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Desde Red Muqui solicitamos a César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), que escriba sobre lo que está pasando actualmente en Chile y cómo se originó el proceso constituyente actual, a raíz que en nuestro país, Perú, el debate sobre la necesidad de una nueva Constitución también se está iniciando debido a los vientos de cambio que suenan con la victoria política electoral de Pedro Castillo.

Artículo de César Padilla de OCMAL.

El 4 de julio del presente año se instaló la Convención Constitucional en Chile. La primera medida fue la elección de la presidencia que quedó en manos de la activista Mapuche Elisa Loncón.

Antecedentes  

Debemos recordar que el proceso constituyente en Chile surge a raíz de la rebelión que inicia el 18 de octubre de 2019, día en que la ciudadanía se suma a semanas de manifestaciones de estudiantes de enseñanza media, especialmente en las estaciones del metro del centro de Santiago.

Luego de semanas de intensas movilizaciones y ante la debilidad de un tambaleante gobierno cuya única respuesta fue la represión, sectores de la derecha con apoyo de la centroizquierda y progresistas del Frente Amplio firmaron el 15 de noviembre un «Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución».[1]

El proceso de cambio

Para materializar el proceso constituyente se realizó una reforma constitucional[2] que abrió el camino a la realización de una “Convención Constitucional” con una serie de reglas y normas aportadas por las bancadas parlamentarias y que luego fueron criticadas por diversos sectores de las organizaciones sociales, como por ejemplo la necesidad de aprobación del reglamento y artículos por un mínimo de dos tercios.

Algunos logros obtenidos en el camino son, por un lado, la paridad de género (ausente en el acuerdo inicial) y la elección de una presidenta mujer, elegida dentro de los 17 escaños reservados para pueblos originarios, y proveniente del pueblo Mapuche.

Un logro ciudadano importante también del proceso social fue la composición de la Convención Constitucional. La mayoría electa en votación popular, está compuesta por independientes y ninguna fracción política dispone del tercio necesario para vetar aspecto alguno que sea votado en dicho espacio.

Las luchas estratégicas

En este escenario y de cara a sortear las trabas y limitaciones impuestas desde el origen del proceso para elaborar una nueva constitución, surgen algunos reconocimientos tácitos avanzados hasta la fecha: será un proceso participativo, pues la mayoría de las y los convencionales tienen la convicción de que se trata de un proceso de participación amplia, para lo que están diseñando los mecanismos para escuchar las diversas voces provenientes de los territorios.

La participación de las mujeres tendrá no solo reconocimiento sino un estatus especial para combatir una sociedad patriarcal y excluyente. El reconocimiento a los pueblos originarios, expresado además en la elección de Elisa Loncón como presidenta de la convención cruzará el proceso de la nueva constitución.  La necesidad de garantizar las condiciones ecológicas, con el agua como protagonista de los conflictos frente al extractivismo, tensionará las discusiones sobre las bases de la sociedad, la economía, la naturaleza, los animales, los territorios y la forma de garantizar un mejor futuro para niñas, niños y generaciones venideras. La recuperación soberana y social de los bienes comunes están también bajo el foco de atención de la ciudadanía.

El respeto a la diversidad, los derechos de los diferentes grupos que conforman la sociedad estarán de seguro presentes en la nueva constitución, así como derechos universales a la salud, la educación, vivienda, pensiones dignas, participación democrática en las decisiones políticas que afectan a la sociedad en su conjunto.

El origen de los cambios

Y, tal vez, lo más importante de este proceso, es que surgió desde las movilizaciones de las organizaciones sociales, acompañadas por el sentir de una gran mayoría de la población cansada de los abusos, del sistema político de elites, de la exclusión, de la pobreza y la marginación. Estas organizaciones que gozan del apoyo de la población, debieron pausar las movilizaciones por la crisis sanitaria, pero siguen vivas y continúan mostrando su capacidad de exigir justicia y dignidad.

En el medio de las discusiones se ubica la situación de las casi 3.900 personas condenadas por actos relacionados con la rebelión social, cuyo eventual indulto, ya en discusión en el parlamento, volvió al debate con la instalación de la Convención Constitucional.

Quedan aún temas pendientes como reparación a las víctimas de la violencia policial a partir del 18 de octubre de 2019, la reforma policial y militar, especialmente a la rama uniformada y militarizada desde la dictadura de Pinochet.

Con todo, la esperanza sigue alumbrando el camino y, la sociedad chilena, harta de los abusos de los más de 40 años, sigue dando lecciones de voluntad para lograr la tan anhelada justicia y dignidad.

 

[1]https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_Paz.pdf

[2]     https://www.senado.cl/capitulo-xv-reforma-de-la-constitucion-y-del-procedimiento-para/senado/2012-01-16/110209.html

Por: Juan Aste Daffós, economista y analista

Las elecciones del 11 de abril 2021 en el Perú han mostrado casi un 50% de ausentismo y de votos en blanco y viciado que sumaron 10 millones de personas de casi 24 millones de electores hábiles, pasando a la segunda vuelta Pedro Castillo (Perú Libre) de izquierda con 19.1%, y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) de derecha con 13.4% de los votos válidos. En el congreso, la derecha supera el 70% de los escaños.

Inmediatamente a la primera vuelta, la realidad nos golpea oficialmente con más de 400 muertos promedio diarios por los efectos de la covid 19, que alcanzó un máximo de 433 fallecidos diarios el 17 de abril, 6 días después de las elecciones, a lo que se suma una vacunación de a pocos a la población más vulnerable, unido a los efectos de una economía semiparalizada que han llevado a una mayor pobreza y desigualdad y a la ampliación de las ollas comunes, mientras se han hecho más visibles los problemas en la educación por el limitado acceso a internet de la población escolar.

La encuesta de Ipsos del 15 y 16 de abril para la segunda vuelta, muestra a Pedro Castillo liderando la intención de voto a nivel nacional con un 42% sobre 31% de Keiko Fujimori, que solo supera a Castillo en Lima con 43% frente a 26%. Los estratos socioeconómicos más pobres (D y E) respaldan a Castillo por un amplio margen de 32 y 25 puntos porcentuales sobre Keiko, respectivamente, mientras en los estratos C y B gana Keiko por un margen de 8 y 9 puntos, y en el A de altos ingresos gana Keiko por 35 puntos.

La encuesta de Datum, realizada entre el 16 y 20 abril, amplía la ventaja de Castillo a 15 puntos porcentuales (41 vs 26%), y gana en todas las regiones y en los estratos medio bajo C y pobres D y E, y Keiko gana en los estratos de mayor ingreso A y B. Por edades, Castillo tiene una diferencia a favor de 16-18 puntos en los jóvenes entre 18 y 34 años y también en los mayores de 55 años, aunque en las otras edades también gana el profesor por un margen 10-11 puntos.

La encuesta del IEP (17 al 21 de abril), muestra que la diferencia a favor de Castillo es ahora de 20 puntos porcentuales (41.5 a 21.5%), casi el doble sobre Keiko, ganando en todas las macro regiones, incluida la norte, y solo en Lima hay empate técnico, y se consolida en los estratos C,D y E. Lo más interesante de la encuesta del IEP es que el 62,3% de quienes apoyan a Castillo se consideran de izquierda y el 35,5% de centro mientras que los que votarán por Keiko un 39,5% se identificó con la ideología de derecha y solo un 16.8% de centro.

¿Qué nos dice el resultado electoral del 11 abril 2021?

El resultado expresa un bajo nivel de legitimidad y una polarización de votantes donde pasaron a la segunda vuelta los candidatos de posturas más radicales; de izquierda, Pedro Castillo de Perú Libre; y de derecha, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, con una diferencia de casi 6 puntos porcentuales a favor del primero, pero juntos no alcanzan la tercera parte de los votos válidos (13.8 millones) ni a la quinta parte de los electores hábiles (23.8 millones). Luego están 3 candidatos de derecha entre 9 y 11.6%, la candidata Verónika Mendoza de izquierda con 7.8%, y finalmente hay 10 candidatos desde 6% hacia abajo.

El candidato Castillo logró una votación con mayor concentración en todos los departamentos de la sierra y en particular en el centro y sur del país; incluye a las principales zonas mineras y agropecuarias. Mientras Keiko Fujimori tuvo un mayor respaldo electoral en las zonas más cercanas a la costa, y en particular en el área urbana y en las capitales de los departamentos de la costa norte. En la amazonia, Castillo ganó en Amazonas y Madre de Dios y Keiko en Loreto y Ucayali

A su vez, el Congreso de la República tendrá mayoría de los representantes de los partidos Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular, bajo la influencia del fujimorismo, con lo cual el referéndum y las leyes vinculadas a las propuestas de la izquierda (PL y JP) podrían ser bloqueadas.  En cualquier caso, el respaldo a un probable gobierno de Castillo estará en la movilización social, y en la capacidad de incidencia de los actores sociales.

La población que votó por Pedro Castillo Terrones, profesor y dirigente sindical, rondero del distrito Tacabamba, nacido en el centro poblado de Puña, Chota (Cajamarca), encontró a un candidato que lo identificaban como uno de ellos, de los que cuestionan la situación de abandono en que el Estado ha dejado la atención de la salud, la educación, el apoyo a la agricultura familiar abastecedora de alimentos a las ciudades, y rechazan a los gobernantes corruptos y a los partidos políticos que solo los buscan en campañas electorales para pedirles el voto, y después pasan a ser los “nadie” de siempre.

La votación por Castillo no solo expresa el rechazo de una población a la situación existente, sino que este se ha encarnado en una persona a quien reconocen como un igual o uno de ellos mismos, mostrando que esta actitud colectiva ha llegado para quedarse.

El apoyo a Keiko viene de los estratos de medios y altos ingresos que no quieren que la situación económica cambie, por quiénes se beneficiaron de las ventajas otorgadas en los 90s por la dictadura de Fujimori, y por las donaciones y obras en apoyo a los sectores populares del país, en el marco de un manejo sin control y corrupto de los recursos del Estado.

Ahora, en medio de la pandemia y una semi parálisis económica, el apoyo a Keiko no solo se lo da la gente que se benefició en los 90s y ha sido influenciada 30 años por el neoliberalismo, sino también por comerciantes y trabajadores informales que creen o han asumido que un gobierno de izquierda significaría la caída total de la economía, afectándolos a ellos y a la clase media, que suponen se quedarían sin trabajo e ingresos.

Lo cierto es que, a más mercado, individualismo, desigualdad, discriminación, corrupción y menos democracia, el voto ha sido por Keiko, y donde hay menos mercado, más economía comunal, interés colectivo, reciprocidad, menos corrupción y más democracia, el voto ha sido para Castillo. Sin embargo, en ambos casos, prima el conservadurismo respecto a los derechos civiles y un sentido autoritario de orden y mano dura.

¿Cuál es el escenario electoral para la Segunda Vuelta?

Las encuestas muestran que Castillo ha seguido ampliando su ventaja a casi el doble que Keiko en intención de voto en todos los departamentos del país y también por edades, y por estratos socioeconómicos. La intención de voto para Castillo está consolidada en las poblaciones de ingresos medios y bajos C, D y E y Keiko solo gana en los estratos de mayores ingresos A y B. “Los de abajo” que votan clamando cambios están con Castillo y “los de arriba”, que quieren que no cambie ni el modelo ni la constitución están con Keiko. La izquierda ha recuperado legitimidad y un espacio político con posibilidades que dependerá de la participación de la población y las organizaciones sociales en las decisiones desde sus territorios y en los diferentes niveles del Estado.

La estrategia de Castillo es presentarse como la única voz autorizada, descartando la voz de Cerrón (secretario general de Perú Libre), y ser un candidato dialogante que buscará consensos con las organizaciones y movimientos sociales y políticos e incluso con organizaciones empresariales, para salir de la crítica situación de la salud y la economía, luchar contra la corrupción en los diferentes niveles de gobierno, el poder judicial y empresas como Odebrecht y su círculo de beneficiadas. Para ello, ha moderado sus propuestas, comprometiéndose en respetar los cauces institucionales en el marco de la constitución actual hasta que sea cambiada por una asamblea constituyente.

La estrategia de Keiko es promover que un gobierno de la “izquierda comunista” llevará a la confrontación y la pobreza, desapareciendo a la clase media y a los pobres informales que subsisten con lo que ganan a diario, siguiendo el camino del “Socialismo de Venezuela”, pero también se ha preocupado por declaraciones de Evo Morales por “interferir en las elecciones en el Perú” apoyando a Pedro Castillo, mostrando su preocupación que la gente mire con optimismo el camino de Bolivia.

A raíz de la mayor distancia obtenida por Castillo según todas las encuestas, el conjunto de medios vinculados al grupo El Comercio y otros de la derecha más conservadora están en una campaña abierta contra el candidato Castillo, complementada con paneles publicitarios mostrando que el peligro del comunismo nos llevaría a la pobreza y a seguir el camino de Venezuela. Pero esta campaña está siendo una especie de bumerang. Lo único que evidencia esta campaña es desesperación frente a la subida sostenida de Castillo en las encuestas.

Las propuestas centrales de Pedro Castillo son:

Castillo ha asumido autonomía en la presentación de las propuestas, las que ha moderado, mostrando independencia de Cerrón y Perú Libre, para facilitar el diálogo más amplio con las fuerzas políticas y sociales.

Por la urgencia para afrontar la pandemia, ha propuesto incrementar al 10% el presupuesto de salud al igual que al sector educación, y resulta evidente que la primera medida que implementará será proponer que el Congreso apruebe la realización de un referéndum para el cambio o no de la constitución a través de una asamblea constituyente, que sea integrada por representantes del pueblo y también de los empresarios.

En el marco de una “Economía Popular con Mercado”, propone la nacionalización del gas, petróleo, minería, hidroenergía, y comunicaciones, aunque se ha centrado en la renegociación de contratos como el del gas de Camisea, en el marco de un Estado soberano que fortalezca la economía interna. Sin embargo, ha señalado que los proyectos mineros Conga y Tía María no van y que “habrá minería allí donde la naturaleza y la población lo permitan”. Luego se ha comprometido a llevar adelante una segunda reforma agraria otorgando un mayor presupuesto para el sector.

Asimismo, Castillo propone incorporar las rondas campesinas al sistema nacional de seguridad, articulando esfuerzos con la PNP y las municipalidades; eliminar el sistema de las AFP; establecer un sistema nacional de pensiones, y crear un nuevo banco estatal. Establecer un nuevo sistema de elección del Tribunal Constitucional con participación popular. Sin embargo, presenta un vacío importante en la política y la gestión ambiental y una visión conservadora en cuanto a los derechos civiles, en particular en lo referente a los derechos de la mujer.

Las propuestas de Keiko son:

Generar riqueza, no pobreza y promover la micro, pequeña y gran empresa, sin expropiación ni estatización, en el marco de una economía social de mercado. “No marxismo ni comunismo”. Propone “que el Perú sea un país de primer mundo, no Corea del Norte”; sin embargo, el Perú ha sido llevado “al otro mundo”, producto de las enormes desigualdades y pobreza que la pandemia ha desnudado.

Argumentando que la responsabilidad de la crítica situación económica y social para las mayorías del país es de los gobiernos anteriores y no el de su padre, Keiko propone no hacer cambios en la política económica ni en las prioridades del modelo económico sostenido en la exportación minera y la agroexportación, complementados por los sectores de la construcción, bancos, y comercio y servicios vinculados a las importaciones, que han desplazado producción y empleo peruanos, creciendo la informalidad, la economía ilegal y con ellas la inseguridad. Por ello, se ratifica en la Constitución de 1993 impulsada por A Fujimori.

Como puede verse, las propuestas de Castillo tienen que ver más con la realidad del país y las demandas de la gente, mientras las propuestas de Keiko, salvo el apoyo general a la micro, pequeña y gran empresa, el resto son deseos o principios para identificar o etiquetar a Castillo como “comunista” a fin de verlo como un peligro para el país.

¿Qué propuestas emergen en esta mirada?

La decisión del pueblo de llevar al profesor Castillo al gobierno demanda que el movimiento social y político y las mayorías del país que lo respaldan, no lo dejen solo con su equipo en las decisiones que tomen hasta las elecciones del 06 de junio y luego de estas, sino que el propio Castillo y las organizaciones sociales tienen que exigir la participación popular ahora, y si llega al gobierno, debe hacer lo propio en las decisiones y acciones que lleve adelante desde el Estado. El reto es que las organizaciones sociales asuman protagonismo en la solución de los problemas y la construcción de alternativas, decididas autónoma y democráticamente desde sus territorios e incidan sobre el Estado

En la agenda hoy, la prioridad es salvar las vidas de los peruanos demandando que primero está la salud y la subsistencia de la gente, y no poner por delante la “economía del país” y dejar morir masivamente a la población sin oxígeno ni camas UCI. Para ello, se requiere la participación del Estado y las organizaciones sociales desde sus territorios o barrios, para asumir el trabajo preventivo en salud y la solidaridad con las familias en desgracia, el apoyo a las ollas comunes, y medidas y acciones que garanticen agua, medicinas, atención médica, energía e internet. Esta última, para evitar una mayor pérdida de clases a los escolares.

La lucha contra la corrupción desde los territorios y barrios y en los diferentes niveles del Estado, debe darse demandando transparencia e identificación del corruptor y el corrupto, a fin de mejorar la gestión en las organizaciones sociales y en el Estado, y disponer de más recursos para salud, educación y la vida de las personas. Se debe respaldar la labor de Domingo Pérez y Rafael Vela.

El cambio del modelo económico significa colocar la prioridad en la investigación, y la generación de empleo y producción para la salud, la educación, la agroalimentación, vestimenta y calzado para la economía interna, y dejar la prioridad en la minería, mediante el respeto a las decisiones de las poblaciones locales que optan por una vida sin minería y por la conservación y protección de las nacientes de las cuencas hídricas y los ecosistemas, razón por la cual, los proyectos mineros Conga, Tía María, Río Blanco y El Algarrobo (ex Tambogrande) deben cancelarse. Urge frenar la destrucción que están generando la minería informal e ilegal.

Frente al crecimiento del comercio y servicios en la informalidad en base a productos importados que destruyen empleo y producción estimulados por la disponibilidad de dólares por las exportaciones, se hace urgente revisar las importaciones y eliminar aquellos productos de China e India que ingresan a precios prohibitivos sin cláusulas antidumping que han desplazado del mercado a muchos productores y comerciantes de productos peruanos.

Para el cambio del modelo, debe implementarse una reforma tributaria que elimine exoneraciones, y ataque la evasión y la elusión, y se aplique un ordenamiento territorial e hídrico que regule la expansión minera. Esto debe darse con una política y gestión ambiental que proteja los ecosistemas hídricos en las nacientes de las cuencas y que la amazonia sea liberada de la minería y la tala ilegales, así como, de proyectos que agudizan los efectos del cambio climático.

Vale señalar aquí, que la propuesta de entregar la propiedad del suelo y el subsuelo a las comunidades para que vendan sus territorios o se hagan socias del inversionista minero resultan contraproducentes, porque la decisión de una comunidad puede afectar la vida de otras comunidades de la misma cuenca. Peor aún, cuando después de la venta, el dinero cobrado es gastado rápidamente en la ciudad y las familias quedan convertidas en pobres marginales.

En este sentido, la participación de las comunidades y poblaciones locales en la vigilancia y el monitoreo ambiental comunitario y ciudadano, complementario a la gestión ambiental del Estado y la defensa de los derechos humanos, resultan determinantes. Estas medidas y acciones se deben dar conjuntamente con la defensa y protección de los pueblos indígenas y otros defensores ambientales. En este contexto, se debe respetar el derecho a la protesta social, sin ningún tipo de discriminación por ideas, condición social, origen étnico cultural, sexo y orientación sexual que atenten contra la igualdad de todos los peruanos. La garantía de relaciones interculturales es fundamental para un diálogo con respeto y justicia.

En base a estas líneas de acción es que se propone el inicio de un proceso popular constituyente con la participación democrática de la gente, que aborde el conjunto de temas, partiendo de las tareas en los territorios y barrios y las demandas a los diferentes niveles de gobierno, de acuerdo a las prioridades y particularidades de cada lugar. Aquí cobra mayor sentido la demanda por la descentralización de las decisiones del Estado con participación de la población organizada. A diferencia de las decisiones de arriba a abajo instituidas por el Estado Unitario como herencia colonial, debe asumirse que lo democrático es que las decisiones sean de abajo hacia arriba.

Castillo requiere hoy un disponer de un plan de gobierno y un equipo que, de llegar a la presidencia del Perú, de continuidad al diálogo permanente que ha iniciado con su campaña en la dirección de aportar a fortalecer a un movimiento social activo y participativo. Así, si es elegido presidente del Perú, cualquier bloqueo del congreso o intento de vacancia o llamado a los cuarteles estaría enfrentado a un gobierno y un movimiento social y político de respaldo que los partidos de la derecha y el centro deberán evaluar antes de tomar una decisión de tal magnitud.