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Ayacucho: Frente de Parinacochas rechaza resolución de PCM y exige cumplimiento de cierre de minas

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El reciente 13 de enero en la ciudad del distrito de Cora Cora de la provincia de Parinacochas de la región Ayacucho, se reiniciaron las protestas en rechazo a la resolución ministerial N° 010-2022-PCM emitida el 12 de enero con la firma de Mirtha Vásquez, que crea un grupo de trabajo temporal para “promover el desarrollo de la zona de influencia de las unidades mineras Apumayu, Breapampa, Pallancata e Inmaculada de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara de Ayacucho, teniendo en cuenta la reunión del 19 de noviembre de 2021 en Cora Cora entre representantes del ejecutivo, autoridades regionales, locales y comunales y representantes de organizaciones sociales”

El presidente del Frente de Defensa de Parinacochas, el profesor Julio Gutierrez, señaló a un medio local que en la resolución de la PCM no se están reconociendo los acuerdos de la reunión del 19 de noviembre del año pasado, en que se acordó la constitución de una “Comisión Ejecutiva de negociación de los plazos y términos del retiro y cierre de las cuatro unidades mineras de las cabeceras de cuenca con el liderazgo de la Presidencia del Consejo de Ministros”, de acuerdo al acta firmada por la propia presidenta de la PCM.

“Eso no ha salido en la resolución, sino por el contrario lo va a encabezar los ministerios competentes al sector minero y ellos verán atender las necesidades del pueblo como salud, agua, educación y demás, pero eso no es lo central de nuestro reclamo de lucha que es el cierre de las mineras en las cabeceras de cuenca. Por eso, esta resolución no sirve, es una mecedora más, por eso el mismo gobierno está provocando las medidas de protesta”, precisó el dirigente.

Agregó que han salido denuncias que piden penas de 8 a 15 años para los dirigentes, “delitos que nosotros nunca hemos cometido. Eso rechazamos, es una provocación del mismo Estado a los dirigentes, puntualizó.

Entre los acuerdos arribados por los representantes de las delegaciones de los distritos de Sancos, Chaviña, Chumpi de la provincia de Lucanas, y de las organizaciones de regantes, rondas campesinas, gremios sindicales de la provincia de Parinacochas, tras la lectura del acta, se encuentran:

  1. Frente al incumplimiento de acuerdos del acta del 19 de noviembre 2021. se da un ultimátum a las 4 empresas mineras de 90 días calendarios que están en nuestras cabeceras de cuenca, para que se retiren inmediatamente. Caso contrario, responsabilizamos al Estado de las consecuencias de esta lucha”
  2. No a la criminalización de la protesta. Cese de persecución política, fiscal, judicial y policial a las autoridades, dirigentes y el pueblo que defiende las cabeceras de cuenca, caso contrario el pueblo se levantará para defenderlos.
  3. Dar el ultimátum a las instancias del Poder Judicial y Fiscalía para la restructuración de estas dos entidades que administran justicia en Parinacochas. El plazo es de 10 días calendarios, caso contrario el pueblo los sacará.
  4. El pueblo del sur de Ayacucho expresa su rechazo rotundo a la resolución ministerial N° 010-2022-PCM por ser una burla que atenta con los acuerdos del 19 de noviembre. Responsabilizamos a la PCM de la agudización de este conflicto.
  5. Elevar estos acuerdos a todas las instancias del gobierno para su conocimiento.
  6. Seguir organizándonos en aras de la unidad y estar preparados para cualquier momento en que se detenga a los dirigentes y autoridades.

 

El presidente del Frente de Defensa de Parinacochas señaló que las empresas mineras están haciendo firmar con dádivas, engañando al pueblo, para obtener el consentimiento para tener la licencia social. “El pueblo quiere vivir, desarrollarse con sus aguas limpias, con sus puquiales tranquilos, y nosotros como ganaderos y agricultores seguiremos persistiendo en la lucha”, finalizó.

El grupo de trabajo acordado por el ejecutivo estará representado solo por representantes del gobierno y del SENACE, ANA y OEFA.

 

 

 

 

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Chumbivilcas: Comunidades de Ccapacmarca acuerdan nuevo diálogo con Mirtha Vásquez por conflicto con Las Bambas

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Las comunidades de Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahuay del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas han reiterado este lunes su rechazo al acuerdo alcanzado entre algunas comunidades de Chumbivilcas, el ejecutivo encabezado por la Presidencia del Consejo de Ministros y la Minera MMG Las Bambas celebrado el 30 de diciembre pasado en la comunidad de Huininquiri. Por el momento no descartan retomar las acciones de bloqueo del corredor vial minero, sin embargo, han logrado que la premier Mirtha Vásquez se comprometa a desplazarse nuevamente a la zona para reunirse y dialogar directamente con estas comunidades el próximo 17 de enero.

En conversación con Red Muqui, uno de sus dirigentes explicó que el principal motivo del conflicto no ha sido atendido, por lo cual las comunidades mencionadas decidieron no ser parte del acuerdo con el gobierno e incluso se retiraron del lugar antes de que finalizara la reunión del 30 de diciembre. Las comunidades exigen la derogación de la Resolución Ministerial No. 372-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que modificó la figura legal de caminos comunitarios que cruzan el territorio de numerosas comunidades de Chumbivilcas, convirtiéndolas en una vía nacional que desde entonces conforma el corredor vial minero.

 

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas.

En cuanto a las posturas divergentes entre comunidades de algunos distritos y otros de la provincia de Chumbivilcas que tienen en común haber sido despojados de caminos rurales para verlos convertidos en rutas para el transporte de minerales, el dirigente de Ccapacmarca, que ha preferido el anonimato, explicó que las comunidades vecinas prefieren ser partícipes de la cadena de valor de la producción minera.

En este punto, según el acta del acuerdo de Huininquiri, el Ministerio de Energía y Minería (MINEM) retomará las reuniones con la empresa y las comunidades para continuar la discusión sobre la inclusión de las comunidades en la cadena de valor de la producción del yacimiento minero.

Las comunidades de Ccapacmarca, en cambio, no han cesado de denunciar los impactos ambientales por el continuo uso de sus territorios para el traslado de los camiones de carga. El dirigente añadió que existen impactos diferenciados producidos por el traslado del material que realizan los camiones.  En el caso de las comunidades de Ccapacmarca, los camiones atraviesan los mismos poblados de las comunidades, en cambio, en otras comunidades de la provincia la vía usada por los vehículos se encuentra a varios kilómetros de las zonas pobladas. No obstante, en una cita del diario “El Correo”, Judith Cjuno, presidenta del Frente de Defensa de los Intereses de Ccapacmarca explicó: “Las comunidades de Ccapacmarca tenemos una plataforma de lucha que se armó el 2019 para ser reconocidos como zona de influencia ambiental y social ya que sufrimos un impacto y contaminación terrible, por lo que la producción de maíz, trigo, cebada ya no es la misma. Sin embargo la minera siempre nos ha respondido que no tiene ninguna obligación con nosotros porque transitaban por una vía nacional declarada de manera ilegal y que buscamos derogar”.

Al respecto, las comunidades del distrito de Ccapacmarca reclaman que la empresa minera debe incluirlas como área de influencia directa en cuanto a impactos sociales y ambientales. Algo que conllevaría una serie de obligaciones por parte de la empresa para mitigar esas consecuencias y que deben ser incluidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). En este punto central del debate, el Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) se comprometió que a través de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hará seguimiento y comunicará del proceso de modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La minera en cambio, sólo ha accedido a considerar a las comunidades de la provincia de Chumbivilcas como Área de Interés Social y Ambiental. Lo cual implica que bajo este tratamiento la empresa puede invertir en proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades de la provincia de Chumbivilcas y el corredor vial minero.

En relación a las demandas de las comunidades de Ccpacmarca, la Presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros Descentralizado, señaló: “Hay tres comunidades que han manifestado su deseo de tener un diálogo directo porque tienen demandas específicas con énfasis en temas ambientales”, aceptando la solicitud de reunión.

LA PCM ya decretó la Zona de Atención Especial

La PCM declaró como “Zona de Atención Especial” (ZAE) a 14 comunidades de seis distritos de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, como parte de sus compromisos con las comunidades de Chumbivilcas en la reunión del 30 de diciembre. Según la resolución ministerial N° 005-2022-PCM, este decreto servirá para la planificación de las acciones que propondrá un Grupo de Trabajo que se creará para formular el plan de intervención para la ZAE-Chumbivilcas, el cual estará encargado a la PCM. El plan de intervención tiene como propósito promover el desarrollo socioeconómico sostenible, con enfoque territorial, intercultural y multisectorial en las comunidades cusqueñas a las que alcanza dicha resolución ministerial.

Finalmente, cabe destacar que la premier Mirtha Vásquez reiteró que el Gobierno velará por el cumplimiento de los acuerdos y remarcó que el Ejecutivo prevé instalar equipos de trabajo permanente en las comunidades campesinas para atender a los pobladores locales.

 

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Ronderos de La Libertad continúan paro exigiendo remediación del río Moche y otras demandas

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Integrantes de las Rondas Campesinas del departamento de La Libertad han intensificado este miércoles las movilizaciones en el marco del paro indefinido que iniciaron el lunes 22 de noviembre para lograr que sus demandas sean atendidas lo antes posible. Entre el amplio petitorio de las comunidades destacan reivindicaciones económicas, de apoyo a la producción agrícola y de protección ante la contaminación ocasionada por la minería.

Organizados en piquetes, los ronderos han intentado esta mañana bloquear la avenida panamericana norte a la altura del ingreso al distrito de Salaverry.

Intentos que, sin embargo, han sido frustrados por Unidades de Servicios Especiales (USE) de la Policía (PNP), que han despejado la carretera en ese tramo, para lo cual usaron bombas lacrimógenas contra los manifestantes. Chami Radio informa de al menos dos personas heridas y una mujer campesina detenida por la PNP.

Los campesinos ronderos sí han logrado cortar con éxito la carretera que une a Trujillo y Otuzco en varios puntos y las vías que conectan al poblado de Callacuyan en la provincia de Santiago de Chuco con Huamachuco y, a su vez, a esa capital de la provincia Sánchez Carrión con el poblado y la laguna de Sausacocha.

Los comuneros exigen la instalación de una mesa de diálogo con la presencia de autoridades del gobiernos regional y central para deponer las movilizaciones. Según declaraciones de Pablo Haro Quispe, dirigente de la Central Única de Rondas Campesinas de La Libertad, recogidas por el Diario El Correo, por el momento no se ha podido establecer una mesa de diálogo porque ninguna autoridad del Ejecutivo se ha acercado a ellos para informar si están dispuestos a reunirse con las comunidades, y aseguró: “No vamos a asistir a ninguna mesa de diálogo si no está presente el presidente de la república, Pedro Castillo, o la premier, Mirtha Vásquez. No nos vamos a reunir con directores ni técnicos que no tienen poder de decisión”. El dirigente se mostró confiado de la fortaleza del movimiento ya que los piquetes se encuentran en puntos estratégicos de las carreteras y constantemente son “relevados por nuevos compañeros que se van sumando a la medida de lucha”.

En conversaciones con RPP Noticias, el propio Quispe, declaró que, entre otras urgencias impostergables, el Gobierno del presidente Pedro Castillo debe intervenir para frenar el alza en los precios de los fertilizantes, otros insumos agrícolas, combustibles y productos de primera necesidad. Además, exigen la reasignación de recursos, que según ellos ya tenía presupuestado el gobierno regional, para la compra de maquinaria y vehículos para el desplazamiento de las Rondas Campesinas y la conclusión de la construcción de carreteras.

Uno de los reclamos menos visibilizados por los medios de comunicación, sin embargo, se relaciona con la contaminación del río Moche, que se está agudizando por el impacto de los relaves mineros, afectando actividades agrícolas y ganaderas de las comunidades y distritos que viven en el Valle Santa Catalina, en la región norteña de La Libertad.

Esta afectación ambiental es la que habría detonado la decisión de iniciar una huelga de duración indefinida, tomada en las últimas reuniones entre rondas campesinas, organizaciones sociales de base y ciudadanía en general.

Cabe señalar que el 17 de diciembre del año pasado se declaró en emergencia el río Moche. Sin embargo, para los dirigentes como Pablo Haro Quispe, que también preside el Comité Multisectorial en Defensa del Río Moche, el Gobierno hasta ahora solo se ha dedicado a prorrogar la declaratoria, y no a realizar acciones concretas para resarcir los daños provocados por los pasivos ambientales. “Existe un sinnúmero de documentos que certifican que las aguas del río Moche están contaminadas, la Autoridad Nacional del Agua, en el año 2018, indicó en su informe que el agua no cuenta con estándares de calidad ambiental, en pocas palabras lo que dijeron es que el agua no es apta para consumo humano. Ni siquiera para consumo animal ni vegetal, es por eso que muchas familias están perdiendo sus sembríos. Es una situación terrible lo que estamos enfrentando’, señaló Haro Quispe en conversación con el OCM.

La contaminación no solo se ha producido por los relaves mineros, principalmente de la actividad minera de la explotación de plata Quiruvilca, propiedad del consorcio Pan American Silver Corp. sino también por el mal manejo local de los residuos sólidos, debido a que los poblados no cuentan con pozos de oxidación, ni tratamiento de aguas residuales, afectando más de 60 mil hectáreas de tierra cultivable.

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No más expansión minera en cabeceras de cuenca: por un Estado de Derecho que proteja los DDHH y ambientales

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El 19 de noviembre la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, hizo un anuncio importante desde Coracora – Ayacucho: se procedería al cierre de cuatro unidades mineras ubicadas en las cabeceras de cuenca de tres provincias del sur de Ayacucho. Esto, luego de la reunión sostenida con autoridades y dirigentes de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, cuyas cabeceras de cuenca se encuentran afectadas por contaminación minera. Como se sabe, en estas zonas se encuentran operando los proyectos mineros de Apumayo (Anabi Sac), Pallancata e Inmaculada (Minera Ares) y Breapampa (minera Sami SAC – Ex Buenaventura).

Al respecto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) han salido a pronunciarse señalando que lo anunciado por la premier Mirtha Vásquez colisiona con el Estado de Derecho en nuestro país, no fueron informados sobre este anuncio y solicitan al gobierno que se rectifiquen en tal anuncio. Al respecto, desde la Red Muqui queremos manifestar lo siguiente:

  • La PCM ha emitido un comunicado señalando que el gobierno garantiza las operaciones de las empresas mineras respetando el marco legal vigente. En relación al cierre de cuatro unidades mineras, éstas en efecto se encuentran con planes de cierre progresivo de minas y cuyo cronograma incluye a Apumayo, Pallancata, Inmaculada y Breapampa en Ayacucho, las que han empezado a cerrar desde el año 2019. Proceso que concluirá en los próximos años. Por tanto, no es exacto el reclamo de los gremios mineros sobre la postura de la PCM, por el contrario, pareciera que los gremios empresariales buscan abonar aún más a la permanente inestabilidad política que se vive en el país.
  • En nuestro país, los planes de cierres de minas están regulados por la Ley 28090, su modificatoria por la Ley 31347 y su reglamento. En la ley se establece que todo titular de una actividad minera tiene la obligación de implementar los planes de cierre de minas desde el desarrollo de las operaciones mineras, pero si estas actividades son un riesgo “inminente a la salud o al ambiente, la Dirección General de Minería puede requerir al titular de actividad minera para que en forma inmediata ejecute las labores de cierre de los componentes mineros involucrados”. La CONFIEP señala que los planes de cierre de minas son “instrumentos de gestión ambiental vivos o dinámicos” y que se actualizan en función al hallazgo de nuevos recursos; esta afirmación es inexacta, ya que la ampliación no se da por decisión unilateral de la empresa, debe contar con la aprobación de las autoridades competentes en la materia.
  • Saludamos el anuncio realizado por la premier Vásquez en Coracora – Ayacucho respecto a que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) priorizará la implementación del marco metodológico sobre la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca en esta zona del país. No se puede ampliar ni dar más autorizaciones de operaciones mineras en cabeceras de cuenca, ya que afectan los derechos humanos y ambientales de las comunidades y poblaciones que allí habitan; por el contrario, las cabeceras de cuenca deben ser declaradas como zonas intangibles para proteger nuestros recursos hídricos y la vida de la cuenca hidrográfica.
  • Durante las últimas semanas los conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera se han reactivado con mucha fuerza. Las demandas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería son múltiples y no pueden seguir esperando, por ello urge que este gobierno implemente un enfoque de atención de conflictos y los espacios de diálogo donde se busquen soluciones desde la raíz del problema y se ponga en el centro la protección de los derechos humanos y ambientales de la población. Parte de estos cambios incluye la discusión de un nuevo marco normativo que regule la actividad minera en el país.

Finalmente, durante los últimos gobiernos, la política de gestión de conflictos ha estado acompañada de violencia y represión por parte de la PNP. En todo este tiempo, las empresas mineras pocas veces han asumido alguna responsabilidad por los impactos ambientales y sociales generados en estos territorios; por el contrario, se tenia una política de criminalización de la protesta social. Es tiempo de escuchar todas las justas y legítimas demandas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería en nuestro país. El Estado de Derecho no debe dejar de lado los derechos humanos y ambientales de la mayoría de peruanos y peruanas.

 

Lima, 21 de noviembre del 2021.

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Cotabambas: Reinician paro de 48 horas y exigen presencia del presidente Castillo

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Pese a que el día de ayer, lunes 8 de noviembre, se desarrolló una reunión entre los dirigentes del distrito de Challhuahuacho con la empresa minera MMG Las Bambas y funcionarios de la PCM, Energía y Minas, Desarrollo Agrario e Interior, y el alcalde distrital, acordando obras por impuestos, construcción de fitotoldos, caminos vecinales, oportunidades laborales, transporte escolar, instalación de oficinas de consultas, manejo de residuos sólidos y capacitaciones, entre otros para el distrito de Challhuahuacho; el día de hoy, martes 9 de noviembre, en la localidad de Pisaccasa, distrito de Maras, los dirigentes de las otras comunidades y distritos de la provincia de Cotabambas acordaron reiniciar un paro de 48 horas debido a que a la reunión pactada para el día de hoy no llegó el ministro del Ambiente y hasta ahora no se emitió la resolución suprema ofrecida el 27 de octubre por la presidenta de la PCM, Mirtha Vásquez, que oficializa el relanzamiento del espacio de diálogo denominado Comisión Multisectorial de la provincia de Cotabambas con los 9 grupos de trabajo refrendados en la fecha señalada.  El representante de la PCM presente en la reunión había llevado un proyecto de resolución ministerial.

Cabe precisar que los dirigentes exigen que sea un decreto supremo y no una resolución suprema, con la firma del presidente Pedro Castillo y los ministros.

Debido a estos hechos, los dirigentes de la provincia acordaron realizar un paro preventivo de 48 horas, esperando la llegada del presidente Castillo y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y el gerente general de la empresa minera Las Bambas. Si es que no llegan las personas citadas, realizarán un paro indefinido.

La reunión pactada el 27 de octubre para el día de hoy tenía como objetivo discutir la solicitud de inclusión al Área de Influencia Directa del proyecto minero Las Bambas de los 7 distritos que corresponde al grupo de trabajo 7 del tema ambiental. Sin embargo, frente a la presencia de los mismos funcionarios de los anteriores gobiernos y la ausencia del ministro del Ambiente, los dirigentes acordaron pedir el cambio de funcionarios debido a que con los que han estado representando al Estado no han logrado avanzar «nada» desde hace varios años, solo han «dibujado el papel», en palabras de uno de los dirigentes presentes en la reunión de hoy. En la reunión estaban presentes el director de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio del Ambiente, Carlos Eyzaguirre, y Antony Zevallos, secretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM, y  los alcaldes de Haquira, Coyllurqui, Progreso y Cotabambas.

 

Acta del 9 de noviembre, provincia de Cotabambas acuerda reiniciar paro by prensamuqui on Scribd

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Puno: Premier Bellido y sus promesas inconclusas ante la agonía de la cuenca Llallimayo.

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Por: Bladimir Martínez – Equipo técnico de DHUMA-Puno

El pasado 28 de septiembre, el ex premier, Guido Bellido arribó a la cuenca Llallimayo,  anunciando durante su presentación “… que la declaratoria de emergencia – (de la cuenca Llallimayo) se dará inmediatamente y posteriormente se iniciará el proyecto de la planta de aguas ácidas …”[1]. Sin embargo, esta declaratoria no se implementó desde el gobierno a través de una resolución en los días posteriores. El alcalde distrital de Llalli de la provincia de Melgar – Puno, Jacobo Rojas, señala que se reunió el 8 de octubre con la nueva presidenta de la PCM, Mirtha Vásquez, y ella le habría dicho que las promesas de Bellido no podrían cumplirse[2].

Las promesas realizadas por el ex premier son en realidad pedidos que las poblaciones afectadas por Aruntani S.A.C solicitan hace más de 15 años. Tal como menciona el alcalde distrital de Llalli: “Hace más de 15 años estamos así, todos los gobiernos nos pasearon con mesas de trabajo. Queremos que el ministro nos resuelva este problema, con la ejecución de una planta de aguas ácidas y con la declaratoria de emergencia de la cuenca, porque nosotros vivimos de la ganadería. Vamos a iniciar una huelga indefinida y los alcaldes acataremos una huelga de hambre si no cumplen los acuerdos”[3].

Los antecedentes de la contaminación causada por la unidad minera Arasi, datarían desde el 2007 según testimonios de pobladores locales, pero recién desde el 2014 el OEFA evidenció la presencia de ríos aledaños a las operaciones de Aruntani con pH ácido y con parámetros que superaban los ECA. Sin embargo, desde aproximadamente el 2016, la responsabilidad de Aruntani S.A.C en la situación ambiental de la cuenca Llallimayo se hacía más evidente, obligando al OEFA a otorgar medidas preventivas contra Aruntani S.A.C para prevenir la contaminación, pero ya era muy tarde.

Un año después (2017) se detectó la presencia de Al, As, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni y Zn, provenientes del botadero Jessica en dirección a la quebrada sin nombre, tributario de la quebrada Luchusani. Asimismo, los deslizamientos del tajo Jessica y la apertura de accesos generarían materiales que se incorporan al medio acuoso producto de la erosión y escorrentías, permitiendo la deposición de los metales[4]. A pesar de las pruebas contundentes, Aruntani S.A.C presentó un recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 009-2017OEFA/DS del 31 de enero de 2017, referida a la responsabilidad objetiva de Aruntani. El 2017, los recursos presentados por ARUNTANI fueron declarados como IMPROCEDENTES e INFUNDADOS, y de esta forma se confirmaron las medidas preventivas contra Aruntani S.A.C.[5]

Por lo anterior, es evidente que el sistema de gestión ambiental nacional es deficiente en tanto los monitoreos de la calidad del agua realizados por instituciones gubernamentales no concluyen otorgando responsabilidades de la contaminación, sino hasta que la afectación es visible y la remediación casi inalcanzable. Además, es evidente que ante actos de contaminación nuestras vidas están desamparadas, mientras los culpables arguyen con estrategias legales y técnicas inocencia. La problemática ambiental de la cuenca Llallimayo es una muestra de que encontrar un culpable, no garantiza la implementación de medidas para salvar vidas, pues en Llallimayo no existe una planta de tratamiento de aguas acidas y metales pesados cinco años después de haberse demostrado la afectación de los ríos, y pese a haberse determinado la responsabilidad de Aruntani S.A.C.

 

[1] https://www.noticiasser.pe/autoridades-de-melgar-advierten-al-premier-bellido-que-haran-una-huelga

[2] https://www.facebook.com/alex.ariandk.3/videos/436774591356133

[3] https://www.noticiasser.pe/autoridades-de-melgar-advierten-al-premier-bellido-que-haran-una-huelga

[4] INFORME N° 077 – 2017 – OEFA/DE-SDLB-CEAME

[5] RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 037 – 2017 – OEFA/DS

 

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La histórica deuda con nuestros hermanos/as del campo y el golpe fujimorista

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Hoy 24 de junio conmemoramos el día del campesino, fecha más que simbólica para nuestros hermanos y hermanas del campo, ya que durante la pandemia de la Covid-19 han sido las comunidades campesinas y los pequeños productores locales quienes han sostenido la alimentación y la vida de millones de peruanos. Lamentablemente, los sucesivos gobiernos poco o nada han hecho para mejorar las condiciones de vida en las comunidades campesinas; por el contrario, nuestros hermanos/as siguen sufriendo la arremetida permanente a sus derechos individuales y colectivos, siendo discriminadas y estigmatizadas, muchas veces, por el mismo Estado. A pocas semanas del bicentenario, lo que vemos es nuevamente una narrativa en contras de las comunidades y pueblos indígenas. Desde el fujimorismo y sus aliados políticos se busca desconocer sus votos, sobre todo en aquellas zonas donde mayoritariamente la gente a votado por Pedro Castillo.

En esa línea, estos días, la arremetida de Keiko Fujimori y sus aliados en contra de la voluntad popular y la democracia, continúa. Esta vez buscan desacreditar el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y la denuncia vienen de uno sus miembros: Luis Arce; que hace pocas horas ha presentado una “carta de declinación irrevocable” como miembro al JNE, dejándolos sin quorum y por tanto paralizando el proceso de revisión de las apelaciones de los recursos de nulidad presentados por el fujimorismo. El objetivo es claro, se busca ganar tiempo para que Pedro Castillo no juramente el 28 de julio, y que la próxima mesa directiva del nuevo Congreso convoque a nuevas elecciones. Así mismo, el día de hoy varios supuestos “lideres políticos”, aliados del fujimorismo encabezados por el flamante congresista electo Jorge Montoya, han realizado una conferencia de prensa para pedir una auditoria a la segunda vuelta de elecciones en Perú a la Organización de Estados Americanos (OEA). Es decir, no solo buscan desconocer los votos, así como a los organismos electorales, sino que vienen gestando un “golpe lento” a la democracia del país.

El tema no queda solo en estas esferas, también cuentan con una estrategia en el Congreso saliente, ya que han emprendido una campaña contra la actual mesa directiva presidida por la congresista Mirtha Vásquez. Los partidos y congresistas aliados del fujimorismo no solo han sacado una cuarta legislatura, si no que buscan modificar la Constitución respecto a la cuestión de confianza y la disolución del Congreso, así como la elección express de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En esa ruta se encuentran y no les interesa en absoluto respetar la voluntad popular y los resultados de las elecciones.

Y como varios ya lo han señalado, los últimos hechos que presenciamos trascienden al fujimorismo, hay otros actores que no están dispuestos a perder sus privilegios, negociados y cuota de poder en las diferentes esferas del gobierno.

En el año del bicentenario, en vez de hablar y reivindicar los derechos de las comunidades y poblaciones indígenas en el día del campesino, vamos a tener que volver a salir a las calles a defender lo poco que hemos ganado en este tiempo.

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Yanacocha busca anular juicio que Máxima Acuña ganó en el 2014

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ANTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

  • Empresa presentó recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y este miércoles se revisará en audiencia
  • Sala que aun preside Javier Villa Stein verá el caso
  • Este proceso Yanacocha denunció por usurpación agravada a casi toda la familia Chaupe Acuña

Este miércoles 15 de marzo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia revisará la sentencia que –en última instancia– declaró inocente a la familia Chaupe Acuña del delito de usurpación agravada, y otros cargos formulados por la empresa minera Yanacocha.

En este proceso penal, que duró entre el año 2011 y 2014, fueron incluidos: Máxima Acuña; Jaime Chaupe, su esposo; Isidora Chaupe, su hija, y Elías Chávez, su yerno. Es por ello, que la ganadora del premio Goldman 2016 y toda su familia, acudirán a esta audiencia programada en la sede de la corte suprema en Lima.

En la sala penal, que aun preside Javier Villa Stein, se discutirán los argumentos de la empresa que buscan anular la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca (17 de diciembre del 2014), y reabrir el proceso con el fin de volver a juzgar a la familia bajo pena de cárcel efectiva.

Precisamente, esta fue la sentencia histórica que permitió a Máxima y a su familia permanecer en su predio al no haber pruebas concretas de la usurpación que denunciaba Yanacocha.

Pese a que la Sala Penal de apelaciones fue la última instancia para este caso y sus sentencias no se pueden apelar, la empresa Yanacocha y abogados, presentaron un recurso extraordinario, denominado “Casación”.

Mirtha Vásquez, abogada de Máxima Acuña y su familia, explicó que este recurso está prescrito en la ley y solo procede excepcionalmente, por causales específicas.

“Con esta casación no se puede volver a juzgar el caso (los hechos), pero sí se puede revisar que la sentencia haya sido dada conforme a ley, y que las normas se hayan interpretado de manera correcta”, puntualizó la letrada.

Asimismo, la defensora legal de Máxima Acuña, precisó que la sentencia dada en la segunda instancia (Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca) es absolutamente clara y no existe ninguna contradicción o vacío de ley.

“La empresa minera ha logrado que su recurso de Casación sea admitido, argumentando que se debe interpretar en otro sentido la norma que regula el proceso de usurpación. Ahora la Sala Penal de la Corte Suprema, señala en su resolución que es importante revisar el caso para sentar “criterios jurisprudenciales””, especificó.

Cabe recordar que la familia campesina y la minera estuvieron inmersos en un juicio que duró casi cuatro años (2011 al 2014), y en el que la empresa siempre argumentó que los Chaupe Acuña nunca vivió allí. Yanacocha adujo que el 9 de agosto de 2011 invadieron la propiedad violentamente, incluso “golpeando una veintena de policías”.

Sin embargo, la familia asegura que fue en ese año (2011) que la empresa llegó hasta su predio Por su parte la familia, argumentaba que fue Yanacocha la que llegó hasta el predio y pretendió desalojarlos violentamente, agrediéndolos y destruyéndoles lo poco que tenían.

Máxima junto a su familia, lejos de irse, se quedó en el predio y desde ese momento –hasta la fecha- es que resiste las constantes hostilizaciones e irrupciones de Yanacocha y su personal de seguridad privada cada cierto tiempo.

El 17 de diciembre del 2014 la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, declaró absuelta a la familia de todos los cargos que la empresa les imputaba, en tanto no existían medios de prueba que acreditaban lo argumentado por la empresa.

Plantón de solidaridad

Desde las 8:00 horas del 15 de marzo, diversos colectivos, organizaciones de la Sociedad Civil y personas que se solidarizan con Máxima Acuña y su familia, han convocado a un plantón frente al Palacio de Justicia, lugar donde se ubica la Sala Penal Permanente. La audiencia está programada para las 8:30 de la mañana.

DATO:

  • Yanacocha y la familia campesina, se disputan desde hace años un terreno de no más de 25 Has., ubicado a 4000 metros de altura, y que sería parte del Proyecto minero Conga.

Foto: Chungo y Batann

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Yanacocha trató de colocar supuesta “prueba” de usurpación contra Máxima y su familia

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ANTE CORTE SUPREMA

  • Minera pidió anular fallo que impide desalojar campesina Máxima Acuña

La empresa minera Yanacocha intentó convencer a la Corte Suprema de Justicia, de que Máxima Acuña y su familia cometió delito de usurpación agravada, luego de mostrar una foto captada desde una satélite, que presentó como nuevo elemento probatorio.

Con esta supuesta prueba, el abogado de Yanacocha, Eduardo Alcocer, intentó demostrar que el terreno en litigio le pertenecía a Yanacocha desde antes que llegara Acuña y su familia al lugar.

Durante la audiencia, Alcocer reiteró que los Chaupe Acuña a Tragadero Grande, de manera violenta, golpeando a policías y vigilantes privados, y así lograr apoderarse del terreno.

En respuesta, Walter Gutiérrez Roque, abogado de los campesinos, desestimó las pruebas presentadas por la minera, debido a que carece de «fuerza probatoria» y porque además no fue incluida al inicio del proceso que duró entre el año 2011 y 2014.

Gutiérrez explicó que se pueden presentar nuevas pruebas durante el proceso, pero hay que demostrar que recién se ha tenido acceso a ellas. Según dijo, Yanacocha no ha podido hacerlo.

“La empresa no ha mostrado ningún argumento fuerte. Yanacocha aduce que durante el proceso (2011-2014) no se recusó a un juez que aparentemente tenía vínculo con rondas campesinas, y tampoco se les había aceptado otros elementos de prueba”, comentó Gutiérrez a RED MUQUI, al término de la diligencia.

Mecánica del proceso

En esta audiencia convocada por la Sala Penal permanente de la Corte Suprema, Yanacocha hizo una exposición oral de la casación que había formulado. Por su lado, la defensa de los Chaupe Acuña debía rebatir lo argumentado por la minera.

“Hubiera sido importante que la señora Máxima esté en la audiencia y sea escuchada, porque el trámite casatorio indica que después que abogados dan cuenta de un informe, la parte afectada tiene oportunidad de hablar”, comentó el letrado.

Porqué se admitió la casación

La casación es factible como recurso extraordinario con el fin de que la Corte Suprema pueda observar las sentencias previas.

“Hemos solicitado que se confirme la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, y que la casación sea declarada infundada e improcedente”, informó Gutiérrez.

La intención de la minera es que la Sala Penal Permanente declare nulo un fallo dictado en segunda instancia que declaraba inocente a Acuña y su familia por el presunto delito de usurpación del terreno, y que más bien prevalezca la sentencia en primera instancia, donde fueron declarados culpables.

La defensa insistió que Corte Suprema vea que el tipo penal no se ha cumplido, ya que no ha habido violencia por parte de la familia, porque el predio siempre ha estado en posesión de la señora Máxima. “Lo que se tiene es solo el ejercicio normal de la posesión por parte de ella”, dijo Gutiérrez.

En esta oportunidad, la sala, presidida el juez supremo Josué Pariona en reemplazo de Javier Villa Stein, quien renunció al cargo hace unos días.

Ahora la Corte Suprema en lo Penal, debe emitir una resolución de casación que da por finalizado el trámite casasorio. La decisión de la Sala se conocerá este 12 de abril desde las 8:30 de la mañana.

Nuevo precedente

En opinión del abogado Walter Gutiérrez, en este caso la causal es generar doctrina jurisprudencial.

“Se podría sentar un precedente respecto al delito que se le está imputando a Máxima Acuña. La usurpación agravada necesitaba antes de alguien que para que uno usurpe, además de desposeer e ingresar directamente, también tendría que haberse demostrado que ejerció violencia. Que es lo que no hubo en este caso”, explicó a RED MUQUI.

Es decir, que, a partir de este caso la doctrina va a indicar que para que exista usurpación agravada debe cumplirse todos estos factores en un mismo momento, incluso violencia.

“De salir favorable la sentencia, podríamos revertir muchas otras correspondientes a otros procesos que mantiene la familia”, señaló.

DATOS:

Máxima Acuña, su familia y su abogada Mirtha Vásquez, no pudieron estar presentes en la audiencia, debido a que no pudieron abordar el avión que los iba a traer a Lima. La aerolínea tomó esta determinación debido al mal tiempo y a las lluvias al norte del país.

Mientras se desarrollaba la audiencia, hubo un plantón de solidaridad a las afueras del Palacio de Justicia por parte de Fenmucarinap, Amnistía, CNDDHH, DEMUS y RED MUQUI.

Fuente: RED MUQUI / EFE

Fotos: Wayka / RED MUQUI

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