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Durante tres días: 7, 8 y 9 de septiembre; Red Muqui realizó el encuentro nacional presencial de 45 líderes y dirigentes/as de territorios afectados por la minería, como parte de la clausura de la Escuela Nacional de Formación que se desarrolló durante el mes de julio y agosto del presente año, de manera virtual.

Las sesiones de formación que se desarrollaron durante estos 2 meses de formación, comprendieron la construcción de agendas programáticas desde los territorios; conflictos mineros y protección de defensores y defensoras; derechos de las mujeres, jóvenes y futuras generaciones; protección de cabeceras de cuenca y atención a los impactos de metales tóxicos en la salud; agricultura y alternativas al extractivismo minero.

Los dirigentes y dirigentas de 11 regiones: Piura, Cajamarca, La Libertad, Junín, Pasco, Ayacucho, Cusco, Jaén, Arequipa, Puno y Apurímac, se congregaron en Lima para realizar un diagnóstico de la situación extractiva minera en el país y desarrollar estrategias de denuncia e incidencia para revertir la afectación negativa de la actividad  minera en sus territorios.

Asimismo, se capacitaron en herramientas de comunicación social para visibilizar sus problemáticas comunes y propuestas para tener un ambiente saludable y, por lo tanto, resguardar la salud de las personas afectadas por la contaminación con metales tóxicos en zonas de extracción minera.

 

 

 

 

 

 

En la clausura de la 1era Escuela Nacional de Formación de la Red Muqui participaron el periodista Glatzer Tuesta, quién presentó un análisis de la situación política y el rol de los medios de comunicación en la actualidad; y también el economista de Cooperacción, José De Echave, quien presentó una exposición sobre la situación del sector minero en la actualidad, destacando que el precio de los minerales ha vuelto a subir como en los últimos años y que las empresas mineras son las más beneficiadas con estas sobreganancias.

La congresista Ruth Luque también se hizo presente en el encuentro, dando un informe de su gestión como congresista, y explicando la dinámica actual del Congreso, así como las acciones de incidencia que se pueden realizar en el hemiciclo – lugar en el que transitan los congresistas dentro del Congreso-. Resaltó que es importante el trabajo articulado con dirigentes de organizaciones de base y la Red Muqui para lograr modificatorias a leyes adversas para los pueblos indígenas y comunidades campesinas, poniendo como ejemplo la modificación a la ley de Comités de Autodefensa.

Finalmente, los participantes del encuentro se comprometieron a desarrollar acciones de incidencia en sus territorios y regiones, planteando sus agendas de defensa del territorio y sus derechos individuales y colectivos a los candidatos y sociedad civil en general en el marco de las elecciones regionales y municipales que se desarrollarán el 2 de octubre.

El pasado miércoles 20 de julio, se llevó a cabo la “Mesa de trabajo para analizar Ley CADs – Ley N° 31494”, la cual reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana y que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República y, posteriormente, publicada el 16 de junio.

La mesa de trabajo se realizó en el Congreso de la República y contó con la participación del representante de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), Santos Saavedra; el defensor del ambiente y presidente del Frente de Defensa Unificado en contra de la contaminación de la cuenca Coata y el lago Titicaca, Félix Suasaca; así como de representantes de las organizaciones Red Muqui, Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), y el Instituto de Defensa Legal; y con la participación de los congresistas Ruth Luque y José Williams.

Sin embargo, esta ley representa una amenaza a la paz social de las comunidades y pueblos indígenas, ya que, entre otros motivos, promueve la militarización de territorios de comunidades campesinas y nativas, abriendo la posibilidad de enfrentamientos entre comunidades, al permitir que civiles que pertenecen a los Comités de Autodefensa puedan adquirir armas por compra o donación de parte del Estado o de particulares. Además, las armas pueden caer en manos de organizaciones ilícitas que se hacen pasar por comités de autodefensa y amenazan a quienes protegen los bosques.

Asimismo, la Ley CADs vulnera la autonomía de los pueblos indígenas porque los comités de autodefensa estarán a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Es decir, las Fuerzas Armadas se encargan de diseñar las estrategias de intervención de los CADs,. Sumado a esto, la ley deslegitima el rol de las rondas que cuentan con el reconocimiento necesario en sus comunidades, las cuales representan agrupaciones reconocidas por la constitución y por las mismas comunidades que pueden establecer interlocución con el Estado para dar solución a los conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley.El representante de IDL, el abogado Juan Carlos Ruiz, señaló que entregar armas a los civiles no representa una solución apropiada a los problemas de inseguridad en las comunidades. Asimismo, que es el Estado quien “debe brindar seguridad, ese es su rol”. E indicó que, a través de esta ley, se está señalando que el Estado no tiene la capacidad de cuidar y proteger a la población.

Declaró también, a pesar de que, de acuerdo a la Constitución el orden interno es competencia de la Policía Nacional, con la Ley CADs, se “está queriendo que las Fuerzas Armadas entren al orden interno”. Por tal motivo, se está creando una norma que lo que hace es “amenazar la institucionalidad y autonomía de las comunidades y rondas campesinas” y que “puede abrir puertas a la cooptación social”, lo cual representa un peligro para los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas.

Posteriormente, Rodrigo Lauracio, abogado de Red Muqui, señaló, al igual que Ruiz, que el Estado es quien tiene la obligación de restablecer el orden en las zonas, es el “encargado de resguardar e impulsar el autodesarrollo”. También declaró que dar la responsabilidad a los civiles de que intervengan en la lucha contra la inseguridad, resulta demasiado riesgoso, y que “la misión del Estado constitucional no es esa”. Por su lado el representante de CEAS, Javier Jancke, señaló que desde las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil hay preocupación por los “los paralelismos y violencia que se puede generar (con la aprobación de la Ley CADs), sobre todo en zonas de conflicto. Esto puede ser utilizado para fortalecer actividades ilegales como el narcotráfico”. Por esa razón, se declara que la ley puede generar una mayor vulneración de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, como históricamente se ha generado.

En cuanto a los dirigentes sociales presentes en la mesa técnica, Felix Suasaca señaló que ya existe un problema que las comunidades y defensores tienen que enfrentar constantemente, y es que los policías cometen delitos contra ellos, les reprimen de forma violenta en las protestas y el hecho de impulsar una ley que permite el acceso a armas representa un riesgo grave a los derechos de las comunidades. Incluso indicó que, en Puno no se les ha “consultado para que se generen los CADs”, es decir se ha vulnerado el derecho a la consulta previa a las comunidades.

Sumado a los señalado por Suasaca, el representante de la CUNARC, Santos Saavedra, declaró que como rondas campesinas “no aceptamos la ley (…). El Estado no puede imponernos la norma”. Recordemos que, anteriormente, organizaciones de rondas campesinas de diferentes regiones se han pronunciado y señalado su negativa a la Ley CADs debido a que vulnera la autonomía de las rondas.

La congresista Ruth Luque, comentó que los Comités de Autodefensa fueron generados para un contexto específico (tiempo de terrorismo), por lo cual señaló que no comprendía la razón por la que se quiere reactivarlos, sabiendo que las rondas campesinas ya cumplen con esa función. Además, indicó que esta ley puede generar fragmentación en la estructura y organización de la comunidad, ya que puede haber comunidades campesinas y rondas que no quieran que se creen Comités de Autodefensa, y puede haber otros que sí, “no es tan simple que se decida que hayan CADs”. Por eso declaró que hay que exigir que se haga una reflexión sobre esto, pero también “hay que exigir una mayor presencia del Estado” y que este debe tener una responsabilidad política clara.

Finalmente, es importante señalar lo declarado por el congresista José Williams, con respecto a que se ha realizado una modificatoria a la ley, y que ya no se estipula que se va a brindar el acceso a armas. Según Williams, “lo estamos cortando de la Ley, solo dice que los que tienen sus armas, cuando la violencia cese, deben entregarlas”. Lo que busca esta ley es que “los comités se incorporen a la seguridad ciudadana, como lo están las rondas campesinas, y que puedan apoyar a las rondas campesinas, ya que el Estado está lejos”. Pero acotó que la Policía Nacional y la municipalidad seguirán siendo las encargadas de la seguridad interna.

Asimismo, señaló que los comités no se van a imponer si la comunidad no lo quiere, pero ya que no existe presupuesto para las rondas campesinas, los CADs sirvan de apoyo, que se vuelvan “núcleos ejecutores”.

Finalmente, esta mesa constituyó un importante espacio para discutir el reglamento de una normativa que tiene la negativa de las comunidades y rondas campesinas, de manera que se reciban los puntos de vista de sus representantes y dirigentes.

Por primera vez, la Ley de Presupuesto nacional incluye un incremento significativo del presupuesto asignado para la atención a afectados y afectadas por metales tóxicos, esto gracias a la gestión de la congresista por Cusco, Ruth Luque, y por la iniciativa de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras. Si bien ya existía presupuesto específico para la realización de tamizajes a la población a nivel nacional, los presupuestos asignados venían siendo insuficientes para las medidas de atención que se deben implementar.

Según la Ley de Presupuesto 2022 , se dispone s/. 10 682 505 en el pliego el Ministerio de Salud y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a nivel nacional para que realicen tamizajes y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados; adicionalmente se se autoriza al MINSA y a los gobiernos regionales a realizar modificaciones presupuestarias solo con el fin de habilitar el uso de hasta 30 millones de soles para la realización de tamizajes y atención a afectados con metales pesados con prioridad en los territorios de Cuninico (Loreto), Cerro de Pasco, Espinar (Cusco), cuenca del Coata (Puno) y La Oroya (Junín). Y, finalmente, de forma complementaria se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas la realización de modificaciones presupuestarias hasta por la suma de 10 millones de soles a favor de los gobiernos regionales a partir del artículo 53° del Decreto Legislativo n° 1440- Sistema Nacional de Presupuesto Público; por último, para la implementación de acciones vinculadas a la atención de las personas afectadas por la contaminación de metales pesados.

En total son 50 millones 682 mil soles que se están destinando a acciones de atención a personas afectadas por la contaminación por metales tóxicos.

Esta es una buena señal de compromiso de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía para garantizar el derecho a la salud humana de miles de afectados y afectadas que vienen siendo olvidados año tras año. Una vez aprobada esta norma queda en responsabilidad del Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales de los territorios priorizados, el uso eficiente del presupuesto otorgado, por ello algunos integrantes de la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental opinan lo siguiente:

Elsa Benavente de la Asociación Peruana Desarrollo integral Luz de Dios, cuyas siglas son APDI Luz de Dios, señala que hay un gran avance porque es una suma que se aumenta en comparación a lo que se asignó a nivel nacional en el 2021 para tamizajes y atención a pacientes. Ella señala también que a la fecha solo se ha ejecutado el 43.5% del presupuesto total en este rubro, que al 2021 solo era de 2 millones aproximadamente. Agrega “que se tiene el reto se fiscalizar en qué se está gastando el presupuesto asignado, porque haciendo una revisión en el MEF no se logra ejecutar todo el presupuesto y además la mayoría de ese gasto se ha ido en pago de personal. Para el caso de los cinco territorios priorizados, las personas afectadas por metales pesados señalan que no se vienen realizando los tamizajes pertinentes, ahora con el aumento del presupuesto debemos estar vigilantes hasta lograr la atención efectiva de las personas afectadas.”

Jaime Silva del Centro de Cultura Labor-Pasco señala que en el caso de Pasco en los años 2019 y 2020 se asignó un presupuesto de alrededor de 6 millones de soles para atender a afectados y afectadas; sin embargo, no hubieron resultados satisfactorios porque no hubieron mejoras concretas en la calidad de vida de la población. Por ello, ahora señala que el MINSA debe invertir de manera eficiente este presupuesto: “Desde Pasco solicitamos que se debe apuntar al fortalecimiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, también se necesitan de médicos especializados en toxicología para metales pesados, además que en los casos más graves de niños afectados es necesario llevarlos a otros países para que lleven tratamientos especializados. Por último, es necesario que se amplíe el número de tamizajes en las zonas afectadas para tener diagnósticos claros sobre la situación”.

De igual forma, Miluska Rojas de Red Uniendo Manos, señala que ahora se debe hacer énfasis en coordinar con el MINSA para que el presupuesto llegue a implementarse eficientemente en los territorios, es decir a nivel regional, señala también: “ Se debe incidir en las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAs) para que actué conforme a lo que diga la norma y a la vez que los congresistas hagan seguimiento a esto. También es necesario que se logre la reglamentación de la Ley N° 31189 y tener criterios más apropiados para la priorización en la ejecución del presupuesto y podamos pasar del tamizaje a la atención concreta a la mayor cantidad de afectados y afectadas».