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El viernes 12 de noviembre, dirigentes del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata acordaron llevar a cabo el paro indefinido que inició el pasado lunes debido a la ausencia de la premier Mirtha Vásquez a la zona para sostener una reunión con autoridades locales y dirigentes de la cuenca del río Coata que involucra a 5 distritos que son afectados directamente por la contaminación de la cuenca.

Llegado el día lunes 15, si bien pobladores de los cinco distritos iniciaron el paro colocando escombros en el río Torococha, Alcaldes distritales de la cuenca del Coata y alcalde provincial de Juliaca y Puno, así como representantes de organizaciones sociales, llegaron a Lima para reunirse con la premier y representantes del Estado para discutir las demandas que exigen las comunidades de los distritos de Huata, Coata, Capachica, Caracoto y Paucarcolla.

Recordemos que las principales demandas de las comunidades son la inmediata ejecución de las pozas de oxidación y una cámara de filtración para mitigar el ingreso de aguas servidas de la ciudad de Juliaca al río Torococha y posteriormente al río Coata, en el marco del plan de acción de la municipalidad de San Román y Seda Juliaca. Actualmente la población no cuenta con las suficientes cisternas de agua potable como medida de emergencia frente a la contaminación.

Asimismo, exigen la implementación del plan de acción elaborado por el gobierno regional de Puno para atender a más de 50 mil personas expuestas a metales pesados, en temas de salud, ambiente, educación, vivienda y agricultura.

Luego de los dos días de reunión, ambas partes llegaron a un acuerdo que dió fin al paro emprendido en la zona de parte de las comunidades. Entre los principales acuerdos, se establece que el Ejecutivo y los gobiernos locales trabajarán para que los proyectos de saneamiento priorizados empiecen su ejecución el año 2022, 

Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a realizar la transferencia de recursos, una vez iniciada la ejecución del presupuesto del año 2022, durante el primer trimestre, para los proyectos aptos y priorizados de los diferentes sectores involucrados.

Por su parte, el ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante el programa AGROIDEAS se comprometió a formular planes de negocio y/o proyectos de reconversión para los distritos de la cuenca Coata, con la finalidad de cofinanciar mini establos y pastos cultivados como inversión complementaria. Finalmente, se realizará la inversión para realizar los estudios para el proyecto “Mejoramiento del servicio de agua para el riego en el ámbito de la cuenca Coata. 

Finalizada la reunión, el alcalde distrital de Coata, Elmer Pelinco destacó que se haya establecido el diálogo con el Ejecutivo, lo que ha permitido establecer las bases para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento en beneficio de la población de Coata, Huata, Caracoto y Capachica.

“Nuestra realidad va a cambiar. Nosotros creemos en el presidente Pedro Castillo, los ministros y la premier, quienes hoy han hecho un compromiso para poder ejecutar los proyectos de agua y saneamiento”, afirmó.

El día de hoy, la congresista Mirtha Vasquez y Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio, con el respaldo de su bancada, acaban de ingresar el Proyecto de Ley No 4986 que deroga los artículos 2, 3, 4 y 5 de la ley 31012, Ley de Protección Policial; y restituye la única disposición complementaria derogada de la norma, que suprimía el principio de razonabilidad en el uso de la fuerza policial. El Proyecto de ley de las congresistas mantiene únicamente una parte del artículo 1 de la Ley de Protección Policial, referida a que las y los policías tendrán asesoría y defensa legal gratuita cuando afronten “una investigación fiscal o un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de la función policial”. Esta asesoría y defensa legal será realizado por “un Procurador Público Especializado en la defensa legal del Policía Nacional del Perú”, tal como lo señala el artículo 6 de la Ley aprobada, en consonancia con lo planteado en el artículo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley 31012 aprobada (Ley de Protección Policial) tiene 6 artículos en total y una disposición complementaria derogatoria.

La congresista Mirtha Vasquez señaló en sus redes sociales que el Proyecto de Ley 4986 busca derogar los artículos inconstitucionales de la “Ley del Gatillo Fácil”, como llaman también a la Ley de Protección Policial. “No podemos retroceder en derechos humanos ni permitir la impunidad con una norma que atenta contra el principio de proporcionalidad del uso de la fuerza y la independencia del Poder Judicial y la Fiscalía”, añadió.

Análisis del Proyecto de Ley

El proyecto de Ley de la bancada del Frente Amplio mantiene la esencia del primer párrafo de la Ley de Protección Policial en el artículo 1. y desecha el segundo párrafo del mismo artículo, porque atenta contra el principio de la autonomía judicial, al señalarse que los jueces deben establecer “mecanismos procesales que eviten menoscabar el principio de autoridad policial”

Los siguientes artículos que quieren derogarse de la Ley de Protección Policial; el artículo 2 y 3, son declarativos y contradictorios con el artículo 1, 3 y 4, que fundamentalmente plantean que los jueces no pueden “dictar mandato de Detención Preliminar Judicial y Prisión Preventiva” a los policías investigados; y también están “exentos de responsabilidad penal” cuando causen lesiones o muertes en cumplimiento de su función.

Respecto a la restitución de la disposición complementaria derogada por la Ley de Protección Policial, el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto Legislativo No 1186; lo que regulaba era el principio de razonabilidad. Es decir, cualquier acto que provocaba lesión o muerte con el uso de armas, debía estar guiado por el principio de razonabilidad. No podía un policía bajo este principio, en el contexto de un conflicto o intervención, hacer uso de la fuerza sin que esto sea gradual, proporcional, con una finalidad legal. Todas estas condiciones eran reguladas por el principio de razonabilidad. Ahora ya no lo están, por ello, el Proyecto de Ley de las congresistas quiere restituir estos principios regulatorios.

El principio de razonabilidad ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso el Tribunal Constitucional de nuestro país.

La ONU se pronuncia

Después de recibir la alerta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras instituciones que se pronunciaron en rechazo a la Ley de Protección Policial aprobada, el representante en América del Sur de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se pronunció el día de ayer: “Hacemos un llamado urgente al Congreso del Perú, así como a todas las autoridades competentes, a revisar y revertir los efectos de esta nueva ley, pues en varios aspectos contraviene las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Es un retroceso preocupante en la normativa que venía desarrollando Perú en materia de uso de la fuerza”.

Agregó que, “en el mundo, y Perú no es la excepción, la policía forma parte de los esfuerzos para proteger la salud de la población frente a COVID-19. Pero al mismo tiempo es fundamental la rendición de cuentas por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad, para no dejar espacio a arbitrariedades o a la impunidad, sobre todo en circunstancias extraordinarias como las que enfrentamos hoy”, explicó.