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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Hemos tenido una semana muy movida en términos políticos, en realidad vivimos una crisis permanente desde hace mucho tiempo en el país. Esta semana el gabinete Cateriano presentó su propuesta de trabajo ante al Congreso de la República para lo que será el ultimo año de gobierno de Vizcarra; sin embargo, esta presentación estuvo plagada de una serie de incidentes que terminaron por rechazar el voto de confianza que había solicitado el ahora ex premier Pedro Cateriano. Varios fueron los motivos por las que el Congreso ha rechazado este pedido, entre los principales, sin duda, la ausencia de políticas claras para enfrentar la pandemia de la Covid-19; el acento exacerbado en priorizar la inversión privada minera; sobre este punto Cateriano llegó a señalar que aquellos lugares donde se rechazó la minería en el pasado, como en el valle de Tambogrande (Piura), está hoy destinado a la minería ilegal y la contaminación ambiental que genera, hecho que fue desmentido después por el mismo alcalde de ese distrito.

 

Finalmente, el otro motivo de rechazo a la confianza del gabinete Cateriano fue por la “presión” de algunos grupos de poder que están en el Congreso y que buscan traerse abajo la reforma universitaria, aunque en los medios nacionales se ha querido hablar solo sobre este último punto.

 

El nuevo gabinete recompuesto y liderado esta vez por el ex ministro de Defensa, Walter Martos, tiene varios desafíos en frente; el más importante es encarar la pandemia de la Covid-19, que en los últimos días ha tenido un crecimiento exponencial de contagiados (450,000) a nivel nacional, así como en la cifra de fallecidos (196 muertos por día). En las últimas semanas el virus se ha propagado al sur del Perú, donde la situación se torna cada día más dramática debido a la precariedad del sistema de salud. Así mismo las comunidades campesinas, siendo una población vulnerable, corren el riesgo de verse afectados por la Covid-19; por ello es urgente que el nuevo gabinete y el MINSA implementen estrategias comunitarias de atención a la salud de estas poblaciones.

 

El otro desafío que debe encarar este gabinete es la reactivación económica, pero no solo priorizando la actividad minera del gran empresariado privado. La gente necesita trabajar, es cierto, por ello hay que reactivar la economía de la gente apoyando a las pequeñas y microempresas, al agro y las iniciativas locales que están surgiendo a nivel nacional. Desde la Red Muqui esperamos que el presidente Martin Vizcarra y el nuevo gabinete presidido por Walter Martos centre su atención en estos temas.

 

Finalmente, una comisión de alto nivel se ha constituido en Espinar el día de hoy, presidido por los ministros de Energía y Minas y de Agricultura, esperemos que finalmente se instale la mesa de diálogo y se escuche y atienda al pueblo de Espinar en sus demandas, y esto para por escuchar a los actores sociales, a las organizaciones y comunidades afectadas por la actividad minera, y no solo a las autoridades locales o sectoriales, lo que suele pasar cuando se instalan estas mesas de diálogo.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

Hemos tenido una semana movida en el escenario político peruano, y es que el presidente Martín Vizcarra ha decidido hacer cambios en la mayoría de las carteras ministeriales, incluyendo al premier. La PCM ahora es encabezada por Pedro Cateriano, quien no es nuevo en el cargo, ya que fue premier en el ultimo año de la gestión de Ollanta Humala. Lamentablemente los antecedentes políticos del señor Cateriano en materia de respeto de derechos humanos, así como en la gestión de los conflictos sociales no son las mejores; son malas noticias para las comunidades y poblaciones afectadas por la actividad extractiva. Es más, los anuncios del nuevo premier han ido en esa línea estos días, por ejemplo, ha señalado que “no se puede vivir de bonos por siempre, hay que destrabar las inversiones”, dejando en claro su línea política, que ha sido aplaudida por la CONFIEP.

En este contexto, el escenario que se avecina es muy difícil, debido a que los conflictos sociales se vienen reactivando. Esta semana la provincia de Espinar en Cusco ha iniciado un paro indefinido, ellos reclaman el uso de los fondos del Convenio Marco de la minera Antapaccay y del gobierno local de Espinar, para otorgar un bono solidario de mil soles a los pobladores de toda la provincia y de esta forma ayudar a las familias afectadas para enfrentar la pandemia y la crisis económica que vivimos actualmente; sin embargo, la empresa minera se opone a esta medida. De otro lado, los pobladores del valle de Tambo en Arequipa también están preocupados por los reiterados anuncios de los gremios mineros y el ministerio de Energía y Minas por retomar el proyecto minero Tía María. Se han venido realizando cacerolazos en semanas pasadas y con el retorno de Pedro Cateriano a la PCM, esta preocupación es más que comprensible, ya que el 2015 en el conflicto de Tía María el papel del premier en ese momento fue deleznable.

Mientras el escenario político apunta a complejizarse más, dentro de las agendas de las organizaciones de la sociedad civil la situación tampoco es la mejor, esta semana dos iniciativas de protección del medio ambiente han sido duramente cuestionadas. En el plano nacional y del Congreso de la República se viene discutiendo un proyecto de ley para reconocer a los monitores y vigilantes ambientales comunitarios en la Comisión de Pueblos Indígenas; este proyecto debió ser votado el pasado martes, sin embargo, por presión de algunos congresistas y la oposición de sectores privados y ministerios del ejecutivo se ha suspendido el debate, esperamos que la comisión apruebe la propuesta y se discuta finalmente en el pleno del congreso. Finalmente, el otro tema que cuestionan y a la que se oponen los gremios empresariales como la CONFIEP es la ratificación del Acuerdo de Escazú por el gobierno peruano, este acuerdo busca implementar medidas para asegurar el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales de todos los peruanos y peruanas. Pero para la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería del Perú (SNMPE) esto sería una amenaza para la soberanía nacional y que, además, ya contaríamos con suficientes normas de control y participación ciudadana ambiental.

Desde la Red Muqui hacemos un llamado a la ciudadanía, a las comunidades y poblaciones locales a estar más vigilantes que antes en medio de esta crisis, ya que las medidas del gobierno nacional, así como los últimos cambios en el gabinete ministerial y la posición de los gremios empresariales en el país, no apuntan a garantizar derechos; por el contrario, se busca solo priorizar la reactivación económica del gran empresariado a toda costa.

Por Edwin Alejandro Berrospi / Área socio ambiental de Red Muqui

24 de Junio – Día del Campesino

La creciente crisis ambiental y sanitaria que viene afectado a todo el planeta no solo por la pandemia del Covid-19, sino por el mismo modelo económico extractivista que viene degradando a gran velocidad nuestro planeta ya es insostenible. Como bien sabemos en plena crisis, en lugar de pensar en proteger nuestros territorios, nuestro ambiente, nuestra biodiversidad y nuestras comunidades, seguimos aferrados al modelo extractivista de explotación de nuestros recursos naturales (minería, hidrocarburos, pesquería, bosques, hidroeléctricas, agroindustria entre otros).

Poco importa que los ríos están contaminados, que los pueblos vienen siendo desplazados para dar paso a la minería, que los territorios ya no pueden producir como antes, que los bosques se estén talando y los suelos están erosionando a gran velocidad. Ahora bajo el lema de Reactivación económica, arranca Perú y por presión de la Confiep se vienen dando más privilegios a las empresas mineras para que puedan operar no solo sin la debida fiscalización ambiental, sino ahora con los recursos públicos del Estado para financiar su capital de trabajo; mientras tanto las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas seguirán excluidos a pesar de trabajar incasablemente para garantizar nuestra alimentación, los niños afectados con metales tóxicos seguirán luchando para ser atendidos y nuestra naturaleza seguirá pidiendo auxilio ante la contaminación ambiental.

Ayer, 24 de junio, fue el día del campesino donde las comunidades campesinas y los pueblos indígenas celebran el año nuevo andino, celebran la posesión del territorio ancestral, el trabajo en el campo para producir nuestros alimentos, celebran el cuidado el agua, el cuidado de nuestra biodiversidad, celebran la vida de los pueblos indígenas y gracias a ellos podemos decir que el Perú es uno de los países megadiversos del mundo que sostienen nuestras vidas.

Es hora de reconocer ese gran esfuerzo de los campesinos y campesinas, de los vigilantes ambientales, de los pueblos indígenas y las poblaciones del todo el territorio nacional que trabajan desde que amanece hasta altas horas de la noche para conservar y cuidar nuestra riqueza y garantizar para que disfruten las futuras generaciones. Nuestra riqueza natural ahora se encuentra en peligro por la contaminación de sus hábitats naturales, los ríos, los suelos y es un deber de todos cuidar a:

  • 84 de las 117 zonas de vida del mundo.
  • 28 de los 32 tipos de clima del mundo.
  • Es el noveno país del mundo en superficie de bosque.
  • Alberga 25,000 especies de flora (el 10 % del total mundial)
  • 7,500 plantas endémicas (5º en el mundo)
  • 462 especies de mamíferos (3º en el mundo)
  • Más de 1,806 especies de aves (2º en el mundo).
  • 333 especies de anfibios (3º en el mundo)
  • 3,532 especies de mariposas (1º en el mundo)

Es necesario que el Estado peruano a través del Congreso de la República reconozca a las comunidades y pueblos y en especial a los vigilantes ambientales que con su trabajo cuidan nuestra gran riqueza natural.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A 14 semanas de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en nuestro país, la crisis económica y sanitaria se acentúa cada vez más. La respuesta del gobierno hasta ahora es insuficiente, las cifras no son las más alentadoras; según fuentes oficiales tenemos más de 240 mil personas contagiadas con el virus y más de 7 mil personas fallecidas. A la par, la falta de dinero y trabajo ha hecho que la gente se vuelque a las calles para buscar algo de trabajo. En la practica la cuarentena ya no funciona y las medidas de apoyo del gobierno como los bonos no ha llegado a quienes realmente lo necesitan.

De otro lado, quiénes sí han estado recibiendo su “bono” en el marco de las medidas de reactivación económica en el país, son las grandes empresas privadas, entre ellas una decena de empresas mineras. Como se sabe, el programa económico denominado “Reactiva Perú” fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a inicios del mes de abril. El objetivo del programa era utilizar recursos del Banco Central de Reserva para realizar préstamos a las empresas privadas con bajísimos intereses y de esta forma asegurar la cadena de pagos a sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios.

Al respecto, el último fin de semana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló la base de datos de las 71 mil personas jurídicas y naturales que recibieron los S/24 mil millones de soles (US$7.5 mil millones), y el portal periodístico Ojo Público analizando esta información, pudo constatar “que solo 975 empresas se llevaron el 35% de la cifra total. En la lista aparecen grupos económicos como Intercorp, Wong, El Comercio, entre otros; así como empresas extractivas como Maderera Bozovich, sindicada por lavado de dinero debido a su esquema offshore, y la minera Volcán…”; revelando de esta forma que las beneficiadas con este programa fueron las mismas empresas de siempre, que tienen serios cuestionamientos por corrupción, lavado de activos, infracciones ambientales, entre otros. Y ahora que se ha anunciado el programa Arranca Perú, y para abonar más en la crisis, la Confiep ha salido a decir “que se reactiven todos lo sectores y que la gente se cuide como pueda del virus”

El caso de las mineras beneficiadas es mucho más cuestionable, debido a que las empresas mineras durante la cuarentena han seguido trabajando hasta el 50% de sus operaciones, nunca estuvieron en pierde, es más fue el sector más privilegiado durante la cuarentena. Por eso llama la atención que mineras como Volcan (Pasco); Consorcio minero Horizonte (La Libertad) o Chinalco se hayan beneficiado del programa. Desde Red Muqui creemos que los mecanismos para otorgar este tipo de apoyos desde el gobierno deben ser más rigurosos y transparentes, y mucho más en el sector minero. Programas de este tipo deben servir para atender el pedido de las pequeñas y medianas empresas, como el sector agrario, por ejemplo, que si generan trabajo para millones de personas en este contexto de la pandemia.

En el marco de la delegación de facultades establecidas mediante Ley N° 31011, el Congreso facultó al Ejecutivo Nacional legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. El pasado 11 de mayo se emitió una serie de decretos entre los cuales se encuentra el Decreto Legislativo N° 1500 que establece medidas para reactivar, mejorar y  optimizar la ejecución de proyectos de inversión  pública privada ante el impacto del COVID-19. El objeto de este decreto es establecer medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como las certificaciones ambientales.

El domingo 03 de mayo se emitió el Decreto Supremo N° 080-2020- PCM donde se inicia la reanudación económica fase 1 y dentro de los sectores priorizados se tiene a la gran minería estableciendo etapas progresivas para la reanudación de la inversion y desarrollo de proyectos del sector minero. El decreto legislativo 1500 emitido contiene dispositivos que generan preocupación porque reduce estándares de protección de derechos fundamentales y garantías institucionales para la protección del ambiente. Esto tiene que ver con las modificaciones, obligaciones para las empresas inversoras en temas administrativos, para que con ello se facilite el impulso de los proyectos de inversion; incluida la minería.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El primer punto que nos preocupa son las obligaciones correspondientes a la participación ciudadana. La participación ciudadana suele concebirse y reducirse como un requisito administrativo para la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental; sin embargo, en la práctica, cobra vital importancia para el desarrollo de una política de prevención de conflictos y de respeto de los derechos fundamentales. En la actualidad existen casos graves de estancamiento del diálogo entre empresas y poblaciones por la ausencia de un desarrollo adecuado de procesos de participación ciudadana. Este derecho funciona como una garantía para la protección de diversos derechos: reasentamiento, vivienda, salud, educación, ambiente saludable.

Virtualidad

El DL 1500 en su artículo 6 establece que los mecanismos de participación ciudadana podrán llevarse a cabo de manera virtual; si bien el párrafo señala una serie de condiciones para llevar esto a cabo, surgen muchas dudas de que ello pueda beneficiar a las poblaciones y comunidades cuyos derechos van a ser impactados por un proyecto minero. Sobre ellos tenemos dos observaciones: 1) el acceso a medios digitales para la comunicación virtual en muchas zonas del país, sobre todo las rurales, no es universal y muchas personas se encuentran excluidas; 2) los procesos de participación ciudadana también implican el respeto de derechos colectivos y no debe ser reducido a requisitos administrativos. Los soportes virtuales pueden ser usados para seguir debilitando la participación y decisiones colectivas de las poblaciones y comunidades afectadas si no son adecuadamente garantizados por el estado.

Por otro lado, en la quinta disposición complementaria del decreto se señala: “Las disposiciones reguladas en el artículo 6 del presente Decreto Legislativo, también resultan aplicables a los casos en los que se haya establecido mecanismos de participación ciudadana previos al otorgamiento de títulos habilitantes.” Con esta disposición entendemos que estas modificaciones se aplicarían tanto para los procesos de participación ciudadana en curso como los que se requieren impulsar para las primeras fases de aprobación de los proyectos mineros; por ende, su aplicación surtirá efecto durante todo el proceso de reactivación económica planificado por el Estado.

INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

El segundo punto que nos preocupa es el referido a la fiscalización ambiental, debido a que entre los artículos 7 y 8 de esta norma, se flexibiliza el procedimiento de monitoreo en el sector de minería. Procedimientos imprescindibles para garantizar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA); y que las empresas, en sus vertimientos o impactos, no sobre pasen los Límites Máximos Permisibles (LMP).

Exoneración de reportes de monitoreo ambiental

El artículo 7 en su primer apartado 7.1. sostiene que se exonerará “[…] a los administrados [empresas mineras] de la obligación de presentar a las entidades con competencia ambiental [como OEFA], los reportes, monitoreos y cualquier otra información de carácter ambiental o social, que implique trabajo de campo […]”. Es decir, en el período que dure las medidas desplegadas a causa de la pandemia, las empresas no realizarán los procedimientos de monitoreo ambiental; a la cual estaban obligados para controlar que sus actividades no impacten el medio ambiente.  En la parte final de este artículo se sostiene que las medidas cesan cuando la “[…] actividad sujeta a fiscalización ambiental se reinicie”; lo cual no sabemos cuándo sucederá.

Debido a las medidas sanitarias de aislamiento social implementadas por el gobierno, que son evaluadas constantemente sin una fecha de culminación; ha conllevado a que las entidades públicas, entre ellas el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), desarrollen sus labores parcialmente.

Sanciones fraccionadas

Sobre las sanciones que sean impuestas (multas) por infracciones ambientales (contaminación) con anterioridad a la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitario o con posterioridad; ahora podrán ser “fraccionadas y aplazadas en la exigibilidad”. Así lo dispone el artículo 8 de este Decreto Legislativo. Claramente con esta disposición se ha otorgado un beneficio adicional a las empresas mineras, que es innecesaria, pues la capacidad económica de este sector es solvente.

Entendemos que como consecuencia de la pandemia que vivimos hoy, muchas de las entidades públicas se ven afectadas en la prestación de los servicios; pero al mismo tiempo es importante recordar la labor fundamental que despliegan organismos como el OEFA, para garantizar la estricta protección del derecho fundamental a un ambiente sano, razón por la cual su labor debe desarrollarse al 100%, sin que ello represente un riesgo para sus funcionarios. Ello sería proporcional y necesario, pues desde el gobierno ha quedado claro que la minería será una de las actividades impulsadas con mayor prioridad.

 

 

 

 

 

 

Artículo de Juan Aste Daffós / economista asesor de la Red Muqui                                                                       

Queda claro que la decisión del gobierno el día de hoy, de aplazar la cuarentena 2 semanas más, significa un retroceso de la orientación que se estaba perfilando en el gobierno presionado por los grandes poderes económicos que quieren que el país vuelva a la normalidad de una vez, como si no estuviéramos viviendo una pandemia. La decisión de levantar la cuarentena y reactivar la economía estaba basada en una decisión política de desplazar el objetivo de resguardar la salud por el de proteger a las empresas formales para que recuperen ingresos y beneficios, y puedan pagar pronto deudas al sistema bancario y financiero y tributar al mínimo; así como propiciar “tranquilidad” a la mayoría de la población del Perú dedicada a las actividades informales que vive de los ingresos que obtiene diariamente. Unos presionando desde la Confiep y otros desde su impulso individual y disperso de romper la cuarentena desde los mercados para vivir el día a día.

Cuarentena poco efectiva

Ante el fracaso de la cuarentena hasta ahora, que no da signos de que pueda revertirse en estas dos semanas al no estar acompañada de otras medidas efectivas, al no poder aplanar la curva de infectados, hospitalizados, en UCI y fallecidos; tanto debido a las limitaciones del sistema de salud pública, producto de una sistemática política de abandono como sector prioritario conjuntamente con la educación pública y la agroalimentación, pese al esfuerzo de médicos y enfermeras (os), profesores (as) y agricultores; como a la imposibilidad de llegar con bonos y canastas a la mayoría de la población de informales que viven el día a día, a las personas que se quedaron sin trabajo y sin ingresos, o con los ingresos limitados de sus pensiones y CTS; y luego a los despedidos a los que se les aplicó la suspensión perfecta de labores, a todos los cuales se les impuso el “quédese en su casa”.

En todos estos casos, la responsabilidad la ha asumido el Estado, porque se ha esperado que este consiga tener éxito en la cuarentena haciendo cumplir el “quédese en su casa” con la fuerza policial, las fuerzas armadas y el apoyo complementario de las municipalidades. Sin embargo, tanto en el sustento del gobierno (Pilar Mazzetti) como de la Confiep, la razón del fracaso en el “tercer martillazo” de la cuarentena o medidas para aplanar las curvas de infectados y muertos está en “la desobediencia de las personas para acatar la cuarentena”; es decir, en la mayoría de personas pobres que decidieron salir individualmente a buscar ingresos para alimentarse y vivir el día a día.

La estrategia de la Confiep

Así, los empresarios con sus economistas y también el gobierno; y esto es lo más grave, concluyen que al no poder aplanarse las curvas a pesar de los esfuerzos de las medidas de contención, hay “un impacto negativo sobre la actividad económica global y sobre diversos grupos sociales, con una incidencia especial en determinados sectores de la población” (véase el sexto considerando del DS080-2020-PCM de reanudación de actividades (…) e inmediatamente señala que “es necesario comenzar la recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las precauciones y medidas de protección necesarias (…)” (véase sétimo considerando del DS citado antes). A pesar de extender la cuarentena dos semanas más, el gobierno ya empezó la reactivación económica de varios sectores, como la minería que nunca paró del todo-, restaurantes vía delivery, etc.

Por ello, ahora el argumento empresarial no explícito es que, al fracasar la cuarentena y el plan de salud del gobierno al no poderse aplanar la curvas por culpa de la población desobediente (léase los informales principalmente), la reactivación de la economía ayudará al Estado a disponer de mayores ingresos fiscales, es decir, los grupos económicos de siempre, supuestamente, colaborarán con el gobierno para que se pueda mejorar la atención de la salud en un corto y mediano plazo; como si esto hubiera ocurrido antes. Cuando lo que siempre ha primado es la economía de las empresas sobre la salud y la vida de las personas. Con este argumento, a contracorriente de los demás países y la Organización Mundial de la Salud (OMS), mejor no se hubiera aplicado la cuarentena para no afectar la economía, porque igual no se hubieran podido aplanar las curvas.

El remedio era peor que la enfermedad

Lo cierto es que en momentos en que el sistema de salud está llegando rápidamente al nivel del colapso y se han incrementado los infectados y los fallecidos, trasladar en la practica la prioridad de la salud a la economía implicará impulsar los mercados y la aglomeración de la gente con las consecuencias de disparar el impacto de afectados y muertos por la Covid 19.  En estas condiciones, no solo se tendría que realizar otra cuarentena empezando de cero y de un año, sino que el PBI ya no caería 10 o 15% sino más de un 50% con las implicancias en las quiebras de empresas y pérdidas de empleo masivo, con la casi desaparición de sindicatos. Traer muchas pruebas moleculares, respiradores y camas UCI, como lo ha anunciado hoy el gobierno, ahora solo sería un paliativo que ayudaría en los lugares de mayor incidencia del covid 19, porque el mercado no ayudará a resolver el problema del incumplimiento del aislamiento social, tal como ha ocurrido hasta ahora. El remedio resultará peor que la enfermedad.

Cuarentena integral

Como ningún gobierno puede abandonar el objetivo de la cuarentena de aplanar las curvas de infectados y fallecidos, y lograr neutralizar a la Covid 19; una propuesta es otorgar inmediatamente un bono universal de 1,000 soles que llegue a la más amplia población, e implementar otro tipo de cuarentena por un mes y no solo dos semanas, ahora sostenida en la organización barrial, comunal o de otra forma de organización territorial urbana y rural que asuma las tareas de control y coordinación con las instancias del Estado (gobiernos municipales y gobiernos regional y nacional) para la atención de la salud, y la alimentación y la educación vinculadas hoy a la prioridad de salvaguardar la salud y la vida de las personas en armonía con la naturaleza.

Sociedad civil debe asumir organización frente a la crisis

En ese sentido, urge que las organizaciones sociales locales articulen vía un comité, la atención de la salud, la alimentación y la educación por cada barrio o manzana en las ciudades y por comunidades y rondas, por distritos, etc. La idea es que sean reconocidas institucionalmente (legalmente) como instancias de coordinación local con las municipalidades, gobiernos regionales y gobierno nacional, y las fuerzas policiales en los casos que se requiera. Y también debe demandarse que el gobierno nacional financie la campaña agrícola que se viene a la agricultura familiar, así como la compra de sus productos para acopiar y distribuir una canasta de alimentos por barrios y comunidades en áreas urbanas y rurales coordinando con las organizaciones sociales locales. La organización social territorial urbana y rural ayudará a enfrentar esta pandemia y otras que pudieran aparecer en el futuro próximo.