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La siguiente nota fue escrita por Kirsten Francescone y publicada originalmente en Canadian Dimension. La Dra. Kirsten Francescone es profesora adjunta de Estudios de Desarrollo Internacional en la Universidad de Trent y ex Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada. (traducción por Red Muqui)

El 18 de enero de 2023, mientras miles de peruanos protestaban en las calles de Lima contra la crisis política que vive el país, el embajador canadiense Louis Marcotte se reunía con el ministro peruano de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich. Las protestas se mantienen desde diciembre, cuando el presidente populista Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, una decisión política que fue rechazada casi inmediatamente por las bases sociales que lo habían elegido. Los manifestantes han sido enfrentados con detenciones generalizadas y una brutal violencia por parte de las fuerzas del orden. Según el autor Yves Engler, desde que la ex vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder (medida apoyada por el gobierno canadiense), la representación del país norteamericano se ha reunido con numerosos funcionarios peruanos de alto nivel de una manera inédita.

Desde que Boluarte asumió la presidencia, las movilizaciones han estallado en todo el país. Aunque difieren en la diversidad de sus demandas, coinciden en cuatro puntos principales: la convocatoria de nuevas elecciones generales para 2023, el cierre del Congreso, la dimisión de Boluarte y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Pero estas reivindicaciones políticas inmediatas tienen profundas raíces históricas. Como afirmó un conjunto de ONGs del país andino, el movimiento masivamente respaldado por los ciudadanos del sur y de las regiones periféricas nace de un sentimiento de indignación ante un sistema político y económico altamente racista y discriminatorio. Desde Puno, epicentro de las protestas y de la extrema represión policial, delegaciones de comuneros viajaron a Lima para exigir reformas políticas y soluciones a los pasivos ambientales tóxicos que han contaminado sus fuentes de agua con metales pesados lo que conlleva altos niveles de toxinas (muchas de los cuales se han detectado en los organismos de niños). Las causas (de esta contaminación) son, salvo algunas excepciones, los cursos de agua de estas comunidades que han sido afectados por la actividad minera e industrial.

La embajadora Marcotte tuiteó varias fotos de la reunión, aprovechando la ocasión para promover la minería como beneficio para las comunidades y para expresar el apoyo canadiense a la delegación peruana que asistirá próximamente a la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), en Toronto del 5 al 8 de marzo. Cada año, la mayor convención minera del mundo atrae a decenas de miles de expertos del sector, directivos de empresas y representantes gubernamentales para hablar de las tendencias del sector y promover la expansión de la minería, sin preocuparse demasiado por el consentimiento de los más afectados, incluido Perú.

Al momento de la reunión entre la representación canadiense y el titular del MINEM, Lima estaba paralizada por las manifestaciones que pedían nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente. Sólo unos días antes, 17 personas habían muerto a manos de la policía en las ciudades de Juliaca y Puno. En los días siguientes a la reunión, la casa de estudios superiores más antigua del país y del continente, la Universidad Nacional Mayor San Marcos, fue asaltada por vehículos blindados de la policía. Cientos de estudiantes y manifestantes provenientes de zonas rurales fueron detenidos, desnudados, agredidos y privados de sus derechos. Según los informes, en los últimos meses han muerto 59 personas -en su inmensa mayoría civiles de origen indígena y ciudadanos de zonas rurales y periurbanas– a manos de una fuerza policial desenfrenada. Es poco probable que el embajador hubiera podido desplazarse por la ciudad sin observar la represión y la violencia policial.

Durante años, MiningWatch Canada y el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP según sus siglas en inglés), junto con organizaciones como Red Muqui, Cooperacción, Derechos Humanos Sin Fronteras-Cusco (DHSF) y Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), han documentado los numerosos daños causados por la gran minería de origen canadiense a las comunidades rurales, así como la violencia policial que suele acompañar la imposición de estos proyectos. Si bien las protestas actuales en Perú no tienen que ver explícitamente con la extracción de recursos, los reclamos por una nueva Constitución que aborde la exclusión sistemática y a menudo violenta de los pueblos indígenas, campesinos y rurales del sistema político económico, así como la herencia de despojo y contaminación de tierras, sí están vinculados a siglos de extractivismo. Por ello, los tuits del embajador deben situarse en un contexto de siglos de violencia colonial y décadas de violencia poscolonial, que se han ejercido en función de la extracción de recursos contra las comunidades.

La embajada canadiense podría haber aprovechado el momento para denunciar públicamente la violencia policial e insistir en que se protejan los derechos de los manifestantes peruanos. En vez de ello, Marcotte optó por promover más inversiones mineras canadienses en el país y fomentar la PDAC 2023, donde un espacio nombrado como «Día de Perú» promete discutir «oportunidades en el contexto de potenciar las virtudes de la industria minera peruana y superar las fallas que han frenado su dinamismo en los últimos años». Las prioridades de Canadá en Perú no pueden ser más claras.

La importancia económica de la minería canadiense en Perú

Según el Ministerio de Energía y Minas de Perú, Canadá fue el tercer inversor más importante en el desarrollo de minas en 2021. Sus empresas invirtieron más de 8 mil millones de dólares en 10 proyectos, lo que representa el 15 por ciento de la inversión total en construcción de minas en el país. Además fueron el segundo actor más importante en lo que respecta a la exploración (lo cual no es sorprendente, dado que las empresas canadienses suelen centrarse en la prospección y exploración), representando el 28 por ciento de la inversión total en exploración, con 165 millones de dólares gastados en 21 proyectos.

Empresas del país norteamericano también operan minas en Perú. Hudbay Minerals, con sede en Toronto, explota la mina Constancia; Pan American Silver, con sede en Vancouver, explota las minas Shahuindo y La Arena; y Teck Resources’, también con sede en Vancouver, explota la mina Antamina, con una participación del 22,5 por ciento en el proyecto. Antamina es la mina más grande de Perú, situándose entre las 10 primeras extractoras del mundo en términos de volumen, y es el productor individual más importante de cobre, plata y zinc del país. En 2021, dejó más de 6 mil millones de dólares en ventas y casi 3 mil 700 millones en ganancias brutas.

Canadá también ocupa un lugar destacado en términos de importación de metales y minerales peruanos. Del valor total de las exportaciones de minerales peruanos en 2021, Canadá fue el tercer importador mundial más importante después de China y la India, con un 6,5 por ciento de las exportaciones totales. Esta importancia se hace aún más clara cuando se considera el oro, ya que Canadá fue el segundo mayor importador de oro peruano. Las importaciones canadienses representaron más de 3.000 millones de dólares en 2021, algo menos del dos por ciento del PIB de Perú en ese mismo año.

Sin embargo, cuando se trata de hacer declaraciones sobre las atroces violaciones de los derechos humanos en el país, la posición de Canadá ha sido tibia. Sumó su firma a la declaración más reciente de la OEA sobre la crisis política en el país andino, una declaración diluida que asigna la culpa y la responsabilidad, tanto a los manifestantes como al gobierno de Perú, como si fueran actores equiparables. El gobierno canadiense sigue repitiendo como un loro esta postura, incluso cuando casi todas las víctimas de los últimos meses han sido civiles asesinados por el uso indiscriminado de la violencia policial. Por parte de la misma Policía Nacional que ha firmado contratos para proporcionar seguridad a las empresas mineras canadienses.

Contratos privados con la policía

Cuando las empresas mineras canadienses se ven envueltas en un conflicto con las comunidades locales fuera de Perú, a menudo dependen de esbirros o fuerzas paramilitares para reprimir la protesta. En Perú, las empresas se benefician de la protección policial y la impunidad aprobadas por el Estado. Las empresas pueden firmar contratos de servicios directamente con la Policía Nacional de Perú, y se permite a los agentes de policía trabajar fuera de servicio para empresas de seguridad privada mientras utilizan bienes del Estado, como armas, uniformes y municiones. Las fuerzas del orden tienen garantizadas la inmunidad penal en caso de que hieran mortalmente algún manifestante. Tienen autorización para utilizar munición real y disparar a matar. Y lo han hecho.

Las empresas mineras también se benefician de las crecientes medidas de seguridad de sus activos. Según fuentes locales, la mina Constancia de Hudbay y las operaciones de Las Bambas de MMG han sido fortificadas, con el pretexto de «prevenir ataques a los campamentos mineros«, una protección proporcionada de hecho por el Estado que sirve para consolidar el dominio de estas empresas en las regiones donde operan.

La violencia no sólo se utiliza contra la población rural en los bloqueos o durante las marchas masivas. Según diversas organizaciones no gubernamentales internacionales y peruanas, es una práctica habitual que amenaza la integridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y les impide ejercer sus derechos. Como señala un informe de EarthRights International, «la existencia de estos contratos [de seguridad con la policía] crea un escenario hostil que pone en riesgo los derechos humanos». Como ha demostrado la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), con sede en Cusco, a través de varios estudios de impacto ambiental y social relacionados con la mina Constancia de Hudbay, estos contratos no sólo permiten la violencia estatal explícita, sino que forman también el telón de fondo de la intimidación y las amenazas raciales y de clase contra los líderes comunitarios, para prevenir que se pronuncien justamente en contra de estos contratos.

Promoción de la minería canadiense en el PDAC

Durante la convención PDAC del año pasado, la Comisión Episcopal Peruana de Acción Social (CEAS) escribió una carta abierta a los delegados de la conferencia expresando que, contrariamente a las promesas hechas por el Embajador Marcotte y otros, la minería «no ha traído la prometida mejora en la calidad de vida» para la mayoría de las comunidades en las zonas mineras. Por el contrario, constató, «ha provocado corrupción y contaminación ambiental y ha vulnerado los derechos de las personas a la vida y a la salud, dejando un reguero de conflictos sociales, enfermedades e incluso la muerte».

Estos daños no son menores: la contaminación de tierras agrícolas y cursos de agua en torno a la mina Quiruvilca de Pan American Silver; la criminalización de los líderes comunitarios o el despojo de tierras debido a la contaminación ambiental en Shahuindo; la violación de la autodeterminación indígena y el derecho a un medio ambiente limpio en torno a la mina de litio y uranio propuesta por Plateau Energy, proyecto encima del cual se encuentra el glaciar tropical más importante de la región; el recorte en los beneficios económicos que generan las comunidades más afectadas por las operaciones mineras, y mucho más.

Sin embargo, la embajada canadiense en Perú tiene un historial de ignorar las preocupaciones de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente afectados por los proyectos mineros canadienses en el país, llegando incluso a pasar por alto las preocupaciones de la ciudadana canadiense Jennifer Moore, que fue detenida en 2017 por la policía peruana mientras proyectaba un documental en comunidades quechuas afectadas por la mina Constancia de Hudbay. Moore, a quien posteriormente se le prohibió volver a entrar al país y que fue etiquetada como una amenaza para la seguridad nacional, es el centro de un reciente informe del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP). Un estudio que ahonda sobre el papel de las embajadas canadienses en la priorización de los intereses de las empresas mineras de su país contraviniendo sus propios lineamientos políticos y compromisos asumidos con respecto a la protección de los defensores de los derechos humanos.

Sin duda, la embajada de Canadá en Perú seguirá trabajando junto al Ministerio de Energía y Minas peruano para promover más inversiones mineras en el país. Pero debe quedar claro: cuando la embajada elige promover la minería en Perú durante el PDAC, lo hace a sabiendas de lo que estas actividades significan realmente para las personas que se enfrentan a continuas amenazas, intimidación y violencia explícita patrocinada por el Estado.

Elaborado por: Bladimir Martínez – Ing. Ambiental de la Red Muqui

Epicentro de las protestas en contra del gobierno de Boluarte:

Actualmente, el departamento de Puno continúa siendo epicentro de las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, luego de que 17 civiles fueran asesinados con disparos en la espalda y la cabeza el pasado 9 de enero[1] en Juliaca, provincia de San Román, y otras tres personas, que fueron heridas producto de la brutal represión policial, fallecieran en los días siguientes[2], haciendo un total de 20 fallecidos solo en Juliaca.

Sumado a esto, en la provincia de Carabaya, dos personas fueron asesinadas por Proyectiles de Arma de Fuego (PAF), un caso que  involucra nuevamente a la policía[3][4], y en la provincia de El Collao, una persona falleció también por PAF[5], lo que eleva el total de personas fallecidas a 23 en el departamento de Puno; mientras cientos de heridos vienen recuperándose en los diferentes hospitales en la región y otras decenas de personas, que han preferido el anonimato, han reportado haber sido heridas en el transcurso de las protestas. Han preferido mantener en secreto sus identidades y optado por resguardarse en sus viviendas, algunos a pesar de cargar con perdigones en sus cuerpos, por temor a las fuerzas de seguridad que habrían estado merodeando los centros de salud, en actitud percibida como amenaza e intimidación.

Los hechos suscitados desencadenaron que el ambiente en las manifestaciones se tense aún más, y que el pueblo haya decidido convocar marchas de manera permanente. Lo que llevó a que delegaciones de miles de puneños viajaran hasta Lima por casi dos meses para participar de las manifestaciones en la capital y buscar visibilizar sus demandas. A pesar de que las delegaciones han regresado a Puno, manifestaron su intención de continuar con las movilizaciones y planificar su próximo retorno a Lima.

 

Respuesta del gobierno

Tal como señala el informe de Amnistía Internacional, el gobierno de Dina Boluarte estigmatizó a la población movilizada, tildándolos de terroristas, narcotraficantes, mineros ilegales, etc., intentando con ello deslegitimar sus demandas y justificar la sistemática violación de derechos humanos[6]. Este gobierno no comprende la grave crisis histórica de problemas irresueltos, discriminación, racismo y exclusión que aqueja al departamento de Puno desde hace décadas, e inclusive siglos. En cambio, el ejecutivo decreta estados de emergencia[7] para socavar el ánimo de resistencia de la población, siendo Puno la única región que quedó bajo control militar[8].

Además, como lo señaló recientemente el Relator Especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo después de una visita a diferentes partes del país: “El gobierno de Perú debe abordar el problema del envenenamiento de las aguas con vertidos tóxicos y metales pesados, que quiebra la salud y el derecho al agua potable de 10 millones de peruanos y compromete la salud de las generaciones futuras”[9].

 

Pasivos Ambientales Mineros sin responsables identificados

El departamento de Puno carga con un pasado minero irresuelto y ocupa el tercer lugar en cantidad de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) hasta el 2022.

 

Departamento Cantidad de PAM – 2020[1] Cantidad de PAM – 2021[2] Cantidad de PAM – 2022[3]
1 Ancash 1,235 1,221 1,161
2 Cajamarca 1,156 1,156 917
3 Puno 921 916 774

Fuente: Red Muqui a partir de los inventarios nacionales de PAM del MINEM – 2022

Dicha problemática es acompañada por la imposibilidad del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) de identificar a quienes han generado y quienes son responsables de cada PAM tal como se observa en el siguiente cuadro correspondiente a los pasivos registrados durante el 2022. Si bien el número parecería disminuir, aún existen PAM que no fueron inventariados y muchos no cuentan con responsable ni generador identificados, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Departamento Generador identificado Generador no identificado Cantidad de PAM 2022[1] Responsable identificado Responsable no identificado
1 Ancash 130 1,031 1,161 194 967
2 Cajamarca 174 763 917 712 205
3 Puno 72 702 774 300 479

Fuente: Red Muqui a partir de los inventarios nacionales de PAM del MINEM – 2022

Es pertinente señalar que cuando no se logra identificar quién ocasionó ni quién es responsable de esta fuente de contaminación, y su nivel de riesgo es elevado, el Estado peruano cubre los costos de su remediación[1].

 

Personas expuestas a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas sin tratamiento

Puno ocupa el octavo lugar en población expuesta a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas según el MINSA, con un total de 716,246 (58% de la población total)[2] personas expuestas a estas sustancias a diario. Esta cifra incluye niños y niñas tal cual detalla el informe periodístico de Ojo Público, “los niños de los ríos de colores”[3].

 

 

Asimismo, el esfuerzo colectivo de la sociedad civil y el Estado para construir y aprobar el Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a Favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaoides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas[1] se encuentra estancado, y no ha logrado avances significativos a un año y dos meses desde su aprobación. Por lo que quedan desatendidas millones de personas expuestas a estas sustancias en su vida diaria.

 

Niños y niñas con anemia

Por otra parte, Puno ocupa el primer lugar en casos de niños menores de 3 años con anemia desde el 2016. Un triste lugar que inclusive arrastra desde varios años anteriores[2]. Según reporta el INEI, solo el 2016, 65,301 (75.9%) menores de 3 años tuvieron anemia, el 2020 se registró una ligera baja con 69.4%. Sin embargo, el 2021, durante la pandemia de la Covid-19, esta cifra volvió a subir alcanzando 70.4% de menores con anemia[3], es decir que 7 de cada 10 niños sufren de esta afección en Puno[4]. No se trata de un asunto baladí, ya que a pesar de que se pueda tratar efectivamente la anemia, “los niños con este antecedente presentan, a largo plazo, un menor desempeño en las áreas cognitiva, social y emocional, disminuyendo el desempeño escolar, y la productividad en la vida adulta, afectando la calidad de vida, y en general la economía de las personas afectadas[5]. Cita un informe, publicado en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública en 2017, según el cual más de 65,301 niños y niñas de Puno, cada año, son destinados a un futuro aciago y con limitaciones, situación que no logra solucionarse a pesar de las cifras alarmantes y más de 7 años de tiempo transcurridos sin propuestas de cambio por parte del Estado.

 

Minerales de transición ¿Esperanza o hecatombe?

López Aliaga, un ultraderechista, ultraconservador[6] y actual alcalde de Lima, solicitó hace algunos días, que se declaren zonas francas áreas con potenciales yacimientos de cobre y litio para generar más empleo[7]. Si bien no es el primer político peruano que se pronuncia al respecto, es evidente que su prioridad y la de muchos otros, por sobre la protección de los derechos de las personas, es explotar el litio, pronto y rápido. Situación que se repite una y otra vez desde el hallazgo de la que podría ser la reserva de litio más grande del mundo en el 2017, en la provincia de Carabaya en el departamento de Puno.

Sin embargo, la narrativa planteada por este sector omite por completo las demandas históricas irresueltas de Puno, y sin contar con que el gran descubrimiento de litio estaría superpuesto con depósitos de uranio[8], sustancia radiactiva para cuya extracción aún no existe legislación y aún peor, métodos de explotación a gran escala y de larga data, por lo menos en el Perú. También se olvida y desconoce que las concesiones mineras de los proyectos de litio y uranio están superpuestas y cubiertas en la totalidad de la superficie por el glaciar tropical más grande del mundo, el glaciar Quelccaya[9] y a su vez más del 90 por ciento de su extensión se encuentra dentro del área del Paisaje Arqueológico Pintura Rupestres Corani-Macusani delimitado el 2005 por el Instituto Nacional de Cultura (INC[10]).

Es irresponsable exponer a radiactividad a una población que ya cuenta con más del 70% de niños y niñas menores de 3 años con anemia, y que tiene al 58% de su población expuesta a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (que a la fecha no logran una atención integral efectiva), con más de 700 PAM sin generador identificado, y con problemas de sequías ocasionadas por el cambio climático[11]. Si dichos problemas históricos irresueltos no son atendidos por el Estado, la crisis ambiental y social que aqueja a Puno podría acrecentarse.

 

[1] https://www.hildebrandtensustrece.com/ Año 13, N° 623, viernes 17 de febrero de 2023.

[2] https://rpp.pe/peru/puno/se-eleva-a-20-la-cantidad-de-fallecidos-durante-las-protestas-en-juliaca-noticia-1459746

[3] https://rpp.pe/peru/puno/puno-una-persona-fallecio-durante-las-protestas-realizadas-en-ilave-noticia-1461485

[4] https://radioondaazul.com/reportan-dos-fallecidos-tras-enfrentamientos-en-macusani/

[5] https://rpp.pe/peru/puno/puno-una-persona-fallecio-durante-las-protestas-realizadas-en-ilave-noticia-1461485

[6] https://amnistia.org.pe/noticia/represion-estado-poblacion-indigena-campesina/

[7] https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-en-los-d-decreto-supremo-n-009-2023-pcm-2143247-1/

[8] https://amnistia.org.pe/noticia/represion-estado-poblacion-indigena-campesina/

[9] https://reliefweb.int/report/peru/declaracion-de-final-de-mision-del-relator-especial-para-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-senor-pedro-arrojo-agudo

[10] https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/2120316-pasivos-ambientales-mineros-en-el-peru-resultados-de-la-auditoria-de-desempeno-sobre-gobernanza-para-el-manejo-integral-de-los-pam https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/2120316-pasivos-ambientales-mineros-en-el-peru-resultados-de-la-auditoria-de-desempeno-sobre-gobernanza-para-el-manejo-integral-de-los-pam

[11] http://www.minem.gob.pe/_legislacionM.php?idSector=1&idLegislacion=13423; R.M. N° 200-2021-MINEM/DM, Aprueban actualización del Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros 2021.

[12] https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/PAM_2022_RM_A_PUBLICAR2.pdf

[13] https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/PAM_2022_RM_A_PUBLICAR2.pdf

[14] https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/2120316-pasivos-ambientales-mineros-en-el-peru-resultados-de-la-auditoria-de-desempeno-sobre-gobernanza-para-el-manejo-integral-de-los-pam

[15] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Informe-de-Adjunti%CC%81a-N%C2%B0-19-2021-DP-AMASPPI.pdf

[16] https://ojo-publico.com/3894/los-ninos-los-rios-colores-la-contaminacion-el-titicaca

[17] https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/2583551-037-2021-minam

[18] http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4189.pdf

[19] https://vigilante.pe/2022/05/27/peru-la-anemia-infantil-aumento-en-15-regiones-del-pais/

[20] https://www.comexperu.org.pe/articulo/7-de-cada-10-ninos-sufre-de-anemia-en-puno

[21] http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342017000400020; efecto de la anemia en el desarrollo infantil: consecuencias a largo plazo (2017)

[22] https://www.infobae.com/america/peru/2023/01/01/rafael-lopez-aliaga-perfil-del-ultraderechista-que-inicia-su-mandato-como-alcalde-de-lima/

[23] https://gestion.pe/peru/politica/rafael-lopez-aliaga-pide-que-se-promuevan-zonas-francas-de-cobre-y-litio-para-generar-mas-empleo-noticia/

[24] https://elcomercio.pe/economia/dia-1/litio-minem-y-minera-canadiense-discrepan-sobre-necesidad-de-norma-para-minerales-radioactivos-carbonato-de-litio-noticia/?ref=ecr

[25] https://www.pulsoregional.pe/2022/08/22/quelccaya-un-glaciar-bajo-amenaza-por-concesiones-de-litio-y-uranio/

[26] https://www.pulsoregional.pe/2022/07/18/el-litio-pone-en-riesgo-las-pinturas-rupestres-de-puno/

[27] https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20221203-sequ%C3%ADa-en-andes-peruanos-provoca-muerte-de-alpacas-y-obliga-a-declarar-emergencia

En el distrito de Huanza, ubicado en en la provincia limeña de Huarochirí, se está produciendo un desastre medioambiental, que ya ha arrastrado miles de toneladas de relaves mineros altamente tóxicos, a través de la quebrada Conay, por donde discurre un caudal de color plomizo.

El 30 de marzo pasado, después de copiosas lluvias ocurridas en el sector, ocurrió un desprendimiento de proporciones aún no cuantificadas de depósitos de relaves mineros, pero que a simple vista, de quien se acerque a la abandonada explotación minera Huampar, parece gigante. Por eso y para buscar soluciones inmediatas la comunidad de Huanza le solicitó al Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) en abril del presente año , que la mencionada zona fuera declarada en emergencia ambiental. Con ello se le habría dado atención inmediata del parte del Estado y tal vez se hubiese podido evitar que la población siguiera usando esas aguas tanto para regadío y otras actividades agropecuarias como para el consumo humano. No obstante las evidencias del desastre, unas 19 comunidades campesinas que se dedican a la ganadería, así como 9 distritos: Huanza, Carampoma, San Juan de Iris, Huachupampa, San Pedro de Laraos, San Pedro de Casta, San Antonio de Chaclla, Callahuanca y Santa Eulalia, han tenido que seguir consumiendo de las fuentes hídricas directamente afectadas. Contaminación que no se detiene en esos lugares, pues el río de la quebrada Conay, llega al río Macachaca, que a su vez confluye con el río Santa Eulalia, uno de dos tributarios del río Rímac, principal afluente de la capital y que provee de agua potable a sus habitantes.

Valle de Santa Eulalia-autor-MuquiZinc, plomo y plata eran los principales minerales extraídos de un socavón que junto a los depósitos de relaves y de desmonte nunca fueron cerrados, tal como lo reconoce el propio Ministerio del Ambiente, que advierte que los relaves “se encuentran sin actividad de cierre y expuestos al ambiente, además que sus taludes y plataformas superiores están erosionados, entre otros aspectos”. Y continúa constatando que “ en otros dos depósitos (ID 13063 e ID 9988) se registraron deslizamientos de relave y arrastre hacia las partes bajas de las quebradas, cuyas aguas van hacia la laguna Antarangra”. 

Iniciada en los años 50 del siglo pasado, las operaciones fueron abandonadas a inicios del nuevo milenio. Desde entonces, hay una única persona empleada que hace de cuidador de las instalaciones, en su mayoría barracas y galpones desvencijados y gigantescas montañas de desechos tóxicos sobre cuyas partes planas se han formado verdaderas lagunas que ejercen aún más peso y presión sobre estructuras que no cuentan con ningún tipo de soporte físico.

charcos de agua sobre relave minero - autor: MuquiUn bofedal condenado a muerte

Inmediatamente debajo del perímetro de los cerros del venenoso relave, se juntan dos vertientes de agua, los afluentes del río Conay. Uno es el Azulcocha a mano derecha y el otro es el río Piticuli. Por separado, ambas corrientes aparecen con aguas cristalinas. Un panorama que cambia sólo cien metros más abajo, donde se produce la confluencia. Ubicada justo sobre una planicie, donde se encuentra un ecosistema muy particular de las sierras andinas, como explica Edwin Berrospi ingeniero ambiental de Red Muqui y señala con el dedo índice una playa formada por sedimentación de relave arrastrada por el río:  “Acá vemos un atentado contra una inmensa área de un bofedal, un ecosistema único y muy frágil. Es un sistema hidrológico que funciona conjuntamente con sus especies que están dentro de ese ecosistema. Si vamos abajo, vamos a encontrar varios bioindicadores de un bofedal, que determinan que se trata de ese sistema, que es único. Tiene que ver por ejemplo con la ubicación en una planicie, donde el sistema aluvial de arriba viene sedimentando toda la materia orgánica que ha sido transportada por la lluvia. Es un proceso de cientos de miles de años de formación en la que muchas especies se han ido adaptando a lo largo de ese espacio de tiempo, especies que se mantienen acá. Por lo tanto este relave está atentando contra estas especies, que debido a la toxicidad de los elementos que se han vertido van a morir y van a desaparecer”. 

bofedal condenado a muerte - autor: MuquiYa lo hicieron las truchas silvestres que llegaban hasta la parte alta del bofedal, como atestigua Wilson García que, igual que otros comuneros, venía a pescar a esta zona. En tanto, en las piscigranjas ubicadas en las riberas del río Macachaca murieron las truchas que estaban siendo criadas allí. Dos toneladas de peces muertas, es la cosecha de la contaminación en esos criaderos ahora abandonados.

No serán los únicos animales afectados, asegura García: “Los animales que vemos aquí, las vacas y las llamas, todavía no han muerto, pero en dos, tres meses o en medio año ya van a comenzar a morir. En los 90 cuando hubo otro gran deslizamiento de relaves al río ya vimos una contaminación parecida, a los cuatro meses comenzaron a morir las bestias. Era una “flaquera” que les venía, qué químicos habrán sido… Siempre se le ha reclamado a la empresa y nunca ha reconocido, nunca” 

Gabriela Flores, que trabaja para Caritas en Chosica, organización que forma parte de la  mesa de trabajo sobre derrame de relave del pasivo ambiental minero de la quebrada Conay – Huanza,  explica que el bofedal, también es importante por la función de recarga hídrica, “debajo de estas plantas que vemos hay todo un conducto de acuíferos de agua subterránea que beneficia las comunidades que están en la parte baja, es la fuente para que puedan haber puquiales, manantiales y si esto está afectado con metales pesados, finalmente también van a llegar a esos manantiales y puquiales. Retener, filtrar esos elementos es muy difícil de lograr, si no se controla la fuente de la contaminación.

depósitos de relave parcialmentre derrumbados y bofedal-autor:MuquiHerbert Gutiérrez, de Caritas Chosica explica cómo se originó la contaminación más reciente: “La empresa minera Huampar, después de explotar mineral durante unos cuarenta años han dejado sus sedimentos de relave en estos cerros que podemos ver. A fines de marzo se produjeron lluvias fuertes que formaron pozos sobre la parte plana de estos relaves, que no tienen ningún tipo de protección o drenaje de aguas lluvias que se van acumulando encima de ellas. Una bomba de tiempo que en un momento explotó y derrumbó parte del cerro. La comunidad lo vivió porque el agua que consumen, que proviene de este lugar de repente se volvió espeso y de color grisáceo.”

Edwin Berrospi de Red Muqui añade: “No hubo sistema de fiscalización, de control y de manejo de estos relaves, entonces en momentos de gran intensidad de precipitaciones, se ha debilitado toda el depósito, ya que no había ninguna estructura o construcción que le diera estabilidad física, esto se ha derrumbado”.

Wilson García, presidente de la comunidad de Huanza explica que el agua que consumen proviene de un canal de captación que recorre ocho kilómetros desde la toma de agua en el lugar conocido como Cashca, en la parte alta del río Conay y que llega directamente a la comunidad campesina de Huanza. 

Cuando vieron el deslizamiento, lo intentaron atajar abriendo un canal, al ver que esto no ayudaba, porque se seguían jalando los sedimentos, llevaron tubos para hacer una cañería. Y son esos tubos los que están logrando drenar parte del agua para aliviar la carga que se deposita encima del cerro de sedimentos. Es una medida de emergencia, improvisada de la propia comunidad, que trata de contener el derrumbe como puede, sin embargo, parte de los relaves siguen cayendo al río y más aún cuando llueve.

cañería improvisada instalada por comunidad-autor:MuquiOtros daños

Para Edwin Berrospi que visita por primera vez la zona, la gente de la comunidad sabe el daño que les están causando los desechos de la empresa Huanza S.A. “La magnitud del derrumbe parcial de los relaves, es mucho mayor de lo que imaginaba. No solo está contaminando a una cabecera de cuenca del río Rímac, sino que está afectando la disponibilidad del recurso hídrico de consumo humano para un conjunto de comunidades que están expuestas a ese envenenamiento. Población que consume esas aguas, que no solo tienen una alta acidez, sino también de metales pesados, tanto en su cantidad, intensidad y magnitud que por cada segundo que se vierte se está sedimentando en su lecho”.

En cuanto a los elementos concentrados en los relaves, altamente tóxicos para todas las especies expuestas a ellos, que probablemente se estén vertiendo a los ríos, Berrospi enumera: plomo, arsénico, cadmio y cromo. 

Un socavón oscuro: reflejo de impunidad 

Abandono, desidia, falta de fiscalización, atropello contra las comunidades y la naturaleza e impunidad para los dueños de las empresas, una forma de violencia estructural y concreta. Todo eso se puede observar también en otro pasivo ambiental, que dejaron quienes sacaron provecho de la mina.

Cuando se ingresa al terreno de explotación abandonada, a mano izquierda resalta un cerro rocoso, en el que se abre un socavón con una entrada enmarcada con vigas de madera revestidas de hierro de unos dos metros de altura. En el suelo se ven los restos de rieles, de donde se sacaba el mineral. Lo más llamativo, sin embargo, es un verdadero arroyo que sale a gran presión de las galerías inundadas. Sus aguas también están saturadas de minerales, ya que en los bordes del cauce abundan manchas de metales de óxido ferroso, resultado del proceso de lixiviación, del desprendimiento de las rocas y piedras al interior de la mina como explica Edwin Berrospi: “Hay un contacto con todo lo que han sacado y está saliendo agua ácida de esta mina, otro pasivo ambiental. Aquí se hace visible la ausencia del Estado, no hay una debida fiscalización de parte del Estado, ni supervisión, nada. Para cerrar esta bocamina, habría que hacer todo un estudio hidrogeológico para entender la complejidad interna cómo están distribuidas las galerías subterráneas. Porque aquí se ve solo un hueco de donde sale agua, pero son muchos lugares inundados que no vemos”.

cocavón abandonado - autor:MuquiEl coordinador del área socio ambiental de Red Muqui es tajante en cuanto a la defectuosa política del Estado: “Antes no había ningún plan de cierre, nada, no les importaba. El resultado de esa negligencia es lo que vemos acá. Sin embargo, los planes de cierre actuales son muy débiles en cuanto a las exigencias. Pero aparte de eso, no hay nadie quien los fiscalice. Quién los hace cumplir… Porque al final todas las operaciones mineras dejan enormes montañas de relaves acumulados que son estos pasivos ambientales, que van a seguir vertiendo aguas ácidas, que van a seguir desprendiendo partes de los relaves acumulados y por lo tanto van a seguir afectando a las comunidades”.

Respuestas inmediatas y cambios estructurales

En respuesta a las necesidades más urgentes, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Cañete – Fortaleza, presentó el mes pasado la propuesta de instalación de 5 kilómetros de tubería, que se conectaría a una toma de agua de uno de los afluentes del río Conay, que se ubica por encima de la zona de relave, la cual servirá como fuente de abastecimiento temporal de agua a los usuarios de la comunidad campesina de Huanza.

rio Conay, toma de agua Chesque - autor: MuquiMás allá de hacer un desvío del caudal para evitar la contaminación del recurso que le llega a la comunidad o al distrito de Huanza, la corriente del Conay seguirá siendo contaminada por los relaves y desembocando sus aguas en los ríos Macachaca, Santa Eulalia y finalmente llegarán al Rímac. Por eso, la ingeniera Flores propone que se realicen acciones paralelas, como hacer un encapsulamiento del relave, para que los tóxicos no continúen a la intemperie. Otro aspecto es, lograr una estabilidad física a través de la construcción de gaviones y diques, para evitar otros derrumbes y el contacto directo entre el depósito y el río. 

También es importante tomar muestras de sedimentos que permitan cuantificar el daño que está generando en la parte baja, donde se ubica el bofedal, totalmente destruido y cuyas aguas contaminadas finalmente está llegando a puquios y manantiales en otras áreas. Sin olvidar que a través del viento se distribuye material particulado, que contiene contaminantes arrastrados más allá del curso de los ríos.

A la hora de establecer responsabilidades para Gabriela Flores los culpables de esta contaminación son la minera y el Estado, porque el Estado ha permitido que esto se genere, sin que las instituciones cumplan su función de prevenir y fiscalizar este tipo de daños ambientales o como dice Romina Villanueva, ingeniera agrónoma, también de Caritas Chosica:  “No hay que olvidar que el cierre legal ocurrió en 2002 y por lo tanto estamos en presencia de veinte años de negligencia por parte del Estado. El MINEM y la ANA han realizado inventarios, pero al final eso ha sido todo, no se han hecho los trabajos pertinentes. Están esperando recién hasta que haya este tipo de daños para actuar”.

Por eso Edwin Berrospi exige que “así como los gremios empresariales y mineros siempre hablan de destrabar los requisitos para las inversiones, es hora que la sociedad exija que el Estado destrabe su burocracia para evitar este proceso engorroso, en el que nadie se responsabiliza”.  

Desde una perspectiva más estructural, para impedir que estos abusos se sigan perpetuando, el geólogo Mattes Tempelmann, con vasta experiencia en las afectaciones socio ambientales de la minería en Perú y experto de MISEREOR en Alemania, plantea : “Los costos de remediación, ahí donde pueda existir ese proceso, junto a los costos por las pérdidas materiales, como aquellos causados por la muerte masiva de truchas y los gastos en salud y alimentación que debe enfrentar la sociedad en su conjunto, especialmente la comunidad de Huanza, son costos que la empresa debe incluir dentro de su balance. Es un cálculo que no hace la minera, siempre dicen que la minería es un negocio rentable, pero es solamente rentable porque no se incluyen estos costos que son externalidades que la empresa en cambio traslada hacia la sociedad”. 

Tal vez no sería descabellado exigir que las empresas mineras y el Estado cuantifiquen e internalicen esos costos para calcular la rentabilidad de los proyectos mineros. Sin olvidar que estamos en presencia de más de 8 mil de estos llamados pasivos ambientales dispersos en todo el país, muchos de los cuales se encuentran en el mismo estado de abandono por su antiguos propietarios y no están siendo fiscalizados por el Estado. Una parte considerable se encuentra en cabeceras de cuenca o al borde de los cursos de los ríos más importantes del Perú. 

Artículo: Área socioambiental – Edwin Alejandro

Un estudio realizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA 2016) asegura que los principales ríos del país están contaminados con coliformes fecales y metales pesados. Ese estudio se realizó en 129 de las 159 cuencas hídricas del país y permitió conocer que todos los ríos analizados están contaminados y ponen en riesgo la salud de la población, la producción agropecuaria y los ecosistemas de toda la cuenca. La alteración de la calidad del agua destinada para el consumo humano y para actividades agrícolas e industriales se debe principalmente al vertimiento de aguas residuales y residuos sólidos de las poblaciones asentadas cerca de los cauces y por la constante contaminación de la actividad minera que operan  en las cabeceras de cuenca.

En los últimos años la contaminación ambiental se ha incrementado considerablemente en todas las cuencas hidrográficas del Perú, y según el estudio elaborado en el año 2016 por la Autoridad Nacional de Agua, ha logrado identificar 2,658 fuentes de contaminación[1]; de las cuales, 1,210 fuentes contaminantes corresponden a vertimientos de aguas residuales domésticas y municipales, seguido de 682 fuentes de contaminación, que están relacionados directamente a pasivos ambientales mineros y 372 fuentes son por residuos sólidos; tal como se muestra en el siguiente grafico.

Los principales ríos más contaminados (ANA 2014) estaban ubicados en más de 12 regiones (Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Junín, Pasco, Huancavelica, Arequipa, Madre de Dios, Ucayali y Puno).

Ahora la contaminación de los ríos abarca casi la totalidad de las regiones y supera más de 100 ríos contaminados producto de las actividades humanas como la minería. Entre los principales ríos contaminados tenemos: Apurímac (Chumbao, Chincheros y Santos Tomás), Pasco (San Juan y Tingo), Lima (Lurín, Mala, Rímac, Chillón  y Cañete), Ancash (Santa), Piura (Chira), La Libertad (Moche y Virú), Loreto (Nanay, Corrientes, Trompeteros e Itaya, Huanuco y San Martín (Huallaga), Ica (Pisco y Grande), Cusco (Rio Cañipia y Salado en Espinar), Puno (Huancané, Coata, Crucero Azángaro y Ayaviri-Pucará), Madre de Dios (Tahuamanu, Madre de Dios y Acre), Arequipa (Río Tamo y Chili-Vítor). Todos ellos arrojaron la presencia de metales pesados como cobre, plomo, zinc, aluminio, hierro, manganeso, arsénico, níquel y cadmio. Además el lago Titicaca (Puno) y el lago Chinchayccha (Junín y Pasco) se encuentra contaminados con presencia de metales pesados y producto de actividades mineras que operan en la cabecera de dichas fuentes hídricas.

ríos contaminados

Los pasivos ambientales siguen generando más contaminación de los Ríos

A la fecha existen más de 7600 pasivos ambientales mineros identificados por el Ministerio de Energía y Minas que no han sido remediados porque falta una política clara del Estado para atender con prioridad la remediación de dichos pasivos. A ello le sumamos la descarga constante de las aguas industriales de las empresas mineras que están operando sin la debida fiscalización, ni supervisión por parte de la autoridad competente. La constante filtración de aguas ácidas de mina, relaves mineros, o perforaciones subterráneas hacen que los ríos estén sufriendo con mayor frecuencia la contaminación con metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, manganeso, hierro, aluminio, entre otros.

Poco importa que los ríos están contaminados, que los pueblos se vienen desplazando para dar paso a la minería, los territorios ya no pueden producir como antes, que los bosques se estén talando y los suelos están erosionando a gran velocidad. Ahora bajo el lema de reactivación económica, arranca Perú y por presión de la Confiep se vienen dando más privilegios a las empresas mineras para que puedan operar no solo sin la debida fiscalización ambiental, sino ahora con los recursos públicos del Estado para financiar su capital de trabajo; mientras tanto las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas seguirán excluidos a pesar de trabajar incasablemente para garantizar nuestra alimentación, los niños afectados con metales tóxicos seguirán luchando para ser atendidos y nuestra naturaleza seguirá pidiendo auxilio ante la contaminación ambiental.

En medio de la pandemia han debilitado aún más la institucionalidad ambiental para operar diversos proyectos mineros sin un instrumento de gestión ambiental y sin una consulta a las comunidades y poblaciones que viven en las principales cuencas. Por ello es urgente que se implemente una política de remediación ambiental de los principales ríos contaminados y se proteja las cabeceras de cuencas en todo el país. Para ello se debe aprobar la Ley de vigilancia y monitoreo ambiental para garantizar una adecuada gestión de los recursos hídricos.

 

[1] Fuente: Autoridades Administrativas del Agua Cañete – Fortaleza, Chaparra – Chincha, Huarmey – Chicama, Madre de Dios, Jequetepeque – Zarumilla, Huallaga, Pampas – Apurímac, Urubamba – Vilcanota , Mantaro y Titicaca

Frente a la reciente crisis política y ante la conformación del nuevo Gabinete presidido por Héctor Valer, queremos señalar lo siguiente:

Es sumamente preocupante la actitud que el Presidente Pedro Castillo ha asumido respecto de las denuncias de corrupción que hicieron públicas el ministro del Interior Avelino Guillen y la Premier Mirtha Vásquez principalmente al interior de la Policía Nacional del Perú (PNP). Lo que finalmente detonó la renuncia de ambos. La indecisión del Presidente, lo único que ha generado es una nueva crisis política, que pone en cuestión su compromiso en la lucha contra la corrupción. Por el contrario, el Presidente ha nombrado un Consejo de Ministros, cuyo presidente y algunos de sus miembros son muy cuestionados, ya que hay ministros que defienden una visión de género retrógrada y otros enfrentan serias denuncias por corrupción y/o violencia contra la mujer, entre otros graves delitos.

Lamentablemente el nombramiento del nuevo Gabinete a cargo de Héctor Valer, representa un retroceso en la agenda de los derechos humanos, los derechos de la mujer, de los pueblos indígenas y del ambiente. Por ello desde Red Muqui exigimos al presidente Pedro Castillo el cambio de éste Gabinete, por otro que garantice la agenda de derechos que esperan los pueblos. Entre ellos el cumplimiento de la política de atención a los afectados/as por metales tóxicos, la implementación del protocolo para defensores/as de derechos humanos y ambientales, la ratificación del acuerdo de Escazú, la no criminalización de la protesta social. Además, debe continuar el impulso de la segunda reforma agraria, que priorice la agricultura familiar y otras alternativas sostenibles frente al crecimiento extractivista.

Un tema prioritario es la atención a uno de los mayores desastres ecológicos del país, el derrame de petróleo en el mar del Callao y el norte chico. Responsabilidad de la empresa transnacional Repsol, que al momento reporta más de 11.900 barriles de crudo vertidos al Pacífico, más de 20 playas y cinco reservas naturales afectadas. Un descalabro que, por ahora, deja sin trabajo a más de 3.000 personas, entre pescadores, artesanos, comerciantes y operadores turísticos. La gravedad de la devastación, también ecológica, requiere de un compromiso firme del gobierno por la defensa del ambiente y su población, algo que no se ha visto hasta el momento.

La contaminación ambiental en el país lamentablemente no es nueva. Por décadas comunidades andinas, amazónicas y costeras vienen denunciando esta situación, puesto que existen 8,448 pasivos ambientales mineros y otros 3,800 pasivos petroleros en todo el país sin remediación alguna. Todo ello exige que el gobierno de Castillo asuma la decisión de fortalecer la institucionalidad ambiental, y para ese fin se debe nombrar a personas idóneas y calificadas para estos cargos.

Por ello, desde la Red Muqui nos sumamos a las acciones de movilización ciudadana que se vienen convocando. Los cambios prometidos a los pueblos por el presidente Pedro Castillo en su campaña y en la toma de mando no se pueden dejar de lado, y el gabinete Valer no representa esas demandas de cambio.

 

Lima, 03 de febrero del 2022.

 

Las comunidades campesinas y ronderos de varias provincias de Cajamarca han levantado el paro que mantenía bloqueado desde el pasado lunes 17 de enero el acceso al proyecto minero Antacori de la empresa Anta Norte ubicada en el sector Sinchao en el distrito de Chugur en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca. 

De acuerdo a las informaciones del diario “La Prensa del Norte” la decisión fue tomada luego que la comisión técnica del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) se comprometió a suspender los trabajos de exploración del mencionado proyecto minero. Compromiso que no ha podido ser confirmado.

El Coordinador del Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Víctor Hugo Cruzado, ha informado que la comisión gubernamental se habría comprometido además a declarar la inviabilidad del proyecto Antacori, tal como lo exigen las comunidades que en los pasados nueve días han movilizado a cientos de ronderos de 35 diferentes comunidades que se han alternado en turnos para mantener el paro frente al campamento minero.

Según el mismo dirigente, las comunidades estarán atentas a que no se instalen nuevas plataformas de perforación, ya que la minera hasta ahora habría logrado hacer operar tres de las 24 instalaciones a través de las cuales lleva adelante los trabajos de exploración para detectar las mejores vetas de cobre y oro que busca explotar en la zona.

Parte del acuerdo ahora alcanzado prevé una reunión para el próximo miércoles 9 de febrero entre representantes de las comunidades y del gobierno en el distrito de Chugur, con el fin de buscar la solución al conflicto ocasionado por la empresa minera.

Las informaciones recogidas en los canales de comunicación institucionales del MINEM, dan cuenta del encuentro y también de la suspensión del paro. Sin embargo, el ministerio no menciona que se haya comprometido a ordenar suspender las actividades de exploración del proyecto minero Antacori:

La nota del diario “La Prensa del Norte” consigna que el martes 25 de enero fueron más de cuatro mil los ronderos que presenciaron el arribo de la comisión técnica del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Sus integrantes tuvieron que desplazarse directamente al sector denominado «El Sinchao» ante la masiva movilización que demostró que las comunidades resisten la continua contaminación de sus fuentes hídricas, que habría sido causada por los trabajos de exploración del proyecto minero Antacori. Además reclaman por los cientos de pasivos ambientales en la región.

En concreto, los comuneros han denunciado la contaminación del agua de la represa «Aguas Coloradas», y denuncian la muerte de 17 mil truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe el 31 de diciembre. Un análisis hecho por la Municipalidad el 4 de enero de este año, muestra que los niveles de metales pesados en varias cuencas, están mucho más elevados que lo permitido. Pruebas de sangre de niños y adultos en Chugur también demostraron altos niveles de plomo. 

Según testimonios recogidos por la organización ambientalista Grufides para los habitantes de las comunidades, la empresa minera Anta Norte es un peligro, ya que se encuentra en la última cabecera de cuenca con agua limpia de Hualgayoc, Bambamarca, Chugur y Chota, que desemboca en Gallito Ciego. Las demás cuencas de la provincia de Hualgayoc ya se encuentran contaminadas desde la llegada de otras empresas mineras en la zona como Gold Fields y Coimolache.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.

En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

Por: Juan Aste Daffós, economista y especialista en minería                                                               

La expansión minera sin límites y con precios muy altos de los metales, ha ido severamente afectando las cuencas hídricas en los últimos 15 años, y con ello, la calidad y la disponibilidad del agua para la agricultura familiar y el turismo. La permisividad en la aprobación de los EIA y los estándares de calidad ambiental (ECA), las decisiones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el otorgamiento de derechos de uso de agua a partir de la información de las fuentes hídricas que presentan las empresas mineras, y el desincentivo para cumplir con los planes de cierre, generando más pasivos ambientales adicionales a los más de 7668 existentes al 2021, explican el grave impacto sobre las cuencas hídricas, más aun, cuando los efectos del cambio climático se acrecientan, y las comunidades y poblaciones locales constatan y sufren las consecuencias de esta crítica situación de estrés hídrico, en un contexto de pandemia que puede repetirse.

A raíz de los planes de cierre de minas, que son compromisos ambientales que se dan a lo largo de un proyecto minero (cierre progresivo) y al concluir la vida útil del mismo (cierre final), que están culminando 4 empresas mineras en Ayacucho, y el rechazo a la imposición de la expansión minera en estos y otros lugares del país, porque atentan contra las cabeceras de cuenca y la disponibilidad del agua para la agricultura y la alimentación, es que no hay licencia social, y se ha puesto en debate ¿bajo qué condiciones puede expandirse la actividad minera? ¿Es aceptable que lo obtenido por una empresa minera en 20 años de vida útil de un proyecto afecte por siempre lo que se consigue en producción y vida de una cabecera de cuenca? Esto nos lleva al estratégico tema del ordenamiento territorial (OT), de la aprobación de su respectiva ley y la aplicación de los planes de OT. Estos planes implican determinar que uso productivo van a tener los territorios y bajo qué condiciones deben hacerlo, por lo tanto, definen en que lugares se incorpora la actividad minera y en cuáles no.

Aquí es donde debe garantizarse la implementación de consultas efectivas a las poblaciones locales involucradas, respetándose la autonomía y capacidad de decisión en sus territorios, sin embargo, esto no se hace, sino que las consultas se realizan respecto al procedimiento administrativo de la resolución directoral que aprueba el EIA y el plan de cierre, pero no sobre el impacto de los proyectos en las cuencas hídricas ni sobre el riesgo de la pérdida de la producción y empleo en el área de influencia del proyecto minero, porque esto se ve en los talleres y audiencias públicas, donde la opinión de los participantes es solo un comentario sujeto a respuesta y nada más.

Expandir la actividad minera sin hacer ordenamiento hídrico que responda a planes participativos de ordenamiento territorial o planes de vida determinados por las comunidades y poblaciones locales, en coordinación con los representantes del Estado en sus diferentes  niveles del territorio, es promover la destrucción de las cabeceras de cuenca, el empleo y la producción agroalimentaria, vinculada al fortalecimiento del sistema inmunológico, y que luego se tenga que importar alimentos, mientras las únicas que ganan son las empresas mineras, que solo pagan en tributos entre el 8 y el 10% del total recibido por el Estado, y neto de devoluciones el 3%, salvo ahora, que con precios muy elevados de los metales, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha sido del 14.4%.

La expansión sin límites la actividad minera hace rato está decidiendo el uso del territorio y el agua, y haciendo a medias o dejando sin cumplir los compromisos de remediación ambiental de los planes de cierre, que luego deben ser ejecutados con dinero del Estado o de todos los peruanos o simplemente quedan como pasivos ambientales y fuente de contaminación e impacto en la salud para las poblaciones locales. En consecuencia, el rechazo de las comunidades y poblaciones de las provincias Lucanas, Parinacochas y Paúcar del Sara Sara, representa solo un ejemplo del impacto ambiental, económico y social de la minería en el Perú.

Esto significa que está creciendo el no otorgamiento de la licencia social a los proyectos mineros, que en estos casos ha aparecido en la etapa de culminación de la extracción del mineral, pero también implica que los proyectos de exploración en estas tres provincias tampoco tienen licencia social porque constituyen un serio riesgo para la alimentación, el empleo y los ingresos, generados por la disponibilidad de agua libre de contaminación de las cabeceras de cuenca que sostienen la agricultura y la crianza de camélidos sudamericanos.

Por eso, no extraña que la SNMP y la CONFIEP hayan puesto el grito en el cielo y ahora muestran su preocupación de que los pueblos cuestionen decididamente la prioridad de la minería, recordándonos que es una actividad que ha mostrado influencia y dominio sobre las autoridades locales y divisiones en el pueblo, además de pobreza. Las comunidades y poblaciones locales han abierto el debate sobre quiénes y cómo se ha estado decidiendo el uso del territorio en el Perú. El Ejecutivo y el congreso deben asumir la urgencia de una ley de ordenamiento territorial que responda a la realidad actual y no se continúen imponiendo los intereses de las empresas mineras, que reproducen un modelo económico insostenible.

En este contexto, las posibilidades de implementar proyectos de Conservación y Protección de Cabeceras de Cuenca están limitadas por las decisiones políticas de los gobiernos que promueven la minería a cualquier costo ambiental y social. Sin embargo, al tener un origen ancestral, la gestión de las cuencas hídricas es la que ha sostenido y aun sostiene la agroalimentación y la vida de las comunidades y pueblos. El presidente Castillo fue elegido por las poblaciones de las regiones mal llamadas mineras, que forman parte de todos los que votaron por el cambio, y son ahora más conscientes de la urgencia de conservar y proteger las cabeceras de cuenca, el agua, la vida, mientras las mineras formales, informales e ilegales quieren controlar más territorios y obtener sobre ganancias como ahora.

Bocamima de pasivo ambiental minero colapsó el día de ayer en la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. Un video compartido en redes sociales muestra aguas de color naranja emergiendo de una bocamina y bajando al caudal del río Hualgayoc Arascorgue ubicado en el sector Mesa de Plata.

Todo indica que estas aguas contaminadas provienen de un pasivo minero que llevaría años sin ser remediado. Una situación que pone en peligro la salud de muchas comunidades que dependen de los ríos para la irrigación de sus cultivos, además de afectar a los animales que pastorean en la zona.

Según lo manifestado por uno de los pobladores, esta bocamina pertenecería a las empresas mineras Montoya y Colquirrumi que dejaron de operar hace varios años atrás. Según lo manifestado por el poblador:

“Seguramente por las lluvias que ha habido en estos días, posiblemente haya explotado la bocamina y hayan emergido estas aguas contaminadas, lo que muestra que los pasivos ambientales están abandonados acá. es responsabilidad del MINEM y las empresas que en algún momento explotaron con la minería antigua”

Solo en Hualgayoc existen más de mil pasivos ambientales mineros abandonados por la actividad minera.

Pasivos ambientales

De acuerdo al último inventario del MINEM del 2019, existen más de 8,400 pasivos ambientales que no han sido remediados. Situación que es un riesgo latente para la salud de la vida humana y de la que el Ministerio de Energía y Minas, MINSA, MINEM en conjunto con las empresas mineras responsables y autoridades locales deben tomar acciones inmediatas.

Tras comunicarnos con el sr. Eloy Sánchez Leiva, Gerente del Ambiente y Saneamiento de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca, mencionó que visitó el lugar afectado para corroborar los hechos. En su visita pudo constatar la emanación de pasivos: “todo indica que la emanación se produjo debido a las fuertes lluvias que hemos tenido, siendo los ríos Llaucano y Hualgayoc los más afectados”

Además, señaló que se ha enviado documentación pidiendo la participación de la OEFA, el ANA y de La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA) para tomar acciones al respecto.

Finalmente, indicó que se comunicaran con el MINEM y con Activos Mineros (AMSAC) con el objetivo de remediar los pasivos mineros existentes en Bambamarca.

Ver vídeo Aquí

Desde la Mesa Técnica en Salud Humana y Ambiental, integrada por instituciones de Derechos Humanos que vienen dando acompañamiento técnico a diversos casos de afectación por contaminación ambiental y humana a nivel nacional, nos solidarizamos con las familias de Cerro de Pasco que vienen acampando hace más de dos semanas en el frontis del Ministerio de Salud, reclamando por atención médica para los niños y niñas afectadas a causa de la sobre exposición de los metales tóxicos en sus cuerpos, pese a ello siguen sin tener una respuesta estatal adecuada.

Saludamos la valentía de las familias que también realizaron un plantón en las instalaciones de la empresa minera Volcán, visibilizando así la responsabilidad de esta empresa por los impactos acumulativos a la salud humana y ambiental en Cerro de Pasco. Lamentamos que la empresa no asuma compromisos y responsabilidades para las reparaciones de las afectaciones ocasionadas.

El Estado peruano no ha dado, hasta la fecha, una respuesta integral y articulada para la región Pasco, siendo este uno de los casos más graves de contaminación por metales tóxicos que existe en el país a causa de la industria extractiva minera. Tampoco se cuenta con una política nacional multisectorial e intergubernamental para abordar todos los casos de contaminación a la salud humana y ambiental por metales tóxicos que existen en diversas regiones del país, donde miles de peruanos viven en territorios contaminados por relaves mineros y derrames petroleros. Esta política es una demanda nacional que desde la Plataforma de afectados y afectadas por Metales Tóxicos se viene exigiendo desde años atrás, y a la cual la Presidencia del Consejo de Ministros sigue sin dar respuesta a través de una comisión multisectorial de alto nivel.

El Estado peruano tiene que dejar de negar el problema y entablar un diálogo directo con los afectados para construir políticas públicas adecuadas e integrales a sus necesidades. Sabemos que en nuestro país no hay posibilidad de que el Estado asuma una política para los afectados por metales tóxicos si es que no hacemos sentir que estamos unidos exigiendo nuestros derechos. Por eso hacemos un llamado a toda la ciudadanía a solidarizarse y movilizarse por Pasco y por los cientos de afectados por metales tóxicos a nivel nacional.

Suscriben:
Mesa de Salud Ambiental y Humana – Centro Labor Pasco – Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Derechos Humanos Sin Fronteras – Red Muqui –  Grufides – Centro de Políticas Públicas Perú Equidad – Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) – Proyecto Amigo – OXFAM – Red por una Globalización con Equidad (RedGe) – Pueblos Índigenas Amazómicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) – EarthRights International (ERI) – CooperAcción

25 de febrero de 2020

Hoy 22 de abril, en el Día Internacional de la Tierra, como parte de Red Muqui queremos anunciar que en conjunto con la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y Caritas Perú hemos lanzado la campaña: “Seamos profetas de la vida. Protejamos nuestra tierra, nuestra casa común” a nivel nacional. Nuestra sociedad consumista nos está llevando a utilizar una serie de productos, en grandes cantidades, que su degradación demora cientos de años y contaminan y dañan nuestra casa común: la tierra.

  • Según la última estadística sobre concesiones mineras de noviembre 2017, el 14.07% del territorio nacional está concesionado a la actividad minera, del cual cerca del 50% son tierras de las comunidades campesinas.
  • Del total de 8, 448 pasivos ambientales mineros en la actualidad, el 80% de los pasivos ambientales mineros no tienen un responsable identificado. Peor aún con la iniciativa del gobierno a través de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), plantea que los relaves mineros puedan volver a utilizarse para extraer lo máximo posible del mineral desechado, perjudicando más la salud ambiental de las comunidades.
  • Normas como la Ley 30230 favorece la venta de las tierras campesinas incluyendo a las Juntas Directivas de una Comunidad Campesina en la decisión sobre la disposición de tierras, la que corresponde en exclusiva a la Asamblea General de la Comunidad y buscan eliminar garantías a las tierras de las Comunidades, facilitando el acceso especialmente a los proyectos mineros.

En ese sentido, tras haber pasado semana santa, queremos rememorar los mensajes del Papa Francisco a los Movimientos Populares hace algunos años: “Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, encargándole de que la cultivara y la protegiera. Veo que aquí hay decenas de campesinos y campesinas, y quiero felicitarlos por custodiar la tierra, por cultivarla y por hacerlo en comunidad. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo, y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es sólo física, sino existencial y espiritual, porque hay una relación con la tierra que está poniendo a la comunidad rural y su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción.”

En el Perú, el gobierno y el congreso siguen implementando políticas y leyes para desarrollar la minería en todo el país, sin preocuparse en que cerca de 3 millones de peruanos y peruanas trabajan como agricultores familiares; actividad que no es compatible con la minería y que cuenta con nulo apoyo del gobierno. No existe un presupuesto específico para la implementación del Plan de Agricultura Familiar, en un contexto en que en el mundo se ha llegado a la conclusión de que la agricultura familiar es parte de la solución a los problemas del cambio climático; la inseguridad alimentaria; el deterioro de los recursos naturales y el calentamiento global.

Como se señaló en una de las conclusiones del Foro para promover la agricultura familiar; los agricultores/as pueden ayudar a sostener servicios ecosistémicos que pueden dar agua a los agricultores/as mismos, como la instalación de cochas, la siembra y cosecha de aguas, y la filtración en general. Los agricultores/as, sobre todo los agricultores/as agroecológicos tienen un rol importante como combatir la desertificación; la degradación de la tierra y de los suelos.

Como Red Muqui señalamos que seguimos comprometidos con la defensa de la tierra y con las alternativas económicas productivas sostenibles para el territorio y las comunidades.