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La otra crisis: el asesinato de un defensor ambiental y la situación de los afectados por metales tóxicos

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Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Como es sabido, esta semana la coyuntura política sigue centrada en la moción de la vacancia presidencial de Martin Vizcarra por parte del Congreso de la República. Está casi confirmado que el presidente tendrá que ir a responder por sus actos este viernes 18 de septiembre al Congreso. Sin embargo, cada día aparecen nuevos elementos que evidencian que detrás del pedido de vacancia existen otros intereses subalternos a los audios del presidente y sus asistentes. Se ha sumado las llamadas nada santas que ha realizado el presidente del Congreso, Manuel Merino, al comandante general de la Marina; dice Merino, para dar tranquilidad al país, así como las últimas denuncias del ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaústegui, quien ha hecho público unos chats donde allegados a Acción Popular le insinuaban sobre los cambios y la crisis que se avecinaban. Al final, se trata de “una burda comedia en medio de una tragedia” en nuestro país, como ha señalado acertadamente Javier Torres de NoticiasSer.

No solo de crisis política vivimos en nuestro país, a parte de la crisis sanitaria que tenemos que enfrentar, esta semana hemos conocido de una lamentable noticia, se trata del asesinato a balazos del defensor ambiental: Roberto Carlos Pacheco Villanueva, en Madre de Dios. Con esta muerte en nuestro país, ya suman 5 defensores ambientales asesinados, según la Defensoría del Pueblo. “En lo que va del 2020, además del señor Pacheco, otros cuatro defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente han sido asesinados por tratar de proteger los recursos naturales”. Estos datos son más que alarmantes debido a que la defensa de los derechos humanos y los líderes/as defensores están en riesgo. Por ello, es urgente implementar medidas más eficaces de protección desde el MINJUSDH, El Ministerio Publico y las autoridades competentes en favor de los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país.

Finalmente, en medio de esta crisis, un tema que espera algún nivel de atención desde hace mucho atrás es la situación de los afectados/as por metales tóxicos en nuestro país. Siempre que los gremios mineros y el gobierno hablan de la importancia de la minería se olvidan de la otra parte, de los impactos y los daños que genera esta actividad. El caso de los afectados, entre ellos niños y niñas de Cerro de Pasco es el más dramático, ya que la presencia de metales pesados en sus cuerpos les genera un sinnúmero de enfermedades, como el cáncer, por ejemplo. En relación a este tema, el Centro Labor de Pasco en alianza con el Instituto Source de Italia han elaborado una investigación denominada: «Condiciones de la calidad ambiental y exposición humana a metales pesados en Cerro de Pasco». El estudio profundiza el análisis ambiental y de salud pública que aquejan a las poblaciones de Cerro de Pasco, y da cuenta de la situación de los niños y niñas en poblaciones cercanas al proyecto minero. El estudio fue presentado está siendo presentado este jueves 17 de septiembre en un evento virtual organizado en alianza con la Red Muqui.

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Pasco: Trabajador subcontratado de Minera NEXA da positivo a Covid_19 en prueba rápida

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Actualizado a las 8pm del 20 de abril

El día de ayer en la noche, domingo 19 de abril, algunos medios periodísticos de Pasco empezaron a difundir la noticia sobre un trabajador minero vinculado a la empresa Nexa Resources que dio resultado positivo a Covid_19 en el centro de salud del distrito de Yarusyacán, perteneciente a la provincia de Cerro de Pasco.

Para confirmar la noticia, desde Red Muqui nos comunicamos con el contacto que la empresa minera ha estado brindando a los medios de comunicación interesados en el caso: la consultora en comunicaciones de Nexa, Newlink; que nos envió el comunicado de la empresa minera Nexa Resources a nuestro correo institucional. Comunicado que precisa algunos detalles de las acciones de la empresa minera frente a lo ocurrido con el trabajador. Nexa Resources es una empresa que explota más de 50 mil toneladas de zinc al año normalmente.

Comunicado de la empresa Nexa Resources

La empresa minera Nexa Resources, a través de este comunicado, señala que el trabajador pertenece a la empresa contratista de la Unidad Minera El Porvenir, ubicada en el centro poblado de Milpo del distrito de Yarusyacán, a quien se le realizó la prueba rápida en un centro de salud local, luego de habérsele detectado algunos síntomas en el chequeo médico previo como parte de los protocolos internos que la empresa minera realiza.

La empresa minera agrega en el comunicado que, activando los protocolos de salud y seguridad, procedieron con la identificación de trabajadores que tuvieron contacto con el trabajador en el centro de salud donde le realizan las pruebas médicas al personal directo y de las empresas contratistas de Nexa.

En el comunicado recibido, la empresa precisa que las personas que han tenido contacto con el trabajador se encuentran actualmente en aislamiento domiciliario, al no haber ingresado a las instalaciones de campamento minero El Porvenir.

Nexa señala que aplica Protocolos

Nexa también señala en su comunicado que sus protocolos de salud y seguridad han sido verificados por las autoridades locales que, contrastando con la normativa del gobierno, contemplan las medidas aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas en la resolución N° 111-2020 que establece el Protocolo de “Traslado de personal minero”.

Sin embargo, cabe resaltar, como ya lo hemos señalado anteriormente desde Red Muqui, que el protocolo de traslado de personal minero no establece las pruebas obligatorias de descarte de Covid_19, por lo que si hubieran trabajadores portadores del virus que no presentan síntomas, podrían generar una situación crítica de contagio a otros trabajadores y a los comuneros del centro poblado, debido a que la unidad minera está dentro de la comunidad, al que todos entran a través de un portón colocado y controlado por la empresa minera.

La empresa minera finaliza señalando que solo están realizando actividades ligadas a las operaciones críticas de la empresa, habiendo reducido la mano de obra en el campamento minero.

Comuneros protestan

No obstante, a lo que señala la posición oficial de la empresa minera; los comuneros están molestos porque la “empresa minera Nexa con la policía han hecho entrar a la prepo a buses de trabajadores de Lima, Cusco y Huancayo”, se escucha en la entrevista realizada por un medio de Pasco a comuneros de la zona el día de hoy en la mañana. “Pese a que nosotros, como pobladores, hemos formado nuestras juntas vecinales; han hecho entrar los buses amenazando a la población. No sabemos si les han hecho las pruebas rápidas y han entrado como 200 personas a trabajar ayer y hoy en la mañana”, manifiesta indignada una comunera.

Federación de Trabajadores Mineros denuncia

En twitter, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros también se pronunció sobre la situación que se vive en la Unidad Minera El Porvenir, y denunció que los trabajadores se encuentran viviendo dentro en malas condiciones.

 

 

 

 

 

 

 

Contagiados de Covid_19 en Pasco

Hasta el día de ayer, la Dirección Regional de Salud de Pasco (DIRESA) informó que en la región existen 31 personas con Covid_19. 20 en la provincia de Pasco; 7 en Oxapampa; y 4 en la provincia de Daniel Alcides Carrión.

Los periodistas y pobladores de la región están preocupados porque la DIRESA solo se limita a dar información provincial de la cantidad de personas con Covid_19, pero no informa de que distritos son para que las diferentes autoridades y pobladores puedan tomar las previsiones del caso.

 

 

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PCM no da solución efectiva a familias afectadas de Pasco, tras reunión de 8 horas

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El 24 de febrero, las 5 familias afectadas por metales pesados de Pasco, que se encuentran acampando ya 11 días frente al Ministerio de Salud; tuvieron una reunión con representantes de la PCM encabezada por el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, y la presencia de representantes del Ministerio de Salud, junto a los viceministros del Ministerio del Ambiente y Vivienda. Además de ellos, también estuvieron presentes médicos del SIS y Essalud; y la Defensoría del Pueblo. La PCM convocó a la reunión no solo a las 5 familias que están en protesta, sino también a las otras 29 familias, con las que suscribieron actas el 2018, tras las protestas desarrolladas por las 34 familias en general durante el 2017. Las 5 familias de los niños afectados tienen enfermedades avanzadas que requieren atención urgente y especializada.

Padres y madres presentaron casos de sus hijos

La reunión inició a las 3pm y los padres y madres de familia expusieron los graves problemas de salud que tienen sus hijos, y el diagnóstico de leucemia mieloide crónica que padecen varios de ellos; producto de tener en sus organismos metales pesados como el plomo, arsénico, bario, boro, zinc, entre otros.

 

 

 

 

 

Atención internacional urgente

Tras presentar los casos de sus hijos e hijas, los padres y madres de familia exigieron que el Estado asuma el compromiso firmado en el acta del 2018, en que señalaron que cubrirían los gastos de la atención médica internacional, de no poder resolver los problemas de salud de los niños contaminados con metales tóxicos.

Durante estos años los niños no han podido recibir atención especializada para las enfermedades que padecen debido a que no hay especialistas médicos en nuestro país para los diagnósticos que presentan. Los padres de familia tienen los documentos en que los médicos les recetan solo antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios. El 8 de agosto del año pasado, 2019, una menor de 6 años de edad, afectada por los metales pesados: plomo y arsénico; murió en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, debido a complicaciones por la leucemia que le diagnosticaron el 2017.

Debido a ello, cuando los representantes del Ministerio de Salud y los médicos presentes plantearon que internarían a los niños, y verían que operaciones realizarles de acuerdo a los diagnósticos que actualizarían; los padres de las 5 familias señalaron su desacuerdo, debido a que anteriormente les han ofrecido el tratamiento de quimoterapia y trasplante de médula, pero ello no da garantía a los padres de familia de que sus hijos puedan continuar con vida.

“Quieren que mi hija ingrese a los hospitales para internarla y le hagan quimoterapia. Quieren cometer la misma negligencia que cometieron con otros niños, habiendo atención especializada en otros países”, señaló una de las madres de familia, tras la reunión con la PCM.

El año pasado, los padres de la niña Esmeralda lograron que pueda ser atendida en Argentina, teniendo buenos resultados con el transplante de médula. Hoy exigen que se continúe el tratamiento de Esmeralda y los otros niños en ese país.

No hay presupuesto

Frente a la propuesta de los padres y madres de familia, de que sus niños necesitan atención internacional, la respuesta de los funcionarios del gobierno fue que no había plata. “¿Qué podemos hacer?”, refirió uno de los funcionarios, según el relato de una de las madres de familia presente en la reunión.

Desenlace

Frente al diálogo prolongado, lo único que pudo proponer el gobierno es el realizar una teleconferencia con doctores del extranjero, para de acuerdo a ello intercambiar opiniones, saberes, con los médicos de Perú y ver qué ruta seguir.

“Entre jueves y viernes, señalaron que se comunicarían con nosotros para poder reunirnos nuevamente con los doctores de lima y doctores del extranjero vía internet”, para ver salidas a esta grave problemática, relató el padre de Esmeralda.

Movilización

Ante los resultados de la reunión de la PCM, en que no se firmó ningún acta; los padres y madres de familia están convocando a una movilización este viernes 28 a las 5pm en Plaza San Martín. La convocatoria cuenta con el respaldo de sindicatos como el de Sutesal, la Federación Textil, la Federación Universitaria de San Marcos, y otros colectivos que se han acercado al campamento de los niños afectados.

VER VIDEO de declaración de los padres y madres de familia

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El MINSA asumió compromisos con familias afectadas por metales tóxicos de Pasco

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Alrededor de 30 Familias afectadas por la contaminación minera en Pasco se autoconvocaron ayer a Lima y lograron reunirse con el Ministro de Salud Jaime Salinas y con funcionarios del sector. El ministro Abel Salinas Rivas se comprometió a brindar atención prioritaria a los menores y declarar en emergencia 9 distritos de la región, zonas afectadas donde existen pasivos ambientales que contaminan el agua, el aire y el suelo, también se trabajará una propuesta de Política Nacional de Salud Pública de protección a las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias tóxicas.

La Municipalidad de Simón Bolívar, uno de los distritos más afectados por la minería en Pasco, publicó un comunicado en redes sociales donde señala que “se logró que el Ministro de Salud, Dr. Abel Salinas Rivas, apruebe acuerdos históricos a favor de los niños contaminados, aquellos que necesiten atención en el extranjero por su delicado Salud serán llevados a otros países; así mismo el plan quinquenal de Salud se aprobó con una inversión que supera los 48 millones y la atención especializada en Salud a los niños afectados con metales pesados”.

Cabe recordar que Pasco en una de las regiones con mayores problemas ambientales generados por la minería. En el 2017, un informe de salud realizado por RED MUQUI dio a conocer que los niños evaluados presentaban niveles altos de plomo en sangre y metales pesados como cadmio, mercurio y el cancerígeno arsénico.

En junio del año pasado, una delegación de cien personas se encadenó a las rejas del Ministerio de Salud ante la indiferencia de las autoridades.  Exigieron que se atienda, prioritariamente, los casos de los más de 2,000 niños afectados por la contaminación por metales pesados, y que incluso ya sufren de enfermedades tan graves como cáncer y leucemia.

A casi un año de la protesta frente al MINSA, los padres de familia, cuyos niños presentan problemas de salud e intoxicación, afirmaron a RED MUQUI que  la situación no ha cambiado para ellos. Por eso, llegaron de nuevo a Lima para exigir que se cumpla con los compromisos.

Entre la lista de acuerdos estos son los más importantes : la gestión inmediata de atención a personas con intoxicación por metales, así como la garantía de que el Seguro de salud cubra sus gastos y darse la continuidad, de ser el caso, en algún centro de salud del extranjero. El MINSA garantizará que el Instituto Nacional del Niño continúe atendiendo a la totalidad de niños identificados por exposición a metales pesados.

Se realizarán gestiones para acelerar la construcción de una clínica de desintoxicación en Pasco, el Ministerio velará porque se contrate personal especializado en oncología para tratar a los afectados. También se estableció la Declaratoria de emergencia Sanitaria por 90 días para nueve distritos de la provincia de Pasco estos son: Simón Bolívar, Chaupimarca, Yanacancha, Ticlacayan, Tinyahuarco, Huayllay, Huachon, Yarusyacan y Pallanchacra y en la Provincia Daniel Alcides Carrión los distritos beneficiados son Yanahuanca, San Pedro de Pillao y Santa Ana de Tusi.

“La declaratoria de emergencia sanitaria nos va permitir actuar con varios ministerios en la recuperación de la salud, lo cual es muy importante y demandará una acción inmediata. Pero vamos a continuar con un plan que requerirá mucho más tiempo. Tengan la seguridad y convicción que vamos a acompañar este proceso”, indicó el ministro Salinas a los pobladores.

Los padres de familia afectados por la contaminación minera como es el caso de Hernán Pahucará esperan que el ministro Salinas asuma un rol activo en la defensa de la salud. “Exigimos que se cumplan los compromisos firmados para que podamos asegurar el bienestar de nuestros niños”, declaró Pahucará.


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MINSA se compromete buscar convenios con mineras para atención de personas contaminadas en Pasco

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SEGÚN LEY Y ACTA DE COMPROMISO

Uno de los compromisos que el Ministerio de Salud (MINSA) adquirió con las familias del distrito de Simón Bolívar (Pasco, Pasco) fue “oficiar” convenios con las mineras que operen en Pasco, para que estas asuman parte de la atención y tratamiento de las personas afectadas por la contaminación de metales pesados, tal como lo estipula la Ley N°29712.

Además de la Emergencia Sanitaria que regirá -por 90 días- tanto en Simón Bolívar como en el distrito de Chaupimarca, esta fue una de las principales demandas por parte de las autoridades y dirigentes de Simón Bolívar: el cumplimiento de esta ley que, a su vez, modifica la «Ley General de Salud» (Ley N°26842).

Esta modificación de las funciones y competencias de la autoridad de la Salud, fue aprobada en el año 2011 para favorecer a las personas afectadas por contaminación.

La norma contempla que las autoridades regionales, locales y las instituciones públicas de Salud -a nivel nacional-  sostengan convenios con las empresas extractivas, y estas puedan financiar la atención, el tratamiento y recuperación de las personas afectadas por los impactos ambientales que se generan con la explotación.

Recién ahora, el Ministerio de Salud tiene previsto elaborar y presentar un Plan de Salud Quinquenal de Salud para la Prevención y Control de Personas expuestas a metales pesados en los distritos de Simón Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca 2017 – 2021, el cual será validado por las autoridades de los 3 distritos a más tardar la semana que viene de este mes de julio.

En ese sentido, el MINSA, ha previsto iniciar las acciones que le competen, independiente de lo que las empresas presupuesten para remediar el daño generado por la contaminación. Aun así, cumplirá con el artículo 105 de la Ley N°29712, y aseguró que se oficiará la suscripción de convenios con las empresas mineras que estuvieran ejerciendo actividad en la zona. Todo ello con la participación de la sociedad civil y los gobiernos locales involucrados.

Cabe recordar que el viernes 23 de junio último, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) los convocó a una reunión de para informar sobre los avances y gestiones realizadas por los diferentes sectores para atender las necesidades de la población de Simón Bolívar. En este encuentro, se firmó un acta de compromisos a la que RED MUQUI tuvo acceso, y que en esta nota citamos.

De esta manera, la PCM (mediante Oficio N° 070- 2017-PCM-DVGT) dio respuesta al memorial (N° 001-2017-MDSB-ALC/PASCO) que el distrito de Simón Bolívar le envió al Presidente Pedro Pablo Kuczynski y a varios sectores del Ejecutivo.

Compromisos del MINSA

Una de las acciones inmediatas, fue la declaración de la Emergencia Sanitaria (Decreto Supremo N° 020-2017-SA) en los distritos de Chaupimarca y Simón Bolívar, la cual podrá ser ampliada de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de los 90 días que durará, conforme a Ley. Este periodo contará con un plan de acción al que se le hará seguimiento la tercera semana de cada mes.

Precisamente, el estado de emergencia sanitaria incluirá la implementación de Políticas de Salud Efectivas, para la atención a los miles de afectados con metales pesados (principalmente niños y niñas).

En cuanto al diagnóstico e identificación de personas intoxicadas con metales pesados en sangre, en el acta consta el compromiso del MINSA para elaborar un análisis situacional de salud de Pasco a través de la DIRESA Pasco y el CDC del MINSA. Ello formará parte del Plan Quinquenal de salud del sector, al igual que la implementación del equipo de la CDC Atlanta Estados Unidos, con el fin de realizar diagnóstico de hasta 17 metales pesados.

Asimismo, el MINSA se comprometió a la implementación del Laboratorio ICP de masas para el dosaje de plomo, arsénico, cadmio y mercurio (incluidos también en el Plan Quinquenal), al igual que la presentación de guías y protocolos de atención médica a personas expuestas por metales pesados.

Ante ello, el MINSA y Municipalidad de Simón Bolívar fijaron el siguiente cronograma: en setiembre de 2017 estaría lista las guías de atención para mercurio; en diciembre, las de cadmio y las de arsénico en marzo de 2018. Cada una de las guías, y sus respectivos protocolos deberán ser actualizadas cada 4 años.

En cuanto a las medidas a largo plazo, se atendió el pedido de Simón Bolívar –y todo Pasco- para que se apruebe el financiamiento para para la construcción de la Clínica de Desintoxicación y Laboratorio Toxicológico. Para ello, el MINSA y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) darán asistencia técnica para el saneamiento físico legal de los terrenos y formularán los estudios de preinversión hasta su viabilidad, expediente técnico y la ejecución de la obra.

Sobre el pedido de Construcción del Hospital de Neoplásicas, el MINSA y Simón Bolívar acordaron implementar un Departamento Oncológico en el Hospital Regional de Daniel Alcides Carrión (de Pasco), de esta manera los pobladores con cáncer no tendrán que viajar hasta Huánuco o Lima. Toda la implementación y el equipamiento estará a cargo del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud (DVM-PAS).

Sobre la emergencia sanitaria

El mismo 23 de junio, en el Diario Oficial El Peruano, fue publicado el Decreto Supremo N° 020-2017-SA que llevaba la firma del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y la ministra de Salud, Patricia García.

El Ejecutivo reconoce que existe un riesgo de propalación de otras enfermedades transmitidas por la presencia de contaminantes en el agua para consumo humano (arsénico, aluminio, plomo, coliformes fecales) que superan los límites máximos permisibles. Además de la resencia de metales pesados (arsénico, plomo, cadmio y mercurio) en el suelo de uso residencial y parques, que exceden los estándares de calidad para suelos

“Le corresponde al MINSA y a la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Gobierno Regional de Pasco (DIRESA Pasco) realizar las acciones inmediatas desarrolladas en el Plan de Acción – Declaratoria de Emergencia Sanitaria en los distritos y localidades afectadas por metales pesados del departamento de Pasco, priorizando la población de niños menores de 12 años y madres gestantes”, indica el sector en este decreto.

La implementación de las acciones relativas a la Emergencia Sanitaria, aclara la norma, será financiada con cargo al presupuesto institucional del MINSA. Concluida la Emergencia Sanitaria, las entidades intervinientes –Minsa y la Diresa Pasco– deberán informar respecto de las actividades y recursos ejecutados en el marco del Plan de Acción, así como sobre los resultados alcanzados.

Fuente: RED MUQUI / Acta de compromiso PCM – Simón Bolívar / MINSA

Fotos: RED MUQUI / MINSA

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I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humana de la región Junín

Los suscritos, asistentes al I CONGRESO REGIONAL DE SALUD AMBIENTAL Y HUMANA DE LA REGIÓN JUNIN, reunidos en Huancayo los días 14, 15 y 16 de junio 2017, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. La salud es un derecho fundamental de la persona y es intrínseco a la vida.  Sin salud no hay vida ni desarrollo sostenible.
  2. Para atender adecuadamente la salud de las personas, es necesario mejorar sus condiciones sociales, ambientales y calidad de vida. La situación de pobreza extrema, la desnutrición crónica, la escasa educación, el limitado acceso a servicios básicos, en especial el agua potable como derecho humano, las deficiencias de vivienda adecuada y digna, son determinantes de la salud, por lo que es necesario priorizar su atención, antes de considerarnos un país OCDE. Ello es responsabilidad del Estado.
  3. Consideramos que es prioritaria la protección y promoción de la salud ambiental y humana, que implica la acción decidida de nuestras autoridades, la academia, organizaciones de sociedad civil, sector privado y de las comunidades y poblaciones afectadas por la contaminación ambiental; el empoderamiento de las personas y poblaciones para que participen activamente en las decisiones que los afectan, en especial su derecho a la salud y un ambiente sano.
  4. Los estándares ambientales son importantes para evitar mayores riesgos ambientales y a la salud; por ello requieren de la participación activa de las personas afectadas para su establecimiento. Siempre deben estar informados/as de la situación en que viven, de los riesgos que los pueden afectar o afectan, y participar de las decisiones que se van a tomar, en las que está involucrada su vida y salud.
  5. En ese sentido, lamentamos que el Gobierno haya decidido, a espaldas de la población, el establecimiento de nuevos ECAs de Calidad de Aire que han aumentado en 10 veces el Dióxido de Azufre a nivel nacional, con un sustento de interés económico.
  6. Se evidencia una desarticulación que existe a nivel del Estado, entre todos sus sectores, cuando deberían rescatar la vinculación que tiene en la gestión ambiental y la salud integral, que permita un equilibrio entre las actividades económicas y la sostenibilidad ambiental y el respeto a las condiciones de vida de las actuales y próximas generaciones.
  7. Dicha perspectiva nos exige evaluar nuestro sistema de salud, que se centra en la atención individual, en una lógica de lucro, y que más bien debiera focalizarse en la salud pública ambiental y comunitaria, que es preventiva y promotora, que evita mayores riesgos que impacten negativamente en la salud de las personas.
  8. Invocamos que el Estado sea transparente en la información ambiental y sanitaria con la que cuenta, y mantenga informada a las personas y poblaciones de la situación de vulnerabilidad, sobre la evolución y proyecciones, necesarias para la toma de decisiones, especialmente en lo que corresponde a los riesgo de los metales y metaloides más contaminantes: mercurio, plomo, cadmio y arsénico.
  9. Como parte de  la agenda regional, se cumpla con la implementación de la Ordenanza 141-2012 del Gobierno Regional de Junín con proyección a ser consideradas para las diversas regiones del país. La implementación de programas que comprendan un sistema de gestión integral de la salud ambiental y humana, incluyendo la disponibilidad de un laboratorio regional o macroregional certificado, que permita analizar los indicadores biológicos en las personas afectadas por agentes contaminantes.
  10. Exigimos la inmediata acción del Estado en la remediación de los pasivos ambientales, en especial de los 4353 declarados de alto riesgo a nivel nacional, por ser focos contaminantes de gran impacto en agua, aire y suelo.
  11. Nos solidarizamos con la situación de emergencia ambiental y sanitaria que atraviesa la población de Cerro de Pasco, en especial el distrito de Simón Bolivar, similar a la de La Oroya, donde en especial las niñas/os sufren los impactos ambientales de la actividad minera. Demandamos respeto a los derechos de quienes protestan en el Ministerio de Salud en Lima, y acciones concretas para solucionar en definitiva el problema ambiental y de salud que los afecta.
  12. Consideramos fundamental que se priorice como actores que impulsan éste proceso iniciado con éste Congreso, a las mujeres y jóvenes de la región Junín.
  13. Nos comprometemos hacer llegar las conclusiones de este I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humano, a las diversas instancias públicas y de sociedad civil, nacionales y regionales, para dar continuidad al proceso que iniciamos con éste Congreso.

Huancayo, 16 de junio de 2017

Plataforma por la Salud Ambiental y Humana – Región Junín

Dirección Regional de Salud Junín

Colegio Médico del Perú – Consejo Regional IV Junín.

Red Muqui

Arzobispado de Huancayo

Pastoral de la Salud – Arzobispado de Huancayo

Pastoral Social de Dignidad Humana – PASSDIH Huancayo

Movimiento por la Salud de La Oroya

Organizaciones Zonales de Atención en Alimentos y Salud La Oroya – OZAAS

Agentes de Pastoral Social de Huancayo

Foro Salud – Región Junín

Consejo Regional de la Mujer Junín

Municipalidad Distrital de Óndores Mesa de Dialogo Ambiental – región Junín

Mesa Mujer Rural

Central Regional de Mujeres Rurales – Junín

Federación Agraria Regional de Junín

Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FEMUCARINAP

Comisión Episcopal de Acción Social

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social CEDEPAS Centro

Red Uniendo Manos Perú

Continúan firmas…

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Ante la difícil situación ambiental en el distrito de Simón Bolívar, región Pasco

COMUNICADO DE LA DIÓCESIS DE TARMA

“POR EL RESPETO A LA VIDA, EL DIALOGO Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE”

La Diócesis de Tarma manifiesta su cercanía a nuestros hermanos del Distrito Simón Bolívar, de la Región de Pasco, un grupo de ellos se encuentran en la ciudad de Lima con la finalidad de presentar sus demandas y propuestas frente a la grave situación de contaminación que afecta las comunidades de la zona. Este problema de contaminación ambiental no es de ahora, viene de muchos años a otras, por lo cual creemos que es de capital importancia entablar un diálogo sincero entre las partes en vistas al bien común y a la protección de las poblaciones vulnerables.

El Papa Francisco nos recuerda el clamor de la hermana tierra “Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes.” (Laudato Si n° 2) Por eso, vemos la urgencia de atender con toda prioridad esta problemática y urgencias, tanto ambientales como muy especialmente sanitarias. Es necesario que la población, en especial la más vulnerable pueda ser atendida y encuentre caminos que garanticen su salud integral y el desarrollo sostenible en sus comunidades, en las cuales viven y laboran.

Por ello llamamos a todas las partes, a las autoridades del sector público en lo nacional, regional y local, a las organizaciones representativas de la comunidad que busquen el camino del diálogo justo, transparente, bien informado y que se encamine en la perspectiva de la solución progresiva de la problemática con la urgencia del caso. Cuidemos la vida y salud de los niños que son los que más sufren.

Como pastor del amado pueblo que me ha sido confiado, hago este llamado para que todas las personas pongan de su buena voluntad en favor de la vida y sea posible superar la grave situación ambiental y encaminar hacia una calidad de vida digna, y respeto del bien común, como nos recuerda el Papa Francisco “el bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. El bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia” (Laudato Si n° 157).

Que el esfuerzo de ambas partes lleve a soluciones que dignifique la vida de los pueblos, como lo quiere el Señor. “yo he venido para que todos ustedes tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Jn. 10,10)

Tarma, 19 de junio de 2017

Monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco MCCJ

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Simón Bolívar presenta propuestas para que Estado declare emergencia sanitaria en Pasco

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  • Distrito más afectado de Pasco pide que igual se termine de ejecutar acciones de emergencia ambiental del 2012
  • Cuatro menores afectados que vinieron a Lima han sido trasladados al Hospital del Niño

Autoridades del distrito de Simón Bolívar, junto con la RED MUQUI, elaboraron propuestas específicas y prioritarias para que el Estado atienda a la población contaminada por metales pesados y declare la emergencia sanitaria en toda la región Pasco.

Los temas priorizados en esta propuesta de ejecución inmediata se centran en los ejes de Salud, Saneamiento (agua potable) y Remediación de pasivos ambientales. Actualmente, el Estado ha conformado una Comisión Multisectorial conformada por los viceministros de la PCM, MINSA, MINAM, MINEM y Vivienda. Por parte de los pobladores de Simón Bolívar, existe una Comisión de dirigentes encabezada por su alcalde Zumel Trujillo.

De la plataforma de 16 puntos que ellos han planteado al Estado, se vienen priorizando algunos temas como la declaratoria de emergencia sanitaria, un plan de salud que implique tratamiento de personas afectadas por metales pesados en la sangre y la implementación de la clínica de desintoxicación.

Esto implica la necesidad de establecer una línea de base de salud en la provincia de Cerro de Pasco, y se tenga un registro de todas aquellas personas que requieran atención urgente y especializada, sobre todo de los niños, embarazadas y mujeres en edad reproductiva.

En ese sentido, los dirigentes y padres de familia de Simón Bolívar no olvidan la declaratoria de emergencia ambiental que el Estado decretó el 2012 en todo este distrito. Es por ello, que hoy exigen que se cumplan con acciones pendientes, y sobre todo que, el Gobierno Regional de Pasco ejecute el 100% del presupuesto designado para atender esta emergencia hace 5 años.

Otro tema priorizado es la elaboración y cumplimiento de un plan de salud, que implique protocolos de tratamiento de las personas afectadas, la implementación de la clínica de desintoxicación, entre otros que implique la atención especializada de los afectados.

Por el lado del tema de saneamiento, piden que el Estado atienda con urgencia el acceso a agua potable en Cerro de Pasco, ya que es una fuente de contaminación principal, junto con la calidad del aire. Como solución, Simón Bolivar propone la aplicación de plantas de tratamiento de agua portátiles –por zona- hasta que se pueda construir de una planta de tratamiento adecuada.

De igual modo, se pide priorizar la remediación urgente y definitiva de los principales pasivos ambientales, como el «Excelsior», ya que de nada serviría brindar tratamiento a las personas afectadas, si no se eliminan las fuentes de contaminación en sus localidades. En este caso el problema es que el MEM cuenta con US$ 51 millones a los que recién tendría acceso hasta el 28 de junio.

Atención por medio de acuerdos

Desde hace casi una semana, padres, niños y autoridades del distrito de Simón Bolívar (Pasco, Pasco) permanecen apostados en la puerta del Ministerio de Salud (MINSA) hasta que el gobierno, en especial el sector Salud, les brinde una solución definitiva.

Han manifestado que no van a permitir que sus hijos sean revisados por personal del MINSA, mientras no se lleguen a acuerdos claros y suscritos. Esta reacción se debe a que, durante la marcha de sacrificio del año 2015 y la conformación de la mesa de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los niños afectados que vinieron a Lima fueron llevados a algunos hospitales donde pasaron por triajes y dosajes, con el fin de reducir sus acciones de protesta y reclamo. Luego de ello, el Estado se mostró ante la opinión pública que los niños estaban siendo atendido; sin embargo, luego no se les hizo ningún seguimiento.

No obstante, cuatro menores tuvieron que ser trasladados con urgencia al Hospital del Niño, debido a su delicado estado de salud. Una de las menores presentó un cuadro de convulsión.

Todo ello ha generado indignación y la exigencia de acciones concretas con presupuestos y cronogramas de por medio, de lo contrario han manifestado que no van a deponer sus medidas.

A esto se suma, que persiste el amedrentamiento por parte de la fiscalía de prevención del delito hacia los padres de familia. Pese a la presencia de la Defensoría del Pueblo y su permanente coordinación con la Policía Nacional –que los custodia a las afueras del MINSA-, el Ministerio Público les advierte que serían denunciados por exposición de personas y menores al peligro.

Defensoría presente

La Defensoría del Pueblo pidió a las más altas autoridades competentes atender a los niños y niñas afectados por la contaminación por plomo, procedentes del distrito de Simón Bolívar, región Pasco.

En un comunicado, recordó que el Estado peruano asumió diversos compromisos con los pobladores de este distrito luego de la Declaratoria de Emergencia Ambiental. Asimismo, recordó al Estado sobre los estudios que indican que el 84% de los niños menores de 10 años y el 61.5 por ciento de las madres gestantes analizadas entre 1996 y 2005 presentaba concentraciones de plomo en la sangre por encima de los límites permisibles según la OMS.

“La principal fuente de contaminación ambiental de la zona está directamente relacionada a la actividad minera, así como a la existencia de 25 pasivos ambientales mineros pendientes de ser remediados”, remarcó la institución.

DATOS:

  • Desde la RED MUQUI iniciamos el acompañamiento a este caso, luego que Centro Labor Pasco (institución miembro) informaran de la medida.
  • En el año 2015, el distrito de Simón Bolivar realizó su marcha de sacrificio a Lima, producto de esta medida se conformó una mesa de diálogo multisectorial.
  • En noviembre 2016, la OMS/OPS contrató a un grupo de consultores internacionales para que realicen un informe y den recomendaciones sobre el caso de la contaminación en Pasco. Todo ello a pedido del MINSA.
  • En esta reunión, las autoridades y dirigentes de Simón Bolivar estuvieron presentes junto a la RED MUQUI y su asesor el Dr. Fernando Osores (con quien se ha realizado un estudio de salud de Pasco, La Oroya y San Mateo).
  • Lamentablemente, las recomendaciones de estos expertos internacionales señalaban responsabilidades sobre la población, y no de manera directa sobre el Estado. Ello generó malestar en los pobladores de Simón Bolivar, y terminaron abandonando la reunión.

Fuente / Fotos: RED MUQUI

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Pasco necesita decisión política que solucione problemática de Salud Ambiental y Humana

 

  1. RED MUQUI CENTRO Y RED MUQUI NACIONAL, nos solidarizamos con la situación de emergencia ambiental y sanitaria que atraviesa la población de Cerro de Pasco, en particular el distrito de Simón Bolívar, donde en especial las niñas/os sufren los impactos ambientales de la actividad minera, sin que a la fecha haya tenido respuestas efectivas desde el Estado.
  2. En reiteradas ocasiones, los pobladores de Cerro de Pasco, y en especial los de Simón Bolívar, han acudido a Lima para buscar canales de solución para la atención especializada de las personas, especialmente niños y mujeres embarazadas, afectadas por metales pesados y metaloides.
  3. Centro Labor Pasco, con el apoyo de Red Muqui los ha acompañado en diversas reuniones, la última de ellas el 06 de junio pasado, donde lamentamos que la Ministra de Salud no estuviera presente, lo que ocasionó que el alcalde y dirigentes de Simón Bolivar se retiraran. Esa situación ha generado la acción de protesta que actualmente los pobladores realizan en el frontis del Ministerio de Salud.
  4. Demandamos del gobierno el respeto a los derechos fundamentales de las personas que han llegado a Lima y se encuentran en el MINSA.

Finalmente, exigimos una pronta y definitiva solución para la población de Cerro de Pasco, que pasa por considerar las demandas que la Municipalidad de Simón Bolivar presentó al Despacho Presidencial, mediante el documento N° 001-2017-MDSB-ALC/PASCO, que incluyen la atención inmediata a las familias más afectadas, cierre definitivo de los pasivos ambientales mineros que generan impactos en la salud, implementación de políticas de salud para la atención especializada de los afectados por metales pesados, el diagnóstico e identificación de los afectados por metales pesados en Cerro de Pasco, entre otros puntos.

Huancayo, 16 de junio de 2017

 

 

 

Pasco – Junín – Ayacucho – Lima

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ONU evidencia debilidad del Estado peruano en manejo de conflictos sociales mineros

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  • RED MUQUI facilitó que afectados presenten caso de niños contaminados en Simón Bolívar
  • El colectivo también gestionó que ONU conociera caso de reasentamiento de Morococha
  • En salud ambiental y humana, ONU recomienda que el Estado fortalezca fiscalización ambiental

El Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos visitó el Perú entre el 10 y 19 de julio, con el fin de revisar si se están implementando los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.

En esa misión, estos representantes de la ONU determinaron que el Estado peruano ha tenido una limitada presencia en donde operan las empresas mineras y existen conflictividad social. Es así que la misión internacional observó que, al no notarse la gobernabilidad y el estado de derecho, se hace más difícil el diálogo con las comunidades y ello contribuye a un ambiente de desconfianza, descontento y agitación social.

“El alto número de protestas sociales sugiere que las estrategias existentes para prevenir y mitigar los efectos adversos de la inversión extranjera directa en los derechos humanos han fallado”, alerta en reciente documento.

Si bien, el informe final de misión oficial será presentado en la 38ª sesión del Consejo de derechos humanos en junio de 2018, esta comisión de trabajo emitió una declaración expresando su preocupación sobre el manejo de los Derechos Humanos durante los conflictos sociales en el Perú.

Tomando en cuenta los reportes de conflictividad de la Defensoría del Pueblo, los representantes de la ONU vieron que el alto número de conflictos sociales en nuestro país, está relacionados a comunidades locales que protestan contra los efectos adversos causados por las operaciones mineras, petroleras y energéticas.

Es por ello que, en sus conclusiones preliminares, los miembros de este grupo de la ONU incluyeron han remarcado -con preocupación- la cifra de 70 muertos (65 civiles y 5 policías) en el período 2012-2016, durante estallidos de conflictos sociales.

Durante su visita a nuestro país, los expertos de Naciones Unidas escucharon y recibieron denuncias de personas potencialmente afectadas por actividades mineras. La contaminación del agua, el agotamiento de las aguas superficiales y subterráneas, la presencia de metales pesados en la sangre de trabajadores mineros y habitantes locales, son las más recurrentes, como es el caso en La Oroya (Junín) Cerro de Pasco (Pasco), Chumbilvilca y Espinar (Cusco), entre otros.

RED MUQUI dio a conocer caso Simón Bolívar y Morococha

El pasado 10 de julio, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, invitó a una reunión a la RED MUQUI y otras de sus instituciones miembros como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CooperAcción, FEDEPAZ, APRODEH.

En dicha oportunidad RED MUQUI facilitó que se conozca el caso de contaminación de la población de Simón Bolívar (Pasco), fue así que Jaime Silva, Regidor de dicho distrito, expuso sobre violaciones de derechos que sufrían sus poblaciones por efecto de la intervención de empresas mineras, en especial los derechos a la vida y salud, al ambiente adecuado y equilibrado, a la vivienda digna, entre otros derechos que los casos evidencian.

“La emergencia de salud pública en Pasco relacionada con la contaminación industrial debe servir como un llamado de atención para fortalecer la debida diligencia en materia de derechos humanos a través de evaluaciones de impacto ambiental y fiscalización fuertes. Además, pone en evidencia la necesidad de tener en cuenta los costos a más largo plazo de las salvaguardias ambientales subestándar”, advirtió la ONU luego de conocer el caso.

Asimismo, la misión tomó cuenta del caso Morococha, el primer caso en Perú de reasentamiento de un pueblo entero a causa de un proyecto minero. César Reyna, Asesor de la Municipalidad Distrital de Morococha, fue el encargado de informar de la situación de los pobladores que fueron reubicados en octubre de 2012 (a unos 12 kilómetros de distancia), por la minera china Chinalco, para poder llevar a cabo el proyecto Toromocho.

Los expertos de la ONU supieron que Morococha se está quedando vacía por la falta de oportunidades y de actividad económica, debido a que Chinalco no ha cumplido con sus promesas de trabajo y de instalar cerca el campamento minero.

Consulta previa previene conflictos

Por su parte, la RED MUQUI y sus instituciones miembros plantearon las dificultades de la aplicación del derecho a la consulta previa en minería, y la situación de las defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos.

En la reunión con la misión, la RED MUQUI informó los requisitos de participación pública relacionados con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y el otorgamiento de concesiones para operaciones mineras, son solo informativas y, por tanto, no corresponden procesos de consulta legítimos.

“La participación ciudadana y consultas con las comunidades afectadas por las operaciones empresariales es otra fuente principal de conflicto social (…) Recomendamos que todo tipo de consulta y participación se realice en la fase de planificación más temprana de un proyecto y que la misma incluya todas las fases, incluso hasta el cierre”, puntualizó este grupo especial de la ONU.

Los días posteriores los miembros de la Misión viajaron a Cajamarca, Cusco y Challhuahuacho (Apurímac), donde tuvieron diversas reuniones sobre la conflictividad social generada por la actividad mineras en dichas localidades. En esos casos, Grufides (Cajamarca) y Derechos Humanos sin Fronteras (Cusco) les informaron sobre esta problemática.

Criminalización y defensores ambientales

En su declaración, las Naciones Unidas recuerda que sus Principios Rectores se basan en la importancia del espacio ciudadano donde las voces críticas puedan expresarse con el fin de que las empresas entiendan las inquietudes y los riesgos relacionados con los derechos humanos vinculados con sus operaciones.

“Cuando la gente expresa su preocupación por los efectos negativos de las operaciones comerciales, a menudo se enfrentan a intimidación y criminalización”, dijo Dante Pesce, el segundo miembro de la delegación del Grupo de Trabajo.

Durante su visita, la misión se reunió con varios de los líderes comunitarios acusados de «extorsión» y otras imputaciones, debido a las modificaciones del código penal –en la última década- que han facilitado la criminalización de la protesta social y han impuesto sanciones más severas para delitos como «perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos».

“La criminalización de las protestas no ayuda a lograr la paz, y se deben hacer más esfuerzos para mejorar las condiciones de diálogo”, concluyen en una parte de su declaración.

Convenios mineros con la Policía

La misión de empresas y derechos humanos de la ONU, también reparó en los convenios que las empresas mineras sostienen con la Policía Nacional, los cuales consideró como un “arreglo crea confusión acerca de la función policial, que es la de proteger a la población (artículo 44 de la Constitución).

“En la práctica, esto se materializa a través de la presencia de policías pagados por la compañía para prestar servicios de seguridad portando el uniforme policial y las armas de reglamento. Esto solo refuerza la desconfianza en la policía nacional”, aseveró el grupo de trabajo.

DATO:

  • El Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Sus miembros actuales son: el Sr. Michael Addo, el Sr. Surya Deva (actual Presidente), el Sr. Dante Pesce, el Sr. Pavel Sulyandziga, y la Sra. Anita Ramasastry actual Vicepresidente).
  • El grupo recorrió Lima, Loreto, Cajamarca, Cusco y Apurímac, donde se reunirán con autoridades gubernamentales y miembros de la sociedad civil.

Foto: Naciones Unidas / GRUFIDES

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