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Desde el mes de julio la Red Muqui Sur integrado por APRODEH, IDECA, DHSF y la Universidad Tecnológica de los Andes y la Universidad Nacional del Altiplano, vienen desarrollando talleres de fortalecimiento en el marco de la “Escuela de Formación en Derechos Humanos para Jóvenes Abogados (as) y Defensoras (es) del Sur Andino”. La escuela tiene como objetivo fortalecer la formación de estudiantes y egresados de la carrera profesional de derecho, abogados (as) jóvenes y activistas de las regiones de Cusco, Apurímac y Puno, en materia de derechos humanos y la defensa en contexto de conflictos eco-territoriales; bajos los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad. Con ello se busca que los participantes puedan tener una reflexión crítica del derecho y del contexto extractivista y de conflictos socio ambientales, que caracteriza al sur andino. 

Los temas que se han ido desarrollando hasta el momento son: los derechos humanos y la justicia intercultural en el contexto global post pandemia, el litigio estratégico y defensa de los derechos de los pueblos originarios, derecho a la protesta y criminalización de defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales y el análisis de casos emblemáticos en materia del derecho a la protesta social. El desarrollo de los temas ha estado a cargo de abogados y abogadas de amplia experiencia en la defensa de derechos humanos y colectivos en el Sur Andino. 

A lo largo de los talleres los abogados (as) jóvenes han compartido casos y problemáticas minero ambientales, presentes en sus regiones. Esto ha aportado aún desarrollo más reflexivo de los temas, involucrándolos activamente. Al concluir la escuela se espera que los abogados (as) presentarán artículos, que analizarán las principales problemáticas de sus regiones planteando alternativas de solución, a partir de los aprendizajes y reflexiones de la escuela. 

Este próximo viernes 24 y sábado 25 de setiembre, en la ciudad de Cusco, se desarrollará el último taller, concluyéndose así con este proceso de fortalecimiento.

Esta escuela ha sido un esfuerzo colectivo de todos los miembros de la Red Muqui Sur, quienes han apostado por contribuir en la formación de jóvenes abogados del Sur Andino; y así apoyar en la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los derechos colectivos de las comunidades campesinas (pueblos indígenas u originarios) afectadas por proyectos mineros.

El último martes 07 se llevó a cabo la tercera mesa de discusión del “Ciclo de conversatorios: el Perú del Bicentenario: los problemas actuales de las personas defensoras del ambiente y los territorios”, organizado por el Grupo de Trabajo sobre personas defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en colaboración con Asociación SER, CBC, Oxfam, Kené, DAR, DHUMA, IDL y Red Muqui, y fue transmitida por el Facebook de Red Muqui. En esta mesa se abordó sobre la situación de vulneración y formas de resistencia de Defensores Ambientales en el Perú, y se contó con la participación de panelistas pertenecientes a organizaciones sociales y organismos públicos. 

Los defensores y defensoras ambientales son personas que tienen como objetivo principal realizar acciones para proteger los derechos relacionados con el medioambiente, la tierra y su territorio. De esa manera, su trabajo, al tener una importancia vital para el cuidado de nuestros hogares, la protección de estas personas también incumbe a todos y todas. Sin embargo, de acuerdo con Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, la labor de los Defensores/as Ambientales viene siendo afectada por diferentes problemas como la constante estigmatización que sufren clasificándolos como ‘anti desarrollo’ para deslegitimar su lucha o a calificarlas de radicales; además, sufren de hostilización, agresiones, utilización indebida del derecho e inclusive de la criminalización. A pesar de eso, comenta que hay una ausencia de sanción por los ataques realizados contra estas personas protectoras del ambiente, e incluso, no existe, a la fecha, sentencia alguna por las muertes de defensores ambientales e indígenas en el Perú.

Esto también es complementado por lo señalado por el Secretario General de las Asociaciones de Urbanización y pueblos jóvenes de Espinar, Vidal Merma, quien explica casos de una gran cantidad de defensores ambientales y dirigentes en la provincia de Espinar que reclamaban sus justicia, pero que fueron criminalizados e incluso asesinados por parte de la policía y que, a pesar de que hay evidencias del asesinato, los casos nunca se han visibilizado a nivel nacional e internacional. Además, comenta sobre hechos similares ocurridos en Moquegua en donde las empresas que realizan actividades que afectan el territorio han llegado a asesinar a dirigentes y defensores del medio ambiente. Merma añade que las empresas silencian sistemáticamente a las personas que reclaman justicia, y solo las que cuentan con dinero suficiente, pueden obtenerla, mientras que las que no cuentan con los recursos económicos suficientes, no pueden pagar un juez.

A raíz de eso, las poblaciones y los/las defensores que sufren constantemente las violaciones de sus derechos, viven con una inseguridad total porque no hay una institución del Estado que pueda brindarles seguridad, y señala que el Ministerio Público no hace su trabajo de administrar justicia, y no hay nadie de parte del Estado que los defienda.

Es importante tomar en cuenta que la criminalización, la violencia ejercida hacia los/las defensores no solo les afecta a ellos/ellas, sino que también afecta a sus familias. Por esa razón, y ante la ausencia del Estado para proteger la labor y los derechos de las personas defensoras del ambiente, surge la necesidad de organizaciones como la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), en la que trabaja la panelista Judith Nunta. Esta organización ha diseñado un Programa Mujer Indígena que trabaja con mujeres indígenas, quienes han quedado viudas, por el asesinato de defensores. El programa busca promover el liderazgo femenino y la reivindicación de su rol dentro de las comunidades, federaciones y otras organizaciones de gobierno indígena.

Discutiendo sobre las problemáticas que generan la afectación a los derechos de los defensores y defensoras, Percy Castillo señala que la Defensoría del Pueblo considera que las principales causas de los ataques, amenazas y homicidios a este grupo son los problemas estructurales: actividades ilegales (tala, minería, agroindustria, etc.), falta de titulación de comunidades, falta de presencia estatal, impunidad frente a ataques, y corrupción. El adjunto para los DDHH de la Defensoría del Pueblo señala que mientras no se dé solución a estos problemas, siempre va a haber un marco de amenaza a los/las defensores.

Frente a esto, Vidal Merma comentó que a los problemas estructurales explicados por Castillo, se le debe agregar un problema fundamental, y es el hecho de que el Estado suele priorizar la protección de los capitales extranjeros y la inversión extranjera, por lo cual permite que las empresas transnacionales sigan cometiendo vulneraciones de los DDHH. El hecho de que el Estado y sus instituciones prioricen la generación de recursos económicos frente a los derechos humanos y ambientales, representa una problemática constante para la cual se debe buscar solución desde el Gobierno.

Desde el 2018 a la actualidad, ha habido un avance a nivel normativo para la protección de los/las defensores, lo cual se ve reflejado en que, actualmente, se cuenta con el Decreto Supremo 003-2021/MINJUS (Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos). Sin embargo, Mar Pérez, miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), señala que aún faltan implementar acciones, como la participación constante de la sociedad civil, para que el mecanismo pueda garantizar la independencia, imparcialidad, y que se den medidas de protección flexibles y acordes a las necesidades reales y concretas de las personas defensoras.

Además, Pérez destaca la lucha de las mujeres defensoras, que, lamentablemente, son víctimas de violencia sexual y de género. Por esa razón, pide que todas las autoridades vinculadas en la problemática se pongan los lentes de género y diseñen herramientas para también proteger las defensoras. Además, señala que se necesita que el protocolo de revisión personal sea modificado para que las mujeres defensoras no sean sometidas en comisaría con la búsqueda de elementos delictivos.

Edgardo Rodríguez, director general de la dirección de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), respalda las palabras de Mar Pérez, y comentó que el Estado, a pesar de haber dado pasos  significativos para solucionar las problemáticas que afectan a los defensores/as ambientales, estos aún siguen siendo insuficientes y que, así como señala Mar Pérez, se debe buscar solución a los impactos diferenciados en razón de género, dado que se suele olvidar de los contenidos de la afectación especial a las niñas y mujeres que también buscan defender sus derechos.

Por último, según Rodríguez, el esfuerzo para solucionar la problemática y cerrar las brechas tiene que ser uno que comprometa a distintos actores, no solo a las organizaciones defensoras ni a la población, sino a otros actores como a las empresas formales y no formales, lo cual también se está trabajando en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y DDHH. Esto es importante, ya que permite concretar el compromiso de las empresas para que tengan respeto y garanticen los derechos de las personas defensoras. Además, agrega la importancia de construir redes de actores que contribuyan a desarrollar un trabajo más articulado entre el Estado y las comunidades cuando ocurran situaciones que vulneran los derechos de las personas y del medio ambiente, ya que, muchas veces, las denuncias llegan tarde por, justamente, la falta de conexiones con autoridades locales o con actores que apoyan hacer llegar las demandas.

Teniendo en cuenta la importancia y los desafíos que aún quedan por enfrentar, les invitamos a participar del foro en cual se presentará el informe regional “Proteger Nuestra Casa Común” el miércoles 15 de septiembre, y en el que participarán diferentes panelistas de organizaciones sociales, instituciones públicas y organismos internacionales. En este evento, se informarán los desafíos a los que se enfrentan defensores y defensoras de seis países de Latinoamérica, y se generarán mayores propuestas sobre cómo mejorar el entorno y protección para los defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

Esta semana hemos recibido una buena noticia y no necesariamente de nuestro país. Las buenas noticias vienen desde nuestro vecino país de Chile, debido a que se acaba de instalar  oficialmente la Convención Constitucional que tiene 155 miembros y tendrá 365 días como máximo para redactar una nueva Constitución y para ello ha elegido como presidenta a una indígena mapuche de 58 años, la doctora y académica Elisa Loncón. Sin duda, son tiempos de cambios en la sociedad chilena y más para los pueblos indígenas que han sido ignorados durante décadas en ese país, por ello nos parece muy potente y esperanzador que la Convención Constituyente sea presidida por una mujer mapuche. En nuestro país, Pedro Castillo, el virtual presidente del Perú ha señalado que se debe iniciar el mismo proceso, sin embargo, la derecha y sus aliados han dicho que esto no es posible ni ahora ni nunca. Se mira a Chile solo cuando se trata de comparaciones económicas, pero no cuando se trata de reivindicar derechos.

 

De otro lado, esta semana el Congreso de la República nuevamente ha sido el centro de la atención política, esta vez por la insistencia en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Lamentablemente hemos asistido nuevamente a un penoso espectáculo en el hemiciclo, dado que un Juzgado de Lima ha ordenado que se suspenda todo acto de elección del TC,  ya que existen una serie de vicios en el proceso de selección de los candidatos. Sin embargo, el Congreso en un claro acto de desacato a esta orden judicial, el día de ayer ha sesionado con normalidad, señalando que fue un acuerdo de la junta de portavoces y que ellos son un poder autónomo que no están sujetos a la intervención de otros poderes. Los únicos partidos que han decidido no ser parte de este circo son el Frente Amplio, el Partido Morado y el FREPAP. Lo cierto es que aún con toda esta presión, los partidos y congresistas golpistas no han logrado juntar los 87 votos que se requiere para la elección de los miembros del TC. El tema no está cerrado y estos días todavía insistirán con esta elección golpista.

Finalmente, otro tema que genera preocupación a las organizaciones indígenas andinas y amazónicas es la insistencia de sectores del Congreso para la aprobación de la “Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”.

Desde Red Muqui ya señalamos que la aprobación de esta ley contraviene abiertamente las disposiciones de la Constitución Política y los principios que rigen el uso de la fuerza pública. Entre algunas de las observaciones, es que va en contra de la autonomía de las comunidades campesinas y sus rondas campesinas que están a cargo de la seguridad en sus territorios. Estos comités de autodefensa, además, podrán utilizar armas de fuego, así lo señala la norma, lo que complicaría más la situación en los territorios, como por ejemplo en las zonas de alta conflictividad social como es el corredor minero del sur andino; es decir, promueve más militarización y violencia en los territorios.

La norma ya fue aprobada hace algunos meses por el Congreso y enviada al Ejecutivo para su promulgación, pero el Ejecutivo ha observado este proyecto de ley; sin embargo, estos días los partidos golpistas en el Congreso buscan aprobarla por insistencia. Hay que mantenernos vigilantes.

Desde Red Muqui solicitamos a César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), que escriba sobre lo que está pasando actualmente en Chile y cómo se originó el proceso constituyente actual, a raíz que en nuestro país, Perú, el debate sobre la necesidad de una nueva Constitución también se está iniciando debido a los vientos de cambio que suenan con la victoria política electoral de Pedro Castillo.

Artículo de César Padilla de OCMAL.

El 4 de julio del presente año se instaló la Convención Constitucional en Chile. La primera medida fue la elección de la presidencia que quedó en manos de la activista Mapuche Elisa Loncón.

Antecedentes  

Debemos recordar que el proceso constituyente en Chile surge a raíz de la rebelión que inicia el 18 de octubre de 2019, día en que la ciudadanía se suma a semanas de manifestaciones de estudiantes de enseñanza media, especialmente en las estaciones del metro del centro de Santiago.

Luego de semanas de intensas movilizaciones y ante la debilidad de un tambaleante gobierno cuya única respuesta fue la represión, sectores de la derecha con apoyo de la centroizquierda y progresistas del Frente Amplio firmaron el 15 de noviembre un «Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución».[1]

El proceso de cambio

Para materializar el proceso constituyente se realizó una reforma constitucional[2] que abrió el camino a la realización de una “Convención Constitucional” con una serie de reglas y normas aportadas por las bancadas parlamentarias y que luego fueron criticadas por diversos sectores de las organizaciones sociales, como por ejemplo la necesidad de aprobación del reglamento y artículos por un mínimo de dos tercios.

Algunos logros obtenidos en el camino son, por un lado, la paridad de género (ausente en el acuerdo inicial) y la elección de una presidenta mujer, elegida dentro de los 17 escaños reservados para pueblos originarios, y proveniente del pueblo Mapuche.

Un logro ciudadano importante también del proceso social fue la composición de la Convención Constitucional. La mayoría electa en votación popular, está compuesta por independientes y ninguna fracción política dispone del tercio necesario para vetar aspecto alguno que sea votado en dicho espacio.

Las luchas estratégicas

En este escenario y de cara a sortear las trabas y limitaciones impuestas desde el origen del proceso para elaborar una nueva constitución, surgen algunos reconocimientos tácitos avanzados hasta la fecha: será un proceso participativo, pues la mayoría de las y los convencionales tienen la convicción de que se trata de un proceso de participación amplia, para lo que están diseñando los mecanismos para escuchar las diversas voces provenientes de los territorios.

La participación de las mujeres tendrá no solo reconocimiento sino un estatus especial para combatir una sociedad patriarcal y excluyente. El reconocimiento a los pueblos originarios, expresado además en la elección de Elisa Loncón como presidenta de la convención cruzará el proceso de la nueva constitución.  La necesidad de garantizar las condiciones ecológicas, con el agua como protagonista de los conflictos frente al extractivismo, tensionará las discusiones sobre las bases de la sociedad, la economía, la naturaleza, los animales, los territorios y la forma de garantizar un mejor futuro para niñas, niños y generaciones venideras. La recuperación soberana y social de los bienes comunes están también bajo el foco de atención de la ciudadanía.

El respeto a la diversidad, los derechos de los diferentes grupos que conforman la sociedad estarán de seguro presentes en la nueva constitución, así como derechos universales a la salud, la educación, vivienda, pensiones dignas, participación democrática en las decisiones políticas que afectan a la sociedad en su conjunto.

El origen de los cambios

Y, tal vez, lo más importante de este proceso, es que surgió desde las movilizaciones de las organizaciones sociales, acompañadas por el sentir de una gran mayoría de la población cansada de los abusos, del sistema político de elites, de la exclusión, de la pobreza y la marginación. Estas organizaciones que gozan del apoyo de la población, debieron pausar las movilizaciones por la crisis sanitaria, pero siguen vivas y continúan mostrando su capacidad de exigir justicia y dignidad.

En el medio de las discusiones se ubica la situación de las casi 3.900 personas condenadas por actos relacionados con la rebelión social, cuyo eventual indulto, ya en discusión en el parlamento, volvió al debate con la instalación de la Convención Constitucional.

Quedan aún temas pendientes como reparación a las víctimas de la violencia policial a partir del 18 de octubre de 2019, la reforma policial y militar, especialmente a la rama uniformada y militarizada desde la dictadura de Pinochet.

Con todo, la esperanza sigue alumbrando el camino y, la sociedad chilena, harta de los abusos de los más de 40 años, sigue dando lecciones de voluntad para lograr la tan anhelada justicia y dignidad.

 

[1]https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_Paz.pdf

[2]     https://www.senado.cl/capitulo-xv-reforma-de-la-constitucion-y-del-procedimiento-para/senado/2012-01-16/110209.html

El viernes 11 de junio, mediante el Decreto supremo 009-2021-JUS, se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) como resultado de un proceso inédito de construcción participativa de una herramienta cuyo objetivo es adoptar acciones para superar progresivamente las brechas de coherencia de las políticas públicas del país en relación con el marco internacional de las empresas y los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la competitividad y la inversión sostenible.
En ese sentido, destacamos la participación de las centrales sindicales, organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil en este proceso, que con su voz y aportes ha permitido que el Estado y las empresas reconozcan oficialmente los impactos negativos en los derechos humanos generados por las actividades empresariales en los pueblos indígenas, comunidades originarias, defensores y defensoras ambientales, trabajadores, trabajadoras, usuarios y consumidores; y también resaltamos que a través de un diálogo multiactor hemos logrado la construcción de un plan nacional que debe guiar al Estado, con el apoyo de los titulares de estos derechos, hacia la implementación de una política pública que reduzca estas violaciones a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial.

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar ausencias centrales e importantes que deja el Plan aprobado.
En primer lugar, los pueblos indígenas y comunidades originarias señalamos que sólo uno de los puntos mínimos propuestos por las organizaciones indígenas ha sido incorporado. Durante el proceso, las organizaciones indígenas planteamos se incorpore mecanismos que permitan proteger nuestro derecho al territorio, a la soberanía alimentaria y a la institucionalidad indígena; sin embargo, estos derechos no han sido tomados en cuenta. Tampoco fue tomada en cuenta la jurisdicción indígena como mecanismo de reparación de nuestros pueblos frente a la violación de derechos humanos. Además, la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada y los estudios de impacto ambiental aún no se encuentra acorde a los estándares internacionales. Demandamos que, en el
proceso de implementación, se incorpore este punto por ser de derecho, porque es necesario que se reconozca la importancia del consentimiento previo, libre e informado; así como la reparación de las afectaciones a los pueblos indígenas y las personas y poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas.

En materia laboral, los trabajadores y trabajadoras lamentamos que no se reconozca con la claridad necesaria que la legislación nacional, las políticas públicas y las prácticas empresariales se mantienen aún por debajo de los estándares internacionales y que es necesario y urgente atender todos los derechos colectivos del trabajo incluyendo la asociación y libertad sindical, la huelga y la negociación colectiva así mismo en el tema de la informalidad tantas
veces mencionado en este diálogo multiactor nos ratificamos es que no debe entenderse como un fenómeno desvinculado de la actividad empresarial formal, pues muchas veces funcionas articuladas, permitiendo que las empresas relativicen sus obligaciones de respeto de los derechos humanos.

Las instituciones de derechos humanos hemos exigido en todo el proceso de elaboración del PNAEDH la adopción de una metodología adecuada y el uso de indicadores que realmente evidencien cambios en la conducta empresarial y que ayuden a reducir la vulneración de derechos humanos, así como el cierre de brechas en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos. Así mismo, insistimos en lo que hemos mencionado en nuestros aportes al Plan ahora que se viene el proceso de implementación del Plan seguiremos haciendo incidencia sobre estos puntos, porque el desarrollo empresarial solo será sostenible si se incorpora integralmente las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Necesitamos mirar el PNAEDH, a partir de este momento, como parte sustancial de una nueva arquitectura estatal de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos que se deben seguir desarrollando en el país, a fin de que tanto las empresas internacionales como nacionales respeten los derechos humanos. En particular, atendiendo al hecho de que el PNAEDH no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que el desarrollo empresarial, que todas y todos saludamos, no se haga a costa de los derechos humanos de los demás. En ese orden de cosas, el PNAEDH recientemente aprobado debe tomarse como un punto de partida para seguir mejorando los procesos en el corto y mediano plazo, en el que se elimine la estigmatización y la criminalización de las personas defensoras, y se reconozca genuinamente la labor de defensa y protección de los derechos humanos.

La implementación del PNAEDH demanda potenciar la participación empoderada de la sociedad civil en la ejecución y seguimiento, tanto de sus acciones estratégicas, como del cumplimiento de los objetivos planteados en él; y ello pasa por trasladar la información respectiva desde lo nacional a lo regional y viceversa; visibilizando las experiencias piloto de diálogo que hemos venido desarrollando en diferentes zonas del país, las mismas que deben servir de referencia del ejercicio de diálogo entre sectores empresariales, actores sociales y poblaciones ubicados
en esos territorios.

La implementación del PNAEDH exige, asimismo, una iniciativa legislativa y la necesaria aprobación en el nuevo Congreso de una ley que establezca la obligatoriedad de la debida diligencia en el ámbito de las actividades
empresariales, incluyendo toda la cadena de suministro y de valor, así como la reparación integral de las víctimas que se vean perjudicadas por actividades empresariales que históricamente han impactado los derechos humanos, cuyas secuelas tienen que atenderse para recuperar la confianza perdida.
Finalmente, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, que todos estos años hemos defendido los derechos humanos, nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir bregando, tanto desde la discusión de las políticas públicas, como ejerciendo el derecho a la incidencia, la movilización y la protesta con propuestas, para reducir la vulneración de derechos humanos y así poder construir juntos un Bicentenario en el que las empresas respeten plenamente los derechos humanos en el Perú.

Firmas:
Centrales Sindicales
Confederación General Trabajadores del Perú
Central Autónoma de Trabajadores del Perú
Central Unitario de Trabajadores del Perú
Confederación de Trabajadores del Perú
Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines – FENTAGRO
Organizaciones de Pueblos Indígenas
Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú –
ONAMIAP
Asociación en Defensa de las viviendas y medio ambiente del Puerto de Chancay
Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa de Chancay
Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
CooperAcción
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Red Muqui
Red Peruana por una Globalización con Equidad -RedGE
Instituto del Bien Común – IBC
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Comisión de Derechos Humanos de ICA -CODEHICA
Earthrights International -ERI
Programa Laboral de Desarrollo – Plades
Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Derechos Humanos Sin Fronteras -DHSF
IDLADS
CIPCA
GRUFIDES
IESI
DIAKONIA
OXFAM en Perú
11.11.11
Broederlijk Denle
Otras adhesiones:
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

El pasado jueves 6 de mayo, delegaciones de la CUNARC-P representados por su presidente, Santos Saavedra Vásquez, y los dirigentes: Angélica Díaz Cigüeñas, Juan Carlos Guevara Pérez y Aladino Fernández Rubio; de la ONAMIAP, con su presidenta Melania Canales Poma; y de la FENAP a través de su presidente Nelton Yankur Antich y el dirigente Mauro Mucushua Antunish, realizaron un plantón en los exteriores del Congreso para plantear sus demandas, siendo recibidos por la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez; el presidente de la CPAAAAE, Lenin Bazán; y los voceros de las diferentes bancadas.

“Saludamos la presencia de nuestros pueblos originarios a través de sus representantes y ratificamos nuestra identificación con sus demandas tal como hemos hecho durante muchos años”, señaló la presidente del Congreso, Mirtha Vásquez, tras la exposición de las demandas por parte de los dirigentes.

Tras la sustentación de las organizaciones indígenas y rondas campesinas de la importancia de la aprobación de proyectos de ley que vienen impulsando junto a la Comisión de Pueblos y Ambiente, se logró que los voceros de diferentes bancadas del Congreso de la República se comprometan a través de un acta, a llevar a cabo un pleno de Pueblos y Ambiente para el 03 y 04 de junio del 2021, que tiene que ser aprobado en Junta de Portavoces para oficializar las fechas.

 

 

El objetivo es debatir y aprobar los dictámenes de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que ya han sido aprobados en la mencionada comisión.

Algunas de las normas que podrían debatirse en el próximo pleno extraordinario serían el Proyecto de Ley 4044, que busca proteger a comunidades en situación de aislamiento y contacto inicial; el PL 6699, que reconoce y refuerza la personalidad jurídica de los pueblos indígenas; el PL 7131, Ley que garantiza la democracia interna en las comunidades originarias y ronderiles; el PL 336, que tiene como objetivo la articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental y social, ciudadano e indígena en el sistema nacional de gestión; además de otros puntos como la transición ecológica, recuperación de cuencas y microcuencas; consulta previa legislativa entre otros.

Cabe señalar que el día de ayer martes 11 se aprobó el dictamen que establece medidas prioritarias para la descontaminación, remediación y recuperación de la laguna Yarinacocha en Ucayali.

Los congresistas que firmaron el compromiso pertenecen a los partidos de Frente Amplio, Nueva Constitución, Acción Popular, Somos Perú, Partido Morado, Podemos Perú, Unión por el Perú y Descentralización Democrática. También firmaron los vicepresidentes del Legislativo: Luis Roel Alva y Matilde Fernández.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

 

Hemos tenido una semana con mucho movimiento a nivel político y social, sobre todo luego del debate realizado en el distro de Chota- Cajamarca entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Dentro de los planteamientos, y en la mayoría muy generales que se dijeron, está la propuesta de la señora Keiko de distribuir el 40% del canon minero de manera directa a la población en las regiones mineras del país, propuesta que fue respaldada por algunos “analistas políticos” señalando que esto era perfectamente posible. Al respecto desde Red Muqui hemos señalado que tal medida no solo es populista e inviable, sino que busca bajar el rechazo de la población a la minería en los territorios a cambio de dinero, sin tomar en cuenta los impactos ambientales. Además solo se beneficiarían algunas regiones como Cusco, Ancash, Arequipa, Cajamarca, y algunas más, su alcance es muy limitado y, sobre todo, se generaría conflictos entre la población y los gobiernos locales, ya que las municipalidades se quedarían con pocos fondos para las obras públicas. En suma, se evidencia la desesperación de Keiko por buscar votos en las zonas rurales del país.

Un segundo tema, sumamente preocupante, es la que viene del Congreso de la República. El pasado 22 de abril se aprobó el dictamen de ley que reconoce a los “Comités de Autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”, la norma fue excluida de segunda votación. Esta ley fue impulsada por el fujimorismo y Alianza Para el Progreso. La aprobación de esta ley contraviene abiertamente la Constitución Política y los principios que rigen el uso de la fuerza pública, ya que promueve abiertamente la militarización, el uso de armas de fuego y la represión estatal en los territorios por parte de estos comités de autodefensa (CAD). Desde nuestro punto de vista la norma debe ser observada por el Ejecutivo, ya que varios ministerios la han observado, así como la Defensoría del Pueblo, inclusive el día de ayer diversas organizaciones sociales, comunales y las mismas rondas campesinas se han movilizado al Congreso de la Republica para pedir el archivamiento de la misma. Santos Savedra, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas ha señalado que: «Esto lo ha impuesto el fujimorismo con el respaldo de APP. Las rondas no lo hemos planteado. Esto nos llevaría a ser como Colombia con organizaciones paramilitares en nuestros territorios y comunidades”

Finalmente, al mismo tiempo del reclamo de las organizaciones por la observación y archivamiento de la esta ley de los comités de autodefensa, también se ha planteado al Congreso de la Republica, la urgencia de un pleno de pueblos y de ambiente, ya que la Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República tiene varios dictámenes aprobados en favor de los pueblos indígenas, el ambiente, el cambio climático, entre otros. Esperamos que finalmente los voceros de las diferentes bancadas del Congreso se pongan de acuerdo para aprobar el pleno de los pueblos para los próximos días, antes de finalizar la legislatura y el periodo de este congreso. Para finalizar, desde Red Muqui queremos solidarizarnos con las víctimas de la represión y la violencia desatada en Colombia y nos sumamos a los llamados para que el gobierno de Iván Duque cese el uso de la fuerza y la violencia de las fuerzas de seguridad contra la población.

 

El jueves 6 de mayo, durante la mañana, dirigentes de la Central Única de Rondas Campesinas de diferentes regiones del país; dirigentes del pueblo amazónico Achuar del Pastaza y dirigentes de ONAMIAP, realizaron un plantón frente al Congreso de la República con la finalidad de que el Congreso reconsidere la “Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”,  aprobada el 22 de abril, que busca fomentar la conformación de los CAD como un organismo paralelo a las comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas; autorizándoles el uso de armas para garantizar la “paz y democracia” el territorio en apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Intervención en conflictos sociales

Desde la Red Muqui ya habíamos alertado a través de un pronunciamiento que “las disposiciones de esta Ley en sus artículos 6 y 8 son de especial preocupación debido a que, en el marco de los Estado de Emergencia decretados por el Poder Ejecutivo (como en los casos de conflictos socio ambientales), los CAD reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cumplirán con el rol asignado por las FFAA; es decir, impedir las protestas sociales y de ser el caso reprimir las manifestaciones, incluso pudiendo hacer uso de armas de fuego que esta ley les autoriza poder obtenerlas, sea de forma privada o por asignación estatal. Todo esto puede conllevar a fomentar la violencia e incrementar la represión en zonas en conflicto socio ambiental, como en los casos del Corredor Minero del Sur, y en otras regiones mineras del país, que actualmente ya se encuentran militarizadas por los Estados de Emergencia. Esta ley entonces promueve la militarización y la represión estatal en los territorios”.

Plantón en diferentes regiones

Durante el plantón fuera del Congreso, el presidente de la Central Única de Rondas Campesinas, Santos Savedra, señaló: “Esto lo ha impuesto el fujimorismo con el respaldo de Alianza Para el Progreso. Las rondas no lo hemos planteado. Esto nos llevaría a ser como Colombia con organizaciones paramilitares en territorios rurales e indígenas, que desde hace años causa mucha violencia y muerte de defensores ambientales y de las comunidades campesinas”. La Ley N°5424 fue impulsada por la congresista Valeria Valer Collado (Fuerza Popular) y el congresista Percy Rivas Ocejo (Alianza para el Progreso).

En Piura, los dirigentes de la Federación Regional de Rondas Campesinas realizaron un plantón en el parque Infantil, al igual que los ronderos de la provincia de Melgar en Puno, exigiendo la reconsideración de la aprobación de la Ley N°5424 por el Congreso de la República.

Reconsideración presentada

El presidente de la Comisión de Pueblos y Ambiente, el congresista Lenin Bazán, presentó una reconsideración de la ley aprobada por la mayoría congresal para que el Congreso pueda rectificarse con la información técnica correspondiente.

El dictamen aprobado será una ley inconstitucional porque contraviene la autonomía, territorio y jurisdicción especial de las organizaciones originarias que ha sido reconocido en los artículos 88, 89 y 149 de la Constitución Política, al igual que al Convenio 169 de la OIT y otros tratados de derechos humanos

El Ministerio del Interior, y de Defensa han observado este dictamen, al igual que la Defensoría del Pueblo, pero el Congreso igual lo aprobó por mayoría el 22 de abril sin pasar por una segunda votación.

La situación de los defensores ambientales sigue agravándose. Con la pandemia del COVID19 todos los canales institucionales se han ralentizado y a ello se suma la falta de intervención del Estado frente a los ataques en contra de los defensores, que en su mayoría provienen de los pueblos indígenas.

Entre los principales móviles de estos ataques, resaltan dos: conflictos por la tierra y la minería e industrias extractivas como la explotación forestal. Solo el 2019, el informe, “Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente” elaborado por la organización internacional Global Witness, señala que se cometieron 212 crímenes en todo el mundo. Una de las cifras anuales más altas desde que ésta organización comenzó la documentación de estos hechos el 2012.

Durante el 2019, en nuestro país solo se registró el caso de Christian Java Ríos, asesinado a balazos en Urarinas, Loreto. Sin embargo, ese mismo año también fue asesinado Wilbelder Angel Vegas Torres, presidente del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina San Sebastián, en Ayabaca, Piura. Un ejemplo de que solo se recogen los casos visibles de un problema latente y no se investiga a profundidad las causas de los asesinatos. En ese sentido para Global Witness existiría un subregistro debido a la poca accesibilidad a los datos como consecuencia de las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de registros gubernamentales y de la sociedad civil sobre los abusos.

Perú 2020

Respecto al 2019, el escenario en nuestro país ha empeorado para los defensores. En lo que va del año 2020, han sido asesinados 4 líderes indígenas en la Amazonia peruana. Se trata de: Arbildo Meléndez, en Huánuco; Gonzalo Pío Flores, en Junín; Santiago Vega Chota, en Ucayali; y Roberto Carlos Pacheco Villanueva, en Madre de Dios. En este contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió el 01 de octubre la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos.  Según lo manifestado por Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: “El Ministerio de Justicia va a implementar el registro de ataques a los defensores ambientales, y estamos pidiendo que incluyan a las empresas involucradas (que operan en la zona) también”.

Sobre los casos

El primer asesinato ocurrió el 12 de abril, cuando Arbildo Meléndez, presidente de la comunidad nativa Unipacuyacu, fue asesinado de un disparo mientras realizaba labores de pesca.

Según lo manifestado por su esposa, Zulema Guevara Sandoval, desde que asumió el cargo de presidente recibió amenazas como respuesta a su propuesta de impulsar la titulación de territorio comunal, un pedido que no era atendido por más de 20 años desde que la comunidad fue reconocida en 1995. A ello se suma su enfrentamiento contra invasores que pretendían dedicarse al cultivo ilegal de la hoja de coca.

Lo llamativo del caso Melendez es que su asesino confesó haberle disparado al confundirlo con un animal mientras ambos se encontraban cazando. Redy Rabel Ibarra Córdova, persona que disparó contra Arbildo Melendez, primero mencionó que Meléndez se había disparado a sí mismo. La fiscal a cargo del caso, Verónica Julca, de la Fiscalía Penal Corporativa de Puerto Inca, Huánuco, manifestó que Ibarra fue liberado el viernes 17 de abril. Ello debido a que no había suficientes pruebas para considerar que se trató de un homicidio calificado en grado de alevosía.

Aproximadamente un mes después, el 17 de mayo, Gonzalo Pio Flores, comando Ashaninka de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai, ubicado entre las regiones de Pasco, Junín y Ucayali, es asesinado. Producto del ataque, su esposa Maribel Casancho resultó gravemente herida. Pio Flores, venía trabajando por el reconocimiento jurídico de los territorios comunales y por la protección ante la presencia de actividades de tala ilegal de madera establecidas en el territorio del distrito de Puerto Bermúdez.

Para el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el caso Pío Flores no es aislado ya que ocurre en el contexto de conflicto por la tierra y el territorio en una zona caracterizada por la inexistencia de seguridad jurídica de los territorios indígenas y la presencia de actividades económicas ilegales de deforestación.

Un caso donde la impunidad no solo cae sobre su asesinato sino también sobre el de su padre Mauro Pio Peña quien fue asesinado el 2013 presuntamente por traficantes de madera.

Al igual que el caso anterior, Santiago Vega Chota, comunero de la comunidad nativa Sinchi Roca, fue asesinado en julio de este año. Vega Chota apareció muerto de un disparo en su chacra. Los líderes de la comunidad sufrían constantes amenazas por parte de narcotraficantes. Hasta la fecha no hay mayor información al respecto.

El 13 de julio, asesinaron al secretario de Defensa Laboral del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la Provincia de Sullana, Jerson Henry Noé Suárez. El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, denunció que las mafias de construcción civil en Piura fueron los autores del crimen.

Los sicarios realizaron 8 disparos contra Noé Suárez, quien fue ultimado cuando se encontraba en la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en el sector Loma de Teodomiro, en la provincia de Sullana.

Finalmente, el 11 de septiembre, Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, es asesinado en su concesión forestal presuntamente por invasores de terrenos relacionados a la minería ilegal.

Roberto Carlos quien cultivaba principalmente castaña en la concesión de 842 hectáreas de bosque pertenecientes a su padre, venía registrando invasiones desde el 2012. Desde esa fecha realizó 8 denuncias por deforestación además de las constantes amenazas contra su vida. De esta forma logró convertirse en vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, integrado por ambientalistas y propietarios de concesiones forestales. El comité lleva años enfrentándose abiertamente a la minería ilegal, la tala ilegal e invasiones de terrenos.

Las agresiones en contra de la familia Pacheco eran constantes. En el 2017, Roberto Carlos fue amenazado y golpeado con arma de fuego y machete. Ese mismo año, le pusieron el cañon de un arma en la boca además de destruir sus viene personales. Según lo manifestado por su padre, Demetrio Pacheco, “la única vez que pedí garantías para mi vida fue en el año 2017, en la prefectura de Puerto Maldonado, pero no la quisieron recibir. luego de eso, cada vez que he tenido problemas, solo he contado estos hechos al defensor del pueblo en madre de dios”.

A estos casos, se suma el último intento de asesinato al defensor ambiental Ismael Acha, el día miércoles 30 de septiembre. Alrededor de las 9 am, Elvía Majuan, secretaria de la comunidad campesina Yanta, se presentó en la parcela de Ismael Acha para agredirlo por su posición frente al proyecto minero Río Blanco.

Las agresiones verbales fueron escalando hasta el punto que la señora Majuan tomó un palo para agredir físicamente al defensor ambiental, que tras un breve forcejeo logró arrebatarle el palo. Sin embargo, minutos después, Elvía Majuan sacó un arma punzocortante con el objetivo de matarlo, según lo expresado por Alexander Acha, hermano de la víctima.

“Tenía intención de matarlo, porque de frente fue atacarlo al corazón, pero Ismael esquivó el movimiento y logró escapar. Con su rápida reacción salvó su vida” 

Majuan, quien es secretaria de la comunidad campesina Yanta, es acusada por la población de trabajar como promotora de la empresa minera Río Blanco Cooper S.A. Señalan que Elvia Majuan habría estado sobornando a familias de la comunidad para que den su aprobación al proyecto minero. Debido a las medidas de restricción impuestas por la emergencia sanitaria, la comunidad de Yanta aún no ha podido destituir a Elvia Majuan de su cargo.

Todos estos hechos grafican la falta de implementación de leyes, normas y Protocolos desde el Estado para combatir la impunidad con la que se comenten asesinatos de defensores medioambientales. Esto a pesar de la aprobación de la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos. El Registro es parte de las metas establecidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En abril de 2019 el MINJUSDH aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, herramienta que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de sus actividades de promoción, protección y defensa, siempre que lo hagan de forma pacífica y dentro del marco del derecho nacional e internacional.

Sobre la aprobación del “Registro de situaciones de riesgo” Mar Pérez coordinadora del Grupo de Defensores y Defensoras de la Coordinadora Nacional de DDHH señala que: “La creación del registro de ataques a personas defensoras de derechos humanos es un paso importante hacia la creación de un mecanismo integral de protección. Gracias a esta herramienta se podrán identificar cuáles son los principales patrones de ataques, para a partir de allí diseñar políticas de protección ajustadas a las necesidades reales, e intervenir en los lugares donde más se requiere”

Desde la sociedad civil se ha participado activamente en la Mesa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el 2018. Red Muqui en coordinación con el Grupo de Defensores de la CNDDHH ha venido presentado observaciones y aportes haciendo especial énfasis en la protección de personas defensoras del territorio y el ambiente en contexto de actividades extractivas mineras.

Abusos de la PNP

Recientemente, el viernes 2 de octubre, mujeres de la Antigua Morococha fueron violentadas por efectivos policiales que lejos de comprender los reclamos de 8 pobladores, decidieron reprimirlas. Lo único que exigían las mujeres y los pobladores era dialogar con representantes de la minera Chinalco frente a los abusos que vienen agravándose en los últimos 2 meses: bloqueo con desmonte de la única vía de acceso y salida a la Antigua Morococha, cortes de agua e intentos de desalojo a las familias que aún viven en la ciudad, por no aceptar ser reasentados en una ciudad: Carhuacoto, que no brinda las garantías para un desarrollo sostenible.

Estos abusos por parte de las fuerzas policiales, no son los únicos cometidos en lo que va del año.  El 22 de julio en Espinar, Cusco, tras los reclamos por parte de los pobladores por la entrega de un bono humanitario para atender la pandemia, atención a la salud y el ambiente por los impactos mineros, y la reformulación del convenio marco; resultaron heridos 5 pobladores entre los cuales 3 fueron por impacto de bala. En Bretaña, Loreto, entre el 8 y 9 de agosto; 3 indígenas Kukamas fallecieron por impacto de bala tras realizar una protesta donde exigían a la empresa Petrotal que atienda los servicios de salud, instalación de agua y desagüe en sus comunidades. Además de ello, 11 indígenas resultaron gravemente heridos.

Estos últimos hechos muestran el uso desmedido de la fuerza policial frente a protestas sociales donde pobladores de diversas comunidades han terminado siendo agredidos de forma desmedida.

Otros casos

El 26 de abril, Benjamín Ríos Urimishi, comunero de la comunidad Kipachari, provincia de Atalaya, región Ucayali, fue asesinado en la chacra donde venía trabajando. La única forma de ingresar al lugar del asesinato es mediante una trocha caminando 6 horas o en moto lineal. Benjamín de 25 años de edad fue asesinado delante de su esposa e hijos. Según la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), el asesinato tendría vinculaciones con el narcotráfico; sin embargo, últimas informaciones indican que el asesinato se dio por asuntos personales.

El miércoles 29 de julio, Lorenzo Wampagkit Yamil, de 54 años,  guardaparque de la reserva comunal Chayu Nain, ubicada en la región Amazonas, es asesinado en su domicilio en Chiriaco, capital del distrito de Imaza, Bagua.

Lorenzo se encontraba de licencia con goce de haber otorgado al amparo de la emergencia sanitaria por Covid-19. Su trabajo como defensor de la naturaleza se vio opacada por razones que aún se desconocen.

Ambos asesinatos significan igualmente la perdida de personas relacionadas al cuidado y defensa del medio ambiente y no deben quedar impunes.

 

Por Helio Cruz – Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras, miembro de la Red Muqui –

La Ministra de Económica y Finanzas el pasado 30 de junio ha manifestado en conferencia de prensa del gobierno peruano “ya se ha coordinado con el Ministerio de Cultura pueda ser con mecanismo virtuales (la consulta previa)”, “… estamos aplicando esta metodología para el proyecto minero de integración Coroccohuayco”.

En la provincia de Espinar, durante los últimos 30 años de convivencia con el proyecto minero que extrae principalmente minerales de oro y plata, las mismas comunidades que habitan al entorno minero denunciaron despojos de tierras, contratos/convenio suscritos que no se cumplen, afectación a la salud con metales tóxicos en el cuerpo, contaminación de aguas superficiales/subterráneos, muerte de animales acuáticos y terrestres, amenaza y maltrato físico y psicológico, criminalización de la protesta social, demandas de víctimas de conflictos socio ambientales entre otros.

El actual proyecto de la Compañía Minera Antapaccay que tiene componentes denominados como Zona de Beneficio Tintaya, Zona de Explotación Antapaccay y la “futura” Zona de Explotación Coroccohuayco.

Antapaccay ha contratado y presentado la Modificación del estudio de impacto ambiental (MEIA) del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco, esta última ampliación ha generado una serie de preocupaciones, desde que se conoció las comunidades exigieron que este proyecto se someta a consulta previa, libre e informada. El gobierno decide implementar años después del pedido producto de la presión social con reiterados documentos exigiendo este derecho, plantones y movilizaciones desarrolladas por las comunidades afectadas.

Aquí se abre el debate bajo la pregunta ¿qué se debe consultar?, las respuestas abrieron dos caminos; por un lado desde las comunidades sostienen que la Consulta Previa debe realizarse al MEIA[1], que en ese entonces se encontraba en SENACE en trámite de aprobación, y por otro lado la postura del gobierno y de la empresa minera para que se realice la Consulta Previa a la Resolución del MINEM que establece “Autorizar el inicio de actividades mineras de explotación a favor de la Compañía Minera Antapaccay”[2].

Es decir, al Estado y a la empresa minera no le conviene poner a debate el contenido de la MEIA donde se encuentra las principales afectaciones ambientales, sociales, económicas, incluso territoriales porque serán desplazados sin consentimiento principalmente 3 comunidades en la zona Coroccohuayco.

En el pasado no hubo interés en socializar por parte del Estado y la empresa minera el contenido de la MEIA a las comunidades afectadas por la ampliación del proyecto minero, en este proceso de Consulta Previa no ha cambiado esa realidad, la MEIA sigue siendo solo un requisito que la empresa minera debe cumplir y SENACE no asume una responsabilidad el rol de protección al medio ambiente y sus habitantes que conforman los pueblos originarios.

Y ¿cómo llegamos a la Consulta Previa Virtual?

Ahora, en medio de la Pandemia y la reactivación económica para la empresa privada; la ministra del MEF ha anunciado el reinicio de la Consulta Previa pero esta vez por mecanismos virtuales ha dicho que solo “la última etapa del proceso el diálogo sí sería presencial” debemos aclarar que no solo es el proceso de diálogo de un día sino de un tema complejo por las afectaciones que representara en el futuro y los acumulados hasta hoy, debe haber transparencia del Estado frente a estas preocupaciones.

La virtualidad es una amenaza a ese dialogo y quiebra el principio de la buena fe, por tanto, las consultas previas pueden ser nulas si las comunidades en el futuro observan que los acuerdos no los representa o que los funcionarios no estaban debidamente acreditados, hay demasiadas dudas sobre este mecanismo “virtual”.

Este mecanismo virtual no forma parte de los usos y costumbres en las comunidades, y el Misterio de Cultura es cómplice de ello porque no advierte que la tradición oral – presencial es un mecanismo histórico, la reactivación económica no puede estar encima de este derecho colectivo intercultural, incluido el idioma.

La ministra del MEF ha manifestado que va a transferir fondos para la Consulta Previa Virtual, no se trata de dinero, no es sufriente tener internet en las comunidades, no comprender esa dinámica nuevamente pone en situación de desventaja a las Comunidades frente al Estado.

El Tribunal Constitucional (Exp. 00022-2009-PI/TC) ha precisado que “Sería bastante fútil generar un espacio de discusión y diálogo intercultural, cuando lo que en el fondo se pretende es simplemente la mera apariencia de cumplimiento de la norma…”.

La mera apariencia responde a la reactivación económica en favor empresa privada, mejorar mecanismos de transparencia que el pasado se ha ocultado, respetar estándares de consulta previa a pueblos originarios, así como el Estado debe “abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos, de explotación o desarrollo en o alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) de conformidad con los estándares internacionales aplicables”[3].

 

[1] Demanda de Amparo de Omisión de Consulta Previa a la MEIA presentada por las Comunidades de la Zona de Explotación Coroccohuayco. Ver noticia: https://derechosinfronteras.pe/espinar-comunidades-originarias-se-preparan-para-la-consulta-previa-del-nuevo-proyecto-minero-coroccohuayco/

[2] Plan de Consulta Proyecto Minero “Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”. Disponible en la web de MINEM: https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Consulta%20previa%20-%20mineria/En%20Proceso/4%20Coroccohuayco/Plan%20de%20Consulta.pdf

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. Punto 57 de Pueblos Originarios. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf