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La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el último abril el documento “COVID-19 ESTRATEGY UPDATE”, que establece una serie de pautas para que los diferentes países puedan desarrollar su estrategia control del COVID-19 señalando que sin una planificación cuidadosa y en ausencia de recursos para aumentar las capacidades de salud pública y atención clínica,  un prematuro levantamiento de las medidas de distanciamiento físico generaría que conlleve a un resurgimiento incontrolado en la transmisión COVID-19 y una segunda ola amplificada de casos. En el Perú, la reactivación económica se encuentra en marcha con mucha celeridad desde el mes de mayo, a pesar que el país no cumple con los criterios elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para avanzar a una etapa de des confinamiento progresivo:

  • Que la transmisión esté controlada.
  • Que el sistema de salud tenga la capacidad de detectar, testear, aislar y tratar cada caso y rastrear contacto.
  • Que los riesgos de brote se hayan minimizado en ubicaciones especiales, como centros de salud y residencias de personas mayores.
  • Que haya medidas preventivas en los lugares de trabajo, las escuelas u otros lugares esenciales a los que la población tenga que ir.
  • Que los riesgos de casos importados se puedan manejar.
  • Que las comunidades estén formadas, comprometidas y capacitadas con las nuevas medidas.

Reactivación Económica

El Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que establece la reanudación de actividades económicas FASE 1 prioriza al sector minero para esta reanudación a pesar que en diversas unidades mineras del país se vienen desarrollando brotes de COVID-1, poniendo en riesgo a comunidades y trabajadores. Ahora el Ministerio de Energía y Minas ha emitido la Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM que desarrolla el protocolo sanitario para el sector Energía y Minas. A partir de este protocolo, las empresas mineras elaborarán sus “Planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19”.

Observaciones al Protocolo Sanitario

Desde Red Muqui hemos elaborado el documento: “Observaciones al Protocolo Sanitario para COVID-19 en el Sector Minero”, en que planteamos que:  No se señala claramente que las instancias del MINSA tendrán que aprobar estos planes, así como las potestades que se le otorgan a las empresas para consignar información en la Red Nacional Epidemiológica sin que esa información sea procesada previamente por las autoridades de salud regionales o locales; el protocolo tampoco establece medidas de prevención específicas para los Pueblos Indígenas y comunidades; y no se establece estándares adecuados para la garantía del derecho al acceso a la salud y la responsabilidad de las empresas.

Estado debe proteger derechos

En tiempos excepcionales de pandemia global por COVID-19 donde se muestra la fragilidad del sistema estatal para la protección de derechos humanos, específicamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); por ningún motivo el mandato de reactivación económica puede constituirse en mayor desmedro de los derechos a la salud y vida de las y los trabajadores, pueblos indígenas, comunidades, y la reducción de estándares para la protección de sus derechos. Los pueblos indígenas y comunidades campesinas ya vienen sufriendo impactos acumulativos por la actividad extractiva en sus territorios y fuentes de agua y, en contexto de crisis sanitaria, económica y alimentaria como la que se vive actualmente, se encuentran expuestas a un doble impacto generado por la actividad empresarial minera.

Red Muqui elabora observaci… by prensamuqui on Scribd

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Finalmente, la semana pasada se publico la Resolución Ministerial 128-2020-MINEM que aprueba el “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y Subsector Electricidad”, y se emite en el marco de la norma que autoriza la “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva” en nuestro país. De esta forma se completan las autorizaciones y protocolos para el sector minero, que sigue teniendo varios vacíos a pesar de las observaciones que se alcanzaron desde la sociedad civil, los sindicatos de trabajadores mineros y la misma Defensoría del Pueblo.

 

Entre estas observaciones, están por ejemplo que el ente rector para la emisión de estos protocolos debe ser el MINSA y no el Ministerio de Energía y Minas, que, si bien tiene una opinión sobre el tema, no es la entidad competente. De otro lado se insiste en que la aplicación de las pruebas de descarte del virus (serológicas y moleculares) son potestativos de las empresas mineras; es decir, a voluntad de ellas, poniendo en riesgo nuevamente la salud y la vida de los trabajadores mineros y obviamente a las comunidades aledañas a los proyectos mineros. Otra de las observaciones tiene que ver con que se incluye a las empresas privadas directamente como “unidades informantes” en la Red Nacional Epidemiológica. Con esto se debilita la potestad estatal de recojo de información, tanto para la toma de medidas preventivas y de control de la propagación del COVID-19; poniendo toda decisión y manejo de información en las empresas mineras, que hasta ahora han actuado con poca transparencia y ocultando información como es el caso de Antamina, por ejemplo.

 

Es en este contexto que se viene implementando la reactivación económica en el país, como ya lo señalamos anteriormente, que solo prioriza la reactivación de las grandes empresas. Recientemente organizamos desde la Red Muqui, el día de ayer, 12 de mayo, un dialogo virtual denominado: “Reactivación económica, minería, agro y Covi-19”, y aquí se discutieron varios aspectos sobre los retos que nos plantea esta reactivación; una de ellas tiene que ver con la afectación y los impactos que implica la actividad minera en los territorios de las comunidades campesinas. Melania Canales, presidenta de ONAMIAP señalaba que: “cuando hablamos de reactivación económica hablamos solo de las grandes empresas, de los ricos, pero para nosotros, para el agro, para las comunidades lo que nos van dejar es solo más contaminación” y probablemente más contagios, sobre todo en las regiones donde hay actividades mineras.

 

Por ello, desde Red Muqui consideramos que no se puede hablar de reactivación económica si solo se prioriza o se privilegia una actividad económica como la minería. Ya es hora de que el sector agrario reciba la atención que se merece, finalmente es la actividad que viene sosteniendo la alimentación de millones de peruanos en este momento de la pandemia y del Covid-19.