Listado de la etiqueta: represión policial

Manuel Quilla: Caso de tortura sigue impune a un año de violenta represión del régimen de Boluarte

,

Manuel Quilla Ticona fue uno de los comuneros aymaras que se movilizó hasta Lima en marzo de 2023 para alzar su voz de protesta contra Dina Boluarte y contra el Congreso de la República. Era originario de Huancané en Puno, y haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta, derecho a la reunión y libertad de expresión, se organizó junto a sus compañeros para viajar a Lima. El día 14 de marzo de 2023, mientras se encontraba reunido con otras personas en el parque entre Av. España y Av. Garcilazo de la Vega, fue atacado por efectivos policiales, quienes lo golpearon hasta causarle lesiones graves, según el protocolo de necropsia.

Su esposa Mariela Irma Cayo declara que Manuel la llamó en la noche del 14 de marzo explicándole que ese día en la tarde había sido reprimido por la PNP. Al día siguiente, 15 de marzo, se intenta comunicar con su esposo y le responde uno de sus compañeros, quien le informa que Manuel había entrado en crisis por la represión sufrida y que lo había detenido la policía el día anterior. Irma viaja a Lima y el 17 de marzo encuentra a su esposo fuera de la Comisaría de San Andrés, sucio, descalzo, con heridas en las muñecas, una herida en la pierna, moretones en la pierna izquierda y brazos, en la ceja derecha una herida cortante. Irma llevó a su esposo a diversas clínicas y, posteriormente, se trasladaron a su comunidad de Chuquiaguillo en Huancané, donde Manuel ya no podía levantarse de la cama y falleció el 30 de marzo.

Entierro de Manuel Quilla en la Comunidad de Chuquiaguillo en Huancané-02 abril 2023. Foto: Red Muqui

Como ya se señaló en un anterior reporte de Red Muqui, la necropsia realizada concluyó que la causa de muerte de Manuel Quilla fue un traumatismo encéfalo craneano grave, provocado por un elemento contundente, haciendo referencia, también, a otras graves heridas en tórax, pelvis y extremidades superiores e inferiores. FEDEPAZ e ILLARIY, instituciones que llevan la defensa legal, en agosto de 2023 presentaron el caso ante el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP); sin embargo, en noviembre de 2023, dicho equipo remitió el expediente a la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, cuyas investigaciones se centran en el presunto delito de LESIONES GRAVES con subsecuente muerte y en el delito de TORTURA.

Ampliación de diligencias preliminares

A finales de octubre del 2023, la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima amplió el plazo para desarrollar diligencias preliminares por 60 días, a comienzos de febrero de 2024 la segunda fiscalía volvió a ampliar el plazo, ahora por 40 días.

David Velasco, abogado de FEDEPAZ explica que las diligencias preliminares tienen como objetivo la recopilación de elementos de convicción para la formalización de las investigaciones, por ello, es fundamental que la Fiscalía sea diligente y avance con la obtención de los vídeos y grabaciones de la zona donde ocurrieron los hechos, entre otros elementos. Agrega que este caso se ha presentado ante la Fiscalía de la Nación- Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales para que sea incluido en la carpeta 277-2022 contra Dina Boluarte, donde se realizan investigaciones a los altos mandos del Ejecutivo.

Por su parte, César Quispe Calsín, del Instituto ILLARIY, manifiestra que la Segunda Fiscalía ubicada en Lima, debe tomar en cuenta el elemento intercultural en su investigación, ya que Manuel Quilla era aymara y en su legítimo derecho a la protesta reclamaba por el respeto a su derecho al voto, sufriendo la discriminación y racismo del Estado. En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2023 ha señalado: “La crisis política y el descontento social no son hechos aislados, sino que, según la información recibida por la Comisión durante la visita (a Perú), guardan estrecha relación con la desigualdad estructural y la discriminación histórica, en particular hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país.” (párr. 8)

Luis Enrique Valdivia Calderón, quien es el actual fiscal coordinador del EFICAVIP desde febrero del presente año, fue el titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de DDHH y conoce el caso de Manuel Quilla, por lo que la defensa legal de Manuel Quilla espera que el caso pueda ser retomado por el EFICAVIP, debido a que también son hechos ocurridos en el marco de las protestas sociales de 2022 y 2023, y debe dársele el seguimiento adecuado.

Abogado César Quispe denunciando delito de tortura. Foto: Mano Alzada

Un año sin Justicia

Este 30 de marzo se cumple un año del fallecimiento de Manuel Quilla, su esposa Irma Cayo, viene realizando acciones para exigir justicia y reparación para su esposo. Irma Cayo señala que para ella y su familia ha sido muy difícil todo este tiempo por el impacto psicológico que ha generado la violencia y discriminación del Estado. Irma señala que el gobierno ha tratado a su esposo como si fuera un delincuente o un terrorista , cuando protestaba por sus derechos:“ Aún no entiendo porqué lo han torturado, por qué tenían que tratarlo así. Yo lo encontré en muy mal estado, luego de haber estado detenido en la Comisaría en Lima. Ya se está acabando el plazo para investigar, tengo que estar preparada para seguir exigiendo justicia incluso en instancias internacionales”.

El domingo 07 de abril se va a realizar una romería y movilización en Huancané en memoria de un año del fallecimiento de Manuel Quilla producto de la violencia policial en Lima. Actividades que se realizarán en coordinación con la Asociación de Familiares de Víctimas y Mártires del 09 de enero, FEDERH, ILLARIY y otras organizaciones sociales e instituciones. Las acciones de memoria son importantes para seguir honrando la lucha de las comunidades aymaras y quechuas que salieron en protesta por reconocimiento político y la defensa de sus derechos frente a un Estado excluyente y racista.

Irma Cayo sosteniendo el retrato de su pareja – 08 de enero de 2024. Foto: Amnistía Internacional

DATO: La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano quedan expresamente prohibidos los actos de tortura, en el marco de la protección del derecho a la integridad y a la dignidad personal.

/por

A un año de la masacre en Juliaca y Cusco, familias y pueblos exigen justicia

,

En varias plazas de la provincia de San Román, como Juliaca y San Miguel, se realizó el izamiento de bandera a media asta desde el 7 de enero en señal de duelo por el año de la masacre de Juliaca, que contó con la participación de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero.

Asimismo, algunas familias conmemoraron en romería a sus familiares asesinados. Al día siguiente, 8 de enero se dio una conferencia de prensa y posteriormente, se desarrollaron diferentes actividades, entre presentaciones de documentales, libros, poemarios, vinculados al año de impunidad para todas las familias del sur andino de Cusco, Ayacucho, Apurímac y las diferentes provincias de Puno que arribaron a Juliaca para seguir exigiendo justicia a una sola voz.

Llegado el 9 de enero, Juliaca exhibió en el bypass, ubicado cerca al aeropuerto, – donde fueron heridas la mayoría de las víctimas mortales – las fotografías de gran parte de las personas asesinadas y heridas de gravedad, tras las protestas contra la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción en el gobierno de Dina Boluarte con el respaldo del Congreso, las FFAA, PNP y el gremio empresarial CONFIEP. La Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero realizó esta acción en la madrugada y también fue parte del develamiento del monumento a las víctimas realizado en Puno capital a las 8 de la mañana.

La llegada de las delegaciones de todos los lugares

Al mismo tiempo, las otras carreteras de ingreso a la ciudad de Juliaca se encontraban bloqueadas desde las 5 de la mañana por delegaciones de las provincias de Huancané, Ilave, Melgar y Juliaca, que a las 8 a. m. empezaron a marchar hacia el bypass, animando en el camino a que más gente se sume a la concentración en el óvalo del puente, donde posteriormente inició una misa en la que nombraron a cada una de las personas asesinadas durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte, incluido el policía Jose Luis Sonqo, quién fue quemado (no se sabe aún por quiénes) y se nombró de forma genérica a los 6 militares aimaras que murieron ahogados al intentar cruzar el río Ilave.

Durante el desarrollo de la misa, se iban sumando más delegaciones con banderolas de diferentes provincias y comunidades de la región. Asimismo, al finalizar la misa, Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, aseguró que no iban a cesar hasta lograr justicia para todos los familiares y víctimas de la represión. El pueblo en su diversidad, con sus banderolas en mano, aplaudió y gritó: la sangre derramada jamás será olvidada.

La organización y el arte en lucha

Terminada la misa, al compás de más de 100 músicos de diferentes bandas que se juntaron para hacer resonar el himno de protesta: esta democracia ya no es democracia. De la misma manera, el himno de lucha: el pueblo unido jamás será vencido. Así fue como inició la marcha de más de una hora rumbo a la plaza de armas de Juliaca junto a más de 50 autoridades comunales que vestían de negro y que marcharon ordenadamente junto a las organizaciones de barrios, de mercados, comercios, colegios profesionales, asociaciones civiles, rondas y comunidades campesinas, sindicato de profesores, organizaciones animalistas, juveniles, etc., encabezados por la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, que lograron aglutinar a más de 20 mil personas.

Una vez en la plaza de armas de Juliaca, la Asociación de Víctimas se postró frente a la iglesia con la imagen de sus familiares y las organizaciones sociales de Puno y delegaciones de otras regiones del sur, desarrollaron un mitin en el que ratificaron la lucha por justicia para las víctimas y dirigentes criminalizados por protestar, además , se pronunciaron contra la privatización del agua, contra “el saqueo de los recursos naturales” y por lograr una nueva constitución.

Las investigaciones en curso

Consultado telefónicamente, el abogado Cesar Quispe señaló que la carpeta de la investigación de la masacre en Juliaca ha pasado por cinco fiscales y que buscan una reunión con el fiscal de la Nación interino para pedirle que el equipo especial de fiscales de Lima coordine las diligencias con los fiscales de derechos humanos de Juliaca, y así las diligencias puedan avanzar, ya que solo se han recabado declaraciones de un 30% de los policías.

Quispe señaló a Red Muqui que ya han sido identificados algunos presuntos responsables de la represión mortal: cuatro policías y un oficial del Ejército; y espera que los fiscales a cargo pidan prisión preventiva para ellos.

El año de la represión mortal en Cusco

Desde el 9 de enero iniciaron los actos conmemorativos en la ciudad del Cusco con una exposición fotográfica de la represión del régimen de Boluarte a nuestros pueblos del sur. Durante la exposición frente al colegio de Ciencias, los organizadores denunciaron la presencia de los policías ternas. Al día siguiente, 10 de enero, las organizaciones cusqueñas en defensa de los derechos humanos y la familia del exdirigente comunal de Anta, Remo Candia, realizaron una vigilia y colocaron un arreglo floral en el lugar en el que Remo Candia fue herido de muerte el 11 de enero. El día posterior, el mismo 11 de enero, la familia de Rosalino Flores junto a las organizaciones de activistas en derechos humanos realizaron una exposición fotográfica al mediodía y luego caminaron por la avenida 28 de julio hasta el árbol donde Rosalino fue impactado con 36 perdigones a escasos metros, que lo tuvieron en coma durante más de 2 meses hasta el 18 de marzo en que falleció en un hospital en Lima.
Sumado a ello, las protestas de ese día, registraron 38 heridos civiles por parte de la Defensoría del Pueblo.

Existen pistas para identificar a policía que disparó a Remo Candia

Durante las declaraciones que brindaron a la prensa el 10 de enero, el señor Jaime Candia, hermano de Remo Candia, señaló que ahora la familia se está haciendo responsable de los tres niños que quedaron huérfanos y que ellos protestaban pacíficamente desde días antes. La abogada de la familia, Judith Conto, de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras, dijo que, de acuerdo a los dos videos visualizados, el policía que disparó contra el exdirigente de Anta es un oficial que pertenecería a la Unidad de Servicios Especiales (USE) o al escuadrón Kallpa, quienes se encontraban frente al lugar donde Remo Candia fue impactado con proyectil de arma de fuego. “Estamos esperando la homologación de la pericia balística experimental respecto al proyectil de arma de fuego que se encontró en el cuerpo del señor Remo Candia”, declaró la abogada, seguidamente agregó que también están esperando el video de la municipalidad de Santiago que ayudaría a visualizar al policía que habría disparado.

Está circulando en redes un video de Wayka que muestra a policías disparando contra los manifestantes, que luego ocupan ese lugar, y 10 minutos después se ve a los manifestantes y a una persona que es impactada y cae al suelo.

Policía que disparó a Rosalino Flores sigue prófugo

El 5 de enero, el magistrado Leodan Cristóbal Ayala del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva por un año y medio para el policía Erik Torres Lovón, que disparó en la av. 28 de julio a Rosalino Flores el 11 de enero del 2023. Desde el primer momento, la institución policial buscó proteger al policía Torres, señalando que solo había trabajado hasta las 2 p.m. el día del trágico suceso. Sin embargo, en los videos encontrados, se ve al policía a las 4 de la tarde, hora en que Rosalino fue herido. Además, la policía inicialmente negó la participación del equipo SUAT, donde pertenece Torres, y alteró la fecha de devolución de la escopeta de caza perdigonera que estaba en poder de Joe Torres, expuso el representante de la Fiscalía.

En declaraciones a la prensa, Juan Flores, hermano de Rosalino, señaló que la policía está protegiendo a Torres y si es que tuviera algo de responsabilidad, entregarían al policía, pero mientras no lo hagan, seguirá desconfiando en la PNP.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y organización del Cusco y del Perú a seguir luchando para encontrar justicia.

En Puno, el próximo 18 de enero se cumple un año de la muerte de Sonia Aguilar Quispe, quien perdió la vida durante las protestas en Macusani, en la provincia de Carabaya, Puno. Sufrió un impacto de proyectil y dejó 2 hijos huérfanos. Ese día habrá izamiento de bandera en Macusani, movilización pacífica y misa para exigir justicia para Sonia, una mujer luchadora, según testimonio de su padre, quien fue dirigente del Sutep en décadas pasadas. “Mi hermana salió a protestar, a pesar del peligro, porque fue un acuerdo del pueblo y no los podía dejar solos”, narró la hermana de Sonia, quien tuvo una comunicación telefónica con ella desde Lima, horas antes de que sufra el disparo por parte de la policía.

/por

7 diciembre: A un año de la gran revuelta popular, campesina e indígena

,

Este 7 de diciembre se cumple un año del intento de golpe del expresidente Pedro Castillo y su posterior vacancia por parte del Congreso de la República. A partir de esta fecha asumió la presidencia del Perú Dina Boluarte, que inmediatamente estableció una alianza con los grupos más conservadores, mafiosos y perdedores de las elecciones presidenciales del 2021, incluido el Congreso, abandonando rápidamente la agenda reivindicativa derechos en favor de las comunidades y poblaciones más empobrecidas del país con la que fue elegida en la fórmula ganadora de las elecciones presidenciales. A partir de aquel 7 de diciembre, luego de la destitución de Castillo, se desató una gran movilización popular de corte popular, campesina e indígena que remeció el país.

La movilización comenzó en las entrañas del surandino peruano, específicamente en Andahuaylas – Apurímac, extendiéndose rápidamente a Ayacucho, Cusco, Arequipa e Ica. Las organizaciones sociales y poblaciones de marcada composición campesina e indígena, comenzaron a desconocer el gobierno de Dina Boluarte y a exigir el cierre del Congreso. El Barrio Chino en Ica, una de las zonas donde se aplica el régimen laboral más explotador desarrolló bloqueos de carreteras, en el distrito arequipeño de Chala las movilizaciones convocaron a una mayoría de población de procedencia indígena y campesina que tuvieron que migrar a la costa en busca de trabajo.

En Andahuaylas – Apurímac las mujeres indígenas fueron de las primeras en levantarse y a organizar las ollas comunes para sostener la protesta popular. Comunidades, organizaciones barriales, mercados y frentes de defensa sostuvieron esta revuelta que rápidamente se extendió al Sur Andino. Las comunidades campesinas se movilizaron masivamente hacia las capitales de sus regiones, y para enero del 2023 se retomaron las protestas. Las comunidades incluso decidieron movilizarse hasta Lima, la capital del país, para hacer sentir su voz de protesta. Las demandas principales de estas movilizaciones giraron en torno a la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución, entre otras consignas.

Así también desde el inicio, la represión policial y militar con la que respondió el gobierno fue brutal y sanguinaria. La CIDH ha reconocido que se cometieron masacres, por la masividad del ataque y el uso indiscriminado de la fuerza. Según la Coordinadora Nacional de DDDHH, hasta la fecha se registran 49 personas asesinadas y un centenar de heridos por el uso ilegítimo de la fuerza estatal. A casi un año de los hechos, no existe ningún policía o militar sancionado por estos hechos. Pese a que el Estado desarrolló una política de persecución y detenciones arbitrarias, que incluyó el apresamiento de jóvenes campesinos por protestar en Cuyo Grande en Cusco o de trabajadores agrarios en Ica. Las vulneraciones y vejámenes de la población indígena movilizada fueron reiteradas, y en ella se reflejó el racismo y la indiferencia que le despensa la sociedad mayoritaria en las capitales de las regiones a los habitantes originarios provenientes de las comunidades.

A un año de estos hechos históricos y dolorosos para el pueblo, la situación política y económica empeora cada vez más. Especialmente el Congreso de la República ha consolidado su poder, junto a aliados como Patricia Benavides, que a pesar de las evidencias de corrupción solo ha sido suspendida del Ministerio Público. Los sectores autoritarios y el fujimorismo han logrado uno de sus principales objetivos: la liberación del ex dictador Alberto Fujimori, una acción facilitada por Dina Boluarte que sigue siendo útil a los intereses de las mafias y los grandes grupos económicos como ha quedado evidenciado en estos días.

Por su parte los gremios mineros, preocupados por garantizar sus inversiones han pedido que la crisis institucional no les perjudique. En consonancia Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola ya han anunciado el reimpulso de proyectos mineros, a pesar de que estos causarán aún mayor rechazo y conflictos sociales, tal como ha ocurrido con proyectos similares en las últimas décadas. En medio de esta grave crisis, el empresariado minero se sigue fortaleciendo y tantea el terreno para garantizar sus proyectos. Por ello han propuesto realizar una serie de reformas para garantizar sus inversiones a costa de la institucionalidad ambiental y en desmedro de los derechos de los Pueblos Indígenas (PPII). Sin duda, la reacción de las organizaciones impactadas por la minería no se va a hacer esperar, en las últimas semanas ya se han desarrollado masivas movilizaciones campesinas en defensa del agua como en Candarave- Tacna y en Lambayeque.

En síntesis, a un año del régimen de Boluarte y su alianza autoritaria es preciso manifestar que las agendas que propiciaron las masivas movilizaciones siguen más vigentes que nunca, y no se ha parado la descomposición institucional del Estado en todos sus ámbitos, ni se ha puesto freno a la impunidad policial y ni a la criminalización a los manifestantes, la corrupción y el blindaje de altas autoridades estatales. También sigue campando el racismo y la discriminación hacia las comunidades y los pueblos indígenas movilizados. Por otra parte, es evidente la complicidad de los empresarios y gremios mineros para aprovechar la crisis para expandir sus negocios, con lo que se arriesga la reactivación de los conflictos sociales en los territorios por tantas demandas insatisfechas. Por todo lo anterior y frente al deterioro de la democracia y por el respeto a los DDHH en nuestro país es tiempo de organizarnos y movilizarnos por un nuevo pacto social.

/por

Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero Juliaca exige salida de fiscal Benavides y justicia para víctimas en protestas

La Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno, junto con sus abogados y representantes de organizaciones sociales de Puno, brindó hoy una conferencia de prensa para pronunciarse sobre los recientes escándalos de corrupción que involucran a la Fiscalía de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Congreso de la República y al gobierno ilegítimo de Dina Boluarte.

Recordemos que se ha denunciado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y a sus asesores cercanos por, supuestamente, integrar una organización criminal, la cual tendría un alto grado de influencia en decisiones clave del Congreso de la República, como negociar la designación del Defensor del Pueblo, la destitución de la ex titular del Ministerio Público, Zoraida Avalos y la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según la tesis fiscal. Por esa razón, en la conferencia, los representantes de la asociación exigieron la renuncia inmediata de la fiscal Benavides.

Foto tomada por DHUMA

Uno de los voceros de la asociación y hermano de víctima de las represiones en Juliaca, Raúl Samillán Sanga, señaló que “no existen garantías en los procesos de investigación por los casos de asesinatos y represión ocurridos en las protestas contra el actual gobierno de Dina Boluarte”. Asimismo, denunció que los delitos de colusión entre poderes obstaculizan la justicia y vulnera la memoria de los asesinados en protestas sociales.

Como se mencionó anteriormente, los representantes de la asociación fueron acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos que exigieron también la salida de la fiscal de la Nación y analizaron cómo estos actos de corrupción pueden afectar las investigaciones señaladas y la justicia en el país.

El representante de la organización FEDERH-Puno, Edwin Poiré declaró que en el Perú “estamos viviendo días terribles por el enfrentamiento entre la Presidencia y la fiscal, Patricia Benavides. “¿Quién sabe qué otros poderes ocultos se mueven en esas instancias para obstaculizar la justicia?”.

Por su parte, José Bayardo, el abogado de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA), hizo alusión a que a casi un año de las represiones en las protestas contra el actual gobierno de Boluarte, las investigaciones no avanzan y los familiares no encuentran justicia. “La fiscal Patricia Benavides, en todo este tiempo más bien ha obstruido las investigaciones y no ha habido ningún avance en estas. Recién cuando se sienten contra la pared, cuando la justicia está detrás de ellos actúan”.

Finalmente, la doctora Miriam Escalante, representante de la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER), declaró que “las familias de las víctimas no pueden estar a merced de las disputas de poder que estamos presenciando entre parte de la Fiscalía, la Presidencia y el Congreso, han pasado once meses y aún no hay ningún detenido pese a las pruebas contundentes”.

Al culminar, los integrantes de la Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno pidieron a la ciudadanía estar alerta de las denuncias que se vienen suscitando en el cruce de poderes, de manera que no se siga vulnerando la justicia y la democracia en el Perú, así como tampoco la memoria de los asesinados y víctimas de las protestas sociales.

Cabe mencionar que diferentes organizaciones, instituciones y organismos nacionales se han pronunciado sobre las denuncias que involucran a la fiscal Benavides, a quien le exigen su retiro del cargo y se investiguen los hechos.

Por su parte, la Red Muqui y las organizaciones sociales que la conforman, también han elaborado el siguiente pronunciamiento:

Por este medio también compartimos el pronunciamiento elaborado por el Colectivo de Abogados del Sur Andino, del cual forma parte Red Muqui, y en el que se exige la salida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la renuncia del defensor del Pueblo, y se respalda al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, el cual destapó los hechos de corrupción.

/por

Muerte de campesino torturado durante las protestas contra Boluarte no es investigada por el Equipo Especial de Fiscales

,

Manuel Quilla Ticona, campesino aymara, natural de la comunidad de Huancané-Puno, llegó a Lima en marzo para protestar contra el régimen autoritario de Dina Boluarte. Durante su manifestación pacífica, Manuel sufrió acoso discriminatorio y fue torturado por las fuerzas policiales. Falleció días después debido a las múltiples lesiones graves en su cráneo y extremidades superiores e inferiores.

Pese a tratarse de un hecho de violación de derechos humanos, específicamente tortura, en contexto de la represión policial, la investigación no es asumida por el Equipo Especial de Fiscales. Las diligencias son realizadas por la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad, situación que impedirá identificar a los verdaderos responsables de la muerte y formular una posterior imputación. Debido a que las investigaciones no parten de la base de que Quilla Ticona fue detenido cuando ejercía su derecho a la protesta social, el 15 de marzo de este año, en Lima; ciudad a la que había viajado desde Juliaca para sumarse a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, exigiendo la convocatoria a nuevas elecciones generales.

Luego fue trasladado a las comisarías policiales de Petit Thouars y San Andrés. Sus familiares perdieron contactó con él hasta dos días después en que apareció con signos visibles de haber sido golpeado en forma brutal, al punto que no reconocía a su familia y se expresaba en forma incoherente. A causa de esa brutal golpiza y luego de una penosa agonía, el 31 de marzo murió a los 35 años en su casa en Huancané. La necropsia concluyó que su muerte fue producto de un traumatismo encéfalo craneano grave, causado por un elemento contundente, haciendo referencia, también, a otras graves heridas en el tórax, pelvis y extremidades superiores e inferiores.

Cabe señalar que la Red Muqui acompaña este caso y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ asumió la defensa legal de los deudos de Quilla Ticona. Al respecto, David Velazco Rondón, director de FEDEPAZ y abogado de los deudos antes citados, explicó que este, por ahora, es el único caso de tortura denunciado en el marco de las protestas sociales, por lo que habría intereses detrás para que no sea investigado por el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales. Esto debido a que probaría, una vez más, las graves violaciones de derechos humanos cometido por el Gobierno ilegítimo de Dina Boluarte durante las marchas registradas a fines del año 2022 y a inicios de 2023.

“Si habría un delito de tortura (en las investigaciones que se desarrollan), (este) tendría una gran solidez como caso. La Fiscalía dice que estos hechos denunciados no fueron durante las protestas. Es falso, (él) fue detenido y golpeado cuando ejercía su derecho legítimo de protestar. La pericia (médico legal) ya fue presentada a la Fiscalía y hay evidencia de que se trata de un caso de tortura por (una serie de) graves hematomas en la cabeza y cuerpo”, declaró.

LENTITUD FISCAL

La pareja de Manuel Quilla Ticona, Irma Cayo Sánchez, viajó desde Puno a Lima para participar de las diligencias realizadas por la Segunda Fiscalía Supraprovincial para Derechos Humanos e Interculturalidad. Después de 8 meses del deceso, se programó la inspección en las inmediaciones de las avenidas España con Garcilaso de la Vega, en las comisarías Petit Thouars y San Andrés, así como la revisión de las cámaras de seguridad que grabaron las circunstancias de la detención de Quilla Ticona.

“El avance (de la investigación) es muy lento. La muerte de mi esposo ha afectado a toda mi familia a nivel psicológico y económicamente. Queremos que se agilice el caso y no dilate más tiempo (la Fiscalía), después de 8 meses recién tiene que salir la Fiscalía a inspeccionar y verificar las cámaras”, concluyó Cayo.

Manuel Quilla Ticona era el único sustento de su familia. Dejó en la orfandad a dos niños, una menor de 11 años y otro niño de 2 años. A la fecha su familia exige justicia.

/por

Concluye Perumin y los gremios mineros insisten en más expansión minera en un contexto de crisis climática

La convención minera más importante de Latinoamérica, Perumin 36, finalizó, el viernes último, en la ciudad de Arequipa con una indudable alianza entre los gremios mineros y el régimen de Dina Boluarte. Ambas partes reafirmaron la narrativa de que, sin la minería, el Perú no puede lograr el desarrollo traducido en el crecimiento de la inversión privada.

El debate sobre la necesidad de reducir la tramitología que, para este sector empresarial, retrasa la ejecución de los proyectos mineros fue una de las propuestas, la misma que el gobierno desde hace meses intenta “solucionar”: la fallida iniciativa de fusionar las entidades ambientales como SENACE, ANA, Serfor y Sernanp es una muestra. Esta vez, el premier Alberto Otárola anunció la creación de la Ventanilla Única Digital que agilizará los permisos y autorizaciones, del mismo modo, el destrabe de nueve proyectos mineros que representan una cartera de inversión de 10,555 millones de dólares.

Diálogo de espaldas a la realidad nacional

La temática de los 5 días que duró el Perumin 36 estuvo ajena a la problemática ambiental y social en contextos de las actividades extractivas mineras. Como era de esperarse, no se abordaron los 7.668 pasivos mineros detectados al 2022 ni la exposición a metales tóxicos que alcanza a 10 millones de personas en el país. Restaron importancia a las movilizaciones pacíficas registradas en el primer día de la convención minera por agricultores de Valle de Tambo en Arequipa, que rechazaron, una vez más, el proyecto Tía María y la posible presencia de Dina Boluarte. Incluso, Otárola y el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, se contradijeron si está o no en la agenda el proyecto Tía María.

Tampoco se analizaron las causas de fondo de los 141 conflictos socioambientales reportados por la Defensoría del Pueblo a agosto de este año. Precisamente, sobre este punto, la mayoría de las protestas sociales se originaron por el incumplimiento de las empresas mineras con los acuerdos pactados en las mesas de diálogos y la tardía respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tal como ocurrió en Llata, provincia de Huamalíes, región de Huánuco, donde la ciudadanía organizada acató un paro masivo de 24 horas contra la minera Antamina, el día en que concluyó el Perumin, 29 de septiembre.

El economista José de Echave Cáceres, investigador de Cooperacción, cuestionó el intento del gremio minero de sacar adelante proyectos seriamente cuestionados como Tía María en Valle de Tambo.

“Ha sido un evento del empresariado para hacer incidencia y lograr algunas decisiones políticas a su favor, con este discurso de la tramitología, la permisología y las regulaciones ambientales, y ya lo están logrando. Claramente se ve la influencia del empresario”, declaró.

La minería como oportunidad extraordinaria

El discurso del sector minero también se orientó en la importancia de gozar de una estabilidad política asociada a cero conflictividad social, puesto que la inversión minera cayó a pesar de la demanda mundial de cobre por la transición energética, debido -según el gremio minero- a las tensiones sociales que repercutieron en la producción de minerales e inversión privada. Frente a esta óptica del empresariado minero, José de Echave analizó los factores externos que explican con mayor detalle este asunto.

“Los conflictos sociales son lucecitas rojas que nos avisan y tratan de decirnos de que algo no funciona bien. Las inversiones van a caer, pero son producto del contexto internacional que vivimos post pandemia, con una economía global estancada, con un conflicto bélico, con una economía China que no está creciendo. Eso está teniendo un impacto en el flujo económico. Hay varios factores, no únicamente la tramitología, además, las carteras han cambiado, no hay proyectos como Las Bambas, Quellaveco, ampliación de Cerro Verde, ahora tenemos proyectos de menor envergadura. Esto explica la caída de la inversión minera”.

Antesala de lo que se viene

Un día después de la marcha masiva en Arequipa contra el proyecto Tía María, el discurso de Otárola dejó en claro que la represión policial y la violación de los derechos humanos seguirán siendo la única vía que utilizará el régimen de Boluarte para contrarrestar las protestas sociales: “No nos temblará la mano en poner orden en defensa de los derechos de los peruanos y la estabilidad del país”, “Quien diga que el Perú no es un país minero, hace demagogia”.

Por ello, los pormenores del Perumin parece marcar la antesala de lo que se viene para el país, según el secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda Pari.

“Básicamente los acuerdos del Perumin 36 es que seguirán apostando por la minería bajo la figura de donde sea y como sea, y que quienes se oponen a los proyectos mineros son ‘antimineros radicales’. Esta vez si sienten el respaldo del gobierno de Boluarte, lo que quiere decir que las amenazas de cambios o reformas en el MINAM y SENACE, en favor de la inversión minera y contra de los estándares ambientales se mantendrán, así mismo han señalado que proyectos como Tia María se deben sacar adelante, cuando la población local en más de una ocasión ha rechazado este proyecto”.

Además, para el secretario ejecutivo, la narrativa y el argumento de los gremios mineros son los mismos. “Los gremios mineros en realidad no quieren escuchar a la gente, solo se habla de aprovechar precios altos de los minerales en el mercado internacional como el cobre. Todo parece indicar que ya hemos vuelto al escenario de reactivación de los conflictos mineros en los próximos meses por lo anunciado en los acuerdos del Perumin realizado en Arequipa recientemente”.

Proyecto Tía María

El vocero de Valle de Tambo, Miguel Meza Idma, consideró que tanto las declaraciones de Otárola como la del presidente de Southern Cooper, Gonzáles Rocha, deberían ser también analizadas, sobretodo cuando Rocha afirmó a su salida de Perumin que “entonces tendremos que cambiar de gobierno”, luego de que el premier afirmara que Tía María no está en agenda del Gobierno. La versión de Alberto Otárola contrastó con lo dicho días antes por Óscar Vera.

“Las circunstancias generadas por nuestras marchas y asambleas populares, han hecho que él (Otárola) diga que el proyecto no está en agenda. Los grandes grupos de poder son los que cambian al gobierno y ponen ministros”, aseveró.

Sobre la importancia del Perumin para las comunidades y población que habitan en zonas con actividad minera, el defensor mencionó que fue un encuentro de empresarios para hablar de las “bondades” de la minería que distan con la realidad.

“Si fuera así, Cerro de Pasco y Cajamarca serían las mejores regiones, pero son los lugares más pobres. Lo que hacen (las mineras) es saquear y dejar todo contaminado. Ahora vamos a fortalecer la organización y rechazar el proyecto Tía María como siempre lo hemos hecho en consultas populares, pues el 27 de septiembre de 2009, el 96 por ciento le dijo no a Tía María, La Tapada, entre otros proyectos mineros”, finalizó.

/por

Caso de aymara torturado por la PNP en Lima pasará a Fiscalía de DDHH en la capital

,

La investigación preliminar del caso de Manuel Quilla, aymara fallecido por derrame cerebral el viernes 31 de marzo en la comunidad de Chuquiaguillo, perteneciente a la provincia de Huancané, Puno, pasará de la Fiscalía provincial de Huancané a Fiscalía en Lima, a cargo del reciente conformado «Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales» a cargo de Marena Mendoza, de acuerdo a la resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 790-2023-MP-fn emitida el 31 de marzo, que señala que todos los casos de las personas fallecidas en el marco de las protestas desde  diciembre del 2022 a marzo del 2023 tendrán que ser asumidos en materia de investigación por fiscales especializados en derechos humanos.

Esta información fue brindada por el fiscal provincial René Alfaro Caira a los familiares de Manuel Quilla, debido a que los hechos que habrían generado la causa de la muerte de Manuel se dieron en Lima en el marco de las protestas. Este encuentro del fiscal con la familia se dio en el marco de la diligencia que se desarrolló en la comisaría del distrito de Huancané el miércoles 4 de abril en la mañana, en que Irma Mariela Cayo, conviviente de Manuel, fue a dar su testimonio respecto a las causas del fallecimiento de su esposo. Su abogado Pablo Abdo y el hermano de Manuel Quilla, Fernando Quilla, la acompañaron.

Como es de conocimiento público en las redes de Juliaca, la pareja conviviente de Manuel Quilla ha estado denunciando desde que llegó de Lima a Juliaca con Manuel Quilla en la semana del 20 de marzo, que su pareja había sido torturada en Lima por la policía tras haber viajado con la delegación de Juliaca para protestar contra la dictadura cívico militar de Dina Boluarte. En ese entonces narró que producto de la tortura sufrida en una de las comisarías de Petit Thouars o San Andrés, donde ella acudió el viernes 17 de marzo, su esposo había quedado malherido e inconsciente. Mariela Cayo narró a Red Muqui que los familiares de Manuel en Lima le llamaron el 15 de marzo en la noche porque acababan de ver a su pareja inconsciente y siendo arrastrada por la policía que lo sacaba de la comisaría de Petit Thouars para ingresarlo a una camioneta policial. Los familiares de la persona torturada se encontraban caminando por allí coincidentemente.

Manuel Quilla fue con la delegación de Juliaca a Lima el viernes 10 de marzo y participó de las protestas el martes 14 de marzo en el campo de marte, donde fue reprimido. Su pareja se pudo comunicar con él ese día y Manuel le señaló que logró escapar de la represión pero que lo habían golpeado y pateado. No conversaron más, hasta el día siguiente que los compañeros de Manuel Quilla contestaron su teléfono y le informaron que su pareja se había ido descalzo del alojamiento durante la mañana, diciendo incoherencias, como si tuviera una crisis nerviosa. No reconocía lo que le decían sus compañeros.

Además de otras heridas en su cuerpo y algunas palabras que expresaba Manuel en referencia a la tortura policial como: electrochock, agua, que los policías eran malos, etc, Irma Cayo encontró a Manuel con heridas en las muñecas producto de la presión de los grilletes (esposas), que es el elemento central para señalar que la policía torturó a Manuel, como señala el abogado de la familia, Pablo Abdo.»Una cosa es colocar las esposas de acuerdo al reglamento, y otra cosa es colocar las esposas de manera muy ajustada como método de tortura», precisa el abogado.

 

 

Durante estos días, también se conoció que la policía y serenazgo en Lima habrían intervenido a Manuel Quilla en la tarde del 15 de marzo, porque supuestamente habría querido raptar a un niño de 1 año, de acuerdo a la denuncia de una venezolana que señala que una persona descalza entró al taller donde trabaja para agarrar a su hijo entre sus brazos para llevárselo. Producto de este supuesto hecho, la policía llevó a Manuel a la comisaría de Petit Thouars. Cabe señalar que hasta ahora la policía no ha hecho público las pruebas de la detención en el marco de la intervención a Manuel Quilla junto a serenazgo.

Para el abogado Pablo Abdo y los familiares de Manuel Quilla, la detención producto de este supuesto hecho no justifica que Manuel luego haya sido torturado en la comisaría.

Desde que Manuel Quilla llegó a Juliaca traído por su pareja y sus familiares el 20 de marzo, lo llevaron directamente a la Clínica Americana de Juliaca, pero allí no sacaban resonancias magnéticas y solo le recetaron Neurovial y Clonacepan. Luego Irma Cayo llevó a Manuel a la clínica Rezo Sur, pero le dijeron que no podían sacarle una resonancia magnética debido a su estado físico de salud. Manuel tenía que estar estable 40 minutos para la prueba. Posteriormente Irma Cayo lo llevó a la casa de su madre y el 23 de marzo a su casa en la comunidad de Chuquiaguillo en Huancané. Hasta el día de su muerte en su casa, estuvo siendo atendido por su pareja y sus hermanos.

El informe de necropsia

Cuando Manuel Quilla fue llevado muerto de la morgue de Huancané a Essalud de Juliaca por disposición del fiscal, para que el médico legista pueda hacer el informe de necropsia, debido a que en Huancané no se apersonó el médico legista de la provincia; el médico Paul Mamani les dijo a los familiares al día siguiente cuando estaba haciendo la necropsia que Manuel había fallecido producto de un derrame cerebral. Señaló que tenía coágulos en la cabeza y una fisura interna en el cráneo, aunque externamente no se veía alguna herida en la cabeza. Además era visible el líquido encefálico que había salido por su oído y se habían formado costras debido a que ya había pasado más de 24 horas del fallecimiento.

Además, los familiares le mostraron una placa de una tomografía que le tomaron a Manuel en Lima días después de ser torturado en la comisaría. Al verla, el médico legista les dijo que ahí se observaba algo extraño, como una fisura interna en el cerebro y que quería el informe técnico del tomógrafo para poder completar su informe de necropsia. Se espera que la próxima semana el médico legista emita el informe de necropsia.

Además, el médico legista informó que solicitaría muestras de patología de Manuel que se realizarían en Lima. El resultado de estas muestras demoran de 6 meses a más.

Por su parte, la defensa legal señaló que solicitarán un perito de parte, particular, para que también emita un informe sobre las causas del fallecimiento de Manuel Quilla.

Durante la diligencia realizada en la comisaría de Huancané en que el fiscal provincial entrevistó a la pareja de Manuel Quilla, el abogado defensor Pablo Abdo también pudo realizar algunas preguntas para que el testimonio de Irma Cayo pueda dar mayores luces sobre las causas del fallecimiento del padre de sus hijos.

Pablo Abdo: ¿Cuándo su pareja estaba ya en casa y balbuseaba sobre «electroshock y agua», hizo referencia a ahogamiento?

Irma Cayo: Que, si, hizo referencia y decía “agua, agua ahogamiento” y decía “ahora van a ver justicia mis hermanos sufren”

Solidaridad con familia de Manuel Quilla

La pareja de Manuel Quilla, Irma Cayo, ahora se quedará a cargo de sus dos hijos y será el único sustento económico para ellos. En la imagen se ve al hermano de Manuel Quilla, a Irma y su hijito. Manuel se dedicaba a desarrollar diversos tipos de trabajo, «mil oficios», y su pareja se dedicaba al cuidado de sus hijos.

 

Para quienes deseen ayudar económicamente a la familia de Manuel Quilla, la cuenta BCP de su pareja Irma Cayo es: 40577791620081

/por

Familiares de 21 víctimas de la masacre en Juliaca denuncian que investigaciones están paralizadas

,

Desde el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el día de hoy, jueves 23 de febrero, la reciente conformada Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca – Puno, realizó una conferencia de prensa en que narraron los hechos de violencia que vivieron ese trágico día, y que hasta ahora la prensa nacional no ha dado a conocer.

Además, en palabras de uno de los abogados de las víctimas, Wilmer Quiroz, denunciaron que las investigaciones en Puno están paralizadas: «Hasta la fecha, no se han realizado pericias balísticas ni psicológicas. Tampoco se han recogido las declaraciones de la PNP y el Ejército, ni se ha citado a los agraviados».

El otro abogado César Quispe, señaló que han requerido a la Fiscalía la apertura de la investigación a los jefes de los operativos y, principalmente, contra el oficial Juan Manuel Herrera, que debe responder “por qué ordenó matar a tantos ciudadanos el 9 de enero en la ciudad de Juliaca”. Los 3 abogados a cargo de la defensa legal de las víctimas, exigen la creación de una Fiscalía de Derechos Humanos en la región, debido a que las investigaciones están en una Fiscalía común sin especialistas a cargo.

En el turno de los familiares de las víctimas, el hermano del médico asesinado, Raúl Samillán, señaló entre lágrimas que su hermano acudió al llamado de auxilio de los brigadistas porque había bastantes manifestantes heridos y porque los brigadistas también estaban siendo reprimidos. “Acudí al hospital y los dos pisos estaban llenos de heridos y sangre en el piso, era doloroso. Eso no ha salido en la prensa (..). Tal vez nunca se me borre de mi memoria la imagen de los muertos en el hospital», señaló el familiar.

Por otro lado, Julia Paccsi, herida con un perdigón en el cuello, señaló: «salí a ayudar a la gente con un balde de agua y vi que los helicópteros estaban disparando, casi encima de la gente, y me pegué a la pared para protegerme y en eso sentí que algo me impactó cerca al cuello. La gente me dijo que estaba sangrando. Quise ir al hospital inmediatamente, pero la gente señaló que la policía estaba deteniendo a las personas que llegaban al hospital”.

Agregó que se fue caminando buscando un centro de salud y llegó a una clínica y como no tenía dinero no la quisieron atender. Recién al día siguiente fue al hospital, pero le señalaron que no tenían especialistas en tratamiento de cuellos y cabeza. Julia precisó que nunca la trasladaron a Arequipa, como decían algunos doctores de Juliaca, y viajó a Lima para conseguir una mejor atención a sus dolencias.

Por su parte, el padre de la menor de 17 años que murió producto de la represión policial por un proyectil de arma de fuego, sin ser parte de la protesta, señaló que su hija quería ser psicóloga y le arrebataron ese sueño. “Lucharé hasta alcanzar justicia”.

Finalmente, ante la pregunta de la prensa sobre la reparación económica de 50 mil soles ofrecida por el gobierno a los deudos de las víctimas; Raúl Samillán, señaló que ningún monto de dinero les va a devolver la vida de sus familiares.

Ante otra pregunta de la prensa, sobre la propuesta de amnistía para policías y militares, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, señaló que es una medida desesperada de algunos congresistas para generar impunidad, “pero no hay amnistías para violaciones de derechos humanos y tarde o temprano la justicia prevalecerá”.

Foto de los 3 abogados de las víctimas del 9 de enero en Juliaca

 

/por