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Una delegación de dirigentes del Frente de Defensa del río Ronquillo se ha reunido en Lima con organizaciones defensoras de derechos humanos y han logrado ser recibida por el viceministro de Energía y Minas, Jaime Chávez el viernes 19 de abril.
Víctor Cueva Chilón presidente de la Junta de Administradoras y Saneamiento (JASS) de San José de la Coila Rosa Mayo y secretario del Frente de Defensa ha expuesto en la sede de Red Muqui la preocupante situación que están viviendo los habitantes de Cajamarca y otros zonas cuyo abastecimiento de agua depende del mencionado río.

Como grave antecedente de la actividad aurífera que se pretende expandir, en este caso al distrito de Chetilla, provincia de Cajamarca, Cueva apunta a la experiencia que ha sufrido la población de la capital departamental homónima con la empresa Yanacocha. Explotación que ha hecho desaparecer el río Grande que abastecía alrededor del 70 por ciento de la población de la ciudad y que ahora depende del bombeo de aguas de la empresa una vez recicladas del proceso de extracción del oro.

A fines de 2022, la empresa cerró las compuertas de las tuberías de las aguas destinadas a la población. Los motivos se desconocen hasta hoy, pero especialistas suponen que el corte que duró cuatro días, se puede haber debido a un episodio de contaminación.
Para evitar que se repita la historia y salvaguardar la calidad del agua del río Ronquillo, cuya cabecera de cuenca se halla amenazada por el proyecto aurífero Colpayoc, y que abastece al 30 por ciento de la población de la ciudad de Cajamarca y a otros distritos en su recorrido, el Frente de Defensa junto con diversas organizaciones sociales se están organizando y desarrollando manifestaciones y otras acciones para alertar sobre la falta de licencia social y parar este riesgoso proyecto en el distrito de Chetilla.

Un área mucho más extensa que las 18 hectáreas cedidas por la Cooperativa Agraria de Trabajadores Llullapuquio, y donde la empresa Colpayoc ya ha desplegado su maquinaria para realizar trabajos de exploración, como explica el dirigente y ex alcalde de Chetilla, Antonio Soto, parte de la delegación de dirigentes sociales que se ha reunido en Lima con funcionarios del MINEM. El dirigente explica que el área cedida por una parte de la ex dirigencia de la cooperativa, en forma intransparente y por eso cuestionada, es una fracción ínfima de una área total de 1445 hectáreas que forman parte del proyecto de estudio y donde se emplazan numerosos ojos de agua, manantiales y otras fuentes hídricas que se verían inexorablemente impactadas. “La empresa habla de 18 hectáreas para tranquilizar a la opinión pública, pero ese es solo el área inicial donde harán veinte perforaciones, después ellos irán avanzando a otras áreas para hacer más trabajos de exploración en una zona mucho más amplia”.

La gente de la zona tiene claro que la zona impactada finalmente será toda una cuenca hidrográfica.
Por eso el Frente de Defensa que agrupa a Juntas Administradoras, Rondas Campesinas, Canales de Regantes y Tenientes Gobernadores ha logrado movilizar a miles de habitantes. Uno de los hitos en las movilizaciones se produjo el domingo pasado con más de cuatro mil manifestantes, después que la población se enterara que la empresa ya está avanzando con maquinarias pesadas en la exploración.
La minera lejos de buscar el diálogo con las organizaciones respondió con disparos la visita de una delegación de organizaciones que subieron al lugar de la concesión minera ubicada en el distrito de Chetilla, cerca de los centros poblados de Peña Blanca, Alto Chetilla, Las Quinuas, Chalhua y Quinuayoc.

Así lo denuncia Antonio Soto que aclara que la violencia y el amedrentamiento es ejercida especialmente contra los y las dirigentes sociales y defensores ambientales. La agresión sufrida por Jovita Dilas Cabrera ha alcanzado notoriedad pública recientemente. Integrante del grupo ‘Defensoras de la Vida y la Pachamama’, así como del Comité de Vigilancia Ambiental de Cajamarca, la lideresa fue golpeada y amenazada el pasado 28 de marzo, cuando grupos de vigilantes de la empresa se enfrentaron a manifestantes contra el proyecto minero. Jovita Dilas es una de las voces que ha venido alertando durante años sobre los potenciales impactos de un proyecto minero que se extiende por la quebrada Portachuelo, una parte vital del río Ronquillo. Las aguas de esta cuenca alimentan el río Mashcón, que a su vez es tributario del río Cajamarquino.

Crédito de la foto: Chilcaloma

A inicios de marzo del 2023 se realizó la convención minera más importante del mundo en Toronto, Canadá, la convención del PDAC (Asociación Canadiense de Prospectores y Desarrolladores), en la cual participaron más de 30 mil empresarios provenientes de 130 países. La delegación peruana estuvo conformada por el primer ministro Alberto Otárola; el ministro de Economía, Álex Contreras; el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera; y al presidente del BCR, Julio Velarde.

En esta convención, a través de sus representantes, el gobierno de Dina Boluarte mostró su postura de que el Perú “abrazará” con fuerza el extractivismo minero, es decir que el país está abierto a la inversión minera y que hay condiciones para invertir en la minería, a pesar de que el país se encuentra en una de las crisis sociopolíticas más graves de las últimas decadas, y en la cual se ha vulnerado gravemente los derechos humanos y cuyo saldo ha dejado la lamentablemente pérdida de 67 vidas humanas (49 civiles en enfrentamientos, 1 policía, 6 militares y 11 civiles por hechos vinculados a los bloqueos de carreteras).[1]

Además, el ministro de Economía y Finanzas informó que su sector ejecutará un “shock de eliminación de permisología minera”, con lo cual el Ejecutivo buscará agilizar y reducir los trámites para la exploración y explotación minera en el país.

De acuerdo con el Secretario Ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, estos anuncios lo que hacen prever es que en los próximos meses se viene una mayor presión en los ministerios de Energia y Minas y del Ambiente, ya que “se va buscar facilitar aún más la inversión minera en el Perú, y probablemente irán en contra de la alicaída institucionalidad ambiental, es más hace poco el Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley N° 31696, el cual otorga facultades legislativas al “Ejecutivo en materia económica y modernización del Estado”, dentro de los cuales se busca afectar las competencias técnicas del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), ente encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental de las inversiones mineras y petroleras en el Perú”.

En la línea con los anteriormente mencionado, el economista Juan Aste Daffós señala que las empresas han aprovechado la posición del gobierno de militarizar territorios y reprimir movilizaciones para presionar al Estado a agilizar la aprobación de proyectos mineros en el país, ya que “consideran que el pueblo va a retroceder” por el temor y la forma cómo el gobierno ha actuado contra los manifestantes, y no representarán un obstáculo para la inversión minera en los territorios. Nuevamente, el gobierno trabaja una estrategia que busca priorizar la inversión y crecimiento económico, en lugar de escuchar las demandas del pueblo, proteger los derechos humanos y del ambiente.

Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Oscar Vera Gargurevich, anunció que hay seis nuevos proyectos mineros que se desarrollarán entre el 2023 y 2024 con una inversión de US$ 6,920 millones. Detalló que para el presente año están contemplados la construcción de los proyectos cupríferos Magistral en Áncash (operado por la empresa Nexa Resources); Reposición Antamina ubicado en Áncash (operado por la empresa Glencore), considerado el yacimiento de cobre más grande del Perú; la mina de plata Corani en Puno (operado por la empresa canadiense Bear Creek Mining); y el proyecto minero de zinc Romina ubicado en Huaral-Lima (perteneciente a la empresa minera Volcan). Mientras que para el año 2024, se trabajará en las operaciones cuprífera Zafranal en Arequipa; y de oro Yanacocha Sulfuros en Cajamarca.

Como se sabe, el MINEM presentó 47 proyectos por US$ 53,715 millones en un informe sobre la cartera de inversión minera para el 2023. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el 47% del total de proyectos tiene historiales de conflictos sociales con la población local. Según Jaime Borda, es posible que con los nuevos anuncios de los proyectos extractivos, en los próximos meses habrá mayor represión en los territorios para sacar adelante estos proyectos mineros, y que la política de mano dura, violencia e impunidad se va mantener en el regimen de Dina Boluarte.

Con estas decisiones, el gobierno de Dina Boluarte ha vuelto a demostrar que no representa al pueblo y que no escucha sus demandas, no olvidemos que en el sur del país están concentrados la mayor cantidad de conflictos socioambientales sin resolver vinculados a la minería, y cuyas mesas de diálogo no han logrado atender las demás de las comunidades en las zonas mineras. Por esa razón, para Jaime Borda, es inconsecuente el mensaje de “minería con todo” del gobierno de Boluarte, ya que “está claro que no hay condiciones para más minería en la actualidad, y mucho más sin plantear cambios o reformas en ese sector como el impuesto a la sobreganancias mineras, la reforma a la ley general de minería o el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, por el contrario los conflictos sociales de van a reactivar con más fuerza en los territorios.

Para Juan Aste, a partir de la decisión pro extractivista del Estado, lo importante será alertar e informar a la población para enfrentar el avance de los proyectos extractivos de tal forma que no se acepten proyectos mineros sin haberse establecido espacios donde la población haya participado. “Uno de los objetivos de las empresas es que se elimine la consulta previa, lo cual representaría eliminar un derecho de los pueblos indígenas u originarios, población que ha sido históricamente vulnerada. Por esa razón, se debe trabajar en una verdadera consulta previa y que la población tenga conocimientos y argumentos para que se pueda tomar una decisión adecuada sobre un proyecto extractivo en sus territorios” señala Aste.

Otro punto importante es el fortalecimiento de la gestión ambiental. De acuerdo con Aste Daffós, las empresas buscan que este proceso, en el cual se administran los recursos naturales, se dé solo bajo responsabilidad social empresarial, lo cual representaría que la compañía minera entregue un informe de gestión ambiental al Estado, sin participación de la población. De esa manera, el economista Aste propone que el fortalecimiento de este proceso se dé con participación de las propias comunidades, y de los comités de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria y ciudadana.

Finalmente, el economista Juan Aste señala que la participación de las personas en la gestión de sus territorios y del ambiente es fundamental para contrarrestar la flexibilización y desregulación en materia de procedimientos mineros que busca el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte a través, no solo de las medidas que impulsa, sino también a través de su discurso de que los proyectos mineros son fundamentales por la cantidad de puestos de trabajo que va a generar para los peruanos y el desarrollo del país, sin embargo, detrás de esto se continúan con un gobierno autoritario que realiza acciones de represión, que ha cobrado las vidas de decenas de peruanos y peruanas, y tiene un enorme desinterés por atender las reales demandas del pueblo.

 

[1] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario3032023_17horas.pdf

 

Este miércoles 24 de agosto, a las 11:00 am, se realizará una conferencia de prensa para exigir que el Ministerio de Energía y Minas no autorice el inicio del proyecto de exploración minera Pukaqaqa Sur de la empresa minera Nexa Resource SAC y denunciar los impactos negativos que este proyecto representaría para el ambiente y el acceso a agua en calidad y cantidad para la población de  de Huancavelica. El proyecto generaría que más de 50.000 huancavelicanos se encuentren en riesgo de quedarse sin agua.

Esta conferencia de prensa, que se llevará a cabo en el local de la Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS en Lince, será un espacio para anunciar la toma de medidas legales para evitar el inicio de este proyecto y se exigirá al gobierno que brinde apoyo a los pobladores y la protección de sus derechos de acceso al agua y a una vida digna.

Los participantes del evento serán dirigentes sociales, autoridades religiosas y públicas: el obispo de Huancavelica, el Monseñor Alberto Salcedo; la presidenta de la Comisión de Gestión Ambiental del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, la Licenciada Elsa Benavente; el secretario general del Frente de Defensa de la Provincia de Huancavelica, Miguel Cárdenas Ordoñez; y un representante del congresista de Huancavelica, Alfredo Pariona.

Los participantes informarán sobre el grave impacto negativo que representaría la ejecución del Proyecto de Exploración Minera “Pukaqaqa Sur”, el cual  se encuentra en plena cabecera de la Microcuenca Callqui, distrito de Ascensión, provincia, departamento de Huancavelica; violando la normativa ambiental que establece que hay que proteger las cabeceras de cuencas, subcuencas y microcuencas.

Es importante señalar que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, que fuera aprobada por el MINEM, plantea realizar 20 plataformas y 40 perforaciones o sondajes, de 100 a 1000 metros de profundidad a diferentes inclinaciones; y como está en cabecera de microcuenca, en un ecosistema frágil donde nace el agua; el riesgo de la contaminación de las aguas subterráneas con arsénico y otros metales pesados es inminente, lo que  contaminaría la quebrada Callqui y por lo tanto la Captación Callqui, y como consecuencia de ello la Empresa EMAPA Huancavelica, tendría que cerrar esa captación perjudicando a 51,183 personas de la ciudad, que se quedarían sin agua potable, poniendo en riesgo su salud.

La conferencia de prensa será transmitida por las cuentas de Facebook de Red Muqui y la Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

Previo a la conferencia de prensa, y con el objetivo de buscar una solución a la problemática, la Comisión de Asuntos de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huancavelica ha enviado oficios al Sr. Presidente de la República, Pedro Castillo; al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y al Ministerio del Ambiente para solicitar una reunión presencial para el 23 de agosto con las autoridades mencionadas para tratar el tema y mostrar su preocupación.

El 19 de noviembre la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, hizo un anuncio importante desde Coracora – Ayacucho: se procedería al cierre de cuatro unidades mineras ubicadas en las cabeceras de cuenca de tres provincias del sur de Ayacucho. Esto, luego de la reunión sostenida con autoridades y dirigentes de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, cuyas cabeceras de cuenca se encuentran afectadas por contaminación minera. Como se sabe, en estas zonas se encuentran operando los proyectos mineros de Apumayo (Anabi Sac), Pallancata e Inmaculada (Minera Ares) y Breapampa (minera Sami SAC – Ex Buenaventura).

Al respecto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) han salido a pronunciarse señalando que lo anunciado por la premier Mirtha Vásquez colisiona con el Estado de Derecho en nuestro país, no fueron informados sobre este anuncio y solicitan al gobierno que se rectifiquen en tal anuncio. Al respecto, desde la Red Muqui queremos manifestar lo siguiente:

  • La PCM ha emitido un comunicado señalando que el gobierno garantiza las operaciones de las empresas mineras respetando el marco legal vigente. En relación al cierre de cuatro unidades mineras, éstas en efecto se encuentran con planes de cierre progresivo de minas y cuyo cronograma incluye a Apumayo, Pallancata, Inmaculada y Breapampa en Ayacucho, las que han empezado a cerrar desde el año 2019. Proceso que concluirá en los próximos años. Por tanto, no es exacto el reclamo de los gremios mineros sobre la postura de la PCM, por el contrario, pareciera que los gremios empresariales buscan abonar aún más a la permanente inestabilidad política que se vive en el país.
  • En nuestro país, los planes de cierres de minas están regulados por la Ley 28090, su modificatoria por la Ley 31347 y su reglamento. En la ley se establece que todo titular de una actividad minera tiene la obligación de implementar los planes de cierre de minas desde el desarrollo de las operaciones mineras, pero si estas actividades son un riesgo “inminente a la salud o al ambiente, la Dirección General de Minería puede requerir al titular de actividad minera para que en forma inmediata ejecute las labores de cierre de los componentes mineros involucrados”. La CONFIEP señala que los planes de cierre de minas son “instrumentos de gestión ambiental vivos o dinámicos” y que se actualizan en función al hallazgo de nuevos recursos; esta afirmación es inexacta, ya que la ampliación no se da por decisión unilateral de la empresa, debe contar con la aprobación de las autoridades competentes en la materia.
  • Saludamos el anuncio realizado por la premier Vásquez en Coracora – Ayacucho respecto a que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) priorizará la implementación del marco metodológico sobre la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca en esta zona del país. No se puede ampliar ni dar más autorizaciones de operaciones mineras en cabeceras de cuenca, ya que afectan los derechos humanos y ambientales de las comunidades y poblaciones que allí habitan; por el contrario, las cabeceras de cuenca deben ser declaradas como zonas intangibles para proteger nuestros recursos hídricos y la vida de la cuenca hidrográfica.
  • Durante las últimas semanas los conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera se han reactivado con mucha fuerza. Las demandas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería son múltiples y no pueden seguir esperando, por ello urge que este gobierno implemente un enfoque de atención de conflictos y los espacios de diálogo donde se busquen soluciones desde la raíz del problema y se ponga en el centro la protección de los derechos humanos y ambientales de la población. Parte de estos cambios incluye la discusión de un nuevo marco normativo que regule la actividad minera en el país.

Finalmente, durante los últimos gobiernos, la política de gestión de conflictos ha estado acompañada de violencia y represión por parte de la PNP. En todo este tiempo, las empresas mineras pocas veces han asumido alguna responsabilidad por los impactos ambientales y sociales generados en estos territorios; por el contrario, se tenia una política de criminalización de la protesta social. Es tiempo de escuchar todas las justas y legítimas demandas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería en nuestro país. El Estado de Derecho no debe dejar de lado los derechos humanos y ambientales de la mayoría de peruanos y peruanas.

 

Lima, 21 de noviembre del 2021.

El pasado lunes 6 de septiembre el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, se reunió en Huancavelica con representantes de diversas organizaciones sociales de base, dirigentes, ingenieros, entre otros; para escuchar la posición de la población frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur.

Como se sabe, dicho proyecto minero pone en peligro de contaminación por arsénico el consumo de agua de más de 50 mil huancavelicanos. Esto debido a que el área de exploración se encuentra ubicado en la cabecera de la microcuenca de la quebrada Callqui. 

Esta quebrada abastece aproximadamente más del 70% de agua a la planta de tratamiento EMAPA. A ello se suma la presencia de 46 manantiales, 16 quebradas, 2 lagunas y 8 bofedales en una zona considerada por la propia Nexa Resource, en su Declaratoria de Impacto Ambiental, en una zona de ecosistema frágil.

En su participación, la regidora y especialista ambiental, Elsa Benavente, indicó que las cabeceras de cuenca tienen que ser protegidas porque es donde nace el agua y por lo tanto ser declaradas zonas intangibles.

Además, precisó que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Nexa Respurce, menciona que se harán 40 perforaciones de 100 a 1000 metros de profundidad. Benavente manifestó, “no hay que ser experto para darnos cuenta de que si o si van a cruzarse estas aguas subterráneas. En el propio estudio de Nexa y el informe del ANA dice que los riesgos ambientales de este proyecto es que durante la perforación se cruzara con acuíferos, agua subterránea que alterara la calidad de agua”

Por otro lado, Benavente indicó que presentaran una acción de amparo frente a la resolución del SENACE que aprobó la MEIA presentada por Nexa Resource. 

Por su lado, el congresista huancavelicano, Alfredo Pariona; indicó que “nosotros no somos antimineros, si el proyecto minero Pukaqaqa Sur se da tiene que ser respetando las normas vigentes, pagando a sus trabajadores, respetando el medio ambiente y que no haya conflicto alguno”. Así mismo, indicó que desde su labor como congresista electo estará siempre atento a salvaguardar los intereses de Huancavelica. 

Palabra de Ministro

En su intervención, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino manifestó que se encontraba dispuesto a escuchar y promocionar lo que se quedó desde la campaña y lo que dijo el presidente Castillo; “vamos a promover los proyectos que tengan rentabilidad social, nosotros hemos llegado aquí por el voto del pueblo”.

El ministro dejó en claro que lo más importante es el impacto en la zona, “cualquier intervención tiene que ser con respeto a la cultura local, cualquier proyecto tiene que acondicionarse a la realidad local, si todo proyecto cumple estos requisitos va a tener el apoyo del gobierno e incentivos”

En relación al proyecto minero Pukaqaqa Sur indicó que lo que existe es falta de información de ambas partes, así como falta de dialogo; “primero, la resolución ministerial emitida el 15 de diciembre no constituye ningún otorgamiento de autorización alguno o permiso, la resolución de consejo de minería no es la entidad que autoriza ningún accionar, es un ente que resuelve quejas, no manda ejecución”

De otro lado, el ministro de Energía y Minas reconoció la posición de la población huancavelicana frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur como mayoritaria en rechazo de la misma e indicó que respetaran la decisión basándose en la rentabilidad social.

“Es necesario trabajar en conjunto, tenemos una buena relación con la comisión del congreso que ve estos temas y creo que con ellos vamos a tratar y sería la primera instancia donde trabajemos los congresistas locales para que no haya distorsión de la información, debemos tener el diagnóstico preciso”

Finalmente indico que se reuniría con representantes de la empresa Nexa Resource para validar información.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, recalco que su despacho tomará las acciones inmediatas frente a este hecho, para lo cual convocará a una reunión donde participarán los congresistas por Huancavelica, así como los de la Comisión de Energía y Minas (COMEM) y representantes del MINEM para asumir responsablemente la más apropiada decisión.