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Red Muqui: 20 años caminando con los pueblos en la defensa de su derechos colectivos y territoriales

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Por: Jaime Borda
Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Este mes de octubre nos encontramos de aniversario, ya que la Red Muqui este año cumple 20 años en su trabajo de acompañamiento y defensa de derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería. Quizá por ello es importante explicar de dónde viene el nombre de Red Muqui, y en realidad lo adoptamos de la leyenda andina de “el Muqui”; personaje que habitaba en los antiguos socavones donde se extraía minerales y al cual habría que rendirle tributo (“pagos”) para que la actividad minera pudiera realizarse sin perjuicios. En ese sentido, el objetivo de Muqui fue conformar un espacio censor de la actividad minera, ante la gran cantidad de casos de afectaciones de derechos por impactos del “boom minero” en las ultimas décadas.

En octubre del año 2003 se conforma la Red Muqui con el apoyo e iniciativa de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), que nucleaba a una serie de instituciones de derechos humanos y ambientales de ese entonces, dicho sea de paso, es en el caso de Tambogrande (Piura) donde la red inicia sus primeras articulaciones en la defensa de derechos de las comunidades y poblaciones del valle de San Lorenzo ante la amenaza del ingreso de un proyecto minero en la zona.

A lo largo de este tiempo son varios los casos que hemos acompañado desde la red, entre los que podemos destacar el caso de Río Blanco en Ayabaca y Huancabamba en Piura, el caso de Conga en Cajamarca, el caso de la comunidad Cañaris en Lambayeque, el caso de la comunidad de Cruz de Mayo y la laguna de Parón en Caraz – Ancash, así como los casos de la Oroya y la Doe Run y el de reasentamiento forzado en Morococha por minera Chinalco en Junín, los casos de Glencore en Espinar (Cusco), Las Bambas en el corredor minero del sur (Cusco y Apurímac), el caso del valle de Tambo y Tía María en Arequipa, entre otros. En la mayoría de estos casos, la Red Muqui ha brindando soporte técnico y legal, además de un acompañamiento permanente a través de los socios locales de la red en los territorios.

Muchos de los casos mencionados hasta el día de hoy siguen vigentes y el trabajo de acompañamiento de la red, por lo tanto, se mantiene y en algunos casos las afectaciones y los impactos mineros en los territorios se han agudizado. También es preciso señalar que en las últimas décadas la expansión minera se han acentuado y ha sido promovida de manera entusiasta por la mayoría de gobiernos de turno, debido, entre otras cosas, a la alta demanda de materia prima, principalmente del cobre en el mercado internacional. Todo parece indicar que este extractivismo minero se va a profundizar aún más, puesto que, bajo el nombre de la transición energética, se pretende extraer más minerales, sobre todo los llamados minerales de transición como el litio, niquel, cobre, entre otros, para destinarlos a la producción de baterías de litio.

Frente a este escenario, desde la Red Muqui tenemos una serie de propuestas que creemos que se deben discutir con todos los actores involucrados en la agenda minera en el país. A este documento de trabajo le llamamos “La Agenda Muqui”, el cual se resumen en: a) Reforma minera y respeto a la autonomía, los derechos territoriales colectivos y participación de las comunidades, pueblos indígenas y poblaciones en zonas impactadas por la minería; b) Respeto a los DD. HH., protección efectiva de los defensores/as, no a la criminalización de la protesta y la impunidad; c) Protección del agua, territorio, vigilancia y monitoreo ambiental y gestión integral de cuencas; d) Protección de la salud humana y ambiental; cumplimiento de la política y el plan especial multisectorial para la población expuesta; y e) Fortalecimiento de las alternativas al extractivismo desde los territorios en base a su autonomía, economías comunitarias, justicia de género y construcción del buen vivir.

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Estado, sociedad civil y empresas deben involucrarse para proteger labor de defensores

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El último miércoles 15 de setiembre se realizó el foro “Protección de defensores/as de la tierra, el territorio y el medio ambiente: Recomendaciones para Perú” organizado por la Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras; FEDEPAZ; Peru Support Group; y CAFOD. El evento tenía como objetivo la discusión sobre las principales tendencias y factores estructurales que permiten el aumento de la vulnerabilidad y riesgos de las personas defensoras en el Perú, además de informar sobre los hallazgos del informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común”.

Por esa razón, se contó con la participación de panelistas de diferentes organismos públicos y privados para generar una discusión desde diferentes visiones y generar las mejores recomendaciones para apoyar el trabajo de las y los defensores en el Perú. En el foro participaron la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor; Vincent Ringenberg, Encargado de Negocios de la Unión Europea en Perú; Kate Harrisson, Embajadora del Reino Unido en el Perú, además de representantes del Congreso y el Ministerio de Justicia.

Luego de la presentación del evento realizada por Jaime Borda, Secretario General de Red Muqui, comenzó la participación de la embajadora Kate Harrisson quien señaló que la mayoría de los conflictos que se registran en el Perú son conflictos socioambientales, es decir que se generan a partir de la afectación de un recurso natural en la zona, lo cual también genera impactos negativos en las comunidades cercanas. Además, comentó que, si bien el trabajo que realizan las empresas pueden generar impactos positivos, no se debe dejar de lado el deber que tienen de trabajar sin vulnerar los derechos de las poblaciones indígenas, ni de las personas defensoras ambientales, lo cual es una problemática constante en el país. Sobre lo último, la Embajadora del Reino Unido en el Perú, informa un dato alarmante, y es que “entre el 2020 y el presente, en el país ha habido al menos 10 defensores ambientales que han perdido la vida” buscando defender sus derechos y los del medio ambiente. Por esa razón, como comenta Kate Harrisson, es crucial “fortalecer el apoyo legal de las personas defensoras para que puedan denunciar crímenes en su contra”.

Constantemente, las personas defensoras de diferentes regiones del país sufren de amenazas, estigmatización, criminalización y ataques lo cual afecta sus derechos y su labor de defensa de la tierra y el medio ambiente. Frente a esto, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, señaló que hay una extrema inseguridad de las personas defensoras, ya que no se sienten protegidas ni ellas ni sus familias, y esto se refleja en el informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común”, presentado en el foro. Informa también que “los riesgos que enfrentan los defensores han subido durante la pandemia, por actividades contra el ambiente legales e ilegales, y por acceso a la tierra”. En cuanto a la inseguridad con la que viven las personas defensoras, comenta que esto se le asocia también al fracaso del sistema de justicia, que no brinda una respuesta a los pedidos de protección ni una solución concreta a la problemática.

Continuando con los resultados obtenidos por el informe realizado por CAFOD, Emily Mulville, representante de la misma organización, completando la información de las anteriores panelistas, señala que el Perú es uno de los países más peligrosos para la defensa del medioambiente, la realidad comprobada en los estudios y datos sobre la problemática que sufren las personas defensoras, “es escandalosa e inadmisible”. Informa, además, que es debido a que existen fuerzas políticas que tienen como objetivo apoderarse de las tierras que se generan los ataques a los defensores y los impactos negativos al medio ambiente. 

Por esa razón, David Velazco, abogado perteneciente a la organización FEDEPAZ, comenta que es fundamental que se reconozca la importancia de la labor de las personas defensoras ambientales en la sociedad, para que se genere un respaldo social, y en el Estado peruano de manera que “integre mecanismos de protección preventivos ante posibles amenazas”. Sin embargo, la atención que brinda el Estado a la problemática a través del diseño de mecanismos de protección es aún insuficiente, lo cual genera que las personas defensoras sigan siendo criminalizadas y se vean obligadas a refugiarse en los Derechos Humanos, establecidos por la ONU, como señala Hilda Torocahua, defensora de Valle del Tambo.

En el foro también se contó con la participación de la congresista Ruth Luque y de Guillermo Vargas, Viceministro de DDHH y Acceso a la Justicia del  MINJUS, con el objetivo de conocer los retos que se plantean desde el Estado para apoyar el trabajo de las personas defensoras y proteger sus derechos. Ruth Luque señaló que existen aspectos estructurales que el Estado debe cambiar para que se priorice la integridad de las personas defensoras y de las comunidades, de manera que, además, se legitime su rol y labor. Para lograr esto, el sistema normativo debe tomar en cuenta las necesidades de los defensores y que el sistema funcione en favor de ellos y ellas, los cuales son, constantemente, asediados por la minería ilegal.

Guillermo Vargas, reconoce la importancia de que el Estado priorice la atención de la situación de vulnerabilidad en la que viven las personas defensoras. Por esa razón, comenta que el 22 de abril del presente año, se aprobó el mecanismo intersectorial para la prevención de las situaciones de riesgo, en favor de los defensores ambientales.

Si bien se ha habido un avance a nivel normativo para la protección de los/las defensores, aún hay retos que cumplir para que las personas defensoras puedan realizar su labor en espacios seguros. Por esa razón, como señala Guillermo Vargas, “solo el compromiso del Estado en conjunto y de todos los actores permitirá que sigamos contribuyendo a la defensa de las personas defensoras del ambiente”.

Sin embargo, para brindar una solución concreta a la problemática, es importante que todos los actores sociales estén involucrados en esto, no solo la sociedad civil y el Estado. Velazco señala que es importante que las empresas evidencien su compromiso con las personas defensoras y no elaboren proyectos que generan impactos negativos en el ambiente, de manera que se pueden prevenir las consecuencias negativas que afectan también a las poblaciones cercanas a la zona.

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Elecciones 2021- Pronunciamiento: Por el respeto a la democracia y los derechos humanos

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Frente al actual escenario político, de cara a la segunda vuelta para la elección de la Presidencia de la República y la grave crisis sanitaria, económica, educativa y ambiental que enfrenta nuestro país; el colectivo de instituciones que conforman la Red Muqui se pronuncian:

1.- El recrudecimiento de la pandemia desatada por la Covid-19 hace más de un año, ha evidenciado nuestras profundas precariedades como país, no solo en el sistema de atención a la salud, sino también en la atención de la educación, cobertura de internet, apoyo al sector agrario, trabajo digno, entre otros. La defensa del modelo económico neoliberal, vigente desde los 90, ha seguido una línea de continuidad en los gobiernos durante los últimos 30 años, que ha privilegiado la explotación de materia prima y el extractivismo en los territorios, ha concentrado la riqueza en unos pocos y generado grandes desigualdades debido a la reducción de derechos sociales, laborales y sindicales. También ha afectado a la actividad agropecuaria y las posibilidades de desarrollo de otras actividades económicas de los pueblos, dejándolos con impactos negativos en el agua, suelo y aire, con un severo deterioro en la salud de los niños y niñas que tienen altos niveles de metales pesados en su organismo y sufren de desnutrición crónica y anemia infantil. Todos estos aspectos evidencian que este modelo está agotado y que no podemos seguir postergando los cambios estructurales más urgentes que demanda la población peruana.

2.- El modelo económico actual fue sellado con la Constitución de 1993, durante un régimen dictatorial. Hoy son más que evidentes los impactos del extractivismo depredador y el modelo minero actual que solo ha admitido parches sin cambios de fondo. Aún en tiempos de pandemia y de crisis económica, los gremios empresariales mineros y el gobierno insisten con presionar los territorios para sacar adelante proyectos mineros cuestionados como Tía María en Arequipa, Conga en Cajamarca o Río Blanco en Piura. Del mismo modo, se mantiene el despojo de territorios de los pueblos indígenas, atropellando los derechos ambientales, de consulta previa, de tierra y territorio, participación ciudadana, entre otros. Por tanto, urge un proceso participativo de cambio y mejora del pacto social que representa la Constitución Política del Estado, que incluya el ordenamiento del territorio y enfrente la problemática del uso del suelo y subsuelo, la conservación de las fuentes de agua con respeto a las actividades agropecuarias.

3.- La Defensoría del Pueblo asegura que más del 60% de los conflictos son de tipo socio ambiental y, dentro de estos, el 65% de los conflictos sociales está vinculado a la actividad minera. Las poblaciones, comunidades, pueblos originarios y sus líderes y dirigentes que rechazan la actividad minera y extractiva en sus territorios son constantemente estigmatizados, judicializados, criminalizados y privados de su libertad. Inclusive se busca militarizar zonas mineras a través de Estados de Emergencia. Como consecuencia de los conflictos existen casos de heridos y fallecidos civiles, sin ningún tipo de identificación y sanción a los responsables, la impunidad policial se mantiene intacta, debido a las normas que protegen a la PNP. Además, aún se mantienen los convenios de las empresas mineras con la PNP. Una propuesta de gobierno que pretenda mantener vigente este modelo extractivista y su profundización, no representa de ninguna manera una propuesta de cambio y de respeto a los derechos humanos.

4.- No obstante, esta situación crítica que vivimos y la crisis política en la que nos ha sumergido nuestra clase política, no hemos sido derrotados. La solidaridad y apoyo comunitario organizado en los barrios y en las comunidades han servido para ello. Frente a la escasez de alimentos se han implementado ollas comunales, ante la falta de oxígeno se ha movilizado el apoyo comunitario, así como experiencias de alimentación sostenida por la agricultura familiar y otras economías populares. Del mismo modo, frente al intento de golpe a la democracia, la población -sobre todo los jóvenes- se han movilizado masivamente el año pasado para defenderla ante intereses subalternos y de mafias organizadas que todavía se encuentran en el Congreso. Si bien nos encontramos en medio de un proceso electoral, la población continúa con la defensa de sus territorios y también es consciente que no es momento de mantenerse neutrales; que no se puede retroceder en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

5.- Por ello, frente a un escenario ciertamente complejo y altamente polarizado; desde la Red Muqui nos reafirmamos en la defensa férrea de los derechos humanos, sobre todo el de las comunidades afectadas que resisten al extractivismo minero. Sabemos que los cambios que proponemos no vendrán desde el Fujimorismo. El Fujimorismo representa un grave riesgo para nuestra democracia, no solo porque durante su dictadura en los años 90 se violaron derechos humanos, sino porque entre sus miembros se alojan personas sentenciadas por corrupción, quienes en la reciente crisis política del 2020 contribuyeron a desestabilizar el Congreso de la Republica y el Poder Ejecutivo. Tal es así, que hoy, esta “organización política”, afronta un proceso judicial por delitos como crimen organizado y lavado de activos.

Por todo lo mencionado, nos sumamos a las iniciativas de resistencia permanente en los territorios y hacemos un llamado a la población y a las organizaciones de base, a cerrarle el paso al retorno del fujimorismo. No es posible que a 200 años de nuestra vida republicana tengamos que celebrar el retorno del nefasto pasado dictatorial, represivo, altamente corrupto y sangriento. Somos conscientes de que el país necesita cambios, no solo de formas, sino en temas de fondo. Por ello nuestro voto debe ser de respeto por la democracia y los derechos humanos. Votemos sin miedo por el cambio; votemos por el cambio constitucional que abra las puertas a un modelo post extractivista que tenga como centro la dignidad de la gente.

 

Lima, 19 de mayo del 2021.

 

 

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Exhortamos al Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú

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La Red Muqui, miembros de las redes macroregionales de Muqui Centro, Muqui Norte y el Colectivo de Abogados y Abogadas de Muqui Sur, expresamos nuestro rechazo y preocupación frente a las opiniones vertidas por el archivamiento de la Resolución Legislativa que busca ratificar el acuerdo de Escazú denominado “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Al respecto señalamos lo siguiente:

1.- Rechazamos el adelanto de decisión de no ratificar el Acuerdo de Escazú por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Consideramos que no ratificar dicho acuerdo sería un grave retroceso del Estado peruano en la línea de promover la vigencia y garantía de los derechos humanos, territoriales y ambientales.

2.- Precisamos que el Acuerdo de Escazú no contraviene los principios y valores del Estado Peruano. Todo lo contrario, el Acuerdo es un instrumento internacional que busca fortalecer la protección de los derechos, en especial el medio ambiente, la vida de los defensores y defensoras y la vigencia de la democracia a través de la participación y fiscalización ciudadana en materia ambiental.

3.- Resaltamos que la ratificación del Acuerdo de Escazú no implica que el Perú pierda su soberanía sobre sus recursos naturales, bienes comunes o la jurisdicción interna. El artículo 3ro de dicho Acuerdo establece claramente que se rige por el irrestricto respecto de la “soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”. El Perú, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoce las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que ello haya significado el menoscabo a nuestro sistema de justicia interna; al contrario, la cooperación entre las cortes ha fortalecido nuestra democracia.

4.- La labor de defensa de derechos ambientales en nuestro país enfrenta muchos riesgos como asesinatos y criminalización de defensores y defensoras ambientales, tal como lo hemos constatado en las ultimos meses en nuestro país. Por ello es importante reforzar los mecanismos para acceder a información, desplegar mecanismos reales de protección de defensores y garantizar el acceso a la justicia en caso de daños. El Acuerdo de Escazú otorga estos y otros estándares de protección y así lo reconocen la mayoria de paises que la han suscrito.

Finalmente, por todo lo señalado INSTAMOS a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú, pues permitirá asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

19 de octubre del 2020.

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Organizaciones de Morococha – Junín presentan observaciones a la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Toromocho de Chinalco

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A fines de julio, el Frente Amplio de Defensa delos Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín, con el apoyo de PASSDIH y Red Muqui, presentaron observaciones ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, al Proceso de Elaboración de la Modificatoria del Estudio del Impacto Ambiental – MEIA que corresponde al Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho de propiedad de la empresa Minera Chinalco Perú SA.

Estas observaciones tuvieron como finalidad poner de conocimiento de SENACE sobre algunas imprecisiones en las que incurrió la Modificación del EIA del proyecto Toromocho. Las observaciones se centran en los siguientes puntos:

  1. Se observó una grave omisión en la MEIA, respecto del Área de Influencia Directa Social propuesta por Minera Chinalco Peru SA. Inicialmente el área de influencia directa social era la Antigua Ciudad de Morococha, donde actualmente permanecen un grupo de pobladores que no han sido reasentados. Este grupo de personas no ha sido evidenciados en el MEIA, simplemente no existen, lo cual claramente constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios; más aún cuando este grupo de personas vienen enfrentando constantes embates de afectación social, económica, cultural y de contaminación y sin gozar de ninguna forma de mitigación.
  2. Se planteó observaciones contra la omisión y modificación de compromisos del EIA primigenio referidos a los impactos socioeconómicos, no cumplidos por minera Chinalco. En el EIA primigenio se contemplaba una serie de compromisos en materia del componente socioambiental: 1) Campamento Minero dentro de la nueva Morocha para favorecer el dinamismo económico en la zona muerta comercialmente 2) Adquisición de Bienes y Servicios con preferencia a la zona AID del distrito de Morococha y 3) Satisfacción de contratación de las cuotas de empleo con preferencia a los pobladores del distrito de Morococha; las cuales no han sido ratificadas en este MEIA.
  3. Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.
  4. Finalmente se platearon observaciones respecto a la participación ciudadana para la evaluación del MEIA. Se evidencia que existe una omisión de la aplicación de normas relativas a los Pueblos Indígenas para el proceso de participación, ya que conforme a la identificación del área de influencias directa están las comunidades campesinas San Francisco de Asís de Pucará, Yauli y Pachachaca y su Anexo el Barrio San miguel Centro poblado Manuel Montero. Al igual que la falta de idoneidad en los mecanismos de participación que se han propuesto para la evaluación del MEIA, pues la publicación y difusión de avisos, pegado de carteles, la implementación de una oficina de información virtual, entre otros no garantiza un pleno acceso a la información de los pobladores.

Con estas observaciones, el Frente Amplio de Defensa delos Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín y pobladores locales, afectados por el proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco SA, buscan que el SENACE pueda advertir las omisiones en las que ha incurrido el MEIA y que tome en cuenta estas observaciones al momento de revisar y aprobar el proyecto minero; de lo contrario se legitimará la afectación a los derechos ambientales y los derechos individuales y colectivos de los pobladores de Morococha.

 

 

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Diálogo virtual: Reactivación económica, minería, agro y COVID-19, este martes a las 5:30pm

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A pesar que en nuestro país el brote del COVID-19 aún no se encuentra controlado y el sistema sanitario ya está colapsando; el 03 de mayo se emitió el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que establece la reanudación de las actividades económicas en 4 fases. Desde la FASE 1, se encuentra la actividad empresarial minera.

Desde que se dio inicio al estado de emergencia nacional y la medida sanitaria de cuarentena, la minería es una de las actividades no esenciales que no paró sus operaciones. Lo que hizo que varios de los trabajadores de diversas unidades mineras en el país se contagien de COVID-19. A la fecha se reportan más de 270 trabajadores contagiados y 1 de ellos falleció (Antamina), producto del contagio.

El sector agrario tampoco paró, pero tuvo y tiene aún muchas dificultades para poder desarrollarse, con la diferencia de que es una actividad esencial al proveernos de alimentos en nuestro país y en el mundo. A diferencia del sector empresarial minero que fue atendido desde el 1er día del estado de emergencia; el sector agrario sigue desatendido con las exigencias de los gremios agrarios y las comunidades campesinas.

Por estas razones, las comunidades, poblaciones y pueblos indígenas, a través de sus representantes, vienen señalando los riesgos a los que se encuentran expuestos por la continuidad de la actividad minera, sumando a ello los impactos acumulativos de las actividades extractivas en sus territorios y fuentes de agua; y el abandono del agro y las zonas rurales del país.

¿Qué significa la reactivación económica para las comunidades en estas circunstancias?

Desde Red Muqui organizamos la presente edición de “Diálogos Virtuales”: REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MINERÍA, AGRO Y COVID-19 en el Perú.

La transmisión en vivo será vía FACEBOOK/RED MUQUI este martes 12 desde las 5.30pm.

PROGRAMA:

PANEL 1: Reactivación económica en contexto del COVID-19: Minería y Agricultura.

-José De Échave – Economista Cooperacción
– Clímaco Cárdenas- Presidente de CONVEAGRO
– Rocío Silva Santisteban – Congresista de la República

Modera: Jaime Borda – Secretario Ejecutivo de Red Muqui

PANEL 2: Afectaciones a la salud y vida de los PPII, comunidades y trabajadores a causa de la reactivación económica minera.

– Melania Canales – Presidenta de ONAMIAP
– Oscar Mollohuanca – Ex alcalde de Espinar

– Jorge Juárez – Sec. General de la Federación de Trabajadores Mineros ( Por confirmar)

Modera: Beatriz Cortez – Área político-legal de Red Muqui

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Organizaciones de México exhortan a Vizcarra a no dar licencia a Southern, por acción criminal del Grupo México en su país

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En medio de las protestas en el Valle de Tambo, que volvió a paralizar todas sus actividades desde el sábado 26; más de 15 organizaciones y movimientos de México hicieron llegar una carta a Vizcarra el lunes 28 de octubre a través de Red Muqui y uno de los voceros de valle de Tambo, Mario Chirapo, que entregó la carta a Mesa de Partes de la presidencia de la República. A través de las redes sociales como Twitter, las organizaciones mexicanas también se dirigieron al presidente, haciendo pública la carta.

En días en que el Consejo de Minería debe definir la viabilidad de la construcción del proyecto Tía María operado por la Corporación Southern, del que el Grupo México es el accionista mayoritario; las organizaciones mexicanas exhortan al presidente Vizcarra a que no otorgue ninguna licencia a la empresa Southern debido al actuar “criminal” del Grupo México en su país. Dos ejemplos claros que señalan en la carta son:

  • “El derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ocurrido en 2014 que afectó a 22 mil personas quienes, a cinco años del peor desastre ambiental minero, reconocido por el mismo gobierno mexicano, siguen exigiendo justicia y reparación por los daños causados a la salud, al medio ambiente y al agua contaminada con metales pesados”.
  • “En el 2006, 65 trabajadores murieron al quedar atrapados tras una explosión resultado de la acumulación de gas metano en la mina Pasta de Conchos, operada por Grupo México, que tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. Apenas este año, en respuesta a la demanda continuada de las familias de los mineros, y luego de que el caso fuera admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018, el Ejecutivo dispuso acciones que se espera conduzcan al rescate de los restos de los trabajadores que la empresa se ha opuesto a recuperar todos estos años”.

La carta finaliza expresando la solidaridad con el pueblo del valle de Tambo, “ante un conflicto violento que ya ha cobrado nueve vidas y dejado decenas de lesionados, además de conducir a la criminalización de personas que únicamente están defendiendo sus derechos humanos.

Descargar la carta completa (versión PDF)


Valle de Tambo articula fuerzas en Lima

Mario Chirapo, uno de los voceros de valle de Tambo, además de entregar la carta de las organizaciones mexicanas a la presidencia de la República, también participó de un Foro el viernes 25 en la universidad San Marcos, en el que hizo un balance de los 11 años de resistencia del valle frente a la imposición del proyecto minero Tía María.

Asimismo, el sábado y domingo participó del 1er Encuentro Sindical Popular organizado por el Comité de Lucha Sindical y Popular, en el que articuló alianzas con organizaciones estudiantiles, sindicales y barriales, con el objetivo de impulsar acciones de solidaridad con la lucha del valle de Tambo.

El lunes participó, también, del plantón organizado por el recién formado Comité de Solidaridad Sindical y Popular de Lima con el valle de Tambo, que se llevó a cabo desde las 6pm en plaza San Martín, en el que la Federación Textil, el Sindicato de Trabajadores de Limpieza (SITOBUR), entre otros sindicatos, y colectivos barriales y vecinos y vecinas de Lima mostraron su solidaridad con la lucha del pueblo de valle de Tambo y se comprometieron a continuar acciones de solidaridad con las comunidades que resisten a la imposición extractivista en sus territorios.

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Foro: Situación de la Minería Artesanal, Informal, e Ilegal en el Perú

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Desde hace casi tres décadas, los conflictos sociales relacionados con la explotación minera en nuestro país han ido creciendo en número e intensidad. Los que son provocados por la presencia de la minería representan el 64% de todos los conflictos sociales del país (que a su vez ocupan el 66% de la totalidad de los conflictos nacionales)[1]. En este contexto, una fuerte preocupación por los riesgos que la actividad minera genera hacia la salud humana y ambiental ha ido aumentando entre las comunidades indígenas, campesinas, y población en general. Estos riesgos se multiplican con la proliferación de la minería informal e ilegal que tienen menor control por parte del Estado. Las actividades mineras ilegales e informales se relacionan en la mayoría de los casos con la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), conducida por individuos, grupos o comunidades que extraen pequeñas cantidades de mineral al día, utilizando poca tecnología y maquinaria. 

El día de hoy 27 de setiembre se ha producido la muerte de un joven en el cerro el Toro, que se ubica en la provincia de Huamachuco, sierra de La Libertad; producto de los derrumbes causados por la minería ilegal. Huamachuco viene siendo escenario de protestas frente a los problemas que genera la minería informal en las comunidades desde hace varios años. A inicios de año, también, se produjo el asesinato de un dirigente del Frente de defensa de la Comunidad Campesina San Sebastián de Suyo en Piura, producto de las disputas entre la minería informal e ilegal. El día de ayer, jueves 26 de septiembre, se acaba de realizar una movilización en Cajamarca producto de la contaminación del Valle de Condebamba por la minería formal e informal; el segundo valle productor de nuestro país. Asimismo, en Ancash, la minería informal sigue proliferando en Pallasca y Chacas y queriendo entrar a la comunidad de Vicos, perteneciente al parque nacional de Huascarán; obteniendo el rechazo de la comunidad. En Madre de Dios, que es el lugar más enfocado por los medios de comunicación, la minería illegal sigue operando en lugares donde no hay presencia policial.

Entre los factores principales que han empujado la proliferación de la minería ilegal e informal, sobre todo entre los mineros artesanales y de pequeña escala, se encuentra la baja oportunidad de empleo y de ingreso económico de las poblaciones que viven en las regiones donde hay minería informal e ilegal.

Agregado a ello, en este último mes se acaba de aprobar el aplazamiento hacia el 2021 de la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera para que los mineros artesanales y pertenecientes al segmento de pequeña minería, puedan iniciar el proceso de formalización. No obstante, dar respuesta a la realidad de la minería informal en nuestro país requiere de una respuesta integral. En el Foro que estamos organizando contaremos con la participación de representantes regionales, del Estado y de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales (FENAMARPE).

Día: miércoles 2 de octubre de 2019
Hora: 9am – 1pm

Lugar: Auditorio Alberto Andrade del Congreso de la República. Av. Abancay 151, Edificio Juan Santos Atahualpa.

[1] Defensoría del Pueblo, Julio 2019, pp. 19, 21.

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