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Este viernes se ha cumplido el quinto día de paralización en la provincia cusqueña de Espinar. Las comunidades demandan la reformulación del convenio marco con la minera Glencore Antapaccay, así como de un bono de 2000 soles por la crisis económica y social producto de la pandemia de COVID 19 y el alza del costo de vida.

Para entender el trasfondo de este conflicto y entender qué significan las demandas en torno al llamado Convenio Marco hablamos con Oracio Pacori. El director ejecutivo de la organización Derechos Humanos sin Frontera (DHSF), explica que ha habido una evolución en la conflictividad que se vive en Espinar. 

Mientras que en los años 90’ las comunidades de la provincia discutían cómo se podían beneficiar económicamente de la explotación minera, en la década siguiente, con particular fuerza en 2012, el tema principal pasó a ser la remediación de la contaminación, especialmente de las fuentes de agua. A partir de la pandemia vuelve a estar más presente el tema económico por el impacto que tiene la paralización de la actividad económica con las medidas de confinamiento y la serie de restricciones que impone el gobierno para controlar la pandemia. 

“En resumen se puede decir que al menos desde 2002 para la población está claro que si los impactos negativos de la minería no son remediados, atendidos o tratados adecuadamente van a terminar en momentos álgidos de conflictividad”, explica Pacori. 

Recuerda que Espinar no es cualquier provincia, ya que acumula 40 años de convivencia con la minería que arrastran múltiples consecuencias negativas y por otro lado una eventual ampliación de las operaciones llevarían a otros cuarenta años de actividades y nuevos impactos. El tiempo correspondiente al ciclo de vida productivo que se espera explotar, sin contar los pasivos ambientales que va arrojando la minería y que dejarán una herencia tóxica por otros cientos de años. 

El pliego de demandas  

Sin embargo se debe entender según Pacori, que en el trasfondo del conflicto subyace el relacionamiento que existe entre las comunidades y la empresa minera, justamente por el impacto que genera la minera en la vida de los espinarenses.

La plataforma de pedidos que tiene la Plataforma del Comité de Lucha lo plantea claramente, las tres demandas tienen que ver con la presencia de la minera y su actividad extractiva : 

Primera : El bono de 2 mil soles para cada habitante de la provincia con fondos del Convenio Marco, que se obtienen del tres por ciento de las utilidades de la empresa, para hacer frente a los impactos que está dejando la minería. 

Segunda : La reformulación del Convenio Marco. Pacori explica que este pedido tiene que ver con cómo se asignan y priorizan estos fondos para la provincia de Espinar

Tercera : Que se transparente cómo se va a viabilizar el proyecto Expansión Tintaya- Integración Coroccohuayco, la ampliación del actual proyecto Antapaccay y el impacto que podría tener en otro ámbito territorial y con otras comunidades en la provincia. Una ampliación que significa asimismo un incremento en las utilidades de la empresa, fondos del Convenio Marco que también se van a incrementar. 

Convenio Marco, conquista que va más allá del beneficio económico

Son, por lo tanto, pedidos, que si bien tienen plazos diferentes, están encadenados entre sí por el convenio marco. Instrumento, que tal como lo explicó hace unos años el fallecido ex alcalde de Espinar e histórico dirigente social de la provincia, Oscar Mollohuanca,  al medio de comunicación terra-justa en 2020, tiene su origen en la movilización y lucha, no en la buena voluntad de la empresa. Una conquista de la población que brinda mecanismos de control, de garantía de derechos, para que no se contamine el agua, el ambiente, etc. Planteado por el municipio y las comunidades en 1999 en medio de movilizaciones sociales, finalmente se logra firmar con la empresa en 2003. El convenio prevé la suscripción de convenios específicos para cada cláusula, algo que no se ha realizado. Estas y otras falencias son las que justifican el reclamo por la reformulación, entendida como el establecimiento de mecanismos de implementación de cada una de las disposiciones, no solamente aquella de índole económica.

La demanda de reformulación del convenio marco ha estado presente en todos los conflictos en Espinar, aunque hasta ahora las comunidades no han tenido éxito en avanzar con esta demanda. Estos planes económicos, además de no beneficiar a toda la población, evidencian el rol paternalista de las empresas que han generado relaciones clientelares de dependencia con las comunidades. En vez de que sean ellas las que administren y gestionen directamente los fondos destinados al desarrollo local, es la minera la que maneja estos recursos a través de la fundación Tintaya. De esa manera ha creado un nuevo poder fáctico de presión, de subordinación y de manipulación política desde la empresa minera hacia la sociedad espinarense, como sentenció Mollohuanca en la misma publicación.

Para las comunidades que están dentro del área de influencia directa e indirecta de la actividad minera se trata de un proceso conflictivo que se arrastra por los más de cuarenta años que tiene la minería en Espinar. 

El desenlace de las movilizaciones tiene distintos momentos, explica Pacori. La concientización es un proceso que se va produciendo en torno al pliego de demandas del Frente de Lucha y puede desencadenar en algún momento la participación de todas Espinar. Porque la agenda que tiene favorece inmediatamente la vida de los cuarenta mil habitantes que tiene la provincia de Espinar.  

Dádivas para algunos o bienestar para todos

Sin embargo, la empresa ha tejido una poderosa red de aliados, gracias al poder económica que tiene tras de sí, con el segundo mayor consorcio minero del mundo, Glencore, como matriz y con las propias utilidades que genera una explotación que durante la década pasada representó el 10 por ciento de la producción de cobre del Perú. Y así es capaz de financiar publicidad que es transmitida en un 90 por ciento de los medios locales de Espinar que mantienen un vínculo de dependencia con la actividad minera. Las instancias estatales de toma de decisión son otro ámbito al que se han extendido los brazos de la empresa. Uno de ellos es el gobierno local que administra una parte del canon minero. Y por otra parte, esas instancias integran el Comité de Gestión del convenio marco. A ello se suma un proceso de cooptación de algunos dirigentes lo que ha llevado al debilitamiento de ciertas organizaciones sociales. Hay, como constata el sociólogo José Antonio Romero, en declaraciones al medio de comunicación terra-justa en 2020, una descomposición del tejido social. Porque al final, que la minería en Espinar brinda un buen ejemplo, explica Romero, de lo que se conoce como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005): que consiste en el despojo del territorio, mercantilización y privatización de los bienes comunes, por ejemplo cuando la tierra es arrebatada, expulsando a las poblaciones indígenas y campesinos. Esta apropiación y expulsión supone también la eliminación de los diversos tipos de propiedad (colectiva), según el experto que también ha trabajado para DHSF.

Si no es con la zanahoria es con el garrote

Un proceso que despierta claras resistencias, en los crecientes conflictos socio ambientales no sólo en el Perú. Por eso, para Oracio Pacori, las respuestas por parte de las empresas y del Estado se han desplazado hacia la criminalización y represión de la protesta social.  

Con patrones de individualización en los que se persigue a defensores de derechos que se exponen con su labor, tal como se ha visto con la denuncia y amedrentamiento que ha hecho la empresa Antapaccay contra el presidente del Frente de Lucha, Sergio Huamaní. En una carta notarial dirigida esta semana al presidente, la empresa le exige que se retracte de sus denuncias contra Antapaccay que a juicio de los dueños de la minera serían acusaciones falsas.

Derechos Humaos Sin Fronteras lleva un registro, en el que se constata que sólo en último tiempo, han sido tres los defensores y de derechos quienes han sido denunciados por los operadores del consorcio, a través del mecanismo de la querella. Una estrategia, cuyo fin es golpear a las personas que se atreven a encabezar la organización de la protesta y sentar así un precedente ante los ojos de la población, para que nadie se atreva a resistir.

Las proyecciones para el futuro

Oracio Pacori prevé que en un futuro cercano el foco del conflicto se desplazará hacia las afectaciones que tiene la minería, no sólo en un recurso vital como el agua, sino directamente en la salud y la vida de las personas. Y recuerda las evidencias de los diferentes estudios, según las cuales los niveles de exposición que tienen las comuneras y comuneros a los metales pesados son muy altas. 

En lo inmediato el proceso de diálogo de Espinar en el que está involucrado el gobierno central, incluye las negociaciones sobre el convenio marco y la realización de la Consulta Previa para la ampliación del proyecto de Integración Coroccohuayco. No obstante, no son una prioridad para un Estado que le da preferencia a la inversión en nuevos proyectos mineros o en la ampliación de otros ya existentes.

El martes 07 de julio se realizó la audiencia regional entre la relatora especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, y doce defensores de derechos humanos de seis países de América Latina.

La audiencia tuvo como objetivo recoger los testimonios de los defensores y defensoras afectados por las industrias extractivistas e identificar la forma de apoyarlos frente a los abusos cometidos contra ellos por parte de las empresas mineras, así como del propio Estado.

Los defensores/as compartieron sus experiencias, procesos de lucha, incluyendo los riesgos y desafíos que sufren. En el caso del Perú participaron los defensores Oscar Mollohuanca de Espinar – Cusco y Miguel Meza Igme del Valle de Tambo – Arequipa. Cabe señalar que ambos casos y defensores están siendo acompañados por las instituciones de Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF en Cusco, y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- Fedepaz y Red Muqui en Arequipa.

Sobre la situación en Espinar, Cusco, Oscar Mollohuanca dio a conocer los procesos de conflictividad que existe en Espinar desde 1990 y que en la actualidad se ha vuelto mucho más complejo debido a los impactos al medio ambiente y la salud humana. Además informó que la afectación por metales pesados es una realidad que no solo afecta a las personas que viven en el entorno minero sino también a las poblaciones aledañas y que tanto las empresas mineras como el Estado no hacen nada a pesar de las luchas emprendidas. Así mismo, indicó que la consulta previa para nuevos proyectos es un proceso que no avanza ni se cumple, lo que termina traduciéndose en conflictos permanentes.

“A mí me encarcelaron, me llevaron hasta una región costera a mil kilómetros de nuestra región natural y ahí quisieron encarcelarme de manera permanente. No solo yo fui encarcelado si no también dirigentes hermanos nuestros que se atrevieron a luchar por más justicia social y ambiental. En esa lucha del 2012 también la policía mató a 3 hermanos nuestros, sobre esas muertes no hay ningún proceso judicial en curso y todo se ha archivado, no hay sanción, pero nosotros seguimos siendo enjuiciados, perseguidos”

Finalmente expuso la situación de los defensores que no son reconocidos como tales por los medios locales y que, por el contrario, terminan siendo estigmatizados como «conflictivos», «antimineros» y «antidesarrollo» por que las autoridades locales desconocen las normatividades nacionales e internacionales en defensa de los defensores/as de derechos humanos.

Por su lado, Miguel Meza Igme del Valle de Tambo de la provincia de Islay, región Arequipa, dio a conocer la importancia de defender el Valle de Tambo frente a los intereses de Southern Cooper Corporation, quien en todos estos años no ha hecho más que deslegitimar la lucha de los agricultores a través de la violencia y campañas mediáticas.

“El 23 de marzo del 2011 enfrentamos un paro indefinido donde murieron asesinados 3 hermanos por la PNP, y hay jóvenes que viven con las balas hasta el día de hoy. Hubo 130 observaciones que demostraban que la empresa minera estaba mintiendo” señalo Miguel Meza.

Ambos defensores solicitaron que se dialogue con el gobierno y que se respete la decisión del pueblo.

Por su lado, Mary Lawlor se comprometió a conversar con los gobiernos para pedir cese a estos ataques y reconocer que los defensores tienen derecho a seguir haciendo su labor. Manifestó que es típico criminalizar a los defensores de derechos humanos. Y exhortó a los defensores averiguar los nombres de las personas de las empresas o policías que los atacan y acosan, así como conocer a los inversores de las empresas mineras para darles a conocer lo que viene pasando.

 

El día de hoy, lunes 30 de noviembre, el ex alcalde de Espinar: Oscar Mollohuanca, y los ex dirigentes sociales del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE): Herbert Huamán y Sergio Huamaní, fueron absueltos por el Cuarto Juzgado Unipersonal de Ica, tras haber sido denunciados por el Ministerio Público el 2012 tras las protestas desarrolladas ese año en rechazo a la contaminación ambiental de la empresa minera Xtrata Tintaya (ahora Glencore Antapaccay) y su negativa a aportar al desarrollo de Espinar de acuerdo a las demandas de las comunidades y la ciudad. Años después el Ministerio de Salud confirmó la presencia de metales pesados en el organismo de cientos de espinarenses.

En el paro desarrollado en mayo de 2012 fallecieron 3 personas y resultaron más de 15 personas heridas. El juicio para que esas personas asesinadas encuentren justicia se archivó hace unos años. El jefe del operativo en ese entonces fue Gastón Rodríguez, el ex ministro del Interior del gobierno de Merino, que es el responsable político de la muerte de Inti y Jack y los más de 100 heridos de la última protesta popular nacional.

Adelanto de sentencia

De acuerdo al informe de la Institución Derechos Humanos Sin Fronteras, que asumió la defensa legal de los defensores criminalizados; durante la audiencia virtual de lectura de sentencia, el juez Jean Franco Pinto Fernández, titular del Cuarto Juzgado Unipersonal del Juzgado de Ica, señaló lo siguiente:

“Absolviendo a los ciudadanos Oscar Avelino Mollohuanca Cruz, Herberth Huaman Llave Y Sergio Huamani Hilario, de los cargos formulados en su contra”

El juez Franco Pinto Fernández reiteró que -según el título preliminar del Código Penal- está proscrita la responsabilidad objetiva, y no es posible atribuirle la responsabilidad por el solo hecho de haber convocado protestas, ya que “la protesta es un derecho de rango constitucional que deriva del derecho de la libertad de expresión”.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, señala que la sentencia es un reconocimiento a la lucha de varios años del pueblo de Espinar. Añade que se debe exigir justicia y reparación para las personas asesinadas y los heridos que dejó la protesta el 2012. «Se está reconociendo el derecho a la protesta, diciendo que la población tiene el derecho legítimo amparado en la Constitución para protestar, reclamar, y que varias de sus demandas sean atendidas». Añadió que espera que el precedente sea positivo para otros casos en el país.

La sentencia íntegra se leerá el 10 de diciembre a las 16 horas, en el marco del Día de los Derechos Humanos.

Durante la audiencia que se realizó el día de ayer en Ica, martes 18 de febrero, en contra del ex alcalde de Espinar-Cusco, Oscar Mollohuanca; Sergio Huamaní y Herbert Huamán, ex dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar – FUDIE; el juez William Fernández Pinto del 4to Juzgado Penal Unipersonal de Ica declaró infundada la solicitud de la Fiscalía que pretendía que los testimonios recogidos en la investigación preliminar el 2012 sean leídos en la audiencia el día de ayer y valorados como parte probatoria en el juicio.

Los delitos que se le imputan a Oscar Mollohuanca, Sergio Huamaní y Herbert Huamán, son el de atentado contra la seguridad común y entorpecimiento a los servicios públicos y disturbios, en el marco de la protesta social de mayo del 2012 en la cual la población de Espinar denunciaba la contaminación al medio ambiente y exigía la reformulación de un nuevo convenio marco por parte de la empresa minera Xstrata Tintaya (hoy Glencore). El caso ya lleva 8 años en las instancias judiciales de Ica y la Fiscalía está solicitando 20 años de cárcel por los supuestos delitos señalados.

¿Por qué el juez rechazó estos testimonios?

“Durante el juicio, la Fiscalía ha ofrecido que declaren once testigos; de los cuales, solo han declarado 05. Todos efectivos policiales. A cuatro no se les puede ubicar, razón por la cual se prescindió de sus testimonios; es decir, no van a declarar en el juicio. Y, aún faltan dos”, relata el abogado del ex alcalde y de los dirigentes sociales, Ramiro Llatas de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras.

Sin embargo, la Fiscalía pretendía que los cuatro testimonios recogidos en la etapa preliminar de la investigación fiscal el 2012 sean leídos en la audiencia, a pesar que esas personas actualmente están inubicables, y que cuando se recogió esos testimonios; estas personas nunca fueron confrontadas o interrogadas por la defensa legal del ex alcalde y de los dirigentes sociales acusados; tal como lo manda el código procesal penal para que se ejerza el derecho a la defensa.

2 de esos 4 testigos eran un chofer del Ministerio Público en Cusco y, el otro, un ex fiscal que se fue al campamento minero y estando ahí le revocan su mandato, nombrando a otro fiscal en su lugar, añade el abogado Ramiro Llatas.

Esos 2 testigos de la Fiscalía supuestamente señalaban la responsabilidad penal de Oscar Mollohuanca, Sergio Humaní y Herbert Huamán, pero al final ellos testificaron aquella vez, que solo habían escuchado que los tres acusados estaban en la protesta, pero no presentaban una prueba que relacione directamente la acción de los acusados y los delitos que se les imputan, como la explosión de un local del Ministerio Público –no hay peritaje-. Hasta ahora no hay ninguna prueba certera de lo que se les acusa a las personas señaladas.

Juzgamiento irregular

Durante la investigación fiscal el 2012, cuando se desarrolló el conflicto, se cometieron una serie de irregularidades: “detenciones arbitrarias a los acusados; a los detenidos se les llevo al campamento minero, donde no existía una comisaría y se cometieron probables torturas. Ninguno de estos hechos ilícitos ha sido debidamente investigado por el Ministerio Público, sin embargo, a los defensores ambientales, se les mantiene en juicio desde mayo del 2012, en Ica, una región ubicada a cientos de kilómetros de Espinar. Ellos constitucionalmente deben de ser juzgados en Cusco”, precisa el abogado Ramiro Llatas.

¿Cuál es el desenlace?

En julio del 2017, el Primer Juzgado Unipersonal de Ica declaró inocentes a Mollohuanca, Huamaní y Huamán. Sin embargo, la Fiscalía apeló a segunda instancia y el juicio se reabrió en el 4to Juzgado Penal Unipersonal de Ica y ahora falta que se desarrollen 3 audiencias más: la próxima audiencia el 28 de febrero en que se espera se presenten los 2 testigos notificados; la penúltima audiencia el 11 de marzo que será de alegatos finales, en que tendrán que estar los dirigentes acusados; y la última audiencia que será la lectura de sentencia.

Si absuelven nuevamente a los defensores ambientales, la Fiscalía puede apelar por tercera vez e interponer un recurso de casación para que el caso se vea en la Corte Suprema.