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El Ministerio de Minas y Energía (MINEM) ha aprobado la expansión de la mina de cobre Las Bambas del consorcio chino MMG, situada entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau, en la Región Apurímac

Así lo informó ayer el consorcio en un comunicado dirigido a la bolsa de valores de Hong Kong, en el que se ha felicitado por el permiso de explotar el depósito minero de Chalcobamba a tajo abierto, que se pondrá en marcha progresivamente durante los próximos cinco meses.

Captura de pantalla del comunicado: “La empresa anuncia que el Ministerio de Energía y Minas de Perú ha emitido la aprobación reglamentaria para el desarrollo de la mina Chalcobamba y la infraestructura asociada”

El gobierno ha decidido darle a Las Bambas permiso de ampliación de sus operaciones, con las que prevé aumentar la producción desde las 380 mil toneladas que actualmente produce a 400 mil toneladas de concentrado de cobre al año, pese a los numerosos conflictos socio ambientales que enfrenta no sólo con las comunidades aledañas.

El depósito con los minerales donde se pretende abrir el tajo de Chalcobamba está ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. Comunidad que se opone a la expansión de la empresa, lo que abre un nuevo foco de conflicto con una de las mayores mineras del Perú, que por sí sola produce el dos por ciento del suministro mundial de cobre. 

La comunidad acordó ayer que adoptará todas las medidas «legales y sociales» necesarias para evitar el desarrollo de este segundo tajo abierto, en una reunión convocada poco después de que se anunciara el visto bueno del Gobierno.

Cabe precisar que la consulta previa culminó en la gestión de Sagasti, pero se dejó al nuevo gobierno la decisión en torno a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

«Somos enfáticos en señalar que no permitiremos, no toleraremos el inicio de operaciones en el inconsulto proyecto Chalcobamba», afirmó la comunidad Huancuire en un documento firmado por dirigentes de la zona y al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. 

Los representantes sostienen que el MINAM autorizó la explotación de Chalcobamba sin haber completado el proceso de «consulta previa» para desarrollar el proyecto.

Por otra parte, la mina ha sido un constante foco de conflictos con las comunidades empobrecidas ubicadas a lo largo del corredor minero sur que se extiende por unos 400 kilómetros que utiliza la empresa para transportar sus concentrados de cobre, cuyos caminos comunitarios fueron transformados en una vía nacional sin ser consultadas al respecto. 

Solo ayer 21 comunidades del distrito de Coporaque, en la provincia cusqueña de Espinar, decidieron suspender el bloqueo del corredor minero, después de que la Presidencia del Consejo de Ministros ofreciera reunirse con ellas durante la mañana de este viernes 25 de marzo. 

Asimismo, la población de Pomate en el distrito de Yaurisque, provincia de Paruro, desbloqueó ayer la vía alterna que utiliza Las Bambas, al deponer una movilización que había iniciado el pasado martes. La decisión de levantar la medida de fuerza la tomó la comunidad tras sostener una reunión que logró acuerdos con los representantes de la empresa minera.

Pero los conflictos de la minera Las Bambas, que de acuerdo a las informaciones de sus directivos en lo que va de año lleva acumulada 39 días de diversos bloqueos en los que no ha podido transportar concentrado al puerto de Matarani, van mucho más allá.  Pues sus actividades no solo afectan a las comunidades en las que realizan las operaciones relacionadas con la extracción y refinamiento del mineral, sino muchísimas otras que a pesar de encontrarse a decenas de kilómetros de distancia han visto su producción agropecuaria seriamente dañada por el paso de camiones de alto tonelaje.

Es el caso de varias comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que mantuvieron una movilización que se extendió desde fines de enero a mediados de febrero pasado y en la que paralizaron por completo el transporte de la empresa.

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas. A su paso, no solo levantan la tierra y polvo de caminos que en gran parte no están asfaltados, sino que pierden una parte de los minerales que transportan. De esta forma han ido contaminando los cultivos y los pastizales de comunidades, que previa a la instalación de la minera vivían de la agricultura y ganadería.

SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

  • Convenios fueron entregados por Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), CooperAcción, RED MUQUI y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  • Acuerdos privados entre la minera y Ministerio del Interior no garantiza respeto a los derechos humanos
  • Efectivos custodian integridad de la minera haciendo el el uso de la fuerza
  • PNP del Cusco entregó documentos de convenios a DHSF, luego de un orden judicial

El proyecto minero Las Bambas (Cotabambas, Apurímac) paga entre 100 a 110 soles diarios, a los efectivos que repriman protestas sociales y custodien solo la integridad de la minera, según convenio interinstitucional firmado con la Policía Nacional, a través de la Región Policial del Cusco (Oficio N° 088-2016-REGPOL CUSCO-EM/OID). Todo ello en el marco prestación de servicios extraordinarios complementarios.

Estos pagos se realizan de manera individual, de acuerdo a la jerarquía de cada policía, y de manera quincenal. Sin embargo, el depósito se hace por medio de la institución policial sin transparencia alguna.

En el documento refiere que la empresa minera, es quien mantiene libros y registros contables de todos los pagos que efectúa a la PNP por un periodo no menor a tres años.

Como parte del convenio, la Policía coloca a disposición de la minera, al General PNP Directoral de la Región Policial Sur Oriente quien es el encargado del control, supervisión, coordinación, evaluación y planeamiento. Es decir, se coloca a un funcionario público al servicio de un privado, aun cuando sus funciones son pagadas por el Estado.

Asimismo, se establece un depósito en cuenta corriente (N° 002-161102172 del Banco de la Nación) del 0.11% de la UIT por hora, a nombre de la Unidad Ejecutora 000036 “X Dirección Territorial de Policía Cusco”, como recursos directamente recaudados dentro de los primeros 10 días de cada mes. Recaudaciones que no se dan a conocer públicamente.

Además de ello, la minera establece que los efectivos policiales asignados desempeñen otras acciones fuera del área del PROYECTO. Por ejemplo, en la cláusula 5.1.7 indica que las operaciones policiales pueden realizarse fuera del área geográfica del PROYECTO.

“El Jefe del Destacamento, ante cualquier contingencia, deberá dirigir las operaciones policiales…ya sea dentro del área de EL PROYECTO o, cuando las circunstancias lo ameriten, fuera de dicha área”, especifica el documento.

No obstante este no es el único convenio que la Región Policial del Cusco ha suscrito en la zona sur del país. Entre los años 2010 y 2014, se suscribieron otros con la Compañía Minera Quechua (Espinar), Compañía Minera Tintaya-Antapaccay (Espinar) y Minera Hudbay (proyecto Contancia en Chumbivilcas), todas ubicadas en el Cusco.

Sin garantía de derechos

Aunque estén respaldados por Ley, lamentablemente estos convenios permiten el abuso y la violación de los derechos humanos. Sumado a ello, desnaturalizan la función policial, que, en vez de resguardar y garantizar la seguridad de todos los peruanos, termina por convertirse en una especie de seguridad privada de la empresa minera.

“La Policía Nacional hará uso de la fuerza en casos excepcionales y extremos, cuando esté en riesgo inminente la vida del personal de LAS BAMBAS y/o sus contratistas” exige la empresa minera.

Como resultado de esta cláusula convenios, que no son de carácter público, están los hechos violentos como el que sucedió el pasado 14 de octubre, en medio del conflicto de Las Bambas, en donde el comunero Quintino Cereceda Huisa (42 años) falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Acto que ha desprestigiado a la Policía en el manejo de conflictos socio ambientales.

Aunque la empresa aclara que no existe ningún tipo de vínculo laboral, ni dependencia, entre el personal de la PNP y LAS BAMBAS (cláusula 12.3.1.) consideramos que, si existiría un nivel de dependencia e incluso, la empresa podría tener la condición de tercero civilmente responsable en la medida que su comportamiento tolera o promueve una conducta punible.

Sociedad Civil presentó convenios

 

En conferencia de prensa, Ruth Luque, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) estimó que producto de todos los convenios existentes en el Perú, la PNP estaría recibiendo más de un millón de soles a nivel institucional debido al porcentaje que percibe por cada hora que trabajan los efectivos por resguardar a las mineras.

“Nos preguntamos en qué se gasta ese dinero que ingresa bajo el rubro de recursos directamente recaudados. Esta dependencia económica es inaceptable en un Estado constitucional donde los policías deben estar al servicio de toda la población”, señaló.

Otra preocupación expresada por Luque en la rueda de prensa fue el del uso de la fuerza utilizado al servicio de Las Bambas, por ejemplo.

«Los casos excepcionales y extremos no son especificados en los convenios, pero sí se establece que Policía tiene que anteponer la defensa del personal de Las Bambas, su infraestructura, sus terceros y contratistas, dejando de lado la protección de los pobladores»

«Esto evidencia que la Policía está parcializada, en este caso con las empresas mineras. Lo mismo ocurrió en Espinar en el 2012, donde incluso se tenía un destacamento policial al interior del campamento minero. Esta forma de intervención policial en base a convenio se ha repetido en muchas zonas del país donde hay actividad minera», recalcó Jaime Borda, Director de Derechos Humanos Sin Fronteras.

«El viceministro de Interior ha reconocido que existen 200 convenios con empresas privadas, 31 de los cuales son con industrias extractivas. Todos ellos rebasan los marcos constitucionales, así como los principios voluntarios de la seguridad y derechos humanos de las propias empresas», dijo Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

«A esta situación de los convenios se suma la cooptación de entidades de la Policía, como fue el caso de la DINI en donde se colocó un funcionario relacionado a una empresa minera», apuntó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

«Aquí los protocolos, sobre los cuales la policía debe tomar decisiones han sido trastocados y perturbados por estos convenios establecidos con la empresa minera. El mismo Ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha reconocido que en el conflicto de Las Bambas, los efectivos al mando no supieron seguir los protocolos», recordó José De Echave, miembro de CooperAcción.

Cómo se obtuvieron

El 01 de setiembre del 2014, la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, interpuso una acción de Habeas Data ante el Juzgado Mixto de Wanchaq (Cusco) y consiguió que dos años después, la Región Policial Sur Oriente de Cusco entregue una copia de dichos convenios suscritos entre los años 2010 al 2014. La información entregada, no solo reconfirma la existencia de convenios, sino brindan información sobre sus objetivos y los beneficios económicos que obtiene la PNP.

DATOS:

El objetivo de estos acuerdos interinstitucionales, y de otros a nivel nacional, se da en el marco de la aplicación de la Ley de la Policía Nacional del Perú (Ley N° 27238), y el Decreto Supremo N° 004-2009-IN, que reglamenta los Servicios Extraordinarios Complementarios a la función Policial, con el fin de prestar servicios de vigilancia, seguridad y otros convenios en el área de influencia del proyecto minero.

Fotos: Jorge Chávez / Comunicaciones RED MUQUI

LUEGO DE SEGUNDA REUNIÓN DE DIÁLOGO

  • En reunión de mesa de diálogo, y ante pedido de presencia de los titulares de los sectores, viceministro de Agricultura sugirió que primero se busque reunión con los ministros en Lima
  • Frentes de defensa desean entregar directamente su informe sobre la mesa de diálogo a los ministros de Estado

Las organizaciones sociales de base de Cotabambas (Apurímac) acordaron viajar a Lima para ser recibidos por el Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y los ministros de los sectores involucrados en la mesa de diálogo para el desarrollo de dicha provincia, con el fin de entregar directamente un informe sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso en torno al proyecto minero Las Bambas.

Los representantes y líderes de los frentes de defensa provinciales y distritales, decidieron llegar a la capital los días 12, 13 y 14 de setiembre, una vez que se desarrolle la segunda reunión de la mesa de diálogo (7 y 8 de setiembre) y se apruebe el reglamento que sobre el que se regirá el proceso; acuerdo que fue tomado en la reanudación de la mesa de diálogo que se realizó el lunes 22 último en Tambobamba.

En el transcurso de estos días, los dirigentes sociales enviarán documentos solicitando una cita con cada uno de los ministros, incluso con el mismo presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y el premier Zavala.

Ausencia de ministros
Esta decisión por parte de los dirigentes de los frentes de defensa, responde al descontento de no haber contado con la presencia de ningún ministro de Estado del gobierno de PPK. Pese a que enviaron invitaciones formales con anticipación.
“Nosotros vamos a hacer nuestro propio resumen de cuánto se ha avanzado, y lo vamos a entregar a los titulares de los ministerios”, intervino Rodolfo Abarca, presidente del frente de defensa de Cotabambas.

“Así como el presidente está llegando a otros sitios, debe llegar aquí y mandar funcionarios que realmente evalúen esta situación. Comencemos con nuevos ánimos, que se vea un verdadero compromiso”, convocó Virginia Pinares del comité de lucha del frente de defensa cotabambino.

El 22 de agosto último, tres viceministros participaron y representaron al Ejecutivo, uno de ellos, fue Guillermo Shinno, quien ya ha ocupado cargo de viceministro de Minas en el gobierno anterior. Mientras que, los otros dos, nuevos en la gestión, fueron Jorge Montenegro, el viceministro de Agricultura, y Ricardo Vidal, viceministro de Vivienda y Urbanismo.

En la reunión los dirigentes manifestaron cierto descontento por la permanencia en el cargo de algunos funcionarios del gobierno anterior, ya que ello podría significar el “continuismo” de un desarrollo lento en la conducción de la mesa.

Al respecto el viceministro de Agricultura manifestó que muchos de los funcionarios son valiosos; no obstante, se encuentran en evaluación. Asimismo, sugirió a los dirigentes viajar a Lima y buscar un acercamiento con los ministros para que ellos puedan “devolver” la visita más adelante.

“En caso no haya resultados, o existieran motivos que no permitan que esto (la mesa) se pueda seguir manejando, o no se permita que existan obras que beneficien a las comunidades; los ministros, que ostentan el cargo político, junto con el premier y el presidente, tomarán la mejor decisión”, comentó.

Legislativo en la mesa
Por su parte el congresista representante de Apurímac, Richard Arce, consideró que los ministros deberían tener un gesto político con la población de Cotabambas y acudir a la reunión del 7 de setiembre. “Es decirle al país que el gobierno actual tiene la disposición a dialogar, la iniciativa debería partir del premier Zavala, de ahí el proceso técnico se realizará con los funcionarios de mando medio”, recomendó.

«Tenemos que mejorar»
Por su parte, el Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS-PCM), José Ávila, reconoció que el Ejecutivo –en el gobierno anterior– cometió errores en la conducción de la mesa de diálogo, especialmente en el tiempo demorado (6 meses) para tramitar –mediante resolución– la denominación correcta de la mesa de «desarrollo» a «mesa de diálogo».

Para este nuevo periodo, Ávila –ratificado en su cargo por este gobierno– recalcó que falta mejorar la metodología del proceso de diálogo, así como la participación de cada uno de los sectores. No obstante, indicó que sí existe voluntad por parte de este gobierno de que el diálogo sea eficaz y que las comunidades logren su desarrollo social.

“Tenemos que mejorar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el cumplimiento de los acuerdos”, declaró al término de la reunión en Tambobamba.

En cuanto a las mesas de desarrollo que se establecieron en la provincia de Grau y el distrito de Challhuahuacho, y que siguen pendientes, aseguró que están en proceso de seguimiento, hasta que este gobierno pueda hacer un balance de cada una, tal como lo está haciendo en Cotabambas.

Fuente / Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL

  • Ese fue el compromiso de la ONDS – PCM durante encuentro con frentes de defensa y autoridades locales
  • Se acordó que vigencia de la mesa de diálogo será de 6 meses
  • Próxima cita para aprobar reglamento y conocer avances de ejes temáticos será el 7 de setiembre en Tambobamba

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometió a darle continuidad a la “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” (Apurímac), por medio de una resolución ministerial que será emitida en un lapso no mayor a 20 días, garantizó el jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS-PCM), José Ávila.

Este lunes 22 de agosto en el distrito de Tambobamba (Cotabambas), la gestión del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sostuvo su primera reunión de diálogo en Cotabambas con los frentes de defensa y autoridades de la provincia donde opera el proyecto minero Las Bambas. Durante el desarrollo de la mesa, Ávila se comprometió a impulsar la  norma que amplíe el plazo (de la mesa) a 180 días más.

Aunque la vigencia de la mesa venció el 15 de agosto pasado, y hubo un pedido formal de reanudación, por parte de los dirigentes sociales de los distritos de Cotabambas; esta reunión no fue de carácter informal, sino que se desarrolló como una reunión de balance y evaluación de los alcances logrados, hasta el momento, por el gobierno anterior.

No obstante, se llegaron a ciertos acuerdos en concordancia a la agenda planteada por los frentes de defensa de Cotabambas: Ampliación del plazo de funcionamiento de la mesa de diálogo, establecimiento de un reglamento y la reanudación de los ejes temáticos para tratar la problemática en torno a Las Bambas.

El reglamento

Un punto importante que se llegó a consensuar, fue la elaboración del reglamento sobre el que se conducirá la mesa. Este marco legal, será aprobado luego de emitida la Resolución Ministerial que amplía la vigencia de la mesa por 180 días. Mientras tanto, se conformó un equipo técnico integrado por las organizaciones sociales, el congresista de la región, Richard Arce, y los representantes de la ONDS-PCM y el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Este grupo trabajará una propuesta de reglamento que deberá ser presentada el día 7 de setiembre en Tambobamba para su aprobación en plenaria.

Cómo quedan los ejes

Asimismo, los días 7 y 8 de setiembre, se realizará la presentación de los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos en los ejes temáticos: medio ambiente y modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), responsabilidad social empresarial en la zona de influencia, derechos humanos y desarrollo sostenible de la Provincia de Cotabambas.

De igual manera, se invitará a participar en la reunión a los alcaldes de la provincia de Cotabambas, un funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Finanzas y ProInversión. Asimismo, solicitará la presencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para analizar el problema de ciudadanos que están involucrados en procesos penales.

Funcionarios nuevos y ratificados

En esta nueva etapa del diálogo, llegaron nuevos funcionarios como los viceministros de Agricultura, Jorge Montenegro; de Vivienda y Urbanismo, Richard Vidal; así como funcionarios del gobierno anterior que fueron ratificados en sus cargos, como el viceministro de Minas, Guillermo Shinno; el jefe de la ONDS-PCM, José Ávila, y el Director General de Gestión Social del MEM, Fernando Castillo.

En esta ocasión estuvieron presentes representantes de la adjuntía para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, así como de la Oficina de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA).

Por parte de las autoridades locales, estuvieron presentes los alcaldes distritales de Haquira y Mara, Isaac Anaya y Adiel Sota; respectivamente, y Luis Calderón, gerente general del gobierno regional de Apurímac.

Desde la sociedad civil, estuvieron los dirigentes del Frente de Defensa de los intereses de Cotabambas, Rodolfo Abarca, Virginia Pinares y Allen Torre, quienes también estuvieron acompañados por otros representantes de los distritos y comunidades de Tambobamba, Challhuahuacho, Haquira, Mara, Cotabambas y Coyllurqui.

 

Fuente: RED MUQUI / CooperAcción

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

Ante una suspensión más de las reuniones de la mesa de diálogo de la Provincia de Cotabambas relacionada a las actividades de la Mina Las Bambas, nos dirigimos a la opinión pública para expresar lo siguiente:

1. En setiembre del 2015 estalló un conflicto social en la provincia de Cotabambas, luego de que el gobierno hiciera caso omiso al pedido de información de la población sobre la modificación al proyecto minero Las Bambas, que implicó que varios de sus componentes se trasladarán del Cusco a la provincia de Cotabambas, en Apurímac. El conflicto tuvo como saldo tres personas muertas y decenas de heridos.

2. A fines de setiembre el gobierno se comprometió a instalar una mesa de diálogo para atender los problemas reportados. La mesa fue creada en noviembre, con una norma que dejaba de lado los cuestionamientos ambientales. Recién se instaló el 29 de febrero de 2016, luego de varios meses de concluido el conflicto y tuvo su segunda reunión el 21 de abril. En junio de este año, y luego de reiterados pedidos, la norma de su creación se modificó para incorporar los temas que preocupaban a la población de Cotabambas.

3. Si bien la mesa ha tenido algunas reuniones, se ha caracterizado por las frecuentes suspensiones, principalmente motivadas en las dificultades de los representantes del Poder Ejecutivo para asistir. Esto preocupa sobre manera pues el plazo de vigencia de la Mesa termina a mediados de agosto y es muy poco lo que se ha avanzado, dejando a la población grandes interrogantes.

4. Los días 13, 14 y 15 de julio estaban programadas reuniones de la Mesa. Sin embargo, a solicitud del MINEM se suspendieron con la promesa de realizar, por lo menos una de ellas, la siguiente semana, teniendo como fecha probable el 21 de julio. Hasta el momento no nos han convocado a ninguna reunión. Esta situación nos preocupa dado que quedaba pendiente la aprobación de la matriz de acuerdos de lo avanzado y el reglamento de funcionamiento de la mesa, instrumentos que ayudarían a que el nuevo gobierno pueda retomar el diálogo en agosto.

5. Con el transcurrir del tiempo se hace cada vez menos probable que la reunión pendiente se realice ya que estamos ad portas del cambio de gobierno. Consideramos que dejarnos en esta situación es una falta de respeto que genera descontento y profundiza la tensión social. Somos peruanos y creemos que deberíamos ser atendidos como cualquier otro ciudadano. La actitud que las autoridades nacionales vienen teniendo con nosotros desdice todo discurso favorable al diálogo y debilita la institucionalidad construida para resolver los conflictos sociales.

6. El pueblo de Cotabambas pide principalmente que se revisen los cambios efectuados en el proyecto para evitar cualquier daño posible, que se asfalte la carretera por donde se realiza el transporte minero, nuevos convenios de servidumbre de vías y que se atienda a los familiares de las víctimas del conflicto, en su mayoría niños que han quedado en el más completo desamparo. Sobre estos puntos son pocos los avances logrados en la mesa de diálogo, y a ello se añade una inaceptable situación de maltrato.

7. Solicitamos a las nuevas autoridades tener una actitud abierta y sincera para dialogar y construir acuerdos duraderos que nos permitan alcanzar una convivencia pacífica con la empresa MMG, titular del proyecto minero Las Bambas.

26, de julio de 2016

Suscriben:

FRENTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

FRENTES DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DESARROLLO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

FEDERACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

COMITÉ DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL DEL RÍO MAYOTINCO – PUNANQUI, Y DEMÁS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

LAS BAMBAS

  • PCM garantiza presencia de ministros en la zona para este 27 de abril

El jefe de la Oficina de Sostenibilidad y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONSD-PCM), José Ávila, garantizó que este miércoles 27 de abril se llevará a cabo un reunión ejecutiva entre las organizaciones sociales de Challahuahuacho (Cotabambas, Arequipa), y los ministros que participaron directamente en la mesa de desarrollo de este distrito que es la principal zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

En respuesta, se acordó la suspensión del paro indefinido que se acata en todo el distrito desde el 5 de abril. Esta tregua se dará hasta el miércoles 20 de abril, día en que se llevará a cabo una reunión previa con los viceministros de los sectores involucrados en la Mesa para el desarrollo de Challhuahuacho, y los dirigentes de las organizaciones sociales quienes acudirán con sus respectivos asesores técnicos.

El pasado 15 de abril, José Ávila llegó hasta Challhuahuacho y  se reunió con los dirigentes de las organizaciones sociales que sostienen este un paro distrital indefinido. En dicho encuentro, como representante del Ejecutivo, el jefe de la ONSD-PCM reconoció las causas legales del paro y su expresión pacífica, además de aceptar negociar la plataforma de lucha de las 35 comunidades indígenas de la zona, según indicó el alcalde distrital, Antolín Chipani, desde su cuenta de Facebook.

Chipani, aseguró a través de un comunicado, que la Federación Campesina de Challhuahuacho, el Frente de Defensa de los intereses del distrito de Challhuahuacho y la asociación de jóvenes PAKIS WARAKA, buscan el camino a la paz, mediante el desarrollo local y el diálogo.

Finalmente, el burgomaestre, dijo esperar que los acuerdos tomados en esta reunión con Ávila, contribuya a la paz y la estabilidad social en el distrito.

La medida de fuerza, que ha sido suspendida por el momento, responde al incumplimiento de los acuerdos tomados en la mesa para el desarrollo de Challhuahuacho, la misma que ha venido trabajado de marzo a junio de 2015 para atender la situación de extrema pobreza de la población que habita zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

Fotos: Facebook de Antolín Chipani

 

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