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Por: Bladimir Martínez – Equipo Técnico de DHUMA-Puno

Los grandes retos en materia ambiental del Perú a los que el presidente electo Pedro Castillo Terrones hizo referencia en su mensaje a la nación el 28 de julio, están ligados intrínsecamente a las actividades mineras y sus impactos en el ambiente.

En las dos últimas décadas, la industria minera peruana ha tenido una presencia importante a nivel mundial, principalmente, porque el Perú es considerado como uno de los principales países productores de minerales. Según la encuesta mundial Mineral Commodity Summaries[1], el Perú cuenta con las mayores reservas de plata a nivel mundial, segundo país con las mayores reservas de cobre y molibdeno; así como cuarto en reservas de plomo. Además, a nivel latinoamericano, ocupa el primer lugar en reservas de plomo, plata y molibdeno, el segundo lugar en reservas zinc, oro y cobre, y el tercer lugar en reservas de estaño[2].

Sin embargo, el apogeo de la minería en el Perú y su impacto positivo sobre la economía nacional entre los años 2003 y 2012 “han estado acompañados del crecimiento de varias actividades abiertamente ilícitas”. En ese sentido, “[la] tala y la minería ilegal y narcotráfico son algunos de los rubros que se han expandido en diferentes zonas del país, y su influencia ha sido y continúa siendo manifiesta en los territorios donde se han implantado” [3]. Adicionalmente, se evidencia la proliferación de la minería ilegal cuya expansión está directamente vinculada con el incremento de precio de los minerales o su alta cotización internacional[4].

En el año 2014, el MINAM advirtió que la minería ilegal venía operando en todas las regiones del Perú[5]. En los estudios realizados en los últimos años, se observa que las regiones del país más afectadas por este fenómeno son principalmente las que se encuentran en la Amazonía y la zona andina: Madre de Dios, Cusco, Puno[6].

Dentro de los impactos más graves de esta cancerígena actividad se encuentra la contaminación del agua, especialmente cuando el Perú ocupa un lugar privilegiado en el mundo respecto a la disponibilidad de agua, según lo señalado por las Naciones Unidas, puesto que está ubicado dentro de tres vertientes hidrográficas: Atlántico o Amazonas, que cuenta con el 97,3 % del agua disponible; Pacífico con el 2,2 %; y Lago Titicaca con el 0,6 % del agua; según refiere el informe de Adjuntía N° 001-2019-DP/ AMASPPI.MA “entre las principales fuentes de contaminación se tiene la existencia de pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos; así como las toneladas de mercurio arrojadas a los ríos producto de la minería ilegal”[7].

Asimismo, según refiere la Evaluación Inicial del Convenio de Minamata sobre mercurio en el Perú[8], en el período 1981 y 2003 se degradó el 15,3 % del territorio peruano (19 271 100 has). En esa línea, se estimó que “de continuar este ritmo de degradación, al año 2100, el 64 % del territorio del Perú, estará afectado por procesos de esta naturaleza, lo que incluye a la costa y sierra”.

La contaminación causada por la minería, es una muestra del fracaso de la implementación del Ordenamiento Territorial y la Zonificación Económica Ambiental como medidas de gestión territorial por los diferentes gobiernos que hemos tenido. Por ello, se debe reestructurar el procedimiento para incluir la participación de las comunidades originarias, y permitir que estas organicen su territorio bajo su derecho consuetudinario.

Por lo anterior, no solo basta con garantizar el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental como lo mencionó el 28 de julio el presidente electo, sino también se debe dotar de herramientas participativas para promover la vigilancia y monitoreo ambiental desde los territorios, especialmente en territorios con actividad minera, para de esta forma potenciar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Asimismo, el camino hacia la minería sostenible no es la única opción, en cambio se debe promover las alternativas al desarrollo y siembra y cosecha de agua desde los pueblos y para el pueblo.

Por último, si bien el anuncio del presidente Castillo respecto a la creación de instrumentos de gestión para la implementación de un Plan Nacional de Atención a Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas es un anuncio alentador, este debe garantizar que los más de 10 millones de peruanos expuestos a estas sustancias toxicas puedan acudir a atención integra de salud oportuna[9].

 

[1] U.S. Geological Survey (2020). Mineral Commodity Summaries 2020. U.S.: U.S. Geological Survey.

[2] Ministerio de Energía y Minas – MINEM (2020a). Anuario Minero, 2019. Lima: MINEM.

[3] De Echave, J. (2016). La minería ilegal en Perú. Entre la informalidad y el delito. Nueva Sociedad, 263, pp. 131 – 144.

[4] Barba, R. (2020). La minería ilegal, la otra destrucción de la Amazonía. Universidad de Navarra. Recuperado de https://www.unav.edu/web/globalaffairs/detalle/-/blogs/la-mineria-ilegal-la-otra-destruccion-de-la-amazonia.

[5] Ministerio del Ambiente – MINAM (2014). MINAM. Esta no es una revista más sobre el medio ambiente. Quién es quién en la minería ilegal. Lima: MINAM.

[6] Rumbo Minero (2019). Madre de Dios, Cusco y Puno son las regiones más afectadas por la minería ilegal en Perú. Rumbo Minero. Recuperado de https://www.rumbominero.com/noticias/mineria/madre-de-dios-cusco-ypuno-son-las-regiones-mas-afectadas-por-la-mineria-ilegal-en-peru/.

[7] Tipian, P. y Vásquez, L. (2019). Informe de Adjuntía N° 001-2019-DP/ AMASPPI.MA En defensa de nuestros recursos hídricos: Actuación defensorial frente a la gestión de pasivos ambientales y la erradicación de la minería ilegal. Lima: Defensoría del Pueblo.

[8] Ministerio del Ambiente – MINAM (2020). Evaluación inicial del Convenio de Minamata. Sobre el mercurio en el Perú. Lima: MINAM.

[9] INFORME N° 060-2020-JAMC-DENOT-DGIESP/MINSA. Propuesta de modificación de la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM mediante la que se crea la Comisión Multisectorial para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la población Expuesta a Metales Pesados.

Por: Juan Aste Daffós

El discurso inaugural del presidente Pedro Castillo el 28 de julio 2021 logró calmar a los empresarios y a la gente al plantear la consolidación y mejora de la actual política de salud, la reanudación de las clases presenciales en el 2022, y la pronta reactivación de la economía a fin de recuperar el empleo perdido mediante el impulso de la inversión pública, las facilidades para reprogramar las deudas, obtener créditos para el agro, las pymes, el turismo y el transporte, además de un bono de 700 soles a cada familia vulnerable.

Sin embargo, en el discurso, el eje estratégico de la economía está centrado en la profundización del extractivismo minero, con una gestión ambiental muy permisiva. Las economías de Bolivia con gobiernos de izquierda como el de Evo Morales y Luis Arce ahora, y la de Ecuador con Rafael Correa y Guillermo Lasso han hecho lo mismo.

Así, para el gobierno de Castillo: “los proyectos mineros van” si cumplen con el criterio de la rentabilidad social, es decir, si se comprometen en generar mayores ingresos y empleo dinamizando las economías locales, por lo que la licencia social, manifestada en la consulta a las poblaciones locales involucradas, es dejada de lado, o se aplica tal como ahora, en que se consulta la resolución administrativa que aprueba los estudios de impacto ambiental o las modificaciones a este.

Cuando el presidente Castillo nos dice que la rentabilidad social se considera superior a la licencia social, es decir, al derecho a la consulta de las poblaciones locales, está otorgando la prioridad a los proyectos mineros porque supuestamente generarán los recursos estatales necesarios para financiar proyectos de inversión pública en salud, educación, en el agro y otras actividades. Pero, sin diagnóstico de la minería y con un enfoque fundamentalmente económico y subordinado a lo que decida el Estado en los territorios, quedan de lado las alternativas de vida de las poblaciones locales, y ello es solo garantía de mayores conflictos socioambientales.

El discurso de Castillo refuerza el criterio de la rentabilidad social, cuando para promover los proyectos de inversión, sostiene que “Esto significa un nuevo pacto con los inversores privados, donde el Estado intervenga para reducir costos, facilitar procesos, mantener la seguridad jurídica, y a cambio la población local y el país reciban contribuciones que generen desarrollo y mayores oportunidades con un real cuidado del medio ambiente.” Y a nivel territorial, ocurre igual cuando afirma que se debe poner orden en la minería “sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto”.

Asimismo, cuando el presidente Castillo asume el criterio de la rentabilidad social como “una nueva forma de hacer proyectos en el Perú”, coincide con la propuesta del “Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (ICDMS) de la PCM (feb 2020) del gobierno de Vizcarra, avalada por la Sociedad Nacional de Minería, que para enfrentar el fracaso histórico estructural del perjuicio y empobrecimiento de las poblaciones del entorno de los proyectos mineros, y lograr el apoyo social al proyecto minero, propone la “construcción del entorno social favorable a cada proyecto”.

Esta propuesta consiste en que la inversión minera implemente un plan piloto y luego uno de mediano plazo del llamado “Plan de Desarrollo Territorial, Sostenible e Integrado” con la participación del gobierno nacional, el gobierno regional, las municipalidades, las empresas y la sociedad civil en cada lugar del entorno de un proyecto minero, señalando que la consulta no es vinculante. Se trata de ofrecer apoyo en la elaboración de planes de desarrollo y recursos económicos a cambio de aprobar un proyecto minero, pero incluso en esta opción, las empresas incumplen los acuerdos una vez que las operaciones se inician, generándose nuevos conflictos.

Los puntos propuestos por el presidente Castillo que aportan, aunque parcialmente, están referidos a la urgente necesidad del reconocimiento de las comunidades indígenas para hacer valer sus derechos amparados en el convenio 169 de la OIT. También se hace una mención indirecta a la consulta cuando al referirse a la toma de decisiones de la mayor importancia, solo se afirma débilmente que “se consideren las voces de los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afroperuano.”

Respecto a la gestión ambiental, se señala la creación de instrumentos, cuando en realidad se trata de darle continuidad al Plan Nacional Actualizado del Convenio de Estocolmo pre publicado el 23 dic 2019 y a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y el Plan de Acción 2014 al 2018 -editado en nov del 2014-, ambos publicados por el MINAM, más el «Plan de Atención lntegral de Salud a las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas aprobado por ESSALUD el 31 enero 2020.

El gobierno de Castillo plantea abordar la demanda por adecuar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de agua, aire y suelo, existiendo además los de ruido, gestión de sitios contaminados y relaciones no ionizantes, frente a la desregulación aplicada desde el 2013 por el MINAM, que ha hecho más permisivos los ECA de agua, como el de “riego de vegetales y bebida de animales”, y el de aire, como el dióxido de azufre. Se sabe que la actividad minera siempre contamina las cuencas donde se ubican sus diferentes componentes que emanan gases, partículas y efluentes, generando degradación irreversible sobre los ecosistemas, razón por la cual la minería no es sostenible.

Existen varias propuestas de Ley de Ordenamiento Territorial en el Congreso de la República, y el gobierno de Castillo ha asumido el reto de darle continuidad a lo que ya está en curso. Sin embargo, un avance en esta dirección es darle el carácter de vinculante a las consultas vecinales realizadas, por ejemplo, en el valle de Tambo (Tía María en Arequipa), en el valle de San Lorenzo (Tambogrande en Piura) y en las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta (Huancabamba y Ayabaca, Piura), y no permitir que se siga generando incertidumbre, estrés y más muertes en estas poblaciones locales. Sin embargo, el nuevo ministro de Energía y Minas, Iván Merino, dejó abierta la posibilidad que Tía María opere, al declarar el primer día de su gestión: “la población que no le ha dado la licencia social. Si ellos resuelven ese tema, el proyecto iría».

A contracorriente del deseo manifiesto de las empresas mineras de eliminar el financiamiento del OEFA para evitar la determinación de las infracciones ambientales y luego aplicar las multas, el gobierno de Castillo ha propuesto eliminar las trabas que impiden el cobro de dichas infracciones ambientales, las cuales deben utilizarse para fortalecer la gestión pública ambiental.

El gran vacío en el discurso del presidente Castillo ha sido el enfoque territorial y participativo de la gestión pública, y dentro de este el tema de la gestión del agua y su relación con la actividad minera, por ejemplo, en la determinación de las fuentes hídricas por las propias empresas mineras y su uso en perjuicio de las comunidades y poblaciones locales. Así, el rol, las normas y las acciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deben adecuarse para proteger las cuencas y los territorios de las comunidades frente al alto riesgo del impacto de la minería, así como, se requiere la aprobación de una ley que institucionalice la vigilancia y el monitoreo ambiental realizado por las comunidades y organizaciones sociales de las áreas urbanas, complementariamente a la labor del OEFA, ANA, DIGESA, SENASA y otras.

También estuvo ausente la necesidad de avanzar en la descentralización de la gestión ambiental, en particular de los conflictos mineros, que representan más de las dos terceras partes del total de conflictos socioambientales, habiendo estado activo el conflicto de Las Bambas. Así también, llama la atención en el discurso el vacío respecto a la necesidad de modificar normas y conductas de los representantes del Estado para garantizar los derechos de las comunidades y poblaciones locales frente a la criminalización de la protesta social.

PRONUNCIAMIENTO: BICENTENARIO DE LOS PUEBLOS.

RETOS PARA LOS 100 PRIMEROS DÍAS DEL GOBIERNO DE CASTILLO

El Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado oficialmente a Pedro Castillo Terrones como presidente y a Dina Boluarte como vicepresidenta de la República del Perú, decisión que saludamos y reconocemos desde la Red Muqui. El triunfo de Pedro Castillo es el triunfo de los pueblos frente a los grupos de poder, los medios de comunicación y los partidos de la derecha más conservadora en el país. Esto abre un nuevo escenario político, precisamente en el año del Bicentenario de la República.

Los desafíos y retos a encarar para el gobierno de Castillo son enormes. A la complicada situación de la pandemia y la voceada tercera ola, se suman las dificultades para la reactivación económica y la crisis política.  Las promesas y aspiraciones de cambio que encarna el actual presidente son muy altas; los pueblos en el país, especialmente de comunidades rurales, andinas y amazónicas, demandan cambios estructurales, reconocimiento y protección a sus derechos colectivos.

La demanda más significativa de estos pueblos, que la Red Muqui respalda, es el proceso popular constituyente, que implica el debate y propuesta de alternativas para la elaboración y aprobación de una nueva constitución. Una constituyente donde los pueblos participen del proceso refundacional del Estado debe ser:  soberana, plurinacional, paritaria y democrática. Además, dicho proceso debe garantizar la participación de todas, todos y todes, así como la representación de los pueblos indígenas u originarios históricamente excluidos.

A la consigna erróneamente sostenida de “Perú: país minero”, se contrapone la realidad de un país mega diverso que no debe ser negado por la dependencia sobre un solo sector productivo como la minería. El extractivismo depredador no ha logrado someter a nuestras comunidades y pueblos. Las resistencias en todos los territorios están yendo de la mano con múltiples alternativas económicas locales y comunitarias, como la pequeña agricultura, la protección de cabeceras de cuenca, el cuidado del agua y los bosques, la pesca artesanal, etc.

Para los cambios que necesitamos, es necesario que el sector minero en nuestro país deje de ser el sector más privilegiado, ya que, amparados en marcos normativos que los favorecen, no respetan los estándares en materia ambiental y social. Más aún en contextos globales como el actual, donde algunos minerales, como el cobre, vienen incrementando considerablemente su precio (actualmente la libra se cotiza a más de cuatro dólares), muy superior al “súper ciclo minero” de la década pasada. Frente a ello, deben eliminarse las exoneraciones tributarias y aplicarse un impuesto a las ganancias extraordinarias de la minería.

Bajo lo planteado, y de cara al nuevo gobierno de Pedro Castillo y el nuevo Congreso, planteamos algunas propuestas que deben ser asumidas en los 100 primeros días de gobierno, así como en el mediano plazo.

1.- Salud humana y ambiental.

La pandemia de la Covid-19 ha desnudado la profunda crisis en la salud pública en el país dejando un saldo de casi 200 mil compatriotas fallecidos. Esta crisis, para el caso de los territorios con extractivismo minero, se acrecienta generando una doble vulnerabilidad, debido a los impactos y daños irreparables a la vida y al medio ambiente que provocan. Es así que, según un reciente informe del Ministerio de Salud (MINSA), cerca de 10 millones de personas en nuestro país están en situación de riesgo por estar expuestos a la presencia de metales pesados a su alrededor. Los casos más dramáticos son los niños y niñas de Cerro de Pasco, La Oroya, Espinar, Cajamarca y otras regiones, con cadmio, arsénico, plomo o mercurio. Esto se debe a los más de 8 mil pasivos ambientales mineros y áreas de producción minera activas de todo tamaño, incluyendo la minera ilegal e informal. Ello impacta sobre cuencas y ríos, sin un adecuado control y fiscalización de la autoridad ambiental. Por lo tanto, es urgente aprobar e implementar de manera efectiva una política de atención integral para personas afectadas por metales tóxicos. Uno de los ejes principales es el fortalecimiento de la atención primaria de la salud en zonas de actividad minera como parte de una gran reforma de la salud pública en el Perú.

2.- Gestión y acceso al agua.

Una de las principales demandas de los pueblos afectados por la minería es que se garantice de manera efectiva el derecho al acceso al agua de calidad y se respete las fuentes de agua en los territorios. Los proyectos mineros impactan gravemente no solo en la cantidad sino en la calidad de este bien común. Por ello, el Estado, especialmente la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debe cambiar el régimen de gestión de los recursos hídricos, que privilegia el uso productivo y que afecta el uso del agua para la población y la actividad agropecuaria. Además, se debe lograr la protección efectiva de las “cabeceras de cuenca” declarando su intangibilidad, así como el reconocimiento de los vigilantes y monitores ambientales indígenas, claves para lograr la gestión comunitaria.

3.- Ordenamiento territorial y derechos de los pueblos indígenas.

Casi el 14% del territorio peruano está concesionado a actividades extractivas mineras según datos del INGEMMET. El 35% de territorios de las comunidades campesinas y nativas de costa sierra y selva tienen presencia de proyectos extractivos. Estas concesiones se otorgan de manera centralista, sin información, sin consulta previa y sin consentimiento de las poblaciones, lo que genera una alta conflictividad social. Es evidente el rechazo de la población local a proyectos como Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, Río Blanco en Piura y Antamina en la sierra y costa de Ancash, donde el Estado y las empresas mineras han intentado, y en algunos casos han logrado imponer estos proyectos a través del uso de fuerza y la violencia. Al respecto, una tarea imprescindible del nuevo gobierno es garantizar el respeto y reconocimiento a la decisión autónoma de los pueblos. Los procesos de consulta previa y participación ciudadana deben ser idóneos y vinculantes, que permitan a las poblaciones afirmar su derecho para decidir sobre los bienes comunes y sus territorios, coherentes con políticas de ordenamiento territorial que el Estado debe implementar.

4.- Criminalización de la protesta y defensores ambientales.

La Defensoría del Pueblo asegura que más del 60% de los conflictos son de tipo socio ambiental. De estos, el 65% de los conflictos sociales está vinculado a la actividad minera. Las poblaciones, comunidades, pueblos originarios y sus líderes y dirigentes que rechazan la actividad minera y extractiva en sus territorios, son constantemente estigmatizados, judicializados, criminalizados y privados de su libertad. Por ello, consideramos que el nuevo gobierno debe derogar las normas que promueven la impunidad policial, como la Ley N° 31012. También es necesario que se reconozca el derecho a la protesta, a su no criminalización y que no se vuelva a decretar Estados de Emergencia preventivos en territorios indígenas. Así mismo, se requiere un trabajo articulado con el Ministerio Público y el Poder Judicial en una política de reconocimiento de los defensores ambientales para el cese de acciones judiciales y fiscales que los criminalicen.

5.- Reactivación del agro y la promoción de alternativas.

La agricultura en nuestro país emplea a más del 20% de peruanos y peruanas y alimenta al país con más del 70% de los productos. Durante la pandemia ha sido uno de los sectores más afectados. Sin gozar de un apoyo específico, claro e importante de parte del Estado, las y los campesinos han tenido que afrontar la caída de sus precios, las limitaciones para el transporte de sus productos, sequías, falta de agua y de conectividad en zonas rurales, el aprovechamiento de los intermediarios, la competencia con productos importados, entre otras dificultades. Todo ello supone atender de manera inmediata la demanda de más de 2,2 millones de pequeños productores del país que trabajan la agricultura familiar para que garanticen la alimentación de los peruanos y peruanos. De igual manera, en este nuevo período corresponde visibilizar y promover la agricultura familiar como parte de las alternativas al desarrollo frente al extractivismo minero, una agricultura con un enfoque agroecológico, que sea parte de una política y plan económico que a mediano y largo plazo permita disminuir la dependencia de la minería.

Finalmente, para llevar a cabo todos estos cambios del bicentenario, es importante que el presidente Pedro Castillo designe responsabilidades claves a personas comprometidas y consecuentes con la transformación del país. Su gabinete ministerial, principalmente en las carteras de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, y la cartera de Ambiente debe guardar coherencia con las expectativas de todo el país: que el gobierno de Castillo sea realmente el gobierno de los pueblos soberanos.

Lima, 27 de julio del 2020.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Finalmente, Pedro Castillo ha sido proclamado como presidente electo del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el período 2021-2026. De esta forma la señora Keiko Fujimori afronta su tercera derrota y esperemos la última, ya que el fujimorismo y sus aliados han querido desconocer hasta el ultimo momento el actual proceso electoral hablando de fraude, aun ahora insisten que la elección de Castillo no es legítima, y que seguirán movilizados para reclamar su “derecho al voto”. Para la mayoría de peruanos y peruanas va quedando claro que la elección de Castillo es legítima y  la urgencia de cambios en nuestro país es necesaria, por ello esperamos que las promesas políticas señaladas por Pedro Castillo sean asumidas y canalizadas adecuadamente.

Dentro de las medidas más urgentes que tiene que atender el gobierno del Castillo están la atención a la pandemia de la Covid-19, la educación y el retorno a las clases, la reactivación económica, atención a la agenda postergada de los pueblos andinos y amazónicos, así como encausar la convocatoria a una asamblea constituyente con la participación de todos los sectores y actores del país. En su primer discurso como presidente electo ante el JNE, Pedro Castillo ha señalado que la prioridad de su gobierno será atender la pandemia, la educación y la niñez, y ha convocado a todas las fuerzas políticas y actores sociales del país a construir la unidad del Perú en el año del Bicentenario. Esperemos que estos compromisos asumidos se mantengan hasta el final de su mandato, y que en los primeros 100 días de su gobierno podamos ver el inicio de ese proceso de cambio.

En la línea de plantear la agenda de los pueblos en los 100 primeros días del gobierno de Castillo, desde la Red Muqui alcanzaremos algunas propuestas y agendas que se deben anunciar en el mensaje a la nación del 28 de julio próximo. Dado que el principal respaldo de Castillo proviene de las poblaciones rurales en el país, es imperativo que se tomen medidas de reconocimiento pleno a las autonomías de los pueblos y al respeto a sus propias decisiones, sin discriminación y racismo; apoyo decidido a la agricultura familiar, ya que es este sector el que ha venido sosteniendo la alimentación de millones de peruanos durante la pandemia, y sobre todo que se debe diversificar la economía y no solo depender de las rentas del extractivismo minero, dado que los impactos que esta actividad genera en los territorios son más que evidentes. Esperamos que el gobierno de Castillo sea realmente el gobierno de los pueblos y desde la Red Muqui le auguramos los mejores éxitos en tiempos tan difíciles.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

Casi todas las semanas venimos señalando sobre la inminente proclamación de Pedro Castillo como el virtual presidente del país; sin embargo, cada semana también el fujimorismo y sus aliados aparecen con nuevas leguleyadas con el único objetivo de demorar la proclamación de Castillo. Esta semana la misma Keiko Fujimori ha señalado que no van a reconocer el triunfo de Castillo; insisten en el fraude y seguirán movilizándose, incluyendo acciones de violencia como las que han ocurrido recientemente contra funcionarios del gobierno y periodistas que cubrían estos hechos. La estrategia del fujimorismo no solo es deslegitimar el triunfo de Castillo, si no generar una sensación de enfrentamiento y violencia entre peruanos y peruanas.

Mientras estamos enfrascados hace varias semanas en este escenario político, las comunidades y organizaciones indígenas andinas y amazónicas exigen, y con justa razón, que se prioricen sus demandas. Tenemos el caso de Las Bambas en Apurímac en que un grupo de dirigentes comunales llegó a Lima estos días para exigir que el nuevo gobierno garantice la atención y los compromisos firmados por las autoridades salientes. En la misma línea, pobladores de la cuenca del río Coata en Puno exigen atención inmediata a las comunidades afectadas por metales tóxicos, para ello realizaron un paro preventivo de 48 horas recientemente. Aun así, existe incertidumbre sobre como se atenderá sus pedidos en el próximo gobierno.

Del mismo modo las organizaciones indígenas nacionales en las ultimas semanas han venido exigiendo que se priorice la aprobación de varias leyes que garantizan el ejercicio y protección de sus derechos en el Congreso de la República; sin embargo, la mayoría de estas iniciativas legislativas se han observado u archivado. Estas leyes tenían que ver con la protección de la madre naturaleza, fortalecer la vigilancia ambiental comunitaria, entre otras exigencias. Por el contrario, se quiere aprobar leyes que buscan militarizar los territorios indígenas como la de los Comités de Autodefensa, ya que no solo va en contra de las comunidades, si no que buscaría enfrentarlas con las rondas campesinas. Así como esta norma, se han aprobado varias otras que van en contra de los derechos colectivos de los pueblos andinos y amazónicos.

Desde la Red Muqui creemos que la agenda históricamente postergada de los pueblos indígenas debe ser atendida, estos pueblos han votado mayoritariamente por Pedro Castillo y esperan que se planteen cambios en favor de sus demandas, no solo en materia de salud y educación, sino que se respete sus territorios y modos de vida como el derecho a la autodeterminación y autogestión de los pueblos. En el año del bicentenario, el virtual presidente Pedro Castillo debe agendar una reunión con los representantes de las organizaciones indígenas y campesinas de nuestro país.

Frente a la cuarta ampliación del estado de emergencia del Río Moche, debido a la contaminación por relaves mineros, el Comité Multisectorial en Defensa del río Moche llevó a cabo el día de hoy, jueves 8 de julio, una asamblea pública en el caserío de Rayanpampa donde participaron representantes del Gobierno Regional de La Libertad, congresistas electos y autoridades locales para definir el día de inicio del paro regional indefinido.

Antecedentes

Desde el 10 de julio del 2018, la Autoridad Nacional del Agua, en salvaguarda de la seguridad ambiental y la salud poblacional, indicó al «Ministerio de Agricultura y Riego que se declare el Estado de Emergencia de recursos hídricos por 60 días ante el posible riesgo de afectación de la calidad del agua del río Moche, en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad».

‘Existe un sinnúmero de documentos que certifican que las aguas del río Moche están contaminadas, la Autoridad Nacional del Agua, en el año 2018 indicaron en su informe que el agua no cuenta con estándares de calidad ambiental, en pocas palabras lo que dijeron que el agua no es apta para consumo humano, ni siquiera para consumo animal ni vegetal, es por eso que muchas familias están perdiendo sus sembríos es una situación terrible lo que estamos enfrentando’, señaló el presidente de la Comisión Multisectorial en Defensa del río Moche, Haro Quispe.

Asamblea

En la asamblea del 08 de julio reciente también participaron agricultores y autoridades que identificaron como principal factor de contaminación del río Moche a la minería y sus relaves. Así mismo, el reciente congresista electo por la región La Libertad, Enrique Alba, se comprometió a trabajar desde el Congreso para hacer realidad la restauración del río Moche.

Esta iniciativa parte de la falta de acciones concretas de parte del gobierno regional y central para dar solución definitiva a la contaminación del río Moche, la cual pone en riesgo más de 16,000 hectáreas de cultivo, 66 mil cabezas de ganado, 89 mil aves de corral y 267 kilómetros de canales de riego.

En palabras de Alan Roy Cisneros Fernández, Vicepresidente del Comité Multisectorial, hasta la fecha ningún sector del Estado lidera las acciones para dar solución concreta frente a la contaminación por relaves mineros del rio Moche.

Por otro lado, mencionó la existencia de nuevos acreedores de las minas en abandono, que buscan utilizar nanotecnología para capturar todos los residuos. “Estos acreedores no tienen permisos para este tipo de trabajos”, precisa.

Cabe recordar que el 27 de diciembre del 2020, el último Decreto Supremo Nº 204-2020-PCM declaró en emergencia a los distritos de Quiruvilca, Agallpampa, Salpo, Otuzco, Poroto, Laredo, Trujillo, Huanchaco, Moche y Víctor Larco, por peligro inminente ante la contaminación de las aguas superficiales del río Moche.

En ese sentido, el Comité Multisectorial en Defensa del Río Moche denunció que los vegetales y frutas sembrados se pierden por la alta acidez que tienen las aguas. Alan Cisneros Fernández indicó que el 70% de lo que se siembra no logra sobrevivir.

“Tenemos que cuidar que no llegue el agua al tronco de la planta, porque el PH es de 2, y para que se desarrolle tiene que tener aguas alcalinas y un PH 5. Estas aguas queman la plantación”, sostuvo Cisneros

Viaje a Lima

En la asamblea se indicó que se ha coordinado una reunión con Pedro Castillo para trabajar una agenda futura y ver qué acciones tomar al respecto. La reunión está pactada para este sábado 9 de julio a las 10 am en Lima. Así mismo, el día lunes 12 de julio se llevará a cabo una reunión a las 3pm con la Presidencia de Consejos de Ministros en donde se busca trabajar una visión más amplia y concreta frente a la situación actual del río Moche.

Cabe señalar que la contaminación no solo se ha producido por los relaves mineros, principalmente de la actividad minera de la empresa Quiruvilca, sino también por el mal manejo local de los residuos sólidos, debido a que no cuentan con pozos de oxidación, ni tratamiento de aguas residuales, afectando más de 60 mil hectáreas.

Finalmente, se estableció una reunión para el jueves 22 de julio donde se dará a conocer los acuerdos logrados en el viaje a Lima y ver qué acciones tomar en base a ello.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Ante la inminente proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República, Keiko Fujimori y sus aliados han salido con otra estrategia: pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), para lo cual han solicitado que el presidente Sagasti pida una auditoría de las recientes elecciones de segunda vuelta. No contentos con ello, un grupo de “seudo-políticos reciclados” han viajado a las oficinas de la OEA en Washington – EEUU para presentar este pedido, señalando que hubo fraude en Perú pero que no tienen la forma de probarlo. Como era de esperarse, ningún funcionario serio de este organismo los ha recibido, por el contrario, todos hemos podido ver por redes sociales y a través de algunos de sus medios aliados la vergüenza internacional que vienen pasando. Mientras tanto, en nuestro país el JNE ha desestimado la mayoría de recursos y pedidos de nulidad que ha presentado el fujimorismo, por lo que esperamos que en los próximos días se oficialice la proclamación de Pedro Castillo como presidente del Perú.

De otro lado, los aliados del fujimorismo en el Congreso tampoco descansan: estos días las bancadas y congresistas golpistas han promovido por enésima vez una censura contra la mesa directiva del Congreso que es presidida por Mirtha Vásquez, quien viene resistiendo con entereza y fortaleza estos ataques de parte de los desestabilizadores, ya que el día de ayer no han logrado su cometido. Con 85 votos en contra, 20 a favor y 7 abstenciones ha quedado ratificada la mesa directiva. No contentos, los aliados del fujimorismo ahora buscan elegir de manera express a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el objetivo de esta elección es dejar aliados en el TC para que ante un eventual pedido de vacancia presidencial actúen en favor de quienes los han puesto ahí, es decir las mafias golpistas. El llamado «golpe parlamentario» no ha prosperado, pero está claro que no se van a quedar tranquilos. Seguramente intentarán alguna otra acción desestabilizadora hasta el último día de sus funciones en el Congreso de la República.

Finalmente, un tema no menos importante es lo que viene pasando en el escenario global y tiene que ver con la subida del precio de los minerales, principalmente del cobre, que actualmente se cotiza por encima de los 4 dólares por libra; un precio más alto que el super ciclo minero que tuvimos entre los años 2002 y 2013. Por ello, nos parece imperativo empezar a hablar sobre el impuesto a las sobre-ganancias de la actividad extractiva minera. Una de las primeras medidas que debe encarar el gobierno de Pedro Castillo es la revisión del marco normativo de las regalías mineras, algo que los sucesivos gobiernos no han querido hacer.

Desde Red Muqui creemos que hay un marco normativo en el sector minero que está agotado y que debe ser revisado con la participación de la sociedad civil, esto pasa por cambiar la política de concesiones, revisar los contratos ley de estabilidad jurídica y tributaria con empresas mineras, la gestión de conflictos socioambientales, entre otros. Este es el pedido de las provincias y regiones mineras donde mayoritariamente ha ganado Pedro Castillo.

En la actualidad, de acuerdo al reporte de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, existen más de 80 conflictos sociales en torno a la minería, sea por que las comunidades y poblaciones exigen mayores recursos a las empresas mineras y al Estado para el beneficio de sus pueblos; porque las empresas mineras no se hacen responsables de la contaminación ambiental y a la salud que han generado en el pasado y en la actualidad; y porque hay comunidades y poblaciones que viven de la agricultura y otras actividades económicas locales que rechazan la imposición de proyectos mineros en sus territorios.

Para responder a la pregunta sobre la viabilidad y eficacia de las propuestas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori para resolver la problemática minera en el Perú, conversamos con dos especialistas: Epifanio Baca, economista del Grupo Propuesta Ciudadana; y Roxana Barrantes, economista y presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible.

Castillo ha señalado que el “70 % de utilidades se tiene que quedar para el país y que las empresas mineras se lleven el 30%. ¿Es viable esa propuesta?

Epifanio Baca:  Suponiendo que Castillo se refiere al porcentaje del Estado que recibe del impuesto a la renta. No es claro en eso. Actualmente el impuesto a la renta es casi el 30% sobre las utilidades de las empresas. Él está planteando llevarlo al 70% y que las empresas se queden con el 30%. Es un planteamiento inviable. Piensa que las empresas tienen contratos con el Estado y ahí está establecido ese pago. Las empresas mineras, como todas las empresas, pagan el impuesto a la renta que está asociado por ley y eso se da para todos los sectores. Y quien define eso es el Congreso no el Ejecutivo. Hay diferentes tipos de impuestos, por ejemplo, los que pagan las personas naturales y otros impuestos.

Roxana Barrantes: Cualquier cambio con cuanto se queda el Estado sobre el aprovechamiento de recursos mineros tiene que tomar en cuenta a nuestros vecinos  de Colombia y Chile y en qué posición nos dejaría en la atracción de inversión respecto a ellos. La información que manejo, es que la posición del Perú, respecto a lo que se queda el Estado sobre el aprovechamiento minero, es similar a la de Colombia y Chile. Ese no es un factor diferenciador para atraer inversiones en el sector. Si eso se quiere cambiar para aumentar la recaudación del Estado, creo que vamos a perder competitividad y a mediano plazo empobrecernos.

En la actualidad se está dando un alza en el precio de los minerales.

E. Baca: Está empezando un contexto favorable del alza de precios desde fines del año pasado. Eso se va a traducir para una mejora económica del sector y también para los ingresos fiscales que produce para el Estado.

Los impuestos que paga el sector minero en el primer trimestre de este año comparado con los últimos 15 años, está en el pico más alto. Ha superado en el monto del 2011-2012 que eran las cifras récord. Es una señal que con el cobre alrededor de 4 dólares la libra, que es un precio extraordinario y si se mantiene durante varios años, eso va a mejorar las utilidades de las empresas y conceptos que ellos pagan: impuesto a la renta, impuesto especial a la minería y las regalías que pagan.

R. Barrantes: Con el alza de minerales lo que tenemos que hacer es vender. Aumentar niveles de producción con los protocolos sanitarios respectivo y vender lo más que podamos.

¿Y qué propone Keiko Fujimori sobre la recaudación de ingresos en el sector minero?

E. Baca: El planteamiento del fujimorismo es dar facilidades para la inversión. No tiene una propuesta para recaudar más ingresos a través de impuestos. Es lo mismo que la Confiep, «bajemos la tramitología, facilitemos la inversión». Mano dura y cumplimiento de la ley en aquellas zonas donde se bloque la carretera. Llevarán supongo al ejército para que continúen los proyectos mineros.

R. Barrantes: El fujimorismo no tiene metas en minería muy claras al respecto. No tiene nada, solo está pensando en la simplificación administrativa y aumentar el personal para los ministerios del Ambiente y Energía y Minas.

Es importante tener personal capacitado, que trabaje con liderazgo claro, que pueda avanzar en el MINAM y el MINEM y todos los organismos relevantes, pero esa no es la única solución para sacar adelante más proyectos y beneficiarlos de la demanda de recursos mineros que permitan además hacer inversiones en otros sectores de la actividad económica, aumentar la productividad y el desarrollo de la ciencia y tecnología.

Necesitamos un liderazgo claro del Estado para sacar adelante los proyectos. No el Estado que recibe los pedidos administrativos,  sino el Estado que tiene que liderar el desarrollo territorial en las regiones.

¿A qué se debe el alza de los precios en los minerales?

E. Baca: El alza se debe a un factor estructural que tiene que ver con la transición energética a nivel mundial. Esta en marcha el reemplazo de energías fósiles por otras energías y específicamente el cambio más grande es la electro movilidad en los países desarrollados como la China. Significa que están reemplazando los carros que funcionan con gasolina, petróleo, a electricidad. Ese cambio genera una demanda de nuevos minerales como el cobre, litio y piedras raras para las baterías y otros insumos.

El otro factor, más coyuntural, es que la economía china va a crecer este año al 9%, después que su crecimiento cayó a 1-2%, pero no a cifras negativas como en todo el mundo. En una economía como la China, este crecimiento genera una demanda de minerales fuerte.

¿Nuestro país podrá aprovechar esta demanda?

E. Baca: El PBI del sector minero cayó 14% y la producción en términos físicos disminuyó por la pandemia. Han sido afectados en su producción. ¿Este año como será? Dependerá como estará la pandemia. Si el Estado puede controlar la pandemia, ayudará; pero en el Perú no tenemos grandes minas nuevas, tenemos ampliaciones, pequeñas minas como el proyecto Toromocho y mina Justa. No va a haber en estos tres años un aumento significativo como hubo en el 2016 con proyectos mineros como Las Bambas, Ampliación Cerro Verde y junto a ellos Hudbay, Constancia, y Antapaccay en Cusco.

Volviendo a las propuestas de Castillo, ¿es posible la nacionalización del sector minero?

E. Baca: Esas propuestas en el campo minero son difíciles de implementar. Si las empresas no aceptan la renegociación, nacionalizamos señala Castillo, pero eso no tiene pies ni cabezas. El Estado no tiene capacidad de hacer minería actualmente.

El equipo de Castillo lo que quiere es que la minería deje más plata. No tanto están con los temas ambientales, sociales de derechos humanos. Critican fuertemente a las ONGs, las acusan de estar ligadas al imperialismo yanqui.

¿Pero es imposible que el Estado administre empresas mineras?

E. Baca: El Estado actualmente no tiene capacidad para hacer vacunas,  ni para hacer plantas de oxígeno. Tenemos antecedentes en los 70s y 80s en que el Estado administró empresas mineras. Tintaya fue administrada por el gobierno regional de Cusco. En el 87-88, Patria Roja tenia la gobernación y fue un desastre económicamente. Te llevan la eficiencia al piso. No somos Chile. En Chile tienen un consenso de 40 años y la gestión es privada y funciona. Acá no se está planteando esto. Tenemos una institucionalidad débil. Las empresas publicas han sido usadas en el Perú como botines. Por ello, es bien complicado.

Una opción para futuros proyectos mineros, sería que el Estado, que tiene algunas concesiones mineras, señale a las empresas mineras: «yo te voy a concesionar esto pero quiero ser socio». Tendríamos una empresa mixta, donde el Estado es accionista, por ejemplo en un 30%, y de esa manera participa de la renta.

¿Y sobre aumentar la recaudación de impuestos?

E. Baca: No creo que sea posible aumentar la tasa del impuesto del 30%. Si se puede cambiar las regalías, como hizo Humala, que en vez de que este calculado se de sobre la base operativa, sea sobre las rentas. Como actualmente pasa con el proyecto minero Las Bambas, y en otras tres empresas más. La otra manera es el control de elusión fiscal de las empresas mineras a través de la SUNAT, que sea más rigurosa en el control para que las empresas no usen practicas elusivas para declarar menos utilidades.

Sobre las exoneraciones tributarias no son muchas, pero sí hay que retirar de la Constitución de 1993 el anclaje constitucional de los contratos ley de las empresas mineras. No puede estar protegida por la Constitución. Los contratos ley protegían todo antes. Solo deberían proteger ahora el impuesto general a la renta porque cualquier inversionista necesita seguridad a largo plazo para invertir. En el pasado incluía otros beneficios paras las empresas mineras.

¿Y sobre la protección ambiental, el fujimorismo qué plantea?

E. Baca: No van a mejorar el desempeño ambiental del Estado. Mano dura significa eso, mantener las cosas.

R. Barrantes: Keiko dice vamos a articular y hacer una convivencia armónica con la agricultura, pero no dice cómo. Y sobre la criminalización de la protesta no dicen nada. Me cuesta dar información donde no dicen nada.

Pero el fujimorismo señala que aumentarán el personal de calidad para el Ministerio del Ambiente y de Energía y Minas.

E. Baca: Conocemos al fujimorismo en el sector. Dará facilidades de apoyo al sector. Si para eso hay que bajar leyes ambientales, lo harán. Habrán mayores conflictos y aplicará la represión seguramente. El fujimorismo tiene capacidad operativa para hacer eso. Tiene gente, especialistas para hacer eso.

R. Barrantes: Están pensando que por tener más personal en el MINEM y el MINAM la convivencia va a ser más armónica.

¿Y Castillo y sus propuestas?

E. Baca: Castillo es recontra precario. Esta diciendo que va a suspender todo: Ositrán, la Defensoría del Pueblo, ATU, etc. Pero que tenga capacidad e gobierno para hacer eso , no la tiene. Para hacer eso necesitas aparato político, el ejército a tu lado, y mayoría en el Congreso. Si llegase al gobierno tiene pocas capacidades de hacer las cosas que está planteando.

R. Barrantes: En los planes de gobierno sobre el tema ambiental, Castillo no dice nada.

 

Por: Juan Aste Daffós, economista y analista

Las elecciones del 11 de abril 2021 en el Perú han mostrado casi un 50% de ausentismo y de votos en blanco y viciado que sumaron 10 millones de personas de casi 24 millones de electores hábiles, pasando a la segunda vuelta Pedro Castillo (Perú Libre) de izquierda con 19.1%, y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) de derecha con 13.4% de los votos válidos. En el congreso, la derecha supera el 70% de los escaños.

Inmediatamente a la primera vuelta, la realidad nos golpea oficialmente con más de 400 muertos promedio diarios por los efectos de la covid 19, que alcanzó un máximo de 433 fallecidos diarios el 17 de abril, 6 días después de las elecciones, a lo que se suma una vacunación de a pocos a la población más vulnerable, unido a los efectos de una economía semiparalizada que han llevado a una mayor pobreza y desigualdad y a la ampliación de las ollas comunes, mientras se han hecho más visibles los problemas en la educación por el limitado acceso a internet de la población escolar.

La encuesta de Ipsos del 15 y 16 de abril para la segunda vuelta, muestra a Pedro Castillo liderando la intención de voto a nivel nacional con un 42% sobre 31% de Keiko Fujimori, que solo supera a Castillo en Lima con 43% frente a 26%. Los estratos socioeconómicos más pobres (D y E) respaldan a Castillo por un amplio margen de 32 y 25 puntos porcentuales sobre Keiko, respectivamente, mientras en los estratos C y B gana Keiko por un margen de 8 y 9 puntos, y en el A de altos ingresos gana Keiko por 35 puntos.

La encuesta de Datum, realizada entre el 16 y 20 abril, amplía la ventaja de Castillo a 15 puntos porcentuales (41 vs 26%), y gana en todas las regiones y en los estratos medio bajo C y pobres D y E, y Keiko gana en los estratos de mayor ingreso A y B. Por edades, Castillo tiene una diferencia a favor de 16-18 puntos en los jóvenes entre 18 y 34 años y también en los mayores de 55 años, aunque en las otras edades también gana el profesor por un margen 10-11 puntos.

La encuesta del IEP (17 al 21 de abril), muestra que la diferencia a favor de Castillo es ahora de 20 puntos porcentuales (41.5 a 21.5%), casi el doble sobre Keiko, ganando en todas las macro regiones, incluida la norte, y solo en Lima hay empate técnico, y se consolida en los estratos C,D y E. Lo más interesante de la encuesta del IEP es que el 62,3% de quienes apoyan a Castillo se consideran de izquierda y el 35,5% de centro mientras que los que votarán por Keiko un 39,5% se identificó con la ideología de derecha y solo un 16.8% de centro.

¿Qué nos dice el resultado electoral del 11 abril 2021?

El resultado expresa un bajo nivel de legitimidad y una polarización de votantes donde pasaron a la segunda vuelta los candidatos de posturas más radicales; de izquierda, Pedro Castillo de Perú Libre; y de derecha, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, con una diferencia de casi 6 puntos porcentuales a favor del primero, pero juntos no alcanzan la tercera parte de los votos válidos (13.8 millones) ni a la quinta parte de los electores hábiles (23.8 millones). Luego están 3 candidatos de derecha entre 9 y 11.6%, la candidata Verónika Mendoza de izquierda con 7.8%, y finalmente hay 10 candidatos desde 6% hacia abajo.

El candidato Castillo logró una votación con mayor concentración en todos los departamentos de la sierra y en particular en el centro y sur del país; incluye a las principales zonas mineras y agropecuarias. Mientras Keiko Fujimori tuvo un mayor respaldo electoral en las zonas más cercanas a la costa, y en particular en el área urbana y en las capitales de los departamentos de la costa norte. En la amazonia, Castillo ganó en Amazonas y Madre de Dios y Keiko en Loreto y Ucayali

A su vez, el Congreso de la República tendrá mayoría de los representantes de los partidos Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular, bajo la influencia del fujimorismo, con lo cual el referéndum y las leyes vinculadas a las propuestas de la izquierda (PL y JP) podrían ser bloqueadas.  En cualquier caso, el respaldo a un probable gobierno de Castillo estará en la movilización social, y en la capacidad de incidencia de los actores sociales.

La población que votó por Pedro Castillo Terrones, profesor y dirigente sindical, rondero del distrito Tacabamba, nacido en el centro poblado de Puña, Chota (Cajamarca), encontró a un candidato que lo identificaban como uno de ellos, de los que cuestionan la situación de abandono en que el Estado ha dejado la atención de la salud, la educación, el apoyo a la agricultura familiar abastecedora de alimentos a las ciudades, y rechazan a los gobernantes corruptos y a los partidos políticos que solo los buscan en campañas electorales para pedirles el voto, y después pasan a ser los “nadie” de siempre.

La votación por Castillo no solo expresa el rechazo de una población a la situación existente, sino que este se ha encarnado en una persona a quien reconocen como un igual o uno de ellos mismos, mostrando que esta actitud colectiva ha llegado para quedarse.

El apoyo a Keiko viene de los estratos de medios y altos ingresos que no quieren que la situación económica cambie, por quiénes se beneficiaron de las ventajas otorgadas en los 90s por la dictadura de Fujimori, y por las donaciones y obras en apoyo a los sectores populares del país, en el marco de un manejo sin control y corrupto de los recursos del Estado.

Ahora, en medio de la pandemia y una semi parálisis económica, el apoyo a Keiko no solo se lo da la gente que se benefició en los 90s y ha sido influenciada 30 años por el neoliberalismo, sino también por comerciantes y trabajadores informales que creen o han asumido que un gobierno de izquierda significaría la caída total de la economía, afectándolos a ellos y a la clase media, que suponen se quedarían sin trabajo e ingresos.

Lo cierto es que, a más mercado, individualismo, desigualdad, discriminación, corrupción y menos democracia, el voto ha sido por Keiko, y donde hay menos mercado, más economía comunal, interés colectivo, reciprocidad, menos corrupción y más democracia, el voto ha sido para Castillo. Sin embargo, en ambos casos, prima el conservadurismo respecto a los derechos civiles y un sentido autoritario de orden y mano dura.

¿Cuál es el escenario electoral para la Segunda Vuelta?

Las encuestas muestran que Castillo ha seguido ampliando su ventaja a casi el doble que Keiko en intención de voto en todos los departamentos del país y también por edades, y por estratos socioeconómicos. La intención de voto para Castillo está consolidada en las poblaciones de ingresos medios y bajos C, D y E y Keiko solo gana en los estratos de mayores ingresos A y B. “Los de abajo” que votan clamando cambios están con Castillo y “los de arriba”, que quieren que no cambie ni el modelo ni la constitución están con Keiko. La izquierda ha recuperado legitimidad y un espacio político con posibilidades que dependerá de la participación de la población y las organizaciones sociales en las decisiones desde sus territorios y en los diferentes niveles del Estado.

La estrategia de Castillo es presentarse como la única voz autorizada, descartando la voz de Cerrón (secretario general de Perú Libre), y ser un candidato dialogante que buscará consensos con las organizaciones y movimientos sociales y políticos e incluso con organizaciones empresariales, para salir de la crítica situación de la salud y la economía, luchar contra la corrupción en los diferentes niveles de gobierno, el poder judicial y empresas como Odebrecht y su círculo de beneficiadas. Para ello, ha moderado sus propuestas, comprometiéndose en respetar los cauces institucionales en el marco de la constitución actual hasta que sea cambiada por una asamblea constituyente.

La estrategia de Keiko es promover que un gobierno de la “izquierda comunista” llevará a la confrontación y la pobreza, desapareciendo a la clase media y a los pobres informales que subsisten con lo que ganan a diario, siguiendo el camino del “Socialismo de Venezuela”, pero también se ha preocupado por declaraciones de Evo Morales por “interferir en las elecciones en el Perú” apoyando a Pedro Castillo, mostrando su preocupación que la gente mire con optimismo el camino de Bolivia.

A raíz de la mayor distancia obtenida por Castillo según todas las encuestas, el conjunto de medios vinculados al grupo El Comercio y otros de la derecha más conservadora están en una campaña abierta contra el candidato Castillo, complementada con paneles publicitarios mostrando que el peligro del comunismo nos llevaría a la pobreza y a seguir el camino de Venezuela. Pero esta campaña está siendo una especie de bumerang. Lo único que evidencia esta campaña es desesperación frente a la subida sostenida de Castillo en las encuestas.

Las propuestas centrales de Pedro Castillo son:

Castillo ha asumido autonomía en la presentación de las propuestas, las que ha moderado, mostrando independencia de Cerrón y Perú Libre, para facilitar el diálogo más amplio con las fuerzas políticas y sociales.

Por la urgencia para afrontar la pandemia, ha propuesto incrementar al 10% el presupuesto de salud al igual que al sector educación, y resulta evidente que la primera medida que implementará será proponer que el Congreso apruebe la realización de un referéndum para el cambio o no de la constitución a través de una asamblea constituyente, que sea integrada por representantes del pueblo y también de los empresarios.

En el marco de una “Economía Popular con Mercado”, propone la nacionalización del gas, petróleo, minería, hidroenergía, y comunicaciones, aunque se ha centrado en la renegociación de contratos como el del gas de Camisea, en el marco de un Estado soberano que fortalezca la economía interna. Sin embargo, ha señalado que los proyectos mineros Conga y Tía María no van y que “habrá minería allí donde la naturaleza y la población lo permitan”. Luego se ha comprometido a llevar adelante una segunda reforma agraria otorgando un mayor presupuesto para el sector.

Asimismo, Castillo propone incorporar las rondas campesinas al sistema nacional de seguridad, articulando esfuerzos con la PNP y las municipalidades; eliminar el sistema de las AFP; establecer un sistema nacional de pensiones, y crear un nuevo banco estatal. Establecer un nuevo sistema de elección del Tribunal Constitucional con participación popular. Sin embargo, presenta un vacío importante en la política y la gestión ambiental y una visión conservadora en cuanto a los derechos civiles, en particular en lo referente a los derechos de la mujer.

Las propuestas de Keiko son:

Generar riqueza, no pobreza y promover la micro, pequeña y gran empresa, sin expropiación ni estatización, en el marco de una economía social de mercado. “No marxismo ni comunismo”. Propone “que el Perú sea un país de primer mundo, no Corea del Norte”; sin embargo, el Perú ha sido llevado “al otro mundo”, producto de las enormes desigualdades y pobreza que la pandemia ha desnudado.

Argumentando que la responsabilidad de la crítica situación económica y social para las mayorías del país es de los gobiernos anteriores y no el de su padre, Keiko propone no hacer cambios en la política económica ni en las prioridades del modelo económico sostenido en la exportación minera y la agroexportación, complementados por los sectores de la construcción, bancos, y comercio y servicios vinculados a las importaciones, que han desplazado producción y empleo peruanos, creciendo la informalidad, la economía ilegal y con ellas la inseguridad. Por ello, se ratifica en la Constitución de 1993 impulsada por A Fujimori.

Como puede verse, las propuestas de Castillo tienen que ver más con la realidad del país y las demandas de la gente, mientras las propuestas de Keiko, salvo el apoyo general a la micro, pequeña y gran empresa, el resto son deseos o principios para identificar o etiquetar a Castillo como “comunista” a fin de verlo como un peligro para el país.

¿Qué propuestas emergen en esta mirada?

La decisión del pueblo de llevar al profesor Castillo al gobierno demanda que el movimiento social y político y las mayorías del país que lo respaldan, no lo dejen solo con su equipo en las decisiones que tomen hasta las elecciones del 06 de junio y luego de estas, sino que el propio Castillo y las organizaciones sociales tienen que exigir la participación popular ahora, y si llega al gobierno, debe hacer lo propio en las decisiones y acciones que lleve adelante desde el Estado. El reto es que las organizaciones sociales asuman protagonismo en la solución de los problemas y la construcción de alternativas, decididas autónoma y democráticamente desde sus territorios e incidan sobre el Estado

En la agenda hoy, la prioridad es salvar las vidas de los peruanos demandando que primero está la salud y la subsistencia de la gente, y no poner por delante la “economía del país” y dejar morir masivamente a la población sin oxígeno ni camas UCI. Para ello, se requiere la participación del Estado y las organizaciones sociales desde sus territorios o barrios, para asumir el trabajo preventivo en salud y la solidaridad con las familias en desgracia, el apoyo a las ollas comunes, y medidas y acciones que garanticen agua, medicinas, atención médica, energía e internet. Esta última, para evitar una mayor pérdida de clases a los escolares.

La lucha contra la corrupción desde los territorios y barrios y en los diferentes niveles del Estado, debe darse demandando transparencia e identificación del corruptor y el corrupto, a fin de mejorar la gestión en las organizaciones sociales y en el Estado, y disponer de más recursos para salud, educación y la vida de las personas. Se debe respaldar la labor de Domingo Pérez y Rafael Vela.

El cambio del modelo económico significa colocar la prioridad en la investigación, y la generación de empleo y producción para la salud, la educación, la agroalimentación, vestimenta y calzado para la economía interna, y dejar la prioridad en la minería, mediante el respeto a las decisiones de las poblaciones locales que optan por una vida sin minería y por la conservación y protección de las nacientes de las cuencas hídricas y los ecosistemas, razón por la cual, los proyectos mineros Conga, Tía María, Río Blanco y El Algarrobo (ex Tambogrande) deben cancelarse. Urge frenar la destrucción que están generando la minería informal e ilegal.

Frente al crecimiento del comercio y servicios en la informalidad en base a productos importados que destruyen empleo y producción estimulados por la disponibilidad de dólares por las exportaciones, se hace urgente revisar las importaciones y eliminar aquellos productos de China e India que ingresan a precios prohibitivos sin cláusulas antidumping que han desplazado del mercado a muchos productores y comerciantes de productos peruanos.

Para el cambio del modelo, debe implementarse una reforma tributaria que elimine exoneraciones, y ataque la evasión y la elusión, y se aplique un ordenamiento territorial e hídrico que regule la expansión minera. Esto debe darse con una política y gestión ambiental que proteja los ecosistemas hídricos en las nacientes de las cuencas y que la amazonia sea liberada de la minería y la tala ilegales, así como, de proyectos que agudizan los efectos del cambio climático.

Vale señalar aquí, que la propuesta de entregar la propiedad del suelo y el subsuelo a las comunidades para que vendan sus territorios o se hagan socias del inversionista minero resultan contraproducentes, porque la decisión de una comunidad puede afectar la vida de otras comunidades de la misma cuenca. Peor aún, cuando después de la venta, el dinero cobrado es gastado rápidamente en la ciudad y las familias quedan convertidas en pobres marginales.

En este sentido, la participación de las comunidades y poblaciones locales en la vigilancia y el monitoreo ambiental comunitario y ciudadano, complementario a la gestión ambiental del Estado y la defensa de los derechos humanos, resultan determinantes. Estas medidas y acciones se deben dar conjuntamente con la defensa y protección de los pueblos indígenas y otros defensores ambientales. En este contexto, se debe respetar el derecho a la protesta social, sin ningún tipo de discriminación por ideas, condición social, origen étnico cultural, sexo y orientación sexual que atenten contra la igualdad de todos los peruanos. La garantía de relaciones interculturales es fundamental para un diálogo con respeto y justicia.

En base a estas líneas de acción es que se propone el inicio de un proceso popular constituyente con la participación democrática de la gente, que aborde el conjunto de temas, partiendo de las tareas en los territorios y barrios y las demandas a los diferentes niveles de gobierno, de acuerdo a las prioridades y particularidades de cada lugar. Aquí cobra mayor sentido la demanda por la descentralización de las decisiones del Estado con participación de la población organizada. A diferencia de las decisiones de arriba a abajo instituidas por el Estado Unitario como herencia colonial, debe asumirse que lo democrático es que las decisiones sean de abajo hacia arriba.

Castillo requiere hoy un disponer de un plan de gobierno y un equipo que, de llegar a la presidencia del Perú, de continuidad al diálogo permanente que ha iniciado con su campaña en la dirección de aportar a fortalecer a un movimiento social activo y participativo. Así, si es elegido presidente del Perú, cualquier bloqueo del congreso o intento de vacancia o llamado a los cuarteles estaría enfrentado a un gobierno y un movimiento social y político de respaldo que los partidos de la derecha y el centro deberán evaluar antes de tomar una decisión de tal magnitud.