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Pronunciamiento: Por un bicentenario con empresas que respeten los DDHH

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El viernes 11 de junio, mediante el Decreto supremo 009-2021-JUS, se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) como resultado de un proceso inédito de construcción participativa de una herramienta cuyo objetivo es adoptar acciones para superar progresivamente las brechas de coherencia de las políticas públicas del país en relación con el marco internacional de las empresas y los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la competitividad y la inversión sostenible.
En ese sentido, destacamos la participación de las centrales sindicales, organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil en este proceso, que con su voz y aportes ha permitido que el Estado y las empresas reconozcan oficialmente los impactos negativos en los derechos humanos generados por las actividades empresariales en los pueblos indígenas, comunidades originarias, defensores y defensoras ambientales, trabajadores, trabajadoras, usuarios y consumidores; y también resaltamos que a través de un diálogo multiactor hemos logrado la construcción de un plan nacional que debe guiar al Estado, con el apoyo de los titulares de estos derechos, hacia la implementación de una política pública que reduzca estas violaciones a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial.

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar ausencias centrales e importantes que deja el Plan aprobado.
En primer lugar, los pueblos indígenas y comunidades originarias señalamos que sólo uno de los puntos mínimos propuestos por las organizaciones indígenas ha sido incorporado. Durante el proceso, las organizaciones indígenas planteamos se incorpore mecanismos que permitan proteger nuestro derecho al territorio, a la soberanía alimentaria y a la institucionalidad indígena; sin embargo, estos derechos no han sido tomados en cuenta. Tampoco fue tomada en cuenta la jurisdicción indígena como mecanismo de reparación de nuestros pueblos frente a la violación de derechos humanos. Además, la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada y los estudios de impacto ambiental aún no se encuentra acorde a los estándares internacionales. Demandamos que, en el
proceso de implementación, se incorpore este punto por ser de derecho, porque es necesario que se reconozca la importancia del consentimiento previo, libre e informado; así como la reparación de las afectaciones a los pueblos indígenas y las personas y poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas.

En materia laboral, los trabajadores y trabajadoras lamentamos que no se reconozca con la claridad necesaria que la legislación nacional, las políticas públicas y las prácticas empresariales se mantienen aún por debajo de los estándares internacionales y que es necesario y urgente atender todos los derechos colectivos del trabajo incluyendo la asociación y libertad sindical, la huelga y la negociación colectiva así mismo en el tema de la informalidad tantas
veces mencionado en este diálogo multiactor nos ratificamos es que no debe entenderse como un fenómeno desvinculado de la actividad empresarial formal, pues muchas veces funcionas articuladas, permitiendo que las empresas relativicen sus obligaciones de respeto de los derechos humanos.

Las instituciones de derechos humanos hemos exigido en todo el proceso de elaboración del PNAEDH la adopción de una metodología adecuada y el uso de indicadores que realmente evidencien cambios en la conducta empresarial y que ayuden a reducir la vulneración de derechos humanos, así como el cierre de brechas en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos. Así mismo, insistimos en lo que hemos mencionado en nuestros aportes al Plan ahora que se viene el proceso de implementación del Plan seguiremos haciendo incidencia sobre estos puntos, porque el desarrollo empresarial solo será sostenible si se incorpora integralmente las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Necesitamos mirar el PNAEDH, a partir de este momento, como parte sustancial de una nueva arquitectura estatal de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos que se deben seguir desarrollando en el país, a fin de que tanto las empresas internacionales como nacionales respeten los derechos humanos. En particular, atendiendo al hecho de que el PNAEDH no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que el desarrollo empresarial, que todas y todos saludamos, no se haga a costa de los derechos humanos de los demás. En ese orden de cosas, el PNAEDH recientemente aprobado debe tomarse como un punto de partida para seguir mejorando los procesos en el corto y mediano plazo, en el que se elimine la estigmatización y la criminalización de las personas defensoras, y se reconozca genuinamente la labor de defensa y protección de los derechos humanos.

La implementación del PNAEDH demanda potenciar la participación empoderada de la sociedad civil en la ejecución y seguimiento, tanto de sus acciones estratégicas, como del cumplimiento de los objetivos planteados en él; y ello pasa por trasladar la información respectiva desde lo nacional a lo regional y viceversa; visibilizando las experiencias piloto de diálogo que hemos venido desarrollando en diferentes zonas del país, las mismas que deben servir de referencia del ejercicio de diálogo entre sectores empresariales, actores sociales y poblaciones ubicados
en esos territorios.

La implementación del PNAEDH exige, asimismo, una iniciativa legislativa y la necesaria aprobación en el nuevo Congreso de una ley que establezca la obligatoriedad de la debida diligencia en el ámbito de las actividades
empresariales, incluyendo toda la cadena de suministro y de valor, así como la reparación integral de las víctimas que se vean perjudicadas por actividades empresariales que históricamente han impactado los derechos humanos, cuyas secuelas tienen que atenderse para recuperar la confianza perdida.
Finalmente, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, que todos estos años hemos defendido los derechos humanos, nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir bregando, tanto desde la discusión de las políticas públicas, como ejerciendo el derecho a la incidencia, la movilización y la protesta con propuestas, para reducir la vulneración de derechos humanos y así poder construir juntos un Bicentenario en el que las empresas respeten plenamente los derechos humanos en el Perú.

Firmas:
Centrales Sindicales
Confederación General Trabajadores del Perú
Central Autónoma de Trabajadores del Perú
Central Unitario de Trabajadores del Perú
Confederación de Trabajadores del Perú
Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines – FENTAGRO
Organizaciones de Pueblos Indígenas
Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú –
ONAMIAP
Asociación en Defensa de las viviendas y medio ambiente del Puerto de Chancay
Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa de Chancay
Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
CooperAcción
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Red Muqui
Red Peruana por una Globalización con Equidad -RedGE
Instituto del Bien Común – IBC
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Comisión de Derechos Humanos de ICA -CODEHICA
Earthrights International -ERI
Programa Laboral de Desarrollo – Plades
Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Derechos Humanos Sin Fronteras -DHSF
IDLADS
CIPCA
GRUFIDES
IESI
DIAKONIA
OXFAM en Perú
11.11.11
Broederlijk Denle
Otras adhesiones:
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

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Junta de Portavoces del Congreso debe aprobar convocatoria a Pleno de Pueblos y Ambiente

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El pasado jueves 6 de mayo, delegaciones de la CUNARC-P representados por su presidente, Santos Saavedra Vásquez, y los dirigentes: Angélica Díaz Cigüeñas, Juan Carlos Guevara Pérez y Aladino Fernández Rubio; de la ONAMIAP, con su presidenta Melania Canales Poma; y de la FENAP a través de su presidente Nelton Yankur Antich y el dirigente Mauro Mucushua Antunish, realizaron un plantón en los exteriores del Congreso para plantear sus demandas, siendo recibidos por la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez; el presidente de la CPAAAAE, Lenin Bazán; y los voceros de las diferentes bancadas.

“Saludamos la presencia de nuestros pueblos originarios a través de sus representantes y ratificamos nuestra identificación con sus demandas tal como hemos hecho durante muchos años”, señaló la presidente del Congreso, Mirtha Vásquez, tras la exposición de las demandas por parte de los dirigentes.

Tras la sustentación de las organizaciones indígenas y rondas campesinas de la importancia de la aprobación de proyectos de ley que vienen impulsando junto a la Comisión de Pueblos y Ambiente, se logró que los voceros de diferentes bancadas del Congreso de la República se comprometan a través de un acta, a llevar a cabo un pleno de Pueblos y Ambiente para el 03 y 04 de junio del 2021, que tiene que ser aprobado en Junta de Portavoces para oficializar las fechas.

 

 

El objetivo es debatir y aprobar los dictámenes de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que ya han sido aprobados en la mencionada comisión.

Algunas de las normas que podrían debatirse en el próximo pleno extraordinario serían el Proyecto de Ley 4044, que busca proteger a comunidades en situación de aislamiento y contacto inicial; el PL 6699, que reconoce y refuerza la personalidad jurídica de los pueblos indígenas; el PL 7131, Ley que garantiza la democracia interna en las comunidades originarias y ronderiles; el PL 336, que tiene como objetivo la articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental y social, ciudadano e indígena en el sistema nacional de gestión; además de otros puntos como la transición ecológica, recuperación de cuencas y microcuencas; consulta previa legislativa entre otros.

Cabe señalar que el día de ayer martes 11 se aprobó el dictamen que establece medidas prioritarias para la descontaminación, remediación y recuperación de la laguna Yarinacocha en Ucayali.

Los congresistas que firmaron el compromiso pertenecen a los partidos de Frente Amplio, Nueva Constitución, Acción Popular, Somos Perú, Partido Morado, Podemos Perú, Unión por el Perú y Descentralización Democrática. También firmaron los vicepresidentes del Legislativo: Luis Roel Alva y Matilde Fernández.

 

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El retorno fujimorista y sus propuestas populistas

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

 

Hemos tenido una semana con mucho movimiento a nivel político y social, sobre todo luego del debate realizado en el distro de Chota- Cajamarca entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Dentro de los planteamientos, y en la mayoría muy generales que se dijeron, está la propuesta de la señora Keiko de distribuir el 40% del canon minero de manera directa a la población en las regiones mineras del país, propuesta que fue respaldada por algunos “analistas políticos” señalando que esto era perfectamente posible. Al respecto desde Red Muqui hemos señalado que tal medida no solo es populista e inviable, sino que busca bajar el rechazo de la población a la minería en los territorios a cambio de dinero, sin tomar en cuenta los impactos ambientales. Además solo se beneficiarían algunas regiones como Cusco, Ancash, Arequipa, Cajamarca, y algunas más, su alcance es muy limitado y, sobre todo, se generaría conflictos entre la población y los gobiernos locales, ya que las municipalidades se quedarían con pocos fondos para las obras públicas. En suma, se evidencia la desesperación de Keiko por buscar votos en las zonas rurales del país.

Un segundo tema, sumamente preocupante, es la que viene del Congreso de la República. El pasado 22 de abril se aprobó el dictamen de ley que reconoce a los “Comités de Autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”, la norma fue excluida de segunda votación. Esta ley fue impulsada por el fujimorismo y Alianza Para el Progreso. La aprobación de esta ley contraviene abiertamente la Constitución Política y los principios que rigen el uso de la fuerza pública, ya que promueve abiertamente la militarización, el uso de armas de fuego y la represión estatal en los territorios por parte de estos comités de autodefensa (CAD). Desde nuestro punto de vista la norma debe ser observada por el Ejecutivo, ya que varios ministerios la han observado, así como la Defensoría del Pueblo, inclusive el día de ayer diversas organizaciones sociales, comunales y las mismas rondas campesinas se han movilizado al Congreso de la Republica para pedir el archivamiento de la misma. Santos Savedra, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas ha señalado que: «Esto lo ha impuesto el fujimorismo con el respaldo de APP. Las rondas no lo hemos planteado. Esto nos llevaría a ser como Colombia con organizaciones paramilitares en nuestros territorios y comunidades”

Finalmente, al mismo tiempo del reclamo de las organizaciones por la observación y archivamiento de la esta ley de los comités de autodefensa, también se ha planteado al Congreso de la Republica, la urgencia de un pleno de pueblos y de ambiente, ya que la Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República tiene varios dictámenes aprobados en favor de los pueblos indígenas, el ambiente, el cambio climático, entre otros. Esperamos que finalmente los voceros de las diferentes bancadas del Congreso se pongan de acuerdo para aprobar el pleno de los pueblos para los próximos días, antes de finalizar la legislatura y el periodo de este congreso. Para finalizar, desde Red Muqui queremos solidarizarnos con las víctimas de la represión y la violencia desatada en Colombia y nos sumamos a los llamados para que el gobierno de Iván Duque cese el uso de la fuerza y la violencia de las fuerzas de seguridad contra la población.

 

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Rechazan ley impulsada por el fujimorismo que generaría grupos paramilitares en zonas rurales e indígenas

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El jueves 6 de mayo, durante la mañana, dirigentes de la Central Única de Rondas Campesinas de diferentes regiones del país; dirigentes del pueblo amazónico Achuar del Pastaza y dirigentes de ONAMIAP, realizaron un plantón frente al Congreso de la República con la finalidad de que el Congreso reconsidere la “Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”,  aprobada el 22 de abril, que busca fomentar la conformación de los CAD como un organismo paralelo a las comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas; autorizándoles el uso de armas para garantizar la “paz y democracia” el territorio en apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Intervención en conflictos sociales

Desde la Red Muqui ya habíamos alertado a través de un pronunciamiento que “las disposiciones de esta Ley en sus artículos 6 y 8 son de especial preocupación debido a que, en el marco de los Estado de Emergencia decretados por el Poder Ejecutivo (como en los casos de conflictos socio ambientales), los CAD reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cumplirán con el rol asignado por las FFAA; es decir, impedir las protestas sociales y de ser el caso reprimir las manifestaciones, incluso pudiendo hacer uso de armas de fuego que esta ley les autoriza poder obtenerlas, sea de forma privada o por asignación estatal. Todo esto puede conllevar a fomentar la violencia e incrementar la represión en zonas en conflicto socio ambiental, como en los casos del Corredor Minero del Sur, y en otras regiones mineras del país, que actualmente ya se encuentran militarizadas por los Estados de Emergencia. Esta ley entonces promueve la militarización y la represión estatal en los territorios”.

Plantón en diferentes regiones

Durante el plantón fuera del Congreso, el presidente de la Central Única de Rondas Campesinas, Santos Savedra, señaló: “Esto lo ha impuesto el fujimorismo con el respaldo de Alianza Para el Progreso. Las rondas no lo hemos planteado. Esto nos llevaría a ser como Colombia con organizaciones paramilitares en territorios rurales e indígenas, que desde hace años causa mucha violencia y muerte de defensores ambientales y de las comunidades campesinas”. La Ley N°5424 fue impulsada por la congresista Valeria Valer Collado (Fuerza Popular) y el congresista Percy Rivas Ocejo (Alianza para el Progreso).

En Piura, los dirigentes de la Federación Regional de Rondas Campesinas realizaron un plantón en el parque Infantil, al igual que los ronderos de la provincia de Melgar en Puno, exigiendo la reconsideración de la aprobación de la Ley N°5424 por el Congreso de la República.

Reconsideración presentada

El presidente de la Comisión de Pueblos y Ambiente, el congresista Lenin Bazán, presentó una reconsideración de la ley aprobada por la mayoría congresal para que el Congreso pueda rectificarse con la información técnica correspondiente.

El dictamen aprobado será una ley inconstitucional porque contraviene la autonomía, territorio y jurisdicción especial de las organizaciones originarias que ha sido reconocido en los artículos 88, 89 y 149 de la Constitución Política, al igual que al Convenio 169 de la OIT y otros tratados de derechos humanos

El Ministerio del Interior, y de Defensa han observado este dictamen, al igual que la Defensoría del Pueblo, pero el Congreso igual lo aprobó por mayoría el 22 de abril sin pasar por una segunda votación.

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Ataques recientes a defensores de DDHH y medio ambiente sigue en aumento: 5 asesinados y varios heridos

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La situación de los defensores ambientales sigue agravándose. Con la pandemia del COVID19 todos los canales institucionales se han ralentizado y a ello se suma la falta de intervención del Estado frente a los ataques en contra de los defensores, que en su mayoría provienen de los pueblos indígenas.

Entre los principales móviles de estos ataques, resaltan dos: conflictos por la tierra y la minería e industrias extractivas como la explotación forestal. Solo el 2019, el informe, “Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente” elaborado por la organización internacional Global Witness, señala que se cometieron 212 crímenes en todo el mundo. Una de las cifras anuales más altas desde que ésta organización comenzó la documentación de estos hechos el 2012.

Durante el 2019, en nuestro país solo se registró el caso de Christian Java Ríos, asesinado a balazos en Urarinas, Loreto. Sin embargo, ese mismo año también fue asesinado Wilbelder Angel Vegas Torres, presidente del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina San Sebastián, en Ayabaca, Piura. Un ejemplo de que solo se recogen los casos visibles de un problema latente y no se investiga a profundidad las causas de los asesinatos. En ese sentido para Global Witness existiría un subregistro debido a la poca accesibilidad a los datos como consecuencia de las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de registros gubernamentales y de la sociedad civil sobre los abusos.

Perú 2020

Respecto al 2019, el escenario en nuestro país ha empeorado para los defensores. En lo que va del año 2020, han sido asesinados 4 líderes indígenas en la Amazonia peruana. Se trata de: Arbildo Meléndez, en Huánuco; Gonzalo Pío Flores, en Junín; Santiago Vega Chota, en Ucayali; y Roberto Carlos Pacheco Villanueva, en Madre de Dios. En este contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió el 01 de octubre la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos.  Según lo manifestado por Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: “El Ministerio de Justicia va a implementar el registro de ataques a los defensores ambientales, y estamos pidiendo que incluyan a las empresas involucradas (que operan en la zona) también”.

Sobre los casos

El primer asesinato ocurrió el 12 de abril, cuando Arbildo Meléndez, presidente de la comunidad nativa Unipacuyacu, fue asesinado de un disparo mientras realizaba labores de pesca.

Según lo manifestado por su esposa, Zulema Guevara Sandoval, desde que asumió el cargo de presidente recibió amenazas como respuesta a su propuesta de impulsar la titulación de territorio comunal, un pedido que no era atendido por más de 20 años desde que la comunidad fue reconocida en 1995. A ello se suma su enfrentamiento contra invasores que pretendían dedicarse al cultivo ilegal de la hoja de coca.

Lo llamativo del caso Melendez es que su asesino confesó haberle disparado al confundirlo con un animal mientras ambos se encontraban cazando. Redy Rabel Ibarra Córdova, persona que disparó contra Arbildo Melendez, primero mencionó que Meléndez se había disparado a sí mismo. La fiscal a cargo del caso, Verónica Julca, de la Fiscalía Penal Corporativa de Puerto Inca, Huánuco, manifestó que Ibarra fue liberado el viernes 17 de abril. Ello debido a que no había suficientes pruebas para considerar que se trató de un homicidio calificado en grado de alevosía.

Aproximadamente un mes después, el 17 de mayo, Gonzalo Pio Flores, comando Ashaninka de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai, ubicado entre las regiones de Pasco, Junín y Ucayali, es asesinado. Producto del ataque, su esposa Maribel Casancho resultó gravemente herida. Pio Flores, venía trabajando por el reconocimiento jurídico de los territorios comunales y por la protección ante la presencia de actividades de tala ilegal de madera establecidas en el territorio del distrito de Puerto Bermúdez.

Para el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el caso Pío Flores no es aislado ya que ocurre en el contexto de conflicto por la tierra y el territorio en una zona caracterizada por la inexistencia de seguridad jurídica de los territorios indígenas y la presencia de actividades económicas ilegales de deforestación.

Un caso donde la impunidad no solo cae sobre su asesinato sino también sobre el de su padre Mauro Pio Peña quien fue asesinado el 2013 presuntamente por traficantes de madera.

Al igual que el caso anterior, Santiago Vega Chota, comunero de la comunidad nativa Sinchi Roca, fue asesinado en julio de este año. Vega Chota apareció muerto de un disparo en su chacra. Los líderes de la comunidad sufrían constantes amenazas por parte de narcotraficantes. Hasta la fecha no hay mayor información al respecto.

El 13 de julio, asesinaron al secretario de Defensa Laboral del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la Provincia de Sullana, Jerson Henry Noé Suárez. El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, denunció que las mafias de construcción civil en Piura fueron los autores del crimen.

Los sicarios realizaron 8 disparos contra Noé Suárez, quien fue ultimado cuando se encontraba en la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en el sector Loma de Teodomiro, en la provincia de Sullana.

Finalmente, el 11 de septiembre, Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, es asesinado en su concesión forestal presuntamente por invasores de terrenos relacionados a la minería ilegal.

Roberto Carlos quien cultivaba principalmente castaña en la concesión de 842 hectáreas de bosque pertenecientes a su padre, venía registrando invasiones desde el 2012. Desde esa fecha realizó 8 denuncias por deforestación además de las constantes amenazas contra su vida. De esta forma logró convertirse en vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, integrado por ambientalistas y propietarios de concesiones forestales. El comité lleva años enfrentándose abiertamente a la minería ilegal, la tala ilegal e invasiones de terrenos.

Las agresiones en contra de la familia Pacheco eran constantes. En el 2017, Roberto Carlos fue amenazado y golpeado con arma de fuego y machete. Ese mismo año, le pusieron el cañon de un arma en la boca además de destruir sus viene personales. Según lo manifestado por su padre, Demetrio Pacheco, “la única vez que pedí garantías para mi vida fue en el año 2017, en la prefectura de Puerto Maldonado, pero no la quisieron recibir. luego de eso, cada vez que he tenido problemas, solo he contado estos hechos al defensor del pueblo en madre de dios”.

A estos casos, se suma el último intento de asesinato al defensor ambiental Ismael Acha, el día miércoles 30 de septiembre. Alrededor de las 9 am, Elvía Majuan, secretaria de la comunidad campesina Yanta, se presentó en la parcela de Ismael Acha para agredirlo por su posición frente al proyecto minero Río Blanco.

Las agresiones verbales fueron escalando hasta el punto que la señora Majuan tomó un palo para agredir físicamente al defensor ambiental, que tras un breve forcejeo logró arrebatarle el palo. Sin embargo, minutos después, Elvía Majuan sacó un arma punzocortante con el objetivo de matarlo, según lo expresado por Alexander Acha, hermano de la víctima.

“Tenía intención de matarlo, porque de frente fue atacarlo al corazón, pero Ismael esquivó el movimiento y logró escapar. Con su rápida reacción salvó su vida” 

Majuan, quien es secretaria de la comunidad campesina Yanta, es acusada por la población de trabajar como promotora de la empresa minera Río Blanco Cooper S.A. Señalan que Elvia Majuan habría estado sobornando a familias de la comunidad para que den su aprobación al proyecto minero. Debido a las medidas de restricción impuestas por la emergencia sanitaria, la comunidad de Yanta aún no ha podido destituir a Elvia Majuan de su cargo.

Todos estos hechos grafican la falta de implementación de leyes, normas y Protocolos desde el Estado para combatir la impunidad con la que se comenten asesinatos de defensores medioambientales. Esto a pesar de la aprobación de la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos. El Registro es parte de las metas establecidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En abril de 2019 el MINJUSDH aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, herramienta que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de sus actividades de promoción, protección y defensa, siempre que lo hagan de forma pacífica y dentro del marco del derecho nacional e internacional.

Sobre la aprobación del “Registro de situaciones de riesgo” Mar Pérez coordinadora del Grupo de Defensores y Defensoras de la Coordinadora Nacional de DDHH señala que: “La creación del registro de ataques a personas defensoras de derechos humanos es un paso importante hacia la creación de un mecanismo integral de protección. Gracias a esta herramienta se podrán identificar cuáles son los principales patrones de ataques, para a partir de allí diseñar políticas de protección ajustadas a las necesidades reales, e intervenir en los lugares donde más se requiere”

Desde la sociedad civil se ha participado activamente en la Mesa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el 2018. Red Muqui en coordinación con el Grupo de Defensores de la CNDDHH ha venido presentado observaciones y aportes haciendo especial énfasis en la protección de personas defensoras del territorio y el ambiente en contexto de actividades extractivas mineras.

Abusos de la PNP

Recientemente, el viernes 2 de octubre, mujeres de la Antigua Morococha fueron violentadas por efectivos policiales que lejos de comprender los reclamos de 8 pobladores, decidieron reprimirlas. Lo único que exigían las mujeres y los pobladores era dialogar con representantes de la minera Chinalco frente a los abusos que vienen agravándose en los últimos 2 meses: bloqueo con desmonte de la única vía de acceso y salida a la Antigua Morococha, cortes de agua e intentos de desalojo a las familias que aún viven en la ciudad, por no aceptar ser reasentados en una ciudad: Carhuacoto, que no brinda las garantías para un desarrollo sostenible.

Estos abusos por parte de las fuerzas policiales, no son los únicos cometidos en lo que va del año.  El 22 de julio en Espinar, Cusco, tras los reclamos por parte de los pobladores por la entrega de un bono humanitario para atender la pandemia, atención a la salud y el ambiente por los impactos mineros, y la reformulación del convenio marco; resultaron heridos 5 pobladores entre los cuales 3 fueron por impacto de bala. En Bretaña, Loreto, entre el 8 y 9 de agosto; 3 indígenas Kukamas fallecieron por impacto de bala tras realizar una protesta donde exigían a la empresa Petrotal que atienda los servicios de salud, instalación de agua y desagüe en sus comunidades. Además de ello, 11 indígenas resultaron gravemente heridos.

Estos últimos hechos muestran el uso desmedido de la fuerza policial frente a protestas sociales donde pobladores de diversas comunidades han terminado siendo agredidos de forma desmedida.

Otros casos

El 26 de abril, Benjamín Ríos Urimishi, comunero de la comunidad Kipachari, provincia de Atalaya, región Ucayali, fue asesinado en la chacra donde venía trabajando. La única forma de ingresar al lugar del asesinato es mediante una trocha caminando 6 horas o en moto lineal. Benjamín de 25 años de edad fue asesinado delante de su esposa e hijos. Según la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), el asesinato tendría vinculaciones con el narcotráfico; sin embargo, últimas informaciones indican que el asesinato se dio por asuntos personales.

El miércoles 29 de julio, Lorenzo Wampagkit Yamil, de 54 años,  guardaparque de la reserva comunal Chayu Nain, ubicada en la región Amazonas, es asesinado en su domicilio en Chiriaco, capital del distrito de Imaza, Bagua.

Lorenzo se encontraba de licencia con goce de haber otorgado al amparo de la emergencia sanitaria por Covid-19. Su trabajo como defensor de la naturaleza se vio opacada por razones que aún se desconocen.

Ambos asesinatos significan igualmente la perdida de personas relacionadas al cuidado y defensa del medio ambiente y no deben quedar impunes.

 

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La virtualización por encima de la interculturalidad en la consulta previa en proyecto minero de Espinar

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Por Helio Cruz – Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras, miembro de la Red Muqui –

La Ministra de Económica y Finanzas el pasado 30 de junio ha manifestado en conferencia de prensa del gobierno peruano “ya se ha coordinado con el Ministerio de Cultura pueda ser con mecanismo virtuales (la consulta previa)”, “… estamos aplicando esta metodología para el proyecto minero de integración Coroccohuayco”.

En la provincia de Espinar, durante los últimos 30 años de convivencia con el proyecto minero que extrae principalmente minerales de oro y plata, las mismas comunidades que habitan al entorno minero denunciaron despojos de tierras, contratos/convenio suscritos que no se cumplen, afectación a la salud con metales tóxicos en el cuerpo, contaminación de aguas superficiales/subterráneos, muerte de animales acuáticos y terrestres, amenaza y maltrato físico y psicológico, criminalización de la protesta social, demandas de víctimas de conflictos socio ambientales entre otros.

El actual proyecto de la Compañía Minera Antapaccay que tiene componentes denominados como Zona de Beneficio Tintaya, Zona de Explotación Antapaccay y la “futura” Zona de Explotación Coroccohuayco.

Antapaccay ha contratado y presentado la Modificación del estudio de impacto ambiental (MEIA) del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco, esta última ampliación ha generado una serie de preocupaciones, desde que se conoció las comunidades exigieron que este proyecto se someta a consulta previa, libre e informada. El gobierno decide implementar años después del pedido producto de la presión social con reiterados documentos exigiendo este derecho, plantones y movilizaciones desarrolladas por las comunidades afectadas.

Aquí se abre el debate bajo la pregunta ¿qué se debe consultar?, las respuestas abrieron dos caminos; por un lado desde las comunidades sostienen que la Consulta Previa debe realizarse al MEIA[1], que en ese entonces se encontraba en SENACE en trámite de aprobación, y por otro lado la postura del gobierno y de la empresa minera para que se realice la Consulta Previa a la Resolución del MINEM que establece “Autorizar el inicio de actividades mineras de explotación a favor de la Compañía Minera Antapaccay”[2].

Es decir, al Estado y a la empresa minera no le conviene poner a debate el contenido de la MEIA donde se encuentra las principales afectaciones ambientales, sociales, económicas, incluso territoriales porque serán desplazados sin consentimiento principalmente 3 comunidades en la zona Coroccohuayco.

En el pasado no hubo interés en socializar por parte del Estado y la empresa minera el contenido de la MEIA a las comunidades afectadas por la ampliación del proyecto minero, en este proceso de Consulta Previa no ha cambiado esa realidad, la MEIA sigue siendo solo un requisito que la empresa minera debe cumplir y SENACE no asume una responsabilidad el rol de protección al medio ambiente y sus habitantes que conforman los pueblos originarios.

Y ¿cómo llegamos a la Consulta Previa Virtual?

Ahora, en medio de la Pandemia y la reactivación económica para la empresa privada; la ministra del MEF ha anunciado el reinicio de la Consulta Previa pero esta vez por mecanismos virtuales ha dicho que solo “la última etapa del proceso el diálogo sí sería presencial” debemos aclarar que no solo es el proceso de diálogo de un día sino de un tema complejo por las afectaciones que representara en el futuro y los acumulados hasta hoy, debe haber transparencia del Estado frente a estas preocupaciones.

La virtualidad es una amenaza a ese dialogo y quiebra el principio de la buena fe, por tanto, las consultas previas pueden ser nulas si las comunidades en el futuro observan que los acuerdos no los representa o que los funcionarios no estaban debidamente acreditados, hay demasiadas dudas sobre este mecanismo “virtual”.

Este mecanismo virtual no forma parte de los usos y costumbres en las comunidades, y el Misterio de Cultura es cómplice de ello porque no advierte que la tradición oral – presencial es un mecanismo histórico, la reactivación económica no puede estar encima de este derecho colectivo intercultural, incluido el idioma.

La ministra del MEF ha manifestado que va a transferir fondos para la Consulta Previa Virtual, no se trata de dinero, no es sufriente tener internet en las comunidades, no comprender esa dinámica nuevamente pone en situación de desventaja a las Comunidades frente al Estado.

El Tribunal Constitucional (Exp. 00022-2009-PI/TC) ha precisado que “Sería bastante fútil generar un espacio de discusión y diálogo intercultural, cuando lo que en el fondo se pretende es simplemente la mera apariencia de cumplimiento de la norma…”.

La mera apariencia responde a la reactivación económica en favor empresa privada, mejorar mecanismos de transparencia que el pasado se ha ocultado, respetar estándares de consulta previa a pueblos originarios, así como el Estado debe “abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos, de explotación o desarrollo en o alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) de conformidad con los estándares internacionales aplicables”[3].

 

[1] Demanda de Amparo de Omisión de Consulta Previa a la MEIA presentada por las Comunidades de la Zona de Explotación Coroccohuayco. Ver noticia: https://derechosinfronteras.pe/espinar-comunidades-originarias-se-preparan-para-la-consulta-previa-del-nuevo-proyecto-minero-coroccohuayco/

[2] Plan de Consulta Proyecto Minero “Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”. Disponible en la web de MINEM: https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Consulta%20previa%20-%20mineria/En%20Proceso/4%20Coroccohuayco/Plan%20de%20Consulta.pdf

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. Punto 57 de Pueblos Originarios. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

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Los riesgos de la reactivación económica para los pueblos andinos y amazónicos

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Recientemente el gobierno peruano ha emitido el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM “para la reanudación de actividades económicas de forma gradual” en el marco del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19. La medida ha sido casi celebrada por los gremios empresariales, sobre todo las grandes empresas que han ejercido una presión política fuerte al gobierno nacional; sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil como los sindicatos mineros, organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil, están en desacuerdo con esta medida. Si bien se entiende la necesidad de miles de personas que se han quedado sin trabajo y que necesitan trabajar en este momento; varios son los motivos de las preocupaciones de las organizaciones. El principal motivo es el temor a la propagación sin control del Covid-19 y, mucho más, luego de haber pasado por un confinamiento de más de 50 días; es decir, todo el sacrificio de estos días podría ser en vano.

Una opinión especial merece el caso del sector minero, que está incluido dentro de estas medidas, ya que desde el momento en que se declaro el Estado de Emergencia ha venido operando con cierta normalidad. Así los sostiene LQG intelligence, quienes “han realizado un cálculo del impacto del Covid-19 en la producción de cobre del sector minero a partir del análisis de consumo de energía, lo que es un indicador del estado operativo de los proyectos mineros y señala que hay 25.7% de producción paralizada, 31 % de producción parcial y un 43.3% producción continua (al 26 de marzo de 2020)”. Justamente el mantenimiento de estas operaciones, así como el traslado del personal dentro y fuera de los campamentos mineros y la falta de un protocolo sanitario adecuado ha generado el elevado nivel de trabajadores mineros contagiados en las empresas mineras. Desde Red Muqui ya llevamos 264 trabajadores registrados con COVID-19. El sector minero es y ha sido el más privilegiado durante este tiempo, pero a su vez ha sido el que más expuso a sus trabajadores y a las comunidades de los entornos mineros al contagio del coronavirus.

De otro lado, las organizaciones indígenas, amazónicas y andinas de nuestro país, desde que empezó la emergencia sanitaria, vienen denunciando el silencio y el desdén que tienen las autoridades respectivas para responder sus agendas y preocupaciones; ya que la mayoría de las normas que se viene aprobando desde el gobierno no son consultadas ni dialogadas con las organizaciones indígenas. Señalan que el anuncio de la reactivación económica los pone en mayor riesgo ya que las actividades extractivas como la minería y el petróleo se realizan en territorios indígenas. Lo cierto es que tanto los protocolos sanitarios de prevención y protección de pueblos indígenas, así como el abastecimiento de alimentos y la dotación de recursos económicos para este sector de la población es insuficiente, por no decir nulo. Y por el contrario se pretender reactivar la económica con más extractivismo.

En ese sentido, desde Red Muqui nos parece sumamente preocupante que para la reactivación económica solo se priorice a las grandes empresas extractivas, sin tomar en cuenta la situación de las comunidades y poblaciones andinas y amazónicas, así como de los trabajadores mineros que están expuestos al contagio del virus. La reactivación económica implica mirar los derechos humanos, la reactivación supone pensar en diversificación productiva, la reactivación no puede ser en desmedro del territorio y el ambiente, la reactivación no puede ser volver a la normalidad de siempre.

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Día Internacional de los Pueblos Indígenas

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Mensaje del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Gúterres, en el día Internacional de los Pueblos Indígenas.

 

Este año se celebra el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre la urgente necesidad de preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas.

Las lenguas son el vehículo que utilizamos para comunicarnos y están íntimamente ligadas a nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad. Casi la mitad de las 6.700 lenguas que se calcula que hay en el mundo, en su mayoría lenguas indígenas, están en peligro de desaparecer. Con cada lengua que desaparece, el mundo pierde un acervo de saber tradicional.

Se estima que hay en el mundo alrededor de 370 millones de indígenas. Muchos de ellos todavía carecen de derechos básicos, y la discriminación y la exclusión sistemáticas siguen amenazando su modo de vida, su cultura e identidad. Esto está en contradicción con el propósito de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que prometen no dejar a nadie atrás.

Cuento con que los Estados Miembros colaboren con los pueblos indígenas y les respalden para que puedan determinar su propio desarrollo a través de políticas que sean inclusivas, equitativas y accesibles. Las Naciones Unidas están dispuestas a apoyar todas las iniciativas encaminadas a hacer realidad los derechos y las aspiraciones de los pueblos indígenas.

Finaliza mensaje del Sec. General de la ONU.

 

El caso de Perú

«En el 2012, el Estado inició el proceso para identificar a los pueblos indígenas del Perú con la finalidad de registrarlos en una base de datos. Gran parte de esta lista, que debía incluir a las comunidades con derecho al mecanismo de consulta previa frente a proyectos mineros y otros que afectaran sus derechos, se mantuvo en secreto hasta ahora. OjoPúblico publica la lista completa que el gobierno no quiere revelar desde hace tres años y descubre que más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa. En este tiempo el Ministerio de Energía y Minas autorizó la operación de 25 compañías mineras sin el citado proceso de diálogo y contrató, además, a consultores privados para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no.

La lista de comunidades indígenas en el Perú empezó a silenciarse luego de una protesta en los andes. En febrero del 2013 los habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en la sierra norte de la región Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto Cañariaco, de la minera canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el inicio del proceso conocido como consulta previa, como requisito previo a la operación minera en la zona. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda: argumentaron que la base de datos que identifica a las comunidades con este derecho no estaba lista y que, por lo tanto, no se podía determinar si a Cañaris le correspondía o no la consulta, a pesar de su histórica ascendencia quechua». La historia completa –> bit.ly/2ZLRNmH

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Pueblos Indígenas necesitan que el Estado les brinde información de calidad durante Consulta Previa

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AFIRMA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

  • También hacen falta indicadores desde Estado para medir calidad y hacer seguimiento a procesos de diálogo

Luego de que el ministro de Cultura, Salvador Del Solar, se presentara ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y AfroPeruanos, Ambiente y Ecología (CPAAAE); la representante de Pueblos Indígenas de la Defensoría, Alicia Abanto, indicó que, si bien el Perú se está alejando de un escenario de invisibilidad de derechos y necesidades de los Pueblos Indígenas, aun no se supera la falta de un diálogo de calidad que no implique solo una mera entrega de información.

“El diálogo no solo es un ejercicio informativo. Tenemos un marco normativo y 34 procesos de consulta, creo es hora que nos centremos en la calidad de la información que los pueblos indígenas necesitan, una que les permita tomar decisiones”, aseveró.

Tras destacar la presencia de los Pueblos Indígenas en el censo poblacional de octubre de este año, Abanto dijo esperar que el viceministerio de interculturalidad asuma un liderazgo para que la base de datos tenga más información, a propósito de la pregunta de autoidentificación étnica-cultural que el INEI va a incluir en la encuesta censal.

“En estos años hemos producido información sobre los pueblos indígenas, y se han identificado a 55 grupos en el Perú, ahora es importante la presencia que van a tener en el censo de este año. Las entidades del Estado necesitan más información en esta base de datos, porque eso ayuda a que tener políticas públicas sean pertinentes”, recordó la Adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Luego de saludar que el sector Cultura haya anunciado la conformado una comisión multisectorial para la aplicación y seguimiento de acuerdos por Consulta Previa, Abanto remarcó la necesidad de que el Estado cuente con indicadores de efectividad en el diálogo y procesos de Consulta Previa.

“Hemos encontrado que muchas entidades del Estado no evalúan, ni miden si las personas han entendido la información que recibieron. La defensoría ha recomendado a los ministerios que se pueda articular en el país, el derecho a la información, y la consulta previa se vincula a esto”, resaltó.

Abanto brindó estas declaraciones durante la presentación pública del libro “Buenas prácticas de las defensorías del pueblo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en procesos de consulta previa”, documento que incluye experiencias de instituciones invitadas de Argentina, Brasil y Guatemala.


 

El libro contiene las experiencias de trabajo en materia de consulta previa de las defensorías participantes. Se rescatan sus principales intervenciones en la supervisión de los Estados para la correcta implementación de este derecho fundamental de los pueblos indígenas. La publicación es parte del proyecto “Estándares regionales comunes de actuación defensorial para la supervisión de procesos de consulta previa en las oficinas defensoriales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”, que cuenta con el apoyo de la cooperación española (AECID) y alemana (GIZ)».

Del Solar en el Congreso

Este martes 5 de setiembre, la Comisión de Pueblos del Congreso, que preside el congresista Marco Arana, recibió al ministro de Cultura quien dio un informe sobre anual de su gestión y los avances de su sector.

Durante su presentación, el titular de Cultura dejó en claro que la Consulta Previa es meramente informativa, dejando de lado el mismo sentido del término. Para Del Solar, este derecho no debe malinterpretarse como si fuera un derecho a veto por parte de los Pueblos Indígenas, ya que no existe esa posibilidad.

«La consulta no es para decir «¿puedo hacer esto?» No, la consulta es para satisfacer todo tipo de dudas, inquietudes, preguntas», afirmó. De igual manera, señaló que la consulta siempre es un acuerdo entre el estado y los pueblos indígenas, y no con la empresa privada.

Al término de su presentación, el titular de Cultura explicó que en el tema de la consulta previa hay dos aspectos: por un lado, el desarrollo económico «que es importante para todos los peruanos» y por otro lado el respeto que le debe el Estado a los pueblos indígenas y originarios que, resaltó, existían antes de que conformáramos nuestro Estado.

“La consulta previa es un mecanismo para generar confianza con la población indígena y demostrarle que el Estado la respeta, así como para garantizar estabilidad de las grandes inversiones que necesita el Perú.”, puntualizó.

De igual modo, dio a conocer que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha desarrollado 10 consultas previas en 6 regiones y nueve provincias donde habrían participado más de 23 pueblos indígenas, en alrededor de mil localidades. Asimismo, informó que los procesos de consulta previa se vienen trabajando con los sectores de Energía y minas, del Ambiente y Transportes y comunicaciones.

DATOS:

De los 34 procesos de consulta implementados en nuestro país, 22 procesos corresponden a proyectos vinculados a actividades extractivas en hidrocarburos y minería.

Fuente: Comisión de Pueblos / El Peruano / RED MUQUI

Fotos: RED MUQUI / Guido Lombardi

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Afianzar diversificación productiva promovería verdadero crecimiento económico y sostenible

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COINCIDEN EXPERTOS EN CONADES

  • RED MUQUI y CooperAcción formaron parte de mesa principal sobre eje de modelo de desarrollo

Durante la Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES), expertos que participaron del eje de modelo de desarrollo, concluyeron en la necesidad de dar una mayor prioridad a las diversas actividades económicas y productivas para afianzar un crecimiento económico que sea sostenible, puesto que, el modelo de Economía Extractivista excluye a otros sectores y conlleva a una falsa noción de desarrollo que no contempla lo social y ambiental.

RED MUQUI y CooperAcción aportaron a estas conclusiones tras participar de la mesa “El modelo neoliberal y extractivista, su profundización y los paquetes legislativos, su impacto sobre los bienes y recursos comunes y la construcción de alternativas para un desarrollo alternativo”.

Falso desarrollo económico

José de Echave de CooperAcción expuso un análisis sobre las narrativas que, en estos últimos 15 años, han venido instalando el modelo extractivista en nuestro país, pese a que el sector de la minería ha sufrido la caída del precio de los metales.

El exviceministro de Gestión Ambiental remarcó que, si existen cifras positivas respecto a la expansión y a la producción minera, esto quiere decir la inversión en proyectos mineros haya aumentado.

“La relación entre los precios de minerales y las inversiones mineras, es directamente proporcional. Y el Perú no es la excepción. El ‘súper ciclo’ de precios y el ciclo de expansión extractiva no es lo mismo, uno forma parte del otro, y esto último es lo que ha crecido en los últimos 25 años”, explicó ante CONADES.

A ello, De Echave agregó que las inversiones mineras a nivel global han caído en un 18.3%, mientras que en Péru, en un 10.2%. También mencionó que esta tendencia se mantiene en otros países como Estados Unidos (-56%), Canadá (-57%), México (-45%) y Chile (-32%).

Tras indicar que América Latina recibe el 28% de las inversiones en minería en el mundo, el representante de CooperAcción aclaró que el “milagro de la economía peruana” no es el resultado ‘exclusivo’ de una ‘fabulosa’ política interna, sino del periodo del súper ciclo de precios que hizo crecer a toda la región, entre el 2002 y 2012 con el disparo al alza de los precios de los metales.

De Echave señaló que, desde hace 5 años, la campaña sobre la existencia de una “tramitología” que –supuestamente- entrampa inversiones y contribuye a afianzar el modelo extractivista en el Perú. Es así que, el empresariado minero ha logrado presionar y rebajar exigencias “ambientales y sociales” mediante decretos legislativos y normas como los paquetazos ambientales. Además de conseguir beneficios tributarios.

“Hay un salto de producción minera, pero sin aporte tributario. La minería llegó a prepresentar casi el 50% del IR, y ahora es el 4%. El aporte tributario del sector minero viene a ser negativo por este mecanismo por devoluciones de IGV”, apuntó el Economista de CooperAcción.

A esto se suma, que el producto minero creció casi 20%, ahora con una mayor producción de cobre – a bajo costo- desde Las Bambas (Apurímac), Cerro Verde (Arequipa), Constancia (Cusco) y Toromocho (Junín).

“La minería forma parte de la matriz productiva del país, pero esta última debe ser diversa y sostenible. Se hace necesario pensar en escenarios de transición, y en cómo salir de este modelo extractivista –no extractivo- que alude a una extracción exacerbada y depredadora, que además afecta derechos. Se aspira a tener una lógica de extracción equilibrada”, puntualizó.

Extracción y derechos indígenas

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, cuestionó otro aspecto del modelo extractivista actual: la conflictividad social y la afectación de derechos territoriales de comunidades y pueblos indígenas.

“Desde la actividad minera y el Estado, se ejerce una gran presión frente a los territorios de comunidades. Cuando se refieren a ‘calidad de vida’, solo se habla desde una perspectiva técnica de desarrollo. Una perspectiva en la que no todos los peruanos participan”, acotó.

Jahncke Benavente subrayó que en la región Lima existen unas 289 comunidades campesinas según base datos elaborada por el Instituto del Bien Común. A ello agregó que no se garantiza seguridad jurídica para las casi 10 mil comunidades campesinas (que ocupan el 50% del territorio peruano) ya que unas 4 mil no tienen título de propiedad.

“Si queremos proteger derechos o fortalecer perspectivas de desarrollo tenemos que tener instituciones ambientales fortalecidas para fiscalizar y supervisar, y otorgar seguridad jurídica de todos los peruanos, y que esto no esté al servicio de los poderes económicos”, enfatizó durant su exposición en la mesa sobre modelo de desarrollo.

La ‘maldición’ de los recursos naturales

El Economista Francisco Santa Cruz expuso sobre la paradoja que trae consigo la “bonanza” del modelo económico extractivista, sobre todo cuando este se ve golpeado por la baja en el precio de los commodities, y se desencadenan distorsiones políticas, mayor pobreza, inestabilidad institucional y desigualdad.

A todo, Santa Cruz lo denominó la “maldición de los recursos naturales”, aquella que sufren países ricos en estos, pero crecen a menor ritmo, bajan su productividad, tienen poblaciones empobrecidas y dan paso a procesos de alta corrupción.

 

“Esta visión se intensifica minería, pues se produce volatilidad de precios, ingreso de divisas abundantes por altos precios que da lugar a una baja del tipo de cambio, y por ende a la baja en la competitividad de otros sectores. Y al cambiar el ciclo alto, viene una brutal reducción de ingresos fiscales que es lo que pasa en Perú en los últimos 2 o 3 años”, explicó.

En ese sentido, Santa Cruz expuso que, el generar economías de exportación minera se inhibe la diversificación productiva, se estanca el crecimiento, se anula la innovación tecnológica, se bloquea el surgimiento de nuevos sectores exportadores, y resalta la debilidad institucional, al impedir la capacidad de regulación de los Estados en el tema ambiental.

“La maldición es hacer de esos recursos naturales, una estrecha y absoluta dependencia sin capacidad de diversificar, es consecuencia de policías públicas y modelos de crecimiento. Los rubros de exportación primaria no han significado para el país un crecimiento y desarrollo sostenible de la población”, aseveró.

Convivencia de empresa y comunidades

De otro lado, el Economista Germán Alarco, profesor de la escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico, resaltó que el Perú necesita de la minería y los sectores extractivos ya que representan el 80% de divisas al país. No obstante, reconoció que contribuyen con poco en impuesto a la renta (IR), y se debe apuntar a que sean el elemento central para recaudación de impuestos y, así generar mayores ingresos fiscales.

Asimismo, Alarco coincidió con RED MUQUI en trabajar caso por caso a partir de cada proyecto minero y evaluar el costo beneficio que estos traen a la población local donde se desarrollan.

“Hay que cambiar las condiciones de trabajo con las actividades extractivas, evidentemente hay que mejorarlas. Hay que llegar a fórmulas de entendimiento donde estas actividades sean aceptadas”, comentó.

Modelo sin gestión de riesgos

A su turno, Orlando Chuquisengo, de Soluciones Prácticas, aseguró que existe una relación directa entre la situación de riesgos, el escenario de cambio climático y las actividades extractivas. Todo ello, indicó, se debe en gran parte al modelo de desarrollo que estamos implementando en nuestro país.

“Tenemos desarrollo, pero con una economía extractivista, la minería y la industria maderera -que arrasa bosques- y ciudades que no se saben ubicar, obras que se construyen por cualquier lugar”, señaló.

El experto en enfoque de gestión de riesgos, recordó que nuestro país ocupa el segundo lugar de desastres en Sudamérica, y el tercero de vulnerabilidad frente al cambio climático. Igualmente, dio cuenta que entre el 2013 y 2016 se registraron 61 mil emergencias en el país, según INDECI con 15 millones de afectados, más de un millón de viviendas destruidas, 2.1 millones de cultivos perdidos.

“Se calcula que necesitamos unos US$6 mil millones -por año- en medidas para reducir los riesgos de desastres en los próximos 15 años. En el 2016 ha sido uno de los daños más costosos debido a los desastres, con US$175 mil millones, después del año 2012 en el que se llegó a US$180 mil.

DATO:

El objetivo central de CONADES es elaborar propuestas de políticas públicas orientadas a poner la economía y el estado al servicio de las personas. Desde su formación se realiza una conferencia con una problemática específica, acumulando conocimiento, propuestas programáticas y articulación con el movimiento social.

Fuente / Fotos: RED MUQUI

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