Una nueva escalada en el intento de suprimir la protesta social se ha vivido desde tempranas horas de este sábado, cuando una cincuentena de policías han allanado sedes de organizaciones sociales y un partido político para apresar a dirigentes sociales, cuyo delito ha sido haber participado de marchas pacíficas en Lima.
Luego de más de 10 horas retenidos en la sede de la Confederación de Campesinos del Perú, 26 campesinos quechuahablantes de Cusco, Apurimac, Ayacucho y Cajamarca han recobrado su libertad. La denuncia pública, la oportuna intervención de congresistas y abogados, y la presión de la población han logrado que se les libere.
En la mañana reportes viralizados en redes sociales daban cuenta de violentos allanamientos en las sedes de la Confederación de Comunidades Campesina (CCP) y del partido Nuevo Perú situados a una cuadra del óvalo Bolognesi, en el Cercado de Lima. La operación policial a cargo de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) fue encabezada por el general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y dejó un saldo de 22 campesinos detenidos, en su mayoría quechuahablantes de las regiones de Apurímac y Cusco. Las personas habían pernoctado en dichas sedes después de haber participado de las protestas que se han desarrollado en los pasados días en la capital del país.
Al comentar el supuesta hallazgo de pasamontañas, machetes y armas hechizas que dejó la acción, realizada sin la presencia de la fiscalía como demanda el ordenamiento jurídico en un debido proceso, la congresista Ruth Luque que se acercó a la sede de la CCP junto a las parlamentarias Sigrid Bazáne e Isabel Cortez denunció la grave lógica de terruquear a las personas: “Se pretende sobre la base de movilizaciones de la población decir o imponer una lógica de que acá hay terrorismo y eso no lo vamos a permitir. La época de los años 80 pasaron hoy es momento de defender la democracia, los derechos humanos y evitar que la población sea terruqueada. No vamos a permitir intervenciones a organizaciones sociales que se genere violencia y que luego se empiecen a levantar hipótesis de terrorismo”.
La legisladora denunció además que había sido impedida de cumplir su labor de fiscalización y representación, cuando la PNP le negó ingresar a los inmuebles. Recién después de la masiva presencia de medios y transeúntes, se le permitió el ingreso donde constató la ausencia de algún representante de la fiscalía en el operativo. El secretario del partido Nuevo Perú, Enver León denunció que las armas hechizas y machetes, “decomisadas” ,y que en las fotografías de redes sociales aparecen nuevas y todavía con etiquetas y códigos de barra , habían sido “sembradas” por la propia policía.
La parlamentaria Sigrid Bazán, por su parte, rechazó el actuar policial que a su entender no se ciñó a la ley: “Sabemos que estamos en un estado de emergencia que ya de por sí es muy cuestionable y lamentamos que ese estado de emergencia este estado de excusa para vulnerar derechos fundamentales entre ellos el derecho a la defensa lamentamos que la dirigencia el día de hoy no haya tenido ningún tipo de causal, no hay ni una sospecha ni una orden judicial y mucho menos flagrancia en la intervención que se ha hecho el día de hoy”.
La legisladora lamentó que recién el martes se retome en el Pleno del Congreso la discusión sobre el adelanto de elecciones como si el país no viviera una trágica crísis con altísimo número de personas asesinadas. “Nosotros nos avergonzamos de lo que se ha vuelto nuestra institución. Nos avergonzamos de que hoy crean que balear a gente inocente intervenir locales de izquierda, afectar a comunidades campesinas, lo consideran terrorismo y lo consideren un avance a la democracia no hay nada más antidemocrático que esto y la señora Dina Boluarte que hoy gobierna con una junta militar debe responder ante la justicia”.
Estos allanamientos y detenciones, pero en especial los crímenes cometidos en estos días del régimen encabezado por Dina Boluarte ya están llegando a oídos de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. En la tarde de este sábado desde Ucayali se ha informado sobre un número indeterminado de civiles heridos a bala disparadas por miembros del Ejército desplegados en el distrito de Huipoca. De pronto la Misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Perú ha hecho un serio llamado al gobierno en su cuenta oficial de Twitter al referirse a este allanamiento en particular: “Recordamos a las autoridades que las limitaciones al #DDHH a la reunión pacífica tienen que ser excepcionales y cumplir con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad en todo momento”.
