Se han cumplido siete meses desde la aprobación del Decreto Supremo 037-2021-MINAM – Plan Especial Multisectorial para la atención integral de personas expuestas a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PEM) – y hasta la fecha no existen acciones concretas sobre su implementación, a pesar de que hay actividades programadas para el primer año del PEM como el “desarrollo de un instrumento técnico metodológico sobre calificación y priorización de zonas afectadas, en base al riesgo con criterios técnicos y la normativa ambiental vigente, para la determinación del alcance de intervención” (A1.1.3) y el “análisis epidemiológico regional de la situación de exposición a metales pesado, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas” (A3.1.4), entre otras. Sin embargo, estas actividades se encuentran sin ser implementadas. Por ello, los representantes de la Plataforma Nacional de personas afectadas por metales tóxicos vienen solicitando a la Presidencia del Consejo de Ministros que se cree la Comisión Multisectorial para la implementación del PEM y que el Estado priorice la ejecución de esta política.
También se han presentado observaciones desde la Plataforma de afectados por metales tóxicos y la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental hacia la propuesta de reglamento de la Ley 31189 que desarrolló el Ministerio de Salud. La principal observación es que esta propuesta de reglamento no contiene una adecuada mirada intersectorial para la prevención y el abordaje integral. Sobre la situación de falta de implementación del PEM, se espera que el presidente Castillo puedan anunciar en su mensaje a la nación del 28 de julio, la priorización de la implementación del PEM.
Miluska Rojas, integrante de la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental por parte de Red Uniendo Manos señala que “a 7 meses preocupa no ver claramente la ruta de implementación integral del PEM. Si bien hubo esfuerzos individuales motivados por el Ministerio del Ambiente, no se tiene información clara sobre la ruta y esfuerzos que vienen realizando los sectores involucrados en el primer año del Plan. Será clave a su vez aprobar la creación de la Comisión Multisectorial de seguimiento y diseñar un espacio participativo, integrador, que logre dar cumplimiento a la Ley 31189, pero también al Plan Especial Multisectorial, sin duplicar esfuerzos y con espacios de evaluación para identificar en el primer año la línea de base como los posibles cuellos de botella o esfuerzos que se requiere para garantizar la integralidad de la respuesta estatal frente a los impactos de las actividades extractivas.”
Sobre el presupuesto, señala que “la Comisión de implementación debe ayudar a corregir y elevar la eficacia del presupuesto. Se sabe que a la fecha según el portal Convoca, basado en informes estatales, el avance en el presupuesto no solo es limitado sino que está concentrado en gastos corrientes (personal). Los tamizajes cómo la implementación de hospitales, y otros, sigue sin programarse o hacerse efectivo”.
Así, también, el 12 de julio desde el Legislativo se debatieron y aprobaron los proyectos de Ley N° 1319 y N° 1577, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción, implementación y funcionamiento del hospital de desintoxicación de nivel II-E y del laboratorio toxicológico especializado en el departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villa Rica. Las principales limitaciones de estos proyectos de ley, es que no contienen una mirada preventiva de la problemática de la intoxicación por metales tóxicos y que desconocen lo avanzado por el Plan Especial Multisectorial aprobado en diciembre de 2021. Lamentablemente se promueven estos proyectos de ley desde un enfoque populista, pero no para dar solución progresiva a los problemas de fondo.
