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Compartimos la nota de prensa del Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y el Lago Titicaca:

Los pobladores de los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca ingresamos a un paro indefinido desde el 9 de noviembre de 2020, para exigir al gobierno nacional y gobierno regional la atención inmediata ante la contaminación de la cuenca del río Coata y consecuente grave afectación a la salud de las personas.

Desde la publicación de los resultados de los análisis de orina a 55 personas en los distritos de Coata, Huata y Capachica, donde se confirmaron 32 personas con arsénico y 2 personas con arsénico y mercurio en su organismo.

Se convocaron a numerosas reuniones a las autoridades del Ejecutivo nacional para abordar la problemática de la afectación a la salud humana que genera la contaminación del río Coata, sin embargo, dichas autoridades no muestran interés en conformar mesas de trabajo para iniciar acciones inmediatas de atención médica a favor la población afectada, así como demás actuaciones en el corto, mediano y largo plazo.

A pesar que desde mayo de 2019 se viene dando la declaratoria de Emergencia, la misma que fue ampliándose por novena vez hasta noviembre 2020, con esta declaratoria no se obtuvieron resultados concretos para la mejora en la calidad de vida y buen vivir de los pobladores afectados con metales tóxicos, ni en la recuperación de su salud.

EXIGIMOS:

  • Construcción y Saneamiento en agua potable, ampliación de dotación de agua potable de calidad y en cantidad por cisternas a todos los pobladores afectados de la cuenca Coata.
  • Inmediata implementación de un plan de diagnóstico, atención y tratamiento integral para las personas afectadas con metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas toxicas en sus organismos.
  • Presencia de médicos especializados para la atención integral especializada a personas con metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas toxicas; la construcción y equipamiento de centros de salud con laboratorios especializados en metales pesados.
  • Presencia del Ejecutivo nacional como la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Ministerio Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Vivienda y Construcción, y el reconocimiento mediante un decreto supremo de la PCM, a la mesa técnica multisectorial de la cuenca del río Coata que viene funcionando desde el 2014; la instalación de una mesa de salud de metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en la cuenca Coata.
  • Exigimos que los órganos responsables de la fiscalización y sanción como Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Dirección Regional de Energía y Minas, Autoridad Nacional del Agua y Ministerio Público sancionen e impidan la contaminación de la cuenca del río Coata.
  • Exigimos la implementación inmediata del Convenio de Minamata para la prohibición del uso de mercurio en actividades mineras en la cuenca del río Coata.
  • Exigimos la prohibición normativa de la dación de concesiones mineras en la cabecera del río Coata y cabeceras de cuenca a nivel local, regional y nacional.

Por estas razones realizaremos una conferencia de prensa virtual este jueves 5 de noviembre a las 11am, que será transmitida en vivo a través del facebook de la Red Muqui y la CNDDHH.

CONVOCA:

  • Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y el Lago Titicaca.
  • Frente de Defensa Contra la Contaminación de la Bahía del Lago Titicaca del Distrito de Capachica
  • Frente de Defensa Contra la Contaminación de la Cuenca del Río Coata
  • Frente de Defensa Contra la Contaminación de la Bahía del Lago Titicaca del Distrito de Huata
  • Frente de Defensa del Distrito de Caracoto
  • Frente de Defensa Contra la Contaminación del sector de Chilla del Distrito de Juliaca

 

Puno, 04 de noviembre de 2020

Frente a las protestas de los dirigentes y pobladores de la cuenca del Coata y la carta que enviaron las autoridades locales y los dirigentes a la PCM; el secretario de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eddy Alexis Ormeño Caycho, emitió un oficio de invitación el 6 de octubre a representantes de los Ministerios de Salud, Ambiente, Vivienda y Energía y Minas; gobernador regional y alcaldes provinciales de Puno y Juliaca; y de los distritos: Coata, Caracoto, Huapa, Capachica y Chilla de la cuenca del Coata, para sostener una reunión el 13 de octubre con el objetivo de tratar la problemática de salud humana y ambiental, tras la confirmación de 34 personas con arsénico y mercurio por haber ingerido agua contaminada proveniente de la cuenca del río Coata. Sin embargo, solo llegaron a la reunión representantes del Ministerio de Salud; ninguno era funcionario de alto nivel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a este hecho, los dirigentes suspendieron la reunión porque los funcionarios que llegaron no tenían poder de decisión y ejecución, que es lo que urgentemente están solicitando los dirigentes y pobladores para conformar la mesa de salud que pueda implementar acciones urgentes, tanto en la atención especializada a las familias afectadas por metales tóxicos, como en la remediación de la cuenca del Coata, y otro tipo de acciones que garanticen un monitoreo adecuado de las personas.

El presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata, Felix Suasaca, señaló a Red Muqui que le están dando plazo a la PCM hasta el próximo martes 20 de octubre, para que convoquen a una nueva reunión con la presencia de algún ministro y funcionario de alto nivel de la PCM. De lo contrario, iniciarán una huelga indefinida con los 5 Frentes de Defensa de los distritos de Coata, Caracoto, Huapa, Capachica, y Chilla, que son parte del Frente Unificado contra la contaminación de la cuenca del Coata.

Defensoría del Pueblo de Puno se pronuncia

Frente a esta situación, el jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona, señaló que hace dos semanas emitieron oficios al gobernador regional de Puno, Agustín Luque, para que desarrolle un Plan de acción integral de salud frente a la problemática de las 34 familias afectadas por metales tóxicos. Sin embargo, el gobernador regional tampoco asistió a la reunión pasada del 13 de octubre.

Remarcó que el Plan y respuesta a la problemática debe involucrar a los 3 niveles de gobierno: municipios, gobierno regional y ejecutivo.

El presidente del Frente de Defensa de la cuenca del Coata precisó que es urgente la conformación de la mesa de salud porque varias personas se encuentran mal de salud y están gastando dinero que no tienen para comprar medicamentos.

Además, señala que los centros de salud de la región no les están haciendo análisis ni estudios a las personas afectadas por metales tóxicos. “Solamente les han hecho la prueba del covid, y han salido negativo, pero no les han hecho ningún otro tipo de prueba para saber que enfermedad podrían estar desarrollando las personas”, finalizó.

 

 

Entrevista al dirigente rondero Wilber Palomino, presidente de las rondas campesinas de la provincia de Melgar, región Puno. La organización agrupa a 8 mil ronderos de todas las comunidades de la provincia y actualmente se encuentra en cuarentena porque uno de los ronderos con los que controlaba las tranqueras para el ingreso de las personas retornantes en la frontera de su provincia, contrajo Covid-19.

¿Cómo han enfrentado la pandemia del Covid-19 en su territorio?

Desde el inicio de la cuarentena, muchas bases empezaron a tomar la decisión de poner a salvo nuestro territorio frente a la pandemia que se estaba extendiendo, en pleno derecho de nuestras funciones de acuerdo al convenio internacional 169 de la OIT y la Constitución. Nadie nos dijo: háganlo. Tomamos la decisión de acuerdo a nuestros principios como organización autónoma rondera. La PNP nos señaló que no podíamos ejercer control territorial porque ellos eran los encargados de acuerdo a los decretos supremos emitidos por el gobierno. Luego de una tensión con ellos porque no querían reconocernos como autoridades comunales de nuestros pueblos indígenas, llegamos a un acuerdo con ellos, el serenazgo y el ejército.

¿Han tenido contagiados en la organización rondera?

Muchos ronderos han sido infectados lamentablemente. Hemos tomado el control día y noche de las tranqueras que hemos puesto en las fronteras de la provincia y, por ejemplo, un compañero que hacía la ronda conmigo se contagió, y ahora estoy haciendo la cuarentena preventiva.
Somos la primera línea de choque, por eso nos hemos contagiado, porque hemos estado controlando y ayudando a nuestros hermanos que retornaban de otras regiones a la provincia de Melgar. Ahora se genera otra necesidad grande: muchos de ellos llegaban con su mochila nomás y su pasaje. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Como rondas participamos en los comandos covid de los distritos de la provincia y estamos planteando varias medidas para que los gobiernos locales y el gobierno regional lo implementen.

¿Qué medidas están planteando?

Planteamos desde la ronda que las políticas locales y de reactivación económica tienen que orientarse al sector agrario para que los retornantes a la provincia pueden trabajar las tierras y de esa manera garantizar su alimentación, que es clave para la sobrevivencia. Que se garantice la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, es propuesta de las rondas a nivel de la región y a nivel nacional. El gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales no puede seguir importando alimentos para sus programas sociales, cuando es necesario comprar a nuestros campesinos que han trabajado durante toda la pandemia para garantizar el abastecimiento a todas las ciudades.

Hemos planteado al sector salud que trabaje con nosotros para mapear y saber quiénes son las personas vulnerables para controlar que no se contagien y mueran más personas.
También hemos planteado al gobierno regional que hagan investigación sobre nuestras medicinas naturales. Yo vengo de más de 5 mil metros sobre nivel del mar, conocemos el sasawi, huamanlipa, yarita, pupusa, que son plantas medicinales. Cuando era niño, nunca conocimos una pastilla. Siempre nos agarraban enfermedades, bronquitis, etc, y lo superábamos con esas plantas.

¿La reactivación económica del gobierno ha llegado a sus territorios?

La reactivación económica solo es para los grandes y parece que a los que vivimos en los rincones nunca va a llegar. Seguimos con la larga noche neoliberal. Piensan que esa política de depredar nuestros recursos y entregarlos al extranjero va a reactivar nuestra economía. Nosotros creemos que no es así. Debemos tener una política económica nacional propia. Reactivación económica debe ir al sector agropecuario. Antes se hablaba de cierre de brechas, con esta pandemia se han abierto mucho más.

Por ejemplo: los alpaqueros venden su ganado a precios ínfimos y la fibra de alpaca es revendida a mucho mayor precio. Quienes se llevan la mejor parte son los intermediarios. Igual ocurre con el ganado vacuno. En esta zona en campo compran a mil soles, lo engordan luego y venden a 5mil soles. Proponemos que esos centros de engorde se hagan en las mismas comunidades para que vendan sus animales en los precios reales.

¿Cómo ha funcionado la minería en sus territorios?

La minería ha seguido funcionando en la pandemia. En este distrito, Antauta, ha habido 9 casos de contagiados, 7 eran de la minera Minsur que provocó los otros dos contagios. Su personal que llegaba de afuera, Cusco, Arequipa, entraba con el ejército y rompían nuestras tranqueras. El gobierno piensa que reactivar la economía es regalar nuestros recursos en desmedro de nuestra salud.

¿Cómo están viendo el escenario que se está abriendo con la crisis desde las rondas campesinas?

Ya se está avizorando desde el campo una crisis económica grave. Ha habido un asalto a mano armada de un grifo en el distrito de Umachiri en la provincia, que nunca había ocurrido por aquí. La otra ves también se dio un robo en una casa en otro distrito Los robos habían casi desaparecido por la acción de las rondas. Es un botón de muestra de lo que puede ocurrir en adelante. Eso no existía en nuestra zona.

Estamos coordinando con las autoridades para que haya voluntad política para que den a las rondas sus herramientas correspondientes. Todas las autoridades tienen movilidad, etc. Las rondas no tenemos lo básico para desarrollar nuestro trabajo en este contexto de pandemia.

¿Cómo está la problemática ambiental en la zona?

La contaminación continúa y no hay ningún cambio. El 11 de mayo, en plena pandemia, el río antauta se ha contaminado: 250 truchas aparecieron muertas. El gerente de la minera dijo en la radio: esto nos han sembrado. Por dios, quien puede sembrarle. Los campesinos están encerrados en sus casas. Quien va a ir a regar truchas muertas en los ríos que está lejos. 4 días después llego la ANA, OEFA, el fiscal ambiental para levantar muestras del río. En ese margen de tiempo la contaminación ya debió haber llegado al Titicaca. Es muy tardía la reacción del Estado.

En la provincia de Melgar el año pasado hubo un gran conflicto, la minera Aruntani contaminó la cabecera de cuenca del Llallimayo. En este momento la comunidad de Ayaviri está tomando agua contaminada. En ese territorio las familias tenían plantas queseras, y ahora el río está lodo contaminado al cien. ¿Qué crees que pasa con ellos? Ya no van a tener la producción que tenían. Sus crías están naciendo con malformaciones.

Una madre dijo a los ministros del Ambiente, Energía y Minas, y Agricultura, que llegaron, mi hijo está contaminado con leucemia por la contaminación del río. Si ellos siguen pensando que la reactivación económica va a ser mediante la gran minería, la cosa se pondrá peor en el campo. En nuestra provincia quieren impulsar un proyecto minero llamado Santo Domingo. Esos tres ministros se comprometieron a resolver el problema de contaminación y hasta ahora no hay NADA. La población está planeando hacer una huelga. Si las palabras, firmas de ministros no sirven, de quién más va a valer en el Estado

Por Bladimir Carlos Martinez Ordoñez  / Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno

Durante el período de aislamiento social obligatorio impuesto por el gobierno nacional peruano, imágenes de la naturaleza recobrando su vitalidad y armonía en ciudades con presencia visible de contaminación como Lima y otras, inundaron las redes sociales. Sin embargo, la situación en zonas periféricas y en algunas zonas rurales, especialmente en aquellas seleccionadas para almacenar los residuos sólidos producidos en estas grandes ciudades es distante de la anterior, ya que la ausencia de control, fiscalización y supervisión durante la etapa de aislamiento ocasionó deficiencias en el funcionamiento y operación para la correcta disposición de residuos sólidos. Tal es el caso del proyecto denominado “celdas transitorias de Huanuyo”, construido a partir de dos declaratorias de emergencia por la inadecuada gestión y manejo de residuos sólidos en el distrito de Juliaca, y que solo representa una solución temporal ya que su vida útil alcanzaría un plazo no mayor de 15 meses desde su funcionamiento a finales del 2019. El proyecto en mención resume una historia de emergencias, inadecuada gestión y manejo de residuos sólidos, con impactos ambientales en tiempos de Coronavirus.

Para entender la situación actual de los residuos sólidos en el distrito de Juliaca, y comprender la situación actual del proyecto “celdas transitorias de Huanuyo”, es necesario recordar que el distrito de Juliaca disponía los residuos sólidos municipales en el botadero municipal a cielo abierto ubicado en la comunidad campesina de Chilla desde el 2007, esta etapa viene marcada por innumerables denuncias de organizaciones en defensa del medio ambiente sobre la inadecuada gestión y manejo en dicho botadero, la misma que se evidenciaba con la presencia de malos olores, la contaminación de pozos destinados para consumo humano, la degradación de áreas naturales y ecosistemas[1], ocasionando así, que la Defensoría del Pueblo registre el caso en febrero del 2017[2], y así también organizaciones sociales de base del distrito de Juliaca se unan para solicitar al MINAM la declaratoria en emergencia de la gestión y manejo de los residuos sólidos en el distrito de Juliaca el 17 de enero del 2018. Es así que, se declara en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos en el distrito de Juliaca en un primer plazo de sesenta (60) días y una prórroga de cuarenta y cinco (45)[3], ambas durante el 2018, dando pase a la construcción apresurada como alternativa temporal de corto plazo a las “celdas transitorias de Huanuyo”.

Con estos antecedentes se da inicio a una segunda etapa, la construcción del proyecto denominado “celdas transitorias de Huanuyo”, cuyo funcionamiento inició el 2019. Este proyecto forma parte del plan de acción[4] propuesto por la MPSR para atender la referida emergencia, esta etapa viene enmarcada por diferentes reclamos de Organizaciones Sociales de Base y personas naturales solicitando mayor información sobre las consecuencias que dicho proyecto podría ocasionar en el área directa e indirecta de intervención, dichos reclamos toman mayor sustento cuando se recuerda que el proyecto se ubica a aproximadamente a 50 metros de la quebrada Huanuyo y a menos de 500 metros del río Cabanillas[5], lo que es aún más preocupante cuando se recuerda que aguas abajo existen 4 bocatomas utilizadas para el riego de cultivos con certificación orgánica[6], siendo la más cercana la bocatoma denominada “Cabana-Mañazo-Vilque”[7]. Ante la no atención de los reclamos los solicitantes se vieron forzados a recurrir a información adicional solicitada a otras entidades estatales tal cual consta en la denuncia fiscal 2706015200-2019-139-0[8] y los innumerables oficios dirigidos a otras instancias. A pesar de lo anterior, en fecha 10 de julio de 2018, la MPSR presenta al MINAM el expediente técnico para la instalación de las celdas transitorias en el sector Taya Taya (Huanuyo)[9], y el 13 de agosto del 2018 la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM emite la opinión favorable a las características de la celda transitoria propuesta en el expediente anterior, ambos procesos se dan con normalidad a pesar de problemas preexistentes no solucionados y la existencia de un memorial del año 2016 y reingresado el 2017 con cientos de firmas de personas rechazando el proyecto “celdas transitorias de Huanuyo” como parte del plan de contingencia de la disposición temporal de residuos sólidos de la ciudad de Juliaca, advirtiendo en el mismo que la población no permitirá la continuidad del proyecto, y alertando sobre una “campaña de convencimiento para conseguir la licencia social del proyecto y el incumplimiento de algunos requisitos”[10]. En este punto es necesario resaltar que Organizaciones Sociales de Base y autoridades competentes locales solicitaron en reiteradas ocasiones el expediente técnico del referido proyecto sin posibilidades de acceso. Estos reclamos se unen a los diferentes oficios remitidos por parte de la Municipalidad Distrital de Cabanillas rechazando la construcción del proyecto. Frente a estos reclamos no hubo respuestas claras por parte del órgano ejecutor, desencadenando así protestas fundadas en los antecedentes de desagravios en los que incurrió dicho órgano durante la gestión y manejo del botadero Chilla y los ocurridos desde el anuncio de la construcción del proyecto “celdas transitorias de Huanuyo”. A pesar de lo anterior, en fecha 15 de octubre del 2018 la Dirección General de Residuos Sólidos del MINAM remite a la MPSR un informe[11] poniendo en conocimiento la realización del taller informativo en fecha 28 de setiembre del 2018 llevado a cabo en dicha municipalidad[12]. En este punto es necesario cuestionar si los esfuerzos de los interesados en la implementación de esta “solución temporal” (celdas transitorias de Huanuyo) fueron suficientes y acertados para garantizar y asegurar la participación de las partes afectadas en los talleres informativos, lo que a juzgar por la situación actual y la conflictividad latente no se habría logrado.

A la actualidad y después de diálogos llevados a cabo en diciembre del 2019 y febrero del 2020, el primero en las instalaciones de la MPSR y el segundo en las celdas transitorias de Huanuyo, se logra que el MINAM emita el informe N° 00213-2020-MINMA/VMGA/DGRS atendiendo al memorial del Frente Interdistrital en Defensa del Medio Ambiente (2016), concluyendo en lo siguiente: “el MINAM cumplió en efectuar algunas precisiones respecto al proyecto de la celda transitoria a implementarse, la misma que no está considerada como infraestructura de residuos sólidos. Por tanto, en ese contexto no resultarían aplicables los artículos 109 y 110 del reglamento LGIRS, referidos a la selección del área para las infraestructuras de disposición final y a las condiciones para la ubicación de dicha infraestructura, respectivamente, así como tampoco le resultaría exigible la presentación de un instrumento de gestión ambiental”. Entonces es inevitable cuestionar si los nueve (9) parámetros evaluados por la MPSR en siete (07) áreas como parte del estudio de evaluación de predios[13] son suficientes para garantizar la seguridad ambiental y social del proyecto, asimismo, ¿cómo se garantizará la remediación, control, mitigación y otras medidas que aseguren la seguridad ambiental y social sin un Estudio de Impacto Ambiental?, es evidente que este proyecto se posiciona como una solución temporal de corto plazo ante la ausencia de un relleno sanitario que permita la disposición final adecuada, cabe resaltar que respecto del relleno sanitario se sabe que la fase de inversión del proyecto inició el 2014 a cargo de la Unidad Ejecutora 003 CIGA, y actualmente se están elaborando los estudios definitivos del proyecto para su posterior ejecución. Entonces ¿Por qué a la fecha (2020) no se cuenta aún con un relleno sanitario que permita la disposición final adecuada de los residuos sólidos para el distrito de Juliaca? Algunos recortes periodísticos mencionan que la MPSR se encontraría negociando la adquisición de terrenos para la construcción del tan anhelado relleno sanitario. Sin embargo, los antecedentes en el manejo y gestión del botadero de Chilla (antes) y las celdas transitorias de Huanuyo (ahora) se posicionan como causas principales para que la población rechace las iniciativas presentadas por la MPSR.

Frente a la afectación evidente de derechos fundamentales, Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) viene acompañando el caso desde finales del 2019 a solicitud del Frente Interdistrital en Defensa del Medio Ambiente, y con ello intentar crear nuevos caminos pacíficos en la resolución de conflictos con los líderes y lideresas de las comunidades campesinas y Organizaciones Sociales de Base para el logro del buen vivir y la justicia social.

Esta segunda etapa culmina con esfuerzos por retomar el diálogo entre las partes, con compromisos claros por parte del MINAM y la MPSR para facilitar el acceso a la información y llevar a cabo talleres informativos para facilitar la comprensión y atención al ciudadano, asimismo, se acuerda garantizar la seguridad ambiental del proyecto mediante la elaboración de estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos, los mismos que estarían a cargo de la MPSR, e involucrar a la población afectada en los monitoreos ambientales llevados a cabo por la MPSR, el MINAM se compromete en seguir supervisando el funcionamiento del proyecto.

En esta última etapa, y después de los acuerdos producto del diálogo alcanzado, se suscita la tan temida afectación ambiental. En fecha 20 de marzo del 2020, se produce el colapso de la poza de lixiviados del proyecto en mención, evidenciándose el discurrimiento de lixiviados hacia la quebrada Huanuyo en temporada de avenida y conectando con el río Cabanillas, afluente directo de 4 bocatomas destinadas para riego de cultivos orgánicos. Es así que los pobladores, alarmados por la noticia intentan denunciar los hechos al OEFA y la fiscalía de prevención de delitos ambientales pero los mensajes son los mismos “Estamos cumpliendo las disposiciones del gobierno nacional”, entonces, ¿Cómo se garantiza el bienestar del ambiente en tiempos de Coronavirus?, ¿Habrá sanciones ejemplares sobre lo ocurrido?. Ante los antecedentes de la MPSR es evidente que las sanciones serán necesarias. Este hecho ocurre a no más de 6 meses del funcionamiento del proyecto en mención y a menos de una semana de iniciada la cuarentena nacional, lo que inevitablemente despierta preocupación y alarma sobre las competencias de la Municipalidad Provincia de San Román en el manejo de este proyecto, evidenciándose que debido al confinamiento el MINAM no pudo, ni podrá supervisar el funcionamiento de la obra, acrecentando el temor, la preocupación y el desasosiego de la población frente a lo que temían desde el inicio. En este punto es imperante cuestionarse si la MPSR es competente para garantizar la seguridad ambiental y social del proyecto, así como cumplir con los acuerdos y compromisos tomados durante los diferentes espacios de diálogo, hasta el momento esto parece no encajar con los expectativas locales y regionales sobre la situación.

En conclusión, los antecedentes en el manejo y gestión inadecuada de los residuos sólidos por parte de la MPSR acrecientan la preocupación y zozobra de la población; por lo que es recomendable que la MPSR mejores sus prácticas y la competencia del personal encargado de la labor en mención. Además, se debe comprender la urgencia de contar con un relleno sanitario ya que ante el colapso o termino de la vida útil de las celdas transitorias el destino de los residuos sólidos es incierto, lo que podría reflejarse en un estado de emergencia adicional.

Ante la ausencia de un estudio de impacto ambiental el órgano ejecutor debe elaborar estudios técnicos adicionales (geotécnicos, geológicos, hidrogeomorfológicos, etc.) para garantizar la seguridad ambiental y social de las celdas transitorias.

Sobre el acceso a la información, la MPSR y el MINAM deben mejorar el acceso a la información y ampliar el alcance de los talleres informativos para garantizar la participación de los afectados y así absolver las dudas a tiempo.

Sobre el Coronavirus, acuerdos y compromisos, la MPSR y el MINAM deben encontrar formas de garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos ya que las afectaciones ambientales como el “colapso de la poza de lixiviados” contribuyen a incrementar la mala imagen de la MPSR para con su población.

[1] Extracto del documento “Programa de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos”, Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en el sector Chilla, distrito de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, elaborado por el Ministerio del Ambiente en colaboración con la agencia de cooperación internacional JICA. (pág. 68 y 69)

[2] Reporte de Conflictos sociales N° 187, Defensoría del Pueblo 2019.

[3] Mediante Resolución Ministerial N° 238-2018-MINAM de fecha 23 de junio del 2018 se declara por primera vez en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos en el distrito de Juliaca por un plazo de sesenta (60) días. Y su prórroga de cuarenta y cinco (45) días mediante Resolución Ministerial N° 297-2018-MINAM de fecha 22 de agosto del 2018.

[4] Plan de acción para atender la emergencia de gestión y manejo de residuos sólidos en el distrito de Juliaca, presentado por la Municipalidad Provincial de San Román al MINAM mediante oficio N° 119-2018-MPSR-J/GSPMA/ADB de fecha 28 de junio del 2018.

[5] Acta Fiscal de la constatación fiscal de las celdas transitorias del 10 de diciembre del 2019, presente en la carpeta fiscal N° 139-2019.

[6] Certificado 05863 Japanese Agricultural Standard (JAS) para productos orgánicos a Cooperativa Agro industrial Cabana ltda.

[7] Mapa de principales bocatomas del río Cabanillas del Ministerio de Agricultura y Riego elaborado en Geohidro versión 2.

[8] Denuncia fiscal caso N° 2706015200-2019-139-0 de la dependencia FPEMA-PUNO (NCPP)

[9] Mediante oficio N° 129-2018-MPSR-J/GSPMA/ADB, de fecha 10 de julio del 2018 se presenta expediente técnico para la instalación de las celdas transitorias en la comunidad de Taya Taya al MINAM.

[10] Memorial que rechaza el proyecto “celdas transitorias de Huanuyo” dirigido alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román con fecha 15 de noviembre del 2016, debidamente ingresado a mesa partes de la Municipalidad Provincial de San Román en fecha 17 de noviembre del 2016. Y reingresado el 06 de febrero del 2017.

[11] Mediante Oficio N° 688-2018-MINAM/VMGA/DGRS de fecha 15 de octubre del 2018, se menciona también que la municipalidad

[13] Informe N° 001-2018-JP1/JP2, informe de asistencia técnica de evaluación de predios para la construcción del relleno sanitario y celda transitoria de la ciudad de Juliaca.

Nota redactada por Institución Derechos Humanos Sin Fronteras. La Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas, Paruro, Espinar y Grau (FIDTA-CCHEPG), la FARTAC y la FDDC anunciaron en una conferencia que desde mañana iniciaran un paro indefinido en contra de todas las empresas mineras que hacen uso del corredor minero del sur que atraviesa los territorios de Cusco y Apurímac. Cabe señalar que las medidas de protestas serán escalonadas según lo organice cada comunidad o provincia.

El presidente de la FIDTA – CCHEPG anunció que el pasado 07 de agosto, le hicieron llegar al Presidente de la República, Martín Vizcarra, un documento en el que cual dan por sentadas sus demandas, que no solo involucran a las empresas mineras, sino también al Estado. Dicho documento fue firmado por organizaciones sociales de base, Rondas Campesinas, Frentes de Defensa, Comunidades Campesinas, Organizaciones de mujeres y organizaciones juveniles de las provincias que pertenecen a la Federación.

Además, reafirmaron su plataforma de lucha, cuyas agendas han sido pactadas semanas atrás: Implementación de consulta previa y consentimiento, reconocimiento legal de monitoreos ambientales realizados por las propias comunidades, que se sancione a los jueves y fiscales que promueven la criminalización de dirigentes y eliminación de convenios entre la PNP y empresas mineras.

Otro punto importante en sus pedidos es el archivamiento de las denuncias en contra de lideresas y dirigentes procesados en conflictos sociales, la modificatoria del artículo 200 del Código Penal, el cual señala que se puede procesar a dirigentes por el delito de extorsión, además de la derogatoria de otras leyes que permiten la criminalización de la protesta social.

POR OTORGAR CONCESIONES SIN AVISO

  • Comunidades de Juli y Atuncolla esperan que, por vía judicial, el Estado respete y aplique su derecho a la consulta
  • Estado concesionó el 100% del territorio comunal de Atuncolla sin previo aviso
  • Defensa es asumida por DHUMA y el IDL

En los próximos quince días, la Primera Sala Civil de Puno podría ordenar que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET), cumplan con aplicar el derecho a la consulta previa en favor de las comunidades de los distritos de Atuncolla (Puno) y Juli (Chucuito).

Tanto Quechuas (Atuncolla), como Aymaras (Juli), presentaron una acción de amparo por omisión al derecho de consulta previa, luego que el INGEMMET otorgara concesiones en territorios comunales, en favor de la empresa minera Billinton World Expedition en el año 2011 y Cemento Sur en el 2014, respectivamente.

Recién este 03 de noviembre, los magistrados encargados de llevar este proceso constitucional, recién recibieron a las comunidades en dos audiencias públicas para la vista de causas (conocimiento de motivos de los casos).

Caso Chila Pucara y Chila Chambilla

La primera audiencia pública, fue concedida a las comunidades Chila Pucara y Chila Chambilla (Juli, Chucuito), en donde por primera vez, un representante comunal pudo dirigirse al presidente de una Sala Civil.

«Queremos justicia, queremos que la ley nos proteja a nosotros como comunidad originaria. Nosotros vivimos en el campo, de nuestra agricultura y ganadería. Con esto prácticamente nos están discriminando y nos están matando con la minería», manifestó Laureano Apaza, dirigente de Chila Pucara.

A su turno, la defensa asumida por el abogado Juan Carlos Ruiz (Instituto de Defensa Legal, IDL) solicitó la nulidad de la concesión minera –no metálica- que le ha restado 1000, de las 1600 hectáreas (has) del territorio ancestral de Chila Pucara. Al igual que a Chila Chambilla que, hoy en día, vive con la mitad de sus tierras concesionadas (1000 de 2000 has).

«El procedimiento de concesión es nefasto. Ya que se expiden concesiones sin notificar a los afectados. A lo mucho se publican anuncios en el periódico que no especifican qué comunidades son afectadas, ni donde quedan las concesiones, solo colocan cuadrículas técnicas», indicó Ruiz Molleda.

Durante su exposición, el abogado recordó a la Sala, que el artículo 17.3 del Convenio 169 de la OIT, señala que no se puede aprovechar el desconocimiento de los pueblos acerca de las normas, para despojarlos de sus territorios.

“El otorgamiento de concesiones mineras, de espaldas a las poblaciones afectadas, están causando mucha conflictividad social en nuestro país. Lo lesivo, no es la concesión en sí, sino la omisión de un derecho que es la Consulta Previa», aseveró.

Asimismo, remarcó que las comunidades demandantes, no han caído en la tentación de recurrir a mecanismos de violencia y de confrontación para resolver sus conflictos, sino que han decidido acudir al Poder Judicial porque están convencidos de llegar a una solución bajo mecanismos institucionales.

Tras reiterar el pedido de admisión de demanda, la defensa de Chila Pucara y Chila Chambilla, dijo considerar que este problema le corresponde resolver a los jueces, ya que no es resuelto por el poder político (Ejecutivo).

Caso Atuncolla: 2 a 1

El caso de Atuncolla es complicado, si se toma en cuenta que los tres vocales que vieron el caso, no se ponen de acuerdo. Dos de ellos, revocaron la sentencia que declaró infundada –en primera instancia- la demanda de amparo presentada por las comunidades; mientras que el tercero desaprueba esta resolución de sus colegas magistrados.

Ante esta situación se convoca a un cuarto vocal para dirimir y solucionar este caso.

Al igual que las comunidades del distrito de Juli, Atuncolla solicitan que se suspendan los efectos de la resolución de las concesiones mineras en favor de la minera Billinton, que en el 2011 obtuvo la titulación del 100% de sus territorios. Hecho que supieron de manera extraoficial.

Durante la segunda audiencia del 03 de noviembre, el vocal dirimente, no permitió que ningún representante de las 11 comunidades de Atuncolla, pueda dirigirse a él.

«Para el otorgamiento de concesiones mineras superpuesta sobre el 100% de las tierras de las comunidades demandantes, no se ha tomado en cuenta la existencia de comunidades campesinas, ni de templos, ni de restos arqueológicos declarados patrimonio cultural de la Nación, como son las chullpas blancas, Sillustani, ni cabeceras de cuenca, entre otros», dijo el abogado defensor Cristóbal Yugra, durante su exposición de hechos.

Ante el vocal dirimente, la defensa insistió en que si bien la Ley de Consulta Previa (Ley N° 29785), no estaba promulgada en mayo del 2011; el Convenio 169 de la OIT se superpone, por estar vigente en nuestro país, desde 2 de febrero del 1995.

Demoras en los procesos

En opinión del abogado, José Bayardo de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA Puno), ambos procesos están demorando más tiempo de lo establecido en los códigos procesales constitucionales.

Refirió que la demanda de Acción de Amparo del caso Atuncolla, fue presentada en el 2012 y admitida en primera instancia, sin embargo, ahora está en segunda. En cuanto a Chila Pucara y Chila Chambilla, su demanda se presentó en el 2014, y dos años después, recién se está llevando a cabo una audiencia para resolver este caso.

“Si la resolución resulta contraria, tendremos que recurrir al Tribunal Constitucional para seguir haciendo valer estos derechos”, adelantó.

DATOS:

Expediente N° 163-2016 corresponde a la demanda de las Comunidades Aymaras de Chila Chambilla y Chila Pucara (distrito de Juli, provincia de Chucuito).

Expediente N° 01846-2012, corresponde a la demanda de 11 comunidades de Atuncolla (Palamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Ticani pampa, San José principio de Santa Cruz, Virgen soledad Cochela, San Gerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico).

Fuente / fotos: Comunicaciones RED MUQUI

EN PUNO

  • Estado otorgó en concesión el 100% de sus territorios y omitió aplicación de consulta previa
  • Según código procesal del TC, resolución de este caso debió salir en menos de una semana

La comunidad campesina La Arboleda (distritos de Tiquillaca y Atuncolla, Puno), lleva esperando cuatro años para que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva la demanda de amparo que presentaron por omisión de consulta previa luego que el Estado otorgara el 100% de sus territorios a concesiones mineras, sostuvo el abogado de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) y representante legal, Rodrigo Lauracio.

En ese sentido, el defensor legal de La Arboleda indicó en Ideeleradio que las comunidades demandantes comprenden que la vía legal de proceso constitucional tiene una demora; sin embargo, el TC después de revisar la causa, debió resolver en un máximo de cinco días, según lo preceptuado en el Código Procesal Constitucional.

“El TC no resuelve y ya han pasado cuatro años. Nosotros desde aquí exhortamos para que se resuelva esta causa. Este no es el único caso, también tenemos el caso de La Arboleda de San José de Llungo del distrito de Atuncolla, que también lleva esperando desde el 2014”, refirió Lauracio.

Por su parte, la dirigente de la Comunidad Arboleda, Zenobia Cruz, que presentó la demanda de amparo ante el TC exigió celeridad.

“Yo le pediría al TC resuelva estos casos, no entendemos por qué demora. Yo, cuando regrese a mí comunidad campesina La Arboleda del distrito de Tiquillaca, la gente va a pensar que les mentí, porque han pasado cuatro años y todavía no tenemos una solución, yo le pido al TC que falle pronto a favor de nosotros”, solicitó en entrevista con Ideeleradio.

Con el caso de La Arboleda, se logró denunciar la existencia de políticas públicas que niegan derechos, así como la ausencia de políticas de protección de derechos de sectores de la población. Ello, a través del reclamo de un sector de la población vulnerado en sus derechos humanos y territoriales, ya que el Estado había otorgado en concesión el 100% de sus tierras a favor de empresas mineras.

En diálogo con RED MUQUI, Rodrigo Lauracio de DHUMA, recordó que la Comunidad La Arboleda interpuso una acción de amparo en setiembre del 2011, por afectación a la consulta previa, al derecho al territorio, a los recursos naturales, al agua y otros derechos contemplados.

Ante esta situación, las comunidades campesinas decidieron organizarse y presentar varias demandas contra Ministerio de Energía y Minas (MEMO) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, además de solicitar al juez, la realización de un proceso de consulta previa, respecto a las concesiones mineras que estaban en sus territorios. De igual modo, las concesiones mineras fueron revocadas en Puno tras la presentación de la demanda de amparo por omisión del derecho a la consulta previa.

En respuesta, las concesiones quedaron sin efecto, luego que los titulares de las mismas no renovaran el pago por derecho de vigencia.

DATOS:

  • Se trata de las demandas presentadas primero por la comunidad Arboleda del distrito de Tiquillaca, luego por la comunidad San José de Llungo del distrito de Atuncolla y en tercer lugar por 11 comunidades campesinas de todo el distrito de Atuncolla de la región Puno.
  • Las comunidades del distrito de Atuncolla no solo defendían sus tierras y los recursos naturales de estas, sino el íntegro del complejo arqueológico de Sillustani.
  • Según DHUMA, hasta el 2011 el 39% del territorio puneño fue otorgado en concesiones

 

Fuente: Justicia Viva / Ideeleradio

Video / Foto: Comunicaciones RED MUQUI