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Dos muertos y diez  heridos fue el saldo del deslizamiento de un cerro en la zona conocida como Cumbre del distrito Coasa, provincia Carabaya, donde existían alrededor de 15 campamentos de mineros artesanales, según se informó desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Puno.. En los días previos se habían dado fuertes lluvias que, junto a obras viales que se realizaban por la zona, habrían facilitado el deslizamiento posterior de tierra y piedras.

Asimismo, se logró rescatar a 30 trabajadores de la mina Caimán, cuyas instalaciones también resultaron afectadas.

Los heridos de gravedad fueron identificados como Cristhian Gutiérrez Pachacútec (22), Víctor Rafael Gutiérrez Pachacútec (21) y Roxana Quispe Turpo (26). Se descartan personas desaparecida tras el deslizamiento.

Por otro lado, según informó a los medios de comunicación el jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad del Gobierno Regional de Puno, José Luis Paredes Paredes, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Carabaya y la asistencia técnica de la Dirección Desconcentrada de INDECI-Puno, se entregaron bienes de ayuda humanitaria, consistente en 20 frazadas, buzos polares, casacas térmicas, chompas de lana, camas, colchones y kits de herramientas, complementando la atención brindada por la Municipalidad Distrital de Coasa como primer nivel de atención.

Intermitentes declaratorias de Estados de Emergencia y abundante evidencia por parte de organismos estatales de altos niveles de contaminación, de importante fuente de agua de al menos 50 mil personas, no han mejorado la situación.

Pobladores expuestos a metales pesados por la contaminación de la cuenca Coata, ingresarán a un paro indefinido desde el 8 de noviembre, debido al incumplimiento de compromisos de remediación de la cuenca y atención de salud a personas con mercurio, arsénico y otras sustancias tóxicas.

Félix Suasaca, presidente del frente de defensa unificado en contra de la contaminación de la cuenca coata, manifestó que la medida de protesta social es para exigir la inmediata ejecución de las pozas de oxidación y una cámara de filtración para mitigar el ingreso de aguas servidas de la ciudad de Juliaca al río Torococha y posteriormente al rio Coata, en el marco del plan de acción de la municipalidad de San Roman y Seda Juliaca.

Asimismo, exigirán la implementación del plan de acción elaborado por el gobierno regional de Puno para atender a más de 50 mil personas expuestas a metales pesados, en temas de salud, ambiente, educación, vivienda y agricultura. De la misma forma, solicitaran la publicación de la resolución suprema 02-2020 PCM que reconoce el plan de acción del gobierno nacional que involucra a los ministerios de salud, energía y minas, ambiente, educación y vivienda.

Las evidencias de la contaminación de la cuenca del río Coata son refrendadas por varios organismos estatales, entre ellos la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Sus muestras evidencian alarmantes concentraciones de metales tóxicos y microorganismos que superan ampliamente los Límites Máximos Permitidos y los Estándares de Calidad Ambiental establecidas por las autoridades correspondientes.

Como consecuencia de esta contaminación, el pasado 28 de setiembre, mediante el Decreto Supremos 158-2021-PCM, el gobierno nacional declaró en Estado de Emergencia por un plazo de 60 días, los distritos de Coata, Huata, Capachica de la provincia de Puno y distrito de Caracoto de la provincia de San Roman, región de Puno, por existir peligro inminente de contaminación del agua de consumo humano. Sin embargo y a pesar de que las razones de la polución no han sido subsanadas, el gobierno ha vuelto a levantar el Estado de Emergencia.

Ante esta medida, los dirigentes de frente de defensa de los distritos mencionados, manifestaron estar cansados con las declaratorias de emergencias, mesas técnicas, compromisos y planes de acción, sin resultados favorables para la población afectada por la contaminación. En ese sentido indicaron que no levantarán la medida de fuerza hasta que el presidente Pedro Castillo Terrones y la presidenta del Consejo de Ministros estén presentes en la zona para dar solución definitiva al tema.

Organismos defensores de Derechos Humanos han constado la evidencia de actos intimidatorios y de criminalización en contra de integrantes de los Frentes de Defensa.  No obstante que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos ha solicitado acciones al gobierno peruano poner fin a cualquier acto de criminalización en contra de los defensores de derechos humanos de la cuenca del río Coata. Adicionalmente, se evidenciaron actos de criminalización en contra de los dirigentes principales de los Frentes de Defensa, con la aparente intención de paralizar el pliego de reclamos de la población expuesta a metales pesados.

Si bien la contaminación se evidenció en estudios desde el 2015, la problemática socio ambiental se inicia mucho antes. Además, se observa que la respuesta del gobierno a los resultados alarmantes de la contaminación demora cuatro años, y recién después de cinco se realizan análisis en sangre y orina de las personas expuestas.

Cabe señalar que, las fuentes contaminantes podrían estar distribuidas en la zona alta, media y baja de la cuenca Coata cuya extensión es de 5,548.5 km2 y alberga alrededor de 221,097 habitantes, de los cuales cincuenta mil serían los más afectados ya que viven en la en la zona baja de la cuenca.

Por último, a pesar de que no hay claridad sobre los mecanismos para enfrentar la situación de afectación que ha sido calificada por el Instituto de Defensa Civil (INDECI) de  Muy Alto Riesgo, las declaratorias de estado de emergencia se han dejado de emitir. A ello se suma que el proceso para la elaboración de un Plan de Acción Integral para atender la problemática aún es incipiente. Para asegurar que este plan aborde problemas estructurales de la contaminación ambiental, se requiere una discusión amplia, y la participación de sectores privados (ONGs) y estatales que garanticen un abordaje integral y consecuente de la problemática.

Por: Bladimir Martínez – Equipo técnico de DHUMA-Puno

El pasado 28 de septiembre, el ex premier, Guido Bellido arribó a la cuenca Llallimayo,  anunciando durante su presentación “… que la declaratoria de emergencia – (de la cuenca Llallimayo) se dará inmediatamente y posteriormente se iniciará el proyecto de la planta de aguas ácidas …”[1]. Sin embargo, esta declaratoria no se implementó desde el gobierno a través de una resolución en los días posteriores. El alcalde distrital de Llalli de la provincia de Melgar – Puno, Jacobo Rojas, señala que se reunió el 8 de octubre con la nueva presidenta de la PCM, Mirtha Vásquez, y ella le habría dicho que las promesas de Bellido no podrían cumplirse[2].

Las promesas realizadas por el ex premier son en realidad pedidos que las poblaciones afectadas por Aruntani S.A.C solicitan hace más de 15 años. Tal como menciona el alcalde distrital de Llalli: “Hace más de 15 años estamos así, todos los gobiernos nos pasearon con mesas de trabajo. Queremos que el ministro nos resuelva este problema, con la ejecución de una planta de aguas ácidas y con la declaratoria de emergencia de la cuenca, porque nosotros vivimos de la ganadería. Vamos a iniciar una huelga indefinida y los alcaldes acataremos una huelga de hambre si no cumplen los acuerdos”[3].

Los antecedentes de la contaminación causada por la unidad minera Arasi, datarían desde el 2007 según testimonios de pobladores locales, pero recién desde el 2014 el OEFA evidenció la presencia de ríos aledaños a las operaciones de Aruntani con pH ácido y con parámetros que superaban los ECA. Sin embargo, desde aproximadamente el 2016, la responsabilidad de Aruntani S.A.C en la situación ambiental de la cuenca Llallimayo se hacía más evidente, obligando al OEFA a otorgar medidas preventivas contra Aruntani S.A.C para prevenir la contaminación, pero ya era muy tarde.

Un año después (2017) se detectó la presencia de Al, As, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni y Zn, provenientes del botadero Jessica en dirección a la quebrada sin nombre, tributario de la quebrada Luchusani. Asimismo, los deslizamientos del tajo Jessica y la apertura de accesos generarían materiales que se incorporan al medio acuoso producto de la erosión y escorrentías, permitiendo la deposición de los metales[4]. A pesar de las pruebas contundentes, Aruntani S.A.C presentó un recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 009-2017OEFA/DS del 31 de enero de 2017, referida a la responsabilidad objetiva de Aruntani. El 2017, los recursos presentados por ARUNTANI fueron declarados como IMPROCEDENTES e INFUNDADOS, y de esta forma se confirmaron las medidas preventivas contra Aruntani S.A.C.[5]

Por lo anterior, es evidente que el sistema de gestión ambiental nacional es deficiente en tanto los monitoreos de la calidad del agua realizados por instituciones gubernamentales no concluyen otorgando responsabilidades de la contaminación, sino hasta que la afectación es visible y la remediación casi inalcanzable. Además, es evidente que ante actos de contaminación nuestras vidas están desamparadas, mientras los culpables arguyen con estrategias legales y técnicas inocencia. La problemática ambiental de la cuenca Llallimayo es una muestra de que encontrar un culpable, no garantiza la implementación de medidas para salvar vidas, pues en Llallimayo no existe una planta de tratamiento de aguas acidas y metales pesados cinco años después de haberse demostrado la afectación de los ríos, y pese a haberse determinado la responsabilidad de Aruntani S.A.C.

 

[1] https://www.noticiasser.pe/autoridades-de-melgar-advierten-al-premier-bellido-que-haran-una-huelga

[2] https://www.facebook.com/alex.ariandk.3/videos/436774591356133

[3] https://www.noticiasser.pe/autoridades-de-melgar-advierten-al-premier-bellido-que-haran-una-huelga

[4] INFORME N° 077 – 2017 – OEFA/DE-SDLB-CEAME

[5] RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 037 – 2017 – OEFA/DS

 

El año 2016 mediante Resolución Directoral N° 037 – 2016 – OEFA/DS, se constató la existencia de dos pozas dentro de la unidad minea Arasi (ubicada en la cuenca Llallimayo) que contenían sedimentos finos; determinándose a partir de estas últimas la afloración de agua con un valor de pH de 3,78 (característica acida) que discurría superficialmente por el suelo hacia la quebrada Lluchusani. Es de esta forma que el gobierno, mediante sus instituciones correspondientes, evidenció la contaminación que habría impactado negativamente en la vida de los pobladores locales desde hace muchos años atrás.

El mismo año se resolvió ordenar una medida preventiva contra Aruntani S.A.C, ordenando la paralización inmediata de las pozas con geotextil hasta obtener la certificación ambiental, así como detener por completo la descarga de agua ácida que discurría hacia la quebrada Lluchusani. Asimismo, se ordenó a Aruntani S.A.C colectar y tratar el agua ácida producto del afloramiento detectado en sus componentes dentro de su unidad minera; además, también se dictaminó que Aruntani debería adoptar medidas de remediación respecto al suelo sobre el cual el agua ácida discurrió hasta la quebrada Lluchusani[1], remediación que no pareciera haber tenido frutos.

A pesar de las múltiples evidencias de contaminación, Aruntani S.A.C no cumplió con ejecutar la medida preventiva ordenada en el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 037-2016-OEFA/DS consistente en el retiro inmediato de la tubería de polietileno ubicada en la poza de homogenización que discurría hasta el río Chacapalca[2], con pH ácido proveniente de la zona Andrés, determinándose entonces el “alto riesgo de daño sobre la flora y fauna acuática aguas abajo de dicha instalación”[3]; daño que no tardaría en exterminar la fauna acuática de los ríos receptores.

La información sobre la contaminación provocada por Aruntani S.A.C es abundante a la actualidad, inclusive el 2019 la ex ministra del ambiente, Lucia Ruíz, ordenó la paralización definitiva de las operaciones de la unidad minera Arasi. Sin embargo, aún en agosto del 2021 la coloración rojiza de los ríos provenientes de lo que antes fue la unidad minera Arasi, sigue tan viva como en las fotografías de los años pasados; lo que indudablemente nos hace cuestionar la actuación del gobierno peruano cinco años después de demostrar la contaminación provocada por Aruntani S.A.C, que por cierto continúa manteniendo concesiones mineras en diferentes partes del Perú. Además, los avances para lograr una remediación idónea de los ríos impactados negativamente parecieran depender de una mesa de diálogo de tres componentes y una declaratoria de emergencia ambiental; que como es bien sabido, son de larga duración y escasa eficiencia. Esto mientras los pobladores locales sufren día a día el avance del tinte rojizo que, a su paso, pareciera exterminar lo que toca.

[1] Resolución Directoral N° 037-2016-OEFA/DS-MIN

[2] Resolución Directoral N° 009-2007-OEFA/DS

[3] Resolución Directoral N° 037-2016-OEFA/DS-MIN, página 08.

Por: Bladimir Martínez

Equipo técnico de DHUMA-Puno

Ante el retraso en la aprobación y ejecución del Plan de Acción Integral Multisectorial de la cuenca del río Coata, como resultado de la Mesa de Diálogo denominada “articulación de las acciones gubernamentales a nivel nacional, regional, local para la atención de la problemática de la cuenca del río Coata a favor de los distritos Coata, Capahica, Huata, Caracoto y Paucarcolla en el departamento de Puno”, cuyo vencimiento es el 15 de julio, y el retraso en la ejecución del plan de acción de descontaminación, mitigación y remediación aprobado en marzo del 2021 por el Gobierno Regional de Puno; los pobladores de la cuenca del Coata, expuestos durante años a metales tóxicos, contaminantes biológicos y a la pandemia del Coronavirus, adoptaron medidas de lucha desde el lunes 12 de julio por un lapso de 48 horas para solicitar la aprobación inmediata de los proyectos ganaderos, aprobación y ejecución de los proyectos de saneamiento básico de agua en los distritos afectados, la aprobación del plan de acción integral multisectorial de la cuenca Coata, la inmediata ejecución del plan de acción aprobado por el Gobierno Regional de Puno, y el cese inmediato de actividades mineras en la cabecera de la cuenca del río Coata.

Al cierre de la presente nota, los pobladores y dirigentes de los diferentes Frentes de Defensa de la cuenca del río Coata mantenían bloqueadas el sector de Caracoto, vía que conecta las ciudades de Puno y Juliaca

 

 

 

Por: Bladimir Martínez
Equipo técnico de DHUMA-Puno

El pasado 17 de Junio, pobladores de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri de la provincia de Melgar, fueron testigos nuevamente (situación que se repite desde el 2010) de la coloración rojiza del agua proveniente de la cabecera de cuenca del rio Llallimayo donde opera la empresa Aruntani S.A.C, que en el 2019 según lo dictaminó la ex ministra del ambiente, Lucia Ruíz, debió paralizar definitivamente sus operaciones debido a la contaminación probada según información del OEFA y ANA. Por lo anterior, las medidas de protesta reiterativas de la población afectada se reinician por un plazo de 48 horas desde el 21 de junio.

Puno: Paro de 48 horas por contaminación permanente de la minera Aruntani

A pesar de la existencia de informes presentados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) desde el 2016 que vinculan a la empresa minera Aruntani S.A.C con la contaminación producida en la cabecera de cuenca del río Llallimayo, advirtiendo la presencia de metales como el aluminio, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, arsénico que superan que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y suelo, y concentraciones elevadas de mercurio, plomo y arsénico en sedimentos[1]. Así como también, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) muestra que las aguas de la zona alta de la cuenca del río Llallimayo donde opera la empresa minera Aruntani S.A.C, presentan valores elevados de acidez y además se encuentran contaminadas por metales pesados como el aluminio, arsénico, berilio, litio, magnesio, hierro, cobalto, cobre, cadmio y plomo[2]. Sin embargo, “a la fecha no se inició la construcción de plantas de tratamiento para el abordaje de la problemática ambiental que se encuentra dentro del plan de acción aprobado en el 2019 para remediar la contaminación de la cuenca Llallimayo” según refiere la vicepresidenta de mujeres artesanas del distrito de Llalli, Margarita Machaca.

Por último, a pesar de la instalación de mesas de diálogo y mesas de trabajo desde el 2016, la solución de esta problemática ambiental que aqueja a miles de pobladores de la cuenca Llallimayo pareciera estar lejos de la solución. Según el presidente de la Junta de Usuarios Ramis, Edwin Díaz, debido al incumplimiento sistemático del ejecutivo se solicita que la Presidencia del Concejo de Ministros presida una visita a la zona y atienda la problemática de la cuenca Llallimayo, el retiro definitivo de la empresa minera Aruntani S.A.C, y la implementación del plan de acción aprobado el 2019 para remediar la contaminación, este último contempla tamizajes, acciones de remediación y mitigación de la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, entre otras. Al cierre de este informe los pobladores mantenían bloqueada la vía panamericana que conecta Puno y Cusco en la zona de Ayaviri.

Plataforma de lucha Paro en Puno 2021

[1] Informe N° 100-2016-OEFA/DE-SDB-CEIA

Informe N° 054-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

Informe N° 077-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

[2] Informe Técnico N° 050- 2015-ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 004- 2016- ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 100- 2016- ANA-AAA-SDGCHR.TIT

Informe Técnico N° 007- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 020- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 038- 2017- ANA-AAA.SDGCRG.TIT

Informe Técnico N° 138- 2017- ANA-TIT/HLH

 

De acuerdo a la Mesa de Diálogo (semipresencial) en el marco de la Articulación de las acciones gubernamentales a nivel nacional, regional y local para la atención de la problemática de la cuenca del río Coata, llevada a cabo el 06 de mayo en el auditorio de la Dirección Regional Agraria de Puno donde representantes de la Presidencia del Concejo de Ministros, ministerio de Ambiente, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda y Construcción, asimismo dirigentes y autoridades de la cuenca Coata, acordaron abordar la problemática ambiental y salud de la cuenca Coata en dos grupos.

El grupo de salud, liderado por el Ministerio de Salud (MINSA) y Dirección Regional de Salud de Puno (DIRESA), acordaron impulsar el grupo de trabajo desde el 13 de mayo en las instalaciones de la Dirección Regional Agraria de forma semipresencial para elaborar el Plan de Acción de Atención para los afectados y afectadas por metales pesados. Motivo por el cual los dirigentes de la cuenca del río Coata, se constituyeron para impulsar el desarrollo de la agenda propuesta. Sin embargo, al constituirse para participar de esta reunión, después de viajar desde Coata hacia Puno, fueron desairados por los funcionarios de salud al no encontrarse estos de forma presencial. Por lo que, representantes del MINSA al no noticiar a tiempo acerca de los cambios en la modalidad de la reunión, propusieron que los dirigentes asistan de forma virtual, cuando estos se encontraban en un parque, sin contar ellos con las condiciones necesarias de bioseguridad y tecnológicas para plantear sus pedidos.

El incumplimiento de este acuerdo, ocasionó que los dirigentes abandonen la reunión virtual en su totalidad, para posteriormente manifestar su descontento y anunciar una movilización masiva indeterminada. Las razones según detalla el presidente del Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca Coata, Félix Suasaca Suasaca son: 1) el desinterés de las autoridades del sector salud para elaborar y ejecutar el Plan de Acción de atención a los afectados y afectadas por metales pesados, y 2) las pocas garantías que la plataforma virtual brinda, ya que personas sin representación se infiltran con facilidad.
Por lo anterior, dirigentes de la sociedad civil anunciaron que los pobladores afectados acataran un paro indefinido desde el 02 de junio del presente año para exigir a las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), puedan atender a sus demandas planteadas con celeridad, siendo la demanda principal llevar a cabo reuniones presenciales en las zonas afectadas.

Antecedentes

Las protestas sociales pacíficas fueron emprendidas por los habitantes de la cuenca baja del río Coata, en noviembre y diciembre del 2020. Medida de protesta que dio resultado en 15 diciembre del mismo año la instalación de una Mesa de Dialogo entre las autoridades de la PCM y afectados por la contaminación del río Coata con metales pesados. Esta reunión duró más de 16 horas, arribando a 12 acuerdos, las mismas que fueron asumidas por la PCM para su cumplimiento.
Entre los acuerdos se destacaba la constitución de una mesa de trabajo de salud, liderada por Ministerio de Salud (MINSA) y Dirección Regional de Salud Puno (DIRESA), que tiene como responsabilidad la evaluación gradual de metales pesados en la población de la cuenca del río Coata entre enero y marzo de 2021. Adicionalmente, este grupo debía remitir un cronograma compartido entre MINSA y DIRESA para la implementación de equipamientos y personal en los establecimientos de salud ubicados en la cuenca Coata por parte del Gobierno Regional de Puno, mientras se llevaba a cabo la asistencia técnica por parte del MINSA.

¿Cuáles son los avances de estos acuerdos?

De acuerdo, a la mesa de diálogo llevada a cabo el 06 de mayo en el auditorio de la Dirección Regional Agraria de Puno, en el marco de la Articulación de las acciones gubernamentales a nivel nacional, regional y local para la atención de la problemática de la cuenca del río Coata, a favor de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, con presencia de los ministerios de Ambiente, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda y Construcción, los avances serían los siguientes:

1) Sobre la evaluación gradual de metales tóxicos:
La representante de MINSA, Dr. Yaneth Moreno, manifestó que, en enero del presente año, se realizaron tamizajes de orina a 279 personas de Coata, Huata y Capachica sobre metales pesados, los resultados muestran que 223 personas tienen arsénico en el organismo. También en Caracoto se realizaron tamizajes a 115 personas, de las cuales 89 tiene arsénico en el cuerpo.

2) Sobre la asistencia técnica:
El MINSA informó que capacitó a 106 profesionales entre médicos y nutricionistas del Equipo Multidisciplinario para atender a personas expuestas a metales pesados, capacitación que estuvo a cargo del representante de CENSOPAS, Dr. Yony Astete. Asimismo, se capacitó al personal técnico de salud sobre la identificación de signos y síntomas por exposición a arsénico, a cargo de Melinda Valdivia, Toxicóloga Clínica.

Próxima reunión

Los representantes de la PCM junto a los asistentes acordaron que las próximas reuniones se llevarían a cabo en dos grupos: 1) grupo de trabajo de salud, integrado por alcaldes de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, DIRESA y MINSA, cuya reunión se programó para el 13 de mayo y 2) grupo de trabajo de proyectos de saneamiento, cuya reunión se programó para el 14 de mayo.

Compartimos la nota de prensa del Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y el Lago Titicaca:

Los pobladores de los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca ingresamos a un paro indefinido desde el 9 de noviembre de 2020, para exigir al gobierno nacional y gobierno regional la atención inmediata ante la contaminación de la cuenca del río Coata y consecuente grave afectación a la salud de las personas.

Desde la publicación de los resultados de los análisis de orina a 55 personas en los distritos de Coata, Huata y Capachica, donde se confirmaron 32 personas con arsénico y 2 personas con arsénico y mercurio en su organismo.

Se convocaron a numerosas reuniones a las autoridades del Ejecutivo nacional para abordar la problemática de la afectación a la salud humana que genera la contaminación del río Coata, sin embargo, dichas autoridades no muestran interés en conformar mesas de trabajo para iniciar acciones inmediatas de atención médica a favor la población afectada, así como demás actuaciones en el corto, mediano y largo plazo.

A pesar que desde mayo de 2019 se viene dando la declaratoria de Emergencia, la misma que fue ampliándose por novena vez hasta noviembre 2020, con esta declaratoria no se obtuvieron resultados concretos para la mejora en la calidad de vida y buen vivir de los pobladores afectados con metales tóxicos, ni en la recuperación de su salud.

EXIGIMOS:

  • Construcción y Saneamiento en agua potable, ampliación de dotación de agua potable de calidad y en cantidad por cisternas a todos los pobladores afectados de la cuenca Coata.
  • Inmediata implementación de un plan de diagnóstico, atención y tratamiento integral para las personas afectadas con metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas toxicas en sus organismos.
  • Presencia de médicos especializados para la atención integral especializada a personas con metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas toxicas; la construcción y equipamiento de centros de salud con laboratorios especializados en metales pesados.
  • Presencia del Ejecutivo nacional como la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Ministerio Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Vivienda y Construcción, y el reconocimiento mediante un decreto supremo de la PCM, a la mesa técnica multisectorial de la cuenca del río Coata que viene funcionando desde el 2014; la instalación de una mesa de salud de metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en la cuenca Coata.
  • Exigimos que los órganos responsables de la fiscalización y sanción como Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Dirección Regional de Energía y Minas, Autoridad Nacional del Agua y Ministerio Público sancionen e impidan la contaminación de la cuenca del río Coata.
  • Exigimos la implementación inmediata del Convenio de Minamata para la prohibición del uso de mercurio en actividades mineras en la cuenca del río Coata.
  • Exigimos la prohibición normativa de la dación de concesiones mineras en la cabecera del río Coata y cabeceras de cuenca a nivel local, regional y nacional.

Por estas razones realizaremos una conferencia de prensa virtual este jueves 5 de noviembre a las 11am, que será transmitida en vivo a través del facebook de la Red Muqui y la CNDDHH.

CONVOCA:

  • Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y el Lago Titicaca.
  • Frente de Defensa Contra la Contaminación de la Bahía del Lago Titicaca del Distrito de Capachica
  • Frente de Defensa Contra la Contaminación de la Cuenca del Río Coata
  • Frente de Defensa Contra la Contaminación de la Bahía del Lago Titicaca del Distrito de Huata
  • Frente de Defensa del Distrito de Caracoto
  • Frente de Defensa Contra la Contaminación del sector de Chilla del Distrito de Juliaca

 

Puno, 04 de noviembre de 2020

Frente a las protestas de los dirigentes y pobladores de la cuenca del Coata y la carta que enviaron las autoridades locales y los dirigentes a la PCM; el secretario de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eddy Alexis Ormeño Caycho, emitió un oficio de invitación el 6 de octubre a representantes de los Ministerios de Salud, Ambiente, Vivienda y Energía y Minas; gobernador regional y alcaldes provinciales de Puno y Juliaca; y de los distritos: Coata, Caracoto, Huapa, Capachica y Chilla de la cuenca del Coata, para sostener una reunión el 13 de octubre con el objetivo de tratar la problemática de salud humana y ambiental, tras la confirmación de 34 personas con arsénico y mercurio por haber ingerido agua contaminada proveniente de la cuenca del río Coata. Sin embargo, solo llegaron a la reunión representantes del Ministerio de Salud; ninguno era funcionario de alto nivel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a este hecho, los dirigentes suspendieron la reunión porque los funcionarios que llegaron no tenían poder de decisión y ejecución, que es lo que urgentemente están solicitando los dirigentes y pobladores para conformar la mesa de salud que pueda implementar acciones urgentes, tanto en la atención especializada a las familias afectadas por metales tóxicos, como en la remediación de la cuenca del Coata, y otro tipo de acciones que garanticen un monitoreo adecuado de las personas.

El presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata, Felix Suasaca, señaló a Red Muqui que le están dando plazo a la PCM hasta el próximo martes 20 de octubre, para que convoquen a una nueva reunión con la presencia de algún ministro y funcionario de alto nivel de la PCM. De lo contrario, iniciarán una huelga indefinida con los 5 Frentes de Defensa de los distritos de Coata, Caracoto, Huapa, Capachica, y Chilla, que son parte del Frente Unificado contra la contaminación de la cuenca del Coata.

Defensoría del Pueblo de Puno se pronuncia

Frente a esta situación, el jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona, señaló que hace dos semanas emitieron oficios al gobernador regional de Puno, Agustín Luque, para que desarrolle un Plan de acción integral de salud frente a la problemática de las 34 familias afectadas por metales tóxicos. Sin embargo, el gobernador regional tampoco asistió a la reunión pasada del 13 de octubre.

Remarcó que el Plan y respuesta a la problemática debe involucrar a los 3 niveles de gobierno: municipios, gobierno regional y ejecutivo.

El presidente del Frente de Defensa de la cuenca del Coata precisó que es urgente la conformación de la mesa de salud porque varias personas se encuentran mal de salud y están gastando dinero que no tienen para comprar medicamentos.

Además, señala que los centros de salud de la región no les están haciendo análisis ni estudios a las personas afectadas por metales tóxicos. “Solamente les han hecho la prueba del covid, y han salido negativo, pero no les han hecho ningún otro tipo de prueba para saber que enfermedad podrían estar desarrollando las personas”, finalizó.

 

 

Entrevista al dirigente rondero Wilber Palomino, presidente de las rondas campesinas de la provincia de Melgar, región Puno. La organización agrupa a 8 mil ronderos de todas las comunidades de la provincia y actualmente se encuentra en cuarentena porque uno de los ronderos con los que controlaba las tranqueras para el ingreso de las personas retornantes en la frontera de su provincia, contrajo Covid-19.

¿Cómo han enfrentado la pandemia del Covid-19 en su territorio?

Desde el inicio de la cuarentena, muchas bases empezaron a tomar la decisión de poner a salvo nuestro territorio frente a la pandemia que se estaba extendiendo, en pleno derecho de nuestras funciones de acuerdo al convenio internacional 169 de la OIT y la Constitución. Nadie nos dijo: háganlo. Tomamos la decisión de acuerdo a nuestros principios como organización autónoma rondera. La PNP nos señaló que no podíamos ejercer control territorial porque ellos eran los encargados de acuerdo a los decretos supremos emitidos por el gobierno. Luego de una tensión con ellos porque no querían reconocernos como autoridades comunales de nuestros pueblos indígenas, llegamos a un acuerdo con ellos, el serenazgo y el ejército.

¿Han tenido contagiados en la organización rondera?

Muchos ronderos han sido infectados lamentablemente. Hemos tomado el control día y noche de las tranqueras que hemos puesto en las fronteras de la provincia y, por ejemplo, un compañero que hacía la ronda conmigo se contagió, y ahora estoy haciendo la cuarentena preventiva.
Somos la primera línea de choque, por eso nos hemos contagiado, porque hemos estado controlando y ayudando a nuestros hermanos que retornaban de otras regiones a la provincia de Melgar. Ahora se genera otra necesidad grande: muchos de ellos llegaban con su mochila nomás y su pasaje. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Como rondas participamos en los comandos covid de los distritos de la provincia y estamos planteando varias medidas para que los gobiernos locales y el gobierno regional lo implementen.

¿Qué medidas están planteando?

Planteamos desde la ronda que las políticas locales y de reactivación económica tienen que orientarse al sector agrario para que los retornantes a la provincia pueden trabajar las tierras y de esa manera garantizar su alimentación, que es clave para la sobrevivencia. Que se garantice la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, es propuesta de las rondas a nivel de la región y a nivel nacional. El gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales no puede seguir importando alimentos para sus programas sociales, cuando es necesario comprar a nuestros campesinos que han trabajado durante toda la pandemia para garantizar el abastecimiento a todas las ciudades.

Hemos planteado al sector salud que trabaje con nosotros para mapear y saber quiénes son las personas vulnerables para controlar que no se contagien y mueran más personas.
También hemos planteado al gobierno regional que hagan investigación sobre nuestras medicinas naturales. Yo vengo de más de 5 mil metros sobre nivel del mar, conocemos el sasawi, huamanlipa, yarita, pupusa, que son plantas medicinales. Cuando era niño, nunca conocimos una pastilla. Siempre nos agarraban enfermedades, bronquitis, etc, y lo superábamos con esas plantas.

¿La reactivación económica del gobierno ha llegado a sus territorios?

La reactivación económica solo es para los grandes y parece que a los que vivimos en los rincones nunca va a llegar. Seguimos con la larga noche neoliberal. Piensan que esa política de depredar nuestros recursos y entregarlos al extranjero va a reactivar nuestra economía. Nosotros creemos que no es así. Debemos tener una política económica nacional propia. Reactivación económica debe ir al sector agropecuario. Antes se hablaba de cierre de brechas, con esta pandemia se han abierto mucho más.

Por ejemplo: los alpaqueros venden su ganado a precios ínfimos y la fibra de alpaca es revendida a mucho mayor precio. Quienes se llevan la mejor parte son los intermediarios. Igual ocurre con el ganado vacuno. En esta zona en campo compran a mil soles, lo engordan luego y venden a 5mil soles. Proponemos que esos centros de engorde se hagan en las mismas comunidades para que vendan sus animales en los precios reales.

¿Cómo ha funcionado la minería en sus territorios?

La minería ha seguido funcionando en la pandemia. En este distrito, Antauta, ha habido 9 casos de contagiados, 7 eran de la minera Minsur que provocó los otros dos contagios. Su personal que llegaba de afuera, Cusco, Arequipa, entraba con el ejército y rompían nuestras tranqueras. El gobierno piensa que reactivar la economía es regalar nuestros recursos en desmedro de nuestra salud.

¿Cómo están viendo el escenario que se está abriendo con la crisis desde las rondas campesinas?

Ya se está avizorando desde el campo una crisis económica grave. Ha habido un asalto a mano armada de un grifo en el distrito de Umachiri en la provincia, que nunca había ocurrido por aquí. La otra ves también se dio un robo en una casa en otro distrito Los robos habían casi desaparecido por la acción de las rondas. Es un botón de muestra de lo que puede ocurrir en adelante. Eso no existía en nuestra zona.

Estamos coordinando con las autoridades para que haya voluntad política para que den a las rondas sus herramientas correspondientes. Todas las autoridades tienen movilidad, etc. Las rondas no tenemos lo básico para desarrollar nuestro trabajo en este contexto de pandemia.

¿Cómo está la problemática ambiental en la zona?

La contaminación continúa y no hay ningún cambio. El 11 de mayo, en plena pandemia, el río antauta se ha contaminado: 250 truchas aparecieron muertas. El gerente de la minera dijo en la radio: esto nos han sembrado. Por dios, quien puede sembrarle. Los campesinos están encerrados en sus casas. Quien va a ir a regar truchas muertas en los ríos que está lejos. 4 días después llego la ANA, OEFA, el fiscal ambiental para levantar muestras del río. En ese margen de tiempo la contaminación ya debió haber llegado al Titicaca. Es muy tardía la reacción del Estado.

En la provincia de Melgar el año pasado hubo un gran conflicto, la minera Aruntani contaminó la cabecera de cuenca del Llallimayo. En este momento la comunidad de Ayaviri está tomando agua contaminada. En ese territorio las familias tenían plantas queseras, y ahora el río está lodo contaminado al cien. ¿Qué crees que pasa con ellos? Ya no van a tener la producción que tenían. Sus crías están naciendo con malformaciones.

Una madre dijo a los ministros del Ambiente, Energía y Minas, y Agricultura, que llegaron, mi hijo está contaminado con leucemia por la contaminación del río. Si ellos siguen pensando que la reactivación económica va a ser mediante la gran minería, la cosa se pondrá peor en el campo. En nuestra provincia quieren impulsar un proyecto minero llamado Santo Domingo. Esos tres ministros se comprometieron a resolver el problema de contaminación y hasta ahora no hay NADA. La población está planeando hacer una huelga. Si las palabras, firmas de ministros no sirven, de quién más va a valer en el Estado