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Ante intento de asesinato a Ismael Acha, opositor a Río Blanco, la PNP y Fiscalía aún no actúan.

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El miércoles 30 de septiembre, alrededor de las 9 am, Elvía Majuan, secretaria aún en ese entonces de la comunidad campesina Yanta, atacó con cuchillo al comunero Ismael Acha, ex dirigente de la comunidad y opositor al proyecto minero Río Blanco.

Lo que inició con agresiones verbales fueron escalando hasta el punto que la señora Majuan tomó un palo para agredir físicamente al defensor ambiental, que tras un breve forcejeo logró arrebatarle el palo. Sin embargo, minutos después, Elvía Majuan sacó un arma punzocortante y logró herirlo en el brazo, cerca al corazón, tal como se observa en las fotografías que fueron difundidas. Según Alexander Acha, hermano de la víctima que presenció el hecho, el objetivo de la señora era matar a su hermano.

“Tenía intención de matarlo, porque de frente fue atacarlo al corazón, pero Ismael esquivó el movimiento y logró escapar. Con su rápida reacción salvó su vida” 

PNP no actuó

Tras este hecho, inmediatamente la madre de Ismael Acha llamó a la comisaría de la provincia de Ayabaca y se comunicó con el mayor Solis, quien le indicó que personal policial se acercaría al lugar de los hechos. Sin embargo, hasta ahora la PNP no se ha acercado al lugar de los hechos, ni ha ubicado a la agresora.

La madre de familia nos indicó que también se comunicó con el abogado de las rondas campesinas de la provincia de Ayabaca, y que le señaló que llevarían el caso. Sin embargo, días después el abogado le señaló que dejó de trabajar como asesor legal de las rondas campesinas.

Hechos extraños para la madre de familia, quien cree que la empresa minera entró a tallar en estas diligencias que se harían y nunca se implementaron.

Actualmente Ismael Acha se encuentra en Piura recuperándose de los dolores y de los puntos que le colocaron internamente y externamente en el brazo. La médica legista que lo atendió en el Hospital de Sullana no le entregó el certificado médico con el diagnóstico lo realizado completamente, y la familia está a la espera de tener el certificado completo para realizar la denuncia a la Fiscalía.

Sin embargo, frente a la gravedad de la agresión y el intento de asesinato denunciado púbicamente, la Fiscalía debió haber actuado de oficio, pero hasta ahora no ha realizado ninguna acción.

Rondas respaldan a Ismael Acha

Frente a lo sucedido, el 1 de octubre las rondas campesinas de provincia de Ayabaca se reunieron en la sede de la comunidad de Hualcuy y mostraron su respaldo al defensor ambiental Ismael Acha. Asimismo, al siguente día, la comunidad de Yanta cambió de dirigentes, entre las que se encontraba la señora Elvía Majuan, y expresaron su solidaridad con Ismael Acha y su familia.

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Piura: Minera Río Blanco miente al decir que inició diálogo con ronderos de Ayabaca

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En diversos diarios de Piura y en las redes sociales de la empresa minera china Río Blanco Cooper, apareció un comunicado de la empresa el día 9 y 10 de noviembre, en que dan a entender que sostuvieron una reunión e iniciaron una ruta de diálogo con los ronderos y población de Ayabaca que se oponen al proyecto minero, para lograr fines comunes como la protección del medio ambiente y el desarrollo de las comunidades.

Sin embargo, lo que señalan es falso y es desmentido por un comunicado y videos que ha circulado la Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca.

Empresarios chinos irrumpieron en asamblea interna rondera

Lo que en realidad ocurrió el 9 de noviembre, en momentos en que los ronderos de Ayabaca desarrollaban un taller interno en el auditorio del hotel Aypatiq de Ayabaca; es que el gerente de la empresa minera Río Blanco, Du Chengxiang; su traductor; y el director social, Juan Aquino, irrumpieron intempestivamente, sin haber sido invitados, a la reunión ronderil. Al querer imponer su discurso apenas ingresaron, fueron rápidamente invitados a retirarse de la reunión ronderil al tratarse de un evento interno y al no haber sido invitados.

Inmediatamente, al percatarse de la manipulación informativa que estaba realizando la empresa minera en diversos medios; la Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca se pronunciaron:

•             La Central Única de Rondas campesinas de Ayabaca Sede Huaycuy y el Colectivo por Ayabaca, denuncian de manera categórica la intromisión de agentes de Rio Blanco a una asamblea organizada por la dirigencia de la ronda , realizada en el auditorio del Hotel Aypatic de la ciudad de Ayabaca.

•             Sin pedir permiso tres integrantes de la empresa minera Río Blanco( el gerente de Rio Blanco, el abogado y un traductor ) de manera desesperada entraron sin respetar la reunión para pretender imponer su discurso y entregar una carta escrita por el gerente de la empresa, demostrando con ello una total falta de respeto a la institución ronderil. Ante su intromisión se les invitó a retirarse y se les pidió respetar la privacidad de un evento gremial.

•             Las organizaciones y la población de Ayabaca rechazamos contundentemente la presencia de la empresa minera Río Blanco quien viene desde hace tiempo corrompiendo y dividiendo a varios dirigentes; engañando con regalos, dinero y prevendas a la población; usando fundaciones como fachadas para ingresar a nuestros territorios.

•             Asimismo rechazamos las aseveraciones hechas por dicha empresa, aludiendo a un supuesto diálogo con la dirigencias ronderiles; ante ello, les decimos que no ha habido ni habrá diálogo con una empresa que no ha respetado la decisión de la población que el año 2007 le dijo NO A LA MINERÍA en una histórica Consulta Vecinal, NO a una empresa que quiere destruir las fuentes de agua de la sierra piurana, NO a quien quiere destruir nuestros páramos y bosques de neblina(nacientes de agua), No a quien ha provocado víctimas y denuncias.

•             Finalmente exigimos a la empresa minera Río Blanco el retiro de sus oficinas clandestinas de Ayabaca, pues los declaramos como no gratos en nuestros territorios.

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Ayabaca y Huancabamba reafirman su negativa al proyecto minero Río Blanco

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Durante el Encuentro de autoridades ronderiles, comunales, locales, regionales y nacional por el agua y la vida, que se realizó el sábado 24 de febrero en el Salón Parroquial de Ayabaca, los dirigentes de Huancabamba y Ayabaca reafirmaron que no permitirán el ingreso del Proyecto minero Río Blanco en sus territorios. En la reunión estuvieron dos congresistas: Hernando Cevallos y Tania Pariona, quienes se comprometieron a velar porque se respete la decisión de las comunidades de apostar por el agro y otras actividades alternativas a la minería.

Hilario Peña Huamaní, presidente de la comunidad de Segunda y Cajas afirmó: «Las comunidades hemos acordado que Río Blanco no va”.  Señala que uno de los motivos que los ha llevado a esta decisión son las malas prácticas de los representantes del Proyecto Río Blanco, que pertenece al consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation. “Es una empresa que compra dirigentes y que abusa de su poder», aseveró.

El congresista Hernando Cevallos comentó: «Ayabaca es una región rica, con una gran potencialidad y deberíamos poder desarrollar nuestras potencialidades, sin embargo, ahora es una de las zonas más pobres del país con desnutrición y anemia. Ese es el resultado de un Estado ausente que no impulsa actividades productivas».

También se le dio la palabra a la congresista Tania Pariona quien aseguró que “el Estado no ha volteado a mirar a los sectores agrarios que necesitan apoyo tecnológico, asistencia técnica y capacitación”.  Agregó que apoyaba la defensa de los páramos que han emprendido los comuneros. “Yo concuerdo plenamente en eso que ustedes sostienen y defienden”, afirmó.

La parlamentaria declaró que el proyecto minero Rio Blanco sería el segundo proyecto más grande de cobre, por eso hay tanto interés de parte del Estado en que se ejecute.  Resaltó que se tiene que respetar la voluntad del pueblo.

El director de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Fernando Castillo Torres se disculpó la inasistencia del Ministerio. En la carta de respuesta a los dirigentes afirma que el proyecto minero Río Blanco no tiene autorizaciones ni permisos aprobados ni en trámite para exploración/explotación.

Entre los acuerdos del encuentro se exige respetar los resultados de la consulta vecinal realizada en Huancabamba y Ayabaca el año 2007, donde el 95% de la población en promedio votó a favor de respetar su modelo de desarrollo basado en la agricultura y el turismo. También, rechazaron el Proyecto de Ley 1910, del congresista Luis López de Fuerza Popular que pone en riesgo los territorios de las comunidades de Piura.

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Expertos analizan la necesidad de construir alternativas al extractivismo en la región e impactos ambientales por proyecto Río Blanco

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Piura, octubre de 2017.-  Con el fin de analizar los riesgos que representa para Piura el proyecto minero Río Blanco y los impactos ambientales y sociales que ya ha generado, así como visualizar las alternativas de desarrollo que privilegian la protección de los ecosistemas del Páramo, los bosques de neblina y las fuentes de agua, expertos locales y regionales se reunirán en la ciudad de Piura para discutir y buscar propuestas de desarrollo bajo un enfoque de las Transiciones, en un contexto de reconstrucción regional luego de los desastres naturales, dejados por el Fenómeno del Niño Costero, priorizando la prevención y la sostenibilidad.

Durante el taller Regional Norte “Alternativas al extractivismo en las regiones: ¿otros desarrollos posibles?”, que estará dirigido a líderes y lideresas de movimientos sociales y miembros de organizaciones de la sociedad civil; así como con autoridades de los gobiernos regionales y locales, se espera contribuir a la identificación de políticas públicas necesarias para Piura, a partir de sus potencialidades, con el fin de pasar gradualmente de un modelo extractivista a uno post extractivista; buscando alternativas para lograr un uso sostenible de los recursos, por parte de todos los agentes económicos y en todos los sectores.

Expertos como Martin Scurrah, de RedGe, debatirán también sobre los impactos ambientales que ya se dejan sentir en la región por las actividades extractivistas, como el Fenómeno del Niño Costero, que dejó enormes pérdidas económicas en la región, así como los conflictos sociales generados por esta actividad extractiva.

Foro Público. Pensar desde las regiones

Pensar en las alternativas al extractivismo desde las regiones ayuda a pensar en los cambios que requiere el país, en ese sentido, el debate se debe dar a nivel nacional para conocer qué es lo que las regiones quieren para el futuro de su población, considerando el cuidado de los recursos naturales y los derechos de la naturaleza. En ese sentido, se realizará el 20 de octubre el Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas de desarrollo sostenible para Piura”. El ingreso es libre y se realizará en la Sala de Conferencias del Auditorio Central. Universidad Nacional de Piura. Campus Universitario s/n distrito de Castilla (espalda del Open Plaza).

Desde las regiones hay que construir esta visión, que aporte a una mirada más nacional, ahora que el crecimiento económico se ha estancado, es necesario buscar otras actividades que consideren el cuidado del medio ambiente y los derechos de la naturaleza.

El taller es una iniciativa que nace desde la RedGE, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, la Red Interquorum Piura, la Universidad Nacional de Piura, la Red Muqui, Red Regional Agua, Desarrollo, Democracia y 11.11.11, con el fin de discutir propuestas en relación al modelo de crecimiento basado en el extractivismo, para enriquecer el debate incorporando el contexto regional.

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Dirigentes de Piura a ministra Aljovín “Defendemos los páramos que son vida, proyecto minero Río Blanco no va”

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Representantes de comunidades campesinas de Ayabaca, Huancabamba y Pacaipampa de la región Piura  expusieron hoy su desacuerdo frente al proyecto minero Río Blanco ante la Comisión de Pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ambiente y ecología y la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín.  “Son casi 15 años de conflicto en la región, nosotros ya nos hemos dado a conocer nuestra postura: Río Blanco no va” afirmó Benito Guarnizo García, ex presidente de la comunidad Segunda y Cajas, de Huancamba.

Hace poco apareció un supuesto padrón de firmas a favor del proyecto, los dirigentes aseguran que muchas de ellas son falsas. “Los páramos son zonas de agricultura, nosotros cultivamos café, cacao, producimos panela, vivimos de la agricultura y no queremos minería en esta zona”, dijo Aninio Moreto Riofrío, representante de las comunidades campesinas de Pacaipampa.  Lo comuneros aseguran que la empresa china Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation cuenta con una oficina en la zona de Ayabaca y pretende continuar con sus actividades, así como convencer a la población de cambiar de opinión.

Los comuneros que llegaron a Lima para dar a conocer la problemática de su región exigieron al gobierno que se respete el proceso la consulta vecinal realizado el 2007 y se aplique el derecho a la Consulta previa. “Las comunidades dijeron no a la minería en los páramos”, acotó Magdiel Carrión Pintado, presidente del Frentre por Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú.  Cabe recordar, que la zona en mención es un espacio de gran biodiversidad biológica con páramos y bosques de neblina, donde se encuentran las nacientes de los principales ríos de Piura y la población vive de la agricultura y ganadería. Casi el 80% de la zona de páramos está concesionado a inversiones mineras.

Al respecto, la ministra de Energía y Minas Cayetana Aljovín, respondió que el Proyecto minero Rio Blanco aún se encuentra en exploración y por lo tanto, se harán los estudios necesarios. “Está en una fase muy incipiente de exploración,  no debería haber mayor preocupación”, expresó.

Los representantes de las comunidades, acompañados por el congresista Hernando Cevallos realizaron una conferencia de prensa en el hemiciclo del Congreso. El legislador señaló que apoya la decisión de las comunidades campesinas de la sierra de Piura en su posición de no permitir el ingreso a sus tierras de la minera china, que tiene antecedentes de violación a los derechos humanos como el secuestro y tortura de comuneros, hechos que están siendo investigados y por los cuales, la empresa pagó indemnizaciones a los afectados.

El presidente de las Rondas campesinas de Ayabaca, Rubén Jiménez Carrión, anunció una movilización para el 21 de noviembre en Piura. Las rondas campesinas se manifestaron en contra del Proyecto minero, comentó. «Los dirigentes de la zona de influencia han sido perseguidos y se les ha criminalizado por defender las nacientes de agua de los páramos en Piura», afirmó

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El gobierno debe respetar la decisión y el derecho a consulta de las comunidades de la zona de influencia del proyecto Río Blanco

 

 

RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú que acompaña a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1.Saludamos a las comunidades y rondas campesinas, organizaciones sociales, autoridades y pobladores/as en general de los distritos de El Carmen de la Frontera en Huancabamba, y los distritos de Ayabaca y Pacaipampa en Ayabaca en la región Piura,  en ocasión de conmemorarse el 10° aniversario de las Consultas Vecinales realizadas el 16 de setiembre del año 2007 donde el 97% de los votantes manifestaron su decisión de hacer respetar sus ecosistemas de páramos y bosques de neblina, y su modelo de desarrollo basado en la agricultura, ganadería y el turismo, frente al riesgo que generaría la de la actividad minera en sus tierras.

2.Las Consultas Vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional, que fue en aquella oportunidad refrendado por instituciones como la Defensoría del Pueblo, Transparencia de la región Piura, y el Ministerio de Justicia y los observadores internacionales que participaron, y cuya institucionalización aportaría como mecanismo que podría aplicarse para prevenir y evitar conflictos sociales.

3.La decisión de los pueblos de Piura, a la que se suman los pueblos de las provincias de San Ignacio y Jaén en Cajamarca, que están directamente afectados por los impactos del proyecto minero Río Blanco, se sostiene también en su derecho como pueblos indígenas y originarios, amparados en el Convenio 169 de la OIT, por lo que les asiste el derecho a la consulta previa. Este nunca ha sido aplicado a las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, cuyas Asambleas Comunales, en reiteradas ocasiones se han reafirmado en la defensa de su modelo de desarrollo y de la protección de sus páramos y bosques de neblina, rechazando toda actividad humana que los ponga en riesgo.

4.Lamentamos que personas sin ninguna representatividad, acompañadas por funcionarios de la empresa, estén presentando firmas a diversas entidades públicas, muchas de ellas, de dudosa procedencia o tomadas de personas que recibían regalos, sin saber para qué fin serían utilizadas, con el fin de demandar un “diálogo” con la empresa minera, que no es otra cosa que buscar una negociación.

5.Consideramos que cualquier espacio de diálogo o decisión sobre éste caso debe pasar por los actores locales debidamente representados que son propietarios del territorio, como son las comunidades campesinas. El interlocutor sólo puede ser el Estado que es el que debe velar por los derechos de las comunidades a la propiedad, al medio ambiente adecuado y equilibrado, a la salud y vida, y al desarrollo. La empresa minera Rio Blanco Copper S.A. no tiene ningún permiso de operaciones otorgado por el Estado, ni de las comunidades para acceder a sus tierras, por lo que su presencia en dichos territorios resulta ilegal.

6.Esperamos que el Estado no cometa los mismos errores que en el pasado, y respete la decisión de las comunidades campesinas propietarias y de la mayoría de pobladores de Ayabaca y Huancabamba, que ya hace 10 años, reafirmaron su compromiso de priorizar la defensa de los páramos y bosques de neblina, ecosistemas que permiten que la mayor parte de la región Piura cuente con recursos hídricos que necesita para su consumo y actividades económicas.

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Comunidades de Huancabamba y Ayabaca exigen cierre de oficinas de Río Blanco en Piura

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POR FALTA DE LICENCIA SOCIAL

  • Se ratificó rechazo del convenio firmado entre el gobierno y el consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan
  • Campesinos piden respeto a la consulta vecinal en rechazo de Río Blanco en el 2007

Los ronderos y comuneros campesinos de las provincias de Huancabamba y Ayabaca (región Piura) exigen que en el plazo de un mes, el gobierno local de Huancabamba  cierre las oficinas de la Empresa Minera Río Blanco, ya que no cuenta con la licencia social para sus realizar sus actividades.

Es así que una comisión conformada por autoridades y ronderos de la zona, llegó hasta la municipalidad provincial para exigirle al alcalde de Huancabamba, Marco Velasco, se pronuncie sobre este gran problema social que sigue latente en dicha provincia.

A través de un Acta de acuerdos, que resultó de la movilización del 16 de diciembre, las comunidades y sus autoridades ratificaron su rechazo al Convenio suscrito por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el consorcio chino chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, durante la APEC.

“Rechazamos de forma tajante el Convenio suscrito por el gobierno de Kuczynski para realizar el proyecto minero Rio Blanco a espaldas de las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas, Yanta, y gobiernos locales de Ayabaca y Huancabamba”, indica el acta.

De igual manera, se hizo un llamado a todas las organizaciones ronderiles de la Región Piura, Asociaciones de agricultores, Juntas de Usuarios y Regantes, Juntas Vecinales de barrios y Urbanizaciones Populares a informarse e incorporarse orgánicamente a la defensa de los Páramos Andinos y Bosques de Neblina.

Todo ello con el fin de exigir la validez de la Consulta Popular del 16 de setiembre del 2007, que avaló –en un 97%- su rechazo a la minería en los páramos andinos y bosques de neblina, y seguir priorizando sus actividades cotidianas como la agricultura, la ganadería y el turismo sostenible.

Desconfianza

Por su parte, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), recordó que la Dirección general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (MEM) había aprobado una modificación al plan de rehabilitación del proyecto Rio Blanco, porque según este sector, aún subsisten afectaciones ambientales que no se han remediado.

“El Estado le ha aprobado un plan de remediación por 7 años y 10 meses. no sabemos por qué tanto tiempo. Las comunidades sospechan que en realidad están tratando de ganar tiempo para regresar al territorio, y en la práctica solicitar ampliación para actividades de exploración minera”, señaló.

Velasco comentó que a ello se suma, el hecho de que las comunidades no han sido consultadas sobre esta eventual decisión del gobierno para aprobar esta ampliación.

Protesta masiva

Luego que el Ejecutivo suspendiera la mesa de diálogo programada para el martes 13 de diciembre en Huancabamba. El 16 de diciembre, se llevó a cabo una movilización pacífica hasta la sede municipal de Huancabamba. Ahí se congregaron cerca de 5 mil campesinos provenientes de las comunidades de Huancabamba y Ayabaca, para rechazar el intento del gobierno central de «promocionar» el proyecto Minero Rio Blanco.

Fuente / Fotos: REDAD Piura / Comunicaciones RED MUQUI

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OCM: “Es momento que PPK impulse institucionalidad y políticas públicas para manejar conflictos sociales”

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DETERMINÓ 19 INFORME OCM

  • Región macrosur sigue concentrando mayor parte de conflictos socioambientales del país (34%)
  • Se recomienda derogar convenios entre las mineras y la PNP para evitar mayores fricciones con la población

El director del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), José de Echave, consideró el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe discutir en serio -y a fondo- sobre qué tipo de institucionalidad y políticas públicas necesita el Perú para hacer frente a los conflictos sociales.

Durante la presentación del 19 reporte del OCM, se evidenció en que aún no se tiene una Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad fortalecida, que pueda orientarse a implementar el Sistema Nacional de Gestión de Conflictos que PPK propuso en su plan de gobierno.

“Se requiere un Sistema Nacional con alta capacidad de prevención y nula letalidad. De igual manera, un refuerzo de la institucionalidad y presencia del Estado en todo el territorio donde exista conflictividad, así como una buena coordinación multisectorial”, puntualizó De Echave.

Asimismo, recordó que es fundamental que se desarrolle un claro enfoque de derechos que tome en cuenta que los territorios en los cuales se producen los conflictos no son territorios vacíos; hay comunidades y pueblos indígenas con derechos que deben ser respetados.

Adelanto social “atrasado”

El también exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, señaló que, en el trancurso de esta gestión, sigue predominando el enfoque del “adelanto social”. Propuesta que está presente en el plan de gobierno como la gran solución a la conflictividad socioambiental en el país.

“Aún no se entiende desde el Estado que los conflictos son multidimensionales y con variables, no solo económicas, sino sociales, culturales, y ambientales. Además, este instrumento ya ha sido utilizado en el periodo 2006 y 2011 durante el súper ciclo. Si bien hubo recursos, no se solucionó el problema y los conflictos aumentaron”, especificó.

De Echave comentó que la aplicación del “adelanto social” ya es evidente en el caso de Las Bambas, con la diferencia que el proyecto minero ya está en marcha.

“Este “adelanto social atrasado” de “Cotabambas competitiva”, incluye infraestructura y servicios públicos; entidades productivas; educación y salud; acompañamiento, control y monitoreo. Sin embargo, la agenda que la población plantea tiene que ver con derechos humanos, medio ambiente, desarrollo sostenible, y responsabilidad social que tiene que ver con el comportamiento de la empresa”, recordó.

Criminalización

Mirtha Vásquez, directora del Grupo de Intervención y Formación para el Desarrollo Sostenible (Grufides), se refirió a las nuevas disposiciones legales sobre detención de personas, que ahora ha cambiado con un decreto supremo. “En contexto de conflictos socioambientales, detener a una persona hasta 15 días, puede resultar grave”, indicó.

En ese sentido, Vásquez dijo que la política de criminalización se viene profundizando con la persecución, encarcelación de líderes medioambientales, a quienes se les impone las condenas por los delitos más graves del código penal. “Esta es una clara muestra de que el gobierno puede dar lecciones, condenando un líder, y los demás no se atrevan a levantarse. Es una pedagogía del miedo”, alertó.

A su turno, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), comentó que la reciente promulgación del decreto N° 1245, pese a que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, expuso sobre la política de derechos humanos ante la CIDH.

“Este decreto supone la sobre criminalización y el aumento de penas por delitos como hurto agravado, daños, que perjudicarán a quienes protestan, porque estos delitos son los que se utilizan para acusarlos”, puntualizó durante su presentación.

Convenios PNP-Mineras

Respecto a los convenios que mantiene la Policía Nacional con las empresas mineras, Velazco aseguró que aún se mantienen, como en el caso de Las Bambas.

Los Decretos Supremos N° 1213 y 1230 aprobados hace un año, junto con el Decreto Legislativo N° 1148, mantienen la posibilidad de los contratos de seguridad privada con la Policía. Se presta la fuerza pública, lo cual ha sido denunciado ante la CIDH en presencia de la ministra de Justicia, quien se ha comprometido a revisarlos”, manifestó.

Río Blanco

De otro lado, Velazco advirtió que ante la presencia del proyecto Río Blanco, la situación de conflictividad en Piura podría recrudecer en los próximos meses. Comentó que, ahora que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le ha aprobado a Río Blanco, un plan de rehabilitación ambiental para los próximos 7 años, las comunidades se sientes desconfiadas y preocupadas.

“Al no ser consultadas, las comunidades estiman que con esto el Estado solo está ganando tiempo para ingresar a sus territorios y que, en la práctica, la empresa solicite ampliaciones para realizar exploración y –hasta- explotación minera”, agregó.

También informó que las comunidades han comenzado a organizarse y movilizarse para exigirle al Estado que se respete la decisión del 97% de la población que, por el año 2007, pidió el retiro de la empresa Río Blanco, y se impulsen actividades como la agricultura y ganadería en sus territorios.

Las Bambas

Al referirse al caso del proyecto minero Las Bambas, De Echave comentó que no queda claro de qué manera es que la empresa MMG Limited atenderá el pedido de modificar el EIA de Las Bambas a marzo del 2017.

“Hay que recordar que una modificación del EIA puede darse por pedido de la empresa o por exigencia del OEFA. Hasta donde tenemos entendido no se ha dado ninguno de estos casos. No se sabe cuál será mecanismo legal que se está utilizando para cambiar un EIA en tres meses, y que además ha sido modificado 6 veces en 2 años”, advirtió.

DATOS DEL OCM

  • 34% de los conflictos están ubicados en el sur, en el norte 28%, en el centro 22%. Siendo Apurímac, Áncash, Cusco, Puno y Cajamarca las zonas de mayor concentración.
  • El Marco Económico Multianual ha proyectado un crecimiento para la Minería del 20% durante el próximo año. Sin embargo, en el crecimiento del país se proyecta alrededor del 7% que no es muy alto.
  • El aporte tributario ha ido cayendo de manera sostenida en estos últimos años, hasta llegar apenas al 4%, en lo que se refiere a impuesto a la renta, y un poco más del 5% de tributos internos en total. En el año 2007, el impuesto a la renta por recaudación minera, llegaba al 50%.

Fotos: CooperAcción / OCM Perú

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RÍO BLANCO: No se pueden imponer proyectos que afectan el ambiente y los derechos humanos de las personas

RED MUQUI lamenta que el Estado peruano haya suscrito un convenio con la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes minera Majaz y hoy subsidiaria del consorcio minera Zijin), sin haber brindado ningún tipo de información al pueblo, ni a las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba (región Piura) y tampoco a las de San Ignacio (región Cajamarca).

Con el fin de promover el proyecto minero Río Blanco en territorios comunales, el Estado no aplicado el derecho a la consulta previa en dichas zonas, y nuevamente, se viene vulnerando lo señalado en el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución Política del Perú que reconoce la autonomía de estas comunidades campesinas.

Es necesario recordar que en el setiembre del año 2007, las comunidades y poblaciones de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca), de El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba), llevaron a cabo una consulta vecinal en la que 95% decidió apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo en sus territorios; rechazando así, la actividad minera, por los riesgos que ésta genera en el acceso al agua -para la mayor parte de la región- así como para el desarrollo sostenible de sus actividades económicas.

Es por ello, que desde la RED MUQUI rechazamos que nuestro gobierno acepte y promueva que éste tipo de empresas inviertan en nuestro país, aún cuando han cometido violaciones a los derechos humanos (el proyecto Río Blanco ha causado la muerte de 10 personas) y afectaciones a los ecosistemas frágiles y el medio ambiente.

En ese sentido, mostramos nuestra preocupación por las facilidades que el Estado brinda a la inversión, con una nueva regulación normativa que ha permitido el debilitamiento de las instituciones ambientales y sociales -con los paquetazos ambientales- que proyectos de este tipo se ejecuten, pese a que se afectan derechos humanos y colectivos, y ecosistemas frágiles y fuentes de recursos hídricos.

Consideramos que el retorno de la empresa Río Blanco Copper S.A. podría acarrear graves impactos en la vida y salud de las personas, así como, en nuestra naturaleza y en las actividades económicas enraizadas en dichas tierras, como la agricultura y ganadería de las que nuestras comunidades y poblaciones dependen.

Asimismo, con el aval que le ha permitido la suscripción del citado convenio con el Estado peruano, y el respaldo del Presidente de China durante la APEC, la empresa minera viene generando división y enfrentamiento entre las organizaciones, por medio de la entrega de dádivas a determinadas personas por trabajos ocasionales y la cooptación de dirigentes.

Es por ello, que desde la RED MUQUI demandamos que se cumplan las normas nacionales e internacionales que amparan los derechos de las comunidades y poblaciones locales, antes de tomar cualquier decisión que los afecte, como en el caso del proyecto minero Río Blanco y de cualquier otro proyecto de inversión.

Esperamos que el diálogo -instrumento al que siempre han recurrido las comunidades de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio para resolver sus problemas- sea el que impere, a fin de canalizar las preocupaciones de las organizaciones sociales y sus autoridades; evitar mayor conflictividad, y considerar las propuestas de las comunidades y poblaciones, quienes buscar mayor apoyo estatal para promover sus actividades económicas de desarrollo sostenible, como son la agricultura, agricultura ecológica, ganadería y el turismo sostenible.

Lima, diciembre de 2016

RED MUQUI

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Piura: MEM autorizó que Río Blanco reingrese a territorios de comunidades sin consulta previa

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DENUNCIAN AYABACA Y HUANCABAMBA

  • Decisión no toma en cuenta consulta vecinal que decidió el retiro de la empresa en el 2007
  • Hace seis años que la minera se retiró de estos territorios comunales

Las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y de Yanta (Ayabaca) de la región Piura, denunciaron que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha decidido rehabilitar el proyecto minero Río Blanco, sin aplicar consulta previa en las localidades afectadas que han mostrado su rechazo a la actividad minera en el año 2007.

El 14 de setiembre último, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MEM, aprobó la “Modificación de la Actualización del Plan de Rehabilitación del Proyecto de Exploración Minera Río Blanco” (Resolución Directoral No. 274-2016-MEM-DGAAM).

Para estas comunidades piuranas, llama la atención que el MEM decida que, en los próximos siete años, se debe ejecutar este nuevo Plan de Rehabilitación. Y que, además, el Ejecutivo, desconozca al 97% de la población de Huancabamba y Ayabaca, que rechazó la actividad minera en sus territorios, por medio de una consulta vecinal en el año 2007.

Cabe recordar que, a inicios del 2009, el MEM aprobó y llevó a cabo un Plan de Rehabilitación de los pasivos a causa de la fase de exploración de Río Blanco. El periodo de ejecución de este plan estuvo marcado entre julio de 2009 y julio de 2011.

No obstante, estas actividades de rehabilitación culminaron cuando Río Blanco Copper S.A. desmontó su campamento minero, en diciembre de 2010. Fue entonces que las comunidades afectadas, que siempre respetaron normas y procedimientos, iniciaron un resembrado de árboles y vegetación propia de la zona.

Movimiento policial en el lugar

Últimamente las comunidades han observado la presencia de efectivos militares y policiales en sus territorios, bajo el pretexto de instalar bases militares y/o policiales para supuestas actividades de defensa nacional y/o control de actividades ilícitas en la frontera.

Los comuneros temen que con esta irrupción se militarice la zona con el fin de permitir el reingreso de Río Blanco Copper S.A.; los comuneros también estiman que policías y militares podrían iniciar acciones de represión contra ellos, al manifestar la defensa de sus tierras y sus derechos fundamentales.

Asimismo, los pobladores han denunciado que desde hace 14 días se observa la quema de árboles en los montes de diversos sectores de la provincia, como en los distritos de Carmen de la Frontera, Sondor y Sondorillo. Denuncian que se habrían quemado alrededor de 26 mil pinos, de los cuales 17 mil pertenecerían al Anexo de Salalá en Huancabamba.

Para ellos, este desastre ambiental -sobre el cual ninguna autoridad se ha manifestado para investigar y remediar- formaría parte de una estrategia de la empresa para desprestigiar a las comunidades campesinas opositoras proyecto minero, señalarlas como responsables de contaminación y atribuir estos incendios a la minería ilegal en la zona. Algo que las comunidades rechazan y condenan.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), estima que Río Blanco está generando un “contexto favorable” para concretar su regreso, al mostrarse como una empresa que cuenta con tecnología que no contamina, ofrece miles de empleos, etc.

“Todo ello concuerda con el anuncio del inicio de la fase de explotación en el 2021, que adempas se vería confirmado con el reciente Convenio de Promoción del proyecto Minero Río Blanco, suscrito entre el MEM y el Consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, en el contexto de la APEC”, señaló la institución miembro de la RED MUQUI.

DATO:

Se estima una inversión no menor a los US$ 2,500 millones para rehabilitar Río Blanco, que tendría una vida útil de 20 años en la producción de 200 mil toneladas de cobre fino y 3,000 toneladas de molibdeno fino por año.

Fuente: FEDEPAZ / Gestión

Foto: Rumbo Minero

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