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El gobierno ha hecho oídos sordos al reclamo de las seis comunidades que actualmente se encuentran en conflicto con la empresa minera Las Bambas, durante el décimo Consejo de Ministros Descentralizado realizado ayer en Tumbes. Las comunidades habían reiterado en una reunión ayer con funcionarios del Ejecutivo que como condición mínima para iniciar una mesa de diálogo el gobierno levante el Estado de Emergencia decretado el 27 de abril pasado en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui por un plazo de 30 días. Los representantes del Ejecutivo señalaron en ese espacio, que la instancia gubernamental facultada para decidir sobre esa materia es el Consejo de Ministros que, reunido en el norte del país, no modificó la medida.
El martes los dirigentes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Chuicuini, Choaquere, Chila y Pumamarca abandonaron el espacio de negociación convocado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para tratar el conflicto de Las Bambas, por el cual la segunda mayor productora de cobre del mundo ha dejado de operar desde el 20 de abril pasado. La inasistencia de los funcionarios de mayor rango como la del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, abundó en la crispación del ambiente de la reunión porque según los dirigentes los funcionarios de la Comisión de Alto Nivel no tenían poder para tomar decisiones.
Romualdo Ochoa, presidente de la comunidad campesina Huancuire, expresó que
no están dispuestas a debatir derechos constitucionales reconocidos como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y seguridad personal. También subrayó que una de las condiciones básicas para que se inicie el diálogo es que se derogue el Estado de Emergencia, y que no se ha cumplido con los criterios que el propio Tribunal Constitucional ha establecido para que se decrete tal medida.
Apreciación compartida por el abogado de la comunidad de Huancuire, Alexander Anglas, para quien el Ejecutivo en forma inaudita ha planteado negociar en el marco de la vigencia de un Estado de Emergencia sobre los derechos de las comunidades que legítimamente han salido a protestar. El abogado explicó que la declaratoria es inconstitucional porque “un Estado de Excepción implica la supresión de derechos fundamentales y solamente se activa como una medida extrema, cuando el Estado ve comprometida su existencia como tal o (ve) en riesgo el orden democrático. Al no existir ninguna de esas condiciones para declarar un Estado de Excepción, en este caso por el gobierno de Pedro Castillo, es inconstitucional”.
Para dirimir esta cuestión las comunidades han presentado un recurso habeas corpus que según Romualdo Ochoa ha sido admitido por el Tribunal Constitucional. Las comunidades además “hemos presentado las denuncias correspondientes contra los representantes de la minera Las Bambas y los funcionarios del Ministerio del Interior y de la policía por los abusos cometidos”.
Explicó finalmente que el Estado de Emergencia es un intento por criminalizar la protesta social y advirtió que “las denuncias que ingresó la empresa minera no estaban dirigidas contra la responsabilidad individual de ciertos individuos que posiblemente infiltrados hayan podido cometer daños, sino que están dirigidos a los presidentes (de las comunidades), a los asesores, a los líderes de las comunidades para criminalizarlos, para encerrarlos”.

Hay que destacar que el gobierno decretó el Estado de Emergencia el mismo día en que la compañía minera desalojó, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y personal civil, que confesó haber utilizado accesorios policiales, a los comuneros de Fuerabamba del terreno que le vendieron a la empresa. Al día siguiente, la represión de la policía se dirigió contra integrantes de la comunidad de Huancuire. Entre ambas acciones, se registraron más de una decena de personas heridas, varias de ellas mujeres.

60 trabajadores de seguridad de la minera Southern Perú, desalojaron violentamente y retuvieron ilegalmente durante varias horas a 20 comuneros de la Comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala en el sector de la represa Viña Blanca. Así lo ha dado a conocer el prefecto regional de Moquegua Edgar Rea. De acuerdo a las informaciones entregadas a Radio Americana de Moquegua, al menos un comunero resultó gravemente herido en este violento desalojo. De acuerdo a las autoridades locales, el objetivo la acción represiva por parte de la empresa Southern Copper, filial del conglomerado Grupo México, habría sido abrir las válvulas de agua del reservorio que abastece al campamento de la mina de cobre Cuajone ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

Tanto el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas Pare, como los representantes del gobierno central en la prefectura de Moquegua han condenado estos hechos por parte de la empresa que han calificado de inaceptables

En un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) difundido por la mencionada emisora, esta ha condenado lo que ha calificado como “decisión unilateral de la empresa a ejercer la defensa posesoria de la estación de Viña Blanca”.

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Los comuneros mantenían tomadas dichas instalaciones como una forma de rechazo a la pretendida ampliación de la mina Cuajone. Southern planea expandir la capacidad de la planta concentradora de Cuajone, de 85 mil a 120 mil toneladas de mineral por día, con lo cual estaría generando una demanda aún mayor de agua y la consiguiente contaminación del río Torata, tal como lo han constatado las comunidades que habitan su cuenca.

Las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala ahora exigen la presencia de una “comisión de alto nivel” conformada por el premier, Aníbal Torres; y los titulares de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y de Desarrollo Agrario y Riego. Con ello buscan establecer una mesa de diálogo a la que deba acudir la empresa minera con el fin de acordar algunas exigencias mínimas en torno al uso y prevención de contaminación del río.

Es de destacar que la mina de cobre a tajo abierto Cuajone ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Cáceres, operada desde 1976 por el consorcio minero Southern Copper Corporation ha estado provocando impactos acumulativos en la calidad del ambiente, efectos que se han extendido más allá de la zona donde se emplaza la minera. Entre los casos más notorios y trágicos ha destacado la contaminación de niños con metales altamente tóxicos. En 2019 el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente (CENSOPAS) tomó muestras de 80 niños de 6 a 12 años de la Institución Educativa “Vidal Herrero Díaz”. Los resultados arrojaron la presencia de arsénico y cadmio en el organismo de los menores de hasta veinte veces por encima de los límites considerados permisibles por las autoridades de salud, denuncia el ingeniero Guido Herrera, ingeniero en obras hidráulicas y vecino del sector. Una muy probable causa de esta contaminación está relacionada con el incremento en la producción de mina Cuajone, propiedad de Southern Copper, subsidiaria del grupo México, tercer mayor consorcio minero del mundo a lo largo de estos años. Este aumento en la explotación de cobre ha traído una fuerte presión sobre el acceso al agua en la zona, así como un incremento en la generación de residuos mineros y sus consiguientes pasivos ambientales. Las instalaciones de la unidad minera Cuajone con sus depósitos de desmonte y de residuos tóxicos se encuentra en las inmediaciones del río Torata, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) constató en febrero de 2019 el deslizamiento de sustancias provenientes de la actividad minera en dicho río.

Ampliación de Cuajone

En cuanto a la preocupación por la definitiva aprobación de la ampliación de la mina Cuajone, es importante recordar que en efecto, a finales de septiembre de 2021, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) aprobó el Cuarto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de dicha unidad minera presentado por Southern Copper. Según DEAR-SENACE la realización de las modificaciones planteadas a través del ITS implica la generación de impactos ambientales, si bien negativos, no considerados significativos. El organismo estatal otorga esa calificación porque la empresa minera contaría con las medidas de manejo ambiental para su prevención, control y mitigación. No obstante la aprobación del ITS por parte del SENACE, ese procedimiento no constituye un otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes u otros requisitos con los que deben contar las operaciones mineras, en este caso Southern Peru Copper Corporation, explica el ingeniero en obras hidráulicas Guido Herrera. Sin embargo, en la práctica el ITS se ha transformado en un instrumento de gestión ambiental express, que es aplicado por las grandes empresas mineras para obviar la participación ciudadana. Esto es especialmente grave si se considera que SENACE no debería eludir la grave situación que afecta la disponibilidad y calidad del agua ya presente en la zona.

 

 

 

 

 

El 19 de noviembre la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, hizo un anuncio importante desde Coracora – Ayacucho: se procedería al cierre de cuatro unidades mineras ubicadas en las cabeceras de cuenca de tres provincias del sur de Ayacucho. Esto, luego de la reunión sostenida con autoridades y dirigentes de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, cuyas cabeceras de cuenca se encuentran afectadas por contaminación minera. Como se sabe, en estas zonas se encuentran operando los proyectos mineros de Apumayo (Anabi Sac), Pallancata e Inmaculada (Minera Ares) y Breapampa (minera Sami SAC – Ex Buenaventura).

Al respecto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) han salido a pronunciarse señalando que lo anunciado por la premier Mirtha Vásquez colisiona con el Estado de Derecho en nuestro país, no fueron informados sobre este anuncio y solicitan al gobierno que se rectifiquen en tal anuncio. Al respecto, desde la Red Muqui queremos manifestar lo siguiente:

  • La PCM ha emitido un comunicado señalando que el gobierno garantiza las operaciones de las empresas mineras respetando el marco legal vigente. En relación al cierre de cuatro unidades mineras, éstas en efecto se encuentran con planes de cierre progresivo de minas y cuyo cronograma incluye a Apumayo, Pallancata, Inmaculada y Breapampa en Ayacucho, las que han empezado a cerrar desde el año 2019. Proceso que concluirá en los próximos años. Por tanto, no es exacto el reclamo de los gremios mineros sobre la postura de la PCM, por el contrario, pareciera que los gremios empresariales buscan abonar aún más a la permanente inestabilidad política que se vive en el país.
  • En nuestro país, los planes de cierres de minas están regulados por la Ley 28090, su modificatoria por la Ley 31347 y su reglamento. En la ley se establece que todo titular de una actividad minera tiene la obligación de implementar los planes de cierre de minas desde el desarrollo de las operaciones mineras, pero si estas actividades son un riesgo “inminente a la salud o al ambiente, la Dirección General de Minería puede requerir al titular de actividad minera para que en forma inmediata ejecute las labores de cierre de los componentes mineros involucrados”. La CONFIEP señala que los planes de cierre de minas son “instrumentos de gestión ambiental vivos o dinámicos” y que se actualizan en función al hallazgo de nuevos recursos; esta afirmación es inexacta, ya que la ampliación no se da por decisión unilateral de la empresa, debe contar con la aprobación de las autoridades competentes en la materia.
  • Saludamos el anuncio realizado por la premier Vásquez en Coracora – Ayacucho respecto a que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) priorizará la implementación del marco metodológico sobre la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca en esta zona del país. No se puede ampliar ni dar más autorizaciones de operaciones mineras en cabeceras de cuenca, ya que afectan los derechos humanos y ambientales de las comunidades y poblaciones que allí habitan; por el contrario, las cabeceras de cuenca deben ser declaradas como zonas intangibles para proteger nuestros recursos hídricos y la vida de la cuenca hidrográfica.
  • Durante las últimas semanas los conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera se han reactivado con mucha fuerza. Las demandas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería son múltiples y no pueden seguir esperando, por ello urge que este gobierno implemente un enfoque de atención de conflictos y los espacios de diálogo donde se busquen soluciones desde la raíz del problema y se ponga en el centro la protección de los derechos humanos y ambientales de la población. Parte de estos cambios incluye la discusión de un nuevo marco normativo que regule la actividad minera en el país.

Finalmente, durante los últimos gobiernos, la política de gestión de conflictos ha estado acompañada de violencia y represión por parte de la PNP. En todo este tiempo, las empresas mineras pocas veces han asumido alguna responsabilidad por los impactos ambientales y sociales generados en estos territorios; por el contrario, se tenia una política de criminalización de la protesta social. Es tiempo de escuchar todas las justas y legítimas demandas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería en nuestro país. El Estado de Derecho no debe dejar de lado los derechos humanos y ambientales de la mayoría de peruanos y peruanas.

 

Lima, 21 de noviembre del 2021.

El viernes 12 de noviembre, dirigentes del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata acordaron llevar a cabo el paro indefinido que inició el pasado lunes debido a la ausencia de la premier Mirtha Vásquez a la zona para sostener una reunión con autoridades locales y dirigentes de la cuenca del río Coata que involucra a 5 distritos que son afectados directamente por la contaminación de la cuenca.

Llegado el día lunes 15, si bien pobladores de los cinco distritos iniciaron el paro colocando escombros en el río Torococha, Alcaldes distritales de la cuenca del Coata y alcalde provincial de Juliaca y Puno, así como representantes de organizaciones sociales, llegaron a Lima para reunirse con la premier y representantes del Estado para discutir las demandas que exigen las comunidades de los distritos de Huata, Coata, Capachica, Caracoto y Paucarcolla.

Recordemos que las principales demandas de las comunidades son la inmediata ejecución de las pozas de oxidación y una cámara de filtración para mitigar el ingreso de aguas servidas de la ciudad de Juliaca al río Torococha y posteriormente al río Coata, en el marco del plan de acción de la municipalidad de San Román y Seda Juliaca. Actualmente la población no cuenta con las suficientes cisternas de agua potable como medida de emergencia frente a la contaminación.

Asimismo, exigen la implementación del plan de acción elaborado por el gobierno regional de Puno para atender a más de 50 mil personas expuestas a metales pesados, en temas de salud, ambiente, educación, vivienda y agricultura.

Luego de los dos días de reunión, ambas partes llegaron a un acuerdo que dió fin al paro emprendido en la zona de parte de las comunidades. Entre los principales acuerdos, se establece que el Ejecutivo y los gobiernos locales trabajarán para que los proyectos de saneamiento priorizados empiecen su ejecución el año 2022, 

Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a realizar la transferencia de recursos, una vez iniciada la ejecución del presupuesto del año 2022, durante el primer trimestre, para los proyectos aptos y priorizados de los diferentes sectores involucrados.

Por su parte, el ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante el programa AGROIDEAS se comprometió a formular planes de negocio y/o proyectos de reconversión para los distritos de la cuenca Coata, con la finalidad de cofinanciar mini establos y pastos cultivados como inversión complementaria. Finalmente, se realizará la inversión para realizar los estudios para el proyecto “Mejoramiento del servicio de agua para el riego en el ámbito de la cuenca Coata. 

Finalizada la reunión, el alcalde distrital de Coata, Elmer Pelinco destacó que se haya establecido el diálogo con el Ejecutivo, lo que ha permitido establecer las bases para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento en beneficio de la población de Coata, Huata, Caracoto y Capachica.

“Nuestra realidad va a cambiar. Nosotros creemos en el presidente Pedro Castillo, los ministros y la premier, quienes hoy han hecho un compromiso para poder ejecutar los proyectos de agua y saneamiento”, afirmó.

Voceras y voceros de afectadas y afcetadas por metales tóxicos de distintas partes del Perú se reunieron  en Limapara lograr la atención efectiva a sus demandas. Para ellos, uno de los grandes temas pendientes de la coyuntura actual es la aprobación del Plan Especial Multisectorial de Atención Integral a los Afectados y Afectadas por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.

Este Plan ha sido elaborado por la Comisión Multisectorial liderada por el  Ministerio del Ambiente (MINAM)  entre  julio del 2020 a junio del 2021. En esta Comisión participaron activamente representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por metales tóxicos quienes canalizaron sus demandas a través de las diversas instancias del Ejecutivo. En julio de 2021 mediante Resolución ministerial N° 145-2021-MINAM se aprobó un documento técnico que recopila lo trabajado en la Comisión Multisectorial.

Reunión con Presidencia del Consejo de Ministros

El martes 19 de octubre al medio día, 10 representantes de la Plataforma de las regiones de Puno, Moquegua, Lima, Ancash, Cajamarca, Amazonas, Callao, Cuzco, Huancavelica y Junín, se reunieron con la premier Mirtha Vázquez y con el Viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro. La premier manifestó su voluntad de aprobar el Plan, tal como fue anunciado en el mensaje a la Nación del presidente Castillo el 28 de julio, y se  comprometió  a dotarlo de presupuesto especial para el 2022. Mariano Castro por su parte, destacó en esta reunión que ha habido avances porque en la Política Nacional del Ambiente al 2030 aprobada en julio de este año, se prioriza el abordaje de la contaminación producto de la exposición a metales pesados.

Karem Luque, coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, comentó críticamente que “entre 2012 y 2019 el presupuesto asignado para el diagnóstico y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados ha ido variando. En el año 2012 se tenía una asignación presupuestal de 19 millones de soles aproximadamente. Sin embargo para el 2019 se ha disminuido a 15 millones aprox,  lo cual dista mucho de las necesidades nacionales, ya que la cantidad de personas expuestas a metales tóxicos ha ido en aumento, por lo tanto el presupuesto asignado en estos años siempre ha sido insuficiente”.

Por otro lado, Pedro Francke, Ministro de Economía y Finanzas, manifestó públicamente la importancia de las demandas de los afectados y afectadas por metales tóxicos y su compromiso con la necesidad de dotar de presupuesto al Plan de Atención Especial. Sin embargo acotó, que es necesario que haya un compromiso de parte del Congreso de la República con la aprobación del correspondiente presupuestoanual.

MINEM dilata aprobación del PEM

En la reunión del 19 de octubre también se informó que la propuesta de Plan se encuentra en evaluación técnica y que es el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) quien retrasa sus observaciones imprescindibles para su aprobación . Se debe resaltar que el MINEM ha participado activamente en los subgrupos de la Comisión Multisectorial y que, según las actas de la comisión, este importante actor estatal validó los objetivos y metas desarrolladas en dicha instancia, por lo que resulta inexplicable el retraso de este ministerio en dar su visto bueno.

Reunión con el Ministerio de Salud

Finalmente el jueves 21 de octubre los representantes de la Plataforma tuvieron una reunión semipresencial con asesores del Ministerio de Salud. Estos escucharon sus demandas y se comprometieron a reactivar el  grupo de trabajo con la Plataforma Nacional de Afectados/as por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.  El objetivo es desarrollar un trabajo permanente para  la  implementación de los objetivos del subgrupo de Salud y Saneamiento de la Comisión Multisectorial que lidera el MINSA. Así también los funcionarios públicos se comprometieron a desarrollar acciones para la reglamentación de la Ley N° 31189 “Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas” promulgada en mayo del 2021.

 

 

 

 

 

 

En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el pasado 30 de setiembre, pobladores de comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, que bloqueaban caminos llegaron a un acuerdo con la minera MMG Las Bambas para levantar el bloqueo que las comunidades venían sosteniendo desde el 10 de setiembre. Esto fue logrado, además, gracias a la presencia de una comitiva de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, encabezada por su secretario, Jesús Quispe, y el director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas, Kaimer Dolmos.

Se llegó al acuerdo de retomar la búsqueda de consensos con la empresa Las Bambas, y desarrollar una reunión entre los representantes de la alta dirección de la empresa, así como representantes de las comunidades, el ex premier Guido Bellido y los ministros de Estado.

El encuentro, que tuvo lugar el 5 de octubre en el Centro de Convenciones del distrito de San Borja, se desarrolló en el marco de las labores del grupo de trabajo de naturaleza temporal para proponer acciones que permitan atender las principales demandas de las comunidades campesinas del Corredor Vial Sur, de la provincia de Chumbivilcas. Cabe recordar que este grupo de trabajo fue creado por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo N.° 0011-2021-PCM/SGSD. En el encuentro participaron representantes de 10 comunidades campesinas: Cruzpampa, Cancahuani, Yanque Lacca Parcobamba, Huininquiri, Ahuicnta Huisuray, Ñaupa Hapo Urinsaya, Tincurca Laccaya, Tuntuma, Hatun Ccollana y Huaylla Huaylla.

Al finalizar la reunión, presidida por el ex premier Bellido, se logró llegar a un acuerdo que busca, además, prevenir futuros conflictos entre las comunidades, la empresa y el Estado. En el documento firmado por las partes, acordaron establecer mecanismos o relaciones comerciales para incorporar a las comunidades campesinas de Chumbivilcas en la cadena de valor de la empresa. Esta incorporación, según el acuerdo, se dará a través de empresas comunales bajo las condiciones, necesidades y requerimientos de la minera Las Bambas. Además, se detalló que los requerimientos estarán referidos a los servicios de transporte de concentrado; transporte interno de personas; mantenimiento vial; cisternas para el regado de vías; línea amarilla; entre otros servicios. De esta manera, las comunidades de Chumbivilcas han logrado que se cumpla una de sus demandas, convertirse en proveedoras de servicios de la minera.

En un tuit realizado por el ex ministro de Energía y Minas, Iván Merino, este señaló que luego de que se llegara a un acuerdo entre las partes “se construye una posible alianza de largo plazo para el desarrollo de los pueblos».

Asimismo, de acuerdo con el acta de la reunión, las negociaciones se retomarán en cuatro subgrupos de trabajo conformados en agosto para atender las otras demandas comunales. El 13 de octubre se llevará a cabo la reunión de trabajo del subgrupo 1, que verá los temas de revisión y análisis de la Resolución Ministerial N.° 372-2018-MTC/01.02. El encuentro será facilitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la misma fecha, el Ministerio del Ambiente articulará la reunión del subgrupo 2, para evaluar y analizar las afectaciones ambientales.

Posteriormente, el 14 de octubre, el MINEM facilitará la reunión del subgrupo 3 para ver la evaluación de los proveedores de bienes y servicios y, finalmente, en el mismo día, el Ministerio de Justicia articulará la reunión del subgrupo 4 para discutir el tema de servicio de defensa pública.

DEMANDAS PENDIENTES DE REVISAR:

Si bien se logró llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, aún quedan demandas de las comunidades para revisar como las afectaciones ambientales generadas por el transporte de minerales de la empresa Las Bambas por la vía cercana a las comunidades; y la defensa de las personas criminalizadas en las protestas que tenían como objetivo que se escuchen y atiendan sus demandas.