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Red Muqui presenta observaciones al Proyecto de Ley N° 3634, Ley de Minería Artesanal y a Pequeña Escala ante el Congreso

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El Proyecto de Ley N° 3634, Ley de Minería Artesanal y a Pequeña Escala, presentado por Jorge Luis Flores Ancachi del partido Acción Popular, actualmente se encuentra en la Comisión de Energía y Minas. El contenido de la propuesta legislativa demuestra claras intenciones de fomento y promoción de la minería artesanal y a pequeña escala, lo cual implicaría un grave riesgo por la falta de mecanismos de ordenamiento territorial y Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Muestra de ello son los territorios de los pueblos indígenas u originarios que se ven gravemente afectados por el avance de las actividades ilegales e informales, tal como la minería ilegal, que representa un movimiento de más de 1 millón de onzas de oro al año, sin identificación de la trazabilidad de esta. Y sin mencionar los graves daños ambientales que viene generando esta actividad en los territorios andinos y amazónicos.

Se evidencia que, desde el 2002, se ha prorrogado múltiples veces el proceso de formalización minera integral, cuya acción solo ha desatado argucias legales para enmascarar la minería ilegal a través de la informalidad, inscribiéndose en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). De esta manera, los mineros -en vías de formalización- aún tendrían plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para presentar sus instrumentos ambientales y permisos requeridos para la extracción de minerales. Por lo tanto, desde Red Muqui consideramos que las operaciones mineras, cual sea su magnitud, no deberán colisionar con los derechos humanos, el medio ambiente y el consentimiento de las comunidades campesinas y nativas bajo ninguna condición.

En ese sentido, desde el Grupo de Trabajo sobre Minería Artesanal y a Pequeña Escala de la Red Muqui (Grupo MAPE) se presentaron observaciones legales a la comisión dictaminadora, con el objetivo de cuestionar y aportar recomendaciones al proyecto de ley, así como solicitar su archivo inmediato debido al incentivo de la minería ilegal que generaría su eventual aprobación.

Para leer las observaciones legales, aquí.


Crédito de la foto: Tiempo minero

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Ejecutivo y SNMPE buscan acelerar procedimientos para extraer más minerales desprotegiendo el ambiente y el agua

El actual modelo extractivista que, en beneficio económico y social de las élites, rige el país desde la colonia, se profundizó en los años noventa del siglo XX con la dictadura de Fujimori y durante 30 años se ha perfeccionado con los diversos gobiernos que han ido quitando obstáculos a la inversión minera. Lo que observamos ahora es un contexto mucho más complejo, en el cual nos gobierna un régimen autoritario muy cercano a los intereses de los grupos empresariales mineros que controlan especialmente el Ministerio de Energía y Minas.

Es así que los gremios mineros ya vienen influyendo en el Ejecutivo y han retomado su agenda para plantear modificaciones normativas, para acelerar y simplificar procedimientos administrativos, y así poder prescindir de garantías para la protección del ambiente, el agua y los derechos de comunidades campesinas.

Al realizar un recuento de las normas antiderechos promovidas en este período, estas se inician el 30 de mayo de 2023, a través del Decreto Supremo N° 006-2023-MINAM, con el que se suspendió el Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental (PUPCA) aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2022-MINAM. El PUPCA era una herramienta del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), cuya creación fue fruto de un proceso de varios años de evaluación y gestión participativa para integrar la certificación ambiental en un solo ente del Estado, y así poder fomentar la transparencia y el acceso a la información ambiental en los proyectos de inversión. Sin embargo, fue suspendido porque los grupos empresariales no están dispuestos a transparentar su gestión y la información ambiental que manejan. En vez de ser suspendido, el PUPCA debió ser reforzado como instrumento legal, y evidencia la negligencia en la gestión ambiental en el contexto de expansión extractiva y de los conflictos socioambientales en territorios originarios.

Al mes siguiente, el 27 de junio, a través de la Resolución Ministerial N° 256-2023-MINEM/DM, se publica el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2017-EM. El objetivo principal de la modificación es insertar artículos a fin de acelerar los procedimientos administrativos para la obtención inmediata del título habilitante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el proceso marco de la certificación ambiental de la actividad minera. Red Muqui presentó observaciones a este proyecto de norma, porque lo considera una grave amenaza a las potestades de la ANA frente a la crisis climática, cuyas consecuencias inmediatas y visibles están sufriendo especialmente las comunidades, que deben hacer frente a la escasez hídrica y la merma en la producción agrícola.

Hace poco más de un mes, en tanto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expuso en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Sernanp, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión. Ante la alerta y la denuncia de la sociedad civil sobre esta amenazante propuesta de los grupos empresariales, la titular del Ministerio del Ambiente, Albina Ruiz, salió a desmentir que el gobierno estuviese considerando la fusión de los entes mencionados. No obstante, ello no imposibilita que el mismo Ejecutivo pueda proponerlo más adelante a través de una posible delegación de facultades.

Las amenazas para el medio ambiente, el agua y las comunidades continúan, ya que se evidencia una política permanente de intentar flexibilizar los actos administrativos para alinearlos a los intereses privados, dejando de lado, con ello, el deber de prevención y el principio precautorio, ambos anclados en el derecho ambiental. Además, mediante las propuestas normativas previstas, que implican prescindir de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos, existe una gran probabilidad que aumenten los conflictos socioambientales. Queda patente así, que los intereses económicos de las empresas, hegemónicos en la sociedad peruana, son los priorizados por las políticas de Estado.

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ALERTA | Racismo Judicial: Desalojo de comunidad campesina en Paruro – Cusco

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La comunidad campesina de Tantarcalla se ubica en el sector de Marccura, distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, departamento de Cusco. Las actividades que realizan las comunidades campesinas de la zona giran principalmente alrededor de la agricultura y la ganadería, con lo cual logran subsistir. En una decisión que está causando un amplio rechazo en la sociedad, el Poder Judicial determinó hace algunos días que este 24 de marzo se desaloje a los comuneros para restituir el predio a los supuestos propietarios legítimos, sin tomar en cuenta los más de cien años de existencia de la comunidad, así como su arraigo cultural y originario. De acuerdo con la abogada de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), Karina Baca Gómez, quien también acompaña el caso, este hecho es un delito de lesa humanidad, ya que afecta los derechos fundamentales de la comunidad, la desarma y les despoja de su territorio con el cual tienen un nexo cultural.

El conflicto se inició cuando la comunidad campesina comenzó el procedimiento administrativo de titulación efectuada por el proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural del Cusco, mediante el cuál logró la adjudicación de 218 hectáreas pertenecientes al predio rústico Mallma Alto. Ante esta situación, Luis Gustavo Paz Vizcarra, supuesto heredero del predio rústico en mención, interpuso una demanda de nulidad del título de propiedad otorgada a la Comunidad Campesina de Tantarcalla, ante el Primer Juzgado Mixto de Santiago en Cusco. El juez del tribunal, Peña Mendoza, declaró fundada la demanda, la que fue ratificada por todas las instancias judiciales correspondientes. 

Este hecho conllevó a una última resolución que autoriza el desalojo, la ejecución forzada y la entrega física del predio a través del uso de maquinaria pesada para derribar las casas de los comuneros. Además, en la resolución se solicita el apoyo de un total de mil efectivos policiales y se advierte a las comunidades aledañas que no interfieran con la diligencia, de lo contrario podrían detenidos e investigados por la Fiscalía Penal Provincial de Paruro. Asimismo, se recomienda la presencia de ambulancias y bomberos, en caso de que estalle la violencia entre las fuerzas del orden y los comuneros.

Ante este sombrío panorama la abogada Baca Gómez expresó que “decídase o no desalojar a la población el 24 de marzo, trataremos de llevar el caso a la corte internacional, ya que más allá del caso de esta comunidad que ha tenido que enfrentar una juicio por más de 15 años, no es el único caso similar de intención de despojar a comunidades de la zona de su propio territorio en el Perú, con la misma argumentación.  Se les ha imputado por delito de usurpación”. Además, la letrada explicó que al tratarse de comunidades indígenas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, el Estado tiene la responsabilidad de establecer medidas de protección de sus derechos fundamentales, algo que se ha obviado para favorecer a hacendados y a traficantes de tierras.

Desde Red Muqui se exhorta al Poder Judicial de Cusco a que adopte un enfoque intercultural y de derechos humanos adecuado, ya que la comunidad campesina originaria ya venía utilizando el predio de una manera pacífica y continua, sin problema legal alguno. Además, la organización rechaza de plano la violencia que se podría generar a razón de la ejecución de desalojo que cobraría un alto costo social y humanitario. De acuerdo al análisis de Red Muqui, la sentencia representa una violación internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas que involucra la responsabilidad del Estado peruano ante los organismos internacionales.

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Carta abierta al Gobierno y Opinión Pública: DE LA CRISIS POLÍTICA Y DE LA INDIGNACIÓN CIUDADANA

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El Perú vive una larga y cada vez más honda crisis política que nos ha llevado, entre otras cosas, a que, en 6 años, tengamos 6 presidentes de la república, a la casi desaparición de los partidos políticos y su reemplazo por agrupaciones organizadas para elecciones, sin ideario, y que luego de ganarlas, rompen los vínculos con sus electores, actuando a favor de intereses particulares.

La última etapa de la crisis se gestó hace dos años, cuando la clase política buscó desconocer los resultados de las últimas elecciones generales y anular el voto rural, de campesinos y campesinas, y de pueblos indígenas. En ese momento éstos se vieron en la necesidad de marchar a Lima a defender su voto. Luego de ello, la clase política, más conservadora, buscó
sin tregua, desde el Congreso y los medios tradicionales de comunicación, desconocer y debilitar la autoridad del Presidente elegido, con un discurso de alto contenido racista y discriminador.

Al margen de lo que Pedro Castillo hizo mal en el ejercicio del poder, esta población rural e indígena sintió, hasta el final, que no lo dejaban gobernar por razones de su origen campesino. Esa percepción, que tenía muchos elementos de realidad, fue alimentada por Pedro Castillo y Dina Boluarte y otros personajes del gobierno.

En este contexto, Dina Boluarte asumió el poder, sin buscar una comunicación con sus electores, y olvidándose del discurso que había manejado hasta ese momento y de su promesa pública de irse si salía Castillo. Esta situación generó la protesta de quienes se sintieron traicionados.

La situación se agravó cuando, Dina Boluarte, para mantenerse en el poder, dejó sus posturas de cambio social y se alió con los sectores políticos más conservadores (dentro y fuera del Congreso de la República), el sector de medios de comunicación tradicional y las fuerzas del orden. Desde ese momento, implementó medidas represivas muy duras contra las manifestaciones sociales crecientes. Ella y su consejo de ministros, han permitido el uso de armas letales contra los manifestantes y de armas no letales sin el uso reglamentario. De esta manera, hasta el día de hoy, las fuerzas del orden han ocasionado la muerte de más de 50 personas y decenas, sino cientos, de heridos.

Esta opción represiva ha dado lugar a una respuesta violenta de pequeños grupos de manifestantes, que, en vez de ser aislados, han sido utilizados por el gobierno para acusar a todos de violentos, y justificar el uso desmedido de la fuerza contra la ciudadanía.

Estos y otros hechos han llevado al gobierno a perder su legitimidad de origen y convertirse en un gobierno autoritario, que se mantiene en el poder por la fuerza. Simultáneamente, a ello, el Congreso de la República viene aferrándose al poder y de espaldas a la grave situación que enfrentamos, ha venido dando leyes que perjudican a poblaciones en situación de
vulnerabilidad como es el caso de los pueblos en aislamiento voluntario; todo esto y más, en favor del interés de unos pocos.

 

En este contexto, exigimos:
– El cese del uso de la represión indiscriminada contra la población que protesta y el cese
de la persecución a dirigentes, que impide que se tengan interlocutores.
– La renuncia de Dina Boluarte
– Elecciones generales este año 2023.
– Una nueva junta directiva en el Congreso, con credenciales democráticas y de
honestidad, que posibilite las elecciones el 2023.
– El cese de campañas de desinformación y de un discurso racista y discriminador, que
polariza a la población y que revictimiza a los muertos de la población que protesta,
acusándolos de ser los causantes de sus propias muertes. En este caso, los medios de
comunicación masivos deben reflexionar sobre el rol que vienen cumpliendo.
– Atender el derrame de petróleo suscitado en la región Amazonas en el Km. 389+196
Tramo II del oleoducto Nor-peruano, que viene siendo desatendido por el gobierno
central, sin ningún plan de contingencia implementado hasta la fecha. Esta actitud
gubernamental, pone en riesgo la vida, la salud, daños a la naturaleza y sobre todo
representa una muestra más de la discriminación hacia los pueblos indígenas.
– Archivar el Proyecto de Ley N° 3518-2022-CR que atenta directamente contra los
derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI)
– Archivar la propuesta de modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que pondría
en peligro los Bosques de nuestro país.
– Referéndum por una nueva constitución y asamblea constituyente, que entre otras
cosas, debe reconocer y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la
pluriculturalidad del Perú.

 

Firman:
Asociación Construyendo Caminos de Esperanza frente a la Injusticia el rechazo
y el olvido – CCEFIRO
Asociación Cultural Arena y Esteras
Asociación Servicios Educativos Rurales
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Centro Loyola Ayacucho
C.N. Centro Arenal, feconarina-orpio.
Colectiva Mujer y Poder
COMISEDH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa
Comisión de Ecología y Cuidado de la Creación de la Diócesis de Lurín
Confederación Campesina del Perú.
CPM Micaela Bastidas
Escuela para el Desarrollo
Foro Ciudades para la Vida
FORO SALUD
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
IDPA
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera – Huánuco
Instituto para el Desarrollo Amazónico
Instituto para el desarrollo y la paz amazónica
IPEP-CJS CHIMBOTE
Movimiento Manuela Ramos
Nuevo Perú x Buen Vivir
ORDAU
Paz y Esperanza
Perú EQUIDAD
Proyecto ODS ANCASH
Red Agua Desarrollo y Democracia
Red Iglesias y Minería – Nodo Perú
Red Muqui
Red Pastoral Pueblos Indígenas y Ecología Integral
Resucita Perú Ahora, Comisión Ecologia Integral
Separ
Vicariato apostólico de Pto. Maldonado
Vicariato Apostólico de San Ramón
Adda Chuecas Cabrera
Amanda Urquia Reina
Ana Sofia Pinedo Taguchi
Ana Sofia Reyes Otiniano
Angelica Amparo González Haro
Angela Vera Chicona
Antonieta Pacheco Jara
Benjamin Bravo Guerrero
César Guillermo Laupa Buitrón
Christian Breustedt
Diana Olaza Aliano
Eduardo Salas Arce
Erick Granados
Estelí Reyes Leyva
Felicita Lourdes Chávez Morey
Filomena Cáceres Vásquez
Francisco Adrianzén Merino
Germán Vargas Farías
Gery Vasquez Cucho
Giovanna Almonacid Ramírez
Gladys Zoraida Guzmán Fernández
Grimaldo Rengifo Vásquez
Héctor Jesús Chunga Morales
Ibis Fernández Honores
Ingrid Guzmán Sota
Javier Azpur
Javier Márquez Meza
Javier Rodolfo Jahncke Benavente
Jessy Chavez Arevalo
Joel Mario Arce Ccompi
John Zander Velarde
Jorge Arboccó Gallardo
José Antonio Espinoza Hernández
José Francisco Esteves Vargas
Jose Luis Carbajal
Josue Fernando Vivanco Jaime
Julio César Ambrosio Mendoza
Julio Rondinel Cano
Leopoldo Zambrano
Livia Marmanillo Aguayo
Liz Farfán Balcarcel
Luis Fernando Arteaga Mendoza
María Alcázar Muñoz
Maria Lourdes Gonzales
Maribel rimarachin saldaña
Miguel Lévano Muñoz
Nélida Baca Soto
Oscar Tomás Vásquez Tapia
Oscar Ugarteche
Pablo Rojas
Pilar Laura Armas Morales
Renán Jesús Villafuerte Rivera
Ricardo Soberón Garrido
Rocío Roxana Trujillo Solis
Rocio Silva Santisteban Manrique
Roger Mendoza Contreras
Romina Stepanie Villanueva Trujillo
Rosa Colchado
Rosa Mendoza García
Rosa Pacheco Condor
Stephany Violeta Cadenillas Solórzano
Victor Paredes
Yeny Mercedes Lope Huanca
Ze Everaldo Vicentello García

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Carta Abierta del GTPPII frente a la vulneración de derechos de los defensores ambientales y pueblos indígenas

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La sociedad civil organizada, recordamos este mes de octubre del 2022 como un tiempo contra el olvido y por la búsqueda de justicia; este me se cumplen 500 más 30 años de la invasión a nuestros territorios, también se cumple 10 años de la aprobación de la ley de consulta previa y un año en que el gobierno peruano no ha querido ratificar el Acuerdo de Escazú.

Revaloramos estas fechas para hacer memoria, para no olvidar las deudas históricas que el país tiene con los pueblos originarios, defensores de derechos humanos y ambientales.

En éste mismo mes, el Congreso ha aprobado el proyecto de Ley 01210 2021 que modifica ley de deslinde y titulación de comunidades Campesinas sin cumplir con la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada. Este mismo año, seguimos viendo la indiferencia del Estado para la aprobación del Acuerdo de Escazú y la mejora efectiva del sistema de fiscalización y sanción ambiental, así como, del sistema de protección a los defensores de derechos humanos y ambientales.

Seguimos viendo en las noticias los pronunciamientos incesantes de las comunidades afectadas por los derrames petroleros en la Amazonía; por otra parte, encontramos a los deudos de los dirigentes indígenas asesinados exigiendo una justicia que nunca llega.

En estos últimos días y aún en éste mismo instante, vemos a las comunidades del departamento de Amazonas, en la zona del río Cenepa, exigiendo que la declaratoria de emergencia de la zona no sea tan solo una declaración sino, que se convierta en acciones contundentes para acabar con la minería informal y la contaminación de toda esta cuenca, poniendo fin a las acciones de amedrentamiento a los dirigentes indígenas por parte de las mafias alrededor de esta actividad ilegal.

Justicia para las víctimas de la defensa del medio ambiente, basta de indiferencia, exigimos respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

 

Amazonia, Ande y Costa peruana, 26 de octubre del 2022.

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas

de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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Cusco: Instalan mesa regional del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos

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Representantes de organizaciones sociales de base de las provincias altas del Cusco y de Apurímac, entre líderes/as y defensores/as ambientales han participado en el taller preparatorio para la instalación del espacio multiactor del Plan Nacional de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos. El taller se ha desarrollado en la ciudad de Cusco del 31 de agosto al 02 de septiembre, y fue acompañado por la Plataforma Nacional de Empresas y Derechos Humanos y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En ese marco, el viernes 02 de septiembre, se instaló el espacio de diálogo con participación de la sociedad civil, empresas privadas, el Estado, y organismos internacionales, como parte del proceso de implementación del PNA sobre Empresas y DD.HH. Este diálogo debe conducir a la instalación de la Mesa Multiactor Descentralizado en la ciudad del Cusco. En la instalación de este espacio se han dado a conocer las principales problemáticas en los derechos humanos debido a los impactos de la actividad empresarial. 

Desde Red Muqui creemos importante que el Plan Nacional de Acción se implemente de forma adecuada y se acelere especialmente para la protección de derechos de los pueblos indigenas, derechos ambientales, derecho al acceso al agua y de las personas defensoras de derechos humanos, y del mismo modo se tengan resultados concretos en los avances multisectoriales del PNA, que ha sido aprobado hace más de un año (junio de 2022) y actualmente se encuentran en fase de implementación.

Así mismo, los retos del Plan Nacional de Acción deben estar centrados en el eje ambiental y el de pueblos indígenas, tomando en cuenta los siguientes puntos: 1) Acciones con vinculación multisectorial y transversal a otros ministerios como MINAM, MINJUSDH, MIDAGRI, etc.  2) Transparencia y rendición de cuentas de las empresas mineras respecto a sus compromisos con los DDHH y la debida diligencia y 3) Participación efectiva y diálogo multiactor donde se respete la voz de las comunidades y poblaciones afectadas en sus derechos humanos. Sobre este último punto es donde mayor incidencia vienen haciendo los líderes/as y defensores/as que han participado de los talleres preparatorios previos, sobre todo de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería en Cusco y Apurímac.

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Ley CAD: Mesa técnica con dirigentes y especialistas se realizará para analizar la ley e impulsar su derogación

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Luego de que el Congreso de la República aprobara por insistencia la Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana (CADs) – Ley 31494, el 16 de junio del presente año la ley fue publicada.

Formalmente, esta ley establece que busca reconocer legalmente a los comités de autodefensa como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas, incorporarlas en el Sistema Nacional de Seguridad Nacional, y que su rol principal es el apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Sin embargo, esta ley representa una amenaza a la paz social de las comunidades y pueblos indígenas, ya que promueve la militarización de territorios de las comunidades campesinas y nativas, y podría generar enfrentamientos entre comunidades, al permitir que civiles que pertenecen a los Comités de Autodefensa adquieran armas por compra o donación de parte del Estado o de particulares. Además, las armas pueden caer en manos de organizaciones ilícitas que se hacen pasar por comités de autodefensa y amenazan a quienes protegen los bosques.

Asimismo, la Ley CAD vulnera la autonomía de los pueblos indígenas porque los comités de autodefensa estarán a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Es decir, las Fuerzas Armadas se encargan de diseñar las estrategias de intervención de los CAD, aunque en muchos casos no conozcan su territorio, historias y costumbres. Sumado a esto, la ley deslegitima el rol de las rondas campesinas, las cuales representan agrupaciones reconocidas por la constitución y por las mismas comunidades que pueden establecer interlocución con el Estado para dar solución a los conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley.

Por ello, este miércoles 20 de julio, se desarrollará la mesa de trabajo para analizar ley 31494 en el cual participarán diferentes organizaciones de la sociedad civil, especialistas y representantes de organizaciones indígenas de manera que se discuta el peligro que representa la aprobación esta ley para los pueblos y comunidades indígenas, y se impulse su derogatoria.

Este espacio se realizará en el Congreso de la República desde las 10 a.m. y tendrá entre sus panelistas a la congresista de la República, Ruth Luque. Así mismo, participará el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), Santos Saavedra; el Líder Awajún y ex presidente de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, Jesús Manases Valverde; abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz.

 

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Pronunciamiento por un pacto de Leticia con los pueblos Indígenas tras incendios del 2019

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En el año 2019, los gobiernos de siete países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Perú) firmaron el Pacto de Leticia, con el objetivo de enfrentar la adversa situación ambiental provocada por los devastadores incendios registrados ese mismo año en la Cuenca Amazónica1. Si bien es cierto, existe la necesidad de articular los esfuerzos de los países de la región por la protección de nuestra Amazonía; el Pacto, tal como fue concebido, y ahora está siendo implementado, carece de participación y representatividad, debido a que no se está desarrollando en base a diálogo ampliado e intercultural con los diferentes actores en cada país de la Cuenca Amazónica.

Al respecto, es importante recordar que, el bioma Amazónico sufre fuertes presiones a causa del predominio de las actividades económicas depredadoras e insostenibles2; sobre todo, para la ganadería y commodities como la soja en gran escala, muchas veces asociados a explotación ilegal de madera, especulación de tierras y conflictos socioambientales en territorios ocupados por pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. De igual manera, la deforestación y conflictos socioambientales en la Amazonía han sido potencializados por grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, hidrovías y puertos, ferrovías y represas. Luego, otra amenaza para los bosques y ríos, incluso en territorios indígenas y de otros pueblos tradicionales, es la expansión desenfrenada de la minería – practicada tanto por la minería ilegales como por grandes corporaciones-, así como actividades extractivas de hidrocarburos3.

Todo ello, está desbalanceado el frágil sistema ecológico de la selva. Solo en el 2020 la Amazonía perdió cerca de 2.3 millones de hectáreas de bosque primario en los 9 países amazónicos, lo que representa un aumento del 17% en comparación con el año anterior (2019), y el tercer registro más alto desde el 20004. Por ello, en base a dichas experiencias, consideramos que es necesario que iniciativas como el Pacto recojan todas las voces y demandas de nuestra región.

A su vez, la Cuenca Amazónica alberga diferentes pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, entre otros grupos sociales de importancia, quienes actualmente son amenazados, reducidos y vulnerados en sus derechos, debido a la presencia de actividades económicas extractivas legales e ilegales. En ese sentido, la depredación del bosque ha conllevado a un incremento de casos de asesinatos de defensores y defensoras ambientales y población indígena comprometida con la conservación del medio ambiente, así como la proliferación de conflictos socioambientales por el despojo de tierras, y la contaminación de recursos naturales.

En la actualidad, Brasil, Colombia y Perú son los países más peligrosos para los y las líderes indígenas y no indígenas cuya labor en la defensa del medio ambiente y el territorio está gravemente amenazada. De esa manera, Colombia lidera el número de asesinatos registrados en el 2020 con 65 casos, mientras que Brasil, tiene 20 casos documentados; y Perú, 65. Valga la mención que estas cifras pueden ser efectivamente sub registros debido a las amenazas y ataques6 no denunciados ante las autoridades locales por limitaciones en la libertad de prensa y la ausencia de registros independientes. No obstante, esta situación no ha sido parte de los discursos que se han realizado en las distintas cumbres del Pacto de Leticia, pese a la labor de los y las defensores ambientales y de los defensores indígenas para conservar los ecosistemas amazónicos y, consecuentemente, a mitigar los efectos del cambio climático.

A todo ello, en países como Brasil y Perú, se suma el retroceso de la institucionalidad y gobernanza democrática, debilitando o eliminando instrumentos de protección del ambiente e de los derechos humanos – como el reconocimiento de los derechos territoriales de pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, el derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado; y mecanismos de combate a crímenes ambientales y violencia contra defensores ambientales, así como espacios de diálogo y participación. Por lo que se están tomando decisiones a costa del debilitamiento socioambiental, y sin espacios de planificación intercultural y multiactor.

Por otro lado, el Pacto de Leticia está avanzando mediante el financiamiento de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y Fondo Verde de Clima (GCF), impulsando la bioeconomía. Esta iniciativa, tal como ha sido conversada en otros espacios, debe ser coherente con la visión de los planes de vida de los pueblos indígenas, de manera que evidencie una intención de cambio a la situación actual, lo cual debe ser dialogado para mejorar y generar acciones conjuntas multiactor.

En ese sentido, las organizaciones firmantes consideramos que el Pacto, no recoge los desafíos políticos que han agudizado la crisis socioambiental en la región. De esa forma, el espíritu y contenido del Pacto presenta contradicciones de fondo que deben ser cambiadas urgentemente en pos del beneficio de la población indígena, afrodescendientes, quilombolas, agricultores familiares y otros grupos importantes del campo y de las ciudades de la Cuenca Amazónica.

En base a este contexto, las organizaciones, pueblos, indígenas, quilombolas, afrodescendientes, y investigadores científicos nos pronunciamos mediante el presente documento para hacer llegar nuestras observaciones y propuestas al Pacto de Leticia, el cual hoy en día no se está implementando de manera dialogante y consensuada, por lo que creemos es necesario generar cambios. En suma, observamos en relación al proceso de elaboración y contenido del Pacto de Leticia, hasta el presente momento:

  1. Falta de espacios de diálogo intercultural durante todo el proceso. El Pacto de Leticia se está desarrollando sin un diálogo multiactor en los diferentes países de la región, prueba de ello es que en el mes de octubre de este año se realizó la III Cumbre del Pacto, al cual solo asistieron los representantes de los estados miembros, así como representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, y representantes del gobierno de Reino Unido; pero no contó con la participación de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades locales que como se ha señalado anteriormente son los más afectados en el actual contexto de crisis. Tampoco se está contando con la participación de sociedad civil y de la comunidad científica. Por ello, se considera que es un error que el Pacto no se esté desarrollando de una manera amplia y consensuada en base a todas las perspectivas de la Amazonía.
  2. Falta de diálogo multiactor para integrar las iniciativas que promueven la defensa de la Amazonía, y su cuidado. Es clave mencionar que actualmente, tanto las comunidades locales como la comunidad científica han desarrollado materiales y herramientas para el cuidado de la biodiversidad, que además proponen alternativas a las actividades que están depredando nuestra Amazonía. Además, es clave recordar que, este año en el Congreso Mundial de la Naturaleza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó la moción de proteger, conservar y manejar de manera sostenible al menos el 80% de la Amazonía para el 2025, en colaboración con y reconociendo el liderazgo de los pueblos indígenas en la Amazonía, asegurando su consentimiento libre, previo e informado. En ese sentido, es necesario que estas iniciativas sean parte del diálogo e implementación del Pacto.
  3. Falta de énfasis en la necesidad urgente de reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, como instrumento imprescindible de protección de los bosques y ríos de la Amazonía; así como la necesidad de eliminar incentivos gubernamentales para la especulación de tierras, el ejemplo del reconocimiento de deforestación como mejora para fines de concesión de títulos en tierras públicas, y intentos de ‘abrir’ territorios indígenas para explotación minera e hidrocarburos, hidroeléctricos y agro negocio de ‘commodities’.
  4. Falta de reflexión e inclusión de los desafíos actuales de las defensoras y defensores ambientales e indígenas. Como se explicó anteriormente, los países de la Amazonía se encuentran entre los más peligrosos del mundo en cuanto a la defensa de la tierra y los recursos naturales que provee, es por ello que existe una necesidad actual de fortalecer las iniciativas de protección de derechos humanos, donde los estados y las inversiones tienen responsabilidad. Sin embargo, esta situación no se ve incluida en el desarrollo del Pacto, ni es los discursos realizados por los representantes en el marco del acuerdo. Por ello, es necesario acompañar y fortalecer el rol de las defensoras y defensores ambientales.
  5. Falta de visión clara sobre cómo las iniciativas de bioeconomía van a involucrar de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas y sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; y cómo van a involucrar a las ciudades amazónicas en términos de empleos económicamente sostenibles, mercados de consumo para productos de la biodiversidad, y no solo exportaciones.
  6. Falta de una estrategia clara sobre ‘infraestructura sostenible’ incorporando lecciones y evitando repetir errores históricos como en la construcción de carreteras y hidroeléctricas; que además superen el contexto de retroceso en políticas socioambientales en varios países, como es el caso de Brasil.

En base a lo mencionado anteriormente proponemos lo siguiente:

  1. Proceso de diálogo multiactor de revisión del Pacto y sus estrategias de implementación, superando brechas y contradicciones en su contenido y modelo de gobernanza, enfrentando las dinámicas (drivers) de deforestación, incendios y conflictos socioambientales y valorizando iniciativas innovadoras de los amazónicas, con participación eficaz de los pueblos indígenas y otras comunidades y movimientos; así como con organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad científica.
  2. De la misma forma, transparentar la planificación del Pacto a nivel nacional: Tanto el Pacto de Leticia como las cumbres realizadas no han sido presentadas a sociedad civil para ser dialogadas, lo que implica un desconocimiento, dudas del mismo. Siendo necesario transparentar la información. Como parte de su modelo gobernanza, garantir mecanismos de monitoreo y evaluación participativos y independientes sobre la implementación del Pacto.
  3. Inclusión de instrumentos, estrategias y metas para garantizar el reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, así como la eliminación de incentivos gubernamentales para conflictos y especulación de tierras, como elemento fundamental para alcanzar el objetivo del Pacto de Leticia de protección de los bosques y ríos de la Amazonía.
  4. Inclusión de las iniciativas de los pueblos indígenas para la protección de la Amazonía, como es el reconocimiento y compromiso de la UICN para la conservación, protección y manejo sostenible del 80% de la Amazonía para el 2025, lo cual involucra a todos los estados de la región; así como a los actores privados con presencia en la cuenca amazónica.
  5. Protección de las defensoras y defensores ambientales e indígenas: Es necesario que el Pacto; así como cada hito político relacionado, y los documentos de planificación incluyan la situación de riesgo de las defensoras y defensores para articular acciones de protección. Siendo el Acuerdo de Escazú un elemento clave para el desarrollo del Pacto.
  6. Incorporación de una visión inclusiva sobre la bioeconomía que involucran de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas, priorizando sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; así como la generación de empleos de calidad y renda en las ciudades amazónicas, como espacios de transformación y consumo de productos de la biodiversidad. Al mismo tiempo, eliminación de incentivos crediticios y fiscales para la deforestación, con apoyo para la recuperación de áreas degradadas.
  7. Construir una estrategia clara e innovadora sobre infraestructura sostenible e inclusiva en nivel local y regional, incorporando lecciones para evitar la repetición de errores históricos, con prioridad para las necesidades e iniciativas de buen vivir de las comunidades amazónicas en el campo y las ciudades.

Firman:

  1. Amazónicos por la Amazonía – AMPA
  2. Asociación Pro derechos Humanos – APRODEH – Perú
  3. Asociación Ambiente y Sociedad – Colombia
  4. Asociación Arariwa – Perú
  5. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor – Perú
  6. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente: Colombia – Brasil – Ecuador
  7. Asociación Unión de Talleres 11 de Septiembre – Bolivia
  8. Bank Information Center – US
  9. Barranquilla+20 – Colombia
  10. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – Perú
  11. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
  12. Centro para el Desarrollo del indígena Amazónico – CEDIA
  13. Comitê de Energia Renovável do Semiárido – Brasil
  14. CONAC-Brasil
  15. Conectar Direitos Humanos – Brasil
  16. CooperAcción – Perú
  17. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – Perú
  18. Ecologia e Ação – ECOA – Brasil
  19. Elcena Jeffers Foundation
  20. Florida International University – Estados Unidos
  21. Foro Ecológico del Perú
  22. GT-Infraestructura y Justicia Socioambiental – Brasil
  23. Instituto Aroeira Brava – Brasil
  24. Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA – República Dominicana
  25. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú- Idlads – Perú
  26. Instituto Federal do Ceará – Brasil
  27. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) – Colombia
  28. Instituto Madeira Vivo – Brasil
  29. International Rivers – Brasil
  30. Más Integridad MX – México
  31. Movimento Pró Ivaí/Piquiri – Brasil
  32. Movimento Tapajós Vivo – Brasil
  33. Mouvement Pour la Lutte Contre l’Injustice – ONG
  34. Observatorio Sociolaboral y del Diálogo Social en el Ecuador OSLADE
  35. Observatorio Sociopolítico Latinoamericano – Colombia
  36. Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC
  37. Organización Regional Aidesep Ucayali – ORAU – Perú
  38. Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO – Perú
  39. Paz y Esperanza – Perú
  40. Programa Laboral de Desarrollo – PLADES – Perú
  41. Reacción Climática – Bolivia
  42. Red Muqui – Perú
  43. Rede Eclesial Pan-amazônica – REPAM-Brasil
  44. Red y Alianza de Líderes por el Progreso de Colombia
  45. UFMT-Brasil
  46. Unimontes – Universidade Estadual de Montes Claros – Brasil
  47. UFRR – Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena/UFRR – Brasil
  48. Universidade Federal do Tocantins – Brasil
  1. https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2021/07/Leticia11.pdf
  2. Explotación forestal, minería e industrias extractivas, agua y represas, cultivos ilegales, agroindustria, entre otras causas de origen económico (Global Witness septiembre 2021). Ver enlace web: https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
  3. Actualmente el Pacto no ha incluido este diagnóstico dentro de su narrativa.
  4. https://maaproject.org/2021/amazon-2020/
  5. https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
  6. El silenciamiento de los y las defensoras nacen de tácticas como “las amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización” (Ver Informe setiembre 2021 de Global Witness, p.10)
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Muqui Sur concluirá con éxito el proceso de fortalecimiento de abogados jóvenes del sur andino

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Desde el mes de julio la Red Muqui Sur integrado por APRODEH, IDECA, DHSF y la Universidad Tecnológica de los Andes y la Universidad Nacional del Altiplano, vienen desarrollando talleres de fortalecimiento en el marco de la “Escuela de Formación en Derechos Humanos para Jóvenes Abogados (as) y Defensoras (es) del Sur Andino”. La escuela tiene como objetivo fortalecer la formación de estudiantes y egresados de la carrera profesional de derecho, abogados (as) jóvenes y activistas de las regiones de Cusco, Apurímac y Puno, en materia de derechos humanos y la defensa en contexto de conflictos eco-territoriales; bajos los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad. Con ello se busca que los participantes puedan tener una reflexión crítica del derecho y del contexto extractivista y de conflictos socio ambientales, que caracteriza al sur andino. 

Los temas que se han ido desarrollando hasta el momento son: los derechos humanos y la justicia intercultural en el contexto global post pandemia, el litigio estratégico y defensa de los derechos de los pueblos originarios, derecho a la protesta y criminalización de defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales y el análisis de casos emblemáticos en materia del derecho a la protesta social. El desarrollo de los temas ha estado a cargo de abogados y abogadas de amplia experiencia en la defensa de derechos humanos y colectivos en el Sur Andino. 

A lo largo de los talleres los abogados (as) jóvenes han compartido casos y problemáticas minero ambientales, presentes en sus regiones. Esto ha aportado aún desarrollo más reflexivo de los temas, involucrándolos activamente. Al concluir la escuela se espera que los abogados (as) presentarán artículos, que analizarán las principales problemáticas de sus regiones planteando alternativas de solución, a partir de los aprendizajes y reflexiones de la escuela. 

Este próximo viernes 24 y sábado 25 de setiembre, en la ciudad de Cusco, se desarrollará el último taller, concluyéndose así con este proceso de fortalecimiento.

Esta escuela ha sido un esfuerzo colectivo de todos los miembros de la Red Muqui Sur, quienes han apostado por contribuir en la formación de jóvenes abogados del Sur Andino; y así apoyar en la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los derechos colectivos de las comunidades campesinas (pueblos indígenas u originarios) afectadas por proyectos mineros.

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Director de DD.HH. del Ministerio de Justicia señala que empresas deben garantizar derechos de defensores

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El último martes 07 se llevó a cabo la tercera mesa de discusión del “Ciclo de conversatorios: el Perú del Bicentenario: los problemas actuales de las personas defensoras del ambiente y los territorios”, organizado por el Grupo de Trabajo sobre personas defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en colaboración con Asociación SER, CBC, Oxfam, Kené, DAR, DHUMA, IDL y Red Muqui, y fue transmitida por el Facebook de Red Muqui. En esta mesa se abordó sobre la situación de vulneración y formas de resistencia de Defensores Ambientales en el Perú, y se contó con la participación de panelistas pertenecientes a organizaciones sociales y organismos públicos. 

Los defensores y defensoras ambientales son personas que tienen como objetivo principal realizar acciones para proteger los derechos relacionados con el medioambiente, la tierra y su territorio. De esa manera, su trabajo, al tener una importancia vital para el cuidado de nuestros hogares, la protección de estas personas también incumbe a todos y todas. Sin embargo, de acuerdo con Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, la labor de los Defensores/as Ambientales viene siendo afectada por diferentes problemas como la constante estigmatización que sufren clasificándolos como ‘anti desarrollo’ para deslegitimar su lucha o a calificarlas de radicales; además, sufren de hostilización, agresiones, utilización indebida del derecho e inclusive de la criminalización. A pesar de eso, comenta que hay una ausencia de sanción por los ataques realizados contra estas personas protectoras del ambiente, e incluso, no existe, a la fecha, sentencia alguna por las muertes de defensores ambientales e indígenas en el Perú.

Esto también es complementado por lo señalado por el Secretario General de las Asociaciones de Urbanización y pueblos jóvenes de Espinar, Vidal Merma, quien explica casos de una gran cantidad de defensores ambientales y dirigentes en la provincia de Espinar que reclamaban sus justicia, pero que fueron criminalizados e incluso asesinados por parte de la policía y que, a pesar de que hay evidencias del asesinato, los casos nunca se han visibilizado a nivel nacional e internacional. Además, comenta sobre hechos similares ocurridos en Moquegua en donde las empresas que realizan actividades que afectan el territorio han llegado a asesinar a dirigentes y defensores del medio ambiente. Merma añade que las empresas silencian sistemáticamente a las personas que reclaman justicia, y solo las que cuentan con dinero suficiente, pueden obtenerla, mientras que las que no cuentan con los recursos económicos suficientes, no pueden pagar un juez.

A raíz de eso, las poblaciones y los/las defensores que sufren constantemente las violaciones de sus derechos, viven con una inseguridad total porque no hay una institución del Estado que pueda brindarles seguridad, y señala que el Ministerio Público no hace su trabajo de administrar justicia, y no hay nadie de parte del Estado que los defienda.

Es importante tomar en cuenta que la criminalización, la violencia ejercida hacia los/las defensores no solo les afecta a ellos/ellas, sino que también afecta a sus familias. Por esa razón, y ante la ausencia del Estado para proteger la labor y los derechos de las personas defensoras del ambiente, surge la necesidad de organizaciones como la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), en la que trabaja la panelista Judith Nunta. Esta organización ha diseñado un Programa Mujer Indígena que trabaja con mujeres indígenas, quienes han quedado viudas, por el asesinato de defensores. El programa busca promover el liderazgo femenino y la reivindicación de su rol dentro de las comunidades, federaciones y otras organizaciones de gobierno indígena.

Discutiendo sobre las problemáticas que generan la afectación a los derechos de los defensores y defensoras, Percy Castillo señala que la Defensoría del Pueblo considera que las principales causas de los ataques, amenazas y homicidios a este grupo son los problemas estructurales: actividades ilegales (tala, minería, agroindustria, etc.), falta de titulación de comunidades, falta de presencia estatal, impunidad frente a ataques, y corrupción. El adjunto para los DDHH de la Defensoría del Pueblo señala que mientras no se dé solución a estos problemas, siempre va a haber un marco de amenaza a los/las defensores.

Frente a esto, Vidal Merma comentó que a los problemas estructurales explicados por Castillo, se le debe agregar un problema fundamental, y es el hecho de que el Estado suele priorizar la protección de los capitales extranjeros y la inversión extranjera, por lo cual permite que las empresas transnacionales sigan cometiendo vulneraciones de los DDHH. El hecho de que el Estado y sus instituciones prioricen la generación de recursos económicos frente a los derechos humanos y ambientales, representa una problemática constante para la cual se debe buscar solución desde el Gobierno.

Desde el 2018 a la actualidad, ha habido un avance a nivel normativo para la protección de los/las defensores, lo cual se ve reflejado en que, actualmente, se cuenta con el Decreto Supremo 003-2021/MINJUS (Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos). Sin embargo, Mar Pérez, miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), señala que aún faltan implementar acciones, como la participación constante de la sociedad civil, para que el mecanismo pueda garantizar la independencia, imparcialidad, y que se den medidas de protección flexibles y acordes a las necesidades reales y concretas de las personas defensoras.

Además, Pérez destaca la lucha de las mujeres defensoras, que, lamentablemente, son víctimas de violencia sexual y de género. Por esa razón, pide que todas las autoridades vinculadas en la problemática se pongan los lentes de género y diseñen herramientas para también proteger las defensoras. Además, señala que se necesita que el protocolo de revisión personal sea modificado para que las mujeres defensoras no sean sometidas en comisaría con la búsqueda de elementos delictivos.

Edgardo Rodríguez, director general de la dirección de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), respalda las palabras de Mar Pérez, y comentó que el Estado, a pesar de haber dado pasos  significativos para solucionar las problemáticas que afectan a los defensores/as ambientales, estos aún siguen siendo insuficientes y que, así como señala Mar Pérez, se debe buscar solución a los impactos diferenciados en razón de género, dado que se suele olvidar de los contenidos de la afectación especial a las niñas y mujeres que también buscan defender sus derechos.

Por último, según Rodríguez, el esfuerzo para solucionar la problemática y cerrar las brechas tiene que ser uno que comprometa a distintos actores, no solo a las organizaciones defensoras ni a la población, sino a otros actores como a las empresas formales y no formales, lo cual también se está trabajando en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y DDHH. Esto es importante, ya que permite concretar el compromiso de las empresas para que tengan respeto y garanticen los derechos de las personas defensoras. Además, agrega la importancia de construir redes de actores que contribuyan a desarrollar un trabajo más articulado entre el Estado y las comunidades cuando ocurran situaciones que vulneran los derechos de las personas y del medio ambiente, ya que, muchas veces, las denuncias llegan tarde por, justamente, la falta de conexiones con autoridades locales o con actores que apoyan hacer llegar las demandas.

Teniendo en cuenta la importancia y los desafíos que aún quedan por enfrentar, les invitamos a participar del foro en cual se presentará el informe regional “Proteger Nuestra Casa Común” el miércoles 15 de septiembre, y en el que participarán diferentes panelistas de organizaciones sociales, instituciones públicas y organismos internacionales. En este evento, se informarán los desafíos a los que se enfrentan defensores y defensoras de seis países de Latinoamérica, y se generarán mayores propuestas sobre cómo mejorar el entorno y protección para los defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos

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