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Compartimos la nota elaborada por la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú:
Reunidos en el local de la confederación nacional agraria el 09 de abril del 2022, los gremios diversos gremios; la Confederación Nacional Agraria – CNA, Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú – JNUSHRP, Central Única de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú – CUNARC, Confederación Campesina del Perú – CCP, Asociación de Productores de Arroz – APEAR, CGTP, ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAÍZ, COLEGIO DE ECONOMISTAS entre otros gremios participaron en la convocatoria para la Unidad del Agro Nacional.
En dicha reunión, los gremios presentes discutieron los temas de agenda y concluyeron en los siguientes acuerdos:
1. Respaldar y solicitar al poder ejecutivo se convoque a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución con énfasis en el desarrollo agrario Nacional olvidado por diversos agrarios.
2. Respaldar la voz del pueblo “cierre del actual congreso de la República” por sus acciones golpistas en contra de la gobernabilidad del país.
3. Convocar a un Paro Nacional agrario y de los trabajadores organizados en la CGTP para el día 21 de abril del 2022 en contra del monopolio económico y del congreso de la República por encontrarse ajeno a los intereses de los pequeños y medianos productores agrarios y del pueblo así mismo se logre los cambios prometidos en campaña electoral.
4. Elaborar un Manifiesto de respaldo y una Plataforma de Lucha a favor de la gobernabilidad y el cambio que lidera nuestro presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, frente a actos atentatorios y oportunistas de los grupos el poder económico respaldado por gran parte del Congreso de la República.
5. Se conformó un Comité Nacional de Lucha para el cumplimiento de los acuerdos.
6. Convocar a todas las organizaciones sociales.
¡Solicitamos el cierre del congreso y una nueva constitución mediante una Asamblea Constituyente!

Frente a la actual crisis política que atraviesa nuestro país, queremos señalar lo siguiente: 

  • Lamentamos el innecesario anuncio de estado de emergencia y de inmovilidad social que decretó el pasado martes 05 de abril el presidente Pedro Castillo, medida injustificada y desproporcionada, que lo único que hizo fue acrecentar la situación de crisis y dio pie para que las mafias golpistas y sectores de ultraderecha hoy intenten aprovecharse de esta situación. Por ello condenamos los actos vandálicos de personas infiltradas en las legítimas movilizaciones sociales, exigimos investigar y sancionar a los responsables de estos hechos de violencia. 
  • Nos solidarizamos con los familiares de las cinco personas que murieron, producto de la violenta intervención de la PNP en Huánuco, Ica, Huancavelica y Junín (Alexander Trujillo Nolasco, Jhonny Quinto, Candy Hinostroza, Bruce Pomasunco y Jorge Maldonado respectivamente), así como con los heridos afectados en varias regiones del país. Exigimos una exhaustiva investigación sobre estos hechos, sanción ejemplar a los responsables y la renuncia inmediata del ministro del Interior. El uso de la fuerza y el abuso de los DDHH lo único que hace es agravar esta crisis.
  • El pueblo movilizado en varias regiones del país le está exigiendo y dando un ultimátum al gobierno de Pedro Castillo y al Congreso de la República para que cumplan lo prometido, asumiendo cada cual su responsabilidad, como: atención al sector agropecuario, la lucha contra la corrupción, atención a la crisis económica y sanitaria, medidas para mitigar la subida del costo de vida, atención a los conflictos socioambientales y el inicio de un proceso constituyente. 
  • La crisis que atravesamos es sistémica, 30 años de neoliberalismo han generado profundas brechas sociales y económicas. No es posible sostener más este modelo económico que privilegia a los que más tienen. Es tiempo de una justa redistribución de la riqueza, así como de las condiciones de su producción. Es tiempo de que paguen los que más tienen, por ejemplo, un impuesto a las sobre ganancias de las empresas mineras, que se encuentran en un súper ciclo, sin precedentes, de alza de precios de los metales.

Lamentablemente el gobierno de Pedro Castillo ha tomado decisiones erráticas, y se ha alejado de sus promesas de cambio rápidamente. Hoy tiene la última oportunidad para cambiar esta situación, por ello debe reorganizar su gabinete ministerial y llevar a cabo un programa de emergencia. Urge el diálogo para escuchar y atender las justas demandas de la población, sobre todo de los más necesitados.

Las comunidades de Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahuay del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas han reiterado este lunes su rechazo al acuerdo alcanzado entre algunas comunidades de Chumbivilcas, el ejecutivo encabezado por la Presidencia del Consejo de Ministros y la Minera MMG Las Bambas celebrado el 30 de diciembre pasado en la comunidad de Huininquiri. Por el momento no descartan retomar las acciones de bloqueo del corredor vial minero, sin embargo, han logrado que la premier Mirtha Vásquez se comprometa a desplazarse nuevamente a la zona para reunirse y dialogar directamente con estas comunidades el próximo 17 de enero.

En conversación con Red Muqui, uno de sus dirigentes explicó que el principal motivo del conflicto no ha sido atendido, por lo cual las comunidades mencionadas decidieron no ser parte del acuerdo con el gobierno e incluso se retiraron del lugar antes de que finalizara la reunión del 30 de diciembre. Las comunidades exigen la derogación de la Resolución Ministerial No. 372-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que modificó la figura legal de caminos comunitarios que cruzan el territorio de numerosas comunidades de Chumbivilcas, convirtiéndolas en una vía nacional que desde entonces conforma el corredor vial minero.

 

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas.

En cuanto a las posturas divergentes entre comunidades de algunos distritos y otros de la provincia de Chumbivilcas que tienen en común haber sido despojados de caminos rurales para verlos convertidos en rutas para el transporte de minerales, el dirigente de Ccapacmarca, que ha preferido el anonimato, explicó que las comunidades vecinas prefieren ser partícipes de la cadena de valor de la producción minera.

En este punto, según el acta del acuerdo de Huininquiri, el Ministerio de Energía y Minería (MINEM) retomará las reuniones con la empresa y las comunidades para continuar la discusión sobre la inclusión de las comunidades en la cadena de valor de la producción del yacimiento minero.

Las comunidades de Ccapacmarca, en cambio, no han cesado de denunciar los impactos ambientales por el continuo uso de sus territorios para el traslado de los camiones de carga. El dirigente añadió que existen impactos diferenciados producidos por el traslado del material que realizan los camiones.  En el caso de las comunidades de Ccapacmarca, los camiones atraviesan los mismos poblados de las comunidades, en cambio, en otras comunidades de la provincia la vía usada por los vehículos se encuentra a varios kilómetros de las zonas pobladas. No obstante, en una cita del diario “El Correo”, Judith Cjuno, presidenta del Frente de Defensa de los Intereses de Ccapacmarca explicó: “Las comunidades de Ccapacmarca tenemos una plataforma de lucha que se armó el 2019 para ser reconocidos como zona de influencia ambiental y social ya que sufrimos un impacto y contaminación terrible, por lo que la producción de maíz, trigo, cebada ya no es la misma. Sin embargo la minera siempre nos ha respondido que no tiene ninguna obligación con nosotros porque transitaban por una vía nacional declarada de manera ilegal y que buscamos derogar”.

Al respecto, las comunidades del distrito de Ccapacmarca reclaman que la empresa minera debe incluirlas como área de influencia directa en cuanto a impactos sociales y ambientales. Algo que conllevaría una serie de obligaciones por parte de la empresa para mitigar esas consecuencias y que deben ser incluidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). En este punto central del debate, el Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) se comprometió que a través de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hará seguimiento y comunicará del proceso de modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La minera en cambio, sólo ha accedido a considerar a las comunidades de la provincia de Chumbivilcas como Área de Interés Social y Ambiental. Lo cual implica que bajo este tratamiento la empresa puede invertir en proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades de la provincia de Chumbivilcas y el corredor vial minero.

En relación a las demandas de las comunidades de Ccpacmarca, la Presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros Descentralizado, señaló: “Hay tres comunidades que han manifestado su deseo de tener un diálogo directo porque tienen demandas específicas con énfasis en temas ambientales”, aceptando la solicitud de reunión.

LA PCM ya decretó la Zona de Atención Especial

La PCM declaró como “Zona de Atención Especial” (ZAE) a 14 comunidades de seis distritos de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, como parte de sus compromisos con las comunidades de Chumbivilcas en la reunión del 30 de diciembre. Según la resolución ministerial N° 005-2022-PCM, este decreto servirá para la planificación de las acciones que propondrá un Grupo de Trabajo que se creará para formular el plan de intervención para la ZAE-Chumbivilcas, el cual estará encargado a la PCM. El plan de intervención tiene como propósito promover el desarrollo socioeconómico sostenible, con enfoque territorial, intercultural y multisectorial en las comunidades cusqueñas a las que alcanza dicha resolución ministerial.

Finalmente, cabe destacar que la premier Mirtha Vásquez reiteró que el Gobierno velará por el cumplimiento de los acuerdos y remarcó que el Ejecutivo prevé instalar equipos de trabajo permanente en las comunidades campesinas para atender a los pobladores locales.

 

Por: Juan Aste Daffós, economista y especialista en minería                                                               

La expansión minera sin límites y con precios muy altos de los metales, ha ido severamente afectando las cuencas hídricas en los últimos 15 años, y con ello, la calidad y la disponibilidad del agua para la agricultura familiar y el turismo. La permisividad en la aprobación de los EIA y los estándares de calidad ambiental (ECA), las decisiones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el otorgamiento de derechos de uso de agua a partir de la información de las fuentes hídricas que presentan las empresas mineras, y el desincentivo para cumplir con los planes de cierre, generando más pasivos ambientales adicionales a los más de 7668 existentes al 2021, explican el grave impacto sobre las cuencas hídricas, más aun, cuando los efectos del cambio climático se acrecientan, y las comunidades y poblaciones locales constatan y sufren las consecuencias de esta crítica situación de estrés hídrico, en un contexto de pandemia que puede repetirse.

A raíz de los planes de cierre de minas, que son compromisos ambientales que se dan a lo largo de un proyecto minero (cierre progresivo) y al concluir la vida útil del mismo (cierre final), que están culminando 4 empresas mineras en Ayacucho, y el rechazo a la imposición de la expansión minera en estos y otros lugares del país, porque atentan contra las cabeceras de cuenca y la disponibilidad del agua para la agricultura y la alimentación, es que no hay licencia social, y se ha puesto en debate ¿bajo qué condiciones puede expandirse la actividad minera? ¿Es aceptable que lo obtenido por una empresa minera en 20 años de vida útil de un proyecto afecte por siempre lo que se consigue en producción y vida de una cabecera de cuenca? Esto nos lleva al estratégico tema del ordenamiento territorial (OT), de la aprobación de su respectiva ley y la aplicación de los planes de OT. Estos planes implican determinar que uso productivo van a tener los territorios y bajo qué condiciones deben hacerlo, por lo tanto, definen en que lugares se incorpora la actividad minera y en cuáles no.

Aquí es donde debe garantizarse la implementación de consultas efectivas a las poblaciones locales involucradas, respetándose la autonomía y capacidad de decisión en sus territorios, sin embargo, esto no se hace, sino que las consultas se realizan respecto al procedimiento administrativo de la resolución directoral que aprueba el EIA y el plan de cierre, pero no sobre el impacto de los proyectos en las cuencas hídricas ni sobre el riesgo de la pérdida de la producción y empleo en el área de influencia del proyecto minero, porque esto se ve en los talleres y audiencias públicas, donde la opinión de los participantes es solo un comentario sujeto a respuesta y nada más.

Expandir la actividad minera sin hacer ordenamiento hídrico que responda a planes participativos de ordenamiento territorial o planes de vida determinados por las comunidades y poblaciones locales, en coordinación con los representantes del Estado en sus diferentes  niveles del territorio, es promover la destrucción de las cabeceras de cuenca, el empleo y la producción agroalimentaria, vinculada al fortalecimiento del sistema inmunológico, y que luego se tenga que importar alimentos, mientras las únicas que ganan son las empresas mineras, que solo pagan en tributos entre el 8 y el 10% del total recibido por el Estado, y neto de devoluciones el 3%, salvo ahora, que con precios muy elevados de los metales, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha sido del 14.4%.

La expansión sin límites la actividad minera hace rato está decidiendo el uso del territorio y el agua, y haciendo a medias o dejando sin cumplir los compromisos de remediación ambiental de los planes de cierre, que luego deben ser ejecutados con dinero del Estado o de todos los peruanos o simplemente quedan como pasivos ambientales y fuente de contaminación e impacto en la salud para las poblaciones locales. En consecuencia, el rechazo de las comunidades y poblaciones de las provincias Lucanas, Parinacochas y Paúcar del Sara Sara, representa solo un ejemplo del impacto ambiental, económico y social de la minería en el Perú.

Esto significa que está creciendo el no otorgamiento de la licencia social a los proyectos mineros, que en estos casos ha aparecido en la etapa de culminación de la extracción del mineral, pero también implica que los proyectos de exploración en estas tres provincias tampoco tienen licencia social porque constituyen un serio riesgo para la alimentación, el empleo y los ingresos, generados por la disponibilidad de agua libre de contaminación de las cabeceras de cuenca que sostienen la agricultura y la crianza de camélidos sudamericanos.

Por eso, no extraña que la SNMP y la CONFIEP hayan puesto el grito en el cielo y ahora muestran su preocupación de que los pueblos cuestionen decididamente la prioridad de la minería, recordándonos que es una actividad que ha mostrado influencia y dominio sobre las autoridades locales y divisiones en el pueblo, además de pobreza. Las comunidades y poblaciones locales han abierto el debate sobre quiénes y cómo se ha estado decidiendo el uso del territorio en el Perú. El Ejecutivo y el congreso deben asumir la urgencia de una ley de ordenamiento territorial que responda a la realidad actual y no se continúen imponiendo los intereses de las empresas mineras, que reproducen un modelo económico insostenible.

En este contexto, las posibilidades de implementar proyectos de Conservación y Protección de Cabeceras de Cuenca están limitadas por las decisiones políticas de los gobiernos que promueven la minería a cualquier costo ambiental y social. Sin embargo, al tener un origen ancestral, la gestión de las cuencas hídricas es la que ha sostenido y aun sostiene la agroalimentación y la vida de las comunidades y pueblos. El presidente Castillo fue elegido por las poblaciones de las regiones mal llamadas mineras, que forman parte de todos los que votaron por el cambio, y son ahora más conscientes de la urgencia de conservar y proteger las cabeceras de cuenca, el agua, la vida, mientras las mineras formales, informales e ilegales quieren controlar más territorios y obtener sobre ganancias como ahora.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Y la palabra “vacancia” se ha vuelto a poner nuevamente en el debate político esta semana, estos pedidos vienen con fuerza desde el Congreso de la República debido a las denuncias de presión que habrían ejercido el presidente Pedro Castillo, su secretario y el ministro de Defensa en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas. Como ya es de público conocimiento se ha pasado a retiro a los comandantes generales de la Fuerza Aérea y el Ejército, quienes han denunciado estos hechos en los medios de comunicación y el Congreso. Lamentablemente esta situación opaca los pocos logros anunciados por el presidente Castillo a 100 días de su gobierno en la ciudad de Ayacucho, y que sobre todo le dan argumentos a la oposición para plantear nuevamente la vacancia presidencial. Por lo pronto el Congreso ha aprobado la interpelación al ministro de Defensa Walter Ayala para el 16 de noviembre próximo.

A la par de esta situación hay otro frente abierto que el gobierno de Castillo tiene que mirar con atención y son los conflictos mineros, a pesar de los esfuerzos de la premier Mirtha Vasquez por atender las múltiples demandas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minera, estas no se resuelven solamente con las visitas a la zona o la instalación de las mesas de diálogo, hay una legitima preocupación y desconfianza de la población local hacia la actuación del gobierno y de las mismas empresas mineras, recordemos que los anteriores gobiernos no han logrado resolver estas demandas y por el contrario se firmaron actas y acuerdos que no se han cumplido. En esa línea las comunidades del corredor minero en  la provincia de Cotabambas y el distrito El Progreso, esta semana han dado una tregua de 48 horas al gobierno de Castillo para que se subsanen las resoluciones que reconocen y reinstalan la mesa de dialogo en la zona. De la misma forma, los pobladores de los distritos aledaños a la cuenca del Coata en Puno han anunciado iniciar un paro indefinido si el presidente Castillo no arriba a la zona.

Finalmente, es importante comentar lo que se viene planteando desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con respecto a la reforma tributaria, y de modo particular en el sector minero. Al respecto, el ministro Pedro Francke ha presentado el proyecto de ley para la delegación de facultades al Congreso de la República. Sobre este punto, varios analistas y congresistas han señalado que no es el momento oportuno para debatir este tema, entre varios argumentos, ellos señalan que estamos recién empezando a recuperar nuestra economía en medio de una pandemia, y por lo tanto no tiene asidero esta propuesta del MEF. Al respecto el economista José De Echave de Cooperacción señala claramente que: “En el caso de la minería, la reforma busca capturar un porcentaje mayor de la renta en un contexto en el que las empresas vienen obteniendo sobre ganancias como consecuencia de los precios altos de los minerales”, algo que es innegable y donde el Estado peruano tiene que tomar medidas como un impuesto especial a las sobre ganancias mineras.

 

Pese a que el día de ayer, lunes 8 de noviembre, se desarrolló una reunión entre los dirigentes del distrito de Challhuahuacho con la empresa minera MMG Las Bambas y funcionarios de la PCM, Energía y Minas, Desarrollo Agrario e Interior, y el alcalde distrital, acordando obras por impuestos, construcción de fitotoldos, caminos vecinales, oportunidades laborales, transporte escolar, instalación de oficinas de consultas, manejo de residuos sólidos y capacitaciones, entre otros para el distrito de Challhuahuacho; el día de hoy, martes 9 de noviembre, en la localidad de Pisaccasa, distrito de Maras, los dirigentes de las otras comunidades y distritos de la provincia de Cotabambas acordaron reiniciar un paro de 48 horas debido a que a la reunión pactada para el día de hoy no llegó el ministro del Ambiente y hasta ahora no se emitió la resolución suprema ofrecida el 27 de octubre por la presidenta de la PCM, Mirtha Vásquez, que oficializa el relanzamiento del espacio de diálogo denominado Comisión Multisectorial de la provincia de Cotabambas con los 9 grupos de trabajo refrendados en la fecha señalada.  El representante de la PCM presente en la reunión había llevado un proyecto de resolución ministerial.

Cabe precisar que los dirigentes exigen que sea un decreto supremo y no una resolución suprema, con la firma del presidente Pedro Castillo y los ministros.

Debido a estos hechos, los dirigentes de la provincia acordaron realizar un paro preventivo de 48 horas, esperando la llegada del presidente Castillo y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y el gerente general de la empresa minera Las Bambas. Si es que no llegan las personas citadas, realizarán un paro indefinido.

La reunión pactada el 27 de octubre para el día de hoy tenía como objetivo discutir la solicitud de inclusión al Área de Influencia Directa del proyecto minero Las Bambas de los 7 distritos que corresponde al grupo de trabajo 7 del tema ambiental. Sin embargo, frente a la presencia de los mismos funcionarios de los anteriores gobiernos y la ausencia del ministro del Ambiente, los dirigentes acordaron pedir el cambio de funcionarios debido a que con los que han estado representando al Estado no han logrado avanzar «nada» desde hace varios años, solo han «dibujado el papel», en palabras de uno de los dirigentes presentes en la reunión de hoy. En la reunión estaban presentes el director de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio del Ambiente, Carlos Eyzaguirre, y Antony Zevallos, secretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM, y  los alcaldes de Haquira, Coyllurqui, Progreso y Cotabambas.

 

Acta del 9 de noviembre, provincia de Cotabambas acuerda reiniciar paro by prensamuqui on Scribd

Las instituciones miembros de la Red Muqui reunidas los días 14 y 15 de octubre en Asamblea Ordinaria, reconocemos que la instalación y primeras medidas del gobierno de Pedro Castillo se enfrentan a un gran desafío: la expectativa y esperanza de cambios profundos para los pueblos en nuestro país.

Más aún cuando la pandemia por la Covid-19 ha puesto en evidencia las grandes brechas por demandas insatisfechas de comunidades y poblaciones cuya situación de vulnerabilidad se ha incrementado. Indicadores negativos y alarmantes de pobreza en relación a salud, alimentación y educación resaltan en las zonas rurales y del interior del país.

A la vez, en medio de estas graves dificultades, el país se enfrenta a intentos antidemocráticos y excluyentes de sectores conservadores y de extrema derecha, que rechazan con toda su maquinaria mediática cualquier posibilidad de que los espacios ganados por sectores del pueblo y la sociedad civil progresista se expresen en el gobierno con una mirada y acciones propias.

A pesar de estas dificultades, existe una gran expectativa en los pueblos sobre lo que pueda realizar el gobierno del Presidente Pedro Castillo, para encarar la urgente necesidad de transformar un modelo neoliberal y minero extractivo. El mismo que desde hace varias décadas viene excluyendo y marginando a millones de peruanos y peruanas, entre ellas a las comunidades y pueblos indígenas. Las que han sido afectadas por el desarrollo de grandes proyectos mineros, que han vulnerado sus derechos colectivos, siendo en muchos casos criminalizados y judicializados por defender sus territorios, su ambiente, su salud y su vida misma.

Por eso, desde la Red Muqui nos reafirmamos en que, uno de los grandes procesos que se debe impulsar y acompañar desde abajo y junto a los pueblos es, la demanda de una nueva constitución, que nazca en democracia y que sea elaborada con la mayor participación de los pueblos indígenas, las comunidades originarias y las organizaciones sociales de nuestro país.

Este proceso constituyente debe incluir reformas fundamentales como: la segunda reforma agraria para reivindicar a los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores de la costa, sierra y selva y colocar en el lugar que le corresponde a la agricultura familiar. De tal manera asegurar la soberanía alimentaria y respetar las decisiones de los pueblos sobre sus proyectos comunitarios de vida alternativos al desarrollo extractivista. Es necesario también regular la expansión minera, revisando el marco normativo minero vigente, implementar una reforma tributaria del sector, que logre que las empresas mineras paguen lo justo, con procedimientos de fiscalización y sanción efectiva cuando corresponda.

En medio de este contexto, es importante resaltar que se han reactivado los conflictos socioambientales y vemos con preocupación la poca capacidad del gobierno para gestionar y resolver los conflictos. Este apela a mesas de diálogo sin una voluntad política para solucionar los problemas y entrega respuestas economicistas cuando se sabe que los conflictos socioambientales en los territorios son multicausales y multidimensionales.

En vista de que el proceso popular por una nueva constitución, que está en marcha, es de mediano plazo, planteamos algunas urgencias que este gobierno debe atender. Temas que en su oportunidad hemos planteado desde la Red Muqui, como:

Al Ejecutivo:

  • Aprobación del Plan Especial Multisectorial de atención de los afectados y afectadas por metales tóxicos.
  • Iniciar la discusión sobre la reforma tributaria en el sector minero y un impuesto especial a la sobre ganancia minera.
  • La gestión social del agua, la que incluye la revisión de ley de recursos hídricos y reforma de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
  • Que se garantice las políticas de equidad de género y de modo prioritario la atención a la situación de las mujeres.
  • Implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
  • Garantizar una plena participación de los pueblos indígenas y originarios y su derecho a la consulta previa en el desarrollo de proyectos extractivos.

Al Congreso de la República:

  • Discusión de la ley de ordenamiento territorial (OT) nacional a partir un proceso participativo, tomando en cuentas las experiencias de ordenamiento territorial comunales, locales y regionales. Enmarcado en la política de Estado Nro. 34 sobre el Ordenamiento y Gestión Territorial del Acuerdo Nacional.
  • Revisión de un nuevo marco normativo para la minería, así como la política sobre concesiones mineras en el país.
  • Retomar la discusión y aprobación de la ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria.
  • Derogatoria de normas y leyes que permiten el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en casos de conflictividad social; y reforzar el sistema normativo que permita proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales.

Para finalizar, no hay posibilidad de cambio sin la participación de los pueblos indígenas, comunidades originarias y organizaciones sociales del país. Por eso debemos seguir vigilantes en torno a las decisiones que toma el gobierno y contribuir con críticas y propuestas hacia el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad que necesitan los pueblos para vivir con dignidad en el Perú.

Lima, 26 de octubre del 2021.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Recientemente el presidente Pedro Castillo ha participado en la 76a sesión de la Cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas desarrollado en Nueva York – EEUU y en su discurso ha hecho una serie de anuncios. Entre los que queremos destacar está el tema de la crisis climática global. Señaló que declarará la emergencia climática en el Perú. «El Perú asume la meta de convertirse en un país de carbono neutral al 2050, reducir las emisiones de gases de dióxido de carbono del 30% al 40% respecto de lo proyectado para el 2030. El gobierno declarará la emergencia climática nacional» afirmó en su discurso. Desde la Red Muqui saludamos este anuncio del presidente, ya que, durante su campaña, su mensaje a la nación, así como en su plan del bicentenario para los primeros meses de su gobierno no se habían planteado acciones concretas sobre la crisis climática global.

Respecto a este tema, diversas organizaciones ambientalistas y de los derechos humanos de la sociedad civil han convocado a una movilización por el clima en la ciudad de Lima y a nivel nacional este viernes 24 de setiembre. La consigna de la movilización es: “No es el clima, es el sistema” #DesenraizaElSistema, entre otros mensajes alusivos a la crisis climática que vivimos a nivel global. Desde Red Muqui también nos sumamos a este llamado a la movilización para proteger nuestra pachamama, al respecto es importante señalar que la creciente actividad minera a tajo abierto (84% de la minería en el Perú), está generando gases de efecto invernadero, como los gases nitrosos que provienen del uso de ANFO (mezcla de nitrato de amonio y un combustible derivado del petróleo) en las voladuras para abrir dichos tajos. La cantidad de explosivo que se utiliza, la dispersión del aire, entre otros factores, determinan los impactos ambientales y su repercusión en el cambio climático local.

Finalmente, mencionar que el presidente Pedro Castillo, durante su visita en Estados Unidos ha sostenido varias reuniones con diferentes actores estatales y privados de otros países, entre ellos con la empresa American Lithium y sus directivos. En esta reunión el presidente ha mencionado que: “como he comentado en los últimos tiempos, seguimos comprometidos con la economía del Perú en general y, en particular, el sector minero sin planes de nacionalización o expropiación”. Llama la atención este anuncio debido a que se había generado expectativa en la población, sobre todo afectada por la minería, porque durante la campaña si se dijo que se iban a plantear cambios en el sector minero, aunque nunca se aclaro lo que significaba la “nacionalización” para el sector extractivo. Desde la Red Muqui si consideramos que se deben discutir varios cambios normativos en el sector minero, entre ellos la política de concesiones mineras en el país, una nueva ley general de minería, una nueva política para la atención de la conflictividad social en el sector minero, así como un nuevo régimen tributario para este sector, aunque sobre este último punto sí se ha anunciado desde el MEF que se va a aperturar esta discusión. En todo caso desde Red Muqui estaremos atentos a esta discusión.