La comunidad campesina de Tantarcalla se ubica en el sector de Marccura, distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, departamento de Cusco. Las actividades que realizan las comunidades campesinas de la zona giran principalmente alrededor de la agricultura y la ganadería, con lo cual logran subsistir. En una decisión que está causando un amplio rechazo en la sociedad, el Poder Judicial determinó hace algunos días que este 24 de marzo se desaloje a los comuneros para restituir el predio a los supuestos propietarios legítimos, sin tomar en cuenta los más de cien años de existencia de la comunidad, así como su arraigo cultural y originario. De acuerdo con la abogada de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), Karina Baca Gómez, quien también acompaña el caso, este hecho es un delito de lesa humanidad, ya que afecta los derechos fundamentales de la comunidad, la desarma y les despoja de su territorio con el cual tienen un nexo cultural.
El conflicto se inició cuando la comunidad campesina comenzó el procedimiento administrativo de titulación efectuada por el proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural del Cusco, mediante el cuál logró la adjudicación de 218 hectáreas pertenecientes al predio rústico Mallma Alto. Ante esta situación, Luis Gustavo Paz Vizcarra, supuesto heredero del predio rústico en mención, interpuso una demanda de nulidad del título de propiedad otorgada a la Comunidad Campesina de Tantarcalla, ante el Primer Juzgado Mixto de Santiago en Cusco. El juez del tribunal, Peña Mendoza, declaró fundada la demanda, la que fue ratificada por todas las instancias judiciales correspondientes.
Este hecho conllevó a una última resolución que autoriza el desalojo, la ejecución forzada y la entrega física del predio a través del uso de maquinaria pesada para derribar las casas de los comuneros. Además, en la resolución se solicita el apoyo de un total de mil efectivos policiales y se advierte a las comunidades aledañas que no interfieran con la diligencia, de lo contrario podrían detenidos e investigados por la Fiscalía Penal Provincial de Paruro. Asimismo, se recomienda la presencia de ambulancias y bomberos, en caso de que estalle la violencia entre las fuerzas del orden y los comuneros.
Ante este sombrío panorama la abogada Baca Gómez expresó que “decídase o no desalojar a la población el 24 de marzo, trataremos de llevar el caso a la corte internacional, ya que más allá del caso de esta comunidad que ha tenido que enfrentar una juicio por más de 15 años, no es el único caso similar de intención de despojar a comunidades de la zona de su propio territorio en el Perú, con la misma argumentación. Se les ha imputado por delito de usurpación”. Además, la letrada explicó que al tratarse de comunidades indígenas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, el Estado tiene la responsabilidad de establecer medidas de protección de sus derechos fundamentales, algo que se ha obviado para favorecer a hacendados y a traficantes de tierras.
Desde Red Muqui se exhorta al Poder Judicial de Cusco a que adopte un enfoque intercultural y de derechos humanos adecuado, ya que la comunidad campesina originaria ya venía utilizando el predio de una manera pacífica y continua, sin problema legal alguno. Además, la organización rechaza de plano la violencia que se podría generar a razón de la ejecución de desalojo que cobraría un alto costo social y humanitario. De acuerdo al análisis de Red Muqui, la sentencia representa una violación internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas que involucra la responsabilidad del Estado peruano ante los organismos internacionales.