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En su mensaje a la nación de 28 de julio, el presidente Pedro Castillo señaló que los proyectos extractivos como la minería deberán tener un criterio de rentabilidad social: que dinamicen la economía local, regional y nacional, que logren mayores ingresos de recaudación para el Estado, y que generen salarios y condiciones de trabajo justos; con transferencia tecnológica y que promuevan y preserven la cultura y el medio ambiente. “Si un proyecto no tiene rentabilidad social, no va”, afirmó.

Agregó, además, que se concretará una Ley de Ordenamiento Territorial y la zonificación económica y ecológica.

Sin embargo, durante la presentación del gabinete Bellido en el Congreso, el presidente de la PCM no mencionó la necesidad de una política de ordenamiento territorial a nivel nacional, y solo se refirió que respecto “a las actividades extractivas, se implementará el enfoque territorial”, precisando luego que “se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva en función del desarrollo sostenible de cada territorio”.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, otro actor clave del ejecutivo también ha señalado que su gestión implementará el enfoque territorial, “tomando en cuenta las características étnicas, climáticas y sociales existentes en las zonas donde se realizan operaciones, con el fin de armonizar los proyectos de inversión y ajustarlos a los intereses de la población”.

Sin embargo; ¿a dónde va la política minera en relación a los territorios en el país?

Para Ana Leyva, especialista de Cooperacción en ordenamiento territorial, primero hay que precisar los términos que está empleando el gobierno. Una cosa es el ordenamiento territorial y otra cosa es el enfoque territorial.

Lo que quiere decir el enfoque territorial es que “la política se tiene que territorializar, no puede ser pensada desde Lima, sino pensada desde los territorios, porque luego hay un desencuentro entre la realidad y la política”. Agrega que por ello el enfoque territorial es importante, “partiendo de un diagnostico territorial que involucre a los actores que están allí porque si no la política no va a funcionar”.

“Otra cosa es el ordenamiento territorial como instrumento de planificación y gestión. Quiere decir que vas a planificar el uso y transformación del territorio con una visión de futuro. Tú te imaginas como quieres q sea el territorio de aquí a 10 años o más. Pasa por transformar el uso del territorio para hacerlo sostenible, como va a cambiar para satisfacer las necesidades de desarrollo la gente y sea sostenible”, precisa.

En conclusión, no solamente es el enfoque de las políticas, sino el proceso de transformación del territorio.

Entonces, ¿Cuál sería la apuesta del gobierno?

Ana Leyva: Aún el gobierno tiene un mes, esperamos que se vaya clarificando su apuesta.

Sobre la consulta previa, el presidente de la República, el premier, y el ministro de Energía y Minas tampoco se han manifestado con claridad. El presidente solamente ha señalado que en aquellos lugares donde no haya rentabilidad social para el desarrollo de la actividad minera, esos proyectos no irán. Sin embargo, el ministro de Cultura, Ciro Gálvez, recientemente acaba de señalar que “la ejecución de todos los proyectos que afecten territorios de comunidades originarias deben pasar por consulta previa”.

Ana Leyva señala que las decisiones que afecten al territorio, que van a afectar la vida de los pueblos indígenas tienen que ser consultadas. Y allí las consultas implementadas han sido más sobre las políticas culturales. “Ha habido pocas consultas relacionadas a las actividades extractivas y no han sido para poner condiciones a los proyectos extractivos. Esto debe ser consultado y previo a las decisiones. La consulta tiene q ser encaminada a esas decisiones para que sean eficaces, sean efectivas, porque si consultas otras cosas que no valen la pena, que no son determinantes, no va a cambiar nada y van a seguir habiendo afectaciones al territorio y a los pueblos indígenas.”

¿Cree que el gobierno va a impulsar la consulta previa y hacer estos cambios?

Ana Leyva: Tengo entendido que le preocupa los pueblos indígenas, que tiene una preocupación real.

Ellos necesitan definir, necesitan hacer un balance para ver cómo está funcionando, corregir y ver cómo implementarlo. En políticas culturales ha funcionado, pero para las políticas extractivas no está funcionado. No se están defendiendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

La noticia del día es sin duda el otorgamiento de la cuestión de confianza al gabinete de Guido Bellido por parte del Congreso de la Republica con 73 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones. El gobierno de Castillo obtiene de esta forma el visto bueno del Congreso para implementar su plan de gobierno presentado a través del presidente de la PCM. Esperamos que por algunas semanas tengamos algo de tregua entre el Congreso y el Ejecutivo para empezar a atender las demandas de la población en materia de la pandemia y la salud, la reactivación económica, la educación, el agro, entre otros. Aunque la gran ausencia en la presentación del premier Bellido fue la propuesta de cambio de Constitución, para muchos esto fue parte de la estrategia de no confrontación que se buscaba evitar en el Congreso.

Un tema a parte que hemos presenciado el día de ayer, y de modo vergonzoso, es la actitud clasista y racista de algunos congresistas ante la intervención del premier Guido Bellido en nuestro idioma oficial del quechua y cuando chacchaba su coca.

Además, un tema que nos genera preocupación en medio de los anuncios del gabinete Bellido ante el Congreso, es lo manifestado días atrás por el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, quien ha señalado que el enfoque y la política de trabajo en el sector energético y minero va a tener cambios durante el gobierno, entre ellos, la revisión del actual marco normativo minero en el país, y que todos los proyectos encaminados como mina Justa, Quellaveco, ampliación Toromocho, entre otros irán, salvo los proyectos cuestionados de Conga y Tía María. Así mismo sobre el caso del corredor minero del sur ha afirmado que se cambiará de termino, que ahora se hablará de “Nodo Minero”, que para el 2028 se construirá una vía férrea en el corredor minero que no solo servirá para trasladar el mineral, si no en el futuro a pasajeros a nivel interregional. Anuncios que han sido ratificados por el Premier Guido Bellido en su presentación en el Congreso de la Republica.

Si esta va ser la línea general del gobierno de Castillo respecto al tema minero, creemos que va en la línea de continuidad, ya que por un lado se menciona que se va discutir un nuevo marco normativo minero, pero por el otro se dice que casi todos los proyectos mineros van, y que se van agilizar a través de una ventanilla única los proyectos mineros demorados. Si estas decisiones que se viene planteando desde el gobierno no toman en cuenta la participación de la gente, o no son mínimamente consultados con los mismos afectados, principalmente en zonas mineras, lamentablemente se cometerán los mismos errores que los anteriores gobiernos. Como ya lo dijimos desde Red Muqui, la gestión de los conflictos en el sector minero no se puede improvisar, se tiene que conformar un equipo técnico y político que maneje estos temas y hacer una seria revisión al marco normativo minero en el país. Por los anuncios hechos por Iván Merino y Guido Bellido, de continuidad en el sector minero, los conflictos seguirán a la orden del día.

El día de hoy, a partir de las 9 y 30 de la mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, expuso las medidas que implementará su gabinete durante su gestión para el desarrollo del país. Asimismo, hizo énfasis en como desde el gobierno se impulsará la actividad minera.
La primera parte del discurso del premier estuvo abocada a explicar cuáles serían las medidas del gobierno para la reactivación económica. Dentro de ello, Guido Bellido señaló que implementarán el impuesto a las sobre-ganancias mineras para así lograr mayor recaudación económica para el Estado y puedan promover el gasto público orientado a las obras públicas para la generación de empleo. Precisó: “nuestro gobierno apoyará e incentivará la inversión pública y privada con criterio de rentabilidad social”.
Respecto a la actividad minera señaló que “se pondrá en funcionamiento una ventanilla única para eliminar procesos improductivos, y facilitar la instalación de nuevos proyectos a corto plazo”, confirmando de esta forma la política de continuidad en el sector minero por parte de este gobierno, sin plantear grandes reformas.
Asimismo, señaló que “se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva en función del desarrollo sostenible de cada territorio”. Sin embargo, no mencionó como se desarrollaría este pacto.

Enfoque territorial

Respecto al enfoque para desarrollar la actividad minera, señaló que su gestión impulsará el enfoque territorial. Como hemos visto a lo largo de estos años, los sucesivos gobiernos solo han visto el territorio como un espacio para extraer recursos naturales sin mínimamente, por ejemplo, implementar la consulta previa, libre e informada. Tampoco se precisó en el discurso si el enfoque territorial para el desarrollo de la actividad minera incluirá la discusión de un marco normativo sobre el ordenamiento territorial en el país.
Del mismo modo no se mencionó si se reconocerá el ordenamiento territorial que vienen implementando las comunidades y los gobiernos locales, quienes vienen determinando dónde sí puede haber minería y dónde no, teniendo en cuenta la zonificación ecológica y económica de los territorios, así como la protección de las cabeceras de cuenca.
Asimismo, precisó que se establecerán plazos estrictos para el desarrollo de los proyectos. “Los proyectos deben brindar un aporte sostenible que brinde apoyo a la población local”, señaló.

Diálogo y corredor minero del sur-andino

Respecto a la prevención de la conflictividad social, precisó: “Se considerarán procesos de diálogo para evitar conflictos sociales. No hay necesidad de conflictos en el país, a nadie se le va a excluir. Ese será nuestro secreto y fortaleza”. Actualmente el gobierno está en un proceso de diálogo con las comunidades de Chumbivilcas y la empresa minera MMG Las Bambas.
Uno de los factores claves en el conflicto del corredor minero sur que involucra a las comunidades de Chumbivilcas, es que actualmente pasan más de 400 camiones diarios con minerales, generando impactos ambientales y sociales en los territorios comunales, además de que el gobierno en el pasado aprobó una carretera sin consultar a nadie, transformándolo en una vía nacional para el paso exclusivo de los camiones mineros.
Frente a esta problemática, el premier lanzó una propuesta que años atrás había sido prometida por la empresa: se construirá un tren para trasladar los minerales por todo el corredor minero sur que llegue a Marcona. “El nodo minero del sur andino y el puerto de Marcona serán conectados por un tren, para los minerales y pasajeros, donde la alianza privada y pública se manifestará”, precisó el presidente de la PCM.

Ambiente

Sobre los impactos ambientales de la minería, solo precisó que para los pasivos ambientales se exigirá garantías reales para el cierre de minas, y así “se evitará así trasladar éstos problemas a futuras generaciones”.

El presidente de la PCM finalizó su discurso sobre el desarrollo de la actividad minera, señalando que el Perú es un país minero y agrícola, y que volverán a instaurar la armonía entre éstas actividades con la Pachamama, en la costa, sierra y selva. “La Pachamama que nos sostiene a todos” manifestó. Con estos planteamientos va quedando claro que el gobierno de Pedro Castillo mantendrá una línea de continuidad en la política minera del país.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Como ya es habitual, esta semana nuevamente hemos tenido tensión y crisis política en el país, lamentablemente “la inestabilidad política” es la nueva normalidad con la que tendremos que aprender a convivir aparte de la pandemia. Luego de una campaña de demolición montada por la derecha, el fujimorismo y sus medios aliados, incluido la Marina; el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, finalmente ha renunciado a su cargo, y a la actualidad todavía el presidente Castillo no ha designado quién lo reemplazará. Esta situación no ayuda en nada al gobierno en sus primeros 20 días de gestión, no hemos tenido tal situación en las últimas décadas en el país: tener un gabinete ministerial que ya empieza a descomponerse y hasta pedidos de vacancia al presidente. A la par de esta nueva crisis, la situación de la pandemia preocupa, ya que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, ha señalado que estamos ingresando al escenario de una tercera ola de la Covid-19 y debemos empezar a prepararnos para tal situación.

Otro de los temas que ha resaltado en la semana, es el caso de las comunidades afectadas por el corredor vial minero en Chumbivilcas – Cusco, como se recuerda este es uno de los primeros casos de conflictividad social que ha tenido que encarar el gobierno de Castillo y el gabinete de Guido Bellido. Luego de una visita rápida del premier a la misma zona, las comunidades acordaron dar una tregua de sesenta días para que se atienda sus demandas; sin embargo, a más de dos semanas de ese compromiso, las comunidades y organizaciones sociales de Chumbivilcas han denunciado la inacción del gobierno y de la empresa minera Las Bambas por intentar canalizar sus reclamos. Frente al anuncio de un nuevo paro, el gobierno recién ha logrado establecer un espacio de diálogo para este fin de semana. El caso del corredor minero no es un asunto sencillo, los reclamos vienen de muchos años atrás, y hay que decir que lamentablemente los últimos gobiernos y la misma empresa minera, no han sabido gestionar adecuadamente las salidas técnicas y legales a este caso.

Sobre la política de gestión de los conflictos sociales y los espacios de diálogo, es de lo que debería a empezar a hablar el gobierno de Castillo, y para ello requiere de los mejores especialistas, no se pueden dar el lujo de improvisar en este sector, ya que los conflictos sociales vinculados al tema minero son los más complejos y delicados en el país y lamentablemente no han sido bien encarados por la mayoría de los gobiernos pasados. Por el contrario, la respuesta del Estado siempre ha estado vinculada a la violencia y represión contras las poblaciones y comunidades locales. Una mala señal es, por ejemplo, el nombramiento de Braulio Grajeda Bellido en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, quien no conoce este sector y parece que por ser de Perú Libre le dieron el cargo. No es especialista en gestión de conflictos sociales. Desde la Red Muqui creemos que el gobierno de Pedro Castillo, si de verdad quiere atender las demandas de la población, tiene que conformar un equipo que conozca el sector y que empiece a plantear una serie de reformas para gestionar de otra forma la conflictividad social en el país.

Irma Zafra es miembro de las rondas campesinas femeninas de Bambamarca en Cajamarca, tiene 35 años y desde los 13 años es rondera. También participa en la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, que es la articulación nacional de personas afectadas en su salud por metales pesados a causa de la actividad extractiva. Irma se encuentra muy preocupada por la continua expansión de la actividad minera en su región, Cajamarca, especialmente en Hualgayoc, que tiene más de 30 años de impactos ambientales y a la salud humana, debido a la explotación minera y la falta de remediación de los pasivos ambientales mineros.

En el año 2017 se realizaron monitoreos del agua de consumo humano en las localidades de Coimolache Alto, Reservorio El Mirador, Pilancones, Tahona Alta, La Jalquilla, Bambamarca, Chugur, El Chencho, Ramírez y Pampa Grande, pertenecientes a la provincia Hualgayoc, cuyos resultados superan los ECAS para metales pesados: Aluminio, Plomo y Cadmio. (Fuente: DIRESA/DESA)

Cajamarca es la segunda región con el mayor número de pasivos ambientales mineros (PAM). La población de la provincia de Hualgayoc viene atravesando desde hace varios años un grave problema de contaminación por metales pesados. En el año 2012 se realizó un tamizaje a cargo del Ministerio de Salud, confirmándose en los resultados la presencia de arsénico, cobre, plomo, etc. Pero estos resultados fueron ocultados hasta marzo del 2015, que según CENSOPAS (Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente del Ministerio de Salud): la información no se dio a conocer debido al conflicto por el proyecto minero Conga.[1]

Según el reporte de inversiones en proyectos de exploración minera del Ministerio de Energía y Minas, Cajamarca es la región de la Macro Norte del país que concentra los proyectos de exploración más grandes. Tenemos el proyecto Michiquillay de Southern Perú, el Galeno de Lumina Copper y La Granja de Río Tinto Minera[2], aparte de los proyectos que ya se encuentran en fase de construcción de mina y en explotación . Así mismo, el Observatorio de Conflictos Mineros señala que en Cajamarca continúa el proceso de expansión minera debido a que ocupa el primer lugar a nivel nacional en la cartera de inversión minera, lo que trae consigo también la activación de diversos conflictos.[3] Es bastante preocupante que a pesar de los impactos que ha causado la minería en la zona, la actividad minera siga avanzando sin que los daños previos se hayan reparado integralmente. La expansión minera ineludiblemente seguirá impactando con mayor contaminación y afectación a la salud humana y ambiental.

Irma, junto a varias compañeras de las rondas campesinas, están estos días en Lima en el Encuentro de la Central Única de Rondas Campesinas (CUNARC) planteando su agenda de demandas ante el Ejecutivo. Irma señala que ella ha votado por Pedro Castillo para que no haya más expansión minera en Cajamarca y que se atiendan sus principales derechos, como el derecho al agua y el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencias. Sobre el tema de contaminación ambiental, desde Red Muqui creemos que es primordial que el Ejecutivo priorice dentro de sus acciones lograr de forma efectiva la remediación de los Pasivos Ambientales Minero en Cajamarca y a nivel Nacional. Por otro lado, a la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Plan Especial Multisectorial de Atención a Personas Afectadas por Metales Tóxicos; este Plan es un instrumento de política pública que el Estado debe priorizar. Esperamos que el Ejecutivo pueda canalizar adecuadamente las demandas de las organizaciones sociales y que las promesas electorales puedan traducirse en cambios concretos que necesitan las mayorías sociales para lograr un bicentenario de los pueblos, tras 200 años de supuesta independencia del Perú.

 

[1] Agenda de Afectados por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas en Bambamarca- Hualgayoc. Red Muqui. Noviembre 2019. Elaborado por: Nancy Fuentes.

[2] MINEM, Cartera de Proyectos de Exploración Minera. Febrero 2021

[3] 28° Observatorio de Conflictos Mineros en Perú. Reporte Semestral julio 2021. Pág. 32.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

A poco más de una semana de asumir la presidencia de la República, el profesor Pedro Castillo ha tenido que pasar por varios embates políticos, los ataques no solo han venido desde fuera, si no por las propias decisiones que ha ido tomando el presidente en el nombramiento de su gabinete ministerial, entre ellos el cusqueño Guido Bellido y algunos ministros más, así como la demora en la juramentación de Pedro Francke y Aníbal Torres en las carteras de Economía y Justicia. Luego de escuchar un mensaje a la nación muy potente que reivindicó a los pueblos y comunidades más olvidadas del interior del país, el presidente intentó trazar la ruta de su gobierno en temas como la atención a la salud y la pandemia, la reactivación económica, la atención al agro, así como la relación que se va tener con la actividad minera, entre otros.

Sobre los anuncios en relación a la política minera que piensa implementar el presidente Castillo, esta el tema de la “rentabilidad social”, término poco conocido por las comunidades afectadas por la minería, y que por el contrario tienen un contenido más empresarial. Habría que decir que este mensaje no queda claro, porque bajo esta premisa se podría decir que si todo proyecto minero cumple con este criterio podría aprobarse, por lo tanto, proyectos cuestionados como Tía María en Arequipa o Conga en Cajamarca, que no tienen licencia social, eventualmente: ¿podrían implementarse? Desde Red Muqui creemos que esto sería un error en la gestión de Castillo, ya que durante la campaña el presidente ha señalado que estos proyectos no irían. Por ello en estas provincias la gente a votado mayoritariamente por Pedro Castillo.

Siguiendo esta línea de la “rentabilidad social”, el nuevo ministro de Energía y Minas, Iván Merino, ya ha tenido algunas reuniones con los gremios mineros como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo, y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), así como con algunas empresas mineras chinas. El nuevo ministro también ha señalado en un diario de circulación nacional que el proyecto Tía María podría retomarse, algo que ha causado sorpresa en los pobladores del valle de Tambo en Arequipa. Al punto que uno de los congresistas de Perú Libre de Arequipa ha pedido una aclaración al premier y al presidente sobre estas declaraciones. Pareciera que en el tema extractivo minero no habrá grandes cambios o reformas por parte del gobierno de Castillo, por los menos es lo que se evidencia en estas primeras acciones y declaraciones del ministro de Energía y Minas. Esperamos que no sea así y sí haya grandes cambios.

Finalmente, un tema que queremos remarcar en la semana es la atención del gabinete de Guido Bellido al conflicto del corredor minero en Chumbivilcas. Nos parece positivo la tregua momentánea de 60 días que se ha conseguido con las comunidades, sin embargo, este conflicto está lejos de resolverse, ya que las demandas son múltiples y resolver el saneamiento de esta carretera “que nadie aprobó” en las comunidades, va a suponer atender las demandas de todas las poblaciones y comunidades por donde pasa esta vía y no solo en la provincia de Chumbivilcas. Así mismo, la instancia encargada de ver los conflictos sociales en el país como es el viceministerio de gobernanza territorial debe ser repotenciada política y económicamente, lamentablemente el nombramiento de una persona que no conoce este sector no va ayudar a mejorar esto, tal como ha sucedido esta semana. Por el bien del país, esperamos que el gobierno del presidente Castillo haga los correctivos necesarios en este viceministerio y la soluciones a la problemática minera sean integrales y no solo parches como ha venido ocurriendo con los gobiernos anteriores.

 

 

 

Por: Bladimir Martínez – Equipo Técnico de DHUMA-Puno

Los grandes retos en materia ambiental del Perú a los que el presidente electo Pedro Castillo Terrones hizo referencia en su mensaje a la nación el 28 de julio, están ligados intrínsecamente a las actividades mineras y sus impactos en el ambiente.

En las dos últimas décadas, la industria minera peruana ha tenido una presencia importante a nivel mundial, principalmente, porque el Perú es considerado como uno de los principales países productores de minerales. Según la encuesta mundial Mineral Commodity Summaries[1], el Perú cuenta con las mayores reservas de plata a nivel mundial, segundo país con las mayores reservas de cobre y molibdeno; así como cuarto en reservas de plomo. Además, a nivel latinoamericano, ocupa el primer lugar en reservas de plomo, plata y molibdeno, el segundo lugar en reservas zinc, oro y cobre, y el tercer lugar en reservas de estaño[2].

Sin embargo, el apogeo de la minería en el Perú y su impacto positivo sobre la economía nacional entre los años 2003 y 2012 “han estado acompañados del crecimiento de varias actividades abiertamente ilícitas”. En ese sentido, “[la] tala y la minería ilegal y narcotráfico son algunos de los rubros que se han expandido en diferentes zonas del país, y su influencia ha sido y continúa siendo manifiesta en los territorios donde se han implantado” [3]. Adicionalmente, se evidencia la proliferación de la minería ilegal cuya expansión está directamente vinculada con el incremento de precio de los minerales o su alta cotización internacional[4].

En el año 2014, el MINAM advirtió que la minería ilegal venía operando en todas las regiones del Perú[5]. En los estudios realizados en los últimos años, se observa que las regiones del país más afectadas por este fenómeno son principalmente las que se encuentran en la Amazonía y la zona andina: Madre de Dios, Cusco, Puno[6].

Dentro de los impactos más graves de esta cancerígena actividad se encuentra la contaminación del agua, especialmente cuando el Perú ocupa un lugar privilegiado en el mundo respecto a la disponibilidad de agua, según lo señalado por las Naciones Unidas, puesto que está ubicado dentro de tres vertientes hidrográficas: Atlántico o Amazonas, que cuenta con el 97,3 % del agua disponible; Pacífico con el 2,2 %; y Lago Titicaca con el 0,6 % del agua; según refiere el informe de Adjuntía N° 001-2019-DP/ AMASPPI.MA “entre las principales fuentes de contaminación se tiene la existencia de pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos; así como las toneladas de mercurio arrojadas a los ríos producto de la minería ilegal”[7].

Asimismo, según refiere la Evaluación Inicial del Convenio de Minamata sobre mercurio en el Perú[8], en el período 1981 y 2003 se degradó el 15,3 % del territorio peruano (19 271 100 has). En esa línea, se estimó que “de continuar este ritmo de degradación, al año 2100, el 64 % del territorio del Perú, estará afectado por procesos de esta naturaleza, lo que incluye a la costa y sierra”.

La contaminación causada por la minería, es una muestra del fracaso de la implementación del Ordenamiento Territorial y la Zonificación Económica Ambiental como medidas de gestión territorial por los diferentes gobiernos que hemos tenido. Por ello, se debe reestructurar el procedimiento para incluir la participación de las comunidades originarias, y permitir que estas organicen su territorio bajo su derecho consuetudinario.

Por lo anterior, no solo basta con garantizar el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental como lo mencionó el 28 de julio el presidente electo, sino también se debe dotar de herramientas participativas para promover la vigilancia y monitoreo ambiental desde los territorios, especialmente en territorios con actividad minera, para de esta forma potenciar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Asimismo, el camino hacia la minería sostenible no es la única opción, en cambio se debe promover las alternativas al desarrollo y siembra y cosecha de agua desde los pueblos y para el pueblo.

Por último, si bien el anuncio del presidente Castillo respecto a la creación de instrumentos de gestión para la implementación de un Plan Nacional de Atención a Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas es un anuncio alentador, este debe garantizar que los más de 10 millones de peruanos expuestos a estas sustancias toxicas puedan acudir a atención integra de salud oportuna[9].

 

[1] U.S. Geological Survey (2020). Mineral Commodity Summaries 2020. U.S.: U.S. Geological Survey.

[2] Ministerio de Energía y Minas – MINEM (2020a). Anuario Minero, 2019. Lima: MINEM.

[3] De Echave, J. (2016). La minería ilegal en Perú. Entre la informalidad y el delito. Nueva Sociedad, 263, pp. 131 – 144.

[4] Barba, R. (2020). La minería ilegal, la otra destrucción de la Amazonía. Universidad de Navarra. Recuperado de https://www.unav.edu/web/globalaffairs/detalle/-/blogs/la-mineria-ilegal-la-otra-destruccion-de-la-amazonia.

[5] Ministerio del Ambiente – MINAM (2014). MINAM. Esta no es una revista más sobre el medio ambiente. Quién es quién en la minería ilegal. Lima: MINAM.

[6] Rumbo Minero (2019). Madre de Dios, Cusco y Puno son las regiones más afectadas por la minería ilegal en Perú. Rumbo Minero. Recuperado de https://www.rumbominero.com/noticias/mineria/madre-de-dios-cusco-ypuno-son-las-regiones-mas-afectadas-por-la-mineria-ilegal-en-peru/.

[7] Tipian, P. y Vásquez, L. (2019). Informe de Adjuntía N° 001-2019-DP/ AMASPPI.MA En defensa de nuestros recursos hídricos: Actuación defensorial frente a la gestión de pasivos ambientales y la erradicación de la minería ilegal. Lima: Defensoría del Pueblo.

[8] Ministerio del Ambiente – MINAM (2020). Evaluación inicial del Convenio de Minamata. Sobre el mercurio en el Perú. Lima: MINAM.

[9] INFORME N° 060-2020-JAMC-DENOT-DGIESP/MINSA. Propuesta de modificación de la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM mediante la que se crea la Comisión Multisectorial para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la población Expuesta a Metales Pesados.

Por: Juan Aste Daffós

El discurso inaugural del presidente Pedro Castillo el 28 de julio 2021 logró calmar a los empresarios y a la gente al plantear la consolidación y mejora de la actual política de salud, la reanudación de las clases presenciales en el 2022, y la pronta reactivación de la economía a fin de recuperar el empleo perdido mediante el impulso de la inversión pública, las facilidades para reprogramar las deudas, obtener créditos para el agro, las pymes, el turismo y el transporte, además de un bono de 700 soles a cada familia vulnerable.

Sin embargo, en el discurso, el eje estratégico de la economía está centrado en la profundización del extractivismo minero, con una gestión ambiental muy permisiva. Las economías de Bolivia con gobiernos de izquierda como el de Evo Morales y Luis Arce ahora, y la de Ecuador con Rafael Correa y Guillermo Lasso han hecho lo mismo.

Así, para el gobierno de Castillo: “los proyectos mineros van” si cumplen con el criterio de la rentabilidad social, es decir, si se comprometen en generar mayores ingresos y empleo dinamizando las economías locales, por lo que la licencia social, manifestada en la consulta a las poblaciones locales involucradas, es dejada de lado, o se aplica tal como ahora, en que se consulta la resolución administrativa que aprueba los estudios de impacto ambiental o las modificaciones a este.

Cuando el presidente Castillo nos dice que la rentabilidad social se considera superior a la licencia social, es decir, al derecho a la consulta de las poblaciones locales, está otorgando la prioridad a los proyectos mineros porque supuestamente generarán los recursos estatales necesarios para financiar proyectos de inversión pública en salud, educación, en el agro y otras actividades. Pero, sin diagnóstico de la minería y con un enfoque fundamentalmente económico y subordinado a lo que decida el Estado en los territorios, quedan de lado las alternativas de vida de las poblaciones locales, y ello es solo garantía de mayores conflictos socioambientales.

El discurso de Castillo refuerza el criterio de la rentabilidad social, cuando para promover los proyectos de inversión, sostiene que “Esto significa un nuevo pacto con los inversores privados, donde el Estado intervenga para reducir costos, facilitar procesos, mantener la seguridad jurídica, y a cambio la población local y el país reciban contribuciones que generen desarrollo y mayores oportunidades con un real cuidado del medio ambiente.” Y a nivel territorial, ocurre igual cuando afirma que se debe poner orden en la minería “sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto”.

Asimismo, cuando el presidente Castillo asume el criterio de la rentabilidad social como “una nueva forma de hacer proyectos en el Perú”, coincide con la propuesta del “Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (ICDMS) de la PCM (feb 2020) del gobierno de Vizcarra, avalada por la Sociedad Nacional de Minería, que para enfrentar el fracaso histórico estructural del perjuicio y empobrecimiento de las poblaciones del entorno de los proyectos mineros, y lograr el apoyo social al proyecto minero, propone la “construcción del entorno social favorable a cada proyecto”.

Esta propuesta consiste en que la inversión minera implemente un plan piloto y luego uno de mediano plazo del llamado “Plan de Desarrollo Territorial, Sostenible e Integrado” con la participación del gobierno nacional, el gobierno regional, las municipalidades, las empresas y la sociedad civil en cada lugar del entorno de un proyecto minero, señalando que la consulta no es vinculante. Se trata de ofrecer apoyo en la elaboración de planes de desarrollo y recursos económicos a cambio de aprobar un proyecto minero, pero incluso en esta opción, las empresas incumplen los acuerdos una vez que las operaciones se inician, generándose nuevos conflictos.

Los puntos propuestos por el presidente Castillo que aportan, aunque parcialmente, están referidos a la urgente necesidad del reconocimiento de las comunidades indígenas para hacer valer sus derechos amparados en el convenio 169 de la OIT. También se hace una mención indirecta a la consulta cuando al referirse a la toma de decisiones de la mayor importancia, solo se afirma débilmente que “se consideren las voces de los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afroperuano.”

Respecto a la gestión ambiental, se señala la creación de instrumentos, cuando en realidad se trata de darle continuidad al Plan Nacional Actualizado del Convenio de Estocolmo pre publicado el 23 dic 2019 y a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y el Plan de Acción 2014 al 2018 -editado en nov del 2014-, ambos publicados por el MINAM, más el «Plan de Atención lntegral de Salud a las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas aprobado por ESSALUD el 31 enero 2020.

El gobierno de Castillo plantea abordar la demanda por adecuar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de agua, aire y suelo, existiendo además los de ruido, gestión de sitios contaminados y relaciones no ionizantes, frente a la desregulación aplicada desde el 2013 por el MINAM, que ha hecho más permisivos los ECA de agua, como el de “riego de vegetales y bebida de animales”, y el de aire, como el dióxido de azufre. Se sabe que la actividad minera siempre contamina las cuencas donde se ubican sus diferentes componentes que emanan gases, partículas y efluentes, generando degradación irreversible sobre los ecosistemas, razón por la cual la minería no es sostenible.

Existen varias propuestas de Ley de Ordenamiento Territorial en el Congreso de la República, y el gobierno de Castillo ha asumido el reto de darle continuidad a lo que ya está en curso. Sin embargo, un avance en esta dirección es darle el carácter de vinculante a las consultas vecinales realizadas, por ejemplo, en el valle de Tambo (Tía María en Arequipa), en el valle de San Lorenzo (Tambogrande en Piura) y en las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta (Huancabamba y Ayabaca, Piura), y no permitir que se siga generando incertidumbre, estrés y más muertes en estas poblaciones locales. Sin embargo, el nuevo ministro de Energía y Minas, Iván Merino, dejó abierta la posibilidad que Tía María opere, al declarar el primer día de su gestión: “la población que no le ha dado la licencia social. Si ellos resuelven ese tema, el proyecto iría».

A contracorriente del deseo manifiesto de las empresas mineras de eliminar el financiamiento del OEFA para evitar la determinación de las infracciones ambientales y luego aplicar las multas, el gobierno de Castillo ha propuesto eliminar las trabas que impiden el cobro de dichas infracciones ambientales, las cuales deben utilizarse para fortalecer la gestión pública ambiental.

El gran vacío en el discurso del presidente Castillo ha sido el enfoque territorial y participativo de la gestión pública, y dentro de este el tema de la gestión del agua y su relación con la actividad minera, por ejemplo, en la determinación de las fuentes hídricas por las propias empresas mineras y su uso en perjuicio de las comunidades y poblaciones locales. Así, el rol, las normas y las acciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deben adecuarse para proteger las cuencas y los territorios de las comunidades frente al alto riesgo del impacto de la minería, así como, se requiere la aprobación de una ley que institucionalice la vigilancia y el monitoreo ambiental realizado por las comunidades y organizaciones sociales de las áreas urbanas, complementariamente a la labor del OEFA, ANA, DIGESA, SENASA y otras.

También estuvo ausente la necesidad de avanzar en la descentralización de la gestión ambiental, en particular de los conflictos mineros, que representan más de las dos terceras partes del total de conflictos socioambientales, habiendo estado activo el conflicto de Las Bambas. Así también, llama la atención en el discurso el vacío respecto a la necesidad de modificar normas y conductas de los representantes del Estado para garantizar los derechos de las comunidades y poblaciones locales frente a la criminalización de la protesta social.

PRONUNCIAMIENTO: BICENTENARIO DE LOS PUEBLOS.

RETOS PARA LOS 100 PRIMEROS DÍAS DEL GOBIERNO DE CASTILLO

El Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado oficialmente a Pedro Castillo Terrones como presidente y a Dina Boluarte como vicepresidenta de la República del Perú, decisión que saludamos y reconocemos desde la Red Muqui. El triunfo de Pedro Castillo es el triunfo de los pueblos frente a los grupos de poder, los medios de comunicación y los partidos de la derecha más conservadora en el país. Esto abre un nuevo escenario político, precisamente en el año del Bicentenario de la República.

Los desafíos y retos a encarar para el gobierno de Castillo son enormes. A la complicada situación de la pandemia y la voceada tercera ola, se suman las dificultades para la reactivación económica y la crisis política.  Las promesas y aspiraciones de cambio que encarna el actual presidente son muy altas; los pueblos en el país, especialmente de comunidades rurales, andinas y amazónicas, demandan cambios estructurales, reconocimiento y protección a sus derechos colectivos.

La demanda más significativa de estos pueblos, que la Red Muqui respalda, es el proceso popular constituyente, que implica el debate y propuesta de alternativas para la elaboración y aprobación de una nueva constitución. Una constituyente donde los pueblos participen del proceso refundacional del Estado debe ser:  soberana, plurinacional, paritaria y democrática. Además, dicho proceso debe garantizar la participación de todas, todos y todes, así como la representación de los pueblos indígenas u originarios históricamente excluidos.

A la consigna erróneamente sostenida de “Perú: país minero”, se contrapone la realidad de un país mega diverso que no debe ser negado por la dependencia sobre un solo sector productivo como la minería. El extractivismo depredador no ha logrado someter a nuestras comunidades y pueblos. Las resistencias en todos los territorios están yendo de la mano con múltiples alternativas económicas locales y comunitarias, como la pequeña agricultura, la protección de cabeceras de cuenca, el cuidado del agua y los bosques, la pesca artesanal, etc.

Para los cambios que necesitamos, es necesario que el sector minero en nuestro país deje de ser el sector más privilegiado, ya que, amparados en marcos normativos que los favorecen, no respetan los estándares en materia ambiental y social. Más aún en contextos globales como el actual, donde algunos minerales, como el cobre, vienen incrementando considerablemente su precio (actualmente la libra se cotiza a más de cuatro dólares), muy superior al “súper ciclo minero” de la década pasada. Frente a ello, deben eliminarse las exoneraciones tributarias y aplicarse un impuesto a las ganancias extraordinarias de la minería.

Bajo lo planteado, y de cara al nuevo gobierno de Pedro Castillo y el nuevo Congreso, planteamos algunas propuestas que deben ser asumidas en los 100 primeros días de gobierno, así como en el mediano plazo.

1.- Salud humana y ambiental.

La pandemia de la Covid-19 ha desnudado la profunda crisis en la salud pública en el país dejando un saldo de casi 200 mil compatriotas fallecidos. Esta crisis, para el caso de los territorios con extractivismo minero, se acrecienta generando una doble vulnerabilidad, debido a los impactos y daños irreparables a la vida y al medio ambiente que provocan. Es así que, según un reciente informe del Ministerio de Salud (MINSA), cerca de 10 millones de personas en nuestro país están en situación de riesgo por estar expuestos a la presencia de metales pesados a su alrededor. Los casos más dramáticos son los niños y niñas de Cerro de Pasco, La Oroya, Espinar, Cajamarca y otras regiones, con cadmio, arsénico, plomo o mercurio. Esto se debe a los más de 8 mil pasivos ambientales mineros y áreas de producción minera activas de todo tamaño, incluyendo la minera ilegal e informal. Ello impacta sobre cuencas y ríos, sin un adecuado control y fiscalización de la autoridad ambiental. Por lo tanto, es urgente aprobar e implementar de manera efectiva una política de atención integral para personas afectadas por metales tóxicos. Uno de los ejes principales es el fortalecimiento de la atención primaria de la salud en zonas de actividad minera como parte de una gran reforma de la salud pública en el Perú.

2.- Gestión y acceso al agua.

Una de las principales demandas de los pueblos afectados por la minería es que se garantice de manera efectiva el derecho al acceso al agua de calidad y se respete las fuentes de agua en los territorios. Los proyectos mineros impactan gravemente no solo en la cantidad sino en la calidad de este bien común. Por ello, el Estado, especialmente la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debe cambiar el régimen de gestión de los recursos hídricos, que privilegia el uso productivo y que afecta el uso del agua para la población y la actividad agropecuaria. Además, se debe lograr la protección efectiva de las “cabeceras de cuenca” declarando su intangibilidad, así como el reconocimiento de los vigilantes y monitores ambientales indígenas, claves para lograr la gestión comunitaria.

3.- Ordenamiento territorial y derechos de los pueblos indígenas.

Casi el 14% del territorio peruano está concesionado a actividades extractivas mineras según datos del INGEMMET. El 35% de territorios de las comunidades campesinas y nativas de costa sierra y selva tienen presencia de proyectos extractivos. Estas concesiones se otorgan de manera centralista, sin información, sin consulta previa y sin consentimiento de las poblaciones, lo que genera una alta conflictividad social. Es evidente el rechazo de la población local a proyectos como Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, Río Blanco en Piura y Antamina en la sierra y costa de Ancash, donde el Estado y las empresas mineras han intentado, y en algunos casos han logrado imponer estos proyectos a través del uso de fuerza y la violencia. Al respecto, una tarea imprescindible del nuevo gobierno es garantizar el respeto y reconocimiento a la decisión autónoma de los pueblos. Los procesos de consulta previa y participación ciudadana deben ser idóneos y vinculantes, que permitan a las poblaciones afirmar su derecho para decidir sobre los bienes comunes y sus territorios, coherentes con políticas de ordenamiento territorial que el Estado debe implementar.

4.- Criminalización de la protesta y defensores ambientales.

La Defensoría del Pueblo asegura que más del 60% de los conflictos son de tipo socio ambiental. De estos, el 65% de los conflictos sociales está vinculado a la actividad minera. Las poblaciones, comunidades, pueblos originarios y sus líderes y dirigentes que rechazan la actividad minera y extractiva en sus territorios, son constantemente estigmatizados, judicializados, criminalizados y privados de su libertad. Por ello, consideramos que el nuevo gobierno debe derogar las normas que promueven la impunidad policial, como la Ley N° 31012. También es necesario que se reconozca el derecho a la protesta, a su no criminalización y que no se vuelva a decretar Estados de Emergencia preventivos en territorios indígenas. Así mismo, se requiere un trabajo articulado con el Ministerio Público y el Poder Judicial en una política de reconocimiento de los defensores ambientales para el cese de acciones judiciales y fiscales que los criminalicen.

5.- Reactivación del agro y la promoción de alternativas.

La agricultura en nuestro país emplea a más del 20% de peruanos y peruanas y alimenta al país con más del 70% de los productos. Durante la pandemia ha sido uno de los sectores más afectados. Sin gozar de un apoyo específico, claro e importante de parte del Estado, las y los campesinos han tenido que afrontar la caída de sus precios, las limitaciones para el transporte de sus productos, sequías, falta de agua y de conectividad en zonas rurales, el aprovechamiento de los intermediarios, la competencia con productos importados, entre otras dificultades. Todo ello supone atender de manera inmediata la demanda de más de 2,2 millones de pequeños productores del país que trabajan la agricultura familiar para que garanticen la alimentación de los peruanos y peruanos. De igual manera, en este nuevo período corresponde visibilizar y promover la agricultura familiar como parte de las alternativas al desarrollo frente al extractivismo minero, una agricultura con un enfoque agroecológico, que sea parte de una política y plan económico que a mediano y largo plazo permita disminuir la dependencia de la minería.

Finalmente, para llevar a cabo todos estos cambios del bicentenario, es importante que el presidente Pedro Castillo designe responsabilidades claves a personas comprometidas y consecuentes con la transformación del país. Su gabinete ministerial, principalmente en las carteras de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, y la cartera de Ambiente debe guardar coherencia con las expectativas de todo el país: que el gobierno de Castillo sea realmente el gobierno de los pueblos soberanos.

Lima, 27 de julio del 2020.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Finalmente, Pedro Castillo ha sido proclamado como presidente electo del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el período 2021-2026. De esta forma la señora Keiko Fujimori afronta su tercera derrota y esperemos la última, ya que el fujimorismo y sus aliados han querido desconocer hasta el ultimo momento el actual proceso electoral hablando de fraude, aun ahora insisten que la elección de Castillo no es legítima, y que seguirán movilizados para reclamar su “derecho al voto”. Para la mayoría de peruanos y peruanas va quedando claro que la elección de Castillo es legítima y  la urgencia de cambios en nuestro país es necesaria, por ello esperamos que las promesas políticas señaladas por Pedro Castillo sean asumidas y canalizadas adecuadamente.

Dentro de las medidas más urgentes que tiene que atender el gobierno del Castillo están la atención a la pandemia de la Covid-19, la educación y el retorno a las clases, la reactivación económica, atención a la agenda postergada de los pueblos andinos y amazónicos, así como encausar la convocatoria a una asamblea constituyente con la participación de todos los sectores y actores del país. En su primer discurso como presidente electo ante el JNE, Pedro Castillo ha señalado que la prioridad de su gobierno será atender la pandemia, la educación y la niñez, y ha convocado a todas las fuerzas políticas y actores sociales del país a construir la unidad del Perú en el año del Bicentenario. Esperemos que estos compromisos asumidos se mantengan hasta el final de su mandato, y que en los primeros 100 días de su gobierno podamos ver el inicio de ese proceso de cambio.

En la línea de plantear la agenda de los pueblos en los 100 primeros días del gobierno de Castillo, desde la Red Muqui alcanzaremos algunas propuestas y agendas que se deben anunciar en el mensaje a la nación del 28 de julio próximo. Dado que el principal respaldo de Castillo proviene de las poblaciones rurales en el país, es imperativo que se tomen medidas de reconocimiento pleno a las autonomías de los pueblos y al respeto a sus propias decisiones, sin discriminación y racismo; apoyo decidido a la agricultura familiar, ya que es este sector el que ha venido sosteniendo la alimentación de millones de peruanos durante la pandemia, y sobre todo que se debe diversificar la economía y no solo depender de las rentas del extractivismo minero, dado que los impactos que esta actividad genera en los territorios son más que evidentes. Esperamos que el gobierno de Castillo sea realmente el gobierno de los pueblos y desde la Red Muqui le auguramos los mejores éxitos en tiempos tan difíciles.