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La Comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará, en el distrito de Morococha ubicado en provincia juninense de Yauli, ha iniciado esta madrugada un paro y bloqueo de carretera de 48 horas, dirigido contra la minera Chinalco, tal como lo había anunciado en los días previos. 

Los manifestantes han cerrado ambos carriles de la carretera central, con piedras, troncos y neumáticos a la altura del kilómetro 147, donde se ubica la comunidad de Pucará.

En conversación con Red Muqui, el secretario interino del Frente de Defensa del distrito de Morococha, Elvis Atachagu, ha explicado que Chinalco ha estado incumpliendo varios compromisos relacionados con el empleo en el distrito.

Según el dirigente, si bien contingentes de la PNP han llegado a la zona, por el momento, la fuerza pública no ha hecho intentos por desbloquear la carretera y no se han registrado episodios de represión,

En conferencia de prensa, los dirigentes de la comunidad explicaron en detalle las demandas hechas y los compromisos incumplidos por parte de la empresa Chinalco. Uno de los detonantes es el despido de tres comuneros que trabajaban para la mina. Una situación que se suma a la continua contratación de personal especializado de otras regiones e incluso de fuera del Perú denuncian los dirigentes y exigen que la empresa brinde capacitación a los comuneros. Con ello los habitantes desean prevenir el potencial despoblamiento de la comunidad, ya que son muchos los jóvenes que abandonan el territorio en busca de estudios y trabajos en otras regiones del país. 

Un incierto futuro laboral y masivos despidos temen los habitantes de las comunidades también por el anunciado cierre de las operaciones mineras de las empresas Austria Duvaz y Pan American Silver. Según informes de prensa el consorcio Chinalco, que explota cobre, plata y molibdeno en su unidad operativa Toromocho, habría rehusado ceder partes de terrenos en su poder para que ambas empresas sigan explotando minerales. A su vez Austrian Duvaz anunció en febrero que paralizaba su operaciones por no llegar a un acuerdo laboral con el sindicato de los trabajadores.

En cuanto a los riesgos de contaminación la comunidad rechaza la venta de la laguna Huascacocha, por parte de Chinalco a la minera Austria Duvaz, para que sea usada como relavera para los desechos mineros que la operación de esta última generó hasta la reciente paralización definitiva de sus operaciones.

En tanto, las comunidades estaban atentas a una posible vía de diálogo, ya que el Ministerio de Energía y Minas había convocado pare este jueves 24 de marzo a una reunión en su sede en Lima, a la que estaban convocados a representantes de la comunidad y el alcalde de La Oroya.

 

El día 11 de marzo se ha publicado la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 077-2022-PCM, por la que se Crea el Grupo de Trabajo de naturaleza temporal denominado “Mesa de Diálogo para el Proceso de Reasentamiento Poblacional de Morococha”, con la finalidad de culminar el proceso de reasentamiento de los pobladores de la ciudad de Morococha, sobre la que se vienen desarrollando el proyecto minero Toromocho, de la empresa minera Chinalco. En el grupo de trabajo se ha incorporado a diversas organizaciones de nivel distrital, provincial y vecinal de la población reasentada en la nueva ciudad de Morococha, conocida como: Carhuacoto; al igual que, autoridades distritales, provinciales y nacionales y a la propia empresa, pero lamentablemente no se ha incluido a las 18 familias aún no reasentadas de la antigua Morococha que se encuentra residiendo en esta ciudad.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0… by prensamuqui

Esta decisión contraviene la  LEY Nº 29869 – Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, ya que tanto el Estado como la empresa MINERA CHINALCO PERÚ S.A. asumieron la responsabilidad de “reasentar voluntariamente” a todas las personas que residían en esta ciudad antes del desarrollo de cualquier actividad de explotación minera, la cual aún no ha sido concluida. Adicionalmente debemos recordar que, actualmente las familias no reasentadas vienen enfrentados actos de hostilidad e incluso demandas judiciales de la empresa.

Por todo ello, es imprescindible que para una correcta y adecuada conclusión del proceso de reasentamiento de los pobladores de Morococha, el Ministerio de Energía y Minas (quien preside este grupo de trabajo) y/o la PCM deben  incorporar formalmente a las familias y sus representantes en proceso de dialogo; garantizando la protección de sus derechos y dignidad.

Frente a esta situación los dirigentes de las familias no reasentadas de Morococha han decidido viajar a Lima para reunirse con la PCM y Aníbal Torres, quien es quien firma la resolución ministerial de la creación del grupo de trabajo para la mesa de dálogo, e informarle de toda la problemática que vienen viviendo estos años de vivir entre escombros, sin servicios básicos y bajo la hostilidad de la empresa minera que solo ha querido expulsarlos de sus viviendas en estos años.

Exigen solución integral a su problemática y estarían de acuerdo en ser incluidos en la mesa de diálogo siempre y cuando se trate su agenda directamente.

En los últimos días, varias familias de la Antigua Morococha han sido notificadas con la demanda de amparo que ha presentado la empresa Minera Chinalco Perú S.A. contra 19 familias que aún no han sido reasentadas de la Antigua Morococha. La empresa sostiene que las familias estarían impidiendo el normal desarrollo de sus actividades mineras en la unidad Toromocho, por lo que solicitan que las familias se abstengas de realizar estos actos.

Se debe tener en cuenta que las 19 familias aún no han sido reasentadas debido a que la empresa no ha logrado arribar a acuerdos al no atender sus demandas y preocupaciones. Es más, como consecuencia de la perturbación de normal tránsito a causa de las actividades mineras, las familias iniciaron un proceso judicial de habeas corpus, en ella el juzgado exhortó a la empresa y al Estado a iniciar un proceso de diálogo para resolver el conflicto.

Es lamentable que la empresa minera Chinalco haya decidido iniciar este proceso judicial contra humildes familias, que no contribuye en la resolución del conflicto, y que somete innecesariamente a un nuevo proceso judicial.

Las familias no reasentadas de la antigua ciudad de Morococha invitan a los medios de comunicación a la conferencia de prensa a realizarse el lunes 22 de noviembre a las 11 Am en el auditorio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH (Calle Pezet y Monet 2467, Lince),  para presentar sus demandas, luego de haber logrado una resolución del poder judicial que reconoce y declara sus derechos constitucionales “a vivir dignamente, a su integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar “, frente a las acciones de la empresa minera Chinalco en el lugar en el que viven. Luego de casi un año de demora del proceso de Habeas Corpus presentado por los pobladores de la antigua ciudad de Morococha contra la empresa minera Chinalco por la violación de los derechos fundamentales a la libertad de tránsito al haber cerrado el acceso de los pobladores a sus viviendas donde viven con sus familias, si mal el juez, en primera instancia, declaró infundada la solicitud de los pobladores para reabrir la vía de acceso, porque la vía fue aperturada por los propios pobladores ante el letargo o demora del proceso; también señala que las familias tienen vigentes sus derechos constitucionales, situación que contradice lo esgrimido reiteradamente por la empresa minera Chinalco, que señalaba que eran merodeadores de la antigua Morococha e incluso personas ilegales que estarían viviendo a cuenta y riesgo propio.

El reconocimiento de los derechos y su expresa declaración en la sentencia de habeas corpus, constituye un importante pronunciamiento de nuestra justicia emitida dentro de un proceso constitucional, aunque la demora de un año en su expedición, rehabilita el reconocimiento de los derechos de los pobladores de la antigua ciudad de Morococha y exhorta a la municipalidad distrital de Morococha, a la empresa Minera Chinalco y al Ministerio de Energía y Minas a evitar amenazas y posibles violaciones de derechos fundamentales de los pobladores que aun residen con sus familias en la antigua ciudad de Morococha situación que se reconoce independientemente de que vivan o no en una zona declarada de riesgo no mitigable.

Como se recuerda, tras los ofrecimientos de Chinalco para poder desarrollar su proyecto minero, el 2012 inició el reasentamiento de aproximadamente 1200 familias a la nueva ciudad de Carhuacoto; sin embargo, varias familias no aceptaron esos ofrecimientos.

Fecha: Lunes 22 de noviembre del 2021

Hora: 11:00 am

Lugar: Auditorio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH (Calle Pezet y Monet 2467 Lince – Lima)

El pasado 13 de agosto, la presidencia ejecutiva del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), presidida por Alberto Barandarian Gómez, emitió la resolución Nº 00042 -2021-SENACE/PE desestimando la apelación que presentó el Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha contra la aprobación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero Toromocho de la empresa Chinalco.

Como es de conocimiento público, el 24 de marzo de 2021, SENACE resolvió desaprobar la MEIA de Toromocho por no haber levantado dieciocho (18) de las veinticinco (25) observaciones formuladas por la autoridad nacional de agua (ANA). Ver Documento

Frente a esta decisión, el 16 de abril del presente año la empresa minera Chinalco interpuso un recurso de reconsideración contra dicha resolución directoral del SENACE. La respuesta del SENACE del 03 de junio, mediante la Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE-PE/DEAR, declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la minera Chinalco, aprobando la MEIA de Toromocho.

El escenario cambia, cuando el 24 de junio, los representantes del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del distrito de Morococha, que representa a más de 40 familias aún no reasentadas de la antigua Morococha, interpusieron un recurso de apelación contra la resolución directoral solicitando que se revoque dicho acto administrativo, y se reformule declarando infundada la reconsideración de Chinalco o se declare su nulidad. Ver Documento

Sin embargo, haciendo caso omiso al pedido de Chinalco de ampliar por diez días más el plazo para contestar a dicha apelación, el SENACE decidió declarar infundado el recurso de apelación del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del distrito de Morococha. Para el abogado de las familias de la antigua Morocoha, Carlos Castro, esta medida tomada por el SENACE evidencia una clara parcialización a favor de la empresa minera Chinalco, debido a que no toma en cuenta las afectaciones verificadas en las observaciones presentadas en contra de la MEIA y solo termina remitiéndolas al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para su evaluación y posterior sanción si correspondiera por la infracción de normas ambientales.

En palabras del doctor Castro; “el SENACE, como no podía ampliar los plazos prescritos para emitir su resolución definitiva, ha prescindido de la contestación de la minera Chinalco, pero la ha defendido de oficio prácticamente”

Observaciones a la MEIA

Respecto al componente de recursos hídricos, se observó que los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por día (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo de aguas adicionales a lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) original del 2010, lo cual ocasionaría considerables impactos ambientales.

Así mismo, el documento resalta que el desarrollo del modelo conceptual (información utilizada) y posterior modelo numérico hidrológico no cuenta con la información suficiente y actualizada sobre los niveles de agua subterránea y flujos de entrada y salida del sistema hidrológico, por lo que dichos modelos numéricos han considerado información desfasada para la calibración. A su vez, ésta es limitada debido a que no se tomaron registros de las fuentes de agua subterránea desde el último Estudio de Impacto Ambiental en el 2010.

Las observaciones planteadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), habían sido advertidas a fines de julio del año 2020 en las observaciones presentadas a SENACE por el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín, con el apoyo de PASSDIH y la Red Muqui; en ella se advertía que la propuesta de Chinalco iba a requerir aproximadamente 331L/s de agua adicional para sus operaciones. Esta información no fue expuesta de forma clara por Chinalco en su MEIA, ya que actualmente el proyecto minero hace uso de aguas subterráneas (según su EIA 2010), y ahora según su MEIA necesitaban actualizar el estudio y hacer un balance hídrico. Otro dato importante es que Chinalco no consideró hacer un estudio sobre la conectividad hidrogeológica con las principales lagunas de la zona, a pesar de que la ANA ya había declarado en emergencia dichas lagunas.

Finalmente sobre el documento presentado por Chinalco por el que el SENACE aprobó la MEIA del proyecto Toromocho, cabe precisar que no subsana las observaciones realizadas por el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha. Como es sabido, la Autoridad Nacional del Agua el 24 de marzo rechazó la MEIA presentada por Chinalco justamente por no resolver 18 de las 25 observaciones. Por otro lado, también indicar que el SENACE aprobó la MEIA del proyecto Toromocho el 6 de junio mientras se llevaba a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú.

Reasentados protestan

El reciente  sábado 21 de agosto los pobladores que aceptaron reasentarse en Carhuacoto (la nueva Morococha) marcharon contra empresa la minera Chinalco por incumplir su compromiso de garantizar trabajo para los pobladores y debido a la falta de actividad económica en un pueblo que en la actualidad carece de comercio y luce como un lugar fantasma.

El día de ayer, viernes 2 de octubre a las 9:30 am, pobladores de la Antigua Morococha, cansados del cierre de sus vías de acceso, decidieron ir a las instalaciones de la minera Chinalco para conversar con el objetivo de buscar una solución.

Fueron un aproximado de 8 pobladores que subieron de forma pacifica y que, en un primer momento, lograron conversar con un representante de la empresa. Sin embargo, minutos después de esperar, llegó una camioneta de la PNP con efectivos policiales que fueron directamente a enmarrocar a los pobladores sin dar ningún tipo de razón.

Es en ese preciso momento que uno de los jóvenes solicitó a los policías que se identifiquen y expliquen el por qué de su detención, e inmediatamente comenzó el forcejeo y los reclamos por parte de los pobladores.

Producto de esta intervención abusiva, las señoras Mary Caro y Maritza Rada fueron agredidas físicamente, empujadas y jaloneadas mientras exigían respeto por parte de los policías. Ambas mujeres fueron detenidas junto a una menor de edad de 14 años quien en todo momento grabó a los efectivos policiales cometiendo este abuso de autoridad.

Según lo manifestado por pobladores morocochanos, las mujeres detenidas están siendo acusadas de robo y permanecerán detenidas 48 horas.

Sobre las vías

Para entender por qué los pobladores fueron hasta las instalaciones de la minera se debe tener en cuenta que desde hace dos semanas la empresa minera Chinalco viene bloqueando todas las vías de acceso y salida de la antigua Morococha.

Vías de transito que les permiten abastecerse de alimentos, ir a trabajar y ser utilizadas como rutas de comercio con otras comunidades. Vías que limpiaban con sus propios medios todos los días para movilizarse gracias al apoyo de una sola movilidad ya que ninguna otra quiere brindarles el servicio.

En ese contexto, por iniciativa propia, los pobladores se organizaron para presentar un habeas corpus para garantizar su derecho al libre tránsito. Sin embargo, por varias dificultades hasta la fecha no han podido presentarlo.

La situación de los pobladores de la Antigua Morococha parece no tener solución, más aún cuando la empresa minera transnacional china, Chinalco, no muestra intención alguna por respetar los derechos humanos de las 40 familias que aún habitan las 34 hectáreas en conflicto.

Hectáreas que son fundamentales para la ampliación del proyecto Toromocho, pero de la que desde el 2018, la empresa minera no puede tomar posesión por la defensa constante de los pobladores de la comunidad de Morococha ubicada en la provincia de Yauli, región de Junín.

Recientemente, dos hechos ocurrieron en estas últimas semanas, tras la presentación de las observaciones a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Toromocho ante el SENACE, realizado por los dirigentes del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Morocha. Por un lado, el bloqueo de las vías de ingreso y salida ocurrido el sábado 12 de septiembre en donde efectivos de la PNP, lejos de impedir dicha acción, salvaguardaron los vehículos de la empresa Chinalco y trataron de desalojar a los propios pobladores.

El segundo hecho se dio el lunes 28 de septiembre a las 9:30 am, cuando varios camiones de la empresa minera decidieron tirar sus desmontes, grandes bloques de piedras, sin comunicar a la población y autoridades, incumpliendo protocolos de seguridad y poniendo en peligro la integridad física de los habitantes que transitan por la carretera ubicada por el ex colegio Ricardo Palma.

Estas acciones realizadas por la empresa se dan a pesar de que el 29 de enero del 2019, el juzgado mixto con sede en La Oroya, presidido por el juez Jesús Santana, admitió la acción de amparo presentada por los pobladores de la Antigua Morococha contra la minera Chinalco y la empresa estatal Activos Mineros SAC por intento de desalojo y querer destruir las viviendas del casco que forman parte del ornato urbano de la Antigua Morococha, ubicado dentro del predio “Lote Municipio de Morococha”, que hacen parte de las 34 hectáreas en litigio.

Inmersos en luchas diarias donde son hostilizados y amedrentados; los pobladores también sufren la falta de energía eléctrica desde noviembre del 2019 cuando, según lo manifestado por algunos representantes de la comunidad, la empresa Chinalco destruyó la infraestructura eléctrica del pueblo además de intervenir, presentando un reclamo el 26 de marzo del 2019, a la empresa eléctrica Electrocentro para que cese de prestar suministro eléctrico a los hogares que aún habitan ahí.

 

 

Para entender el escenario en el que se siguen desarrollando hechos, es necesario retroceder al año 2017, fecha en la cual el Congreso de la República aprobó dos normas claves.

Todo comenzó el 2017

El 14 de noviembre del 2017 se publicó el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones (ley 30680) que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres.

La segunda norma aprobada fue el reglamento del mismo artículo 49, que excluye a los propietarios de participar en este tipo particular de expropiaciones. Además, reguló la “declaración de intangibilidad” para fines de viviendas en áreas riesgosas con el objetivo de declarar estos lugares como inhabitables.

En este contexto, el 9 de enero del 2018, se nombró a Ricardo Labó Fossa, entonces viceministro de Minas, como presidente de Activos Mineros SAC (AMSAC), que es una compañía del Estado peruano orientada a la remediación ambiental y supervisión de proyectos de minería. El 18 de enero, la gerencia general de AMSAC solicitó, a la Superintendencia de Bienes Nacionales, la mencionada “declaración de intangibilidad” de las 34 hectáreas de Antigua Morococha.

El 14 de febrero, Ricardo Labó, en su condición de viceministro de Energía y Minas, solicitó a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) transferir el terreno de las 34 hectáreas de Morococha a la empresa estatal que presidia (AMSAC) que luego fue destinada al proyecto de ampliación de Toromocho.

De esta forma, las 34 hectáreas pasaron a ser de Chinalco por un pago de 1,8 millones de dólares (5,9 millones de soles).

 

El 27 de febrero, Activos Mineros, a través del gerente general Antonio Montenegro Criado, también envió una carta a la SBN solicitando que se transfieran las 34 hectáreas a su nombre invocando el artículo 49 de la ley para sustentar su pedido de expropiación. Ese mismo día, la Superintendencia resolvió de forma afirmativa dicha expropiación.

Una vez logrado estas maniobras, las 34 hectáreas expropiadas por AMSAC, se transfirieron a la empresa minera Chinalco. Una transferencia que va en contra de lo que señala la ley de expropiaciones (ley 30680) que deja bien en claro que el beneficiario de una propiedad expropiada solo puede ser otra entidad del Estado, pero nunca un privado.

El 23 de marzo del 2018 se aprobó la ampliación del proyecto Toromocho por el Ministerio de Energía y Minas, en medio de una crisis política donde el actual presidente Martin Vizcarra asumió el mandato tras la renuncia del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Pese a todas estas maniobras, en julio del 2018, el Dr. Carlos Castro, abogado representante de los pobladores de la Antigua Morococha, presentó una demanda que fue admitida por el juzgado de Yauli – La Oroya, solicitando la nulidad de la operación entre AMSAC y Chinalco. Hasta el día de hoy el proceso se encuentra vigente y falta una última audiencia para resolver el caso.

Para junio del 2018, la minera Chinalco anunció el inicio de las obras junto al nuevo presidente Martín Vizcarra, quien sentenció este anuncio manifestando, “Cuando la inversión va a generar progreso y desarrollo, encuentran en el Estado un aliado en esa inversión”.

Sin embargo, este progreso y desarrollo que señala el gobierno no ha involucrado a los que accedieron al reasentamiento en la “Nueva Morococha”: Carhuacoto, ni mucho menos a los que decidieron no dejar sus hogares en la Morococha Antigua.

Pueblo fantasma

Carhuacoto es un pueblo que, en la actualidad, no representa una oportunidad de desarrollo económico y que muchos de los reasentados siguen abandonando por no tener ingresos estables por la falta de comercio. En palabras de una pobladora de la Nueva Morococha;

“No tenemos trabajo, muchos de los que nos reasentamos en Carhuacoto lo hicimos confiando en la palabra del alcalde y en las promesas de trabajo, pero estamos en crisis. Ninguna autoridad dice nada y nosotros no tenemos cómo producir. Muchos se han ido y han dejado sus casas para alquilarlas, la minera Chinalco no contrata a los pobladores de Morococha y trae gente de afuera, no cumple con su palabra”.

Esta es la situación actual de mujeres y hombres que aceptaron reasentarse y que no encuentran respuestas ni soluciones a la crisis que viven en un pueblo de maqueta inerte.

A ello se suma los riesgos de la zona escogida para la “Nueva Morococha”, siendo los más importantes: el hundimiento del suelo debido a su humedad, las inundaciones, los sismos, además de la presencia de dos lagunas que, frente a un fuerte movimiento telúrico, podrían desbordarse.

Hábeas Corpus para liberar el tránsito

La semana pasada, los pobladores estaban en proceso de presentar un hábeas corpus para que la empresa minera deje de obstruir el tránsito público y deje de tirar piedras como desmonte en la avenida. Los pobladores temen el cierre total de sus vías como estrategia de la minera para expulsarlos de sus propias tierras.

Estos últimos hechos atentan directamente contra el derecho al libre tránsito de los pobladores de la Antigua Morococha quienes, por falta de energía eléctrica, corte de agua y falta de comercio, hacían uso de estas vías para ir a otras comunidades y abastecerse de alimentos, cargar sus equipos o trabajar.

¿Cuál es la respuesta del SENACE frente a las observaciones presentadas al MEIA?

Hasta ahora la única respuesta del SENACE ha sido la referida al cuestionamiento de las familias de Morococha a la participación ciudadana virtual. SENACE ampara la participación ciudadana virtual en la aplicación del DL 1500 a proyectos de inversión minera, a pesar de que su aplicación es ilegal y vulnera derechos fundamentales de poblaciones y comunidades campesinas. La aplicación de estos procesos de participación virtual en la elaboración y aprobación de los MEIA deben de ser suspendidas hasta que existan condiciones materiales y de salud pública, que permitan una participación presencial y directa de los pobladores. Respecto a las otras observaciones, SENACE señala que las ha transferido a la empresa minera Chinalco para que las pueda responder.

Síntesis de las principales observaciones presentadas a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental – MEIA por el Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Morococha:

  1. Se observó una grave omisión en la MEIA, respecto del Área de Influencia Directa Social propuesta por Minera Chinalco Peru SA. Inicialmente el área de influencia directa social era la Antigua Ciudad de Morococha, donde actualmente permanecen un grupo de pobladores que no han sido reasentados. Este grupo de personas no ha sido evidenciado en el MEIA, simplemente no existen, lo cual claramente constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios; más aún cuando este grupo de personas vienen enfrentando constantes embates de afectación social, económica, cultural y de contaminación y sin gozar de ninguna forma de mitigación.
  2. Se planteó observaciones contra la omisión y modificación de compromisos del EIA primigenio referidos a los impactos socioeconómicos, no cumplidos por minera Chinalco. En el EIA primigenio se contemplaba una serie de compromisos en materia del componente socioambiental: 1) Campamento Minero dentro de la nueva Morocha para favorecer el dinamismo económico en la zona muerta comercialmente 2) Adquisición de Bienes y Servicios con preferencia a la zona AID del distrito de Morococha y 3) Satisfacción de contratación de las cuotas de empleo con preferencia a los pobladores del distrito de Morococha; las cuales no han sido ratificadas en este MEIA.
  3. Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.
  4. Finalmente se platearon observaciones respecto a la participación ciudadana para la evaluación del MEIA. Se evidencia que existe una omisión de la aplicación de normas relativas a los Pueblos Indígenas para el proceso de participación, ya que conforme a la identificación del área de influencias directa están las comunidades campesinas San Francisco de Asís de Pucará, Yauli y Pachachaca y su Anexo el Barrio San miguel Centro poblado Manuel Montero. Al igual que la falta de idoneidad en los mecanismos de participación que se han propuesto para la evaluación del MEIA, pues la publicación y difusión de avisos, pegado de carteles, la implementación de una oficina de información virtual, entre otros no garantiza un pleno acceso a la información de los pobladores.

A fines de julio, el Frente Amplio de Defensa delos Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín, con el apoyo de PASSDIH y Red Muqui, presentaron observaciones ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, al Proceso de Elaboración de la Modificatoria del Estudio del Impacto Ambiental – MEIA que corresponde al Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho de propiedad de la empresa Minera Chinalco Perú SA.

Estas observaciones tuvieron como finalidad poner de conocimiento de SENACE sobre algunas imprecisiones en las que incurrió la Modificación del EIA del proyecto Toromocho. Las observaciones se centran en los siguientes puntos:

  1. Se observó una grave omisión en la MEIA, respecto del Área de Influencia Directa Social propuesta por Minera Chinalco Peru SA. Inicialmente el área de influencia directa social era la Antigua Ciudad de Morococha, donde actualmente permanecen un grupo de pobladores que no han sido reasentados. Este grupo de personas no ha sido evidenciados en el MEIA, simplemente no existen, lo cual claramente constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios; más aún cuando este grupo de personas vienen enfrentando constantes embates de afectación social, económica, cultural y de contaminación y sin gozar de ninguna forma de mitigación.
  2. Se planteó observaciones contra la omisión y modificación de compromisos del EIA primigenio referidos a los impactos socioeconómicos, no cumplidos por minera Chinalco. En el EIA primigenio se contemplaba una serie de compromisos en materia del componente socioambiental: 1) Campamento Minero dentro de la nueva Morocha para favorecer el dinamismo económico en la zona muerta comercialmente 2) Adquisición de Bienes y Servicios con preferencia a la zona AID del distrito de Morococha y 3) Satisfacción de contratación de las cuotas de empleo con preferencia a los pobladores del distrito de Morococha; las cuales no han sido ratificadas en este MEIA.
  3. Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.
  4. Finalmente se platearon observaciones respecto a la participación ciudadana para la evaluación del MEIA. Se evidencia que existe una omisión de la aplicación de normas relativas a los Pueblos Indígenas para el proceso de participación, ya que conforme a la identificación del área de influencias directa están las comunidades campesinas San Francisco de Asís de Pucará, Yauli y Pachachaca y su Anexo el Barrio San miguel Centro poblado Manuel Montero. Al igual que la falta de idoneidad en los mecanismos de participación que se han propuesto para la evaluación del MEIA, pues la publicación y difusión de avisos, pegado de carteles, la implementación de una oficina de información virtual, entre otros no garantiza un pleno acceso a la información de los pobladores.

Con estas observaciones, el Frente Amplio de Defensa delos Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín y pobladores locales, afectados por el proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco SA, buscan que el SENACE pueda advertir las omisiones en las que ha incurrido el MEIA y que tome en cuenta estas observaciones al momento de revisar y aprobar el proyecto minero; de lo contrario se legitimará la afectación a los derechos ambientales y los derechos individuales y colectivos de los pobladores de Morococha.