El 19 de noviembre la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, hizo un anuncio importante desde Coracora – Ayacucho: se procedería al cierre de cuatro unidades mineras ubicadas en las cabeceras de cuenca de tres provincias del sur de Ayacucho. Esto, luego de la reunión sostenida con autoridades y dirigentes de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, cuyas cabeceras de cuenca se encuentran afectadas por contaminación minera. Como se sabe, en estas zonas se encuentran operando los proyectos mineros de Apumayo (Anabi Sac), Pallancata e Inmaculada (Minera Ares) y Breapampa (minera Sami SAC – Ex Buenaventura).

Al respecto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) han salido a pronunciarse señalando que lo anunciado por la premier Mirtha Vásquez colisiona con el Estado de Derecho en nuestro país, no fueron informados sobre este anuncio y solicitan al gobierno que se rectifiquen en tal anuncio. Al respecto, desde la Red Muqui queremos manifestar lo siguiente:

• La PCM ha emitido un comunicado señalando que el gobierno garantiza las operaciones de las empresas mineras respetando el marco legal vigente. En relación al cierre de cuatro unidades mineras, éstas en efecto se encuentran con planes de cierre progresivo de minas y cuyo cronograma incluye a Apumayo, Pallancata, Inmaculada y Breapampa en Ayacucho, las que han empezado a cerrar desde el año 2019. Proceso que concluirá en los próximos años. Por tanto, no es exacto el reclamo de los gremios mineros sobre la postura de la PCM, por el contrario, pareciera que los gremios empresariales buscan abonar aún más a la permanente inestabilidad política que se vive en el país.
• En nuestro país, los planes de cierres de minas están regulados por la Ley 28090, su modificatoria por la Ley 31347 y su reglamento. En la ley se establece que todo titular de una actividad minera tiene la obligación de implementar los planes de cierre de minas desde el desarrollo de las operaciones mineras, pero si estas actividades son un riesgo “inminente a la salud o al ambiente, la Dirección General de Minería puede requerir al titular de actividad minera para que en forma inmediata ejecute las labores de cierre de los componentes mineros involucrados”. La CONFIEP señala que los planes de cierre de minas son “instrumentos de gestión ambiental vivos o dinámicos” y que se actualizan en función al hallazgo de nuevos recursos; esta afirmación es inexacta, ya que la ampliación no se da por decisión unilateral de la empresa, debe contar con la aprobación de las autoridades competentes en la materia.
• Saludamos el anuncio realizado por la premier Vásquez en Coracora – Ayacucho respecto a que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) priorizará la implementación del marco metodológico sobre la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca en esta zona del país. No se puede ampliar ni dar más autorizaciones de operaciones mineras en cabeceras de cuenca, ya que afectan los derechos humanos y ambientales de las comunidades y poblaciones que allí habitan; por el contrario, las cabeceras de cuenca deben ser declaradas como zonas intangibles para proteger nuestros recursos hídricos y la vida de la cuenca hidrográfica.
• Durante las últimas semanas los conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera se han reactivado con mucha fuerza. Las demandas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería son múltiples y no pueden seguir esperando, por ello urge que este gobierno implemente un enfoque de atención de conflictos y los espacios de diálogo donde se busquen soluciones desde la raíz del problema y se ponga en el centro la protección de los derechos humanos y ambientales de la población. Parte de estos cambios incluye la discusión de un nuevo marco normativo que regule la actividad minera en el país.

Finalmente, durante los últimos gobiernos, la política de gestión de conflictos ha estado acompañada de violencia y represión por parte de la PNP. En todo este tiempo, las empresas mineras pocas veces han asumido alguna responsabilidad por los impactos ambientales y sociales generados en estos territorios; por el contrario, se tenia una política de criminalización de la protesta social. Es tiempo de escuchar todas las justas y legítimas demandas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería en nuestro país. El Estado de Derecho no debe dejar de lado los derechos humanos y ambientales de la mayoría de peruanos y peruanas.

Lima, 21 de noviembre del 2021.