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Pronunciamiento: Presidente Castillo, la población movilizada le exige cambios de fondo ¡cumpla sus promesas!

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Frente a la actual crisis política que atraviesa nuestro país, queremos señalar lo siguiente: 

  • Lamentamos el innecesario anuncio de estado de emergencia y de inmovilidad social que decretó el pasado martes 05 de abril el presidente Pedro Castillo, medida injustificada y desproporcionada, que lo único que hizo fue acrecentar la situación de crisis y dio pie para que las mafias golpistas y sectores de ultraderecha hoy intenten aprovecharse de esta situación. Por ello condenamos los actos vandálicos de personas infiltradas en las legítimas movilizaciones sociales, exigimos investigar y sancionar a los responsables de estos hechos de violencia. 
  • Nos solidarizamos con los familiares de las cinco personas que murieron, producto de la violenta intervención de la PNP en Huánuco, Ica, Huancavelica y Junín (Alexander Trujillo Nolasco, Jhonny Quinto, Candy Hinostroza, Bruce Pomasunco y Jorge Maldonado respectivamente), así como con los heridos afectados en varias regiones del país. Exigimos una exhaustiva investigación sobre estos hechos, sanción ejemplar a los responsables y la renuncia inmediata del ministro del Interior. El uso de la fuerza y el abuso de los DDHH lo único que hace es agravar esta crisis.
  • El pueblo movilizado en varias regiones del país le está exigiendo y dando un ultimátum al gobierno de Pedro Castillo y al Congreso de la República para que cumplan lo prometido, asumiendo cada cual su responsabilidad, como: atención al sector agropecuario, la lucha contra la corrupción, atención a la crisis económica y sanitaria, medidas para mitigar la subida del costo de vida, atención a los conflictos socioambientales y el inicio de un proceso constituyente. 
  • La crisis que atravesamos es sistémica, 30 años de neoliberalismo han generado profundas brechas sociales y económicas. No es posible sostener más este modelo económico que privilegia a los que más tienen. Es tiempo de una justa redistribución de la riqueza, así como de las condiciones de su producción. Es tiempo de que paguen los que más tienen, por ejemplo, un impuesto a las sobre ganancias de las empresas mineras, que se encuentran en un súper ciclo, sin precedentes, de alza de precios de los metales.

Lamentablemente el gobierno de Pedro Castillo ha tomado decisiones erráticas, y se ha alejado de sus promesas de cambio rápidamente. Hoy tiene la última oportunidad para cambiar esta situación, por ello debe reorganizar su gabinete ministerial y llevar a cabo un programa de emergencia. Urge el diálogo para escuchar y atender las justas demandas de la población, sobre todo de los más necesitados.

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Pronunciamiento: Defender los derechos humanos de los defensores y defensoras

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Las defensoras, los defensores y las organizaciones e instituciones, que conformamos este gran movimiento en defensa de los derechos humanos y ambientales, en el marco del Día Internacional de los derechos humanos, señalamos lo siguiente:

  • Manifestamos nuestro profundo dolor e indignación por el asesinato del defensor ambiental Lucio Pascual Yumanga, ocurrido el 4 de noviembre último, quien se convierte en el onceavo defensor asesinado en el país en los últimos dos años; hecho que demuestra el enorme peligro que implica defender el territorio, los ríos y los bosques en nuestro país. De la misma manera, reconocemos el enorme trabajo de la Seguridad Indígena Asháninka (SIA) y de algunos ministerios por encontrar, a cuatro defensores que estuvieron desaparecidos en Pasco.
  • La emergencia sanitaria en el país ha generado un escenario de mayor desprotección para las y los defensores ambientales en sus territorios; y ante el crecimiento de las economías ilegales, principalmente la tala y la minería ilegal, así como el narcotráfico, es necesario que el Estado adopte medidas y políticas integrales de combate efectivo contra estas actividades que ponen en riesgo la vida de los defensores y las defensoras, principalmente en la Amazonía peruana.
  • Rechazamos la criminalización y estigmatización de la protesta social de cientos de defensoras y defensores y la instrumentalización del derecho penal para hostigarlos y desalentar su importante rol. Solo en el corredor minero del sur andino tenemos más de 99 defensores en procesos judiciales relacionados al ejercicio del derecho a la protesta en conflictos. Como son los casos de Las Bambas, Antapacay y Hudbay, o el caso reciente de los cinco defensores de Huarmey, que acaban de ser liberados por la justicia después de no encontrarse prueba alguna en su contra. Además de los casos señalados, están los defensores/as del Valle del Tambo, en Arequipa, que han sido criminalizados por defender el agro y la vida en su territorio.
  • Exigimos que el Estado proteja a las y los defensores con la implementación inmediata del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, creado a través del DS ° 004-2021-JUS, lo que implica proveerles del presupuesto necesario, porque sabemos que una política pública sin recursos es meramente declarativa, y no va a dar una verdadera protección. De la misma manera, es una exigencia que en el caso de las y los defensores que están en proceso judiciales largos y desgastantes, que la procuraduría del Ministerio del Interior se inhiba de participar como parte civil en los procesos en su contra.

 

  • Asimismo, pedimos a las empresas, en el marco de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que tengan una conducta proba y responsable, de respeto a los derechos de las y los defensores, sin despojarlos de sus territorios, ni contaminar el ambiente, agua y vida a los pobladores de los entornos de sus operaciones, y el cese a la estigmatización de la labor de los defensores acusándolos de ser antimineros, antidesarrollo y antiempresas.

Finalmente, hace unas semanas lanzamos la campaña #ProtegeAQuienNosProtege, con el objetivo de visibilizar esta problemática y los riesgos que sufren las y los defensores, pero fundamentalmente en la intención de sensibilizar a la sociedad peruana respecto al rol fundamental que tienen los defensores en la defensa de la vida y de la casa común, así como su gran aporte a los derechos humanos en el Perú.

Perú, 10 de diciembre del 2021.

 

 

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Pronunciamiento por un pacto de Leticia con los pueblos Indígenas tras incendios del 2019

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En el año 2019, los gobiernos de siete países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Perú) firmaron el Pacto de Leticia, con el objetivo de enfrentar la adversa situación ambiental provocada por los devastadores incendios registrados ese mismo año en la Cuenca Amazónica1. Si bien es cierto, existe la necesidad de articular los esfuerzos de los países de la región por la protección de nuestra Amazonía; el Pacto, tal como fue concebido, y ahora está siendo implementado, carece de participación y representatividad, debido a que no se está desarrollando en base a diálogo ampliado e intercultural con los diferentes actores en cada país de la Cuenca Amazónica.

Al respecto, es importante recordar que, el bioma Amazónico sufre fuertes presiones a causa del predominio de las actividades económicas depredadoras e insostenibles2; sobre todo, para la ganadería y commodities como la soja en gran escala, muchas veces asociados a explotación ilegal de madera, especulación de tierras y conflictos socioambientales en territorios ocupados por pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. De igual manera, la deforestación y conflictos socioambientales en la Amazonía han sido potencializados por grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, hidrovías y puertos, ferrovías y represas. Luego, otra amenaza para los bosques y ríos, incluso en territorios indígenas y de otros pueblos tradicionales, es la expansión desenfrenada de la minería – practicada tanto por la minería ilegales como por grandes corporaciones-, así como actividades extractivas de hidrocarburos3.

Todo ello, está desbalanceado el frágil sistema ecológico de la selva. Solo en el 2020 la Amazonía perdió cerca de 2.3 millones de hectáreas de bosque primario en los 9 países amazónicos, lo que representa un aumento del 17% en comparación con el año anterior (2019), y el tercer registro más alto desde el 20004. Por ello, en base a dichas experiencias, consideramos que es necesario que iniciativas como el Pacto recojan todas las voces y demandas de nuestra región.

A su vez, la Cuenca Amazónica alberga diferentes pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, entre otros grupos sociales de importancia, quienes actualmente son amenazados, reducidos y vulnerados en sus derechos, debido a la presencia de actividades económicas extractivas legales e ilegales. En ese sentido, la depredación del bosque ha conllevado a un incremento de casos de asesinatos de defensores y defensoras ambientales y población indígena comprometida con la conservación del medio ambiente, así como la proliferación de conflictos socioambientales por el despojo de tierras, y la contaminación de recursos naturales.

En la actualidad, Brasil, Colombia y Perú son los países más peligrosos para los y las líderes indígenas y no indígenas cuya labor en la defensa del medio ambiente y el territorio está gravemente amenazada. De esa manera, Colombia lidera el número de asesinatos registrados en el 2020 con 65 casos, mientras que Brasil, tiene 20 casos documentados; y Perú, 65. Valga la mención que estas cifras pueden ser efectivamente sub registros debido a las amenazas y ataques6 no denunciados ante las autoridades locales por limitaciones en la libertad de prensa y la ausencia de registros independientes. No obstante, esta situación no ha sido parte de los discursos que se han realizado en las distintas cumbres del Pacto de Leticia, pese a la labor de los y las defensores ambientales y de los defensores indígenas para conservar los ecosistemas amazónicos y, consecuentemente, a mitigar los efectos del cambio climático.

A todo ello, en países como Brasil y Perú, se suma el retroceso de la institucionalidad y gobernanza democrática, debilitando o eliminando instrumentos de protección del ambiente e de los derechos humanos – como el reconocimiento de los derechos territoriales de pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, el derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado; y mecanismos de combate a crímenes ambientales y violencia contra defensores ambientales, así como espacios de diálogo y participación. Por lo que se están tomando decisiones a costa del debilitamiento socioambiental, y sin espacios de planificación intercultural y multiactor.

Por otro lado, el Pacto de Leticia está avanzando mediante el financiamiento de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y Fondo Verde de Clima (GCF), impulsando la bioeconomía. Esta iniciativa, tal como ha sido conversada en otros espacios, debe ser coherente con la visión de los planes de vida de los pueblos indígenas, de manera que evidencie una intención de cambio a la situación actual, lo cual debe ser dialogado para mejorar y generar acciones conjuntas multiactor.

En ese sentido, las organizaciones firmantes consideramos que el Pacto, no recoge los desafíos políticos que han agudizado la crisis socioambiental en la región. De esa forma, el espíritu y contenido del Pacto presenta contradicciones de fondo que deben ser cambiadas urgentemente en pos del beneficio de la población indígena, afrodescendientes, quilombolas, agricultores familiares y otros grupos importantes del campo y de las ciudades de la Cuenca Amazónica.

En base a este contexto, las organizaciones, pueblos, indígenas, quilombolas, afrodescendientes, y investigadores científicos nos pronunciamos mediante el presente documento para hacer llegar nuestras observaciones y propuestas al Pacto de Leticia, el cual hoy en día no se está implementando de manera dialogante y consensuada, por lo que creemos es necesario generar cambios. En suma, observamos en relación al proceso de elaboración y contenido del Pacto de Leticia, hasta el presente momento:

  1. Falta de espacios de diálogo intercultural durante todo el proceso. El Pacto de Leticia se está desarrollando sin un diálogo multiactor en los diferentes países de la región, prueba de ello es que en el mes de octubre de este año se realizó la III Cumbre del Pacto, al cual solo asistieron los representantes de los estados miembros, así como representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, y representantes del gobierno de Reino Unido; pero no contó con la participación de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades locales que como se ha señalado anteriormente son los más afectados en el actual contexto de crisis. Tampoco se está contando con la participación de sociedad civil y de la comunidad científica. Por ello, se considera que es un error que el Pacto no se esté desarrollando de una manera amplia y consensuada en base a todas las perspectivas de la Amazonía.
  2. Falta de diálogo multiactor para integrar las iniciativas que promueven la defensa de la Amazonía, y su cuidado. Es clave mencionar que actualmente, tanto las comunidades locales como la comunidad científica han desarrollado materiales y herramientas para el cuidado de la biodiversidad, que además proponen alternativas a las actividades que están depredando nuestra Amazonía. Además, es clave recordar que, este año en el Congreso Mundial de la Naturaleza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó la moción de proteger, conservar y manejar de manera sostenible al menos el 80% de la Amazonía para el 2025, en colaboración con y reconociendo el liderazgo de los pueblos indígenas en la Amazonía, asegurando su consentimiento libre, previo e informado. En ese sentido, es necesario que estas iniciativas sean parte del diálogo e implementación del Pacto.
  3. Falta de énfasis en la necesidad urgente de reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, como instrumento imprescindible de protección de los bosques y ríos de la Amazonía; así como la necesidad de eliminar incentivos gubernamentales para la especulación de tierras, el ejemplo del reconocimiento de deforestación como mejora para fines de concesión de títulos en tierras públicas, y intentos de ‘abrir’ territorios indígenas para explotación minera e hidrocarburos, hidroeléctricos y agro negocio de ‘commodities’.
  4. Falta de reflexión e inclusión de los desafíos actuales de las defensoras y defensores ambientales e indígenas. Como se explicó anteriormente, los países de la Amazonía se encuentran entre los más peligrosos del mundo en cuanto a la defensa de la tierra y los recursos naturales que provee, es por ello que existe una necesidad actual de fortalecer las iniciativas de protección de derechos humanos, donde los estados y las inversiones tienen responsabilidad. Sin embargo, esta situación no se ve incluida en el desarrollo del Pacto, ni es los discursos realizados por los representantes en el marco del acuerdo. Por ello, es necesario acompañar y fortalecer el rol de las defensoras y defensores ambientales.
  5. Falta de visión clara sobre cómo las iniciativas de bioeconomía van a involucrar de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas y sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; y cómo van a involucrar a las ciudades amazónicas en términos de empleos económicamente sostenibles, mercados de consumo para productos de la biodiversidad, y no solo exportaciones.
  6. Falta de una estrategia clara sobre ‘infraestructura sostenible’ incorporando lecciones y evitando repetir errores históricos como en la construcción de carreteras y hidroeléctricas; que además superen el contexto de retroceso en políticas socioambientales en varios países, como es el caso de Brasil.

En base a lo mencionado anteriormente proponemos lo siguiente:

  1. Proceso de diálogo multiactor de revisión del Pacto y sus estrategias de implementación, superando brechas y contradicciones en su contenido y modelo de gobernanza, enfrentando las dinámicas (drivers) de deforestación, incendios y conflictos socioambientales y valorizando iniciativas innovadoras de los amazónicas, con participación eficaz de los pueblos indígenas y otras comunidades y movimientos; así como con organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad científica.
  2. De la misma forma, transparentar la planificación del Pacto a nivel nacional: Tanto el Pacto de Leticia como las cumbres realizadas no han sido presentadas a sociedad civil para ser dialogadas, lo que implica un desconocimiento, dudas del mismo. Siendo necesario transparentar la información. Como parte de su modelo gobernanza, garantir mecanismos de monitoreo y evaluación participativos y independientes sobre la implementación del Pacto.
  3. Inclusión de instrumentos, estrategias y metas para garantizar el reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, así como la eliminación de incentivos gubernamentales para conflictos y especulación de tierras, como elemento fundamental para alcanzar el objetivo del Pacto de Leticia de protección de los bosques y ríos de la Amazonía.
  4. Inclusión de las iniciativas de los pueblos indígenas para la protección de la Amazonía, como es el reconocimiento y compromiso de la UICN para la conservación, protección y manejo sostenible del 80% de la Amazonía para el 2025, lo cual involucra a todos los estados de la región; así como a los actores privados con presencia en la cuenca amazónica.
  5. Protección de las defensoras y defensores ambientales e indígenas: Es necesario que el Pacto; así como cada hito político relacionado, y los documentos de planificación incluyan la situación de riesgo de las defensoras y defensores para articular acciones de protección. Siendo el Acuerdo de Escazú un elemento clave para el desarrollo del Pacto.
  6. Incorporación de una visión inclusiva sobre la bioeconomía que involucran de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas, priorizando sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; así como la generación de empleos de calidad y renda en las ciudades amazónicas, como espacios de transformación y consumo de productos de la biodiversidad. Al mismo tiempo, eliminación de incentivos crediticios y fiscales para la deforestación, con apoyo para la recuperación de áreas degradadas.
  7. Construir una estrategia clara e innovadora sobre infraestructura sostenible e inclusiva en nivel local y regional, incorporando lecciones para evitar la repetición de errores históricos, con prioridad para las necesidades e iniciativas de buen vivir de las comunidades amazónicas en el campo y las ciudades.

Firman:

  1. Amazónicos por la Amazonía – AMPA
  2. Asociación Pro derechos Humanos – APRODEH – Perú
  3. Asociación Ambiente y Sociedad – Colombia
  4. Asociación Arariwa – Perú
  5. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor – Perú
  6. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente: Colombia – Brasil – Ecuador
  7. Asociación Unión de Talleres 11 de Septiembre – Bolivia
  8. Bank Information Center – US
  9. Barranquilla+20 – Colombia
  10. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – Perú
  11. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
  12. Centro para el Desarrollo del indígena Amazónico – CEDIA
  13. Comitê de Energia Renovável do Semiárido – Brasil
  14. CONAC-Brasil
  15. Conectar Direitos Humanos – Brasil
  16. CooperAcción – Perú
  17. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – Perú
  18. Ecologia e Ação – ECOA – Brasil
  19. Elcena Jeffers Foundation
  20. Florida International University – Estados Unidos
  21. Foro Ecológico del Perú
  22. GT-Infraestructura y Justicia Socioambiental – Brasil
  23. Instituto Aroeira Brava – Brasil
  24. Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA – República Dominicana
  25. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú- Idlads – Perú
  26. Instituto Federal do Ceará – Brasil
  27. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) – Colombia
  28. Instituto Madeira Vivo – Brasil
  29. International Rivers – Brasil
  30. Más Integridad MX – México
  31. Movimento Pró Ivaí/Piquiri – Brasil
  32. Movimento Tapajós Vivo – Brasil
  33. Mouvement Pour la Lutte Contre l’Injustice – ONG
  34. Observatorio Sociolaboral y del Diálogo Social en el Ecuador OSLADE
  35. Observatorio Sociopolítico Latinoamericano – Colombia
  36. Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC
  37. Organización Regional Aidesep Ucayali – ORAU – Perú
  38. Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO – Perú
  39. Paz y Esperanza – Perú
  40. Programa Laboral de Desarrollo – PLADES – Perú
  41. Reacción Climática – Bolivia
  42. Red Muqui – Perú
  43. Rede Eclesial Pan-amazônica – REPAM-Brasil
  44. Red y Alianza de Líderes por el Progreso de Colombia
  45. UFMT-Brasil
  46. Unimontes – Universidade Estadual de Montes Claros – Brasil
  47. UFRR – Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena/UFRR – Brasil
  48. Universidade Federal do Tocantins – Brasil
  1. https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2021/07/Leticia11.pdf
  2. Explotación forestal, minería e industrias extractivas, agua y represas, cultivos ilegales, agroindustria, entre otras causas de origen económico (Global Witness septiembre 2021). Ver enlace web: https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
  3. Actualmente el Pacto no ha incluido este diagnóstico dentro de su narrativa.
  4. https://maaproject.org/2021/amazon-2020/
  5. https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
  6. El silenciamiento de los y las defensoras nacen de tácticas como “las amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización” (Ver Informe setiembre 2021 de Global Witness, p.10)
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Pronunciamiento: Retos para los 100 primeros días del Gobierno de Castillo

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PRONUNCIAMIENTO: BICENTENARIO DE LOS PUEBLOS.

RETOS PARA LOS 100 PRIMEROS DÍAS DEL GOBIERNO DE CASTILLO

El Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado oficialmente a Pedro Castillo Terrones como presidente y a Dina Boluarte como vicepresidenta de la República del Perú, decisión que saludamos y reconocemos desde la Red Muqui. El triunfo de Pedro Castillo es el triunfo de los pueblos frente a los grupos de poder, los medios de comunicación y los partidos de la derecha más conservadora en el país. Esto abre un nuevo escenario político, precisamente en el año del Bicentenario de la República.

Los desafíos y retos a encarar para el gobierno de Castillo son enormes. A la complicada situación de la pandemia y la voceada tercera ola, se suman las dificultades para la reactivación económica y la crisis política.  Las promesas y aspiraciones de cambio que encarna el actual presidente son muy altas; los pueblos en el país, especialmente de comunidades rurales, andinas y amazónicas, demandan cambios estructurales, reconocimiento y protección a sus derechos colectivos.

La demanda más significativa de estos pueblos, que la Red Muqui respalda, es el proceso popular constituyente, que implica el debate y propuesta de alternativas para la elaboración y aprobación de una nueva constitución. Una constituyente donde los pueblos participen del proceso refundacional del Estado debe ser:  soberana, plurinacional, paritaria y democrática. Además, dicho proceso debe garantizar la participación de todas, todos y todes, así como la representación de los pueblos indígenas u originarios históricamente excluidos.

A la consigna erróneamente sostenida de “Perú: país minero”, se contrapone la realidad de un país mega diverso que no debe ser negado por la dependencia sobre un solo sector productivo como la minería. El extractivismo depredador no ha logrado someter a nuestras comunidades y pueblos. Las resistencias en todos los territorios están yendo de la mano con múltiples alternativas económicas locales y comunitarias, como la pequeña agricultura, la protección de cabeceras de cuenca, el cuidado del agua y los bosques, la pesca artesanal, etc.

Para los cambios que necesitamos, es necesario que el sector minero en nuestro país deje de ser el sector más privilegiado, ya que, amparados en marcos normativos que los favorecen, no respetan los estándares en materia ambiental y social. Más aún en contextos globales como el actual, donde algunos minerales, como el cobre, vienen incrementando considerablemente su precio (actualmente la libra se cotiza a más de cuatro dólares), muy superior al “súper ciclo minero” de la década pasada. Frente a ello, deben eliminarse las exoneraciones tributarias y aplicarse un impuesto a las ganancias extraordinarias de la minería.

Bajo lo planteado, y de cara al nuevo gobierno de Pedro Castillo y el nuevo Congreso, planteamos algunas propuestas que deben ser asumidas en los 100 primeros días de gobierno, así como en el mediano plazo.

1.- Salud humana y ambiental.

La pandemia de la Covid-19 ha desnudado la profunda crisis en la salud pública en el país dejando un saldo de casi 200 mil compatriotas fallecidos. Esta crisis, para el caso de los territorios con extractivismo minero, se acrecienta generando una doble vulnerabilidad, debido a los impactos y daños irreparables a la vida y al medio ambiente que provocan. Es así que, según un reciente informe del Ministerio de Salud (MINSA), cerca de 10 millones de personas en nuestro país están en situación de riesgo por estar expuestos a la presencia de metales pesados a su alrededor. Los casos más dramáticos son los niños y niñas de Cerro de Pasco, La Oroya, Espinar, Cajamarca y otras regiones, con cadmio, arsénico, plomo o mercurio. Esto se debe a los más de 8 mil pasivos ambientales mineros y áreas de producción minera activas de todo tamaño, incluyendo la minera ilegal e informal. Ello impacta sobre cuencas y ríos, sin un adecuado control y fiscalización de la autoridad ambiental. Por lo tanto, es urgente aprobar e implementar de manera efectiva una política de atención integral para personas afectadas por metales tóxicos. Uno de los ejes principales es el fortalecimiento de la atención primaria de la salud en zonas de actividad minera como parte de una gran reforma de la salud pública en el Perú.

2.- Gestión y acceso al agua.

Una de las principales demandas de los pueblos afectados por la minería es que se garantice de manera efectiva el derecho al acceso al agua de calidad y se respete las fuentes de agua en los territorios. Los proyectos mineros impactan gravemente no solo en la cantidad sino en la calidad de este bien común. Por ello, el Estado, especialmente la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debe cambiar el régimen de gestión de los recursos hídricos, que privilegia el uso productivo y que afecta el uso del agua para la población y la actividad agropecuaria. Además, se debe lograr la protección efectiva de las “cabeceras de cuenca” declarando su intangibilidad, así como el reconocimiento de los vigilantes y monitores ambientales indígenas, claves para lograr la gestión comunitaria.

3.- Ordenamiento territorial y derechos de los pueblos indígenas.

Casi el 14% del territorio peruano está concesionado a actividades extractivas mineras según datos del INGEMMET. El 35% de territorios de las comunidades campesinas y nativas de costa sierra y selva tienen presencia de proyectos extractivos. Estas concesiones se otorgan de manera centralista, sin información, sin consulta previa y sin consentimiento de las poblaciones, lo que genera una alta conflictividad social. Es evidente el rechazo de la población local a proyectos como Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, Río Blanco en Piura y Antamina en la sierra y costa de Ancash, donde el Estado y las empresas mineras han intentado, y en algunos casos han logrado imponer estos proyectos a través del uso de fuerza y la violencia. Al respecto, una tarea imprescindible del nuevo gobierno es garantizar el respeto y reconocimiento a la decisión autónoma de los pueblos. Los procesos de consulta previa y participación ciudadana deben ser idóneos y vinculantes, que permitan a las poblaciones afirmar su derecho para decidir sobre los bienes comunes y sus territorios, coherentes con políticas de ordenamiento territorial que el Estado debe implementar.

4.- Criminalización de la protesta y defensores ambientales.

La Defensoría del Pueblo asegura que más del 60% de los conflictos son de tipo socio ambiental. De estos, el 65% de los conflictos sociales está vinculado a la actividad minera. Las poblaciones, comunidades, pueblos originarios y sus líderes y dirigentes que rechazan la actividad minera y extractiva en sus territorios, son constantemente estigmatizados, judicializados, criminalizados y privados de su libertad. Por ello, consideramos que el nuevo gobierno debe derogar las normas que promueven la impunidad policial, como la Ley N° 31012. También es necesario que se reconozca el derecho a la protesta, a su no criminalización y que no se vuelva a decretar Estados de Emergencia preventivos en territorios indígenas. Así mismo, se requiere un trabajo articulado con el Ministerio Público y el Poder Judicial en una política de reconocimiento de los defensores ambientales para el cese de acciones judiciales y fiscales que los criminalicen.

5.- Reactivación del agro y la promoción de alternativas.

La agricultura en nuestro país emplea a más del 20% de peruanos y peruanas y alimenta al país con más del 70% de los productos. Durante la pandemia ha sido uno de los sectores más afectados. Sin gozar de un apoyo específico, claro e importante de parte del Estado, las y los campesinos han tenido que afrontar la caída de sus precios, las limitaciones para el transporte de sus productos, sequías, falta de agua y de conectividad en zonas rurales, el aprovechamiento de los intermediarios, la competencia con productos importados, entre otras dificultades. Todo ello supone atender de manera inmediata la demanda de más de 2,2 millones de pequeños productores del país que trabajan la agricultura familiar para que garanticen la alimentación de los peruanos y peruanos. De igual manera, en este nuevo período corresponde visibilizar y promover la agricultura familiar como parte de las alternativas al desarrollo frente al extractivismo minero, una agricultura con un enfoque agroecológico, que sea parte de una política y plan económico que a mediano y largo plazo permita disminuir la dependencia de la minería.

Finalmente, para llevar a cabo todos estos cambios del bicentenario, es importante que el presidente Pedro Castillo designe responsabilidades claves a personas comprometidas y consecuentes con la transformación del país. Su gabinete ministerial, principalmente en las carteras de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, y la cartera de Ambiente debe guardar coherencia con las expectativas de todo el país: que el gobierno de Castillo sea realmente el gobierno de los pueblos soberanos.

Lima, 27 de julio del 2020.

 

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Pronunciamiento: Por un bicentenario con empresas que respeten los DDHH

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El viernes 11 de junio, mediante el Decreto supremo 009-2021-JUS, se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) como resultado de un proceso inédito de construcción participativa de una herramienta cuyo objetivo es adoptar acciones para superar progresivamente las brechas de coherencia de las políticas públicas del país en relación con el marco internacional de las empresas y los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la competitividad y la inversión sostenible.
En ese sentido, destacamos la participación de las centrales sindicales, organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil en este proceso, que con su voz y aportes ha permitido que el Estado y las empresas reconozcan oficialmente los impactos negativos en los derechos humanos generados por las actividades empresariales en los pueblos indígenas, comunidades originarias, defensores y defensoras ambientales, trabajadores, trabajadoras, usuarios y consumidores; y también resaltamos que a través de un diálogo multiactor hemos logrado la construcción de un plan nacional que debe guiar al Estado, con el apoyo de los titulares de estos derechos, hacia la implementación de una política pública que reduzca estas violaciones a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial.

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar ausencias centrales e importantes que deja el Plan aprobado.
En primer lugar, los pueblos indígenas y comunidades originarias señalamos que sólo uno de los puntos mínimos propuestos por las organizaciones indígenas ha sido incorporado. Durante el proceso, las organizaciones indígenas planteamos se incorpore mecanismos que permitan proteger nuestro derecho al territorio, a la soberanía alimentaria y a la institucionalidad indígena; sin embargo, estos derechos no han sido tomados en cuenta. Tampoco fue tomada en cuenta la jurisdicción indígena como mecanismo de reparación de nuestros pueblos frente a la violación de derechos humanos. Además, la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada y los estudios de impacto ambiental aún no se encuentra acorde a los estándares internacionales. Demandamos que, en el
proceso de implementación, se incorpore este punto por ser de derecho, porque es necesario que se reconozca la importancia del consentimiento previo, libre e informado; así como la reparación de las afectaciones a los pueblos indígenas y las personas y poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas.

En materia laboral, los trabajadores y trabajadoras lamentamos que no se reconozca con la claridad necesaria que la legislación nacional, las políticas públicas y las prácticas empresariales se mantienen aún por debajo de los estándares internacionales y que es necesario y urgente atender todos los derechos colectivos del trabajo incluyendo la asociación y libertad sindical, la huelga y la negociación colectiva así mismo en el tema de la informalidad tantas
veces mencionado en este diálogo multiactor nos ratificamos es que no debe entenderse como un fenómeno desvinculado de la actividad empresarial formal, pues muchas veces funcionas articuladas, permitiendo que las empresas relativicen sus obligaciones de respeto de los derechos humanos.

Las instituciones de derechos humanos hemos exigido en todo el proceso de elaboración del PNAEDH la adopción de una metodología adecuada y el uso de indicadores que realmente evidencien cambios en la conducta empresarial y que ayuden a reducir la vulneración de derechos humanos, así como el cierre de brechas en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos. Así mismo, insistimos en lo que hemos mencionado en nuestros aportes al Plan ahora que se viene el proceso de implementación del Plan seguiremos haciendo incidencia sobre estos puntos, porque el desarrollo empresarial solo será sostenible si se incorpora integralmente las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Necesitamos mirar el PNAEDH, a partir de este momento, como parte sustancial de una nueva arquitectura estatal de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos que se deben seguir desarrollando en el país, a fin de que tanto las empresas internacionales como nacionales respeten los derechos humanos. En particular, atendiendo al hecho de que el PNAEDH no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que el desarrollo empresarial, que todas y todos saludamos, no se haga a costa de los derechos humanos de los demás. En ese orden de cosas, el PNAEDH recientemente aprobado debe tomarse como un punto de partida para seguir mejorando los procesos en el corto y mediano plazo, en el que se elimine la estigmatización y la criminalización de las personas defensoras, y se reconozca genuinamente la labor de defensa y protección de los derechos humanos.

La implementación del PNAEDH demanda potenciar la participación empoderada de la sociedad civil en la ejecución y seguimiento, tanto de sus acciones estratégicas, como del cumplimiento de los objetivos planteados en él; y ello pasa por trasladar la información respectiva desde lo nacional a lo regional y viceversa; visibilizando las experiencias piloto de diálogo que hemos venido desarrollando en diferentes zonas del país, las mismas que deben servir de referencia del ejercicio de diálogo entre sectores empresariales, actores sociales y poblaciones ubicados
en esos territorios.

La implementación del PNAEDH exige, asimismo, una iniciativa legislativa y la necesaria aprobación en el nuevo Congreso de una ley que establezca la obligatoriedad de la debida diligencia en el ámbito de las actividades
empresariales, incluyendo toda la cadena de suministro y de valor, así como la reparación integral de las víctimas que se vean perjudicadas por actividades empresariales que históricamente han impactado los derechos humanos, cuyas secuelas tienen que atenderse para recuperar la confianza perdida.
Finalmente, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, que todos estos años hemos defendido los derechos humanos, nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir bregando, tanto desde la discusión de las políticas públicas, como ejerciendo el derecho a la incidencia, la movilización y la protesta con propuestas, para reducir la vulneración de derechos humanos y así poder construir juntos un Bicentenario en el que las empresas respeten plenamente los derechos humanos en el Perú.

Firmas:
Centrales Sindicales
Confederación General Trabajadores del Perú
Central Autónoma de Trabajadores del Perú
Central Unitario de Trabajadores del Perú
Confederación de Trabajadores del Perú
Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines – FENTAGRO
Organizaciones de Pueblos Indígenas
Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú –
ONAMIAP
Asociación en Defensa de las viviendas y medio ambiente del Puerto de Chancay
Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa de Chancay
Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
CooperAcción
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Red Muqui
Red Peruana por una Globalización con Equidad -RedGE
Instituto del Bien Común – IBC
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Comisión de Derechos Humanos de ICA -CODEHICA
Earthrights International -ERI
Programa Laboral de Desarrollo – Plades
Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Derechos Humanos Sin Fronteras -DHSF
IDLADS
CIPCA
GRUFIDES
IESI
DIAKONIA
OXFAM en Perú
11.11.11
Broederlijk Denle
Otras adhesiones:
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

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Exhortamos al Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú

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La Red Muqui, miembros de las redes macroregionales de Muqui Centro, Muqui Norte y el Colectivo de Abogados y Abogadas de Muqui Sur, expresamos nuestro rechazo y preocupación frente a las opiniones vertidas por el archivamiento de la Resolución Legislativa que busca ratificar el acuerdo de Escazú denominado “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Al respecto señalamos lo siguiente:

1.- Rechazamos el adelanto de decisión de no ratificar el Acuerdo de Escazú por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Consideramos que no ratificar dicho acuerdo sería un grave retroceso del Estado peruano en la línea de promover la vigencia y garantía de los derechos humanos, territoriales y ambientales.

2.- Precisamos que el Acuerdo de Escazú no contraviene los principios y valores del Estado Peruano. Todo lo contrario, el Acuerdo es un instrumento internacional que busca fortalecer la protección de los derechos, en especial el medio ambiente, la vida de los defensores y defensoras y la vigencia de la democracia a través de la participación y fiscalización ciudadana en materia ambiental.

3.- Resaltamos que la ratificación del Acuerdo de Escazú no implica que el Perú pierda su soberanía sobre sus recursos naturales, bienes comunes o la jurisdicción interna. El artículo 3ro de dicho Acuerdo establece claramente que se rige por el irrestricto respecto de la “soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”. El Perú, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoce las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que ello haya significado el menoscabo a nuestro sistema de justicia interna; al contrario, la cooperación entre las cortes ha fortalecido nuestra democracia.

4.- La labor de defensa de derechos ambientales en nuestro país enfrenta muchos riesgos como asesinatos y criminalización de defensores y defensoras ambientales, tal como lo hemos constatado en las ultimos meses en nuestro país. Por ello es importante reforzar los mecanismos para acceder a información, desplegar mecanismos reales de protección de defensores y garantizar el acceso a la justicia en caso de daños. El Acuerdo de Escazú otorga estos y otros estándares de protección y así lo reconocen la mayoria de paises que la han suscrito.

Finalmente, por todo lo señalado INSTAMOS a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú, pues permitirá asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

19 de octubre del 2020.

/por

Tía María: La Inversión no puede estar por encima de los Derechos de las Personas

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TÍA MARÍA: LA INVERSIÓN NO PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

RED MUQUI y la COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional y en particular al Presidente de la República, Martín Vizcarra, para manifestar lo siguiente:

  1. Nuestra profunda preocupación por la resolución del 30 de octubre emitida por el Consejo de Minería, la cual en última instancia administrativa declaró improcedente los recursos de revisión presentados por el Gobierno Regional de Arequipa, la Junta de Usuarios de Riego de Valle de Tambo y la Asociación Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca y Anexos; los cuales buscaban impugnar la resolución del Ministerio de Energía y Minas dada en julio del presente año, mediante la cual se aprobó la Licencia de Construcción de la Planta de Beneficio del Proyecto Tía María. Con esta reciente resolución estaría autorizada la construcción de la Planta de Beneficio.
  2. Esta resolución se emitió pese a que la ciudadanía de Islay se opone a la realización del proyecto porque considera que la actividad minera pone en grave riesgo la existencia del Valle de Tambo debido a la posible afectación de las aguas superficiales y subterráneas y del acuífero que alimenta al río Tambo en un 100% en temporada de estiaje. La poca rigurosidad del EIA aprobado ha sido corroborada por especialistas nacionales y extranjeros.
  3. Además, los temores de la ciudadanía de Islay son alimentados dado los antecedentes de la empresa minera Southern Perú, correspondientes a sus operaciones en Moquegua y Tacna, en donde ha incurrido en 12 infracciones ambientales. A ello se suma, los reclamos de las poblaciones afectadas de México por las actividades del Grupo México, al que pertenece Southern, los cuales se relatan en una carta que dichos afectados hicieran llegar al Presidente Vizcarra.
  4. El gobierno ha anunciado la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sin dejar claro su finalidad y sus efectos jurídicos. Es necesario que se expliquen los alcances de la intervención del OEFA. De lo contrario, puede generarse expectativas que incluso pueden agravar la actual situación de conflictividad.
  5. Consideramos que la insistencia del sector minero y el gremio empresarial con sus agendas para que se tome una decisión de esta naturaleza, constituye un error pues agrava el conflicto social; así como el hecho que el gobierno no haya podido delinear salidas viables que canalicen la preocupación legítima de la ciudadanía de Islay.
  6. Además, es necesario que el proyecto minero no se imponga a la población que podría verse afectada. La empresa Southern debe cumplir con su compromiso ético de contar con la licencia social, y respetar la decisión de la ciudadanía respecto de la actividad minera en su localidad. Igualmente, el gobierno no deber permitir que el proyecto se imponga. En consecuencia, utilizar la fuerza pública y la cuestionada norma de los activos críticos con este propósito es un grave error y contraviene el Estado de Derecho Constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. Cabe recordar que en setiembre del 2009 se realizó una consulta vecinal en la que más del 90% de la ciudadanía de Islay rechazó la minería en su territorio.
  7. El caso Tía María da cuenta de las debilidades de nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental ya que se le ha dado viabilidad ambiental a un proyecto que podría poner en riesgo uno de los pocos valles costeros exitosos existentes en la costa peruana.
  8. En ese sentido, es importante recordar que nuestro país solo tiene el 6% de sus tierras aptas para actividades agrícolas, por lo que estas tierras deben estar protegidas a fin de garantizar la seguridad alimentaria, nuestras exportaciones agropecuarias y nuestro lugar como país líder en la gastronomía mundial.
  9. Por lo tanto, la discusión de una nueva ley general de minería, la revisión de la legislación minera y minero ambiental en general y de la ley de aprovechamiento sostenible de recursos naturales, es una necesidad en términos de alcanzar un desarrollo diversificado y garantizar los derechos de las personas en Islay y en todo el Perú.

Finalmente, pese a la decisión del Consejo de Minería consideramos que el gobierno del Presidente Vizcarra tiene el enorme desafío de recuperar su rol garante de derechos, y encontrar una salida pacífica y definitiva a un conflicto que lleva ya más de 10 años sin resolverse y de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en Islay, entre ellos el de decidir cuál es su proyecto de vida y desarrollo.

/por

Misión de Derechos Humanos exige a presidente Vizcarra cese de uso de violencia en el Valle de Tambo

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, RED MUQUI y la Asociación Nacional de Centros nos constituimos en Misión de Observadores en Arequipa y Valle de Tambo, para verificar la situación de conflictividad social generada por la decisión del gobierno de Martín Vizcarra de conceder la autorización de construcción al proyecto minero Tía María.

El día lunes 22, en la ciudad de Arequipa tomamos conocimiento de la lamentable decisión del gobierno, anunciada por el Premier Del Solar, de hacer uso de la fuerza represiva en contra de la protesta social de la población de Valle de Tambo generada por la imposición del citado proyecto.

El mismo día, la Misión fue informada por las y los dirigentes locales que en el marco de la acción policial por “liberar” la vía Panamericana, se habrían producido 4 detenciones de pobladores. Del mismo modo, se informó a la Misión que algunos civiles resultaron heridos producto de la acción policial. Al respecto, la Misión solicitó una reunión inmediata con el Jefe de la Novena Macro Región Policial Arequipa, General Roy Ugaz Suárez, y con el Presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Dr. Franklin Tomy López, quienes señalaron que hasta ese momento no se habían producido detenciones ni personas heridas por las intervenciones policiales.

El día martes 23, la Misión se trasladó al Valle de Tambo, visitando la Comisaría de Cocachacra y el Cuartel Chucarapi, antes y después de producido un nuevo enfrentamiento con los pobladores. En este contexto se produjo la primera detención, del señor Gilberto Colque, quien fue conducido a las instalaciones del Cuartel Chucarapi. La Misión verificó que el Sr. Colque se encontraba en buen estado de salud y contaba con defensa legal, el mismo que posteriormente -tras larga espera de presencia fiscal- fue trasladado a la ciudad de Arequipa para continuar las investigaciones. Consideramos fundamental que el Ministerio Público priorice una presencia permanente de fiscales en el Valle de Tambo, a fin de brindar garantías a la población para el ejercicio de sus derechos.

Durante el mismo día, la población del Valle de Tambo recibió al Viceministro de Gobernanza Territorial, Sr. Raúl Molina. Sin embargo, la voluntad de apertura de la población no encontró eco en el gobierno, cuando se informó de una reunión del Ministro de Energía y Minas con representantes de la provincia de Islay, en los precisos momentos en que la población se encontraba movilizada en el Valle de Tambo.

La Misión expresa su preocupación por la falta de diálogo y por los hechos de violencia.No se puede imponer un proyecto minero bajo el uso de la fuerza, sin consideración a los modos de vida y modelos de desarrollo presentes en el Valle de Tambo, sostenidos en la agricultura, agroindustria y agroexportación.

En este sentido, se exhorta a las partes, en particular al poder ejecutivo, a cesar el uso de mecanismos de violencia, de presión y/o estigmatización que puedan afectar el ejercicio de los derechos de las personas. En este sentido, recordamos a la opinión pública que las y los pobladores del Valle de Tambo vienen levantando su voz de protesta frente al proyecto de Tía María desde hace 10 años, sin encontrar respuesta desde el Estado, encontrándose en un estado de tensión y afectación hasta la fecha.

Del mismo modo, la Misión comparte su preocupación frente a la situación de las personas heridas en el contexto del conflicto. Hasta este momento, el actual conflicto ha producido 11 policías heridos y/o contusos, dados a conocer ampliamente por los medios. Del mismo modo se ha reportado 3 civiles heridos, entre ellos una pobladora impactada peligrosamente por una bomba lacrimógena en la frente, según los medios han indicado. Resulta grave que no pueda determinarse el real número de civiles heridos por el temor de la población a atenderse en los centros de salud, donde podrían ser detenidos y/o criminalizados por su participación en las protestas.

Finalmente, la Misión exhorta al gobierno central, a las autoridades regionales y locales a buscar una solución definitiva al conflicto social generado por el proyecto minero Tía María, que respete el derecho de las y los ciudadanos del Valle de Tambo a decidir sobre sus modos de vida y su futuro. El gobierno del Presidente Vizcarra debe recuperar su rol de garante de derechos, y no aceptar presiones de grupos económicos que pretenden imponer sus intereses por encima del respeto a la dignidad y a la vida de las personas.

Lima, 24 de julio del 2019

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Pronuciamiento contra la Explotación Minera en Locuto – Tambogrande

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AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
AL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS
A LAS AUTORIDADES DE LA REGION PIURA
A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL

La comunidad campesina Apostol Juan Bautista de Locuto, las comisiones de regantes de San Lorenzo, organizaciones agrarias, organizaciones de la sociedad civil del campo y la ciudad del distrito de Tambogrande, ante el anuncio del actual gobierno a traves de pro inversión de dar inicio a las operaciones mineras en la zona de Locuto, ubicada a un kilómetro de Tambogrande en la margen izquierda del Rio Piura en el tercer trimestre del presente año, manifestamos lo siguiente:

  1. Respaldar firme y solidariamente, el pronunciamiento publico del alcalde del distrito de Tambogrande ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, en su decidido rechazo a la explotación minera en el caserío (ciudad) de Locuto-Tambogrande.
  2.  Desde nuestras bases ratificar la valides y vigencia de la consulta vecinal del 2 de junio del 2002, fecha en que conmemoraremos y celebraremos este año,  el 17 aniversario de la decisión libre democrática y soberana del pueblo de Tambogrande, que en un 98.5% dijo no a la explotación minera en nuestro distrito.
  3. Repudiamos y rechazamos la actitud autoritaria del gobierno que combinada a una estrategia mercantilizadora de las empresas mineras, pretenden comprar conciencias, engañando a la población con un falso desarrollo con la inversión minera, por que en ningún sitio de nuestra patria donde hay actividad minera hay desarrollo humano.

El valle de San Lorenzo, el pueblo y la margen izquierda de Tambogrande, unidos en una sola fuerza.

“el algarrobo no va”
El comité de coordinación.
/por