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Pocas personas fuera del centro poblado de Challhuayaco ubicado en el distrito de San Marcos, de la provincia ancashina de Huari, deben saber que uno de los proyectos mineros del Perú más promocionados por su gestión socioambiental, la mina Antamina – incluso recibió el certificado Sistema Integrado de Gestión (SIG) por la empresa alemana TÜV Rheinland – ha hecho desaparecer cuatro lagunas. Antamina, Challhuas, Huascacocha y Chaquicocha como se llamaban estos reservorios no solo eran fuente hídrica para la población mencionada. Su desaparición es una muestra de cómo la empresa viene ocasionando impactos irreversibles al medio ambiente. 

Un antecedente que debería ser imprescindible para las autoridades competentes del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) a la hora de aceptar o rechazar la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) presentada por la empresa. Presentación hecha para incrementar considerablemente la extracción de cobre y zinc, los dos principales minerales de esta mina polimetálica y considerada una de las diez mayores explotaciones de cobre del mundo en términos de volumen de producción.  Certificación ambiental imprescindible para poder aumentar el procesamiento de mineral desde el actual volumen de 175 mil toneladas por día a 208 mil hasta el año 2036.

Especialistas de Red Muqui han analizado la MEIA del proyecto minero Antamina y han hecho importantes observaciones dirigidas, a través de la municipalidad distrital de San Marcos,  al SENACE. Comentarios que visto los componentes modificados para hacer viable esa expansión deberían tomarse en serio. Así por ejemplo, se prevé la ampliación del tajo abierto en un 25 por ciento y la profundización de 150 metros o el incremento de dos depósitos de desmonte en alrededor de un 30 por ciento. Otra cosa no menor es, aumentar el depósito de relaves en treinta metros en un área de 905 hectáreas que almacenarán mil 527 millones de toneladas adicionales de materiales que contienen metales pesados y otros materiales tóxicos.

Impactos sobre recursos hídricos

La empresa sostiene que el sistema hidrogeológico no se encuentra conectado con el sistema superficial, razón por la cual los efectos de la actual operación y las modificaciones propuestas no generarían un impacto en los cuerpos de agua (lagunas y manantiales, etc.). Esos recursos hídricos se encontrarían asociados a sistemas hidrogeológicos locales sobre los cuales las operaciones no tendrían influencia. Es más, la empresa sustenta que el sistema hidrogeológico no está interconectado con las comunidades aledañas no consideradas en la MEIA, sin aportar pruebas para esa hipótesis. La supuesta falta de interconexión entre sistemas hidrogeológicos contraviene los indicios hallados por las comunidades, que han visto desaparecer cuatro lagunas, y limita convenientemente el área de influencia ambiental, ya que descarta el potencial impacto del proyecto en otras localidades que han sido obviadas en el informe de modificatoria.

Otro tema relacionado con el impacto en el uso del agua tiene que ver con el incremento de cerca de un 20 por ciento en el procesamiento de minerales. Eso conlleva una mayor demanda hídrica. Sin embargo la MEIA deja abierta la interrogante ¿cuál es la huella hídrica, o cantidad de agua necesaria para producir una tonelada de concentrado de cobre y de los otros minerales?

Por lo tanto los autores de las observaciones compartidas con SENACE concluyen que el estudio hidrogeológico realizado por la empresa minera Antamina es insuficiente y hasta inconsistente. Esto porque no se profundiza los verdaderos impactos que se produciría sobre las aguas superficiales y subterráneas por la eventual perturbación de flujos de agua en calidad y cantidad; es decir, por contaminación o por uso para sus operaciones mineras.

A propósito de contaminación destacan los diversos informes, realizadas por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que coinciden en los hallazgos de metales pesados que superan los estándares de calidad ambiental en los principales cuerpos de agua superficial (Laguna de Pajuscocha, río Carash, río Juprog, el río Mosna y otros). Son precisamente los derrames de sedimentos mineros, la emisión de partículas, el vertimiento de aguas industriales entre otros proveniente de las operaciones mineras las probables causas que ponen en riesgo la salud de la población, de los animales y los cultivos.

Volviendo a la MEIA, los expertos de Muqui sostienen que, desde una visión ecosistémica e integral, sus autores deberían reconocer que el referido incremento de las operaciones transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, que harían desaparecer varias lagunas y ecosistemas frágiles y fragmentando los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serían afectados de manera irreversible. Hace falta, por lo tanto, contar con un balance hídrico integral y ecosistémico que tome en cuenta la vulnerabilidad de la zona de emplazamiento del proyecto, por ser una cabecera de cuenca, con un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado. Sin contar que la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental no ha considerado los impactos futuros del cambio climático en la disponibilidad de los recursos hídricos. 

Otras críticas

Otros riesgos están asociados a posibles roturas del mineroducto que trasladan la producción de minerales desde los Andes hasta el Puerto Punta Lobitos, en Huarmey. Eventos como el sucedido en  el centro poblado de Santa Rosa en julio de 2012, cuando una fuga de carga cayó sobre terrenos de cultivo y provocó síntomas de intoxicación en un centenar de pobladores. La empresa no ha aclarado cuáles son las nuevas medidas de mitigación y contingencias teniendo en cuenta el incremento en el volumen de transporte y los riesgos que pueda acarrear. 

Desconocidos son también los planes de prevención de riesgos de desastres naturales. Los investigadores de Muqui recuerdan que según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) la Cordillera Blanca, es una de las zonas con mayor presencia y actividad de movimientos en masa, marcada por grandes eventos, algunos recurrentes en el tiempo, como los deslizamientos, erosiones superficiales, cárcavas (zanjas en el suelo producidas por la erosión de las corrientes de agua), caídas y avalanchas de rocas. Tampoco aclara la MEIA la manera de minimizar los riesgos y reducir los daños por movimientos telúricos, cómo aquel ocurrido en 1970, cuando un sismo de magnitud 7,9 grados en la escala de Richter ocasionó un aluvión con grandes volúmenes de nieve y material glaciar que descendió por el río Shacsa. En esa ocasión, la inmensa cantidad de material acarreado por el flujo llegó hasta Yungay y enterró entonces al pueblo y sus habitantes.

Para la empresa se respira aire limpio

Para la empresa no existe ningún impacto relacionado con material particulado en las emisiones de la empresa minera  a las poblaciones adyacentes de las operaciones de la empresa minera Antamina.

Sin embargo, las poblaciones de Juprog, Chipta y otros sienten una gran preocupación por el incremento de estas emisiones que están impactando directamente en sus habitantes, cultivos, animales y sus territorios. Ni siquiera al evaluar el impacto acumulativo que se consigna en la MEIA se menciona el informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) 2006, que encontró riesgos para la salud por la exposición a metales pesados y otras sustancias tóxicas en los pobladores, tanto para niños como para adultos. 

A la población: información poca, consulta….. menos

Finalmente, los expertos de Muqui llegan a la conclusión que para la elaboración de la MEIA la empresa no ha garantizado el acceso a información, participación y toma de decisiones de la población asentada en el área de influencia.  Así los procedimientos de participación implementados no garantizaron representación u opinión de las personas y pueblos ubicados dentro del área de influencia. Como ejemplo destaca el caso del sitio Yanacancha, donde se instaló una Oficina de Información Permanente (OIP) que estuvo dirigida principalmente a sostener reuniones con personas con vínculo laboral con la empresa minera. Por lo tanto, la propuesta de los expertos de la Red Muqui es que, la empresa debería modificar los procedimientos de participación para adecuarse a las condiciones socioculturales de cada comunidad y pueblo.

Deficiencias en las evaluaciones sobre impactos ambientales, planes poco claros sobre manejo de daños y reducción de riesgos y mecanismos de participación ciudadana cuestionables, son antecedentes que hacen dudar de la transparencia de un estudio para obtener la certificación ambiental, y expandir así las operaciones de una empresa con una gestión socio ambiental supuestamente ejemplar. Empresa que, como botón de muestra, aduce reutilizar para sus operaciones los recursos hídricos, pero no menciona que ha represado una laguna conocida como Nescafé para sus procesos de producción. Seguramente el nombre de esas aguas, que comúnmente se asocia a un brebaje amargo e intransparente, es una casualidad y no una analogía de cómo la empresa entiende la forma de realizar un estudio de las características mencionadas. No obstante, es de esperar que el SENACE tome en cuenta las observaciones encontradas por las organizaciones sociales y comunidades afectadas y recogidas por el equipo técnico de Red Muqui.

 

El jueves 23 de junio, durante la mañana, se realizó la reunión entre funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y representantes del Frente de Defensa de Huancavelica, acompañados por el obispo de la ciudad y uno de los asesores legales, con el objetivo que los dirigentes hicieran llegar sus preocupaciones sobre el posible inicio de operaciones del proyecto minero de exploración Pukaqaqa Sur de la empresa transnacional Nexa Resources en la región Huancavelica.

Al finalizar la reunión, la delegación huancavelicana hizo saber su preocupación a la Red Muqui. El obispo de Huancavelica, Carlos Salcedo, señaló que el MINEM informó que ya hay una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada desde el 15 de diciembre del 2020. La delegación señaló que esa DIA solo se trató con 200 comuneros que están en la zona de extracción de minerales, pero, observó que: “no se ha contemplado a los más de 50 mil pobladores del distrito de Huancavelica y Ascención que serían afectados”.

La regidora de la municipalidad provincial de Huancavelica, Elsa Benavente, señaló que “la toma de captación de agua principal que abastece el 70% de agua que ingresa a la planta de tratamiento Emapa, está cerquísima a la cabecera de cuenca: Calqui, donde la empresa minera Nexa Resources pretende iniciar el proyecto de exploración minera de cobre.

La minera pretende instalar 20 plataformas con 40 perforaciones que van desde 100 a 1000 metros de profundidad, en una zona llena de bofedales, manantiales y dos lagunas. Durante la perforación se cruzara con acuíferos que alterarán la calidad del agua subterránea, contaminándola con mercurio, plomo y arsénico.

Además, las personas que no tienen acceso a una red pública de agua potable, están organizadas en la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS). Y el agua que consumen directamente procede de pozos, manantiales y otros. “Solo cloran el agua”, precisa la regidora. En los distritos de Huancavelica y Ascensión hay 19 JAAS.

Finalizó precisando: “Hemos enfatizado ante los funcionarios del MINEM que no están tomando en cuenta la Política Nacional Ambiental ni la Estrategia contra el Cambio Climático, donde dice que las cabeceras de cuenca tienen que ser protegidas.

Por su parte, el secretario general del Frente de Defensa de Huancavelica, Miguel Cárdenas, alerta a las organizaciones de base sobre cualquier maniobra o acto de exploración que realice la empresa. ”Los funcionarios del MINEM han señalado que están a la espera que la empresa les envíe la solicitud de inicio de exploraciones para que la aprueben.

“Cualquier conflicto que pueda pasar, el MINEM será responsable. El agua es vida, no se negocia, es una fuente para la vivencia del ser humano: agua sí, mina no”.

La representante de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos de Huancavelica, Belsa Escobar, también se mostró indignada: “nos vamos preocupados porque el MINEM ha dicho que, si la empresa Nexa presenta la solicitud de inicio de operaciones de exploración, ellos se ceñirán a las normas y aprobarán el inicio del proyecto minero. Nos encontramos con gente que lamentablemente no piensa en nuestros padres, madres y comuneros de estas zonas, que criamos nuestras alpacas, llamas, ovejas, nuestros animales. Harán las perforaciones en esta zona afectando nuestra pachamama, el ambiente, el agua y el aire.

A su turno, uno de los asesores legales, Javier Janckhe, señaló a Red Muqui que predomina una posición tecnócrata de los funcionarios, que más allá de evaluar los impactos ambientales que puede generar el proyecto minero a las comunidades y población de Huancavelica, lo que señalan es que hay un marco normativo vigente. Ellos llegaron a decir que tienen un corsé y que tienen que cumplirlo porque podrían irse presos si no cumplen estas normas. “Primeros están sus hijos”, señalaron, pero la pregunta es, ¿dónde queda la gente de Huancavelica frente a los impactos de este proyecto minero?, cuestiona el abogado.

El asesor legal precisó que hay varias acciones legales que se han estado emprendiendo, como el recurso de nulidad que se presentó en su momento. “Existen estudios de la Autoridad Nacional del Agua que establecía ya la presencia de arsénico con los riesgos de afectación a las personas; y estudios de EMAPA, que establecía el riesgo de acceso a agua potable a la población en general. Pese a eso el MINEM siguió adelante con la aprobación de la Declaratoria de Impacto Ambiental y posteriormente frente al recurso de nulidad que se presentó por el Frente de Defensa y la Municipalidad, mantuvo su postura de favorecer a la empresa a través de una resolución del 7 de julio del 2021

Si llegaran a aprobar el inicio de exploraciones de la empresa minera Nexa Resources, hay acciones legales a nivel constitucional que se podrían plantear frente al riesgo inminente del derecho a la vida, precisó Javier Janckhe.. Podría plantearse un recurso de amparo que pueda evitar el riesgo a la vida de la salud de las personas.

Al finalizar del informe de la delegación, el presidente del Frente de Defensa de la provincia de Huancavelica precisó: «Llamamos al presidente Pedro Castillo para que tome la decisión política de no aprobar este proyecto minero desde gobierno. Huancavelica le dio su apoyo, y hay que evitar este conflicto».

 

Este jueves 16 de junio, la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por el Territorio y la Soberanía de la Macronorte Perú (CODEF NORTE), realizará un plantón en la Plaza San Martín. El objetivo es exigir al gobierno de Pedro Castillo que respete sus derechos como comunidades originarias, ante la presencia de empresas mineras que se han instalado en sus territorios sin el consentimiento de sus habitantes.
CODEF Norte articula a organizaciones, comunidades y rondas campesinas de Piura, Lambayeque y Cajamarca, departamentos del Perú en los que se están reactivando proyectos mineros sin licencia social.
Las organizaciones denuncian además como agravante que, las concesiones mineras otorgadas se ubican en las cabeceras que abastecen de agua a la población del campo y la ciudad. Con ello, se ven amenazados directamente los recursos hídricos para el consumo humano y la actividad agropecuaria de las comunidades campesinas San Juan de Kañaris (Lambayeque); Segunda y Cajas, Yanta (ambas en Piura) y Perlamayo Capilla – Chugur (Cajamarca).
Las comunidades exigen que el Estado peruano respete el Convenio 169 de la OIT, que lo obliga realizar la consulta previa, libre e informada en aquellas comunidades originarias donde se pretendan realizar actividades extractivas. De esta forma, sus integrantes buscan que se les proteja de ser desplazados de sus territorios, tal como les ha ocurrido a otras comunidades en zonas como Cusco y Apurímac.
Por otro lado, también denuncian que las empresas mineras que operan en sus territorios recurren a prácticas intransparentes, mediante las cuales en ocasiones intentan cooptar a dirigentes, en otras sobornar a partes de algunas comunidades o crean organizaciones paralelas y sin legitimidad con el fin de aparentar cierto respaldo comunitario.
También cuestionan la efectividad de las mesas de diálogo, porque el Estado no garantiza el cumplimiento de los acuerdos.
Para amplificar el alcance de su denuncia de la criminalización a la que se enfrentan y para exigir que el Estado anule las concesiones mineras otorgadas en sus territorios, la organización se reunirá en la capital del país con la congresista Ruth Luque y con representantes de la Comisión de Pueblos del Congreso de la República.

En el día mundial del agua que celebramos cada 22 de marzo con el propósito de promover la importancia del vital líquido en el planeta, aún estamos muy lejos de lograr el objetivo de desarrollo sostenible número 6 “cuyo fin es garantizar el acceso universal al agua limpia y un saneamiento adecuado a todo la población mundial antes del 2030”. Una de las metas establecidas para tal efecto es mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos.

Lamentablemente nuestras principales fuentes hídricas se encuentran amenazadas por el acelerado aumento de la población, la creciente demanda de las actividades económicas como la minería y por el cambio climático. Todos estos factores están poniendo en peligro la existencia de nuestros manantiales, puquiales, bofedales, páramos, glaciares, lagunas, riachuelos y aguas subterráneas. A pesar de que el 70 por ciento del planeta está compuesto de este elemental líquido, el 97 por ciento es salada, y solo el 2.5 por ciento disponible en la tierra es agua dulce. De ello, tan solo el 0.007% corresponde al consumo humano y se encuentra en los ecosistemas frágiles que necesitamos conservar, principalmente en las cabeceras de cuenca con su riqueza hídrica .

La creciente contaminación minera nos plantea una grave amenaza para la salud humana y los ecosistemas. Un problema que a menudo subestiman tanto los responsables de las políticas públicas como los propios actores ante la grave situación hídrica. Un estudio realizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA 2016) ya nos alertó que los principales ríos del país están contaminados con coliformes fecales y metales pesados. Es decir, 129 cuencas hídricas del país están siendo contaminadas a través de 1210 vertimientos de aguas residuales domésticas y municipales, mientras que existen otros 682 pasivos ambientales mineros y 372 fuentes de residuos sólidos que aportan a esa contaminación, y  ponen en riesgo así la salud de la población y los ecosistemas.

Necesitamos proteger nuestras cabeceras de cuenca

En esta jornada de alerta mundial del preciado líquido, debe ser prioridad la protección de las cabeceras de cuenca no solo como espacios que se alimentan de las lluvias, sino como zonas especiales de recarga hídrica y que tienen una conectividad hidrogeológica con el funcionamiento permanente del sistema hidrológico de una cuenca. Es importante e indispensable su protección, porque el país tiende a presentar condiciones de estrés hídrico, y se estima que para el año 2050 experimentará una situación crítica. Como vemos actualmente, la mayoría de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo son de tipo ambiental y están vinculados directamente con el agua.

Además, la gran diversidad de ecosistemas como los páramos, los bosques de neblina, las jalcas y los espacios medianamente planos también constituyen espacios que producen y almacenan aguas para alimentar a las cuencas mediante las turbas o ecosistemas florísticos que convierte al suelo en esponjas para alimentar a las cuencas. Con ello podemos garantizar la disponibilidad de agua para todos y todas tal como lo indica el objetivo de desarrollo sostenible. 

Urge una ley de vigilantes y monitores ambientales para la protección y cuidado del agua

Asimismo se hace necesaria la protección del mismo por las propias comunidades andinas y amazónicas que se han organizado a través de los comités de vigilancia y monitoreo ambiental. Los resultados de las acciones de vigilancia y monitoreo que realizan en sus territorios sirven como primer eslabón de alerta temprana ante posibles desastres ambientales, cuidado del agua y de esta forma prevenir los posibles conflictos sociales.

Esperamos que el Congreso de la República debe priorizar el debate sobre su importancia para reconocer el trabajo de los vigilantes ambientales y en especial para los pueblos indígenas y poblaciones locales. Acciones de este tipo en medio de esta pandemia permite garantizar una mayor participación de las comunidades andinas y amazónicas, y con ello una mejora en la calidad de vida de las peruanas y peruanos.

Tras décadas de actividad minera en La Libertad, la Asociación Marianistas de Acción Social – Amas Perú presentará su experiencia de monitoreo ambiental con análisis físico químico y biológico con macroinvertebrados en la identificación de la contaminación minera en varias microcuencas de la región entre el 2005-2019, analizando el impacto de la empresa minera Barrick.

– ¿Esta metodología puede ser replicada en todo el país?

– ¿Cómo se puede proteger desde el Estado las cuencas hídricas y de la producción agroalimentaria?

– ¿Cuál es la situación del dictamen sobre vigilancia y monitoreo ambiental comunitario y ciudadano que se encuentra en el Congreso?

Estas son algunas de las preguntas que responderán los panelistas tras la exposición de la experiencia de investigación. Walter Pereda, antropólogo y director de AMAS; Manuel Horna, biólogo y microbiólogo de AMAS; el Dr. César Medina de la Universidad Nacional de Trujillo; y Juan Aste Daffós, economista y especialista en gestión ambiental.

Este foro se realizará este jueves 24 de septiembre a las 10am y será transmitido vía facebook.com/redmuqui.

 

 

Más de 7 mil pobladores de los diferentes distritos de la provincia de Candarave: Camilaca, Cairani, Huanuara, Quilahuani, Curibaya y Candarave; llegaron a la capital de la región Tacna en marcha de sacrificio, para exigir que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anule las licencias de uso de agua a Southern; empresa que viene extrayendo el agua de las lagunas Aricota y Suches – que se vienen secando-, y también el agua subterránea. Southern tiene licencias de uso de agua en la provincia desde hace 59 años, y actualmente utilizan el agua para sus proyectos de extracción de cobre de Toquepala en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. Esta es la segunda movilización, pero ya no en la provincia de Candarave, como lo fue el 1 de julio; sino en la capital de Tacna.

La movilización fue encabezada el Presidente de la Junta de Usuarios de los Recursos Hídricos de Candarave, Abdy Chambilla Joaquín, quién señaló que exigen la devolución del recurso hídrico. “La parte alta de los nacientes del río Callazas están secos, no hay vegetación y ya no hay laguna de vizcachas”. Agregó: “el problema es que el gobierno saca resoluciones sobre el recurso hídrico otorgándole el recurso a la empresa Southern sin consultar a la población”. También encabezaron la movilización el alcalde provincial de Candarave, Rodolfo Nina, y los alcaldes distritales.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA)

En la actualidad no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. Desde la Red Muqui nos preguntamos: ¿Cómo la ANA puede otorgar las licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone, y necesita Candarave y Tacna? Teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos Hídricos: para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas; que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en Candarave.

Gobernador regional se compromete

La movilización se dirigió a la sede del gobierno regional para exigirle al presidente regional, Juan Tonconi, que se sume a la protesta y gestione la llegada del presidente Vizcarra a la provincia de Candarave. Al llegar la movilización a la sede del gobierno regional, el gobernador dio unas palabras comprometiéndose con la población: “nosotros somos del pueblo, nos debemos al pueblo. Por eso hoy más que nunca ratifico mi posición respaldando a cada uno de ustedes. El Pueblo de Candarave exige justicia hídrica y nosotros respaldamos ello. Coordinando con el alcalde provincial y los alcaldes distritales vamos a exigir al gobierno central para que haga una revisión de la licencia de uso de agua de la empresa minera Southern”.

Agregó que de ser posible viajaría hoy mismo a Lima para gestionar la reunión, y señaló que el problema con Southern ya ha traspasado regiones, haciendo alusión al conflicto en Islay por el proyecto Tía María. “Nosotros no debemos aceptar represión, no queremos autoritarismo, ni imposiciones. Tengan plena confianza que tienen un hermano más que no los va a abandonar. Los vamos a respaldar en su lucha”, finalizó.

Antecedentes de Souhern en Candarave

Desde el 2011 ya se alertaba esta situación al presentarse el informe de la Comisión de Balance Hídrico Regional de Tacna a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que señaló que las lagunas de Suches, Vizcachas y Aricota, “se encuentran en una inminente crisis hídrica”. El informe señaló que la laguna Aricota es “gravemente perjudicada por el proyecto minero Toquepala, de Southern”, porque usan el agua de la laguna para la generación de electricidad para el desarrollo del proyecto cuprífero. En ese entonces, se indicó que el descenso acelerado de la laguna era de más de 50 mts. Sin embargo, las autoridades del Estado no hicieron nada para preservar el agua y la empresa minera continuó utilizando el agua.

En los últimos meses los alcaldes de la provincia mediante carta notarial se reunieron con Southern después de estar exigiéndoles tratar el tema del agua de la provincia. Frente a la propuesta a la empresa minera para que otorgue 17 litros por segundo del agua que utilizan para un proyecto de agua en la provincia; la empresa no dio ninguna respuesta, dilatando el tiempo. Frente a estos hechos, los alcaldes y la Junta de Usuarios de Agua de Candarave decidieron reiniciar la protesta.

TRAS APROBACIÓN EN COMISIÓN

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, aprobó por mayoría el proyecto de ley protección de cabeceras de cuenca que desde ahora pasará a la agenda de discusión del Congreso.

Después de varias semanas de revisiones, recomendaciones y cambios en el predictamen del proyecto de ley (N°283-2016), el título final quedó como: Ley de conservación y protección de las cabeceras de cuenca mediante el establecimiento de los criterios técnicos para su identificación y delimitación.

Ahora, el desafío de la Comisión es elaborar y aprobar una guía metodológica para la identificación de las cabeceras de cuenca en todo el país y su la delimitación geográfica correspondiente.

Además, es necesario contar con un reglamento para el uso y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en cabeceras de cuenca, considerando el marco legal de la Ley de Consulta Previa (Ley N°29785), y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La futura aprobación de esta ley significaría una mejor protección para las comunidades campesina e indígenas ubicadas en los alrededores de las cabeceras de cuenca, pues ya no se verían afectadas por actividades productivas o extractivas que podrían vulnerar sus medios de vida y territorios.

Este proyecto legislativo es una propuesta sistematizada que surgió durante la Marcha Nacional del Agua (febrero de 2012) que recién fue presentada en setiembre del 2016, por el Congresista Marco Arana.

Para RED MUQUI la aprobación de una ley que proteja los lugares donde se originan las aguas de los ríos, es necesaria para que realmente se cumpla la norma que declara al agua como derecho humano fundamental. Ya que de no garantizar las nacientes de ríos no se puede hablar de generación del recurso hídrico.

“Era importante contar con la ya que estas aguas son consumidas directamente por las comunidades y utilizadas en actividades económicas sostenibles como la agricultura y la ganadería, que además abastecen mercados locales y de las grandes ciudades”, comentó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

Cabe resaltar que esta iniciativa de ley ha cuenta con el respaldo de Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana, del Ministerio de Ambiente, Programa de Adaptación del Cambio Climático (PACC Perú) y de la Mesa de Trabajo para la Opinión Técnica Legal.

Todos estos organismos coinciden en que este proyecto no contraviene a la Ley de Recurso Hídricos, y que más bien resuelve algunos vacíos legales.

Por su parte la Presidencia del Consejo de Ministros ha recomendado incluir en el texto sustitutorio la prevención de conflictos sociales en zonas de cabeceras de cuenca.

Fuente: DHSF Cusco / Comisión de Pueblos del Congreso / RED MUQUI

Foto: malcolmallison

TRAS VOTACIÓN DE PREDICTAMEN

  • Este 7 de marzo la votación del predictamen está en agenda

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología podría aprobar el predictamen del Proyecto de Ley (N°283/2016-CR) que propone identificar y delimitar de algunas cabeceras de cuenca para su protección.

En sesiones anteriores, esta iniciativa legislativa del congresista Marco Arana estuvo en debate y recibió algunos aportes. Luego, la comisión recomendó un texto sustitutorio en el que se especifique sobre la necesidad de establecer criterios técnicos por parte del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

“Se recomienda la aprobación del proyecto de ley 283/2016-CR (EL PROYECTO LEGISLATIVO), con texto sustitutorio bajo el título: Ley de conservación y protección de las cabeceras de cuenca mediante el establecimiento de los criterios técnicos para su identificación y delimitación”, indica el documento del predictamen.

Como parte del texto sustitutorio, la comisión recomendó que dentro del plazo de trescientos sesenticinco (365) días, que se contarían a partir de la vigencia de la presente Ley, la ANA podrá determinar qué lugares, donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica, podrían ser identificados para su conservación y protección.

En ese sentido, la comisión señala que se debe elaborar y aprobar la guía metodológica para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, así como la cartografía correspondiente, para las tres grandes agrupaciones de cuencas hidrográficas de las vertientes del Pacífico, Atlántico y del Lago Titicaca.

Entre otros aportes técnicos al proyecto de Arana, se recomienda que se cuente con el reglamento para el uso y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en cabeceras de cuencas, y las normas infralegales para la implementación de la ley propuesta.

Asimismo, aprobar medidas de control y sanción por el incumplimiento de lo estipulado en esta norma.

Lado económico

Otras recomendaciones para aprobar esta ley de protección de nacientes de ríos, es que se establecezcan nuevas fórmulas de tarifas de agua para determinar el valor de las retribuciones de agua, y vertimientos en las cabeceras de cuenca, para garantizar su sostenibilidad económica, hídrica y de servicios ecosistémicos.

Para ello, la comisión indica que se podrá conformar comisiones técnicas o grupos de trabajo con participación de las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, especializados en la gestión de los recursos hídricos.

Otra cuestión económica en torno a esta propuesta de ley, es que el Ministerio del Ambiente (MINAM), en coordinación con el MINAGRI, debe implementar mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, que permitan obtener recursos económicos para la conservación y protección de las cabeceras de cuenca.

¿Y las comunidades?

En el documento del predictamen, la Comisión de Pueblos consideró a las comunidades campesinas y nativas ubicadas en los alrededores de una cabecera de cuenca, y que podrían ser afectadas por actividades productivas o extractivas que a desarrollarse en el lugar.

Es decir, en la norma de protección de cuencas se deberá respetar y seguir lo dispuesto en la Ley de Consulta Previa (Ley N°29785), y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En la norma también se incluiría a aquellas personas naturales o jurídicas, que poseen los derechos adquiridos con anterioridad a la aprobación de los criterios técnicos antes referidos.

Fuente: Comisión de Pueblos del Congreso

Foto: Travelchannel.com

EN COMISIÓN DE PUEBLOS DEL CONGRESO

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología decidió por unanimidad, postergar la votación del predictamen del Proyecto de Ley (N°283/2016-CR) que propone identificar y delimitar de algunas cabeceras de cuenca para su protección.

Tras un nuevo debate en el grupo de trabajo, se decidieron hacer nuevas correcciones y considerar otros aportes.

Previo a la discusión del predictamen, la presidenta de la comisión, María Elena Foronda, aseguró que la ANA opina que esta Ley de protección de cabeceras de cuenca no contraviene en lo absoluto a la Ley de Recursos Hídricos.

“Desde el año 2009, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ya había propuesto que en la Ley de Recursos Hídricos (Ley N°29338) que se establezcan los criterios legales para una mejor gestión de las cuencas”, recordó.

En ese sentido, el asesor de la comisión de Pueblos, Efraín Arana, agregó ante la comisión, la ANA reconoció no haber declarado la intangibilidad de ninguna cuenca desde el 2009.

“Tampoco han delimitado o identificado cabeceras de cuenca hasta la fecha. Es un pendiente entonces porque muchas de las cuencas dan inicio a grandes redes hidrográficas que abastecen buen porcentaje de ciudades”, indicó.

Entre otras opiniones favorables al proyecto de ley, Foronda mencionó al Ministerio del Ambiente (MINAM) y al Programa de Adaptación al Cambio Climático (PAC Perú). Mientras que, desde la PCM se recomendó que el texto sustitutorio recoja la prevención de conflictos sociales.

Debate en comisión

El congresista Marco Arana, autor de la iniciativa, resaltó que este proyecto recoge lo que ya está planteado la Ley general de Ambiente, la Ley de Recursos hídricos, en las cuales se reconocen a las cabeceras de cuenca como zonas productoras de agua.

Asimismo, Arana Zegarra descartó que la iniciativa pueda inhibir o perjudicar a las actividades económicas en las zonas productoras de agua.

“Lo que se plantea es que existan estas actividades, acorde con la sostenibilidad y resiliencia de los ecosistemas hídricos. Se trata de armonizar las actividades económicas que puedan beneficiar al país”, señaló.

Reacciones

Freddy Sarmiento de la bancada de Fuerza Popular consideró necesario que es importante que se declaren intangibles algunas zonas de cabeceras y sus ecosistemas, sin embargo, insistió en que ello debe partir desde la ANA y el MINAM, que ya poseen un marco legal.

Tras saludar la iniciativa, la congresista Tania Pariona de la bancada del Frente Amplio, dijo que es una necesidad nacional que las cabeceras de cuenca tengan una ley que las identifique y determine en qué situación están.

“En la parte andina se “cría” el agua, y en armonía con la comunidad. Solo así se garantiza la siembre y cosecha de agua. Esta ley pudiera permitir trabajando de a pocos, en un proceso de Ordenamiento Territorial, primero con la zonificación económica ecológica (ZEE)”, manifestó.

A su turno, Carlos Tubino de la bancada de Fuerza Popular, se refirió al artículo 4 y a la consulta previa que debería ser aplicada a aquellas comunidades que se encuentran en zonas de cabeceras de cuenca. Para Tubino, el proyecto de ley no puede tomar como referencia al Convenio 169, ni a la propia Ley de Consulta Previa (Ley N° 29785), ya que no se habla de pueblos indígenas, sino de comunidades campesinas y nativas, términos que no están contemplados en esa normativa.

Ante ello, Pariona precisó que no se debe prescindir del Convenio 169 ya que tiene carácter constitucional para el Perú. “En el artículo 7 de la Ley de Consulta Previa se menciona literalmente que las comunidades campesinas (o andinas) y las comunidades nativas (o pueblos amazónicos) pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios. Las denominaciones no alteran la naturaleza de sus derechos colectivos”, argumentó.

Al cerrar su participación, Pariona sugirió agregar la participación a los pueblos indígenas y a sus organizaciones representativas (de tipo local y regional), en la comisión multisectorial presidida por ANA y MINAM, que propone el proyecto.

A esta propuesta se sumó el vicepresidente la comisión, el congresista Wilmer Aguilar, quien solicitó que se incluya la participación de los gobiernos municipales y regionales al ser encargados de la ZEE que puede ayudar por los datos territoriales que se obtienen.

Por su parte el congresista Horacio Zevallos del Frente Amplio, solicitó que se revisen y especifiquen mejor los conceptos como conservación o preservación de ecosistemas

En tanto, la congresista de Fuerza Popular, María Cristina Melgarejo se comprometió a presentar una propuesta legislativa similar en el plazo de una semana.

Fuente / fotos: RED MUQUI

CON PROYECTO DE LEY

  • Iniciativa pretende fortalecer y complementar actual Ley de Recursos Hídricos
  • Intangibilidad de cuencas dependería de la función ecológica de las zonas donde se ubican

El congresista del Frente Amplio, Marca Arana presentó un proyecto de ley que propone el resguardo de importantes cabeceras de cuenca y zonas productoras de agua, al ser declaradas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como libres de daño –intangibles–, ante la ejecución de actividades económicas a gran escala que puedan contaminarlas y amenazar su ecosistema.

“No se trata de una intangibilidad absoluta, o de que no se pueda hacer nada en ellas (las cuencas o nacientes), sino de una intangibilidad restrictiva, en el sentido que actividades que sirvan para la protección y la gestión como: forestación con plantas nativas, como investigación científica o ecoturismo en pequeña escala, sí estaría permitido.

En ese sentido, el congresista representante de Cajamarca, dijo que para determinar cuáles son las zonas productoras de agua que pueden ser declaradas intangibles (libre de daño), se deberá considerar la función ecológica que cumple en el lugar. “En algunos casos pueden ser cuencas muy extensas, en otras microcuencas. Además, posee enfoque integral, al mirar la protección y gestión en la parte alta, media y baja de los ríos”, añadió.

Asimismo, especificó a RED MUQUI que el proyecto de conservación y protección de las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas (N°283/2016-CR), también contempla lo contrario, es decir, que una cuenca pueda ser intervenida y no ser declarada como intangible. El texto de la propuesta de ley deja abierta esa posibilidad.

“No se trata de decir que no se toque ninguna cuenca, sino de declarar intangibles a aquellas cuencas que cumplen un rol productor de agua, fundamental para otras actividades económicas o para el consumo humano”, reiteró.

Respeto a propiedad comunal

Arana sostuvo que su iniciativa de ley permitiría tener zonas de conservación y de gestión integrada de recursos hídricos, en el que se respete la titularidad y la propiedad de las comunidades campesinas, o de quienes posean legalmente los predios que se encuentren en zonas productoras de agua. Para ello, el proyecto toma en cuenta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la ley de Consulta Previa.

“Al no avanzar en la titulación de las comunidades campesinas, se privilegian actividades que demandan mucha agua o que demandan poca, que encima es contaminada”, señaló.

Importancia

El legislador recalcó que la importancia de este proyecto radica en la prevención de conflictos socio ambientales, que por lo general se deben a la contaminación del agua por parte de las actividades extractivas, especialmente, desde la minería.

Además, apunta a mejorar la coordinación entre la ANA y los Gobiernos Regionales (GORE) y reforzar la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) que ya reconocía la necesidad de resguardar los ecosistemas frágiles de altura, productores de agua, pero sin un marco normativo adecuado para ello.

Aplicable en Cajamarca

Por su parte, Sergio Sánchez, Gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Renama) de Cajamarca, aseguró que desde el Gobierno Regional ya tienen lista propuesta técnica que podría aportar y complementar la iniciativa de ley del congresista.

“Con el estudio de Zonificación Ecológica hemos identificados las cabeceras de cuenca más importantes y cuáles son las zonas donde cualquier empresa extractiva quiera entrar tendría que tener una restricción para no malograr actividades agrícolas ganaderas, tomando en cuenta que el 67% de la población es rural, y de ellos, el 55.8% vive de la agricultura y la ganadería”, comentó.

Sánchez acotó que es necesario contemplar el agua superficial, así como la subterránea, al ser lagunas y acuíferos confinados, que es importante para más de la mitad de la población cajamarquina.

“Cajamarca ya ha propuesta áreas de conservación regional, y hasta nacional, como las lagunas del alto Perú, las zonas de Conga, los bosques de Jaén, las lagunas de San Miguel de Tabaconas que colinda con Piura, zonas de importancia hídrica en las que podría aplicarse este proyecto”, finalizó.

Fuente y Fotos: Comunicaciones RED MUQUI