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Poder Judicial archivó caso de 54 denunciados por protestas contra proyecto minero Conga

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EN CAJAMARCA

Autoridades (Presidente Regional y Alcalde Provincial de Cajamarca), líderes sociales y ambientales, y población, fueron acusados de “Autoría Intelectual” por oponerse al Megaproyecto Conga.

54 personas -autoridades del Gobierno Regional, alcaldes de municipalidades provinciales y distritales, líderes sociales y ambientales, y pobladores de la región Cajamarca- que participaron en las movilizaciones contra el Megaproyecto Conga en el 2011, que fueron denunciados y procesados como autores intelectuales de delitos como extorsión agravada, disturbios, entorpecimiento de servicios públicos entre otros delitos, han quedado recientemente liberados de los cargos tras un largo proceso judicial de casi seis años.

El Poder Judicial ha declarado el archivo del caso por sobreseimiento, tras señalar que no se ha podido probar la perpetración de estos delitos ni la participación de los imputados.

Las pruebas que el Ministerio Público presentó en un inicio para formular la acusación solo estaban constituidas por videos donde los líderes y autoridades expresaban en diversos discursos su llamado a las movilizaciones pacíficas tras sustentar su oposición al proyecto Conga que pretendía afectar fuentes naturales de agua y devastar amplias áreas de las jalcas cajamarquinas. Las protestas se iniciaron el 24 de noviembre del 2011, logrando abarcar las 13 provincias de la región de Cajamarca.

En este proceso habían sido comprendidas las autoridades de ese entonces, el Presidente Regional, Gregorio Santos Guerrero, el Alcalde Provincial, Ramiro Bardales y alcaldes municipales y provinciales.

Proceso sin sustento

“El proceso judicial seguido contra las autoridades, líderes sociales y ambientales y población no tenía ningún sustento, preocupaba por ello, debido no solo a que era la manifestación de la criminalización de la protesta social, sino un serio atentado contra la libertad de expresión”, refirió la abogada, Mirtha Vásquez Chuquilín, defensora de varios líderes ambientales y autoridades procesadas en este caso.

Entre los denunciados estuvieron: Gregorio Santos Guerrero, ex Presidente Regional de Cajamarca; Alcaldes de diversas provincias y distritos de aquel entonces, como Ramiro Bardales (Alcalde provincial de Cajamarca), Jorge Vásquez Bazan (Alcalde de la Encañada), Hernán Vásquez Saavedra (Alcalde de Bambamarca), Juan Aranda Crisologo (Alcalde de San Juan), entre otros; también se encontraban comprendidos en la investigación Edy Benavides Ruiz, actual Alcalde de Bambamarca, Marco Arana Zegarra, actual Congresista; Sergio Sanchez Ibañez, Gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional, Carmela Sifuentes, Presidenta de la CGTP, entre más autoridades y líderes sociales y ambientales.

Autoría intelectual

Fue el Estado Peruano, a través de la Procuraduría y a partir de las denuncias de los asesores legales de Minera Yanacocha, quien denunció a estas 54 personas por tales delitos, atribuyendoles ‘Autoría Intelectual’ de los hechos, imputándoles el haber manipulado a la población para movilizarse y causar disturbios cuando lo que hacían era movilizarse pacíficamente para impedir la imposición del Proyecto Minero Conga. Con esto termina casi 6 años de proceso que afectaba la tranquilidad de estos líderes y los exponía a una condena efectiva.

Fuente y Fotos: GRUFIDES

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Familia Chaupe Acuña cuestiona que Newmont busque dialogar cuando Yanacocha continúa con acciones violentas

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A TRAVÉS DE UNA CARTA PÚBLICA

  • Empresa minera presiona hacia un diálogo con funcionarios prepotentes que han actuado en contra de Máxima Acuña y sus otros familiares

La familia Chaupe Acuña dirigió una carta a Newmont –accionista mayoritaria Yanacocha– pidiendo que cesen los actos de hostilidad y cumplan con las recomendaciones del informe RESOLVE para dar solución al conflicto que mantienen ambas partes por el predio «Tragadero grande”, ubicado en Celendín (Cajamarca).

“Pensamos que producto de los resultados del informe RESOLVE, Newmont cambiaría su enfoque luego de aplicar algunas recomendaciones, como hacer na evaluación de riesgos específicos del caso, realizar un análisis de causa a raíz del conflicto de Tragadero grande; y hacer una investigación exhaustiva de los problemas de seguridad que son motivo de nuestra preocupación”, expresaron.

Empresa presiona con “diálogo”

En la carta dirigida al Presidente de Newmont Mining, David Goldberg, los Chaupe Acuña, cuestionan que la minera haya buscado dialogar con ellos de manera informal y con actos de agresión de por medio a cargo de algunos funcionarios de Yanacocha, como: Raúl Farfan (vocero de la empresa), Carlos Mercado y Héctor Zegarra.

“Estamos experimentando, en los últimos meses, es un insistente y forzado intento de acercamiento hacia nosotros, usando para ello a los peores interlocutores, los propios funcionarios responsables del mal manejo de este conflicto. Los que han dirigido y sostienen los ataques contra nuestra familia, tanto físicos, psicológicos, como mediáticos”, refieren.

Mirtha Vásquez, abogada de los Chaupe Acuña, indicó que el 5 de noviembre pasado, estos altos funcionarios de la empresa se acercaron a la casa de la familia, donde fueron escuchados. En esta reunión los representantes de Yanacocha insistieron sobre la adquisición del terreno, que para esta familia campesina es innegociable.

“La empresa ha enviado dos cartas – a mí y a Máxima- con el fin de dialogar. El problema es que desde entonces vienen presionando e insistiendo día a día para concretar otra reunión, lo cual constituye también un acto de presión y hostigamiento. Esta no es la manera de propiciar un acercamiento”, dijo la directora del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES).

Ante ello, la familia manifiesta que precisamente son estos funcionarios los que siguen presionando, de manera confrontacional y agresiva, para llevar a cabo un diálogo.

“Sin duda algunos de estos funcionarios han sido los causantes de que el conflicto llegue hasta su estado actual, y hoy continúan empeorando la situación”, señalan a Newmont.

En ese sentido, Mirtha Vásquez, quien también ha sufrido actos de hostigamiento por ejercer la defensa del caso de Máxima Chaupe, aclaró que hasta el momento no existe ningún diálogo iniciado con Yanacocha, ya que, hasta el momento, no se han establecido los puntos a conversar.

“La empresa debe comprender que este tema va más allá de una transacción comercial. En este caso se han trasgredido los derechos humanos de la familia. Si el diálogo que plantea la empresa va por negociar en base al terreno, no se llegará a nada, porque el terreno no está en venta, ni en posición de intercambio”, aseveró.

Asimismo, los Chaupe Acuña pidieron que la trasnacional, especifique bajo qué puntos pretende entablar un diálogo con ellos.

“Escribimos esta carta a la máxima autoridad de Newmont para pedirle que, mediante una comunicación clara, precisa y pública, nos exprese cuales son los puntos sobre los que Newmont desea dialogar con nuestra familia”, solicita Máxima Acuña junto a su esposo Jaime Chaupe.

En gran parte de la carta dirigida a Goldberg, Máxima y su esposo Jaime, le recordaron el resultado del informe RESOLVE, a cargo de la Misión Independiente de Constatación de los hechos de Yanacocha, que Newmont contrató para recopilar información sobre su caso. Específicamente lo referido a violaciones a derechos humanos.

“Lamentamos que el informe, a pesar de todas las importantes constataciones que hace, incluyendo el registro del uso sistemático de la fuerza contra nosotros, concluya ambiguamente en que no existen evidencias de violación de derechos humanos, aunque señale que sí existe riesgo sobre los mismos”, manifiestan los esposo Chaupe Acuña.

Fuente: Carta abierta a Newmont Mining

Foto: Gabriela Delgado

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Piden que ONU interceda para otorgar garantías a Máxima Acuña y Mirtha Vásquez

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DESDE LATINOAMÉRICA
• Mujeres denuncian que proyectos extractivos generan violencia
• Petición fue firmada por 15 mil personas de varios países en el mundo

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales pidió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), interceda ante el gobierno del Perú, para que se otorguen garantías a Máxima Acuña y su abogada Mirtha Vásquez.

En el día internacional de la no violencia contra la mujer (25 de noviembre, último), este colectivo femenino internacional presentó una petición firmada por 15 mil personas de todo el mundo para pedir por la seguridad de todas las defensoras de la tierra y la vida en América Latina.

En la carta, se denuncia cómo es que los proyectos extractivos, y en particular las actividades mineras, están generando violencia con el cuerpo y el territorio, donde habitan mujeres indígenas que vienen denunciado y defendiendo ante la vulneración de derechos sociales y ambientales.

Esta entrega de petición, se hizo en cada una de las sedes de la ONU en Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, México, Uruguay, Colombia, El Salvador, Honduras, Perú. Próximamente serán entregadas en Panamá y en otros países.

En la carta a dirigida a Naciones Unidas se resalta que las mujeres son las más afectadas por las economías extractivistas. “Estamos expuestas a diversas formas de violencia que causan las actividades extractivas: agresiones físicas, sexuales y psicológicas que ponen en riesgo sus vidas, sus cuerpos y sus territorios; contaminación que afecta a su salud; criminalización que afecta a su integridad; y despojo de sus territorios”, indican.

En el caso de Máxima Acuña, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, recordó a la ONU que, desde hace 4 años, Máxima Acuña y toda su familia han sufrido un claro hostigamiento por parte de la empresa minera Yanacocha, a causa de la disputa legal que mantiene por la posesión del predio Tragadero Grande.

“La familia quiere utilizar su tierra para desarrollar la agricultura, la ganadería y sobre todo para continuar en relación directa con la Madre Tierra. Distintas organizaciones peruanas que les apoyan en su resistencia denuncian la vigilancia extrema incluso con cámaras y hasta drones, ataques a sus animales y hasta retiro de sus cosechas de papas sin ningún reparo”, relatan en la carta dirigida a la ONU.

De igual manera refieren el caso de la abogada Mirtha Vásquez, quien también es víctima de intimidación, amenazas y seguimientos tanto ella como a su familia, desde que decidió tomar la defensa legal de la familia Chaupe Acuña. Asimismo, se le remite a la ONU que Vásquez Chuquilin se ha convertido en el blanco de campañas mediáticas de desprestigio y desinformación.

Por la gravedad de los hechos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una serie de medidas cautelares a Mirtha Vásquez y a Máxima Acuña, a fin de que el Estado peruano garantice la integridad de ambas, sin embargo, hasta el momento no se han cumplido.Entre otros casos que marcan la violencia extractivista, se expuso el asesinato de la lideresa indígena, Berta Cáceres, en Honduras en marzo de 2016; los desalojos forzados en medio de militarización y hostigamientos a mujeres y sus pueblos indígenas en Ecuador para implantar actividades mineras; el dejar sin agua y en condiciones de alta contaminación minera a comunidades enteras en Bolivia; los atentados con armas de fuego a la vida de mujeres por defender el territorio en Guatemala, etc.

“Las organizaciones, instituciones y personas firmantes de esta petición nos dirigimos a los gobiernos de América Latina, para denunciar y exigir el cese inmediato de toda forma de violencia contra las mujeres, y pedimos medidas efectivas de protección para todas aquellas que se sientan amenazadas”, enfatiza la petición.

DATO:
La campaña de firmas virtuales fue impulsada por la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales en coordinación con Salva la Selva desde su sitio web www.salvalaselva.org con mucha interacción de personas de diferentes países, que al conocer los ejemplos de violencia contra las mujeres por actividades mineras se sumaron a la petición con una firma.

Fuente: Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales

Foto: SERVINDI

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Preocupa que se continúe política de desregulación del sector Ambiente los próximos cinco años

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EN GOBIERNO DE PPK

Durante la presentación del 18°Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM Péru), que impulsan CooperAcción, el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) –miembros de la RED MUQUI–, el economista y exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, expresó su preocupación sobre la tendencia de desregulación y contrarreforma que desde hace varios años viene afectando la institucionalidad del sector Ambiente, y que formará parte de las políticas del gobierno entrante de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Al ser consultado por varios periodistas, el representante de CooperAcción, refirió que hasta el momento, en el Perú no se ha podido conseguir una gestión ambiental fortalecida, transversal y que sea transectorial, sin restarle autoridad al Ministerio del Ambiente (Minam), así como a todos sus organismos adscritos como la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE).

“El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante. En su plan de gobierno parten de la idea de que los conflictos sociales se pueden solucionar con una inyección económica (“adelanto social”); sin reconocer que los conflictos son multidimensionales que pueden tener también componente ambientales, sociales y culturales”, agregó De Echave.

En ese sentido, De Echave cuestionó que el gobierno de PPK tenga una voluntad política, tomando en cuenta que la propuesta de Peruanos Por el Kambio en materia ambiental está orientada a temas específicos como la minería ilegal, que si bien es importante, poco se podrá hacer si no se refuerza la débil institucionalidad ambiental que deja Ollanta Humala. De igual modo, comentó que una eventual fusión de ministerios, sería desfavorable para el sector Ambiente, el cual pasaría a ser una secretaría técnica.

“No solo es un escenario difícil por las leyes de los paquetazos ambientales y los decretos supremos que contraviene a la fiscalización ambiental, sino también porque existe la propuesta de fusionar algunos ministerios, como por ejemplo, el ya voceado gran ministerio de los Recursos Naturales y de Ambiente, en el que estarían los sectores Agricultura, Pesquería, Ambiente, Cultura y Energía y Minas, además de siete viceministerios”, indicó.

De Echave, dejó entrever que en este nuevo gobierno aún es incierto el desarrollo de las funciones del SENACE, que hasta el momento tiene funciones transferidas desde los sectores de Energía y Minas, y Transportes y Comunicaciones. Y que además tiene como jefe, a Patrick Wieland, quien antes de asumir este cargo, fue un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargado de “destrabar” las inversiones.

“Todo indica que no existe la voluntad de que el SENACE se convierta en un organismo fuerte”, remarcó.

Pendientes alrededor de los conflictos

Por su parte, Ana Leyva, directora de CooperAcción se refirió al paquete normativo que el gobierno saliente le deja a PPK, entre estos dispositivos, acotó que urge replantear el uso de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) (D.S. N° 054) y evitar que los proyectos se modifiquen sustancialmente a través de esta vía, que toma tan sólo 15 días de tramitación y no cuenta con mecanismos de participación ciudadana. Es así que puso de ejemplo el caso del proyecto Las Bambas, donde el proceso de modificación que sufrió el proyecto en sí y su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se hizo sin informar a la población, lo cual ocasionó el estallido del conflicto en setiembre de 2015.

A su turno,  Mirtha Vásquez, directora de Grufides, reiteró que la situación que vive la región Cajamarca, la cual lleva 20 años de gran minería, es de resistencia sostenida al extractivismo; respecto a Conga, el rechazo se mantiene y esperan expresarlo una vez más a través de una movilización en las próximas semanas.

Comentó además que aún no se puede comprender por qué la Autoridad Nacional del Agua sigue aceptando actividades extractivas que tienen conflictos por agua. Recalcó también que instituciones como la suya buscan proteger los derechos de las comunidades, no promover conflictos ni incentivar actos delictivos, como se les acusa constantemente.

Para David Velasco, director de Fedepaz, expresó la preocupación por la criminalización de la protesta se mantiene latente.  Según el abogado, estas tres situaciones son: la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los que protestan, las campañas de demolición de honras contra dirigentes y, propiamente, la represión que deja muertos y heridos.

La cifra de 50 muertos en conflictos sociales en los últimos cinco años la brinda una base de datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Las regiones que presentan registro de más víctimas mortales, durante el gobierno de Humala, son Cusco y Arequipa con 6 cada una, Cajamarca y Piura con 5, Lambayeque y Madre de Dios con 4, y Loreto, Apurímac y Junín con 3 cada una.

Sobre el número de muertes Velazco señaló que «queda claro que a lo largo de este gobierno (Humala) no se respetó la vida».

Si bien reconoció que se mantienen vigentes procesos judiciales por criminalización que tuvieron su origen en hechos anteriores a la actual gestión, como el proceso por el caso Río Blanco, el abogado destacó que «la regla es que no existe a la fecha una resolución judicial firme en el país que establezca responsabilidad por actos de criminalización de la protesta».

Fotos: Jonathan Hurtado / SERVINDI

Fuente: Comunicaciones RED MUQUI / Observatorio de Conflictos Mineros / SERVINDI

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Poder Judicial ordena que Yanacocha retire cámaras y drones de la propiedad de Máxima Acuña

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POR MEDIO DE RESOLUCIÓN

El Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Celendín ordenó que la empresa minera Yanacocha retire, de inmediato, las cámaras de vigilancia que había instalado en las inmediaciones de la casa de Máxima Acuña. De igual modo, la sala que preside la jueza Edith Cabanillas Palomino, prohibió el uso de drones para sobrevolar el predio con el fin de espiar y hostigar, en tiempo real, a los miembros de la familia Chaupe Acuña.

Por medio de la Resolución N°06 (Sentencia N° 078-2016), el Juzgado Penal de Celendín respondió al Hábeas Corpus interpuesto por la defensa legal de Máxima Acuña a inicios de este año, ante los por los constantes actos de hostigamiento y violación a la libertad e intimidad de esta familia campesina. Este recurso fue interpuesto luego que la empresa colocara un sistema de video vigilancia que captaba imágenes directas de la casa de Máxima Acuña, además de hacer sobrevolar drones con la misma finalidad.

«Nos notificaron que encuentran responsabilidad en Yanacocha, por estos actos violatorios a la libertad (…) Yo sé que la empresa, a través de sus redes han mandado comunicados en los últimos días, diciendo que ellos no han ejecutado ninguno de estos actos pero, acá tenemos la mejor prueba el juez está señalando que ellos sí cometen este tipo de actos y los está sentenciando”, reaccionó la abogada de Máxima Acuña, Mirtha Vásquez.

Lo que dice Yanacocha

Como se recuerda, el funcionario de la empresa minera ha declarado públicamente en medios como Cuarto Poder (América Televisión) y La Mula, asegurando que Yanacocha no tiene intención de hostigar a Acuña.

En una extensa entrevista con el portal lamula.pe, Velarde deslizó que quienes podrían haber atacado, por ejemplo al perro de los Chaupe, son los comuneros de la zona que se dedican al cuidado de alpacas.

“La acusación no ha sido hacia el personal de seguridad de la empresa sino a los que trabajan en el corral de alpacas, que son comuneros de la zona y no tienen por qué estar atacando al perrito de la señora”, aduce el gerente general de Yanacocha a La Mula.

En otra parte de la entrevista, Velarde señala que se rigen sobre una serie de principios voluntarios en derechos humanos, especialmente diseñados, para que las empresas de seguridad no cometan violaciones de derechos humanos en el desarrollo de sus actividades.

“Nosotros les exigimos a la empresa que cumpla con una serie de entrenamiento en temas de derechos humanos, y nosotros les damos entrenamiento también a los agentes de seguridad en temas de derechos humanos. Cómo comportarse, cómo interactuar con la gente”, asegura Velarde en diálogo con La Mula.

En respuesta, la abogada de Máxima Chaupe dijo considerar abusivo que la empresa use las redes o los medios de comunicación para ir haciendo quedar a esta familia como una mentirosa. Además dijo esperar que de ahora en adelante acaten la ley y empezar a cumplir lo que el juez señala.

«El señor Velarde, trata de negar que ellos hostilizan a la familia, yo creo que la mejor prueba de que él está mintiendo son estas resoluciones (judiciales) que nos dan la razón. Nosotros venimos haciendo denuncias por cada acto de hostigamiento. Cada una está en trámite, esperamos que una resolución similar a esta y que por fin, las autoridades empiecen a ponerle un alto a esta empresa que comete una serie de abusos contra esta familia”, puntualizó Vásquez Chuquilín.

 

Fuente: GRUFIDES / Portafolio Periodístico

VIDEO: Portafolio Periodístico

Foto: TheGuardian.com

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Policía Nacional brindará seguridad a la familia Chaupe Acuña

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POR DISPOSICIÓN DE LA ONAGI

  • Gobernación de Cajamarca asegura que tiempo de garantías personales es indeterminado
  • Si Yanacocha irrumpe en Tragadero grande tendría que responder ante el Poder Judicial

La Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) dispuso que la región policial de Cajamarca se traslade dos veces por mes hasta el predio de Tragadero grande para asegurar que el personal de la empresa minera Yanacocha deje de irrumpir y hostilizar a la campesina Máxima Acuña y a su familia.

La abogada de los Chaupe Acuña, Mirtha Vásquez, detalló que la resolución directoral N° 0014 – 2015 emitida por esta dependencia del Ministerio del Interior, precisa que estos desplazamientos serán de manera inopinada a bordo de motocicletas, además de proporcionar teléfonos móviles a Máxima Chaupe Atalaya, así como a sus hijos Daniel e Isidora Chaupe Acuña, quienes podrán estar en permanente contacto con la policía y alertarlos en caso de alguna emergencia.

Además Vásquez detalló que esta disposición se da en atención a una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Habla el gobernador

Por su parte, el gobernador político de Cajamarca, Edwin Edquen Sánchez, indicó que la duración de estas garantías es de carácter indeterminado.

“Se han venido tramitando garantías, y estas ya llegaron a su punto final, es decir, están consentidas. Es por eso que se ha emitido un documento de cumplimiento por parte de la región policial y las acciones de protección ya se están llevando a cabo. La duración de las garantías es indeterminada”, recalcó Edquen.

Edquen indicó que desde que las garantías son efectivas, la policía ya cuenta con mecanismos de comunicar a la autoridad competente, si la tranquilidad de los Chaupe Acuña se está trasgrediendo. También aseguró que se le está comunicando a la minera Yanacocha sobre esta decisión de su despacho, así como de la resolución de la ONAGI, con el fin de que faciliten el cumplimiento de estas garantías.

“En caso de incumplimiento por parte de la empresa minera, a la gobernación ya no le correspondería continuar algún otro proceso, sino al Poder Judicial”, puntualizó.

 

DATO:

La última incursión de la minera Yanacocha al terreno de los Chaupe Acuña se dio el 15 de marzo último. Esta vez el personal de seguridad privada de la minera rosearon unos químicos en spray sobre el terreno.

 

Foto: Número-zero.net

Video: YouTube de Manuel Giovanni Quiroz Santaya

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