Listado de la etiqueta: petroleo

A casi dos meses de ocurrido el derrame en el terminal multiboyas de la Refinería La Pampilla SAA operado por Repsol, el Subgrupo de Derrames Petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto con otros actores sociales, movimientos y organizaciones, entre ellas, Red Muqui, constatan lo siguiente:

– La limpieza no concluye sólo con el retiro del petróleo de las orillas. Persisten las manchas oleosas en el mar y zonas rocosas con petróleo, así como la pérdida de fauna silvestres intoxicada por el crudo, como lo han alertado las organizaciones de pescadores artesanales afectadas y las autoridades. Todavía no se atiende la contaminación del fondo marino.

– La metodología de limpieza no estaría siendo la adecuada. El informe de la misión de Naciones Unidas observó deficiencias en la metodología seguida por Repsol. OEFA verificó, hace unos días, que una de las empresas de limpieza tiraba arena contaminada al mar, pudiendo generar más impactos ambientales.

– No se conocen las acciones de primera respuesta de Repsol. Según establece la norma, Repsol debió entregar al OEFA el listado de primeras acciones, el Reporte de Estimación de Riesgo y el Plan de acción de primera respuesta con cronograma. Sin embargo, esta información no está disponible y, por tanto, no se puede monitorear el nivel de avance y evaluar la idoneidad de las acciones de limpieza.

– Se necesita conocer y dimensionar los daños ambientales y sociales ocasionados. Según la norma, Repsol debió identificar los daños ambientales y empadronar a las y los afectados en los 15 días posteriores de ocurrido el incidente e informar a Osinergmin, de forma que permita inventariar y valorar los daños. Sin embargo, esta información no está disponible. Esta información es clave para la remediación y compensación, por lo que las entidades del estado también deben realizar esta labor. Alertamos que el anticipo de indemnización que se viene facilitando por la PCM y ejecutando por Repsol no tiene un diagnóstico integral de los daños y viene generando división y malestar entre las y los afectados.

– Falta de liderazgo del Estado para la atención integral del derrame petrolero de Repsol. No se tiene claridad de quién es la entidad que lidera las acciones de parte del estado. No se cumplió en dirigir y participar en las acciones de contención y limpieza de manera eficiente, en identificar los daños, brindar el soporte humanitario oportuno y necesario, plantear alternativas y oportunidades de empleabilidad a las y los afectados, entre otros.

– Las investigaciones para determinar la causa y responsables del derrame están estancadas. Para conocer la causa del derrame petrolero se debe tener acceso al PLEM, la pieza principal del sistema de descarga a tierra del petróleo. No obstante, hasta el momento esta no ha sido extraída del fondo marino por Repsol, a pesar que las autoridades los han demandado, de esta forma se está poniendo en riesgo la evidencia que es clave para las investigaciones y determinación de la responsabilidad de este desastre.

Ante ello:
1. Exigimos al Estado el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental para un liderazgo claro y estratégico que articule las diferentes entidades del gobierno que permita una respuesta rápida y efectiva, con transparencia y rendición de cuentas de las acciones realizadas frente al derrame.

2. Demandamos a Repsol desarrollar acciones efectivas que garanticen la limpieza real y pronta empleando metodologías adecuadas. Asimismo, Repsol debe cumplir con sacar del fondo marino el PLEM para la continuidad de las investigaciones.

3. Exigimos información clara y oportuna de parte de Repsol sobre el Plan de primera respuesta, que debe incluir acciones de rescate de fauna silvestre, contención, limpieza, entre otros, así como los avances en su ejecución.

4. Concluyendo la limpieza, OEFA debe cumplir con exigir y monitorear a Repsol la ejecución de planes de rehabilitación y procedimientos de remediación necesarias para restituir el ecosistema y los derechos de la población afectada.

5. Exigimos a todas las entidades involucradas en la supervisión y fiscalización de las acciones de limpieza, garantizar la participación de la población local en la supervisión y en los procesos administrativos en curso sobre el derrame.

6. Los pagos anunciados por la PCM y Repsol deben realizarse de una forma ordenada, transparente y con mecanismos que aseguren la participación de las y los afectados de las diferentes zonas. También se debe institucionalizar un espacio desde el gobierno que permita realizar seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos a fin de evitar conflictos sociales y salvaguardar los derechos de las personas afectadas. La Defensoría del Pueblo puede participar en este proceso acompañando a las y los afectados conforme lo establece la ley. Instamos a que la compensación aborde de manera integral la restitución de medios de subsistencia y que no implica excluir de responsabilidad a Repsol.

7. Exigimos al Estado ejercer su función de contención, limpieza y remediación del derrame en aquellas acciones que la empresa no está cumpliendo adecuadamente, como lo establece la normativa, a fin de asegurar que no se expandan los impactos ambientales y sociales ocasionados por el derrame.

Finalmente, instamos a que el ejecutivo como el legislativo desarrollen cambios en la institucionalidad ambiental para lograr justicia, la reparación integral de daños y la prevención de estos desastres

Se adhiere:

Subgrupo Sobre Derrames Petroleros de la CNDDHH

Puedes apoyar el pronunciamiento firmando el documento que encontrarás en el siguiente enlace

Nota elaborada por el Instituto Natura – miembro de la Red Muqui-

El día 14 de octubre de 2020 se presentó la demanda de acción popular contra los decretos supremos N° 016-2020-EM y 017-2020-EM, los cuales aprueban el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en los Lotes Z-67 y Z-68 ubicados en la región de Ancash. El objetivo de esta demanda es que el Poder Judicial declare la nulidad de ambos decretos y detenga la exploración y explotación petrolera en el mar ancashino por parte de la empresa Tullow Oil.

Como recordaremos, estos lotes ya fueron adjudicados en el 2018 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para posteriormente ser declarados nulos por el gobierno de Martín Vizcarra, quien ahora en el 2020 vuelve a adjudicarlos a la misma empresa trasnacional. El motivo de la demanda de acción popular es la violación a los derechos a la participación ciudadana y seguridad alimentaria que conlleva la adjudicación de estos lotes petroleros.

El derecho a la participación ciudadana se ve lesionado debido a que no se realizó de manera adecuada la ronda de talleres informativos sobre lo que implica la exploración y explotación de los lotes petroleros en cuestión, contando con poca convocatoria de los gremios pesqueros y con un déficit clamoroso por parte del Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas a la hora de dar respuesta a las interrogantes de la sociedad civil ancashina.

El derecho a la seguridad alimentaria se ve violentado debido a que la exploración y explotación petrolera del mar ancashino como tal ya genera una afectación a las cadenas de reproducción y captura de especies marinas del litoral, elementos fundamentales para el desarrollo del comercio y alimentación de la población de Santa, Casma y Huarmey.

La demanda ha sido interpuesta en el primer juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima mediante expediente 00090-2020-0-1801-SP-DC-01 y esperemos que siga su trámite para absolver este problema jurídico cuanto antes. Los demandantes son un grupo de representantes de organizaciones y expertos regionales, el Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, con el soporte y acompañamiento del Instituto Natura y el, Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático – MOCICC.

Perú, 14 de octubre de 2020

 

Las organizaciones, redes e instituciones sociales, gremiales y académicas del país, preocupadas por la gestión del desarrollo de zonas marino costeras del Perú manifestamos nuestro RECHAZO  a los D.S. 006-2018-EM, 007-2018-EM, 008-2018-EM, 009-2018 EM y 010-2018 EM, emitidos el 21 de marzo del presente año, que atentan contra la biodiversidad marina y la sostenibilidad de zonas marinos costeras de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque y Ancash promoviendo la exploración y explotación de hidrocarburos a favor de PERUPETRO S.A. Nuestros argumentos:

  • El litoral peruano es uno de los más ricos del mundo. Desarrolla, entre otras, una actividad cultural de pesca y caza marina artesanal como una actividad productiva familiar y comunitaria dinamizadora de la economía de toda la costa del país y contribuye con la alimentación y seguridad alimentaria.
  • La visión cortoplacista del extractivismo ya ha deteriorado bahías como las de Chimbote y Paita debido a las fuertes descargas tóxicas y la contaminación de las zonas costeras terrestres.
  • La apuesta de la sociedad civil e instituciones sociales y privadas ha encaminado a acciones de protección y recuperación ambiental que poco a poco y tras muchos escollos van rindiendo frutos brindando una nueva visión de gestión concertada del territorio.
  • Desde hace algunos años, en la costa norte del país,  se viene desarrollando promisoriamente una importantísima actividad económica de Acuicultura Marina, que genera muchos puestos de trabajo, actividades conexas y divisas para el país, ya que sus productos (“concha de abanico”) son básicamente para la exportación.
  • La empresa PERUPETRO S.A. ha sido favorecida con cinco Decretos Supremos para la exploración y explotación de hidrocarburos desde Tumbes hasta Ancash respaldando así lo que la ciudadanía, fuerzas sociales y políticas ya ha rechazado. Demostrado en numerosos intentos -a través de las denominadas reuniones de participación ciudadana- PERUPETRO como SAVIA PERU no han logrado más que negativas unánimes de los asistentes (Sechura y Chimbote).
  • La actividad de hidrocarburos, tanto en la fase exploratoria  como de explotación, significará el alejamiento de los recursos pesqueros de importancia económica, impactos a los otros recursos planctónicos, nectónicos y bentónicos, como peces sin valor comercial (pero fundamentales para mantener el equilibrio del ecosistema y la cadena trófica) y mamíferos, así como la alteración de la estructura comunitaria del fondo marino.
  • Desastres ecológicos como los que ocurren permanentemente en el mundo, a los que nuestro país no es ajeno (Cunimico y Chapis), cuyo costo ambiental, social y económico es cuantioso e irrecuperable deben consolidar esfuerzos colectivos para la recuperación ambiental de bahías como El Ferrol (Chimbote). Ya bastante hemos tenido con una industria sin control ambiental y social como para acumular más pasivos ambientales y sociales en nuestro medio. Estos son los riesgos que no queremos asumir. Nos afirmamos en nuestra vocación pesquera con responsabilidad y sostenibilidad, ratificando nuestro derecho de decidir a vivir con dignidad.
  • Ante los impactos del cambio climático que se manifiestan en nuestras regiones y el país entero, se requiere de políticas que impulsen el cambio de la matriz energética hacia energía alternativa, limpia y sostenible. El impulso de la actividad petrolera no aporta de manera alguna en los esfuerzos globales por alcanzar objetivos de desarrollo sostenible con los que el Perú está comprometido mediante acuerdos suscritos.

POR LAS RAZONES EXPUESTAS DEMANDAMOS:

  1. La DEROGATORIA Y NULIDAD INMEDIATA de los D.S. 006-2018-EM, 007-2018-EM, 008-2018-EM, 009-2018 EM y 010-2018 EM y la acción del gobierno nacional y gobiernos regionales y locales de las áreas comprendidas hacia políticas de conservación de áreas marinas, recuperación de ecosistemas dañados, protección de actividades preexistentes en las zonas costeras y políticas de impulso y dinamización de las economías ligadas al desarrollo marino costero.
  2. Revocar contratos y cualquier otro convenio o similar suscrito por el gobierno peruano con PERUPETRO S.A. u otra interesada sobre el mismo particular que afecte la vida natural y en particular la marino costera en el país.
  3. Nos solidarizamos con las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y Ancash.
  4. Movilización general de la ciudadanía a fin de salvaguardar los intereses de nuestras actuales y futuras generaciones.

¡PROTECCION Y DEFENSA DE NUESTRA BIODIVERSIDAD MARINO-COSTERA!

¡NO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL MAR PERUANO!

Perú, marzo de 2018

Instituto Natura; Comisión de Justicia social de la Diósesis de Chimbote; Foro Ciudades para la  Vida (FCPV); Cooperación; Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia(REDAD) – Piura; Junta Directiva Central del PPJJ 1° de Mayo – Nuevo Chimbote; Colectivo Chimbote de Pïe – Chimbote; CooperAcción; Instituto de Estudios de las Culturas Andinas – Perú (IDECA-PERÚ);  Asociación Pro derechos Humanos – Lima ; Universidad César Vallejo (UCV); Asociación Marianista  de Acción Social (AMAS) – La Libertad; Centro Cultural  Centenario de Chimbote; Instituto Superior Pedagógico Público de Chimbote; Terre des Hommes Alemania (TDH PERU); Asociación Chuyma de Apoyo Rural (ARU CHUYMA); Centro de Promoción e Investigación de la Amazonía (CIPAM); Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ);Juventud Obrera Católica (JOC PERU); Arena y Esteras; Centro de Promoción de  Salud Integral (CEPROSI); Asociación Niños del Río – PERÚ-FRANCIA; Comunicaciones Aliadas; Grupo de Información e Intervención para el desarrollo Sostenible (GRUFIDES); Asociación Savia Andina (ASAP); Proyecto Agrícola de Tecnologías Campesinas (PRATEC); Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF); Asociación Suma Yapu; Movimiento Nacional de Nats Organizados (MNNANSOP); Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes; Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA – AYACUCHO); Red Infanto-Juvenil por el Buen Vivir (REDINJUV PERU);  Asociación de Mujeres, Defensoras de la Vida y de la Pachamama – Cajamarca; Pastoral Social del Vicariato de Jaén; Instituto de Investigación y Desarrollo – PROVIDA; Estudio para la defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS),  Centro de Cultura Popular Labor

Los representantes de las comunidades más lastimadas por la minería y el petróleo se reunieron el día 31 de enero con el ministro de salud Abel Salinas Rivas. Hicieron llegar sus demandas y solicitaron atención prioritaria para menores afectados a consecuencia de la contaminación que padecen en su día a día.

Estuvieron presentes líderes de Espinar, La Oroya, Pasco, San Mateo, Chiriaco, Bambamarca, Puno, Cuninico, quienes solicitaron que se continúe el diálogo empezado con la anterior gestión. El ministro agendó una próxima reunión para marzo.

Cabe resaltar, que se tratan de casos emblemáticos, donde han ocurrido graves problemas ambientales.  Un estudio de Red Muqui, presentado el año pasado, mostró que niños y niñas de Pasco y La Oroya tenían hasta 4 tipos de metales tóxicos en la sangre, uno de ellos mortal y cancerígeno como es el arsénico. El plomo, otro de los metales que los niños tenían en la sangre, trajo múltiples afectaciones a la vista, el estómago y problemas en el nivel de concentración.

En el caso de Espinar, un informe de CooperAcción recogió los estudios del Instituto Nacional de Salud-CENSOPAS 2010 y 2013, donde se señala que las personas de las comunidades campesinas tienen distintos metales pesados tóxicos en su cuerpo como mercurio, plomo, arsénico, cadmio, cianuro. El documento afirma que “solo después de la protesta social del 2012, el Estado Peruano se comprometió a medir la magnitud del riesgo que representa la exposición crónica a metales pesados. Lamentablemente dicha evaluación ha sido deficiente y hasta la fecha no tenemos resultados concluyentes”.

En Cuatro Cuencas y Cuninico, donde los continuos derrames petroleros han afectado el agua, los suelos y la salud de las comunidades indígenas. En Cuninico, por ejemplo, el CENSOPAS tomó en 2016 muestras de sangre y orina a 129 personas. El 50.54% de la población total evaluada poseía valores de mercurio por encima del rango de referencia, en tanto que el 16.81% los evaluados presentaron valores sobre el rango de referencia para el caso del cadmio.

La carta remitida Ministerio de Salud (MINSA), de parte de los afectados, dice lo siguiente: «Nos dirigimos ante usted con la finalidad de que pueda informarnos sobre las acciones que están realizando para contar con una intervención multisectorial que permita atender la problemática de la contaminación por metales tóxicos y su impacto en la salud humana»

Yolanda Zurita Trujillo, representante de la Plataforma para la implementación de un programa de salud ambiental de Junín afirmó: “queremos pedir al ministro que se priorice la atención en salud a personas afectadas por la contaminación y los pasivos dejados por la minería y el petróleo”.  Los afectados por metales tóxicos esperan que el ministro atienda a sus demandas.