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Ante la reactivación económica promovida por el gobierno, los pescadores y los trabajadores pesqueros ya están sufriendo los estragos de una reactivación apresurada, que no contó con la participación de los sindicatos pesqueros para la elaboración de los protocolos sanitarios.

Compartimos el pronunciamiento:

Las FEDERACIONES, GREMIOS Y ORGANIZACIONES DE PESCADORES INDUSTRIALES, ARTESANALES, TRABAJADORES DE LA PESQUERÍA NACIONAL e instituciones de la sociedad civil que suscribimos el presente PRONUNCIAMIENTO expresamos nuestro rechazo a la irracional política de reactivación económica que desprovista de protocolos y en un excesivo afán rentista a favor del empresariado pesquero viene cobrando vidas de pescadores y trabajadores de la pesquería del país, infectados por el coronavirus.

De acuerdo a la información brindada por tripulantes de embarcaciones de pesca industrial, temerosos por amenazas de represalias por parte de sus empresas, suman a la fecha 118 pescadores en actividad contagiados y 5 fallecidos, desde el día 13 de mayo en que se inició de la temporada de pesca 2020 de anchoveta (R.M. 147-2020-PRODUCE). Riesgo que incluye a trabajadores de la industria pesquera que suman 120 infectados y 2 fallecidos.

En momento oportuno, ante los medios de comunicación y en documentos dirigidos a la propia Ministra de Producción (04MAY2020), el Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, advirtió que el peligro a la vida y la salud que se avizoraba sobre esta población laboral era inminente. El confinamiento preventivo, las pruebas y otros protocolos sanitarios no se estaban realizando con la rigurosidad requerida.

No obstante, se ignoró este pedido y más bien cediendo a intereses pro empresariales se prestó atención a las presiones de la Sociedad Nacional de Pesquería para reiniciar de manera irresponsable la temporada de pesca, y ahora lamentamos vidas humanas perdidas por la ciega avaricia y el afán lucrativo, que no respeta la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Los protocolos para la apertura de la pesca industrial harinera en el litoral peruano (R. M. 139-2020-PRODUCE) no fueron validados de manera formal por los Ministerios de Trabajo, Salud y Producción. A la vez los gremios y actores principales de la pesca no han sido convocados para elaborar normas sanitarias y laborales con criterios uniformes y consensuados para todas las empresas de esta industria, frente a los riesgos a la salud y la vida.

 

Por tal razón demandamos:

  1. Suspensión inmediata de la temporada de pesca 2020 y actividad industrial pesquera (pesca industrial, flota incluida en la ley 26920, menor escala anchovetera y pesca de consumo humano artesanal y trabajadores de la industria pesquera) durante la emergencia sanitaria dado al inminente riesgo de propagación de la mortal pandemia, que podría desbordarse de manera incontrolable en todos los puertos del litoral peruano.
  2. Validación de protocolo sanitario exclusivo para la pesca industrial con participación de gremios de pescadores.
  3. Cese de funciones de la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, por su incompetencia en la gestión de la emergencia sanitaria para el sector pesquero.

 

Firmas:

WILMERT MEDINA CAMPOS. Sec. General de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú (FETRAPEP)

MACEDONIO VÁSQUEZ CONTERAS. Sec. General del Sindicato Pescadores de Chimbote y Anexos (SPCHA)

SATURNINO BONIFACIO ALMEYDA. (DNI: 46067442) Sec. General del Sindicato Nacional de CFG. (SUNTRAIN)

ELMER PAICO ULLOA. (DNI 32976121) Sec. General del Sindicato Nacional de Tasa (SINTETASA)

MARIA ÑIQUEN COLLAO. (DNI 19236743) Sind. de Trabajadores(as) Conserveras y Afines P. Santa (SINTTRACONA)

SANTOS ALBERTO RODRÍGUEZ CALDERÓN. (DNI 3292731) Del. General de Base – Tasa Samanco.

IVAN LÓPEZ PAREDES. Sec. General del Sindicato de Trabajadores de Copeinca – Chimbote (SITRACOPICH).

Adhieren:

Instituto Natura

Red Muqui

Proyecto Amigo

Foro Ciudades Para La Vida

 

El día de hoy, jueves 30 de abril, algunos trabajadores de Antamina recibieron la noticia de un trabajador fallecido por COVID-19 en una clínica de Lima. El trabajador del área de operaciones falleció en la madrugada y la noticia la recibieron a tempranas horas del día.

Como se recuerda, Antamina evacuó el 23 de abril a 1500 trabajadores desde el campamento de Yanacancha hacia Lima para que les realicen la prueba de descarte de COVID-19 y hagan la cuarentena en hoteles de la ciudad. Para ese entonces, Antamina ya confirmaba más contagiados, además de los 7 que la DIRESA de Ancash había confirmado días anteriores.

En los días siguientes, Antamina emitió un comunicado el reciente lunes 27 señalando que tenía a 210 trabajadores que hasta esa fecha habían dado positivo a la prueba molecular de covid-19. 17 se encontraban hospitalizados y uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intesivos (UCI).

Frente a este desenlace, la empresa envió un correo a los trabajadores el día de hoy, jueves 30 de abril a las 10 y 24 am, señalando la muerte del trabajador en Lima, pero no especificando que era por Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Red Muqui, después de llamadas telefónicas al gerente de recursos humanos, pudimos tener una respuesta 5 horas después vía wasap, en que señalaba que por respeto a la familia «no emitirían ningún pronunciamiento al respecto».

En el transcurso de esas horas, llamamos al teléfono de la oficina que registran en su página web, y una voz masculina nos señaló que no podían transferirnos con ningún representante de la empresa porque todo está cerrado hasta que se levante el estado de emergencia.

Los trabajadores están indignados porque la empresa no es transparente con la información respecto a la situación de los trabajadores hospitalizados y evaluados.

Gobierno evade responsabilidad sobre trabajadores

Estos días, desde la Red Muqui hemos denunciado el aumento de contagios en el sector minero, ascendiendo a 251 la cifra total oficial de trabajadores con COVID-19 reportada por empresas, Sunafil, y las DIRESAs, desde que se decretó la cuarentena obligatoria; sin embargo, el gobierno hasta ahora no anuncia ninguna medida correctiva para el sector minero. El día de ayer, miércoles 29 de abril, ante la pregunta de un medio periodístico sobre los protocolos de supervisión que se están realizando a las empresas mineras, poniendo como ejemplo el de Antamina; el ministro de salud, Victor Zamora, señaló que «por la descentralización, son las regiones las encargadas de implementar cada una de las normas y regulaciones que el ministerio estipula».

De esta manera, el gobierno no asume ninguna responsabilidad por lo que viene pasando con la salud de los trabajadores mineros. Cuando fue el gobierno quien permitió que la actividad minera sea parte de las actividades esenciales que pueden funcionar durante el estado de emergencia.

Protocolo de traslado de personal minero en cuestión

Sumado a ello, el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, emitió un protocolo de traslado de personal minero que no obliga a las empresas a realizar las pruebas de descarte de COVID-19 para sus trabajadores. Sin embargo, algunas empresas lo están haciendo ante la exigencia de los sindicatos de trabajadores y de instituciones que velan por los derechos humanos; pero no hay fiscalización del Ministerio de Trabajo ni del Ministerio de Salud, sobre la calidad de las pruebas que están utilizando, ni de la implementación del protocolo establecido por el MINEM. Ejemplo de ello es lo que hizo la empresa minera Hudbay en Cusco, que solo informó a la Red de Salud de Chumbivilcas sobre los trabajadores que habían dado resultado positivo a la prueba rápida de Covid-19, y que había trasladado a sus trabajadores contagiados hacia Arequipa, sin haber coordinado absolutamente nada con la Red de Salud.

Frente a ello, desde la Red Muqui señalamos que el protocolo debe ser revisado y actualizado a la luz de los últimos hechos. Asimismo, en esta revisión se debe incluir a las instituciones competentes en este tema como son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y no los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Finalmente, se debe incluir a los sindicatos de los trabajadores mineros en esta revisión junto a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. Ver informe elaborado por Red Muqui hace unas semanas.

Gobierno debe evaluar paralizar actividad minera

Entonces, frente a situación que ya se está desbordando en el sector minero, el gobierno debe hacer una evaluación seria y responsable para paralizar momentáneamente las operaciones mineras, por lo menos hasta que se implementen protocolos integrales con opinión del sector de salud y trabajo, y de los trabajadores; y que estas respeten el derecho a la vida y la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades locales.

Ver reporte sobre total de contagiados a la fecha en el sector minero. Hacer clic AQUÍ

 

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Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

Estos últimos días hemos tenido finalmente la información y el panorama más completo sobre la situación de los trabajadores mineros contagiados por el Covid-19 por responsabilidad de las empresas del sector minero. Se ha llegado ya a 251 casos confirmados, y que fueron informados por las mismas empresas, así como las autoridades sanitarias regionales y SUNAFIL, aunque se sospecha que son muchos más casos. El día de hoy, recientemente, se acaba de confirmar 08 casos de la empresa minera Antapaccay. En Ancash, Antamina hasta ahora ha reportado 210 casos; en Cusco, minera Hudbay: 18 casos; en Arequipa, minera Bateas: 06 y minera Cerro Verde: 01; en Pasco, minera Tinka Resources: 01 caso, y Nexa Resources: 01 caso; en Junín, minera Chinalco: 04 casos; y en el Callao, la empresa almacenadora de minerales, Impala: 02 casos.

 

Desde la Red Muqui hemos advertido de esta situación desde que se declaró el estado de emergencia, señalamos que la minería no era una actividad esencial, inclusive hemos cuestionado que la minería se haya exceptuado de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno. En ese sentido, hay dos aspectos que tenemos que empezar a mirar con atención, los protocolos sanitarios para la actividad minera aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y el rol de los entes fiscalizadores en materia laboral, de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores mineros.  Lamentablemente, ante la pregunta de la prensa el día de hoy, sobre los protocolos que deben cumplir las empresas mineras respecto a garantizar la salud de sus trabajadores; el gobierno evadió su responsabilidad respecto a esta situación y, a través del ministro de Salud, traslado la responsabilidad a las direcciones regionales de salud.

 

La aprobación del “Protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID – 19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las Unidades Mineras y Unidades de Producción” es insuficiente, ya que no contempla hacer pruebas rápidas y/o moleculares de COVID-19 a los trabajadores que salen e ingresan de los campamentos mineros. Por ello, el protocolo debe ser revisado y actualizado a la luz de los últimos hechos. Asimismo, en esta revisión se debe incluir a las instituciones competentes en este tema como son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y no los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Finalmente, se debe incluir a los sindicatos de los trabajadores mineros en esta revisión junto a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. Ver informe elaborado por Red Muqui hace unas semanas.

 

De otro lado, queda evidenciado ante esta situación de emergencia la precariedad institucional de los entes fiscalizadores y supervisores en esta materia, quiénes deberían velar por hacer cumplir la ley y sancionar a las empresas que infringen estos derechos como son la salud, la seguridad y el trabajo en el caso de los trabajadores para el sector minero. SUNAFIL, las Direcciones Regionales de Salud, entre otros, no han logrado darse abasto para atender estas denuncias que venían de muchas semanas atrás.

 

Entonces, frente a situación que podría desbordarse en el sector minero, el gobierno debe hacer una evaluación seria y responsable para paralizar momentáneamente las operaciones mineras, por lo menos hasta que se implementen protocolos integrales con opinión del sector de salud y trabajo, y de los trabajadores; y que estas respeten el derecho a la vida y la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades locales.