Las instituciones miembros de la Red Muqui reunidas los días 14 y 15 de octubre en Asamblea Ordinaria, reconocemos que la instalación y primeras medidas del gobierno de Pedro Castillo se enfrentan a un gran desafío: la expectativa y esperanza de cambios profundos para los pueblos en nuestro país.
Más aún cuando la pandemia por la Covid-19 ha puesto en evidencia las grandes brechas por demandas insatisfechas de comunidades y poblaciones cuya situación de vulnerabilidad se ha incrementado. Indicadores negativos y alarmantes de pobreza en relación a salud, alimentación y educación resaltan en las zonas rurales y del interior del país.
A la vez, en medio de estas graves dificultades, el país se enfrenta a intentos antidemocráticos y excluyentes de sectores conservadores y de extrema derecha, que rechazan con toda su maquinaria mediática cualquier posibilidad de que los espacios ganados por sectores del pueblo y la sociedad civil progresista se expresen en el gobierno con una mirada y acciones propias.
A pesar de estas dificultades, existe una gran expectativa en los pueblos sobre lo que pueda realizar el gobierno del Presidente Pedro Castillo, para encarar la urgente necesidad de transformar un modelo neoliberal y minero extractivo. El mismo que desde hace varias décadas viene excluyendo y marginando a millones de peruanos y peruanas, entre ellas a las comunidades y pueblos indígenas. Las que han sido afectadas por el desarrollo de grandes proyectos mineros, que han vulnerado sus derechos colectivos, siendo en muchos casos criminalizados y judicializados por defender sus territorios, su ambiente, su salud y su vida misma.
Por eso, desde la Red Muqui nos reafirmamos en que, uno de los grandes procesos que se debe impulsar y acompañar desde abajo y junto a los pueblos es, la demanda de una nueva constitución, que nazca en democracia y que sea elaborada con la mayor participación de los pueblos indígenas, las comunidades originarias y las organizaciones sociales de nuestro país.
Este proceso constituyente debe incluir reformas fundamentales como: la segunda reforma agraria para reivindicar a los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores de la costa, sierra y selva y colocar en el lugar que le corresponde a la agricultura familiar. De tal manera asegurar la soberanía alimentaria y respetar las decisiones de los pueblos sobre sus proyectos comunitarios de vida alternativos al desarrollo extractivista. Es necesario también regular la expansión minera, revisando el marco normativo minero vigente, implementar una reforma tributaria del sector, que logre que las empresas mineras paguen lo justo, con procedimientos de fiscalización y sanción efectiva cuando corresponda.
En medio de este contexto, es importante resaltar que se han reactivado los conflictos socioambientales y vemos con preocupación la poca capacidad del gobierno para gestionar y resolver los conflictos. Este apela a mesas de diálogo sin una voluntad política para solucionar los problemas y entrega respuestas economicistas cuando se sabe que los conflictos socioambientales en los territorios son multicausales y multidimensionales.
En vista de que el proceso popular por una nueva constitución, que está en marcha, es de mediano plazo, planteamos algunas urgencias que este gobierno debe atender. Temas que en su oportunidad hemos planteado desde la Red Muqui, como:
Al Ejecutivo:
- Aprobación del Plan Especial Multisectorial de atención de los afectados y afectadas por metales tóxicos.
- Iniciar la discusión sobre la reforma tributaria en el sector minero y un impuesto especial a la sobre ganancia minera.
- La gestión social del agua, la que incluye la revisión de ley de recursos hídricos y reforma de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
- Que se garantice las políticas de equidad de género y de modo prioritario la atención a la situación de las mujeres.
- Implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
- Garantizar una plena participación de los pueblos indígenas y originarios y su derecho a la consulta previa en el desarrollo de proyectos extractivos.
Al Congreso de la República:
- Discusión de la ley de ordenamiento territorial (OT) nacional a partir un proceso participativo, tomando en cuentas las experiencias de ordenamiento territorial comunales, locales y regionales. Enmarcado en la política de Estado Nro. 34 sobre el Ordenamiento y Gestión Territorial del Acuerdo Nacional.
- Revisión de un nuevo marco normativo para la minería, así como la política sobre concesiones mineras en el país.
- Retomar la discusión y aprobación de la ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria.
- Derogatoria de normas y leyes que permiten el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en casos de conflictividad social; y reforzar el sistema normativo que permita proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales.
Para finalizar, no hay posibilidad de cambio sin la participación de los pueblos indígenas, comunidades originarias y organizaciones sociales del país. Por eso debemos seguir vigilantes en torno a las decisiones que toma el gobierno y contribuir con críticas y propuestas hacia el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad que necesitan los pueblos para vivir con dignidad en el Perú.
Lima, 26 de octubre del 2021.
