuntura política sigue centrada en la moción de la vacancia presidencial de Martin Vizcarra por parte del Congreso de la República. Está casi confirmado que el presidente tendrá que ir a responder por sus actos este viernes 18 de septiembre al Congreso. Sin embargo, cada día aparecen nuevos elementos que evidencian que detrás del pedido de vacancia existen otros intereses subalternos a los audios del presidente y sus asistentes. Se ha sumado las llamadas nada santas que ha realizado el presidente del Congreso, Manuel Merino, al comandante general de la Marina; dice Merino, para dar tranquilidad al país, así como las últimas denuncias del ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaústegui, quien ha hecho público unos chats donde allegados a Acción Popular le insinuaban sobre los cambios y la crisis que se avecinaban. Al final, se trata de “una burda comedia en medio de una tragedia” en nuestro país, como ha señalado acertadamente Javier Torres de NoticiasSer.

No solo de crisis política vivimos en nuestro país, a parte de la crisis sanitaria que tenemos que enfrentar, esta semana hemos conocido de una lamentable noticia, se trata del asesinato a balazos del defensor ambiental: Roberto Carlos Pacheco Villanueva, en Madre de Dios. Con esta muerte en nuestro país, ya suman 5 defensores ambientales asesinados, según la Defensoría del Pueblo. “En lo que va del 2020, además del señor Pacheco, otros cuatro defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente han sido asesinados por tratar de proteger los recursos naturales”. Estos datos son más que alarmantes debido a que la defensa de los derechos humanos y los líderes/as defensores están en riesgo. Por ello, es urgente implementar medidas más eficaces de protección desde el MINJUSDH, El Ministerio Publico y las autoridades competentes en favor de los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país.

Finalmente, en medio de esta crisis, un tema que espera algún nivel de atención desde hace mucho atrás es la situación de los afectados/as por metales tóxicos en nuestro país. Siempre que los gremios mineros y el gobierno hablan de la importancia de la minería se olvidan de la otra parte, de los impactos y los daños que genera esta actividad. El caso de los afectados, entre ellos niños y niñas de Cerro de Pasco es el más dramático, ya que la presencia de metales pesados en sus cuerpos les genera un sinnúmero de enfermedades, como el cáncer, por ejemplo. En relación a este tema, el Centro Labor de Pasco en alianza con el Instituto Source de Italia han elaborado una investigación denominada: «Condiciones de la calidad ambiental y exposición humana a metales pesados en Cerro de Pasco». El estudio profundiza el análisis ambiental y de salud pública que aquejan a las poblaciones de Cerro de Pasco, y da cuenta de la situación de los niños y niñas en poblaciones cercanas al proyecto minero. El estudio fue presentado está siendo presentado este jueves 17 de septiembre en un evento virtual organizado en alianza con la Red Muqui.