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En Asamblea General Extraordinaria realizada el pasado 21 de septiembre en Cocachacra los agricultores de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo acordaron desplazarse masivamente a Lima, para exigirle al presidente Castilllo la inmediata anulación de la Resolución Directoral 0624-2022-ANA-AAA. Disposición del pasado 25 de agosto, por la cual la Autoridad Nacional del Agua entrega derechos por 22 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del Tambo para las operaciones del proyecto minero Quellaveco de la empresa Anglo American. 

Acuerdo que tendrá que ser refrendado en otra Asamblea General donde participen autoridades de la provincia de Islay, todas las juntas de usuarios del Valle de Tambo, organizaciones sociales y sindicales y pueblo en general. Ha trascendido que esta importante reunión se convocaría la próxima semana, reunión en la que se fijará la fecha exacta del viaje a Lima, la cantidad de personas que viajarán y las cuestiones de logística que demanda un viaje de esta naturaleza.

Los cientos de agricultores que participaron de esta asamblea extraordinaria coincidieron que el viaje a Lima es sumamente importante, porque será la oportunidad para presionar y exigir al gobierno central la inmediata anulación de la controvertida resolución 624. Allí también se informó que la Junta de Usuarios del Valle de Tambo presentó una apelación ante el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la ANA, para exigir la anulación de la licencia de agua que otorgó esta institución a Quellaveco.

El pasado lunes, en tanto, en reunión de autoridades municipales, presidentes de las 3 juntas de usuarios del Valle de Tambo y dirigentes de organizaciones sociales y sindicales; se planteó la necesidad de presentar una medida cautelar para impedir que Quellaveco inicie sus operaciones. La urgencia de tal medida surge por el anuncio de la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, de haber otorgado autorización a Quellaveco para su operación comercial. Por otra parte, durante este miércoles se están reuniendo congresistas, consejeros del gobierno regional de Arequipa y  autoridades y representantes de las Juntas de usuarios del Valle de Tambo, para coordinar la presentación de este recurso legal y otras acciones como el viaje a Lima.

Finalmente, la gobernadora de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, solicitó la presencia e intervención del presidente de la República, Pedro Castillo, para solucionar este problema. Además declaró que apoyará el pedido de autoridades y organizaciones de agricultores del Valle de Tambo, de solicitar la nulidad de la mencionada resolución.

El pasado 25 de agosto del presente año, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a través de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña emitió la controvertida Resolución Directoral 0624-2022-ANA-AAA. Este documento dispone entregar 22 millones de metros cúbicos de agua (MMC) de la cuenca del Tambo para las operaciones del proyecto minero Quellaveco de la empresa Anglo American, ubicado en la región de Moquegua. Los habitantes del Valle de Tambo y la provincia de Islay, nunca fueron consultados y en su amplia mayoría no están de acuerdo con esta sustracción del recurso hídrico.

Esta decisión de la ANA ha generado una inmediata respuesta por parte de los agricultores y pobladores del Valle de Tambo, de tal manera, que más allá de la acción legal, se vienen implementando una serie de protestas exigiendo la inmediata anulación de la citada resolución. Para el domingo 4 de setiembre la población se auto convocó en una asamblea popular en la histórica plaza San Francisco del distrito de Cocachacra acordando la realización de un paro de 72 desde el miércoles 7 hasta el viernes 9 de setiembre, exigiendo la presencia de congresistas por Arequipa en el lugar y del ministro de agricultura. Ante la nula respuesta de las autoridades, los agricultores y pobladores del Valle de Tambo decidieron iniciar desde el martes 13 de setiembre la huelga indefinida que se han desarrollado activamente hasta el viernes 16 con bloqueos, cerrando el paso de la vía en el sector de La Curva y El Boquerón. Todo indica que la protesta tomará más fuerza a medida que pasan los días ante la indiferencia por parte del gobierno. Se esperaba con expectativa la llegada del titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) Andrés Alencastre, algo que fue frustrado con la renuncia del ministro.

El viernes 16 de setiembre, los alcaldes de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, junto con los presidentes de las juntas de usuarios de los mismos distritos y las organizaciones sindicales y sociales de la provincia de Islay, suscribieron un memorial dirigido al presidente de la república Pedro Castillo. En el documento le exigen la inmediata atención a su demanda y advertirle que si no atiende su pedido será responsable de las consecuencias que vaya a traer este nuevo conflicto.

Para este miércoles 21 de setiembre en la tarde cientos de agricultores están convocados para hacer una evaluación de la acción legal implementada y sobre las acciones sociales que concretarán para hacer escuchar su voz.

Los presidentes de las Juntas de Usuarios: Valle de Tambo-Cocachacra, Punta de Bombón y de la Irrigación Ensenada Mejía Mollendo, en tanto, emitieron un pronunciamiento de rechazo de la referida resolución, que consideran un proceso viciado. Los representantes de los agricultores manifiestan no haber sido escuchados desde el año 2018, cuando manifestaron, ante la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña (AAA), su desacuerdo y rechazo a la pretensión de la empresa Anglo Américan Quellaveco. Sin embargo, la mencionada autoridad, continuó otorgando derechos, de diferentes caudales y diferentes lugares, a lo largo del tiempo.

Por otro lado, tras una reunión con autoridades y dirigentes de la provincia de Islay el miércoles pasado, la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez se comprometió a conformar un equipo técnico para evaluar las medidas legales para dejar sin efecto la mencionada resolución directoral del ANA. El alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera, por su parte, informó que gestiona una reunión con el presidente Pedro Castillo, para realizar una presión política ante la disposición de la Autoridad del Agua.

La Sala Penal de la Corte Superior de Moquegua ha impuesto una pena de 5 años de prisión efectiva contra cinco comuneros:  Román Felipe Cabana Peñaloza, Dina Aurelia Cabana Peñaloza, Isabel Catalina Flores Mamani, Jova Guevara Alejo y Serapio Lucio Cueva Pari, bajo la figura de coautoría del delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación. La supuesta agraviada sería la empresa minera Anglo American Quellaveco S.A.

Si bien la empresa Quellaveco alega que adquirió por compra venta el terreno ubicado en el sector denominado Pampa Charaque en el distrito de Torata, en el juicio contra los 5 comuneros se discutió sobre el derecho a posesión. La sentencia señala que los comuneros habían actuado de manera dolosa contra la empresa minera, señalando que se conocía que la propiedad de esos terrenos era de la empresa minera y que aun así se procedió a tomar posesión del terreno.

La tesis de la empresa minera, es que esta había ejercido posesión del terreno ubicado en el sector denominado Pampa Charaque y que el 6 de agosto de 2018 fue parcialmente despojado en aproximadamente 360 metros cuadrados por los cinco acusados, mediante el ingreso oculto, cuando no se encontraba el personal de vigilancia de la empresa.

Por otra parte, los comuneros alegan tanto en primera como en segunda instancia que son copropietarios del terreno, por lo que ingresaron a sus propiedades de manera legítima en ejercicio de su derecho de propiedad, además que actuaron conforme a derecho. Sin embargo, la Sala Penal valora que los agraviados actuaron con dolo para usurpar terreno de propiedad de la empresa minera.

Comuneros estaban pasteando cabras y su ganado para sostenerse económicamente. Esto no se señala en la sentencia, pero es parte de la declaración de los comuneros. Esta es la motivación del por qué los comuneros estaban en esa zona.

Desde tempranas horas de la mañana del día de hoy, martes 18 de enero, cientos de trabajadores mineros de la empresa contratista Cumbra que laboran en el campamento minero Salviani del proyecto minero de Quellaveco, perteneciente a la empresa transnacional Ango American, en Moquegua, paralizaron sus actividades y se movilizaron dentro del campamento hasta las instalaciones de la gerencia de Anglo American para exigir que les realicen pruebas covid y se implementen los protocolos para salvaguardar la vida de los trabajadores y parar los contagios. Ver video

En un audio enviado por un trabajador que prefirió el anonimato, relata el medio de comunicación Radio Sol, este señala que “hay más de 400 trabajadores infectados, que se están yendo a voluntad propia, van a contagiar las terminales de Moquegua. La ciudad se va a poner peor”.

Lo mismo relató a radio Americana el secretario general de construcción civil de Moquegua, Geymer López Gallardo:  todos los trabajadores de la concesionaria Cumbra de la minera Quellaveco, se dirigen a pie a la ciudad de Moquegua, y vendrían por el sector de Tumilaca. Finalizó haciendo un llamado al Ministerio Público, al sector Salud y Sunafil para que se pronuncien sobre esta problemática y tomen cartas en el asunto.

Trabajadores duermen hacinados

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Acero del Perú denunció el día de ayer a través de un comunicado que la minera Chinalco que opera en Junín y el proyecto minero Quellaveco de la minera Anglo American que opera en Moquegua, «no están cumpliendo con los protocolos de seguridad que impuso el gobierno central, tampoco toman las medidas necesarias para poder controlar la propagación del virus dentro de los proyectos donde se encuentran miles de trabajadores laborando».

En el comunicado agregan que en el campamento del proyecto minero Quellaveco, no hay distanciamiento social, en una habitación de 2.50 metros x 3 metros duermen 4 trabajadores. No hay una constante limpieza y desinfección de las habitaciones de los trabajadores, como se puede apreciar en un video que compartió un trabajador de ese campamento.

El Sindicato señala que en el día duermen 4 trabajadores, luego salen esos cuatro trabajadores a trabajar de turno noche y en esa misma habitación entran a dormir 4 trabajadores que trabajaron en el turno de día.
Lo peor es que los mismos trabajadores infectados con el virus denuncian que siguen durmiendo en las mismas habitaciones que los compañeros que están sanos, generándose así más contagios.

Ante los reclamos de los trabajadores, parece que la empresa minera tomó la decisión de realizar pruebas covid a los trabajadores del campamento y aisló en un salón a quienes dieron positivo, tal como se aprecia en el video que compartió el mismo sindicato, donde se observa comiendo a los trabajadores que habrían dado positivo.

 

Las exigencias de los trabajadores son:
– Prueba Molecular a todos y dependiendo de los resultados, los que dan negativos enviarlos a sus casas. los que dan positivo entrar en aislamiento en hoteles y dejar libre el campamento Salviani.
– Fumigar las áreas de trabajo durante 15 días mínimo e implementar nuevos protocolos en las habitaciones en las áreas de trabajo
– Los trabajadores que dieron positivo a covid deben regresar después de realizada la cuarentena con su prueba molecular.

Actualizado el viernes 19 de noviembre a la 1pm.

Un amplio abanico de organizaciones sociales, comunidades campesinas y alcaldes de las provincias General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto mantienen los bloqueos iniciados el 17 de noviembre para exigirle al ejecutivo que atienda de una vez las demandas por remediar las consecuencias de los diferentes proyectos de explotación minera en la región, entre los cuales existen algunos que a pesar de encontrarse en fase de cierre siguen contaminando a las comunidades.

Miguel Vizcarra Saraza, presidente de la Comisión de Riego de Tumilaca adelantó, este viernes 19 de noviembre, que el paro que mantienen comunidades de varios distritos de Moquegua desde el 17 de noviembre por la contaminación de los ríos Coralaque, Torata y Asana-Tumilaca podría suspenderse mañana. En conversación directa con el ministro de Energías y Minas Eduardo Gonzáles Toro que se encuentra en la zona, el titular se habría comprometido a reunirse con ellos el sábado 20 de noviembre acompañado por altos funcionarios de los ministerios de Ambiente, Agricultura, Salud, Vivienda y Transportes e iniciar una mesa de diálogo con las comunidades. 

El jueves los dirigentes habían ratificado la continuación del paro indefinido ante la inasistencia del ministro de Energía y Minas en la mesa de diálogo programada para el jueves 19 de noviembre. 

Tal como habían anunciado hace casi dos semanas, pobladores y autoridades locales de las Provincias General Sánchez Cerro y de Mariscal Nieto iniciaron el martes una paralización de duración indefinida en reclamo de sus demandas por las actividades extractivas de diversos proyectos mineros instalados en dichas provincias. Los manifestantes han bloqueado a la altura del puente Tumilaca la carretera Interoceánica Sur, principal conexión vial para el transporte desde Bolivia hacia el puerto peruano de Ilo. Agricultores de Moquegua vienen dando alimentos preparados en ollas comunes a los participantes de la huelga.

La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de Torata, los comités de Defensa de Omate y Puquina, los integrantes de la Asociación de pescadores artesanales de camarón, agricultores y comuneros de las zonas afectadas por la minería han rechazado la respuesta entregada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a sus reclamos, que proponía el sobrevuelo de la zona por parte de funcionarios de los Ministerios de Energía y Minas y Ambiente respectivamente, para una posterior evaluación de los impactos ambientales. Las organizaciones de base exigen una respuesta inmediata a los problemas emanados de la actividad minera en la región y que le habían expuesto en reiteradas ocasiones al ejecutivo. La última vez por medio del acta de reunión y trabajo de coordinación de las organizaciones mencionadas, reunidas el 21 de octubre pasado y que habían hecho llegar a la PCM oportunamente. El dirigente de la sociedad civil de Tumilaca, Miguel Vizcarra, expresó que ya no basta con la declaración de emergencia para el consumo de agua potable de alguno de los ríos contaminados, ya que la situación no ha presentado mejoras.

Las organizaciones de la zona se vienen organizando para exigirle al gobierno central que cumpla con atender las necesidades de la población. Entre las principales demandas se encuentran: 1) La protección de sus fuentes hídricas. Para ello exigen que las empresas mineras ya no tengan acceso a estos recursos, ya sea en el proceso de producción o el uso de los cauces naturales de los ríos como botaderos y se priorice en cambio su distribución para el consumo humano y para la producción agropecuaria. 2) El inicio de la remediación inmediata de pasivos ambientales por las operaciones de la Minera Aruntani SAC en el yacimiento Florencia-Tucari 3) Prohibir autorizaciones para nuevos proyectos mineros en las cuencas de los ríos Coralaque y Tambo como el proyecto KATTI de la empresa CULTINOR SAC 4) Rechazar la ampliación de la mina Cuajone de la empresa Southern Copper 5) Reinicio inmediato de las actividades del monitoreo ambiental de la subcuenca del Río Asana, Tumilaca. Así mismo, exigen la conformación de una mesa de diálogo para tratar la problemática minera en la Provincia General Sánchez Cerro y  el financiamiento de proyectos municipales solicitados al Gobierno Central.

Para entender mejor la problemática en torno a algunos conflictos socio ambientales generados por la gran minería en el departamento de Moquegua es importante resaltar los siguientes casos que han provocados las actuales protestas:

La mina de cobre a tajo abierto Cuajone ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Cáceres, operada desde 1976 por el consorcio minero Southern Copper Corporation ha estado provocando impactos acumulativos en la calidad del ambiente, efectos que se han extendido más allá de la zona donde se emplaza la minera. Entre los casos más notorios y trágicos ha destacado la contaminación de niños con metales altamente tóxicos. En 2019 el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente (CENSOPAS) tomó muestras de 80 niños de 6 a 12 años de la Institución Educativa “Vidal Herrero Díaz”. Los resultados arrojaron la presencia de arsénico y cadmio en el organismo de los menores de hasta veinte veces por encima de los límites considerados permisibles por las autoridades de salud, denuncia el ingeniero Guido Herrera, ingeniero en obras hidráulicas y vecino del sector. Una muy probable causa de esta contaminación está relacionada con el incremento en la producción de mina Cuajone, propiedad de Southern Copper, subsidiaria del grupo México, tercer mayor consorcio minero del mundo a lo largo de estos años. Este aumento en la explotación de cobre ha traído una fuerte presión sobre el acceso al agua en la zona, así como un incremento en la generación de residuos mineros y sus consiguientes pasivos ambientales. Las instalaciones de la unidad minera Cuajone con sus depósitos de desmonte y de residuos tóxicos se encuentra en las inmediaciones del río Torata, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) constató en febrero de 2019 el deslizamiento de sustancias provenientes de la actividad minera en dicho río.

Aún mayores evidencias de la contaminación por actividades extractivas se hallan en el caso de la minera Florencia-Tucari, propiedad de la empresa Aruntani, ubicada en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto en la región Moquegua. La explotación del yacimiento de oro ha obligado al Poder Ejecutivo a declarar en emergencia las cuencas de Moquegua y Arequipa por la contaminación de los ríos Coralaque y Tambo. De acuerdo a una investigación del medio Convoca,  la empresa tiene un amplio historial de infracciones y, desde el 2011, ha sido sancionada 21 veces por el OEFA por exceder los límites máximos permisibles de emisiones de metales tóxicos. Ante las reiteradas vulneraciones de normas de protección del medio ambiente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) rechazó la ampliación del proceso de cierre de las operaciones de la minera. Sin embargo, la empresa ha provocado con sus demoras, una serie de vertidos de relaves tóxicos, causando la contaminación de los afluentes en Moquegua. El mismo medio de investigación periodístico reseña que estudios de la Autoridad Nacional del Agua y de los gobiernos regionales de Arequipa y Moquegua han concluido que una de las principales causas de los alarmantes niveles de metales pesados en el río Tambo es la contaminación producida justamente por la explotación de la mina Florencia-Tucari. Esta se encuentra en la zona alta de Moquegua. La contaminación afecta al río Coralaque, ubicado en esta región, y luego, al río Tambo, en Arequipa. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) estima que más de 3 mil 900 personas son afectadas por esta contaminación en ambas regiones. La contaminación del agua no solo afecta a la agricultura sino también a la población de toda la provincia arequipeña de Islay, porque del río Tambo también se extrae el agua para el consumo humano. Las operaciones de la minera vienen contaminando además el río Titiri que afecta directamente los regadíos y el consumo de agua de la comunidad campesina de Jatucachi,  distrito de Pichacani, provincia de Puno, tal como han manifestado en reiteradas ocasiones sus habitantes.

Una compleja situación se observa también en la cuenca del río Asana, donde se ubica el proyecto minero Quellaveco del consorcio Anglo American en sociedad con la Corporación Mitsubishi. La explotación de uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, aún se encuentra en fase de construcción, por lo que aún no ha comenzado a producir ni un gramo de las más de 300 mil toneladas de cobre, molibdeno y plata que proyecta extraer al año. Sin embargo, ya acumula una serie de denuncias por afectar el curso de las aguas del río Asana que a la altura del valle de Tumilaca alberga a la comunidad campesina del mismo nombre en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, ubicada en el departamento de Moquegua. Concretamente, a fines del 2020 muestras de 44 niños tomadas de un universo de 55 menores de ese poblado arrojaron niveles de arsénico varias veces por sobre el nivel de las máximas concentraciones consideradas dañinas por los organismos competentes.

Ampliación de Cuajone

En cuanto a la preocupación por la definitiva aprobación de la ampliación de la mina Cuajone, es importante recordar que en efecto, a finales de septiembre de 2021, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) aprobó el Cuarto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de  dicha unidad minera presentado por Southern Copper. Según DEAR-SENACE la realización de las modificaciones planteadas a través del ITS implica la generación de impactos ambientales, si bien negativos, no considerados significativos. El organismo estatal otorga esa calificación porque la empresa minera contaría con las medidas de manejo ambiental para su prevención, control y mitigación. No obstante la aprobación del ITS por parte del SENACE, ese procedimiento no constituye un  otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes u otros requisitos con los que deben contar las operaciones mineras, en este caso Southern Peru Copper Corporation, explica el ingeniero en obras hidráulicas Guido Herrera. Sin embargo, en la práctica el ITS se ha transformado en un instrumento de gestión ambiental express, que es aplicado por las grandes empresas mineras para obviar  la participación ciudadana. Esto es especialmente grave si se considera que SENACE no debería eludir la grave situación que afecta la disponibilidad y calidad del agua ya presente en la zona.

 

 

 

 

 

El día de hoy, el gerente de Desempeño Social de la empresa minera Anglo American, Fernando Montero, informó que 4 trabajadores más dieron positivo a prueba rápida de COVID-19. A estos 4 trabajadores, se suman los 2 trabajadores que fueron reportados el día lunes por la Gerencia Regional de Salud de Moquegua, a través del Sistema de Vigilancia COVID-19 que vienen implementando en la región.

El gerente regional de Salud, Dr Roy Ramos Pare, informó, cuando se reportaron los 2 primeros casos provenientes de Ilo y Moguegua, que vienen coordinando con las postas médicas que hay en la región para que tengan los reportes diarios y puedan hacer seguimiento a los casos para que se realice la debida cuarentena y hospitalización de ser necesaria.

El gerente de Anglo American precisó que, de los 6 casos, 4 de ellos son trabajadores de la región y otros 2 provienen de otras regiones.

El representante de la empresa, Fernando Montero, agregó que la detección de los nuevos 4 casos de contagio, fueron detectados antes de entrar a la ciudad y campamento minero, de acuerdo al “estricto protocolo” de control sanitario que están implementando.

Actualmente los 6 contagiados están en aislamiento total en el sector de Cortaderas, donde están siendo monitoreados.

Agregó que hasta el momento se ha movilizado aproximadamente a 400 trabajadores entre personas de la localidad y de otras regiones en el proceso de cambio de personal que se dio a partir del 25 de abril.

Sin embargo, el 25 de abril la empresa minera emitió un comunicado señalando que el proceso de relevo fue coordinado con la Gerencia Regional de Salud para el proceso de movilización de más de 150 moqueguanos que pasarían por “todas las pruebas y exámenes para relevar a sus compañeros”; haciendo visible una diferencia entre los 400 trabajadores movilizados que señala el gerente el día de hoy a medios de prensa y lo que dice el comunicado de la empresa.

¿Pasaron los 400 trabajadores por las pruebas rápidas?

Construcción del proyecto Quellaveco paralizado

El gerente de la empresa también señaló que la construcción de Quellaveco está paralizada por tres meses hasta que pase la emergencia sanitaria; sin embargo, mantienen aproximadamente a 1300 trabajadores en las “actividades críticas”.

Desde la Red Muqui nos preguntamos: ¿Tantos trabajadores para mantener las actividades críticas?

Contagios en Moquegua

A la fecha de hoy, jueves 7 de mayo, la Gerencia Regional de Salud reporta 155 personas con coronavirus. 7 de estas personas corresponden a las empresas mineras Anglo American (6) y Southern (1).

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

El día de hoy inició el paro indefinido en Moquegua en rechazo al incumplimiento de acuerdos de la empresa minera Anglo American con la población de Moquegua; quiénes están representados en el Comité de Monitoreo de verificación de los acuerdos suscritos con la empresa hace 7 años.

El ejemplo de Vizcarra

Como se recuerda, hace unas semanas, en el contexto de las protestas álgidas en Arequipa en rechazo al proyecto minero Tía María; el presidente Vizcarra, en visita a su tierra natal, señaló como buen ejemplo de diálogo y cumplimiento de acuerdos, el trabajo que viene realizando la minera Anglo American en Moquegua. El proyecto minero Quellaveco demandará hasta US$ 5,300 millones de inversión, y será un motor de desarrollo, señaló el presidente en esa oportunidad.

El proyecto minero en mención inició su fase de construcción el año pasado, 2018, y prevé culminar su fase de construcción el 2022 para iniciar la primera producción de cobre ese año. Es uno de los yacimientos de cobre más grande del mundo y está siendo desarrollado por Anglo American del Reino Unido en sociedad con la Corporación Mitsubishi de Japón.

Incumplimiento de acuerdos

Sin embargo, la población ha iniciado un paro indefinido porque la empresa ha incumplido en la oferta laboral. La empresa se comprometió en contratar al 80% de mano de obra no calificada de la región, pero según el gobernador regional, Zenón Cuevas, “El 60% de los trabajadores son foráneos; mientras que el 40% restante son de Moquegua”.

Otro incumplimiento, en palabras del Sindicato de Construcción Civil, tiene que ver con que la empresa no cumple con abastecerse de productos de los proveedores locales.

Contaminación ambiental

Otro de los motivos para el inicio del paro, es que la población señala que en la fase de construcción, la empresa ya viene contaminando los pastizales y el agua de las zonas de Tala, Pocata y Coscore. El gobernado regional añadió que también se evidencia contaminación en el río Moquegua. “Definitivamente el agua (del río Moquegua) ya tenían arsénico y boro, pero los niveles se han elevado”, argumenta.

Por otra parte, Jesús Paredes, Presidente del Frente Anticorrupción informó a Radio Americana que el proyecto es inviable por situarse en la cabecera del río Asana, y que la empresa minera debería retirarse de la región.

Protesta en aumento

Desde tempranas horas la carretera Binacional, cerca al sector de Tumilaca fue bloqueado un grupo de agricultores, quiénes hoy evaluarán con toda la Junta de Usuarios de la región, mayores acciones en el inicio del paro indefinido.

En la ciudad se dieron manifestaciones, pero actividades de comercio y transporte se dieron dentro de la ciudad. Se prevé que el día de mañana se den mayores movilizacio nes.

Como se recuerda, el pasado 17 de julio se realizó un paro preventivo, que planteó las mismas demandas. Frente a la respuesta evasiva de la empresa Anglo American, la población y sus organizaciones decidieron impulsar el paro indefinido.