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Este jueves 16 de junio, la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por el Territorio y la Soberanía de la Macronorte Perú (CODEF NORTE), realizará un plantón en la Plaza San Martín. El objetivo es exigir al gobierno de Pedro Castillo que respete sus derechos como comunidades originarias, ante la presencia de empresas mineras que se han instalado en sus territorios sin el consentimiento de sus habitantes.
CODEF Norte articula a organizaciones, comunidades y rondas campesinas de Piura, Lambayeque y Cajamarca, departamentos del Perú en los que se están reactivando proyectos mineros sin licencia social.
Las organizaciones denuncian además como agravante que, las concesiones mineras otorgadas se ubican en las cabeceras que abastecen de agua a la población del campo y la ciudad. Con ello, se ven amenazados directamente los recursos hídricos para el consumo humano y la actividad agropecuaria de las comunidades campesinas San Juan de Kañaris (Lambayeque); Segunda y Cajas, Yanta (ambas en Piura) y Perlamayo Capilla – Chugur (Cajamarca).
Las comunidades exigen que el Estado peruano respete el Convenio 169 de la OIT, que lo obliga realizar la consulta previa, libre e informada en aquellas comunidades originarias donde se pretendan realizar actividades extractivas. De esta forma, sus integrantes buscan que se les proteja de ser desplazados de sus territorios, tal como les ha ocurrido a otras comunidades en zonas como Cusco y Apurímac.
Por otro lado, también denuncian que las empresas mineras que operan en sus territorios recurren a prácticas intransparentes, mediante las cuales en ocasiones intentan cooptar a dirigentes, en otras sobornar a partes de algunas comunidades o crean organizaciones paralelas y sin legitimidad con el fin de aparentar cierto respaldo comunitario.
También cuestionan la efectividad de las mesas de diálogo, porque el Estado no garantiza el cumplimiento de los acuerdos.
Para amplificar el alcance de su denuncia de la criminalización a la que se enfrentan y para exigir que el Estado anule las concesiones mineras otorgadas en sus territorios, la organización se reunirá en la capital del país con la congresista Ruth Luque y con representantes de la Comisión de Pueblos del Congreso de la República.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

 

Durante la pandemia uno de los sectores que más privilegios ha recibido fue el sector minero, no solo porque fue considerada una actividad esencial, si no porque se han emitido una serie de normas para que sigan operando con facilidad, inclusive han recibido los prestamos de Reactiva Perú, aún con todos estos beneficios las empresas mineras han utilizado la suspensión perfecta para en la practica despedir a sus trabajadores y han expuesto a sus trabajadores al contagio de la Covid-19. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros ha señalado que serían más de 12 mil trabajadores contagiados, y a la fecha no hay datos oficiales actualizados del Estado, que ha sido poco transparente en compartir esta información ante la solicitud que diferentes instituciones y medios han realizado. Por denunciar estos abusos los trabajadores sindicalizados han recibido malos tratos, hostigamiento laboral y despidos arbitrarios.

La respuesta de las empresas mineras es más que lamentable, debido a que en los momentos picos de la pandemia han trabajado entre el 50 y 80% de sus operaciones, el precio de los minerales se ha mantenido, inclusive en el caso del oro esta ha aumentado de precio en un 30% en el mercado global; es decir no hay justificación alguna para los ceses y despidos arbitrarios, así como el maltrato en la seguridad y salud de sus trabajadores. Por parte del Estado es clarísimo que el rol de fiscalización a través SUNAFIL es insuficiente y precario, primero porque no existe personal suficiente para fiscalizar y atender todas las denuncias de los trabajadores, y en segundo lugar porque las sanciones no se cumplen o las empresas simplemente no las respetan, y esto no solo pasa en el sector minero, si no en casi todos los sectores, tal como ha pasado con los trabajadores agrícolas en el sector agroexportador.

Recientemente el gobierno de Sagasti ha emitido un Decreto Supremo para declarar de necesidad pública la inversión privada en la actividad minera, en favor de la empresa Nuevo Arcoíris SAC. en Tambogrande Piura, permitiendo que la empresa minera se haga de unas concesiones mineras en el valle de San Lorenzo, un valle agrícola muy fructífero y que en el pasado ya ha rechazado el ingreso de cualquier actividad minera.

Lamentablemente, cuando se trata de garantizar derechos económicos mineros a los empresarios, los gobiernos de turno son muy diligentes con estas autorizaciones y normas; sin embargo, cuando se trata de atender y reivindicar derechos laborales, de salud o de denuncias de contaminación ambiental, la respuesta del gobierno es muy endeble. Desde la Red Muqui nos solidarizamos con las demandas de los trabajadores mineros, pero también advertimos que muchos de estos proyectos mineros vienen generando desde hace mucho tiempo atrás impactos ambientales, a la salud humana, impactos sociales y económicos en las comunidades y poblaciones locales que son irreversibles, y sobre estos temas los sucesivos gobiernos tampoco han hecho mucho.

Un día como hoy, 16 de septiembre, hace 13 años, se realizó una consulta vecinal a las poblaciones de los distritos Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba,  frente a la pretensión del proyecto minero Majaz, hoy Río Blanco – de la minera Zijin-, de instalarse en los territorios de las dos provincias señaladas. Frente a las protestas realizadas por las rondas campesinas, profesores, comités vecinales, autoridades, debido a que los páramos, bosques de neblina, que nutren de agua a la región serían afectados por la minería, así como el desarrollo agrícola; los alcaldes de esos municipios realizaron una consulta vecinal, de acuerdo al artículo 197  de la Constitución que señala: “las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local”;  dando como resultado que más del 90% de la población votó a favor de la conservación de los ecosistemas y la agricultura y en contra de la explotación minera.

En ese entonces, la Defensoría del Pueblo respaldo la consulta vecinal realizada por los municipios y la importancia de la participación ciudadana para la toma de decisiones de la gente que vive en sus territorios. Sin embargo; hasta el día de hoy, la empresa minera, ahora de capitales chinos, continúa empleando estrategias de división de las comunidades para instalarse en la región y desarrollar su proyecto minero Río Blanco. El año pasado, la municipalidad provincial de Ayabaca le denegó el permiso a la minera Zijin para que instale sus oficinas en la provincia de Ayabaca. Hasta ahora la empresa minera continúa actuando en la región, a pesar de no tener ningún aval del Estado a todo nivel, ni en la localidad, ni por el Ministerio de Energía y Minas.

A continuación compartimos el pronunciamiento completo del Colectivo por Ayabaca, que reúne a profesores, dirigentes ronderos, profesionales, etc.

 

Pronunciamiento

¡AGUA SI,MINA NO!

Colectivo Por Ayabaca

 

¡VIVA EL 16 DE SEPTIEMBRE!

¡VIVA LA CONSULTA VECINAL!

¡VIVA AYABACA Y HUANCABAMBA !

 

1.- El año 2003 las comunidades campesinas de la sierra de Piura encararon  las políticas Neoliberales   impuestas por el estado peruano con el » Proyecto Minero Rio Blanco»

2.- El proyecto Minero Río Blanco antes Majas obtuvo ocho concesiones mineras  en 6,472 ha, para explotar cobre molibdeno y oro dentro de los territorios de las comunidades campesinas de «Yanta » Ayabaca y Segunda y Cajas » Huancabamba, afectando las  nacientes de agua de las cuencas de los ríos Quiroz (que irrigan la región de Piura ) y del Chinchipe (región Cajamarca )

3.- El proyecto Minero Río Blanco nunca ha contado con el permiso de las comunidades campesinas de la zona , al contrario ha recibido un rechazo rotundo de la poblacion, más cuando esté   pretende imponerse con  descrimacion,  corrupción y violencia.

4.- En el 2004 y el  2005, miles de campesinos se movilizaron hacia al campamento minero  ilegal y fueron reprimidos brutalmente dentro de su territorio  por la policía, dejando a comuneros muertos, mutilados, decenas de torturados, judicializados, y un pueblo movilizado.

5.- Posteriormente se inició  diálogo con el gobierno central que fracasó en mayo del 2006, por falta de voluntad  del Ministerio de Energía y Minas, que dejo al caso sin ningún canal institucional que facilitara  una salida pacífica al conflicto con el poder central.

6.- Ante esta situación, las Comunidades Campesinas recurren, al poder más cercano, los gobiernos locales para hacer uso del “mecanismo de participación ciudadana” a fin de consultar a la población sobre el desarrollo de actividades mineras en sus  territorios.

7.- La participación ciudadana  es un derecho reconocido por la Constitución y las leyes nacionales, y faculta a las municipalidades a través de ordenanzas , crear mecanismos  para su ejercicio,  sobre: planificación, desarrollo y  medio ambiente enmarcado por la Constitución Política del Perú, la Ley General del Ambiente y el Convenio Internacional 169-OIT.

8.- Fue así que los pueblos de la sierra norte conscientes de su realidad y de la presencia de un conjunto de concesiones mineras en las nacientes de las agua, respondieron con un rotundo “NO” el 16 DE DE SEPTIEMBRE  DEL 2007 ,  que coincide con  dictámenes oficiales sobre la necesaria conservación de la biodiversidad, del corredor biológico Tabaconas Namballe-Podocarpus y de la cuenca Binacional Catamayo-Chira.

9.- La consulta vecinal es un rotundo NO al proyecto Río Blanco el cual se ubica dentro de la zona denominada ‘bosque de neblina’, y “zona de paramos” que según  especialistas es una especie de ’esponja que captura, filtra y distribuye el agua, del que depende la costa desértica de Piura.

10.-   Los posibles impactos del proyecto minero en el ambiente, en particular en el agua, y el desarrollo agrícola es un tema de agenda de las poblaciones de la región Piura y las provincias de Jaén y San Ignacio en la región de Cajamarca.

11.- Estás preocupaciones han sido recogidas por Perú Support Group (PSG) en el Informe “Minería y Desarrollo en Perú sobre Proyecto Río Blanco en Piura”,  afirmándose que “buena parte del territorio de Piura está constituido por tierras desérticas o semi desérticas, y su agricultura depende mucho de la cantidad y calidad del agua de la sierra  donde se ubica el proyecto Río Blanco” y que dicho proyecto constituiría el inicio de un “distrito minero” más grande en la región.

12.- El resultado de la Consulta significa un NO AL DISTRITO MINERO que el Proyecto Río Blanco ante Majas ha pretendido ocultar. Hace años ha venido desinformando a las Comunidades Campesinas de Yanta (Ayabaca) y de Segunda y Cajas (Huancabamba) sobre sus reales pretensiones de explotación minera en el yacimiento del cerro Huamaní, publicitándose como un proyecto focalizado solo en el cerro Henry Hill (cuenca del río Chinchipe) pero ocultando su extensión a la vertiente occidental del yacimiento (cuenca del río Quiroz).

13.- El significado del “NO” es una afirmación por el derecho de los pueblos a orientar su modelo de desarrollo sustentable, en tiempos de descentralización y democracia, y de un contexto de acelerado cambio climático que convierte al AGUA en el recurso estratégico para la vida, derecho fundamental de las generaciones actuales y venideras.

14.- El “NO” para una región como Piura significa no aceptar un escenario de ALTO RIESGO para las nacientes de aguas que discurren desde las alturas, pasando por los valles hasta las ciudades, de la que dependen nuestra economía y salud pública, así, este resultado protege verdaderamente el BIEN COMÚN REGIONAL.

15.- La Consulta Vecinal del 16 de septiembre de 2007, fue un ejercicio democrático y descentralista de  mujeres y varones por la protección de las cabeceras de cuencas de aguas en la zona andina de nuestra región, quienes dando muestras de civismo ejemplar participamos en la CONSULTA VECINAL de manera voluntaria y no obligatoria, ni multada como los  procesos electorales del JNE, que a pesar del boicot masivo promovido por el gobierno central, , declarándola de ilegal, amenazas judiciales, prohibición del uso de locales escolares;  a pesar de las distancias y dificultades propias de la geografía andina; del alineamiento del gobierno central y de la mayoría de los medios de comunicación en la defensa a ultranza de la gran actividad  minera transnacional, la  Defensoría del Pueblo declaro a la Consulta Vecinal como un hecho legítimo.

16.- El “NO”a la minería que han expresado más del 90 por ciento de la población de los tres distritos piuranos  el 16 septiembre del 2007 se traduce en un explícito y contundente SÍ  a la agricultura y la  defensa de la  Biodiversidad.

17.-  Por ende, esto se traduce en la defensa de una política de seguridad alimentaria, y la  necesidad de potenciación de la agricultura familiar,  una actividad primordial para vida en medio de está  pandemia.

18.- La consulta contó con la observación de la Asociación Civil Transparencia y más de 22 observadores internacionales de Alemania, Bolivia, Canadá, Ecuador, España, Inglaterra y Suiza.

19.- El gobierno central ha señalado que la consulta no es vinculante legalmente,  por ello las Rondas Campesinas se mantienen en  pie lucha   hasta que el  Congreso de la  República emita el carácter de ley de la  «Consulta Vecinal» en  concordancia con los convenios internacionales.

 

¡AGUA SI,  MINA NO!

¡VIVA EL 16 SEPTIEMBRE!

Colectivo por Ayabaca

Nuevas concesiones mineras se están dando en Ayabaca, Piura. El viernes se publicó el Decreto Supremo N° 016-2018-EM que declara de necesidad pública la inversión privada e actividad minera y autoriza a la empresa minera: Sociedad Minera San Miguelito S.A.C., a adquirir derechos mineros dentro de los 50 km. de zona de frontera en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura. Eso se da a pesar de que la Constitución peruana señala en el artículo 71 que no se pueden realizar actividades económicas en zonas froterizas, pero se ha dado un Decreto para hacer una «excepción». No se trata del único caso donde se aplica , hay otros permisos dados en esa zona como el que se otorgó al proyecto minero Río Blanco.

 

El principal accionista de Sociedad Minera San Miguelito SAC. es la empresa canadiense Plexmar Resources INC. que tiene el 99.9% del capital social, siendo que el 0.01% del capital restante está a nombre de Danilo Guevara Cotrina. Guevara es abogado y es apoderado además de San Miguelito, de Sociedad Minera Corona S.A.C., Minera Ate SAC. y de Dia Bras Perú SAC.

La empresa minera canadiense Plexmar Resources INC informó que cuenta actualmente con 24 concesiones que cubren un total de 22.500 hectáreas en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura. Este es un segundo decreto a su favor que esta vez autoriza en total 2000 hectáreas, que sumadas a las 1800 hectáreas ya autorizadas en enero del 2018 con otro decreto similar, ya suman 3800 hectáreas con autorización de ser operadas para minería en zona de frontera.

Mediante un comunicado emitido la semana pasada, el Colectivo por Ayabaca al que pertenecen diversas organizaciones del área de influencia del proyecto minero Rio Blanco del consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation se pronunciaron con respecto al proyecto. Han solicitado que se respete el proceso de consulta vecinal y la decisión de las rondas de apostar por la defensa de los páramos y la conservación del ambiente

n el documento, suscrito por las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta, afirman: “Las consultas vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional y exigimos que se respete la decisión de las comunidades de Piura de no permitir el ingreso del Proyecto Rio Blanco”

Se sostiene, también, que personas “sin representatividad y acompañados de la empresa están presentando firmas a entidades del estado con el fin de demandar dialogo”, sin embargo, esta no es la postura de las comunidades, cuyos líderes estuvieron en Lima en setiembre del año pasado en el Congreso de la República donde presentaron sus preocupaciones sobre el Proyecto Río Blanco y reafirmaron su compromiso por la defensa de los frágiles ecosistemas de Piura como son los páramos.

En enero, El ministro de Economía y Finanzas (MEF), en esa época, Alfredo Thorne, declaró a la prensa que el Gobierno buscará dar un impulso adicional a la economía peruana y para eso se reactivará el proyecto minero Río Blanco en la sierra de Piura y otros seis en el interior del país. Los ronderos le recordaron al ministro «la empresa no tiene ningún permiso de operaciones otorgado por el Estado ni de las comunidades para acceder a sus tierras, por lo que su presencia en dichos terrenos es ilegal». En reciente carta dirigida a las rondas campesinas de Ayabaca, el Ministerio de energía y minas ha confirmado que la empresa no cuenta con ninguna autorización para realizar operaciones en Ayabaca y Huancabamba.

Finalmente, los ronderos aseveran: «Consideramos que cualquier espacio de diálogo o decisión sobre este caso debe pasar por los actores locales debidamente representados que son propietarios del territorio, como son las comunidades campesinas. El interlocutor solo puede ser el Estado que el que debe velar por los derechos de las comunidades a la propiedad”, dice el comunicado.