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Una reciente sentencia del Poder Judicial que respalda el derecho a la consulta previa en el proceso legislativo está provocando una serie de reacciones por parte de organizaciones sociales y del mismo Congreso. Así la representante, Ruth Luque, ha informado que en su calidad de presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología, ha solicitado que se priorice el debate sobre el procedimiento para que el Congreso cumpla con la consulta previa antes de aprobar leyes que les afecten directamente.

Con ello la parlamentaria busca que el cuerpo legislativo implemente la sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima a fines de enero pasado, que exige al Congreso de la República el cumplimiento del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, acuerdo suscrito por Perú, del que se desprende el derecho a la consulta previa; y con ello, que implemente el derecho a “la consulta previa de leyes que impactan en los derechos de los pueblos indígenas”.

Dicha sentencia fue notificada el último 26 de enero a la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y a la Confederación Nacional Agraria (CNA), que impulsaron la acción legal que le dio origen.
El dictamen judicial establece que el Parlamento debe debatir con carácter de urgencia en el próximo Pleno ordinario o extraordinario el Proyecto Ley Nº 005-2016/CR, que modifica el reglamento del Congreso de la República para incorporar el procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios sobre medidas legislativas que les afecten.

El abogado defensor y director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velazco ha valorado la sentencia del Poder Judicial. Si bien opina que es improbable que las fuerzas políticas en el Congreso adecúen el reglamento interno,” ya que se han instalado grupos que responden más bien a mafias con intereses particulares y no representan los intereses generales de la población. No obstante, a futuro bastará esta sentencia para que pueblos cuyo derecho a la consulta sean vulnerados por futuras leyes presenten un recurso de amparo. Lo lógico y deseable sería un cambio del reglamento de funcionamiento legislativo, pero no es indispensable”, sentenció el jurista.

En cuanto a las posibilidades de que esta sentencia tenga que ser implementada por parte del Congreso el abogado de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Helio Cruz, manifestó que el Congreso tiene la responsabilidad de hacerlo, negarse a ello sería negarse a una resolución del poder judicial y con eso seguiría quebrando el orden constitucional. Y añade que los parlamentarios no solo tienen que adecuar el reglamento interno para que las leyes respeten la consulta previa en asuntos que afecten a pueblos indígenas, sino que se debe extender a los actos administrativos, cuando se otorga una concesión minera, “no hay consulta previa, peor aún no hay participación ciudadana, ni transparencia hacia los pueblos que son afectados”.

A pesar de que el Estado peruano ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se comprometió a proteger los derechos de los más de 50 pueblos indígenas u originarios que habitan en su territorio, aún son muchos los derechos que no se aplican de manera adecuada. Esto se confirmó en la presentación del “Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT” elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), llevado a cabo el jueves 09 de noviembre en el Auditorio José María Arguedas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM.

Cabe mencionar que el Convenio 169 de la OIT es un tratado que establece que se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios.

El evento inició con las palabras de la abogada Ana Leyva, abogada de CooperAcción, quien comentó que, en el Perú, aún se tiene un Estado con rasgos coloniales, ya que, conceptos como el de “territorio” aún no están del todo incorporados en la legislación peruana, y en consecuencia, no está protegido.
“La eficacia de la consulta previa es casi nula. Ha sido una pelea por las tierras y por los territorios, ese sigue siendo un problema central de los pueblos indígenas. Ahora hay intentos de desarrollar autonomías y autogobiernos”, destacó Ana Leyva

Por su parte, Javier Jahncke, representante de CEAS y de la Coordinación Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, señaló que hay una debilidad en la articulación multisectorial en los sectores que abordan las políticas para pueblos indígenas y para la protección de los defensores y defensoras.

“En el Congreso hay un grupo antiderechos que busca revertir los avances en materia de derechos para abrir la Amazonía a la penetración del extractivismo” puntualizó Jahncke.

Por la parte de los representantes de los pueblos indígenas, intervino Rosalía Clemente Tacsa, presidente de la Confederación Nacional Agraria – CNA, quien resaltó que los medios de comunicación no han estado a favor de los pueblos indígenas, y que no se han visibilizado sus reclamos ni demandas. Además, Clemente enfatizó la importancia de los pueblos y comunidades indígenas señalando que “durante la pandemia nosotros -las comunidades- hemos puestos los alimentos sobre la mesa”

Asimismo, Salvador Merma, presidente de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, comentó que las comunidades campesinas son avasalladas por concesiones mineras que nunca respetan a las comunidades haciendo caso omiso al derecho a la consulta previa.

En esa línea, Liliana Gadea, coordinadora del Observatorio Nacional de Consulta Previa de ONAMIAP, resaltó que desde diciembre vienen denunciando que el gobierno de Dina Boluarte tiene un proyecto de dictadura extractivista genocida, que va llevar a la pérdida de identidad de los pueblos indígenas, además de sus territorios y vidas, lo cual representaría el incumplimiento al Convenio 169 de la OIT.

En otro momento de la presentación del informe, la congresista de la República, Ruth Luque comentó que se está condenando a la desigualdad y la pobreza a las comunidades que hoy están mucho más pobres que antes.

“Estamos viviendo en un contexto de criminalidad e impunidad avalado por un Congreso de la República que no ha querido nunca aprobar la consulta previa de las medidas legislativas”, destacó la congresista de la República.

Luque destacó finalmente que “pese a la crisis y a la situación adversa necesitamos seguir disputando espacios para la representación política indígena y los pueblos participen en los espacios de poder y de toma de decisiones.”

Por su parte, Catherine Neciosup, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comentó que la OACNUDH entre enero de 2022 hasta septiembre de 2023 ha documentado 151 incidentes sobre ataques, intimidaciones, hostigamiento a personas defensoras, involucrando a 365 víctimas, incluyendo siete personas asesinadas.

“El derecho a la consulta previa no debe verse como una isla en el océano, sino que tiene que verse vinculado a los demás derechos de los pueblos que están contenidos en otros instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” destacó Neciosup.

Por su parte Miguel Jugo, secretario adjunto de la CNDDH, expresó que los derechos colectivos son exigibles a nivel nacional e internacional. Recordó la importancia del Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, y su aplicación en medidas legislativas y habló de varios casos en nuestro país que han acudido a instancias internacionales para defender derechos.

“Es muy importante la unidad, del pueblo y de los pueblos indígenas. Esta unidad debe ir a otros sectores. Es momento de unirnos y articularnos en una agenda común”, destacó Jugo.

Las problemáticas y afectaciones a los derechos que sufren los pueblos indígenas u originarios que han sido discutidas en el evento son ampliamente explicadas en el “Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT”. Además, el documento busca proporcionar aportes y enriquecer el diálogo en busca de un cumplimiento adecuado de este tratado, con el fin de garantizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

Con la presentación del informe se busca, no solo sensibilizar al público en general sobre la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, sino también hacer un llamamiento a organismos internacionales y prensa extranjera para que contribuyan a incidir en el Estado peruano para establecer medidas que permitan solucionar las problemáticas que sufren constantemente los pueblos indígenas.

Puedes leer el informe aquí

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presenta Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT.

A pesar de que el Perú es un país pluricultural, y que cuenta con más de 50 pueblos indígenas en su los Andes y la Amazonía, que representa aproximadamente el 7% de la población nacional, históricamente, estos pueblos han sufrido constantes vulneraciones a sus territorios y sus derechos por actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y las invasiones territoriales, así como por el desarrollo de actividades extractivas y de infraestructura que no han sido consultadas previamente.

Asimismo, en los últimos 10 años, según datos recopilados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), basados en informes periodísticos y estatales, se han registrado 26 asesinatos de personas defensoras ambientales. Y aunque el Estado peruano dispuso en el año 2021 de la creación del “Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos”, las amenazas y la impunidad persisten, y no hay eficacia en su implementación.

Sumado a lo señalado, en un contexto de conflictividad sociales y socioambientales, el Estado peruano tiende a estigmatizar y reprimir a las comunidades indígenas que se oponen a proyectos extractivos que violan sus derechos. La respuesta gubernamental se centra en asegurar el orden público, a través del uso de la fuerza para reprimir las protestas, y alentar la inversión privada, sin abordar las causas estructurales de los conflictos.

Todas estas problemáticas y violaciones de derechos que sufren los pueblos indígenas u originarios se sigue dando a pesar de que el Estado peruano se comprometió a defenderlos al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismos adscrito a las Naciones Unidas. Este convenio establece que se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios. Lamentablemente, esto no se está cumpliendo.

Por esa razón, te invitamos a participar este jueves 09 de noviembre a la presentación del Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT que se realizará en el Auditorio «José María Arguedas» de la Facultad Ciencias Sociales – Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El informe busca proporcionar aportes y enriquecer el diálogo en busca de un cumplimiento adecuado de este tratado, con el fin de garantizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas u originarios.
El documento evidencia un problema histórico de discriminación estructural en el Perú, tal como lo indicó hace 20 años el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyas recomendaciones siguen pendientes y urgentes de abordar.

Por todas las consideraciones expuestas el informe representa un documento actual, debidamente sustentado, que brinda los elementos adecuados para una evaluación crítica sobre el desempeño del Estado peruano sobre un derecho sustancial de los pueblos y comunidades indígenas de Perú. El documento ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción, educación y difusión de los Derechos Humanos en el Perú.

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOc5cfVmwFtYG27PcDyKpjOQKs07ZLB4NlS9DPM1T6M3GxPA/viewform

El Proyecto de Ley N° 3634, Ley de Minería Artesanal y a Pequeña Escala, presentado por Jorge Luis Flores Ancachi del partido Acción Popular, actualmente se encuentra en la Comisión de Energía y Minas. El contenido de la propuesta legislativa demuestra claras intenciones de fomento y promoción de la minería artesanal y a pequeña escala, lo cual implicaría un grave riesgo por la falta de mecanismos de ordenamiento territorial y Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Muestra de ello son los territorios de los pueblos indígenas u originarios que se ven gravemente afectados por el avance de las actividades ilegales e informales, tal como la minería ilegal, que representa un movimiento de más de 1 millón de onzas de oro al año, sin identificación de la trazabilidad de esta. Y sin mencionar los graves daños ambientales que viene generando esta actividad en los territorios andinos y amazónicos.

Se evidencia que, desde el 2002, se ha prorrogado múltiples veces el proceso de formalización minera integral, cuya acción solo ha desatado argucias legales para enmascarar la minería ilegal a través de la informalidad, inscribiéndose en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). De esta manera, los mineros -en vías de formalización- aún tendrían plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para presentar sus instrumentos ambientales y permisos requeridos para la extracción de minerales. Por lo tanto, desde Red Muqui consideramos que las operaciones mineras, cual sea su magnitud, no deberán colisionar con los derechos humanos, el medio ambiente y el consentimiento de las comunidades campesinas y nativas bajo ninguna condición.

En ese sentido, desde el Grupo de Trabajo sobre Minería Artesanal y a Pequeña Escala de la Red Muqui (Grupo MAPE) se presentaron observaciones legales a la comisión dictaminadora, con el objetivo de cuestionar y aportar recomendaciones al proyecto de ley, así como solicitar su archivo inmediato debido al incentivo de la minería ilegal que generaría su eventual aprobación.

Para leer las observaciones legales, aquí.


Crédito de la foto: Tiempo minero

El actual modelo extractivista que, en beneficio económico y social de las élites, rige el país desde la colonia, se profundizó en los años noventa del siglo XX con la dictadura de Fujimori y durante 30 años se ha perfeccionado con los diversos gobiernos que han ido quitando obstáculos a la inversión minera. Lo que observamos ahora es un contexto mucho más complejo, en el cual nos gobierna un régimen autoritario muy cercano a los intereses de los grupos empresariales mineros que controlan especialmente el Ministerio de Energía y Minas.

Es así que los gremios mineros ya vienen influyendo en el Ejecutivo y han retomado su agenda para plantear modificaciones normativas, para acelerar y simplificar procedimientos administrativos, y así poder prescindir de garantías para la protección del ambiente, el agua y los derechos de comunidades campesinas.

Al realizar un recuento de las normas antiderechos promovidas en este período, estas se inician el 30 de mayo de 2023, a través del Decreto Supremo N° 006-2023-MINAM, con el que se suspendió el Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental (PUPCA) aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2022-MINAM. El PUPCA era una herramienta del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), cuya creación fue fruto de un proceso de varios años de evaluación y gestión participativa para integrar la certificación ambiental en un solo ente del Estado, y así poder fomentar la transparencia y el acceso a la información ambiental en los proyectos de inversión. Sin embargo, fue suspendido porque los grupos empresariales no están dispuestos a transparentar su gestión y la información ambiental que manejan. En vez de ser suspendido, el PUPCA debió ser reforzado como instrumento legal, y evidencia la negligencia en la gestión ambiental en el contexto de expansión extractiva y de los conflictos socioambientales en territorios originarios.

Al mes siguiente, el 27 de junio, a través de la Resolución Ministerial N° 256-2023-MINEM/DM, se publica el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2017-EM. El objetivo principal de la modificación es insertar artículos a fin de acelerar los procedimientos administrativos para la obtención inmediata del título habilitante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el proceso marco de la certificación ambiental de la actividad minera. Red Muqui presentó observaciones a este proyecto de norma, porque lo considera una grave amenaza a las potestades de la ANA frente a la crisis climática, cuyas consecuencias inmediatas y visibles están sufriendo especialmente las comunidades, que deben hacer frente a la escasez hídrica y la merma en la producción agrícola.

Hace poco más de un mes, en tanto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expuso en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Sernanp, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión. Ante la alerta y la denuncia de la sociedad civil sobre esta amenazante propuesta de los grupos empresariales, la titular del Ministerio del Ambiente, Albina Ruiz, salió a desmentir que el gobierno estuviese considerando la fusión de los entes mencionados. No obstante, ello no imposibilita que el mismo Ejecutivo pueda proponerlo más adelante a través de una posible delegación de facultades.

Las amenazas para el medio ambiente, el agua y las comunidades continúan, ya que se evidencia una política permanente de intentar flexibilizar los actos administrativos para alinearlos a los intereses privados, dejando de lado, con ello, el deber de prevención y el principio precautorio, ambos anclados en el derecho ambiental. Además, mediante las propuestas normativas previstas, que implican prescindir de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos, existe una gran probabilidad que aumenten los conflictos socioambientales. Queda patente así, que los intereses económicos de las empresas, hegemónicos en la sociedad peruana, son los priorizados por las políticas de Estado.

La comunidad campesina de Tantarcalla se ubica en el sector de Marccura, distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, departamento de Cusco. Las actividades que realizan las comunidades campesinas de la zona giran principalmente alrededor de la agricultura y la ganadería, con lo cual logran subsistir. En una decisión que está causando un amplio rechazo en la sociedad, el Poder Judicial determinó hace algunos días que este 24 de marzo se desaloje a los comuneros para restituir el predio a los supuestos propietarios legítimos, sin tomar en cuenta los más de cien años de existencia de la comunidad, así como su arraigo cultural y originario. De acuerdo con la abogada de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), Karina Baca Gómez, quien también acompaña el caso, este hecho es un delito de lesa humanidad, ya que afecta los derechos fundamentales de la comunidad, la desarma y les despoja de su territorio con el cual tienen un nexo cultural.

El conflicto se inició cuando la comunidad campesina comenzó el procedimiento administrativo de titulación efectuada por el proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural del Cusco, mediante el cuál logró la adjudicación de 218 hectáreas pertenecientes al predio rústico Mallma Alto. Ante esta situación, Luis Gustavo Paz Vizcarra, supuesto heredero del predio rústico en mención, interpuso una demanda de nulidad del título de propiedad otorgada a la Comunidad Campesina de Tantarcalla, ante el Primer Juzgado Mixto de Santiago en Cusco. El juez del tribunal, Peña Mendoza, declaró fundada la demanda, la que fue ratificada por todas las instancias judiciales correspondientes. 

Este hecho conllevó a una última resolución que autoriza el desalojo, la ejecución forzada y la entrega física del predio a través del uso de maquinaria pesada para derribar las casas de los comuneros. Además, en la resolución se solicita el apoyo de un total de mil efectivos policiales y se advierte a las comunidades aledañas que no interfieran con la diligencia, de lo contrario podrían detenidos e investigados por la Fiscalía Penal Provincial de Paruro. Asimismo, se recomienda la presencia de ambulancias y bomberos, en caso de que estalle la violencia entre las fuerzas del orden y los comuneros.

Ante este sombrío panorama la abogada Baca Gómez expresó que “decídase o no desalojar a la población el 24 de marzo, trataremos de llevar el caso a la corte internacional, ya que más allá del caso de esta comunidad que ha tenido que enfrentar una juicio por más de 15 años, no es el único caso similar de intención de despojar a comunidades de la zona de su propio territorio en el Perú, con la misma argumentación.  Se les ha imputado por delito de usurpación”. Además, la letrada explicó que al tratarse de comunidades indígenas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, el Estado tiene la responsabilidad de establecer medidas de protección de sus derechos fundamentales, algo que se ha obviado para favorecer a hacendados y a traficantes de tierras.

Desde Red Muqui se exhorta al Poder Judicial de Cusco a que adopte un enfoque intercultural y de derechos humanos adecuado, ya que la comunidad campesina originaria ya venía utilizando el predio de una manera pacífica y continua, sin problema legal alguno. Además, la organización rechaza de plano la violencia que se podría generar a razón de la ejecución de desalojo que cobraría un alto costo social y humanitario. De acuerdo al análisis de Red Muqui, la sentencia representa una violación internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas que involucra la responsabilidad del Estado peruano ante los organismos internacionales.

El Perú vive una larga y cada vez más honda crisis política que nos ha llevado, entre otras cosas, a que, en 6 años, tengamos 6 presidentes de la república, a la casi desaparición de los partidos políticos y su reemplazo por agrupaciones organizadas para elecciones, sin ideario, y que luego de ganarlas, rompen los vínculos con sus electores, actuando a favor de intereses particulares.

La última etapa de la crisis se gestó hace dos años, cuando la clase política buscó desconocer los resultados de las últimas elecciones generales y anular el voto rural, de campesinos y campesinas, y de pueblos indígenas. En ese momento éstos se vieron en la necesidad de marchar a Lima a defender su voto. Luego de ello, la clase política, más conservadora, buscó
sin tregua, desde el Congreso y los medios tradicionales de comunicación, desconocer y debilitar la autoridad del Presidente elegido, con un discurso de alto contenido racista y discriminador.

Al margen de lo que Pedro Castillo hizo mal en el ejercicio del poder, esta población rural e indígena sintió, hasta el final, que no lo dejaban gobernar por razones de su origen campesino. Esa percepción, que tenía muchos elementos de realidad, fue alimentada por Pedro Castillo y Dina Boluarte y otros personajes del gobierno.

En este contexto, Dina Boluarte asumió el poder, sin buscar una comunicación con sus electores, y olvidándose del discurso que había manejado hasta ese momento y de su promesa pública de irse si salía Castillo. Esta situación generó la protesta de quienes se sintieron traicionados.

La situación se agravó cuando, Dina Boluarte, para mantenerse en el poder, dejó sus posturas de cambio social y se alió con los sectores políticos más conservadores (dentro y fuera del Congreso de la República), el sector de medios de comunicación tradicional y las fuerzas del orden. Desde ese momento, implementó medidas represivas muy duras contra las manifestaciones sociales crecientes. Ella y su consejo de ministros, han permitido el uso de armas letales contra los manifestantes y de armas no letales sin el uso reglamentario. De esta manera, hasta el día de hoy, las fuerzas del orden han ocasionado la muerte de más de 50 personas y decenas, sino cientos, de heridos.

Esta opción represiva ha dado lugar a una respuesta violenta de pequeños grupos de manifestantes, que, en vez de ser aislados, han sido utilizados por el gobierno para acusar a todos de violentos, y justificar el uso desmedido de la fuerza contra la ciudadanía.

Estos y otros hechos han llevado al gobierno a perder su legitimidad de origen y convertirse en un gobierno autoritario, que se mantiene en el poder por la fuerza. Simultáneamente, a ello, el Congreso de la República viene aferrándose al poder y de espaldas a la grave situación que enfrentamos, ha venido dando leyes que perjudican a poblaciones en situación de
vulnerabilidad como es el caso de los pueblos en aislamiento voluntario; todo esto y más, en favor del interés de unos pocos.

 

En este contexto, exigimos:
– El cese del uso de la represión indiscriminada contra la población que protesta y el cese
de la persecución a dirigentes, que impide que se tengan interlocutores.
– La renuncia de Dina Boluarte
– Elecciones generales este año 2023.
– Una nueva junta directiva en el Congreso, con credenciales democráticas y de
honestidad, que posibilite las elecciones el 2023.
– El cese de campañas de desinformación y de un discurso racista y discriminador, que
polariza a la población y que revictimiza a los muertos de la población que protesta,
acusándolos de ser los causantes de sus propias muertes. En este caso, los medios de
comunicación masivos deben reflexionar sobre el rol que vienen cumpliendo.
– Atender el derrame de petróleo suscitado en la región Amazonas en el Km. 389+196
Tramo II del oleoducto Nor-peruano, que viene siendo desatendido por el gobierno
central, sin ningún plan de contingencia implementado hasta la fecha. Esta actitud
gubernamental, pone en riesgo la vida, la salud, daños a la naturaleza y sobre todo
representa una muestra más de la discriminación hacia los pueblos indígenas.
– Archivar el Proyecto de Ley N° 3518-2022-CR que atenta directamente contra los
derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI)
– Archivar la propuesta de modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que pondría
en peligro los Bosques de nuestro país.
– Referéndum por una nueva constitución y asamblea constituyente, que entre otras
cosas, debe reconocer y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la
pluriculturalidad del Perú.

 

Firman:
Asociación Construyendo Caminos de Esperanza frente a la Injusticia el rechazo
y el olvido – CCEFIRO
Asociación Cultural Arena y Esteras
Asociación Servicios Educativos Rurales
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Centro Loyola Ayacucho
C.N. Centro Arenal, feconarina-orpio.
Colectiva Mujer y Poder
COMISEDH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa
Comisión de Ecología y Cuidado de la Creación de la Diócesis de Lurín
Confederación Campesina del Perú.
CPM Micaela Bastidas
Escuela para el Desarrollo
Foro Ciudades para la Vida
FORO SALUD
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
IDPA
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera – Huánuco
Instituto para el Desarrollo Amazónico
Instituto para el desarrollo y la paz amazónica
IPEP-CJS CHIMBOTE
Movimiento Manuela Ramos
Nuevo Perú x Buen Vivir
ORDAU
Paz y Esperanza
Perú EQUIDAD
Proyecto ODS ANCASH
Red Agua Desarrollo y Democracia
Red Iglesias y Minería – Nodo Perú
Red Muqui
Red Pastoral Pueblos Indígenas y Ecología Integral
Resucita Perú Ahora, Comisión Ecologia Integral
Separ
Vicariato apostólico de Pto. Maldonado
Vicariato Apostólico de San Ramón
Adda Chuecas Cabrera
Amanda Urquia Reina
Ana Sofia Pinedo Taguchi
Ana Sofia Reyes Otiniano
Angelica Amparo González Haro
Angela Vera Chicona
Antonieta Pacheco Jara
Benjamin Bravo Guerrero
César Guillermo Laupa Buitrón
Christian Breustedt
Diana Olaza Aliano
Eduardo Salas Arce
Erick Granados
Estelí Reyes Leyva
Felicita Lourdes Chávez Morey
Filomena Cáceres Vásquez
Francisco Adrianzén Merino
Germán Vargas Farías
Gery Vasquez Cucho
Giovanna Almonacid Ramírez
Gladys Zoraida Guzmán Fernández
Grimaldo Rengifo Vásquez
Héctor Jesús Chunga Morales
Ibis Fernández Honores
Ingrid Guzmán Sota
Javier Azpur
Javier Márquez Meza
Javier Rodolfo Jahncke Benavente
Jessy Chavez Arevalo
Joel Mario Arce Ccompi
John Zander Velarde
Jorge Arboccó Gallardo
José Antonio Espinoza Hernández
José Francisco Esteves Vargas
Jose Luis Carbajal
Josue Fernando Vivanco Jaime
Julio César Ambrosio Mendoza
Julio Rondinel Cano
Leopoldo Zambrano
Livia Marmanillo Aguayo
Liz Farfán Balcarcel
Luis Fernando Arteaga Mendoza
María Alcázar Muñoz
Maria Lourdes Gonzales
Maribel rimarachin saldaña
Miguel Lévano Muñoz
Nélida Baca Soto
Oscar Tomás Vásquez Tapia
Oscar Ugarteche
Pablo Rojas
Pilar Laura Armas Morales
Renán Jesús Villafuerte Rivera
Ricardo Soberón Garrido
Rocío Roxana Trujillo Solis
Rocio Silva Santisteban Manrique
Roger Mendoza Contreras
Romina Stepanie Villanueva Trujillo
Rosa Colchado
Rosa Mendoza García
Rosa Pacheco Condor
Stephany Violeta Cadenillas Solórzano
Victor Paredes
Yeny Mercedes Lope Huanca
Ze Everaldo Vicentello García

La sociedad civil organizada, recordamos este mes de octubre del 2022 como un tiempo contra el olvido y por la búsqueda de justicia; este me se cumplen 500 más 30 años de la invasión a nuestros territorios, también se cumple 10 años de la aprobación de la ley de consulta previa y un año en que el gobierno peruano no ha querido ratificar el Acuerdo de Escazú.

Revaloramos estas fechas para hacer memoria, para no olvidar las deudas históricas que el país tiene con los pueblos originarios, defensores de derechos humanos y ambientales.

En éste mismo mes, el Congreso ha aprobado el proyecto de Ley 01210 2021 que modifica ley de deslinde y titulación de comunidades Campesinas sin cumplir con la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada. Este mismo año, seguimos viendo la indiferencia del Estado para la aprobación del Acuerdo de Escazú y la mejora efectiva del sistema de fiscalización y sanción ambiental, así como, del sistema de protección a los defensores de derechos humanos y ambientales.

Seguimos viendo en las noticias los pronunciamientos incesantes de las comunidades afectadas por los derrames petroleros en la Amazonía; por otra parte, encontramos a los deudos de los dirigentes indígenas asesinados exigiendo una justicia que nunca llega.

En estos últimos días y aún en éste mismo instante, vemos a las comunidades del departamento de Amazonas, en la zona del río Cenepa, exigiendo que la declaratoria de emergencia de la zona no sea tan solo una declaración sino, que se convierta en acciones contundentes para acabar con la minería informal y la contaminación de toda esta cuenca, poniendo fin a las acciones de amedrentamiento a los dirigentes indígenas por parte de las mafias alrededor de esta actividad ilegal.

Justicia para las víctimas de la defensa del medio ambiente, basta de indiferencia, exigimos respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

 

Amazonia, Ande y Costa peruana, 26 de octubre del 2022.

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas

de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Representantes de organizaciones sociales de base de las provincias altas del Cusco y de Apurímac, entre líderes/as y defensores/as ambientales han participado en el taller preparatorio para la instalación del espacio multiactor del Plan Nacional de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos. El taller se ha desarrollado en la ciudad de Cusco del 31 de agosto al 02 de septiembre, y fue acompañado por la Plataforma Nacional de Empresas y Derechos Humanos y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En ese marco, el viernes 02 de septiembre, se instaló el espacio de diálogo con participación de la sociedad civil, empresas privadas, el Estado, y organismos internacionales, como parte del proceso de implementación del PNA sobre Empresas y DD.HH. Este diálogo debe conducir a la instalación de la Mesa Multiactor Descentralizado en la ciudad del Cusco. En la instalación de este espacio se han dado a conocer las principales problemáticas en los derechos humanos debido a los impactos de la actividad empresarial. 

Desde Red Muqui creemos importante que el Plan Nacional de Acción se implemente de forma adecuada y se acelere especialmente para la protección de derechos de los pueblos indigenas, derechos ambientales, derecho al acceso al agua y de las personas defensoras de derechos humanos, y del mismo modo se tengan resultados concretos en los avances multisectoriales del PNA, que ha sido aprobado hace más de un año (junio de 2022) y actualmente se encuentran en fase de implementación.

Así mismo, los retos del Plan Nacional de Acción deben estar centrados en el eje ambiental y el de pueblos indígenas, tomando en cuenta los siguientes puntos: 1) Acciones con vinculación multisectorial y transversal a otros ministerios como MINAM, MINJUSDH, MIDAGRI, etc.  2) Transparencia y rendición de cuentas de las empresas mineras respecto a sus compromisos con los DDHH y la debida diligencia y 3) Participación efectiva y diálogo multiactor donde se respete la voz de las comunidades y poblaciones afectadas en sus derechos humanos. Sobre este último punto es donde mayor incidencia vienen haciendo los líderes/as y defensores/as que han participado de los talleres preparatorios previos, sobre todo de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería en Cusco y Apurímac.

Luego de que el Congreso de la República aprobara por insistencia la Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana (CADs) – Ley 31494, el 16 de junio del presente año la ley fue publicada.

Formalmente, esta ley establece que busca reconocer legalmente a los comités de autodefensa como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas, incorporarlas en el Sistema Nacional de Seguridad Nacional, y que su rol principal es el apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Sin embargo, esta ley representa una amenaza a la paz social de las comunidades y pueblos indígenas, ya que promueve la militarización de territorios de las comunidades campesinas y nativas, y podría generar enfrentamientos entre comunidades, al permitir que civiles que pertenecen a los Comités de Autodefensa adquieran armas por compra o donación de parte del Estado o de particulares. Además, las armas pueden caer en manos de organizaciones ilícitas que se hacen pasar por comités de autodefensa y amenazan a quienes protegen los bosques.

Asimismo, la Ley CAD vulnera la autonomía de los pueblos indígenas porque los comités de autodefensa estarán a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Es decir, las Fuerzas Armadas se encargan de diseñar las estrategias de intervención de los CAD, aunque en muchos casos no conozcan su territorio, historias y costumbres. Sumado a esto, la ley deslegitima el rol de las rondas campesinas, las cuales representan agrupaciones reconocidas por la constitución y por las mismas comunidades que pueden establecer interlocución con el Estado para dar solución a los conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley.

Por ello, este miércoles 20 de julio, se desarrollará la mesa de trabajo para analizar ley 31494 en el cual participarán diferentes organizaciones de la sociedad civil, especialistas y representantes de organizaciones indígenas de manera que se discuta el peligro que representa la aprobación esta ley para los pueblos y comunidades indígenas, y se impulse su derogatoria.

Este espacio se realizará en el Congreso de la República desde las 10 a.m. y tendrá entre sus panelistas a la congresista de la República, Ruth Luque. Así mismo, participará el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), Santos Saavedra; el Líder Awajún y ex presidente de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, Jesús Manases Valverde; abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz.