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EN LIMA

  • Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH concretó importante reunión con exposición de casos
  • Relatora Victoria Tauli-Corpuz prepara un nuevo informe sobre Pueblos Indígenas que será presentado en setiembre de este año

La Relatora de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, se reunió con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derecho Humanos (CNDDHH), y recibió un informe sobre la situación de afectación de derechos de las poblaciones indígenas en base a una serie de casos.

En reunión que tomó dos días (miércoles 27 y jueves 28), organizaciones de la sociedad civil, entre ellas RED MUQUI, presentaron ante la funcionaria de la ONU, cómo es que los derechos de las poblaciones indígenas son vulnerados por efecto de las inversiones extractivas, inversiones en infraestructura y también por decisiones del Estado, a través de normativas que no contemplan el cumplimiento del convenio 169 de la OIT.

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial ONU, refirió que ante el desconocimiento que tienen los pueblos indígenas sobre las inversiones que van a impactar sus territorios y los tratados internacionales que los afectarán,  les ha recomendado enterarse de los contenidos de dichas acciones para afirmar mejor sus derechos.

Situación de la consulta previa en minería

Una de las mayores preocupaciones que fueron expuestas ante relatora, fue el de la situación de la consulta previa respecto a proyectos mineros en el Perú. El Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, fue quien expuso sobre el proceso de consulta previa que inicia con el otorgamiento de una concesión minera, por parte del Estado. La relatora Tauli-Corpuz tuvo conocimiento que las partes involucradas –en este proceso– son el Estado (administrador de todos los bienes) y la empresa concesionarias, las empresas mineras en este caso.

“El problema de fondo radica en que nadie más es parte del proceso administrativo, los demás actores como: gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas o nativas y la población en general, solo son informados de las decisiones que se toman”, señaló Jahncke ante los relatores de la ONU.

De igual modo, el representante de la RED MUQUI explicó a la relatora que, tanto el Estado como la empresa concesionaria, realiza talleres informativos para presentar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los cuales son dirigidos por ingenieros y abogados, quienes utilizan un lenguaje técnico que las comunidades campesinas no manejan.

“La presencia de las comunidades, le es suficiente –a la empresa y al Estado- para asegurar que la población ha recibido información suficiente como participar en una audiencia pública posterior y exponer puntos de vista orientados a mejorar el proyecto, pero no para cuestionarlo”, puntualizó Javier Jahncke.

En ese sentido, el Secretario Ejecutivo de RED MUQUI, remarcó que en este proceso de consulta, la posición de las comunidades no tiene incidencia sobre la viabilidad del proyecto, ya que la decisión es tomada solo por el Estado y la empresa que solicita la concesión.

“Según las normas del sector la consulta previa se realizaría después de la aprobación de los EIA y de todas las autorizaciones necesarias para que las actividades extractivas inicien. Por lo tanto, no se consulta sobre ninguna resolución que involucre la realización del proyecto, la consulta previa se realiza en dos momentos en los que no se puede decidir nada”, finalizó.

Luego de culminadas las exposiciones, Tauli-Corpuz, saludó que la Sociedad Civil peruana mantenga una elaboración de reportes e informes que monitorean el cumplimiento de la ley y procesos de consulta previa en el Perú, y los consideró como insumos necesarios para aquellos funcionarios designados por el Estado en los procesos de diálogo con comunidades indígenas.

«Creo que los reportes e informes que están siendo trabajados por la sociedad civil, sobre consulta, pueden llegar a  ser un elemento importante en los procesos de diálogo, al exponer las violaciones al convenio 169”, indicó Tauli-Corpuz al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.

Se viene un nuevo informe

La comisionada por la ONU sobre Pueblos Indígenas, destacó la importancia de que las comunidades puedan decir sí o no, a las inversiones que se realizarán en sus territorios, así como de la aprobación de salvaguardas ambientales y de derechos humanos, por parte del Estado. En ese sentido, la relatora recomendó que los inversionistas sean transparentes en sus propósitos y las negociaciones deben hacerse de manera pública para que los ciudadanos tengan la posibilidad de intervenir y hacer estudios de impactos en los derechos humanos.

Victoria Tauli-Corpuz, anunció que en setiembre de este año presentará un informe referido a Pueblos Indígenas. Cabe recordar que la relatora elaboró el informe «Repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, Informe a la Asamblea General, 2015», el mismo que fue presentado a la 70ª sesión de la Asamblea General de ONU.

“Los pueblos indígenas son las poblaciones más vulnerables y no queremos que se agrave la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. Por esto tenemos el mandato de protegerlos, indicó”.

DATOS

  • Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Baskut Tuncak, Relator Especial sobre Residuos Tóxicos, también de la ONU, y Francisco Eguiguren, Relator de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, llegaron a Lima para participar en un foro público, para analizar los alcances y las posibles afectaciones que sufrirían los pueblos indígenas del Perú y de otras 11 países, por el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

PAQUETAZO AMBIENTAL

  • Congreso tiene un mes para responder esta demanda

Después de casi un año, el Tribunal Constitucional (TC) admitió –a trámite- que 22 artículos de la Ley N° 30230, conocida como el tercer ‘paquetazo ambiental’, son inconstitucionales al vulnerar el derecho de los pueblos indígenas a vivir en un medio ambiente adecuado, así como el de la debida propiedad de sus territorios. Como se recuerda, esta demanda fue interpuesta por diferentes organizaciones indígenas nacionales y de derechos humanos, en abril del año pasado.

“ADMITIR a trámite la demanda de inconstitucionalidad y su ampliatoria interpuesta por más de cinco mil ciudadanos contra diversos artículos de la Ley 30230, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país (…)”, se concluyó en una resolución emitida el 15 de marzo último.

A inicios del mes pasado, el Tribunal desestimó esta pedido debido a que no se aclaraba la inconstitucionalidad artículo por artículo, luego de esta corrección, el TC finalmente admitió la demanda ciudadana de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 30230.

Es así, que el 14 de marzo los ciudadanos demandantes presentaron un escrito de subsanación en el que se expusieron los argumentos que sustentan la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de los artículos 36, 38 al 40, 42 al 51, y la Tercera Disposición Complementaria.

En resumen, dichos artículos (Título III) permiten al Estado -mediante “procedimientos especiales”- entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos. De igual modo, atentan contra la Consulta Previa (Convenio 169 de la OIT).

Ahora que el TC admitió la demanda contra ley del ‘paquetazo ambiental’, se espera que el Congreso de la República la revise y se pronuncie en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución.

Cuestión de interpretación

Tras cumplir con la subsanación observada por el TC, la parte demandante aprovechó en presentar una ampliación de la demanda en donde se le solicita al Tribunal, también emitir una sentencia interpretativa -de naturaleza aditiva- que reitere las reglas desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la prohibición de reconocimiento de derechos en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Pedido que también fue admitido.

“Esto quiere decir que, se le sugiere al TC que al momento de interpretar la norma (30230) se tome en cuenta que, toda normativa que se dicte en el Perú debe cuidar el marco normativo establecido por la CIDH y la Convención Americana de Derechos Humanos, y que cuida que no se afecten los derechos indígenas. No olvidemos que ello ha sido suscrito por el Estado”, comentó Javier Jahncke de la RED MUQUI.

Vulneraciones de la 30230

Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal – IDL, argumentó que esta demanda se sostiene en la vulneración del derecho a la consulta previa, al territorio y al derecho fundamental a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Y que su objetivo es que el Tribunal Constitucional evalúe si la Ley N° 30230 respeta la Constitución y los tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

David Velazco, director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, señaló que se flexibilizan las exigencias de control ambiental, como el tiempo en los procedimientos de evaluación y análisis de los estudios de impacto ambiental, se limita la participación ciudadana en temas de ordenamiento territorial.

VER RESOLUCIÓN

DATOS

  • La demanda de inconstitucionalidad fue elaborada en parte por la RED MUQUI y otros miembros del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.
  • RED MUQUI, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, el Pacto de Unidad de organizaciones Indígenas del Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, y la Pastoral de la Tierra del Vicariato de Yurimaguas, recolectaron a nivel nacional cerca de 10 mil firmas, para solicitar la acción de inconstitucionalidad ante el TC.
  • Diversas organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, están pendientes de este proceso que el TC deberá resolver.
  • En junio del 2014, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un tercer paquete de medidas económicas (Ley 30230) remitidas por el Ejecutivo.
  • La Ley 30230 perdona por tres años las multas a mineras y petroleras que hayan incurrido en infracciones ambientales.

EN FORO ELECTORAL

  • Perú Posible, Peruanos Por el Kambio, Todos por el Perú, Frente Amplio y Acción Popular debatieron con Sociedad Civil

Durante el Foro Electoral: Políticas públicas sobre pueblos indígenas, cinco candidatos al Congreso coincidieron en algunas medidas para prevenir la conflictividad socio ambiental a través del diálogo y articular los planes de desarrollo, tomando en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas que se encuentran en zona de influencia, sea minera o petrolera.

Los postulantes al Legislativo aceptaron la invitación de la Sociedad Civil para dar a conocer sus propuestas en favor de los pueblos indígenas, sobre los siguientes temas: Consulta Previa, recursos naturales (agua), comunidades y seguridad territorial y conflictos socio ambientales.

Isabel Montalvo (Número 13 de Perú Posible)

La candidata al Congreso por Perú Posible, Isabel Montalvo, comentó que su agrupación política propone restituir al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblo Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) como ente autónomo, y no como parte del Ministerio de Cultura.

Según refirió Montalvo, este organismo debería estar encargado de conducir los procesos de diálogo con las comunidades andinas y nativas.

Montalvo también planteó que los programas de innovación y asistencia técnica dirigidos a las tierras agrícolas y así fomentar la agricultura familiar de las comunidades.

Fiorella Molinelli (Número 14 de PPK)

La candidata al Congreso de Peruanos Por el Kambio, Fiorella Molinelli, señaló que una política de «adelanto social», permitiría que las comunidades directamente afectadas por las industrias extractivas, obtener los beneficios desde antes de la ejecución de un proyecto minero o petrolero.

En cuanto al tema de seguridad territorial de los pueblos indígenas, La candidata al Congreso de Peruanos Por el Kambio, Fiorella Molinelli dio a conocer que el plan de gobierno de su partido, plantea el programa «propietario firme» para la titulación de un millón de predios agrícolas, junto con un programa de reforestación de la sierra que comprendería una eventual inversión de 50 millones de soles al 2021 con un millón de hectáreas. De igual modo, Molinelli, se refirió a la unificación del escaneo digital de tierras para lograr un mejor proceso de ordenamiento territorial y generar un sistema de acceso a la propiedad y con un solo ente organizador, además del COFOPRI y el MINAGRI.

Pedro Gamio (Todos Por el Perú)

El representante del equipo técnico de Todos Por el Perú, Pedro Gamio, señaló que para evitar los conflictos sociales, hace falta coordinar con los gobiernos locales y regionales un plan de desarrollo y de ordenamiento territorial (OT) que esté avalado por una organismos de OT que indique las prioridades de cada zona del país.

Gamio consideró que es necesario involucrar a los actores sociales de los territorios en el plan de desarrollo local y regional, y así enfrentar los conflictos. Asimismo, se mostró a favor de respetar la decisión de las comunidades que se oponen a un proyecto, por el respeto a los derechos humanos y el bien de la gobernabilidad.

Javier Torres (Número 36 del Frente Amplio)

El candidato al Congreso por el Frente Amplio, Javier Torres, expuso que avanzar en la seguridad territorial de las comunidades indígenas, hace falta que la política de ordenamiento territorial esté armonizada con los planes de vida que se trabajan desde las comunidades, además de algunos cambios en las leyes que tienen que ver con planes de desarrollo como la ley de municipalidades y gobiernos regionales.

Además remarcó que para garantizar la titulación se debe avanzar en el reconocimiento y contabilizar comunidades indígenas tiene nuestro país.

Torres indicó que entorno a los pueblos indígenas, el Frente Amplio propone derogar las leyes que criminalizan la protesta, así como continuar con los avances en la aplicación de la Ley de Consulta Previa.

Augusto Rey (Número 11 de Acción Popular)

Para el candidato de Acción Popular, Augusto Rey, es importante seguir impulsando el proceso de Ordenamiento Territorial. Resaltó que el partido al que representa cree en la indutrialización y sustentación, pero sin criminalización de la protesta, ni compra de dirigentes sociales. Plantear una democracia y plenitud de derechos a partir de la consulta previa, así como una atención a cada caso particular de las comunidades que se oponen o reclaman mejores condiciones por parte de las empresas extractivas.

El panel de la Sociedad Civil, estuvo integrado por Fánel Guevara (Instituto de Promoción para la Gestión del Agua-IPROGA), Javier Jahncke (RED MUQUI), Richard Smith (IBC Perú) e Ismael Vega (CAAAP). Mientras que en el panel de periodistas especializados nos acompañaron Nelly Luna (Ojo Público), Rafael Ponte (Servindi) y Magali Zevallos (Gran Angular).

El Centro de Antropología Aplicada Amazónica del Perú (CAAAP), RED MUQUI y Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, organizaron este encuentro dirigido a candidatos al Congreso de la República, con el objetivo de promover un debate informado además de profundizar en los planes y proyectos políticos.

En el marco de la campaña “Volvamos a las propuestas”, RED MUQUI viene difundiendo los planteamientos que los diferentes partidos políticos a través de su canal de YouTube: http://ow.ly/ZS1DZ

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, RED MUQUI, DEMUS el Colectivo Alfombra Roja, el Colectivo Nadienospaga y el Bloque Hiphop, han convocado a un plantón de protesta en solidaridad con Máxima Acuña y su familia, quienes desde hace meses vienen sufriendo hostigamiento por parte de la empresa minera Yanacocha.

La acción está programa para este martes 16 de febrero desde las 4 y 30 de la tarde. El objetivo como Sociedad Civil, es que desde el espacio ciudadano, se visibilice y denuncie la hostilidad que Yanacocha utiliza como medio para obtener los terrenos de los Chaupe Acuña para la actividad extractiva del proyecto minero Conga.

Para ello, la CNDDHH, ofrecerá una conferencia de prensa para hacer públicos estos hechos, informar los últimos pormenores del caso y también denunciar el hostigamiento a los defensores del medio ambiente en Cajamarca, además de invitar a la prensa a participar en el plantón.

Por la tarde, diferentes colectivos ciudadanos y ONG defensoras de derechos humanos, la mujer, y el ambiente, realizarán una vigilia a las afueras de las oficinas de Yanacocha en Lima. Como parte de las intervenciones, se realizará una Alfombra Roja humana y se tenderá una tela larga donde se le escribirán mensajes de solidaridad a la familia de Máxima, la misma que les será entregada por el Bloque Hiphop. Además la vigilia estará acompañada de música, pancartas y velas.

De forma paralela, este plantón se realizará en otras ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo y Cajamarca.

Para participar en esta intervención, ingrese a: on.fb.me/1Xisr8C

Desde hace 4 años, la familia Chaupe Acuña sufre una serie de atentados en su propiedad, sin embargo, la empresa Yanacocha ha intensificado los hostigamientos con invasiones, destrucción de cultivos, ataques a mascotas y hasta el acecho aéreo con una dron. Pese a esta situación, el Estado peruano permanece indiferente, pese a las denuncias que la defensa de Máxima Chaupe ha presentado ante la Fiscalía de Cajamarca.

Respaldo internacional

Por su parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicitaron una intervención URGENTE sobre este caso.

Algunas de las medidas que exhorta al Estado peruano es garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Acuña, de su familia; asimismo, recomiendan llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos acaecidos, con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.

“El Observatorio condena de forma contundente los ataques en contra de la Sra. Acuña y su familia y exhorta a las autoridades de Perú a investigar, a la mayor brevedad posible, los hechos denunciados, para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia, algo que hasta este momento no ha sucedido con relación a ninguno de los ataques”, indicaron en un comunicado.

Estos ataques están relacionados con la disputa que la Sra. Acuña tiene desde hace varios años con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra. El 17 de diciembre de 2014, un tribunal de Cajamarca determinó en última instancia que la familia no era culpable de ocupación ilegal de la tierra, como argumentaba la empresa. Ahora la empresa minera rebate la propiedad de la tierra ante un tribunal civil.

Foto: Diseño RED MUQUI

  • Señala informa anual sobre comunidades indígenas que la Sociedad Civil envía a la OIT
  • Partidos políticos fueron informados sobre agenda indígena pendiente
  • Otros temas son criminalización de la protesta, cambio climático, salud y educación intercultural y mujer indígena

La necesidad de saneamiento físico legal y titulación de las tierras, así como la efectiva aplicación de la ?Consulta Previa en comunidades campesinas y nativas, siguen siendo pendientes y de cumplimiento por parte del Estado, así lo indica la última versión del Informe Alternativo 2015 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Por octavo año consecutivo, las Organizaciones Indígenas Nacionales del Perú, con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (al que pertenece RED MQUI) han recopilado este reporte incluye eventos, procesos y desarrollos jurídicos que han tenido lugar entre julio de 2013 y junio de 2015.

El documento de 90 páginas forma parte del informe que se envía a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, que revisa el grado de cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo. En esta ocasión también fue presentado y entregado a los representantes de partidos políticos quienes también hablaron de su propuestas de gobierno.

VER PROPUESTAS DE PARTIDOS POLÍTICOS

En ese sentido, Jorge Bracamonte, director ejecutivo de la CNDDHH, remarcó el objetivo de tener un diálogo profundo sobre lo que cada agrupación hará, de llegar a gobernar.

La presentación del informe comenzó con la exposición de la agenda indígena nacional a cargo de Ketty Macedo, presidente del Pacto de Unidad (que agrupa a la mayoría de organizaciones indígenas del Perú).

Luego, la presentación de los temas sobre derechos pendientes y de mayor vulneración en el año 2015, estuvo a cargo de Javier Jahncke (Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI), Richard Smith (Director Ejecutivo del Instituto del Bien Común) y Richard O’Diana (Abogado del  Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP).

Al referirse a consulta previa en minería, Javier Jahncke, señaló que hasta la fecha solo hay tres procesos culminados (Apurímac, Cusco y Ancash), los cuales se han dado en la etapa final de aprobación de los proyectos. En ese sentido el representante de la RED MUQUI recalcó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) recién realiza la consulta, de manera informativa, y en la etapa de la resolución de inicio de actividades.

Por su parte, Richard Smith se refirió como es que los textos de las leyes (30230 Y 30327) han ido cambiando en desmedro de la territorialidad de las comunidades indígenas en el Perú. Smith explica cómo es que, a través de decretos supremos, el gobierno de Ollanta Humala ha venido invisibilizando a los pueblos indígenas, a lo que se suma la falta de una cifra oficial de número de comunidades y titulación de tierras.

A su turno, Richard O’Diana señaló que no basta con que el Gobierno diga que existen 21 procesos de consulta previa culminados, de un total de 30 iniciados, ya que estos han concluido sus procesos de diálogo, pero «no han culminado oficialmente, la consulta termina con la promulgación de una medida, una medida que es la que se consulta», precisó.

DESCARGAR INFORME

 

Fuente: Comunicaciones RED MUQUI / Servindi

Fotos: RED MUQUI

El informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, elaborado por la RED MUQUI y CooperAcción, ofrece una revisión técnica de algunos puntos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, y se ponen a disposición de la población y autoridades del Valle del Tambo

El EIA de Tía María tiene un total de 17,389 folios que incluyen las resoluciones -de segunda instancia- del Consejo de Minería que han declarado infundados los recursos de revisión presentados en contra de su aprobación del proyecto. Solo en observaciones presentadas por organizaciones del Valle del Tambo y especialistas, el EIA Tía María posee 10 tomos que han sido contestados por la empresa minera, reiterando respuestas a preguntas anteriores.

Es así que llama la atención, la forma en que fue aprobado el último EIA del año 2013. Pese a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó información complementaria de la mayoría de las 73 observaciones que realizó (Informe N°155-2014-MEM-DGAA/DNAM/DGM/TM), esta entidad del Ejecutivo terminó aprobándolo en menos de una semana (incluyendo los días de fiestas patrias) con muchas de estas observaciones, que no presentan información técnica válida.

La publicación presenta, en una primera parte, un análisis sobre la necesidad de priorizar el desarrollo territorial, aquí destaca el concepto de “licencia social”, es decir, un permiso que no se obtiene por medio de coordinaciones con el gobierno, ni con dinero, sino tomando en cuenta las dinámicas sociales, económicas, culturales y el equilibrio ambiental del lugar donde se desarrollan las comunidades; algo en lo que no reparan las empresas mineras en nuestro país. Y Southern no ha sido la excepción.

Ello se muestra en la secuencia de hechos ocurridos en el Valle del Tambo en los últimos años, desde la accidentada audiencia pública del EIA de Tía María (diciembre de 2013) hasta el rechazo por parte de la población, nos reitera que el proyecto minero que pretende imponer Southern nunca va a recuperar la “licencia social”.

La imposición de un modelo de desarrollo por encima de otro, el minero sobre el agropecuario en este caso, demuestra también que hace falta la aplicación de mecanismos de Ordenamiento Territorial que permitan priorizar las potencialidades en el uso de los suelos, con procesos participativos que definan las decisiones del Estado y se vean en políticas públicas.

A ello se suman los problemas de fondo en la normativa ambiental y social, en la información pública, en los mecanismos de participación ciudadana y en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

En la segunda parte del libro, se expone sobre inviabilidad del proyecto minero debido al riesgo de contaminación atmosférica en zonas agrícolas, como el canal Ensenada-Mejía-Mollendo y otros poblados cercanos; contaminación de acuíferos y del río Tambo, así como los riesgos en el suministro del agua y su desalinización.

Una acotación importante, es sobre la falta de una evaluación de impactos ambientales a nivel de las microcuencas hidrográficas. “Hidrológicamente, las instalaciones del proyecto minero se ubican en 08 microcuencas hidrográficas: Quebradas Posco (Rosa María), Salinas, Chuli, Quialaque, Cachuyo y otras tres quebradas sin nombre. La red de drenaje de las cuatro primeras microcuencas es hacia el océano, y de las otras cuatro restantes hacia el Valle de Tambo.

Si bien el EIA, toma en cuenta, la ocupación de microcuencas, estas no están bien delimitadas como en el caso de la microcuenca Posco (Rosa María) donde no se considera a ninguna instalación minera. Asimismo, faltan considerar algunas como microcuencas de las quebradas Chuli y Quialaque.

Otra advertencia del texto, se refiere a las fuentes y concentración de contaminantes atmosféricos durante la etapa de operación del proyecto, es decir, principales actividades que generarían material articulado significativo como: Perforación y voladuras en los tajos; Transporte y procesamiento de minerales (chancado); Desmontes de mina, depósitos de sulfuros, etc. Asimismo, emisión de gases provenientes de Transporte de vehículos de mina (zona de mina); Transporte de vehículos livianos (área de la mina y alrededores) y los tajos abiertos.

Todas estas, son identificadas en el EIA actual (2013), sin embargo, no brinda información que permita conocer la concentración y dispersión de dichas emisiones, como: características y cantidad de vehículos (pesados y livianos); las características del material de los explosivos (ANFO y otros) y su relación con la emisión de polvos y gases atmosféricos, etc.

Respecto a las aguas del canal La Ensenada Mejía Mollendo (EMM) (consumo humano desde Cocachacra hasta Mollendo, riego y uso industrial) estas estarán expuestas al polvo contaminante que traería partículas, gases y vibraciones provenientes de las labores del tajo abierto La Tapada. La vulnerabilidad del canal, se debe a los vientos que cambian de dirección (de norte a sur). Esta infraestructura tampoco ha sido considerada en el EIA.

La idea de elaborar y presentar el informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, surge a raíz de una solicitud que los pobladores y autoridades del Valle del Tambo, hicieron a la misión –compuesta por RED MUQUI, COOPERACCIÓN Y CNDDHH- que llegó entre el 15 y 17 de abril a esta zona para verificar las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de este año.

De esta manera, ambas organizaciones cumplieron en entregar este estudio a los alcaldes, dirigentes de base y pobladores del Valle del Tambo en el distrito de Cocachacra. Para ello los técnicos encargados, como la compiladora Marlene Castillo y el geógrafo, Elqui Cruz, explicaron parte de este análisis junto a Javier Jahncke, secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, quien presentó la parte social de la problemática en torno al conflicto por el Proyecto Tía María de Southern Cooper.

DATOS:

  • Población estimada en el Valle del Tambo: 47,441 habitantes, de los cuales 24 mil trabajan en el valle.
  • Tiene una importancia nacional en la siembra de arroz, ajo, papa y caña de azúcar.
  • Extensión agraria del valle del Tambo es de 15,078.88 hectáreas
  • Nuevos productos: olivo en zonas como El Boquerón, Cocachacra, Cocotea y Chucarapi, donde también destacaban el arroz, camotes y frutas.
  • Tía María es un proyecto de explotación minera próximo al río Tambo y al valle conformado por los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta del Bombón
  • La minera titular del proyecto es la Southern Copper Corporation (SPCC) y supone la extracción de cobre a través de dos tajos abiertos con más de 2000 metros de largo con unos 1000 de ancho, y 270 m profundidad aproximadamente y tiene una vida útil de 18 años.