La delegación multipartidaria del Parlamento Catalán que han visitado recientemente el Perú en una misión de observación sobre Democracia y DDHH ha constatado graves vulneraciones de derechos fundamentales y han observado con especial preocupación la estigmatización y criminalización de los manifestantes con el calificativo de terroristas.
La comisión integrada por los diputados y diputadas Francesc de Dalmases, Jenn Díaz, Susana Segovia y Carles Riera estuvieron en el país desde el 9 hasta el 14 de julio, tiempo en el que visitaron Apurímac, Puno y Ayacucho donde tomaron contacto directo con familiares de víctimas y diversas autoridades estatales.
También visitaron Ventanilla para conocer la situación un año y medio después del peor derrame de petróleo ocurrido hasta la fecha en la costa peruana causado por la empresa española Repsol en la zona.
La visita se basó en una Declaración aprobada el pasado 25 de enero por la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña en defensa de las movilizaciones sociales y por el fin de la represión en Perú.
En su calidad de vocero de la delegación, Carles Riera secretario tercero del Parlamento de Cataluña, calificó de especialmente grave la disminución en la autonomía y separación de poderes del Estado que constataron en su visita, que repercute a su juicio en el ejercicio de la democracia en el país.
La diputada Jenn Diaz que se reunió con familiares de víctimas en Andahuaylas constató actos de racismo, clasismo y discriminación por género – sesgos aplicados por las instituciones estatales y promovidos por importantes medios de comunicación, que a su vez han sido reforzados por grupos de extrema derecha y fascistas, en lo que calificó de proliferación de discursos de odio. Un fenómeno social que se repite a nivel global.
Francesc de Dalmases que visitó la castigada ciudad de Juliaca, relató que en conversaciones con autoridades escuchó que en la represión ejercida por el Ejército y policía hubo más muertos que detenidos, un hecho que habla de la calidad y de las decisiones políticas sobre cómo enfrentar las protestas. Manifestó además que percibió en muchos testigos la sensación de vivir experiencias de actuaciones estatales que parecían superadas con el fin del conflicto armado interno, en lo que constituye, según él, una verdadera regresión democrática.
Susana Segovia, a su vez, lamentó la persistente criminalización de sujetos y actores de la protestas con el uso generalizado y estigmatizante del adjetivo de terroristas (terruqueo).
En relación a la visita que realizaron durante el primer día a Ventanilla para observar los estragos del desastre que dejó el masivo derrame de petróleo del consorcio español Repsol ocurrido en enero del año pasado, los representantes constataron en terreno la damnificación e indefensión de las comunidades de la zona que viven de la pesca y lamentaron la insuficiente respuesta ante las demandas y faltas de medidas de remediación por parte de la empresa y del gobierno.
Todas estas observaciones estarán plasmadas en el informe final de la investigación en elaboración y que será presentado próximamente al Parlamento de Cataluña.
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Al promediar las 15:00 horas del viernes, 20 de enero de 2023, desde un segundo piso, graban a un policía que dispara con lo que parece un revólver en tres ocasiones hacia posiciones donde se encontraban manifestantes, no hacia arriba, sino hacia el cuerpo humano[1], lo que causa indignación y desata un feroz enfrentamiento entre manifestantes y policías. En otro video, algunas horas después, nuevamente otro ciudadano graba a otro policía disparando a personas que transitaban por la plaza mayor de Ilave[2], no manifestantes, sino transeúntes.
El primer hecho, desató un enfrentamiento que lamentablemente culminó con diez personas heridas, de las cuales tres fueron dadas de alta. Sin embargo el ciudadano Isidro Arcata Mamani (62) falleció luego de ser herido por la policía y mientras era trasladado hacia el Hospital Manuel Núñez Butrón en Puno, junto a José Lima, quien luego de una intervención quirúrgica se encuentra estable[3][4].
Durante la noche de ayer, los policías habrían huido de la comisaría en Ilave hacia el cuartel ubicado en el mismo distrito, y durante las primeras horas de hoy, se registraron incendios en dicha unidad policial así como en agencias bancarias y el Ministerio Público[5]. Además se detuvieron alrededor de 12 personas, quienes habrían sido torturadas después que la policía les hubiesen “sembrado” pruebas falsas según abogados locales[6]y5. Al cierre de este informe, mediante un comunicado de la Municipalidad Provincial de El Collao, se asegura que los hechos de violencia ocurridos fueron resultado de los abusos de la Policía en contra de la población aimara que protestaban por la renuncia de Dina Boluarte[7].
[1] https://larepublica.pe/sociedad/2023/01/20/protestas-en-puno-captan-preciso-momento-en-que-policia-dispara-en-manifestacion-que-dejo-6-heridos-en-ilave-lrsd/?fbclid=IwAR0OiI_4HpWNFg_xruaNB8tnqC5kUx1W-9M3z0vzzU3b_qCp9ukJiXOlQ48
[2] https://www.facebook.com/diariosinfronteras/photos/pcb.3447859932160215/3447859758826899/
[3] https://www.facebook.com/DiresaPunoOficial/photos/a.463788997738690/1329865521131029/
[4] https://www.facebook.com/TEINFORMA/photos/a.1287522794634915/5737070536346763
[5] https://www.facebook.com/diariosinfronteras/photos/pcb.3448420672104141/3448419658770909/
[6] https://www.facebook.com/diariosinfronteras/photos/pcb.3448252968787578/3448252825454259/
[7] https://larepublica.pe/sociedad/2023/01/21/protestas-en-puno-un-aymara-muerto-y-7-heridos-en-ilave-tras-dura-represion-policial-lrsd/?fbclid=IwAR3kNuFSXK78WHAGanxnFPpCpWLxMCP10EWIiSJB_QTXdmI1J4SV41Ge4II
La delegación especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó una visita de observación al Perú entre el 11 y 13 de enero por la crisis social y política que se vive en el país, expresó en conferencia de prensa realizada el pasado viernes su firme condena a los actos de violencia ejercidos en las últimas protestas en el país. Esta conferencia, encabezada por el Relator para el Perú, Stuardo Ralón, se realizó para informar sobre los testimonios luego de que la comisión se reuniera con autoridades y amplios sectores sociales para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual del país.
La CIDH declaró que el Estado tiene la obligación de realizar las investigaciones serias, imparciales y efectivas pertinentes, a través de las fiscalías especializadas, en particular aquella con dedicación a los derechos humanos. La entidad también destacó que se debe juzgar y sancionar a responsables de los actos de vulneración de derechos humanos cometidos. Asimismo, se debe atender urgentemente a las personas heridas y brindar apoyo económico pertinente a familiares de fallecidos. Además, el relator Stuardo Ralón, señaló que, considerando la naturaleza de los hechos, las investigaciones deben realizarse con un enfoque étnico-racial.
En cuanto a las acciones de manifestaciones, Ralón declaró que en momentos de crisis, la protesta social y pacífica “puede ser la única vía de participación política de comunidades discriminadas estructuralmente o que han sido sometidas a exclusión política y social”, por lo cual el Estado debe evitar medidas generalizadas e indiscriminadas para restringir las protestas; y en particular, el uso de fuerza letal. Además, la estigmatización (el llamado «terriqueo» n.d.r) la cual ha estado siendo utilizada por autoridades políticas y medios de comunicación, contribuye a un ambiente de legitimación de discriminación de pueblos campesinos e indígenas. Por lo que el Estado debe encontrar soluciones respetuosas a los derechos humanos a través de un diálogo amplio donde participen todos los sectores y que estos se sientan representados, a pesar de que, actualmente, “la sociedad peruana no se escucha entre sí”.
En sus visitas a diferentes provincias, Ralón señala que la CIDH constató un clima de extrema polarización, además del dolor e indignación de los familiares de las víctimas. Indicó que esto es fundamental de comprender para llegar a un escenario de diálogo y solución de la crisis social. Sin embargo, a pesar de que se recabaron testimonios de una gran cantidad de personas, y que exigían justicia y una pronta solución, la CIDH comprobó que, a nivel nacional, no existe la cantidad de fiscalías especializadas en derechos humanos necesaria para investigar cada muerte ocurrida en las protestas, lo cual dificultará mucho más que se realicen las investigaciones pertinentes.
En cuanto a la denuncia de que la policía utilizó proyectiles de balas de fuego para redimir a los manifestantes, el relator de la CIDH señaló que, si bien se han recibido testimonios de que se usaron balas Doom Doom, “no hay pruebas certeras aún de que si se hizo uso de estos tipo de proyectiles”, por lo que se debe esperar a que se realicen las pruebas de balística pertinentes.
Finalmente, se resaltó que, en un contexto de crisis social, los medios de prensa tienen un rol fundamental, porque la información es importante para iniciar un diálogo. Asimismo, se declaró que en los próximos días se presentará un informe de país sobre esta visita
VISITAS DE OBSERVACIÓN DE LA CIDH:
Desde el pasado miércoles, la delegación de la CIDH viajó a Lima, Ica, y Arequipa para reunirse con dirigentes, organizaciones, familiares y abogados de fallecidos y heridos durante las protestas, para escuchar testimonios sobre la violenta represión de la PNP. Además, visitó la provincia donde murieron 19 personas por proyectiles de armas de fuego disparadas por la policía, Juliaca- Puno, la cual, luego de estos hechos, se convirtió en la zona donde ocurrieron las represiones más sangrientas desde que estallaran las protestas.
Previamente a la reunión con la CIDH, los actores sociales mencionados se reunieron internamente en la parroquia Pueblo de Dios-Juliaca para discutir y presentar sus demandas ante la coordinadora sobre las violaciones de DD.HH. ocurridas en los últimos días en la provincia. Además, la organización de la reunión fue apoyada por la asociación FEDERH y la Defensoría del Pueblo.
Posteriormente, con la presencia de la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador, los representantes se movilizaron al aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca para iniciar las reuniones con la delegación de la CIDH. Frente a la desconfianza hacia el gobierno de Dina Boluarte, la presencia de la coordinadora en la zona ha representado una “esperanza” para la sociedad civil para poder encontrar justicia, paz, y que no se vuelva a criminalizar ni reprimir las protestas.
Cabe resaltar que, lamentablemente, durante la realización de estas reuniones, se confirmó el fallecimiento de un menor de 15 años de edad, que había sido herido por proyectil de arma de fuego, y que, a pesar de que estuvo internado en UCI en un hospital de Juliaca, no superó la gravedad de sus heridas
La presidenta de la República, Dina Boluarte, el titular de la PCM Alberto Otárola y un grupo de ministros han sido denunciados hoy por la congresista Ruth Luque ante la Fiscalía de la Nación por homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones en contra del gobierno en las últimas semanas que han dejado a 45 personas muertas y más de un centenar de heridos.
La denuncia responsabiliza a los miembros del Poder Ejecutivo por las muertes y heridos registrados en Andahuaylas, Huamanga, Pichanaki y Juliaca. En una publicación en sus redes sociales posterior a la acción judicial la representante de Cusco exigió que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debe actuar con urgencia en defensa de la vida e integridad.
Hay que recordar que Luque también presentó una denuncia constitucional contra la mandataria y miembros de su gabinete ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por infracción a la Carta Magna y homicidio calificado.
La denuncia penal de la congresista se suma a otra acción similar contra la mandataria por los delitos de crimen organizado, genocidio y homicidio calificado entre otros, que presentaron durante esta jornada abogados del estudio Quiroz de Juliaca.
La demanda presentada en dicha ciudad también alcanza como autores mediatos al presidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, a los ministros de defensa y del Interior, Jorge Chávez y Víctor Rojas, respectivamente y a Carlos Bravo Jefe de la Macro Región Policial de Puno.
En los fundamentos de la acción penal los abogados demandantes exponen “que el actuar delictivo de las fuerzas del orden expresa el modus operandi en el actual contexto de conflicto, pues no son acciones aisladas sino esas muertes se producen con similar propósito a las ocurridas en las ciudades de Apurímac, Cusco, Arequipa, Ayacucho, entre otros; es decir, estas acciones son planificadas y dirigidas, con el claro objetivo de causar las muertes…”
Según expresan en la denuncia “….nada puede justificar que el Estado cometa GENOCIDIO, HOMICIDIO CALIFICADO y otros, cause las muertes de ciudadanos, bajo ningún contexto». De acuerdo a las pruebas aportadas se evidencia según los letrados que la acción represiva tiene como objetivo claro “desaparecer las manifestaciones, y dejar como lección a la población del poderío estatal organizado”.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no ha accedido a las peticiones hechas por las comunidades de Fuerabamba y Huancuire para sentarse a dialogar. En una carta dirigida al premier Anibal Torres estas solicitan como condiciones previas, que cese la criminalización de la protesta, y que el gobierno levante el Estado de Emergencia que promulgó la semana pasada. Además, piden que las reuniones se realicen en el espacio denominado Manantiales donde se han asentado las comunidades desde el inicio de las protestas hace unas tres semanas. Sin embargo, el premier ha contestado que el estado de emergencia se levantará de acuerdo del informe policial que debe señalar que no hay peligro alguno en la zona, y que esa inspección e informe se debe tener estos días.
Debido a la represión policial ejercida contra la comunidad de Fuerabamba el miércoles 27 de abril, y contra integrantes de la comunidad de Huancuire, al día siguiente se registraron al menos 14 comuneros y comuneras heridos.
La acción fue fruto de una solicitud de desalojo que la compañía minera realizó a la Policía Nacional de Perú (PNP) y se realizó después que la PCM declarase el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días. Sin embargo, y después de la brutal arremetida, el Ejecutivo buscó desentenderse del operativo, señalando que el gobierno no había ordenado dicho desalojo. Los comuneros han denunciado a través de las redes sociales que la presencia policial aún es masiva en la zona.
Para calmar las tensiones el pasado miércoles una comitiva de la PCM visitó el distrito de Challhuahuacho, pero fracasó en su intento de comprometer la asistencia de los dirigentes comuneros a la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo para este sábado siete de mayo en un lugar a determinar en la zona.
Lo que sí ha prosperado, en cambio, es el fortalecimiento de la unidad de las comunidades, ya que el jueves se reunieron dirigentes de 6 de ellas que protestan contra la compañía minera: Huancuire, Fuerabamba Choaquere, Chila, Pumamarca y Chuycuni.
Como resultado de este encuentro acordaron que, de ahora en adelante, las protestas se realizarán de manera articulada entre las seis comunidades, pues coinciden en que la empresa no ha cumplido sus compromisos.
El pacto de las seis comunidades
Como muestra de ello este lunes 9 de mayo las 6 comunidades realizarán un pacto de unidad y defensa mutua. Colocarán un hito – Saywa cada comunidad en el apu Cóndor huachana – dónde las autoridades comunales firmarán el acta de pacto de unidad de defensa mutua y emitirán un comunicado público.
Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba señala: «si hay lucha lucharemos juntos, si hay cárcel nos encancelarán juntos. Todos nos comprometemos a luchar juntos contra las Bambas y olvido de este gobierno. Hay 4 hermanos que están graves. Un herido de bala y una mujer de 60 años que prácticamente ha perdido el ojo. No es como dice el premier que ella se ha caído. Por lo menos que el gobierno mande su representante para que la vea. Igual un compañero que se ha operado por la fractura de mandíbula que está en el hospital de Cusco. Hemos tenido 11 años de diálogo sin resultados, por ello la comunidad ha decidido recuperar sus tierras dónde opera Las Bambas.
David Huillca, presidente de la comunidad de Chuykuni, señala que se unen a esta medida porque no hay soluciones firmes, sino mecidas, por ello harán el pacto para defenderse ante los abusos de la empresa minera.
Senon Paniura Flores, presidente de la comunidad de Pumamarca, también señala: «Nos encontramos bien engañados, por ello vamos a luchar, vamos a hacer un hito desde nuestros ancestros, nuestros abuelos. Desde este lunes nunca vamos a separarnos. Nosotros ya no creemos en el Estado y la empresa. Ellos siempre nos han traído a un fracaso. Lucharemos para que nos respeten en estos tiempos y no nos criminalicen.
Finalmente, Walter Melón Quispe, presidente de la comunidad Chuaquere precisa que «la empresa minera nos ha dado la espalda a las comunidades que en un momento apostamos a la minería. Hemos cedido nuestras tierras para el desarrollo de Challhuahuacho, pero hasta el momento han incumplido, han dividido las comunidades, hemos sido engañados. Por justo derecho queremos que cumplan sus compromisos que han firmado. El Estado nos debe respaldar pero nos ha dado la espalda, mas aún con su estado de emergencia. La empresa ha venido con sus matones y han desalojado a nuestros hermanos de Fuerabamba con balas, han sido masacrados prácticamente.
La mina MMG Las Bambas ubicada entre las regiones de Apurímac y Cusco representa el 2% del suministro global de cobre y pretende expandir sus operaciones a territorios que ancestralmente le pertenecían a la comunidad de Fuerabamba. Según la empresa dichos terrenos fueron vendidos por la comunidad, por lo que ahora serían sus legítimos propietarios. Los comuneros, en cambio, advierten que si bien se firmaron contratos de compra venta y cesión de terrenos, las condiciones establecidas no se habrían cumplido a cabalidad por lo cual han vuelto a ocupar el territorio.
Por otra parte la minera mantiene diversos conflictos, tanto con comunidades aledañas que son zona de influencia directa de sus operaciones, como con otras atravesadas por el corredor vial conocido como corredor minero sur y que antiguamente eran exclusivamente carreteras comunales declaradas unilateralmente por el Estado como carretera nacional. Las comunidades y sus dirigentes vienen denunciando incesantemente que en torno a esta cuestión no hubo una consulta previa ni saneamiento de terrenos. A ello se añade que por años han estado expuestos a la contaminación que produce el transporte de los minerales, volcaduras, derrames y la emisión de polvo que ha dañado las praderas donde pastorean su ganado y ha perjudicado la actividad agrícola en general de la zona.
Hace unos minutos se registró una violenta represión policial que ha dejado por lo menos a dos heridos, como resultado del desalojo del campamento de la comunidad de Fuerabamba, que hace dos semanas había ocupado terrenos de su territorio ancestral, donde hoy pretende expandir sus operaciones la mina MMG Las Bambas. Poco antes, el ejecutivo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros había declarado el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días, con el fin de desalojar a la mencionada comunidad. El nombre confirmado de una de las heridas, es la comunera Rosa Paniura, de acuerdo a lo informado por el Observatorio de Conflictos Mineros, que tiene un impacto de proyectil en uno de sus ojos como se observa en la imagen.
Durante la represión se observó la presencia de una gran cantidad de niños, debido a que estaban retornando de sus clases en la escuela, quienes también han sido afectados por las bombas lacrimógenas, así como los ancianos y ancianas que se sumaron a la protesta.
La minera que había suspendido sus operaciones el pasado 20 de abril ha venido presionando al gobierno para que desaloje a los comuneros. La toma de tierras de los comuneros se origina, según sus representantes, por acuerdos incumplidos por parte de Las Bambas desde el 2014, año en que la compañía compró los terrenos de la comunidad para sus operaciones extractivas. Los dirigentes de Fuerabamba sostienen que son más de 100 los compromisos firmados bajo cláusulas de confidencialidad que la minera después de ocho años aún no ha cumplido.
De acuerdo a una orden de operaciones del Frente Policial de Apurímac de la PNP, se dispuso el despliegue de mil 500 uniformados a la zona de operaciones de la minera. Un hecho corroborado por diversos informes de prensa. El diario El Correo informaba ayer en la noche que 250 efectivos salieron de Cusco con destino a Apurímac, a la zona adyacente a la mina Las Bambas para lo que en jerga policial se denomina mantenimiento y orden público. Algo que de acuerdo al gobierno se habría perdido y debía ser reestablecido, ya que la ocupación de los terrenos por parte de la comunidad de Fuerabamba es considerada por el gobierno como una usurpación y por lo tanto un acto ilegal.
De acuerdo a declaraciones de ayer del general PNP Pedro Villanueva , jefe de la VII Región Policial Cusco, los agentes del orden cumplen disposiciones emanadas de su superioridad para un posible desalojo de los pobladores:“Hemos recibido una disposición del alto mando para que personal de la Región Cusco se traslade a Apurímac, a Las Bambas, a ver si se va a ejecutar la defensa posesoria extrajudicial de la mina, que ha sido invadida por comuneros de Fuerabamba”.
Ayer el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, señaló que se encontraban 700 personas asentadas en este lugar, y no iban a claudicar hasta que la minera y el Gobierno los escuchen.
Desde la Red Muqui demandamos el cese de la represión policial y que el gobierno retome el diálogo y defienda los intereses comunales frente a la denuncia de incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa minera Las Bambas. Asímismo, exigimos la renuncia del ministro del Interior: Alfonso Chávarry, quien viene reprimiendo las protestas populares, como ocurrió con el paro contra el alza de costo de vida en Junín e Ica hace algunas semanas, resultando la muerte de varias personas y heridos de gravedad.
Video del Noticiero Cotabambas : https://www.facebook.com/noticierocotabambas/videos/652082552543978
Frente a la actual crisis política que atraviesa nuestro país, queremos señalar lo siguiente:
- Lamentamos el innecesario anuncio de estado de emergencia y de inmovilidad social que decretó el pasado martes 05 de abril el presidente Pedro Castillo, medida injustificada y desproporcionada, que lo único que hizo fue acrecentar la situación de crisis y dio pie para que las mafias golpistas y sectores de ultraderecha hoy intenten aprovecharse de esta situación. Por ello condenamos los actos vandálicos de personas infiltradas en las legítimas movilizaciones sociales, exigimos investigar y sancionar a los responsables de estos hechos de violencia.
- Nos solidarizamos con los familiares de las cinco personas que murieron, producto de la violenta intervención de la PNP en Huánuco, Ica, Huancavelica y Junín (Alexander Trujillo Nolasco, Jhonny Quinto, Candy Hinostroza, Bruce Pomasunco y Jorge Maldonado respectivamente), así como con los heridos afectados en varias regiones del país. Exigimos una exhaustiva investigación sobre estos hechos, sanción ejemplar a los responsables y la renuncia inmediata del ministro del Interior. El uso de la fuerza y el abuso de los DDHH lo único que hace es agravar esta crisis.
- El pueblo movilizado en varias regiones del país le está exigiendo y dando un ultimátum al gobierno de Pedro Castillo y al Congreso de la República para que cumplan lo prometido, asumiendo cada cual su responsabilidad, como: atención al sector agropecuario, la lucha contra la corrupción, atención a la crisis económica y sanitaria, medidas para mitigar la subida del costo de vida, atención a los conflictos socioambientales y el inicio de un proceso constituyente.
- La crisis que atravesamos es sistémica, 30 años de neoliberalismo han generado profundas brechas sociales y económicas. No es posible sostener más este modelo económico que privilegia a los que más tienen. Es tiempo de una justa redistribución de la riqueza, así como de las condiciones de su producción. Es tiempo de que paguen los que más tienen, por ejemplo, un impuesto a las sobre ganancias de las empresas mineras, que se encuentran en un súper ciclo, sin precedentes, de alza de precios de los metales.
Lamentablemente el gobierno de Pedro Castillo ha tomado decisiones erráticas, y se ha alejado de sus promesas de cambio rápidamente. Hoy tiene la última oportunidad para cambiar esta situación, por ello debe reorganizar su gabinete ministerial y llevar a cabo un programa de emergencia. Urge el diálogo para escuchar y atender las justas demandas de la población, sobre todo de los más necesitados.
El anuncio de la flamante presidenta de Honduras Xiomara Castro de poner fin a la minería a tajo abierto en el país centroamericano, ha creado expectativas y dejado a muchos incrédulos más allá de las fronteras de ese país. Sin embargo la mandataria ha hecho algo que a juicio de Pedro Landa, miembro del grupo impulsor de la Red Iglesias y Minería, recoge las demandas de la ciudadanía de los últimos veinte o treinta años, y que además formaba parte del programa electoral de la ahora jefa de Estado.
En efecto el comunicado de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas difundido el primer día de marzo dice que en atención al programa de gobierno 2022-2026 de la presidenta Xiomara Castro y en consonancia a los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales, «se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y que limitan el acceso al agua como derecho humano». Además se declara todo el territorio nacional «libre de minería a cielo abierto» y se dispone una moratoria minera para la exploración y explotación metálica y no metálica, procediendo a la «revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones». Finalmente, la Secretaría anunció que las áreas naturales de alto valor ecológico «serán intervenidas de forma inmediata, asegurando su conservación y beneficios comunes para el pueblo».
Landa, también coordinador de la Plataforma Internacional contra la Impunidad, valora la declaración política del gobierno que ahora debe ser traducida en políticas públicas/procedimientos administrativos y en un marco legislativo que le otorgue una validez jurídica a estos anuncios.
Gremio minero cuestionado por concesiones otorgadas
Debido al agresivo rechazo de la política anunciada por la presidenta Xiomara Castro por parte del gremio minero sumado a la adversa correlación de fuerza en el parlamento, en el que los diputados de los partidos del antiguo régimen, que surgió del golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya en 2009, tienen una mayoría relativa en el congreso, una de las tareas urgentes para el gobierno, según Landa, es crear una instancia multiactor. Un mecanismo en el que debería participar la ciudadanía, las universidades, el gobierno y representantes de empresas apoyados por una veeduría internacional que le otorgue mayor capacidad fiscalizadora y legitimidad y que revise los requisitos administrativos y los procesos de concesiones otorgadas en los últimos años. Permisos que tienen tal nivel de cuestionamiento e ilegitimidad que incluso han otorgado 42 concesiones mineras en áreas protegidas, en las que la ley prohíbe toda actividad extractiva.
Así por ejemplo y según una investigación de una alianza periodística internacional en la que participó el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), una de las principales productoras de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en Honduras. Un proyecto de extracción de hierro fuertemente cuestionado por la persecución a los líderes sociales de Guapinol en el municipio de Tocoa que protestaban por el impacto ecológico en sus territorios y en el parque natural Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano.
Cómo se llegó a esta situación de rechazo de la minería
Los hitos, que fueron creando un escenario en el que el fin de la minería a tajo abierto se fue transformando en una reivindicación de amplio soporte social, se fueron desarrollando especialmente desde el golpe de Estado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, explica Lander.
Aunque ya durante el gobierno Zelaya, hubo un proceso de amplia participación y discusión ciudadana que preveía crear una Ley de Minería que limitara la posibilidad de crear proyectos mineros y suspendiera el otorgamiento de nuevas concesiones. Proyecto que finalmente se vio frustrado por el golpe de Estado que derrocó a ese gobierno y supuso un duro revés al proceso social que iba tomando forma en ese período.
Para Pedro Landa, uno de los sucesos que marcaron la apuesta extractivista y de despojo de los territorios de comunidades campesinas, indígenas y garífunas del país ocurrió en 2012, en un hecho que califica de segundo golpe de Estado. Se refiere con ello al 12 de diciembre de ese año, cuando el Congreso Nacional destituyó a cuatro magistrados. Integrantes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia despojados de sus cargos por haber declarado inconstitucional una ley para atraer inversores a través de un mecanismo llamada Ley de Regiones Especiales de Desarrollo para implementar ciudades autónomas y que después fue renombrada como Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Un proyecto de zonas francas impulsado por el Gobierno de Honduras y la élite política y económica, que implica la expropiación y explotación de territorio y recursos naturales, y la suspensión de determinados derechos y garantías constitucionales y por ello resistidas por defensoras y defensores de derechos humanos, que se expresaron repetidamente contra la instalación de las ZEDE. En su momento la Organización Internacional del Trabajo (OIT) inició una investigación sobre este proyecto estatal por las persecuciones y asesinatos de líderes de pueblos indígenas y afro hondureños que se le oponían.
Violencia y crímenes contra la ciudadanía desatada
Crímenes que se hicieron comunes durante los años que le siguieron al golpe de Estado y que estaban dirigidos a amedrentar a la población, romper el tejido social y reprimir la oposición a los proyectos de inversión en minería y de infraestructura de generación eléctrica. El caso más emblemático es el asesinato en 2016 de la activista ambiental y lideresa garifuna, Berta Cáceres, por organizar la resistencia a la construcción de una represa de capitales españoles. Sin embargo, la dimensión de las violaciones a los derechos humanos es casi inconcebible para un país que oficialmente no estaba en guerra (aunque tal vez sí contra su propia población). En 2017 la organización de defensa de los derechos humanos Global Witness concluyó en su informe anual que “No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”.
En ese entonces, el régimen hondureño, que había sucedido el poder después del golpe de Estado, acumulaba 120 asesinatos. Para el 2020, Honduras había descendido al quinto país más peligroso para defensores del medioambiente y la cifra total de asesinatos en una década desde 2010 llegaba a 180 personas. Muchas de las cuales habían sido previamente criminalizadas por el poder judicial a través de un código penal que persigue a los defensores del territorio en forma análoga a la normativa penal que se aplica por delitos de terrorismo, según Pedro Landa.
Otras leyes para favorecer la minería
Entre otras leyes que fueron pavimentando el camino para facilitar las inversiones para hacerse de los bienes comunes y que fueron generando el caldo de cultivo del descontento está la Ley de Minería de 2013 y que abrió las puertas a un modelo extractivista extremo, tan permisivo que incluso favoreció un fenómeno hasta entonces desconocido: la narco minería. Grupos criminales ligados a sectores financieros que llegaron a gestionar hasta cien concesiones mineras como forma de lavado de dinero, explica Lander.
La juventud y una nueva conciencia social y ambiental
El hito que, que al inicio solo parecía una crisis política, que se saldaría con un altísimo grado de represión y violencia y, a pesar de ello, se transformó en tierra fértil donde creciera la semilla de la conciencia, sobre todo de la gente joven, fue la reelección inconstitucional del mandatario Juan Orlando Hernández en 2017. Hay que recordar, que por la mera intención de preguntar en una papeleta electoral por la posibilidad de convocar a la redacción de una nueva constitución, como había anunciado en 2009 el entonces presidente Manuel Zelaya, los militares avalados por el congreso y con el apoyo tácito de los Estados Unidos secuestraron al presidente una noche de junio de ese año y lo llevaron al exilio.
A partir de ese momento, ocho años después quedó en evidencia, que el régimen se mantendría por la fuerza en el poder, pero ya no lograba concitar, acaso nunca pudo hacerlo, un consenso en torno a un proyecto de desarrollo basado en la extracción de materia prima. Con ello fue perdiendo poder también el gremio minero, cuyas concesiones incluso llegaron a ser cuestionadas por sus pares con inversiones en otros rubros productivos.
Los que en cambio crecieron en conciencia, social, política y ambiental fueron los niños y jóvenes que habían nacido y crecido durante y después del golpe de Estado y ahora estaban sufriendo en carne propia la represión. Son ellos quienes ya no se creen el cuento, comenta Lander y explica que es ésa generación la que apoya con verdadera beligerancia y presencia en las calles el proceso político encabezado por la presidenta Xiomara Castro y que ahora ha declarado el fin de la minería y la moratoria para todo tipo de actividad extractiva cuyas concesiones deberán ser revisadas. Para llevar adelante esta agenda, que forma parte de su plataforma electoral se deberá apoyar en la sociedad que ha ido reclamando los espacios públicos para sí, a pesar del precio que ha debido pagar por ello.
Pero Landa observa que incluso entre los empresarios hay cada vez más voces que abogan por una tipo de desarrollo diferente, porque han visto que los proyectos mineros no sólo aumentan las conflictividad social, sino que en estos tiempos de altos impactos ambientales, acelerados por el desastre climático, seguir por ese camino solo exacerba la crisis. En esa línea debe ser entendida, según Landa, la apuesta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por el Acuerdo de Escazú. Un tratado que el organismo apoya, según un comunicado de prensa, “como herramienta fundamental para generar un marco social y ambiental transparente y abierto y basado en una buena relación con las comunidades, sector público y privado”.
Al menos hay entonces un cierto respaldo por parte de actores económicos a estas medidas que trascienden las fronteras del país. Por eso Pedro Landa también prevé que la presidente solicitará la presencia de un nuevo organismo liderado por Naciones Unidas, parecido a la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que apoye al Estado en liberarse de estructuras de corrupción y narcotráfico que camparon a sus anchas con el hasta hace pocas semanas presidente Juan Orlando Hernández actualmente en arresto a la espera de un proceso de extradición por cargos de narcotráfico en los EE.UU, y, cuyo hermano menor fue condenado por una corte de Nueva York el año pasado a cadena perpetua por liderar una banda de narcotráfico.
Perspectivas para el Perú
Lo que viene ocurriendo en Honduras respecto a los anuncios en el sector minero por la presidenta Xiomara Castra es sin duda un avance esperanzador, ya que junto a Costa Rica, y en cierta medida El Salvado, que en 2018 prohibió la minería metálica, son los países que se declaran libres de esta actividad en Latinoamérica. Un debate que en el Perú, por el momento, parece imposible, por las condiciones y la dependencia económica que tenemos con este sector, pero sobre todo por el poder político que tienen los gremios mineros, entre otros factores por demás conocidos. Sin embargo, lo ocurrido en Honduras nos dice que tarde o temprano tenemos que transitar a esa discusión, dado que la actividad minera es una actividad finita. Es decir un día los recursos minerales se van a agotar o dejarán de ser imprescindibles. Ojalá que no sea tarde, para los frágiles equilibrios ecológicos de los que dependemos, cuando lleguemos a ese momento.
RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:
- Lamentamos la actitud incongruente y prepotente del Gobierno del señor Vizcarra respecto a la imposición del proyecto minero Tía María de la empresa mexicano-norteamericana Southern Perú Copper Corporation en el Valle de Tambo, provincia de Islay en Arequipa; como parte de una estrategia económica, que prioriza la aplicación de la “Agenda País” de la Confiep y la explotación sin control de nuestros recurso naturales por parte de empresas extractivas, que afecta derechos fundamentales de las comunidades y poblaciones ubicadas dentro o alrededor de esos proyectos mineros.
- El gobierno, por palabras del propio Presidente, busca una salida “dialogada” al conflicto, que éste mismo ha generado al otorgar la “licencia de construcción” a la empresa; sin tener en cuenta la oposición abrumadoramente mayoritaria de la población. Sin embargo, al mismo tiempo, abdica de su rol constitucional de garante de los derechos de las personas; asumiendo un papel violador de derechos fundamentales, al dictar una serie de medidas y tomar decisiones que ponen en riesgo la integridad física, libertad personal, y derecho a la legítima protesta social de la población de Valle de Tambo que ya sufre 10 años de constante asedio policial y agresión por el hecho de defender sus modos de vida basados en la agricultura, agroindustria y agro exportación.
- Desde Red Muqui habíamos ya alertado, que nuevamente el Valle de Tambo se podría convertir en un laboratorio de aplicación de medidas de criminalización y represión de la protesta social. En efecto, primero fue la aplicación de la figura delictiva de crimen organizado, a través de la Asociación Ilícita para Delinquir, tratando a los representantes de las organizaciones sociales, que son reconocidos como defensoras y defensores de derechos humanos (por el reciente Protocolo de Protección publicado por el Ministerio de Justicia y los tratados internacionales de derechos humanos); como si fueran una banda de delincuentes comunes. Lo que incluso ha ocurrido recientemente en Arequipa con informes de inteligencia que los califica de “radicales y violentistas”.
- Finalmente se ha aplicado en el caso Tía María, el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN), arguyendo que las instalaciones del Terminal Portuario de Matarani corrían el riesgo de ser afectadas. La aplicación de la inconstitucional norma administrativa de Activos Críticos, que permite la intervención de las Fuerzas Armadas y con ello la “militarización” en un conflicto social; desnaturaliza el rol constitucional que estas juegan en la defensa nacional, permitiendo que intervengan en el orden interno. Tarea que compete, por mandato de la propia Constitución, a la Policía Nacional; con los riesgos que ello conlleva en el uso de armas de fuego de largo alcance, calificadas como letales y prohibidas, en una eventual represión.
- Hay que destacar que en la Misión de Observación de Derechos Humanos en la que recientemente RED MUQUI participó junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Centros, pudimos comprobar in situ, pese a la negativa del Jefe de la IX Macro Región Policial en Arequipa, que la Policía Nacional sí intervenía en la represión del conflicto con armas de fuego letales, de largo alcance, y no sólo con armas disuasivas como establecen las normas sobre el uso debido de la fuerza. Lo que fue corroborado por los propios policías a quienes entrevistamos en el cuartel Chucarapi en Valle de Tambo.
- A ésta medida se suma el lamentable rol que está jugando el Ministerio Público en Arequipa; que está abdicando de su obligación constitucional de investigar un hecho delictivo para perseguirlo penalmente y; por el contrario, solicita a los profesionales de la salud en la provincia de Islay, que entreguen las prendas de las personas heridas, restos de proyectiles de armas de fuego, etc, como consecuencia de las acciones de represión policial; a la propia policía cuestionada por estar acciones brutales de represión. Lo que, sin duda, pone en riesgo los medios probatorios para futuros procesos que puedan establecer responsabilidades en violaciones de derechos humanos de parte de la policía en su accionar.
Por todo ello exigimos el cese de los actos brutales de represión de parte de la Policía Nacional en contra de la población de Valle de Tambo que desde el año 2009, a través de la consulta popular que realizaron, ha mostrado en su abrumadora mayoría su rechazo a la imposición del proyecto minero Tía María; y que requiere de parte del gobierno del Presidente Vizcarra una decisión definitiva que dé un paso atrás en la pretensión de la empresa minera Southern y la CONFIEP, de imponer un proyecto con el uso de la fuerza; evitándose así un conflicto con consecuencias más graves, y generando una situación de pleno respeto del derecho de la población de Valle de Tambo a decidir sobre sus medios de vida y de expresarse públicamente.
07 de agosto del 2019
El día de ayer, 04 de agosto, se publicó en El Peruano la resolución suprema N° 080 – 2019, que autoriza la “intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”. La resolución suprema es emitida por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y refrendada por el ministro del Interior y Defensa. Ello en virtud de la solicitud del Comandante General de la PNP – mediante Oficio N° 1054-2019-CG PNP/SEC-, que pide apoyo a las FF.AA para garantizar el orden interno frente a las protestas, ya que “sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú”, como señala la resolución suprema.
Paro Total
Como es de conocimiento público, el día de hoy inició la huelga indefinida en Arequipa, y todas las provincias han paralizado sus actividades; participando activamente comerciantes de los diferentes mercados, sindicatos de trabajadores, agricultores, transportistas, etc. La población de Mollendo – provincia de Islay-, donde se ubica el puerto de Matarani, también está protestando y producto de la represión de la policía ha resultado herida Anabella Pucho Uscamayta, Natural del Distrito de Dean Valdivia, quien fue llevada inmediamente en ambulancia al hospital Manuel De Torres Muñoz, junto a su madre.
La población de Mollendo protesta por el impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero que pertenece a Matarani, debido que al desalinizar el agua del mar para el proyecto Tía María, se pondría en riesgo la actividad de la pesca artesanal en Mollendo.
Resolución ilegal
Como se observa en la resolución suprema emitida; esta se sustenta en el anterior Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales–ACN; que hemos criticado anteriormente con un Pronunciamiento por ser ilegal. Esta norma permite la intervención de las FFAA cuando se pone en riesgo instalaciones del Estado que permiten efectivizar sus capacidades nacionales para el desarrollo de sus actividades. Es muy amplio y permite aplicarlo al transporte marítimo para las exportaciones, entre ellos también las actividades mineras, como ha sucedido con la norma publicada hoy. El puerto de Matarani sirve para que exporten sus minerales varias empresas mineras que operan en el sur. Pero también es cierto que el marco normativo de la PNP establece que la policía es la responsable del orden interno, y a nivel constitucional ello está refrendado.
La resolución suprema también se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1095, que establece “Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”, sin embargo; según el abogado y director de FEDEPAZ, David Velazco: la Constitución establece que solo hay una excepción en la que las FF.AA pueden entrar a controlar el orden interno y ello se da cuando hay una declaración de Estado de Emergencia previa, que además debe estar debidamente justificada. Ello supone un acuerdo de Consejo de Ministros, y luego dar cuenta al parlamento. “En este caso se están saltando la valla y solo a través de una resolución suprema están haciendo intervenir a las fuerzas armadas”, precisó Velazco, que también es parte de la Red Muqui. Además de la Constitución, se estaría contraviniendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado peruano es parte; señaló finalmente.
Lo que se hace con estas normas es desnaturalizar el rol constitucional de las fuerzas armadas, posibilitando el uso desproporcionado de la fuerza con el uso de armas de fuego de largo alcance (de guerra) en el mantenimiento del orden interno, que no le compete a las FF.AA sino a la policía nacional.
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