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Frente a las protestas de los dirigentes y pobladores de la cuenca del Coata y la carta que enviaron las autoridades locales y los dirigentes a la PCM; el secretario de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eddy Alexis Ormeño Caycho, emitió un oficio de invitación el 6 de octubre a representantes de los Ministerios de Salud, Ambiente, Vivienda y Energía y Minas; gobernador regional y alcaldes provinciales de Puno y Juliaca; y de los distritos: Coata, Caracoto, Huapa, Capachica y Chilla de la cuenca del Coata, para sostener una reunión el 13 de octubre con el objetivo de tratar la problemática de salud humana y ambiental, tras la confirmación de 34 personas con arsénico y mercurio por haber ingerido agua contaminada proveniente de la cuenca del río Coata. Sin embargo, solo llegaron a la reunión representantes del Ministerio de Salud; ninguno era funcionario de alto nivel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a este hecho, los dirigentes suspendieron la reunión porque los funcionarios que llegaron no tenían poder de decisión y ejecución, que es lo que urgentemente están solicitando los dirigentes y pobladores para conformar la mesa de salud que pueda implementar acciones urgentes, tanto en la atención especializada a las familias afectadas por metales tóxicos, como en la remediación de la cuenca del Coata, y otro tipo de acciones que garanticen un monitoreo adecuado de las personas.

El presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata, Felix Suasaca, señaló a Red Muqui que le están dando plazo a la PCM hasta el próximo martes 20 de octubre, para que convoquen a una nueva reunión con la presencia de algún ministro y funcionario de alto nivel de la PCM. De lo contrario, iniciarán una huelga indefinida con los 5 Frentes de Defensa de los distritos de Coata, Caracoto, Huapa, Capachica, y Chilla, que son parte del Frente Unificado contra la contaminación de la cuenca del Coata.

Defensoría del Pueblo de Puno se pronuncia

Frente a esta situación, el jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona, señaló que hace dos semanas emitieron oficios al gobernador regional de Puno, Agustín Luque, para que desarrolle un Plan de acción integral de salud frente a la problemática de las 34 familias afectadas por metales tóxicos. Sin embargo, el gobernador regional tampoco asistió a la reunión pasada del 13 de octubre.

Remarcó que el Plan y respuesta a la problemática debe involucrar a los 3 niveles de gobierno: municipios, gobierno regional y ejecutivo.

El presidente del Frente de Defensa de la cuenca del Coata precisó que es urgente la conformación de la mesa de salud porque varias personas se encuentran mal de salud y están gastando dinero que no tienen para comprar medicamentos.

Además, señala que los centros de salud de la región no les están haciendo análisis ni estudios a las personas afectadas por metales tóxicos. “Solamente les han hecho la prueba del covid, y han salido negativo, pero no les han hecho ningún otro tipo de prueba para saber que enfermedad podrían estar desarrollando las personas”, finalizó.

 

 

Los afectados y afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas, reunidos en una Plataforma que agrupa a representantes de 13 regiones del país, denuncian que en las tres reuniones que han sostenido con la Comisión nombrada por el Gobierno se viene ignorando sistemáticamente sus propuestas y demandas.

El pasado 02 de julio se emitió la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM que crea la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Al respecto, la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, a pesar de no haber sido consultada para la emisión de dicha resolución, en su momento saludó la creación de esta Comisión ya que desde hace más de 2 años se viene luchando para que las autoridades nacionales atiendan, desde los distintos niveles y competencias, las demandas de los afectados y afectadas por
metales tóxicos en nuestro país.

En ese marco, la Plataforma con sus voceros y voceras y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana vienen participando activamente en las discusiones en la Comisión, sin embargo, en las últimas reuniones se ha llegado a un estancamiento en el diálogo, debido a que el gobierno no está fundamentando adecuadamente su oposición a propuestas como la inclusión de sustancias contaminantes que no se están tomando en cuenta.

Desde la primera reunión con las autoridades, la Plataforma expresó su preocupación porque la Comisión no incluye ni en su nombre ni en sus objetivos a los metaloides, como el arsénico y otras sustancias químicas, como los contaminantes producidos por los hidrocarburos o el dióxido de azufre. Ello pese a que estas sustancias habían sido
identificadas en los estudios previos realizados por las propias entidades del Estado en las poblaciones contaminadas. Esta discusión fue postergada a pedido de los funcionarios de los ministerios, siendo este un tema central y fundamental para un abordaje integral al problema.

En ese sentido, a pesar de los diversos antecedentes y estudios realizados, la Plataforma alerta de la intención de excluir la atención a las personas expuestas a metaloides, hidrocarburos y otras sustancias tóxicas, de los alcances del Plan Multisectorial Integral e Integrado, como lo dictan los considerandos de la Resolución Suprema 034-2020/PCM.

Por otro lado, los principios de transparencia y de no coerción han sido afectados sistemáticamente en las tres sesiones que hasta ahora se han llevado a cabo; postergándose, además, la solicitud de participación de la Defensoría del Pueblo, como veedor del proceso.

La Plataforma denuncia que, en las tres sesiones desarrolladas, los representantes del gobierno han recortado iniciativas y propuestas técnicas realizadas para garantizar la calidad mínima de un plan integral multisectorial que atienda la problemática de salud ambiental y humana, que afecta las vidas de las poblaciones, sus territorios, recursos y derechos fundamentales.

Por ello, la Plataforma invoca a que los titulares de los sectores críticos, que deben encabezar el trabajo para construir un plan integral e integrado, asuman con una clara voluntad política y disposición a buscar salidas viables y sostenidas a esta problemática. Las medidas y acciones que los afectados y afectadas solicitan al Estado, no solo tienen fundamento en el marco jurídico nacional, sino que también están respaldadas por las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Finalmente, la Plataforma hace un llamado a la continuidad responsable de las reuniones y la ampliación de los plazos de vigencia de la Comisión, toda vez que a este ritmo no se logrará concluir a diciembre con los propósitos encargados por la Resolución Suprema. La Plataforma invocamos a un trabajo compartido fructífero en beneficio de las poblaciones expuestas, que por décadas vienen siendo vulneradas y afectadas en sus derechos a la salud
y la vida.

Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Mesa de Salud Ambiental y Humana

El 03 de julio del presente año, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM que crea la “Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la población expuesta a Metales Pesados” e incorpora la participación de los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales tóxicos. El encargo de esta “Comisión Temporal” es la de elaborar un informe técnico que contenga la propuesta del “Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados”.

La Plataforma Nacional de afectados junto a sus asesores y asesoras han venido participando en las convocatorias de la Comisión Multisectorial, cuya secretaría técnica recae en Luis Alberto Bravo Barrientos, Director General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y, actualmente, se encuentra en la etapa de elaboración y aprobación del Reglamento interno de la Comisión. Sin embargo, desde el primer momento la respuesta de diversos sectores del Ejecutivo ha sido discrepante frente a las propuestas de las y los afectados, en temas principales como la definición del nombre de la Comisión y por tanto su ámbito de protección.

Desde la primera reunión que tuvimos con los funcionarios y funcionarias del gobierno expresamos nuestra preocupación porque el nombre de la Comisión no incluye a los metaloides, como el arsénico y otras sustancias químicas, como los contaminantes producidos por los hidrocarburos o el dióxido de azufre dentro de los objetivos y el alcance de la comisión. Esa discusión fue postergada a pedido de los funcionarios de los ministerios, dejándose de discutirse como tema central y fundamental (…).” Señala la nota de prensa de la Plataforma y la Mesa técnica de Salud Humana y Ambiental.

Conrado Olivera de la institución “Red Uniendo Manos”, integrante de la Mesa Técnica, manifiesta su preocupación por la falta de articulación de los diversos sectores del Ejecutivo para llegar a consensos de forma rápida en la elaboración del Plan Multisectorial, siendo el componente de articulación multisectorial fundamental para abordar adecuadamente esta problemática. Sobre el ámbito de protección de la Comisión Multisectorial señala que “el nombre de la Comisión es importante porque determina el ámbito de aplicación de las medidas del Plan multisectorial y por tanto el ámbito de protección. PCM no ha consultado a los afectados en el momento en que emitió la Resolución Suprema y ha retirado los términos “metaloides” y “otros compuestos químicos tóxicos”, esto es preocupante porque excluye a otros agentes tóxicos como el dióxido de azufre, el arsénico y el material particulado. Estos agentes son los principales contaminadores en zonas mineras como La Oroya en Junín y el Corredor Minero del Sur.”

Desde la perspectiva de Olivera, esta reducción del ámbito de aplicación en el nombre de la Comisión es un retroceso en las políticas de atención a las personas afectadas por contaminación de las industrias extractivas; señala también que la PCM no ha dado hasta ahora ningún fundamento técnico para la reducción del ámbito de protección, además que las propuestas de los diversos sectores incluso han sido contradictorias entre sí.

Por otro lado, Yolanda Zurita de la Plataforma Nacional señala: “nosotros consideramos un avance la creación de esta Comisión Multisectorial porque es en respuesta a una lucha que nosotros venimos llevando hace años, pero el problema surge cuando no se ha tomado en cuenta la voz de la sociedad civil en la definición del nombre la Comisión, y ahora ellos no quieren reconocer la totalidad de contaminantes a pesar de que nosotros hemos explicado sobre sus diferentes  afectaciones en nuestra salud y vida y como esta contaminación se da en diferentes zonas de nuestro país, e incluso órganos del Estado han reconocido la presencia de estos contaminantes en el ambiente. Ellos se limitan en ampararse en lo señalado en la norma (la resolución suprema) y no nos dan mayor fundamentación de su negativa.” Zurita también señala que hasta la fecha no se ha incorporado a la Defensoría del Pueblo como observador del proceso, así también que se está a la espera de que la Comisión acepte la participación del Congresista Lenin Bazán de la CPAAAAE del Congreso.

Desde Red Muqui se exhorta a los representantes de las entidades estatales en la Comisión Multisectorial a retomar el diálogo y la construcción de propuestas de forma concertada con los representantes de la sociedad civil, ello es imprescindible para dar continuidad a las acciones y propuestas de atención a la salud de las personas afectadas por metales pesados.

Nota de prensa de la Plataforma y la Mesa técnica de Salud Humana y Ambiental:

Afectados por metales tóxicos denuncian que Gobierno no escucha sus demandas by prensamuqui on Scribd

Mediante la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM se ha creado la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Es un logro de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por  Metales Tóxicos y la Mesa Técnica en Salud Ambiental y Humana que desde hace más de 2 años vienen luchando por que las autoridades conformen esta comisión y se comprometan a una atención integral de esta problemática.

La mencionada resolución publicada hoy en el Diario El peruano señala que “en tal contexto existe la necesidad de crear una Comisión Multisectorial Temporal encargada de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su implementación.”

La comisión estará conformada por representantes de diversos sectores del estado, como del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Ministerio de la Producción. Se incluye a 2 representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos regionales y 2 representantes de la Plataforma Nacional de Afectados. La comisión se instalará a los 15 días de emitida esta resolución suprema y tendrá una vigencia de 6 meses.

Recordemos que la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos está conformada por representantes y organizaciones de diversas regiones del Perú que se han denunciado la afectación a la salud ambiental y humana por parte de empresas mineras, petroleras y de industrias: Amazonas (comunidades: Nazareth, Pakun, Wachapea, Umukay); Loreto (Cuencas del Pastazza, corrientes, tigre, Marañón y Cuninico); Junín (La Oroya, Tarma, Valle del Mantaro y Selva Central); Cajamarca (Bambamarca, Hualgayoc y Chugur); Ancash (Juprog, San Marcos); Lima (San Mateo); Moquegua (Torata); Puno (Lllallimayo); La Libertad (Cerro del Toro); Lambayeque (Cañaris); Cerro de Pasco; Cusco (Espinar) y Callao.

Lea la Resolución suprema aquí:

Resolución suprema que crea Comisión Multisectorial temporal para el abordaje integral e integrado a favor… by prensamuqui on Scribd

En el marco de la delegación de facultades establecidas mediante Ley N° 31011, el Congreso facultó al Ejecutivo Nacional legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. El pasado 11 de mayo se emitió una serie de decretos entre los cuales se encuentra el Decreto Legislativo N° 1500 que establece medidas para reactivar, mejorar y  optimizar la ejecución de proyectos de inversión  pública privada ante el impacto del COVID-19. El objeto de este decreto es establecer medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como las certificaciones ambientales.

El domingo 03 de mayo se emitió el Decreto Supremo N° 080-2020- PCM donde se inicia la reanudación económica fase 1 y dentro de los sectores priorizados se tiene a la gran minería estableciendo etapas progresivas para la reanudación de la inversion y desarrollo de proyectos del sector minero. El decreto legislativo 1500 emitido contiene dispositivos que generan preocupación porque reduce estándares de protección de derechos fundamentales y garantías institucionales para la protección del ambiente. Esto tiene que ver con las modificaciones, obligaciones para las empresas inversoras en temas administrativos, para que con ello se facilite el impulso de los proyectos de inversion; incluida la minería.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El primer punto que nos preocupa son las obligaciones correspondientes a la participación ciudadana. La participación ciudadana suele concebirse y reducirse como un requisito administrativo para la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental; sin embargo, en la práctica, cobra vital importancia para el desarrollo de una política de prevención de conflictos y de respeto de los derechos fundamentales. En la actualidad existen casos graves de estancamiento del diálogo entre empresas y poblaciones por la ausencia de un desarrollo adecuado de procesos de participación ciudadana. Este derecho funciona como una garantía para la protección de diversos derechos: reasentamiento, vivienda, salud, educación, ambiente saludable.

Virtualidad

El DL 1500 en su artículo 6 establece que los mecanismos de participación ciudadana podrán llevarse a cabo de manera virtual; si bien el párrafo señala una serie de condiciones para llevar esto a cabo, surgen muchas dudas de que ello pueda beneficiar a las poblaciones y comunidades cuyos derechos van a ser impactados por un proyecto minero. Sobre ellos tenemos dos observaciones: 1) el acceso a medios digitales para la comunicación virtual en muchas zonas del país, sobre todo las rurales, no es universal y muchas personas se encuentran excluidas; 2) los procesos de participación ciudadana también implican el respeto de derechos colectivos y no debe ser reducido a requisitos administrativos. Los soportes virtuales pueden ser usados para seguir debilitando la participación y decisiones colectivas de las poblaciones y comunidades afectadas si no son adecuadamente garantizados por el estado.

Por otro lado, en la quinta disposición complementaria del decreto se señala: “Las disposiciones reguladas en el artículo 6 del presente Decreto Legislativo, también resultan aplicables a los casos en los que se haya establecido mecanismos de participación ciudadana previos al otorgamiento de títulos habilitantes.” Con esta disposición entendemos que estas modificaciones se aplicarían tanto para los procesos de participación ciudadana en curso como los que se requieren impulsar para las primeras fases de aprobación de los proyectos mineros; por ende, su aplicación surtirá efecto durante todo el proceso de reactivación económica planificado por el Estado.

INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

El segundo punto que nos preocupa es el referido a la fiscalización ambiental, debido a que entre los artículos 7 y 8 de esta norma, se flexibiliza el procedimiento de monitoreo en el sector de minería. Procedimientos imprescindibles para garantizar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA); y que las empresas, en sus vertimientos o impactos, no sobre pasen los Límites Máximos Permisibles (LMP).

Exoneración de reportes de monitoreo ambiental

El artículo 7 en su primer apartado 7.1. sostiene que se exonerará “[…] a los administrados [empresas mineras] de la obligación de presentar a las entidades con competencia ambiental [como OEFA], los reportes, monitoreos y cualquier otra información de carácter ambiental o social, que implique trabajo de campo […]”. Es decir, en el período que dure las medidas desplegadas a causa de la pandemia, las empresas no realizarán los procedimientos de monitoreo ambiental; a la cual estaban obligados para controlar que sus actividades no impacten el medio ambiente.  En la parte final de este artículo se sostiene que las medidas cesan cuando la “[…] actividad sujeta a fiscalización ambiental se reinicie”; lo cual no sabemos cuándo sucederá.

Debido a las medidas sanitarias de aislamiento social implementadas por el gobierno, que son evaluadas constantemente sin una fecha de culminación; ha conllevado a que las entidades públicas, entre ellas el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), desarrollen sus labores parcialmente.

Sanciones fraccionadas

Sobre las sanciones que sean impuestas (multas) por infracciones ambientales (contaminación) con anterioridad a la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitario o con posterioridad; ahora podrán ser “fraccionadas y aplazadas en la exigibilidad”. Así lo dispone el artículo 8 de este Decreto Legislativo. Claramente con esta disposición se ha otorgado un beneficio adicional a las empresas mineras, que es innecesaria, pues la capacidad económica de este sector es solvente.

Entendemos que como consecuencia de la pandemia que vivimos hoy, muchas de las entidades públicas se ven afectadas en la prestación de los servicios; pero al mismo tiempo es importante recordar la labor fundamental que despliegan organismos como el OEFA, para garantizar la estricta protección del derecho fundamental a un ambiente sano, razón por la cual su labor debe desarrollarse al 100%, sin que ello represente un riesgo para sus funcionarios. Ello sería proporcional y necesario, pues desde el gobierno ha quedado claro que la minería será una de las actividades impulsadas con mayor prioridad.

 

 

 

 

 

 

Somos una plataforma nacional que representa a doce zonas de exposición crónica a metales pesados y otras sustancias tóxicas, Amazonas: Bagua (Imaza, Chiriaco); Ancash: San Marcos, Cajamarca; Bambamarca y Hualgayoc; Cusco: Espinar; Junín: La Oroya – Junín (Ondores), Valle del Mantaro, Chanchamayo; La Libertad: Huamachuco, (Shiracmaca, El Toro, Santa Cruz, Paranshique y   Coigobamba); Lambayeque: Mórrope; Lima: Callao; Lima Provincias: San Mateo; Moquegua: Torata; Pasco: Cerro de Pasco; Puno: San Román (Caracoto Juliaca) – Puno (Capachica, Huata, Coata); en donde nuestras poblaciones sufren los impactos de la contaminación ambiental (agua, suelo y aire) en su salud, especialmente en entornos mineros, metalúrgicos y petroleros.

La contaminación ambiental ha sido reconocida por el Estado como un problema determinante para la salud de las personas y el medio ambiente; situación que se viene visibilizando con los casos de los niños y las niñas de Pasco, cuyas familias se encuentran acampadas frente al MINSA exigiendo atención médica especializada.

Considerando que la protección de la salud es de interés público, demandamos que el Estado atienda la salud de miles de familias y poblaciones que sufren los efectos de los metales tóxicos producidos por las actividades mineras, petroleras e industriales altamente contaminantes en el país.

Por lo tanto, habiéndose aprobado los Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas (Resolución Ministerial No. 979-2018 MINSA), que considera la concurrencia de los distintos sectores vinculados a la salud de las poblaciones, exigimos concluir con el proceso de constitución de la Comisión Multisectorial, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y que fue ofrecida en el mes de agosto del 2019 por el propio Viceministro Raúl Molina en reunión con los voceros y voceras de la Plataforma.

Comisión Multisectorial, que será la encargada de elaborar, implementar y monitorear el Plan Nacional de Atención Integral a las poblaciones expuestas a fuentes ambientales de metales pesados y otras sustancias químicas tóxicas; que establezca los objetivos, actividades, presupuestos y responsables del Plan, desde la convergencia y participación multisectorial e intergubernamental, a favor de los niños y niñas, las comunidades y poblaciones expuestas, tomando en cuenta nuestra efectiva participación como poblaciones afectadas.

6 de marzo del 2020

 

Asentamiento Humano José Carlos Mariátegui- Pasco

Movimiento por la Salud de la Oroya-MOSAO

Organizaciones Zonales de Atención en Alimentación y Salud-La Oroya

Red de Promotores y Promotoras Ecológicas de la Región Junín.

Juntas de Usuarios de Riego Mantaro.

Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín.

Consejo Regional de la Mujer – Huancayo

Mesa de Diálogo de la Mujer – Huancayo

Comunidad de Óndores – Junín

CONAMOVIDE – Tarma

Comité Conservacionista de Villa el Sol en Santa Rosa de Sacco – Oroya

FEMUCARINAP – Chanchamayo

Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K´ana – Espinar

ONAMIAP

Comunidad Nativa Wachapea -Chiriaco

Comunidad Nativa Pakun- Chiriaco

Comunidad Nativa Nazareth- Chiriaco

Comunidad Nativa Umukay – Chiriaco

Plataforma Zona Norte Por la Salud Ambiental y Humana – Lambayeque

Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes – AUPE- Espinar

Frente Dignidad Callao.

Municipalidad del Centro Poblado de Paragsha-Pasco.

Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente de la Cuenca Alta del Rímac

Comuneros de San Mateo de Huanchor – Huarochiri

Comuneros de San Antonio – Huarochiri

Junta Vecinal del Asentamiento Humano Cerro Baúl Torata Moquegua.

Instituto Natura – Chimbote

Derecho, Interculturalidad y Ambiente -DIA – Lima

TierrActiva – Lima

Mesa técnica De Salud Ambiental y Humana

Desde la Mesa Técnica en Salud Humana y Ambiental, integrada por instituciones de Derechos Humanos que vienen dando acompañamiento técnico a diversos casos de afectación por contaminación ambiental y humana a nivel nacional, nos solidarizamos con las familias de Cerro de Pasco que vienen acampando hace más de dos semanas en el frontis del Ministerio de Salud, reclamando por atención médica para los niños y niñas afectadas a causa de la sobre exposición de los metales tóxicos en sus cuerpos, pese a ello siguen sin tener una respuesta estatal adecuada.

Saludamos la valentía de las familias que también realizaron un plantón en las instalaciones de la empresa minera Volcán, visibilizando así la responsabilidad de esta empresa por los impactos acumulativos a la salud humana y ambiental en Cerro de Pasco. Lamentamos que la empresa no asuma compromisos y responsabilidades para las reparaciones de las afectaciones ocasionadas.

El Estado peruano no ha dado, hasta la fecha, una respuesta integral y articulada para la región Pasco, siendo este uno de los casos más graves de contaminación por metales tóxicos que existe en el país a causa de la industria extractiva minera. Tampoco se cuenta con una política nacional multisectorial e intergubernamental para abordar todos los casos de contaminación a la salud humana y ambiental por metales tóxicos que existen en diversas regiones del país, donde miles de peruanos viven en territorios contaminados por relaves mineros y derrames petroleros. Esta política es una demanda nacional que desde la Plataforma de afectados y afectadas por Metales Tóxicos se viene exigiendo desde años atrás, y a la cual la Presidencia del Consejo de Ministros sigue sin dar respuesta a través de una comisión multisectorial de alto nivel.

El Estado peruano tiene que dejar de negar el problema y entablar un diálogo directo con los afectados para construir políticas públicas adecuadas e integrales a sus necesidades. Sabemos que en nuestro país no hay posibilidad de que el Estado asuma una política para los afectados por metales tóxicos si es que no hacemos sentir que estamos unidos exigiendo nuestros derechos. Por eso hacemos un llamado a toda la ciudadanía a solidarizarse y movilizarse por Pasco y por los cientos de afectados por metales tóxicos a nivel nacional.

Suscriben:
Mesa de Salud Ambiental y Humana – Centro Labor Pasco – Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Derechos Humanos Sin Fronteras – Red Muqui –  Grufides – Centro de Políticas Públicas Perú Equidad – Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) – Proyecto Amigo – OXFAM – Red por una Globalización con Equidad (RedGe) – Pueblos Índigenas Amazómicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) – EarthRights International (ERI) – CooperAcción

25 de febrero de 2020

Durante la conferencia de prensa realizada en la mañana del presente día, 4 de octubre, en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y tras haber culminado el II Encuentro Nacional de Afectados por Metales Tóxicos realizado el 2 y 3 de octubre en el que participaron más de 50 representantes; los afectados por la presencia de actividades mineras y petroleras de 13 regiones: Ancash, Amazonas, Loreto, Moquegua, Puno, Cusco, Junín, Callao, Cerro de Pasco, Lima, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad; señalaron sus principales puntos de Agenda de exigencias al Estado, para dar solución urgente a los problemas de salud que está derivando en la muerte de personas en los últimos meses, producto de las enfermedades generadas por la presencia de metales tóxicos en los cuerpos de miles de personas de las regiones señaladas. A la actualidad solo un Hospital cuenta con un especialista en toxicología para atender a los afectados de todo el país.

El compromiso de la PCM

Esta Agenda fue llevada al mediodía a la reunión pactada con la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), en que el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina; se comprometió en preparar la propuesta de Decreto Supremo que sería firmado por el presidente Vizcarra y el premiere Vicente Zeballos, para que se instale la Comisión Multisectorial permanente liderada por la PCM, con participación obligatoria del Ministerio de Salud, Energía y Minas, Ambiente, Transporte y Comunicaciones, Agricultura y Cultura, Vivienda, Inclusión Social, Economía, y Trabajo; para dar solución integral a la problemática de los afectados por metales tóxicos. Prevención, atención especializada en salud, y remediación de los más de 8448 pasivos ambientales en el país; es la demanda de la Plataforma Nacional de Afectados, quiénes también serían parte de la Comisión Multisectorial junto a la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, así como la Defensoría del Pueblo y los Gobiernos regionales. En la reunión también participó la Viceministra de Gestión Ambiental, Albina Ruiz.

Los representantes de la PCM se comprometieron a que luego de ratificarse este decreto supremo, se instale la comisión multisectorial en la primera semana de noviembre dada la emergencia en salud que tienen las zonas afectadas.

La palabra de los afectados

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, señala que hay 4867 peruanos expuestos a metales pesados, de los cuales el 83.9 % son niños. Sin embargo, para la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, el número de personas expuestas es mucho mayor.

“La política está en crisis; y mientras esperamos eso, nuestros hermanos, hijos e hijas se están muriendo. Hay que ponerse a pensar en la salud de todos. El dolor de cabeza, las ronchas y sangre que salen de la nariz de los niños cuando solea, es una muestra de ello y las mamas no saben qué hacer. ¿A dónde llevar, a quién decir?; si no hay especialistas, medicamentos, ni atención permanente en nuestras localidades”, señaló Teresa Cuñachi durante la conferencia de prensa; quien pertenece a Chiriaco, distrito de Imaza, provincia de Bagua; el lugar en el que se derramaron 3 mil barriles de petróleo el 2016.

Asimismo, Vidal Merma, representante de los afectados y afectadas de la provincia de Espinar, Cusco; señaló durante el II Encuentro: Hay más de 2000 afectados con arsénico en su cuerpo en Espinar. Del 100% no han atendido ni al 2% de los afectados. Han ido médicos a atenderlos y solo les daba paracetamol”.

La problemática más grave se encuentra en Cerro de Pasco, en que según el reporte del Ministerio de Salud al 2018, que aparece en los “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”, más de 3 mil personas se encuentran expuestas a metales tóxicos. Durante el II Encuentro, Sonia Terrazos, representante de las y los afectados de Cerro de Pasco, señaló: “He traído los análisis de mi hija para que vean que no miento. Quiero que escuchen mi testimonio y que las autoridades hagan algo para atender a los niños. Ya es hora de despertar, compañeros”.

Quien también denunció un hecho gravísimo fue Genaro Aguilar, representante de San Mateo, Lima región: “Lima toma agua con arsénico y eso lo ha aceptado Sedapal cuando nos hemos reunido. Pero nadie sabe esto porque no se difunde”.

El II Encuentro tuvo como objetivo consolidar el proceso de fortalecimiento local y articulación nacional, realizando un balance de las dificultades y avances en los dos años que tiene la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, precisando su Agenda de demandas hacia al Estado, para salir de la crisis de salud ambiental en la que se encuentran en los territorios en los que viven.

Agenda presentada

  1. La Comisión Multisectorial debe ser de naturaleza permanente dado la magnitud y extensión del problema de salud humana y ambiental que se tiene en el Perú producto del impacto a los miles de ciudadanos que vienen siendo afectados por los metales tóxicos.
  2. Esta Comisión Multisectorial será adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y estará encargada de elaborar el informe técnico de fundamentación de la propuesta del Plan Multisectorial de prevención y control de riesgos y daños relacionados con la exposición a metales pesados y substancias químicas.
  3. Además, esta misma comisión debe estar encargada del seguimiento de la implementación, la evaluación y el cumplimiento del Plan Multisectorial por parte de todos los ministerios de manera que se garantice el derecho a la salud de las poblaciones afectadas.
  4. El enfoque que debe asumir este plan multisectorial tiene que ser para que en los territorios impactados y de riesgo de contaminación se asuma una atención integral y especializada para los afectados y afectadas por metales tóxicos

El día lunes se llevó a cabo en el Congreso de la República la “Audiencia pública: avances para la prevención y atención integral de los afectados en salud por metales tóxicos”, impulsada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), comisión encabezada por el Congresista Wilbert Rozas.

Ésta audiencia es el resultado de las seis sesiones de la mesa técnica de la CPAAAAE que mediante control político dio seguimiento a las gestiones que el Ejecutivo debe desarrollar para la implementación de una política nacional multisectorial y especializada para atender el tema.

La Audiencia Pública es una vía institucional donde la ciudadanía puede plantear sus necesidades de manera democrática. A ésta audiencia fue convocado el actual Presidente del Consejo de Ministros (PCM) Salvador del Solar a pedido de la CPAAAAE y como demanda de las comunidades andinas y amazónicas que conforman la “Plataforma Nacional de Afectados en salud por Metales Tóxicos”, ya que es clave que se pueda conformar una Comisión Multisectorial de Alto Nivel impulsada por la PCM y con participación efectiva de ministerios como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de quienes dependen decisiones de éste tipo.

Sin embargo, a pesar de la importancia de este espacio en que los afectados por metales tóxicos expusieron sus demandas y propuestas, el Premier no asistió a la cita, con lo que la PCM ha evidenciado que no tiene la voluntad política ni prioriza impulsar una política en salud a pesar de ser una demanda no resuelta por décadas y que los afectados por metales tóxicos en todo el país exigen un solución con urgencia.

En la audiencia se presentó el representante de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros Yuri Pinto Ortiz, quien informó sobre las gestiones que vienen desarrollando para la remediación de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de alto y muy alto riesgo, sin embargo el MINEM no informó sobre los avances en el compromiso que asumió en la mesa técnica respecto al desarrollo de un marco normativo que regule del “reaprovechamiento” de PAMs.

De Igual forma la representante del Ministerio de Salud (MINSA) no informó sobre mayores avances para la coordinación multisectorial necesaria para que lo establecido en los Lineamientos Sectoriales que emitió el año pasado puedan implementarse. Recordemos que el MINSA retiró a pedido de la PCM el proyecto de Resolución que crea la Comisión Multisectorial para desarrollar una política nacional sobre el tema, al parecer por presiones de la PCM. En la audiencia tampoco se señaló avances concretos de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el cumplimiento de la identificación de las fuentes hídricas contaminadas, y el mapeo de las rutas de contaminación.

Como lo señaló Karem Luque, Bióloga de Derechos Humanos Sin Fronteras, institución miembro de Red Muqui, el Estado peruano no está cumpliendo con sus obligaciones de protección a la salud ambiental y humana y de atención especializada a las personas afectadas, el Estado está declinando a su responsabilidad de identificar las causas de la contaminación y de realizar una atención integral y efectiva de salud en las zonas contaminadas.

Por su parte Yolanda Zurita, representante de los afectados de La Oroya (Junín) y vocera de la zona andina de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos, señaló que hasta la fecha las zonas con antiguo PAMs como La Oroya siguen sin ser remediadas, y aun así el Estado sigue permitiendo actividad minera en la zona. Señaló también que nada de lo informado en la audiencia se implementará sin un nivel de coordinación multisectorial y presupuesto asignado a nivel nacional y de gobiernos regionales.

MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL

  • Ese fue el compromiso de la ONDS – PCM durante encuentro con frentes de defensa y autoridades locales
  • Se acordó que vigencia de la mesa de diálogo será de 6 meses
  • Próxima cita para aprobar reglamento y conocer avances de ejes temáticos será el 7 de setiembre en Tambobamba

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometió a darle continuidad a la “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” (Apurímac), por medio de una resolución ministerial que será emitida en un lapso no mayor a 20 días, garantizó el jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS-PCM), José Ávila.

Este lunes 22 de agosto en el distrito de Tambobamba (Cotabambas), la gestión del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sostuvo su primera reunión de diálogo en Cotabambas con los frentes de defensa y autoridades de la provincia donde opera el proyecto minero Las Bambas. Durante el desarrollo de la mesa, Ávila se comprometió a impulsar la  norma que amplíe el plazo (de la mesa) a 180 días más.

Aunque la vigencia de la mesa venció el 15 de agosto pasado, y hubo un pedido formal de reanudación, por parte de los dirigentes sociales de los distritos de Cotabambas; esta reunión no fue de carácter informal, sino que se desarrolló como una reunión de balance y evaluación de los alcances logrados, hasta el momento, por el gobierno anterior.

No obstante, se llegaron a ciertos acuerdos en concordancia a la agenda planteada por los frentes de defensa de Cotabambas: Ampliación del plazo de funcionamiento de la mesa de diálogo, establecimiento de un reglamento y la reanudación de los ejes temáticos para tratar la problemática en torno a Las Bambas.

El reglamento

Un punto importante que se llegó a consensuar, fue la elaboración del reglamento sobre el que se conducirá la mesa. Este marco legal, será aprobado luego de emitida la Resolución Ministerial que amplía la vigencia de la mesa por 180 días. Mientras tanto, se conformó un equipo técnico integrado por las organizaciones sociales, el congresista de la región, Richard Arce, y los representantes de la ONDS-PCM y el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Este grupo trabajará una propuesta de reglamento que deberá ser presentada el día 7 de setiembre en Tambobamba para su aprobación en plenaria.

Cómo quedan los ejes

Asimismo, los días 7 y 8 de setiembre, se realizará la presentación de los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos en los ejes temáticos: medio ambiente y modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), responsabilidad social empresarial en la zona de influencia, derechos humanos y desarrollo sostenible de la Provincia de Cotabambas.

De igual manera, se invitará a participar en la reunión a los alcaldes de la provincia de Cotabambas, un funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Finanzas y ProInversión. Asimismo, solicitará la presencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para analizar el problema de ciudadanos que están involucrados en procesos penales.

Funcionarios nuevos y ratificados

En esta nueva etapa del diálogo, llegaron nuevos funcionarios como los viceministros de Agricultura, Jorge Montenegro; de Vivienda y Urbanismo, Richard Vidal; así como funcionarios del gobierno anterior que fueron ratificados en sus cargos, como el viceministro de Minas, Guillermo Shinno; el jefe de la ONDS-PCM, José Ávila, y el Director General de Gestión Social del MEM, Fernando Castillo.

En esta ocasión estuvieron presentes representantes de la adjuntía para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, así como de la Oficina de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA).

Por parte de las autoridades locales, estuvieron presentes los alcaldes distritales de Haquira y Mara, Isaac Anaya y Adiel Sota; respectivamente, y Luis Calderón, gerente general del gobierno regional de Apurímac.

Desde la sociedad civil, estuvieron los dirigentes del Frente de Defensa de los intereses de Cotabambas, Rodolfo Abarca, Virginia Pinares y Allen Torre, quienes también estuvieron acompañados por otros representantes de los distritos y comunidades de Tambobamba, Challhuahuacho, Haquira, Mara, Cotabambas y Coyllurqui.

 

Fuente: RED MUQUI / CooperAcción

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI