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La virtualización por encima de la interculturalidad en la consulta previa en proyecto minero de Espinar

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Por Helio Cruz – Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras, miembro de la Red Muqui –

La Ministra de Económica y Finanzas el pasado 30 de junio ha manifestado en conferencia de prensa del gobierno peruano “ya se ha coordinado con el Ministerio de Cultura pueda ser con mecanismo virtuales (la consulta previa)”, “… estamos aplicando esta metodología para el proyecto minero de integración Coroccohuayco”.

En la provincia de Espinar, durante los últimos 30 años de convivencia con el proyecto minero que extrae principalmente minerales de oro y plata, las mismas comunidades que habitan al entorno minero denunciaron despojos de tierras, contratos/convenio suscritos que no se cumplen, afectación a la salud con metales tóxicos en el cuerpo, contaminación de aguas superficiales/subterráneos, muerte de animales acuáticos y terrestres, amenaza y maltrato físico y psicológico, criminalización de la protesta social, demandas de víctimas de conflictos socio ambientales entre otros.

El actual proyecto de la Compañía Minera Antapaccay que tiene componentes denominados como Zona de Beneficio Tintaya, Zona de Explotación Antapaccay y la “futura” Zona de Explotación Coroccohuayco.

Antapaccay ha contratado y presentado la Modificación del estudio de impacto ambiental (MEIA) del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco, esta última ampliación ha generado una serie de preocupaciones, desde que se conoció las comunidades exigieron que este proyecto se someta a consulta previa, libre e informada. El gobierno decide implementar años después del pedido producto de la presión social con reiterados documentos exigiendo este derecho, plantones y movilizaciones desarrolladas por las comunidades afectadas.

Aquí se abre el debate bajo la pregunta ¿qué se debe consultar?, las respuestas abrieron dos caminos; por un lado desde las comunidades sostienen que la Consulta Previa debe realizarse al MEIA[1], que en ese entonces se encontraba en SENACE en trámite de aprobación, y por otro lado la postura del gobierno y de la empresa minera para que se realice la Consulta Previa a la Resolución del MINEM que establece “Autorizar el inicio de actividades mineras de explotación a favor de la Compañía Minera Antapaccay”[2].

Es decir, al Estado y a la empresa minera no le conviene poner a debate el contenido de la MEIA donde se encuentra las principales afectaciones ambientales, sociales, económicas, incluso territoriales porque serán desplazados sin consentimiento principalmente 3 comunidades en la zona Coroccohuayco.

En el pasado no hubo interés en socializar por parte del Estado y la empresa minera el contenido de la MEIA a las comunidades afectadas por la ampliación del proyecto minero, en este proceso de Consulta Previa no ha cambiado esa realidad, la MEIA sigue siendo solo un requisito que la empresa minera debe cumplir y SENACE no asume una responsabilidad el rol de protección al medio ambiente y sus habitantes que conforman los pueblos originarios.

Y ¿cómo llegamos a la Consulta Previa Virtual?

Ahora, en medio de la Pandemia y la reactivación económica para la empresa privada; la ministra del MEF ha anunciado el reinicio de la Consulta Previa pero esta vez por mecanismos virtuales ha dicho que solo “la última etapa del proceso el diálogo sí sería presencial” debemos aclarar que no solo es el proceso de diálogo de un día sino de un tema complejo por las afectaciones que representara en el futuro y los acumulados hasta hoy, debe haber transparencia del Estado frente a estas preocupaciones.

La virtualidad es una amenaza a ese dialogo y quiebra el principio de la buena fe, por tanto, las consultas previas pueden ser nulas si las comunidades en el futuro observan que los acuerdos no los representa o que los funcionarios no estaban debidamente acreditados, hay demasiadas dudas sobre este mecanismo “virtual”.

Este mecanismo virtual no forma parte de los usos y costumbres en las comunidades, y el Misterio de Cultura es cómplice de ello porque no advierte que la tradición oral – presencial es un mecanismo histórico, la reactivación económica no puede estar encima de este derecho colectivo intercultural, incluido el idioma.

La ministra del MEF ha manifestado que va a transferir fondos para la Consulta Previa Virtual, no se trata de dinero, no es sufriente tener internet en las comunidades, no comprender esa dinámica nuevamente pone en situación de desventaja a las Comunidades frente al Estado.

El Tribunal Constitucional (Exp. 00022-2009-PI/TC) ha precisado que “Sería bastante fútil generar un espacio de discusión y diálogo intercultural, cuando lo que en el fondo se pretende es simplemente la mera apariencia de cumplimiento de la norma…”.

La mera apariencia responde a la reactivación económica en favor empresa privada, mejorar mecanismos de transparencia que el pasado se ha ocultado, respetar estándares de consulta previa a pueblos originarios, así como el Estado debe “abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos, de explotación o desarrollo en o alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) de conformidad con los estándares internacionales aplicables”[3].

 

[1] Demanda de Amparo de Omisión de Consulta Previa a la MEIA presentada por las Comunidades de la Zona de Explotación Coroccohuayco. Ver noticia: https://derechosinfronteras.pe/espinar-comunidades-originarias-se-preparan-para-la-consulta-previa-del-nuevo-proyecto-minero-coroccohuayco/

[2] Plan de Consulta Proyecto Minero “Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”. Disponible en la web de MINEM: https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Consulta%20previa%20-%20mineria/En%20Proceso/4%20Coroccohuayco/Plan%20de%20Consulta.pdf

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. Punto 57 de Pueblos Originarios. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

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Los riesgos de la reactivación económica para los pueblos andinos y amazónicos

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Recientemente el gobierno peruano ha emitido el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM “para la reanudación de actividades económicas de forma gradual” en el marco del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19. La medida ha sido casi celebrada por los gremios empresariales, sobre todo las grandes empresas que han ejercido una presión política fuerte al gobierno nacional; sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil como los sindicatos mineros, organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil, están en desacuerdo con esta medida. Si bien se entiende la necesidad de miles de personas que se han quedado sin trabajo y que necesitan trabajar en este momento; varios son los motivos de las preocupaciones de las organizaciones. El principal motivo es el temor a la propagación sin control del Covid-19 y, mucho más, luego de haber pasado por un confinamiento de más de 50 días; es decir, todo el sacrificio de estos días podría ser en vano.

Una opinión especial merece el caso del sector minero, que está incluido dentro de estas medidas, ya que desde el momento en que se declaro el Estado de Emergencia ha venido operando con cierta normalidad. Así los sostiene LQG intelligence, quienes “han realizado un cálculo del impacto del Covid-19 en la producción de cobre del sector minero a partir del análisis de consumo de energía, lo que es un indicador del estado operativo de los proyectos mineros y señala que hay 25.7% de producción paralizada, 31 % de producción parcial y un 43.3% producción continua (al 26 de marzo de 2020)”. Justamente el mantenimiento de estas operaciones, así como el traslado del personal dentro y fuera de los campamentos mineros y la falta de un protocolo sanitario adecuado ha generado el elevado nivel de trabajadores mineros contagiados en las empresas mineras. Desde Red Muqui ya llevamos 264 trabajadores registrados con COVID-19. El sector minero es y ha sido el más privilegiado durante este tiempo, pero a su vez ha sido el que más expuso a sus trabajadores y a las comunidades de los entornos mineros al contagio del coronavirus.

De otro lado, las organizaciones indígenas, amazónicas y andinas de nuestro país, desde que empezó la emergencia sanitaria, vienen denunciando el silencio y el desdén que tienen las autoridades respectivas para responder sus agendas y preocupaciones; ya que la mayoría de las normas que se viene aprobando desde el gobierno no son consultadas ni dialogadas con las organizaciones indígenas. Señalan que el anuncio de la reactivación económica los pone en mayor riesgo ya que las actividades extractivas como la minería y el petróleo se realizan en territorios indígenas. Lo cierto es que tanto los protocolos sanitarios de prevención y protección de pueblos indígenas, así como el abastecimiento de alimentos y la dotación de recursos económicos para este sector de la población es insuficiente, por no decir nulo. Y por el contrario se pretender reactivar la económica con más extractivismo.

En ese sentido, desde Red Muqui nos parece sumamente preocupante que para la reactivación económica solo se priorice a las grandes empresas extractivas, sin tomar en cuenta la situación de las comunidades y poblaciones andinas y amazónicas, así como de los trabajadores mineros que están expuestos al contagio del virus. La reactivación económica implica mirar los derechos humanos, la reactivación supone pensar en diversificación productiva, la reactivación no puede ser en desmedro del territorio y el ambiente, la reactivación no puede ser volver a la normalidad de siempre.

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Día Internacional de los Pueblos Indígenas

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Mensaje del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Gúterres, en el día Internacional de los Pueblos Indígenas.

 

Este año se celebra el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre la urgente necesidad de preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas.

Las lenguas son el vehículo que utilizamos para comunicarnos y están íntimamente ligadas a nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad. Casi la mitad de las 6.700 lenguas que se calcula que hay en el mundo, en su mayoría lenguas indígenas, están en peligro de desaparecer. Con cada lengua que desaparece, el mundo pierde un acervo de saber tradicional.

Se estima que hay en el mundo alrededor de 370 millones de indígenas. Muchos de ellos todavía carecen de derechos básicos, y la discriminación y la exclusión sistemáticas siguen amenazando su modo de vida, su cultura e identidad. Esto está en contradicción con el propósito de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que prometen no dejar a nadie atrás.

Cuento con que los Estados Miembros colaboren con los pueblos indígenas y les respalden para que puedan determinar su propio desarrollo a través de políticas que sean inclusivas, equitativas y accesibles. Las Naciones Unidas están dispuestas a apoyar todas las iniciativas encaminadas a hacer realidad los derechos y las aspiraciones de los pueblos indígenas.

Finaliza mensaje del Sec. General de la ONU.

 

El caso de Perú

«En el 2012, el Estado inició el proceso para identificar a los pueblos indígenas del Perú con la finalidad de registrarlos en una base de datos. Gran parte de esta lista, que debía incluir a las comunidades con derecho al mecanismo de consulta previa frente a proyectos mineros y otros que afectaran sus derechos, se mantuvo en secreto hasta ahora. OjoPúblico publica la lista completa que el gobierno no quiere revelar desde hace tres años y descubre que más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa. En este tiempo el Ministerio de Energía y Minas autorizó la operación de 25 compañías mineras sin el citado proceso de diálogo y contrató, además, a consultores privados para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no.

La lista de comunidades indígenas en el Perú empezó a silenciarse luego de una protesta en los andes. En febrero del 2013 los habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en la sierra norte de la región Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto Cañariaco, de la minera canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el inicio del proceso conocido como consulta previa, como requisito previo a la operación minera en la zona. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda: argumentaron que la base de datos que identifica a las comunidades con este derecho no estaba lista y que, por lo tanto, no se podía determinar si a Cañaris le correspondía o no la consulta, a pesar de su histórica ascendencia quechua». La historia completa –> bit.ly/2ZLRNmH

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Pueblos Indígenas necesitan que el Estado les brinde información de calidad durante Consulta Previa

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AFIRMA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

  • También hacen falta indicadores desde Estado para medir calidad y hacer seguimiento a procesos de diálogo

Luego de que el ministro de Cultura, Salvador Del Solar, se presentara ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y AfroPeruanos, Ambiente y Ecología (CPAAAE); la representante de Pueblos Indígenas de la Defensoría, Alicia Abanto, indicó que, si bien el Perú se está alejando de un escenario de invisibilidad de derechos y necesidades de los Pueblos Indígenas, aun no se supera la falta de un diálogo de calidad que no implique solo una mera entrega de información.

“El diálogo no solo es un ejercicio informativo. Tenemos un marco normativo y 34 procesos de consulta, creo es hora que nos centremos en la calidad de la información que los pueblos indígenas necesitan, una que les permita tomar decisiones”, aseveró.

Tras destacar la presencia de los Pueblos Indígenas en el censo poblacional de octubre de este año, Abanto dijo esperar que el viceministerio de interculturalidad asuma un liderazgo para que la base de datos tenga más información, a propósito de la pregunta de autoidentificación étnica-cultural que el INEI va a incluir en la encuesta censal.

“En estos años hemos producido información sobre los pueblos indígenas, y se han identificado a 55 grupos en el Perú, ahora es importante la presencia que van a tener en el censo de este año. Las entidades del Estado necesitan más información en esta base de datos, porque eso ayuda a que tener políticas públicas sean pertinentes”, recordó la Adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Luego de saludar que el sector Cultura haya anunciado la conformado una comisión multisectorial para la aplicación y seguimiento de acuerdos por Consulta Previa, Abanto remarcó la necesidad de que el Estado cuente con indicadores de efectividad en el diálogo y procesos de Consulta Previa.

“Hemos encontrado que muchas entidades del Estado no evalúan, ni miden si las personas han entendido la información que recibieron. La defensoría ha recomendado a los ministerios que se pueda articular en el país, el derecho a la información, y la consulta previa se vincula a esto”, resaltó.

Abanto brindó estas declaraciones durante la presentación pública del libro “Buenas prácticas de las defensorías del pueblo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en procesos de consulta previa”, documento que incluye experiencias de instituciones invitadas de Argentina, Brasil y Guatemala.


 

El libro contiene las experiencias de trabajo en materia de consulta previa de las defensorías participantes. Se rescatan sus principales intervenciones en la supervisión de los Estados para la correcta implementación de este derecho fundamental de los pueblos indígenas. La publicación es parte del proyecto “Estándares regionales comunes de actuación defensorial para la supervisión de procesos de consulta previa en las oficinas defensoriales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”, que cuenta con el apoyo de la cooperación española (AECID) y alemana (GIZ)».

Del Solar en el Congreso

Este martes 5 de setiembre, la Comisión de Pueblos del Congreso, que preside el congresista Marco Arana, recibió al ministro de Cultura quien dio un informe sobre anual de su gestión y los avances de su sector.

Durante su presentación, el titular de Cultura dejó en claro que la Consulta Previa es meramente informativa, dejando de lado el mismo sentido del término. Para Del Solar, este derecho no debe malinterpretarse como si fuera un derecho a veto por parte de los Pueblos Indígenas, ya que no existe esa posibilidad.

«La consulta no es para decir «¿puedo hacer esto?» No, la consulta es para satisfacer todo tipo de dudas, inquietudes, preguntas», afirmó. De igual manera, señaló que la consulta siempre es un acuerdo entre el estado y los pueblos indígenas, y no con la empresa privada.

Al término de su presentación, el titular de Cultura explicó que en el tema de la consulta previa hay dos aspectos: por un lado, el desarrollo económico «que es importante para todos los peruanos» y por otro lado el respeto que le debe el Estado a los pueblos indígenas y originarios que, resaltó, existían antes de que conformáramos nuestro Estado.

“La consulta previa es un mecanismo para generar confianza con la población indígena y demostrarle que el Estado la respeta, así como para garantizar estabilidad de las grandes inversiones que necesita el Perú.”, puntualizó.

De igual modo, dio a conocer que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha desarrollado 10 consultas previas en 6 regiones y nueve provincias donde habrían participado más de 23 pueblos indígenas, en alrededor de mil localidades. Asimismo, informó que los procesos de consulta previa se vienen trabajando con los sectores de Energía y minas, del Ambiente y Transportes y comunicaciones.

DATOS:

De los 34 procesos de consulta implementados en nuestro país, 22 procesos corresponden a proyectos vinculados a actividades extractivas en hidrocarburos y minería.

Fuente: Comisión de Pueblos / El Peruano / RED MUQUI

Fotos: RED MUQUI / Guido Lombardi

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Afianzar diversificación productiva promovería verdadero crecimiento económico y sostenible

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COINCIDEN EXPERTOS EN CONADES

  • RED MUQUI y CooperAcción formaron parte de mesa principal sobre eje de modelo de desarrollo

Durante la Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES), expertos que participaron del eje de modelo de desarrollo, concluyeron en la necesidad de dar una mayor prioridad a las diversas actividades económicas y productivas para afianzar un crecimiento económico que sea sostenible, puesto que, el modelo de Economía Extractivista excluye a otros sectores y conlleva a una falsa noción de desarrollo que no contempla lo social y ambiental.

RED MUQUI y CooperAcción aportaron a estas conclusiones tras participar de la mesa “El modelo neoliberal y extractivista, su profundización y los paquetes legislativos, su impacto sobre los bienes y recursos comunes y la construcción de alternativas para un desarrollo alternativo”.

Falso desarrollo económico

José de Echave de CooperAcción expuso un análisis sobre las narrativas que, en estos últimos 15 años, han venido instalando el modelo extractivista en nuestro país, pese a que el sector de la minería ha sufrido la caída del precio de los metales.

El exviceministro de Gestión Ambiental remarcó que, si existen cifras positivas respecto a la expansión y a la producción minera, esto quiere decir la inversión en proyectos mineros haya aumentado.

“La relación entre los precios de minerales y las inversiones mineras, es directamente proporcional. Y el Perú no es la excepción. El ‘súper ciclo’ de precios y el ciclo de expansión extractiva no es lo mismo, uno forma parte del otro, y esto último es lo que ha crecido en los últimos 25 años”, explicó ante CONADES.

A ello, De Echave agregó que las inversiones mineras a nivel global han caído en un 18.3%, mientras que en Péru, en un 10.2%. También mencionó que esta tendencia se mantiene en otros países como Estados Unidos (-56%), Canadá (-57%), México (-45%) y Chile (-32%).

Tras indicar que América Latina recibe el 28% de las inversiones en minería en el mundo, el representante de CooperAcción aclaró que el “milagro de la economía peruana” no es el resultado ‘exclusivo’ de una ‘fabulosa’ política interna, sino del periodo del súper ciclo de precios que hizo crecer a toda la región, entre el 2002 y 2012 con el disparo al alza de los precios de los metales.

De Echave señaló que, desde hace 5 años, la campaña sobre la existencia de una “tramitología” que –supuestamente- entrampa inversiones y contribuye a afianzar el modelo extractivista en el Perú. Es así que, el empresariado minero ha logrado presionar y rebajar exigencias “ambientales y sociales” mediante decretos legislativos y normas como los paquetazos ambientales. Además de conseguir beneficios tributarios.

“Hay un salto de producción minera, pero sin aporte tributario. La minería llegó a prepresentar casi el 50% del IR, y ahora es el 4%. El aporte tributario del sector minero viene a ser negativo por este mecanismo por devoluciones de IGV”, apuntó el Economista de CooperAcción.

A esto se suma, que el producto minero creció casi 20%, ahora con una mayor producción de cobre – a bajo costo- desde Las Bambas (Apurímac), Cerro Verde (Arequipa), Constancia (Cusco) y Toromocho (Junín).

“La minería forma parte de la matriz productiva del país, pero esta última debe ser diversa y sostenible. Se hace necesario pensar en escenarios de transición, y en cómo salir de este modelo extractivista –no extractivo- que alude a una extracción exacerbada y depredadora, que además afecta derechos. Se aspira a tener una lógica de extracción equilibrada”, puntualizó.

Extracción y derechos indígenas

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, cuestionó otro aspecto del modelo extractivista actual: la conflictividad social y la afectación de derechos territoriales de comunidades y pueblos indígenas.

“Desde la actividad minera y el Estado, se ejerce una gran presión frente a los territorios de comunidades. Cuando se refieren a ‘calidad de vida’, solo se habla desde una perspectiva técnica de desarrollo. Una perspectiva en la que no todos los peruanos participan”, acotó.

Jahncke Benavente subrayó que en la región Lima existen unas 289 comunidades campesinas según base datos elaborada por el Instituto del Bien Común. A ello agregó que no se garantiza seguridad jurídica para las casi 10 mil comunidades campesinas (que ocupan el 50% del territorio peruano) ya que unas 4 mil no tienen título de propiedad.

“Si queremos proteger derechos o fortalecer perspectivas de desarrollo tenemos que tener instituciones ambientales fortalecidas para fiscalizar y supervisar, y otorgar seguridad jurídica de todos los peruanos, y que esto no esté al servicio de los poderes económicos”, enfatizó durant su exposición en la mesa sobre modelo de desarrollo.

La ‘maldición’ de los recursos naturales

El Economista Francisco Santa Cruz expuso sobre la paradoja que trae consigo la “bonanza” del modelo económico extractivista, sobre todo cuando este se ve golpeado por la baja en el precio de los commodities, y se desencadenan distorsiones políticas, mayor pobreza, inestabilidad institucional y desigualdad.

A todo, Santa Cruz lo denominó la “maldición de los recursos naturales”, aquella que sufren países ricos en estos, pero crecen a menor ritmo, bajan su productividad, tienen poblaciones empobrecidas y dan paso a procesos de alta corrupción.

 

“Esta visión se intensifica minería, pues se produce volatilidad de precios, ingreso de divisas abundantes por altos precios que da lugar a una baja del tipo de cambio, y por ende a la baja en la competitividad de otros sectores. Y al cambiar el ciclo alto, viene una brutal reducción de ingresos fiscales que es lo que pasa en Perú en los últimos 2 o 3 años”, explicó.

En ese sentido, Santa Cruz expuso que, el generar economías de exportación minera se inhibe la diversificación productiva, se estanca el crecimiento, se anula la innovación tecnológica, se bloquea el surgimiento de nuevos sectores exportadores, y resalta la debilidad institucional, al impedir la capacidad de regulación de los Estados en el tema ambiental.

“La maldición es hacer de esos recursos naturales, una estrecha y absoluta dependencia sin capacidad de diversificar, es consecuencia de policías públicas y modelos de crecimiento. Los rubros de exportación primaria no han significado para el país un crecimiento y desarrollo sostenible de la población”, aseveró.

Convivencia de empresa y comunidades

De otro lado, el Economista Germán Alarco, profesor de la escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico, resaltó que el Perú necesita de la minería y los sectores extractivos ya que representan el 80% de divisas al país. No obstante, reconoció que contribuyen con poco en impuesto a la renta (IR), y se debe apuntar a que sean el elemento central para recaudación de impuestos y, así generar mayores ingresos fiscales.

Asimismo, Alarco coincidió con RED MUQUI en trabajar caso por caso a partir de cada proyecto minero y evaluar el costo beneficio que estos traen a la población local donde se desarrollan.

“Hay que cambiar las condiciones de trabajo con las actividades extractivas, evidentemente hay que mejorarlas. Hay que llegar a fórmulas de entendimiento donde estas actividades sean aceptadas”, comentó.

Modelo sin gestión de riesgos

A su turno, Orlando Chuquisengo, de Soluciones Prácticas, aseguró que existe una relación directa entre la situación de riesgos, el escenario de cambio climático y las actividades extractivas. Todo ello, indicó, se debe en gran parte al modelo de desarrollo que estamos implementando en nuestro país.

“Tenemos desarrollo, pero con una economía extractivista, la minería y la industria maderera -que arrasa bosques- y ciudades que no se saben ubicar, obras que se construyen por cualquier lugar”, señaló.

El experto en enfoque de gestión de riesgos, recordó que nuestro país ocupa el segundo lugar de desastres en Sudamérica, y el tercero de vulnerabilidad frente al cambio climático. Igualmente, dio cuenta que entre el 2013 y 2016 se registraron 61 mil emergencias en el país, según INDECI con 15 millones de afectados, más de un millón de viviendas destruidas, 2.1 millones de cultivos perdidos.

“Se calcula que necesitamos unos US$6 mil millones -por año- en medidas para reducir los riesgos de desastres en los próximos 15 años. En el 2016 ha sido uno de los daños más costosos debido a los desastres, con US$175 mil millones, después del año 2012 en el que se llegó a US$180 mil.

DATO:

El objetivo central de CONADES es elaborar propuestas de políticas públicas orientadas a poner la economía y el estado al servicio de las personas. Desde su formación se realiza una conferencia con una problemática específica, acumulando conocimiento, propuestas programáticas y articulación con el movimiento social.

Fuente / Fotos: RED MUQUI

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Proyecto de ley presentado por PPK es una amenaza para los derechos de propiedad rural en el Perú

 

El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra advierten el regreso del DL 1333 a través del proyecto 1718-2017-PE que afectarían los derechos a la tierra

El 28 de julio el gobierno del presidente Kuczynski presentó el proyecto de ley 1718-2017-PE el cual es una nueva versión del Decreto Legislativo 1333, que fue ampliamente rechazado por las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad y derogado por el propio Congreso de la República en mayo de 2017, al constituir una norma que amenazaba las tierras en posesión y propiedad de las comunidades campesinas y nativas.

Recordemos que el DL 1333, aprobado dentro del paquete de 112 decretos dados por el Ejecutivo dentro de las facultades otorgadas por el Congreso, crea la institución denominada APIP con procedimientos ad hoc para otorgar títulos en tierras donde se desarrollaran proyectos de inversión priorizados. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, tenía el encargo de revisar la constitucionalidad de dicha norma, haciendo suyos los argumentos que presentaran las organizaciones indígenas sobre la inconstitucionalidad de este decreto, finalmente por mayoría absoluta se acordó su derogación en el Pleno del Congreso. La autógrafa fue enviada al Ejecutivo para su publicación, sin embargo el Ejecutivo observó el acuerdo de derogatoria, quedando el DL 1333 vigente hasta el momento.

El proyecto de ley, toma mucho de las disposiciones inconstitucionales del DL 1333, las desarrolla de manera más ordenada, perfecciona los procedimientos, pero en el fondo mantiene el mismo espíritu normativo: generar inseguridad jurídica en las tierras y territorios de las comunidades campesinas y nativas, agricultores familiares y pequeños propietarios.

El proyecto de ley insiste en crear una institucionalidad denominada APIP exclusivamente para sanear y expropiar predios necesarios para obras de infraestructura priorizada, esta institución estaría dentro de PROINVERSIÓN, agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin experiencia en materia de saneamiento y expropiación, con funciones entrarían en conflicto de competencias con otras instituciones del Estado como Ministerio de Agricultura y Riego, Gobiernos Regionales o SUNARP y en algunos casos va más allá de la constitución y el ordenamiento legal, lo que generará inseguridad jurídica en los propietarios de tierras. La justificación que el Estado da sobre esta norma, es la demora en la entrega de bienes inmuebles necesario para un proyecto de inversión privado o público, dejando de lado el saneamiento de tierras comunales.

El proyecto de ley contempla la exclusión de inmuebles que se encuentren en propiedad y/o posesión de pueblos indígenas; sin embargo, esta exclusión es insuficiente puesto que más de la mitad de comunidades campesinas no están reconocidas como pueblos indígenas; además existen casi tres mil comunidades campesinas y nativas que no cuentan con título y el 50 % de comunidades nativas y campesinas no están georreferenciados, no existiendo un catastro que de información sobre los límites exactos.

La inversión privada y pública es necesaria en nuestro país, pero esta inversión se tiene que hacer en el marco de respeto a los derechos de propiedad de todos los peruanos; el Estado no puede favorecer constantemente a un grupo de inversionistas reduciendo los procedimientos de acceso a la tierra a costa de debilitar los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades campesinas y nativas o de los agricultores familiares. Al hacerlo está actuando de manera discriminatoria en contravención a la Constitución Política.

Por ello, exhortamos al gobierno entablar procesos de diálogo con organizaciones representativas; además de cumplir con el proceso de consulta previa ya que esta norma afecta derechos de comunidades; así mismo solicitamos al gobierno invertir recursos para saldar la deuda histórica en materia de titulación de comunidades, de modo que no se generen nuevos procesos de conflictividad social, y el país se encamine hacia un ordenamiento del territorio nacional.

Lima 16 de agosto del 2017

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Congreso derogó ley que creaba entidad expropiadora de territorios indígenas para inversiones

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EN EL PLENO

El Congreso de la República aprobó la derogación del Decreto Legislativo N°1333, norma de “simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados” y que creaba el APIP, una entidad expropiadora de ProInversión que facilitaba el acceso a territorios del área rural para fomentar proyectos de inversión de “interés nacional” y ponerlos en manos de empresas transnacionales.

Durante la sesión del pleno, la Comisión de Constitución sustentó que dicha norma creaba inseguridad jurídica entre los pueblos indígenas y ponía en riesgo sus tierras y territorios, ya que autorizaba a sanear todos los documentos legales de propiedad, y en la práctica obligaba a los propietarios de cualquier terreno o inmueble, en el ámbito de un megaproyecto, a enajenar su propiedad en favor de las empresas beneficiarias.

Como era de esperar, los congresistas del partido de gobierno, Gino Costa y Mercedes Aráoz, trataron de salvar el proyecto que le daba poder de expropiación y titulación a ProInversión, aun por encima de la SUNARP y el COFOPRI.

Es así que Gino Costa de Peruanos por el Kambio (PPK), intentó un cuarto intermedio a fin de efectuar modificaciones a fin de asegurar que no se afectarían tierras de comunidades. De igual manera, la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, intentó sustentar que el gobierno había dialogado con las comunidades y la norma las respetaría, sin embargo, sus pedidos no prosperaron, al considerarse que la titulación comunal es una deuda aún pendiente del Estado peruano.

En el transcurso del debate, los congresistas del Frente Amplio demostraron que la titulación comunal no está regularizada en todo el país, por lo cual nada garantizaba que en los lugares donde no se podía demostrar su vigencia, las tierras comunales fueran arrebatadas por las empresas inversionistas.

Un día antes de la derogación, el Pronunciamiento del Pacto de Unidad de las organizaciones campesinas agrarias y amazónicas, quienes junto con las entidades de la sociedad civil exigían que el Congreso de la República apruebe la derogatoria del D.L. 1333, llamada también “Ley de Despojo” de los propietarios, no sólo de las comunidades originarias, sino de cualquier pequeño propietario rural o urbano.

Entre las organizaciones miembro de la RED MUQUI que firmaron este pronunciamiento estuvo la Asociación Pro Derechos Humanos, Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco, el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), la Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén y la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS).

La cuestionada norma forma parte del paquete de 112 decretos legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo en base a las facultades legislativas concedidas por el Congreso de la República.

Qué se pretendía con el APIP

  • Tener un órgano ad hoc con el único propósito de sanear tierras a favor de la inversión. Depende de Proinversión, que a su vez responde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
  • Elaborar y rectificar los planos aprobados por entidades estatales o rectificar áreas, medias perimétricas y linderos de los predios de propiedad privada que presenten supuestas superposiciones con predios que son objeto de las acciones de saneamiento físico- legal de la propiedad.
  • Poder de reubicar poblaciones, aun pasando por encima de los pueblos indígenas que, ante este tipo de medidas, deben dar su consentimiento previo e informado.
  • Poder convocar asambleas en las comunidades, aun violando el artículo 89 de la Constitución Política y la autonomía organizativa de las comunidades campesinas y nativas.
  • Subordinar a otras entidades encargadas de titulación y registro de predios, como la Superintendencia de Bienes del Estado, a la SUNARP, al COFOPRI e incluso a la Policía Nacional para casos de desalojo en los procesos  de  saneamiento.
  • Sobreproteger a los funcionarios de la APIP por encima del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial, ya que las denuncias penales contra funcionarios de la APIP iban a requerir de la opinión fundamentada de la propia APIP.

Fuente: APRODEH / SERVINDI

Foto: Despacho Tania Pariona 

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Exigimos al Congreso no ceder a las presiones del gobierno y derogar el D.L.1333, ley del despojo

PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS Y LA SOCIEDAD CIVIL

Una vez más, las organizaciones indígenas, agrarias y el movimiento social en su conjunto nos dirigimos a la opinión pública para denunciar las maniobras que el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene ejerciendo sobre el Congreso de la República para impedir la derogación del Decreto Legislativo 1333, “Ley del despojo”. Este sector pretende “subsanar” las insalvables deficiencias de forma y de fondo que tiene el decreto, evidenciadas en su momento por las organizaciones indígenas, que lograron que la Comisión de Constitución y Reglamento apruebe un dictamen derogatorio.

En efecto, a partir de reuniones informales sostenidas con representantes de diversas organizaciones indígenas nacionales el MEF viene haciendo circular versiones falsas de que habría logrado un “entendimiento” con los representantes indígenas y originarios para convencer a los congresistas de retroceder en la decisión de derogatoria. Versiones que son absolutamente falsas y que constituyen una grave mentira al Congreso y a la opinión pública.

Recordemos las razones por las que este decreto es nocivo:

Primero: desbarata todo el régimen existente para el reconocimiento, formalización, saneamiento y titulación de la propiedad predial y territorial, desplazando a los gobiernos regionales, la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), COFOPRI y SUNARP, con la creación de un organismo todopoderoso llamado APIP (Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados) que depende directamente de PROINVERSION y del MEF. Su finalidad es facilitar y entregar en tiempo récord la propiedad de predios, terrenos, tierras y territorios que se requieran para la ejecución de los megaproyectos que se consideren estratégicos, bajo el pretexto de que ayudarán a reactivar la economía. Son más de 147 proyectos que el MEF busca priorizar, lo que es una grave amenaza para la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra en el Perú.

Segundo: la mayoría de estos proyectos se ubicarán en zonas rurales, principalmente en territorios de las comunidades campesinas y nativas, quiénes serán las principales afectadas pues el grado de inseguridad jurídica sobre sus territorios es enorme. Más de 8 mil comunidades indígenas del país no tienen títulos de propiedad debidamente saneados y delimitados en un catastro, siendo la posesión el principal medio para demostrar su derecho de propiedad. En este escenario, el enorme grado de incertidumbre jugará en su contra, pues el Ejecutivo, no dudará en otorgar la titularidad de los predios a favor de los inversionistas, consolidando así el despojo territorial que venimos alertando.

Tercero: los pueblos indígenas originarios no serán los únicos afectados. Tanto los propietarios de predios urbanos como de predios del ámbito rural podrán ser expropiados y despojados de su propiedad en favor de los grandes inversionistas, a cambio de lo cual, recibirán “justiprecios” y compensaciones ridículas que no reconocerán el auténtico valor de la propiedad. Esto explica la desesperación de los promotores de esta norma por lograr su pronta ratificación en el Congreso, pues lo que está en juego no es ni el desarrollo ni el bienestar del país, sino el control absoluto de la propiedad privada de las tierras y territorios en el Perú.

Cuarto: el decreto sienta las bases para llevar a cabo millonarios negocios a costa de la impunidad. Se faculta al APIP a recurrir al uso de la fuerza policial para efectuar “la recuperación extrajudicial de la propiedad o el desalojo dentro de los procesos de saneamiento” (artículo 5.4), lo cual se aplicará contra los propietarios o poseedores que, con legítimo derecho, se nieguen a entregar sus predios y terrenos. Se dispone proteger a los funcionarios del APIP y servidores que intervengan en los procesos de saneamiento y que sean denunciados, al establecer que, antes de las investigaciones fiscales y policiales, se requerirá un informe del APIP indicando si el funcionario en cuestión infringió o no la ley; es decir, será juez y parte. El MEF y PROINVERSION son plenamente conscientes de lo abusivo de la norma, por lo que “ponen el parche” y cuidan las espaldas de los trabajadores públicos que pueden vulnerar derechos territoriales al amparo de este decreto.

Quinto: pero el MEF no viene actuando solo. En sus gestiones ante el Congreso ha recibido el apoyo de la Dirección General de Derechos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, faltando gravemente a sus competencias funcionales, y avalando la vigencia de este decreto pese a que no ha cumplido con el obligatorio proceso de Consulta Previa. Falta grave que ahora quieren sustituir con diálogos informales sostenidos con las organizaciones indígenas. Ante ellos, las organizaciones hemos ratificado firmemente la exigencia de derogatoria de esta norma que ya es la “cereza del pastel” de todo el andamiaje jurídico antiterritorial y antindígena inspirado a la sombra de la doctrina del “perro del hortelano”, implementada por los tres últimos gobiernos a través de los denominados “paquetazos”, como la Ley 30230, la Ley 30327, el Dec. Leg. 1210 y el D.S. 001-2015-EM.

Advertimos que el DL. 1333 agudizará los conflictos sociales por la defensa de la Madre Tierra y el medio ambiente, como el tristemente recordado “Baguazo”, que surgió como consecuencia de una norma mucho menos peligrosa. Es evidente que algunos funcionarios del gobierno, que en su momento fueron señalados como responsables políticos de este hecho, no han aprendido la lección y no tienen el menor remordimiento para fabricar peores normas. Somos conscientes de la enorme amenaza que se cierne no solo sobre los territorios ancestrales, sino también sobre las tierras de todos los ciudadanos y ciudadanas que se interpongan en la construcción de cualquier obra o megaproyecto que priorice este o los próximos gobiernos.

Los pueblos indígenas originarios y campesinos nunca se han opuesto al desarrollo de nuestro país; lo fomentan y colaboran con iniciativas que aspiren a lograr sinceramente el bienestar integral de la población. Pero tenemos claro también que ese bienestar debe ser para todos y no solo para un grupo privilegiado. Todo intento de promover el desarrollo debe garantizar el absoluto respeto de los derechos fundamentales de las personas y los derechos colectivos de los pueblos originarios, en especial al derecho al territorio, que es la base de nuestra cultura ancestral y la economía indígena, y el central abastecimiento de alimentos para todo el país.

Llamamos a las organizaciones indígenas de todo nivel, gremios, sindicatos, colectivos y organizaciones de la sociedad civil en general a resistir y sumarse a la lucha contra este nuevo abuso que se pretende ejecutar contra los derechos de nuestros ciudadanos y de nuestros pueblos indígenas.

¡NO MÁS DESPOJOS DE LAS TIERRAS Y TERRITORIOS! ¡NO AL DL 1333!

¡DEROGATORIA AHORA!

SUSCRIBEN:

– Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú (Confederación Nacional Agraria -CNA, Confederación Campesina del Perú – CCP, Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú –ONAMIAP, Unión Nacional de Comunidades Aymaras – UNCA, Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FENMUCARINAP y Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú – CUNARCP)

– Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP

– Convención Nacional del Agro – CONVEAGRO

– Asociación Nacional de Productores Ecológicos – ANPE

– La Vía Campesina

– Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC – La Vía Campesina

– Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDLADS

– Servicios en Comunicación Intercultural SERVINDI

– Red MUQUI – Perú

– Derecho Ambiente y Recursos – DAR

– Instituto Bien Común – IBC

– Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES

– Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

– Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP

– OXFAM PERÚ

– Asociación Servicios Educativos Rurales SER

– Forum Solidaridad Perú

– Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén

– Asociación Marianista de Acción Social – AMAS

– Derechos Humanos sin fronteras – Cusco

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Se espera que MINSA implemente y publique Plan de Salud Intercultural

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PARA PUEBLOS INDÍGENAS

Ketty Marcelo, vocera del Pacto Unidad, pidió que el Ministerio de Salud (MINSA) convoque a las organizaciones indígenas para dar a conocer las acciones que tomará la recién repuesta Dirección de Pueblos Indígenas del sector.

“Desde que se retiró y luego se restituyó dicha dirección, no hemos tenido ninguna comunicación con el MINSA. No sabemos qué plan de acción va a aplicar, ni cómo será el enfoque intercultural que se requiere para la atención de las poblaciones indígenas”, aseveró.

Antolín Huáscar de la Confederación Nacional Agraria (CNA), dijo esperar que la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso cite a la Ministra García y le pida cuentas sobre la elaboración de este plan sobre el que se debe regir la política de Salud para Pueblos Indígenas.

De igual modo confirmó que desde el MINSA no ha habido ningún acercamiento con las organizaciones indígenas para recoger opiniones o informar al respecto.

Días atrás el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez señaló que la prestación del servicio de la salud a los pueblos indígenas requiere de acciones concretas que contribuyan a alcanzar la garantía de este derecho con pertinencia cultural.

Es por ello que también recomendó que la Dirección de Pueblos Indígenas empiece a liderar la implementación de la Política Sectorial de Salud Intercultural, y aprobar Plan Sectorial de Salud Intercultural para el período 2017 -2021.

“En el país existen también pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, quienes se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad inmunológica, demográfica y territorial, que el resto de la ciudadanía. Por tanto, se requiere de un nivel de especialización técnica que adopte medidas en estricto cumplimiento de la normativa y los protocolos de salud” remarcó Gutiérrez.

El titular de la Defensoría recordó al MINSA que todas las acciones deben emprenderse con la participación de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y con el respeto debido a sus identidades socioculturales, formas de vida, tradiciones y planes de desarrollo.

Reunión entre DIRESAS

Cabe recordar que en febrero de 2016 el MINSA creó la Dirección de Pueblos Indígenas, en atención de la recomendación defensorial de incorporar un órgano de alto nivel con capacidad normativa, funcional y administrativa encargado de implementar el enfoque de interculturalidad en todos los niveles del sistema de salud, así como en las políticas, programas y estratégicas del sector.

Durante esta semana en la ciudad de Huacho (Huaura, Lima), el MINSA informó sobre un encuentro de dos días que sostuvo con representantes de las direcciones regionales de salud (Diresa), encargados de la implementación de servicios de salud que beneficien a este sector de la población.

El sector aseguró que los representantes de Amazonas (redes de salud de Bagua y de Condorcanqui), Ucayali, Loreto, Puno, Cusco, Madre de Dios, Pasco, Junín, Huancavelica (red de salud Churcampa) unificarán criterios de trabajo con el equipo técnico de la Dirección de Pueblos Indígenas del Minsa con el objetivo de garantizar una permanente, adecuada y oportuna atención de salud de calidad en beneficio de este grupo en situación de aislamiento.

Problemáticas por atender

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) advierte que los pueblos indígenas presentan las más altas tasas de desnutrición crónica y aguda, menos esperanza de vida al nacer, altas tasas de mortalidad materna y de enfermedades en su mayoría curables.

A esto se suma que existen barreras de acceso a servicios, la cobertura es deficiente, persiste la discriminación, hay ausencia de programas de seguro de salud, no se valoran nuestros saberes y prácticas tradicionales y ancestrales, entre otras.

“En el caso de las mujeres indígenas, una de las problemáticas más preocupantes es el alto índice de embarazo adolescente. Siendo una de sus causas la inexistencia de programas de información en salud sexual y reproductiva inclusivos y con pertinencia intercultural”, señala ONAMIAP.

Por su parte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) agrega que la atención no cubre al 51.2 % de las comunidades nativas por lo que carecen de algún tipo de establecimiento, y de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario 2012, una de cada dos comunidades nativas de nuestro país no estaría siendo atendida con estos servicios vitales.

DATOS:

  • El 5 de marzo pasado, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el nuevo Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del MINSA (Decreto Supremo N° 008-2017-SA), había retirado la Dirección de Pueblos Indígenas.
  • Con esta decisión, el sector vulneraba el derecho de los pueblos indígenas a la salud intercultural, así como los acuerdos de una consulta previa, la Ley de Consulta Previa y su Reglamento.
  • No obstante, tras la presión de las organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso, restituyeron esta dependencia.
  • El 10 de abril último, cinco organizaciones indígenas presentaron una acción popular ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia en contra del MINSA. En dicha demanda se exigió la reposición de esta dirección sanitaria.

Fuente: Defensoría del Pueblo / ONAMIAP / MINSA

Fotos: @WILLINGTONB3

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Organizaciones indígenas interponen acción de amparo contra decreto que omitiría consulta previa

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La Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) presentaron una acción de amparo contra el Decreto Legislativo N°1333, ya que consideran que vulnera la Ley de Consulta Previa y afecta directamente el derecho de propiedad y posesión de los pueblos indígenas.

Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), señaló que la referida norma -aprobada sin consulta previa- no precisa garantía ni límite sobre la propiedad y posesión.

“El objetivo de esta norma es facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura de gran envergadura, teniendo como base un concepto demasiado amplio como el interés nacional», advirtió.

Asimismo, dijo que la norma beneficia aquellos proyectos de infraestructura sobre la tierra y territorio de las comunidades y pueblos indígenas, y no es clara cuando se refiere a los pequeños propietarios y agricultores en general. Cabe destacar que, en el caso de los pueblos indígenas, este tipo de medidas solo se pueden hacer mediante el consentimiento previo e informado con los pueblos indígenas.

“No respeta derechos adquiridos de propiedad, posesión, ocupación o tenencia. La norma establece que serán sujetos de saneamiento por el APIP, tantos predios formales e informales, públicos o privados. Genera una inseguridad jurídica y contraviene la normativa especial en materia de saneamiento físico legal, además de las diferentes competencias de instituciones como la SUNARP y los gobiernos regionales.

También informó que las organizaciones indígenas CNA y ONAMIAP, como miembros del Pacto de Unidad, apoyan dicha posición y exigieron, mediante un comunicado al Congreso, “a no ceder ante las presiones que están efectuando desde el ejecutivo para lograr la aprobación de esta norma”.

“Las cosas quedan en manos de nuestro Parlamento que ya tiene clara la posición de las organizaciones indígenas, y esperemos cumpla con su deber cívico de derogar el Decreto Legislativo 1333 conocido como la Ley del Despojo”, finalizó.

Decreto aún no se deroga en el pleno

Esta derogación continúa esperando entrar en la agenda del pleno desde la semana pasada, pues aún no se debate si procede, o no, la creación del Proyecto Especial de Acceso a los Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP).

Existe concordando entre las bancadas de Fuerza Popular y el Frente Amplio para no dejar pasar esta norma, sin embargo, las organizaciones indígenas aseguran que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sigue ejerciendo presión en la mesa directiva para que no prospere su derogación.

En declaraciones al diario El Comercio, Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), sostuvo que esta norma no ha afectado los derechos de los pueblos originarios.

Según sugirió, podría modificarse para excluir de sus alcances a estas comunidades y que “quede claramente establecido que no están en peligro”. “Esa sería la forma de quitar este ingrediente político y sacar adelante el D.Leg., que en los demás aspectos es imprescindible”, añadió.

Fuente: CNA / ONAMIAP / El Comercio

Foto: Picasa 3.0

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