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Exigen política de salud especializada y se comprometen a realizar vigilancia ambiental

Llegaron de todas partes del Perú para hacerse escuchar. Afectados por metales pesados estuvieron en Lima reunidos para dar a conocer la problemática de contaminación ambiental y pasivos que afectan sus vidas. Representantes de casos emblemáticos como Pasco, La Oroya, Bambamarca, San Mateo, Cuninico, Espinar, Chiriaco y Puno conformarán una comisión para exigir una Política de salud integral y atención especializada al Estado peruano.

“El Gobierno lleva años de espalda a los que nos sucede”, comentó Rosa Amaro, presidenta del Movimiento por la Salud de La Oroya. Ella afirma que la fundidora Doe Run sigue operando y emitiendo gases tóxicos al ambiente, aunque el gobierno se ha empeñado en negar que está operando. En el último informe de salud presentado por RED MUQUI, se comprobó que los niños, a los que se les tomó pruebas de sangre, tenían hasta 4 tipos de metales con diferentes grados de afectación. Se les encontró, por ejemplo, arsénico, un cancerígeno, sobre el que la Organización Mundial de la Salud ha dado alerta.

En Pasco, el panorama sigue siendo desolador. Los pasivos ambientales continúan a la espera del presupuesto asignado por el Estado para su remediación, como afirmó el regidor de la Municipalidad de Simón Bolívar, Jaime Silva. Mientras tanto, “tenemos niños con casos de cáncer, leucemia que no son atendidos” comentó Hugo Sosa, parte de la delegación de Cerro de Pasco.  Por eso “pedimos que el Estado priorice la atención en la salud integral, que esto sea asumido como una política y que nuestros niños sean tratados de forma urgente”, puntualizó.

Ismael Julon López de Bambamarca comentó que en dicha región de Cajamarca la minería ha proliferado al punto de que la tierra y el agua se han visto afectadas y ya no se puede cultivar, asimismo, la población está afectada por enfermedades y desnutrición. “Tampoco contamos con especialistas que se dediquen a tratar problemas de salud ambiental. Necesitamos profesionales que traten la afectación de por metales tóxicos en la población”, aseveró.

Agnita Saboya viene de Cuninico, distrito donde ha ocurrido un derrame de crudo en setiembre, ella contó que una persona había fallecido el día 28 de noviembre a consecuencia de intoxicación con petróleo. “Nosotros no tenemos ninguna atención del estado, vivimos olvidados del Estado. Antes teníamos pescado, yuca, plátano para comercializar, ahora ya no tenemos recursos”, declaró a RED MUQUI.

Genaro Aguilar es de San Mateo, una zona de la sierra de Lima donde proliferan pasivos mineros. Él declaró a la prensa que no se trata de oponerse a la minería sino de exigir un trabajo responsable por parte de las empresas. «No estamos en contra del progreso, queremos calidad de vida, salud para las poblaciones», señaló.

En el acta que ha sido suscrita por los representantes de las regiones afectadas por metales tóxicos se resalta la necesidad de una Política integral de salud especializada y donde se cuenten con protocolos establecidos. Se solicita al Estado que dote de agua de calidad a las poblaciones para evitar que se sigan contaminando. Se pide, además, que se dé prioridad a la remediación de pasivos ambientales.

Por su parte, las dirigentes se comprometieron a realizar monitoreo y vigilancia ambiental para prevenir mayores desastres ambientales, así como, a fomentar la educación ambiental de las poblaciones.  Ellos consideran que las comunidades deben actuar como protectoras de la tierra, lagunas, ríos y fuentes de agua.

Puedes leer AQUÍ el acta de acuerdos

El encuentro de afectados por metales pesados fue promovido por la Mesa de Coordinación sobre salud ambiental que integran RED MUQUI, CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras, Instituto de Defensa Legal, Amnistía Internacional, Broederlijk Delen, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Equidad, RedGE, OXFAM, Comisión Episcopal de Acción Social, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Red Uniendo Manos Perú.

Red Muqui presentó informe y documental en el Congreso donde alerta sobre la problemática de salud ambiental y los impactos de los diferentes pasivos mineros en Cerro de Pasco, La Oroya, y la Cuenca de San Mateo. El foro «Estudios en poblaciones afectados por metales pesados» fue coorganizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Centro Labor, Sourse y la Municipalidad de Simón Bolívar. Las organizaciones expusieron sobre la afectación a la salud de la concentración de metales y pasivos.

Un inmenso cráter y una chimenea humeante son la herencia y el símbolo de los que fueron dos de los motores económicos mineros más potentes del país.  Y en medio de este escenario cenizo, las arterias fluviales que nutren estas tierras se tiñeron de colores amarillentos y rojizos que, a través de sus aguas sinuosas, y del  hollín, contaminaron las aguas, aire y  vidas de las poblaciones de Cerro de Pasco, La Oroya, zonas relacionadas hidrográficamente con el río Mantaro, y la Cuenca de San Mateo, cabecera donde nace el río Rimac,

24 niños de Cerro de Pasco y La Oroya, a quienes se les realizó un dosaje, están expuestos de manera crónica a arsénico, cadmio,  plomo, mercurio, superando todos los niveles permisibles por el Ministerio de Salud, es la conclusión del Informe de atención médica de salud a menores que habitan en ambientes asociados a minería y metalurgia residentes en Cerro de Pasco y La Oroya, y situación de los pasivos ambientales de San Mateo-2016, elaborado por la Red Muqui. «El arsénico y el cadmio son cancerígenos, tal y como reconoce  la Organización Mundial de la Salud, y el plomo y el mercurio son dos venenos que tienen una gran predilección por el sistema nervioso central, es decir, destruyen los nervios,  el cerebro, y producen anemia», sostiene Fernando Osores, doctor ambientalista autor del informe.

«Mi hijo Benjamín tiene un crecimiento anómalo de células retinales, un retinoblastoma, que ya le ha hecho perder un ojo. Además, sufre de diferentes enfermedades, como daño a la vesícula», afirma Lourdes Mendoza, habitante de Cerro de Pasco. «No existe ninguna solución hasta la fecha. Este no es un daño a personas aisladas, sino a una población integral y constituye un tema de salud pública. Los ministerios no están actuando desde una mirada de interrelación de salud y medio ambiente», afirma Javier Janhcke, secretario ejecutivo de  Red Muqui.

Exposición permanente de metales pesados y pasivos ambientales

El informe alerta del peligro de  los depósitos de relaves, que constituyen un foco de contaminación y afectación a la salud de las personas.  En Cerro de Pasco, se encuentran los depósitos de Quiulacocha con 115 hectáreas y 78 millones de toneladas de depósito, o del desmonte Excelsior con 94 hectáreas y 50 millones de toneladas de depósito. Por su parte, en la Oroya se encuentran los depósitos de trióxido de arsénico de Vado que contiene 115,000.00 toneladas.

La cuenca del Río Mantaro es de gran importancia para la economía del Perú: genera alrededor de 35% de la energía eléctrica, y la producción agrícola del valle provee de gran cantidad de alimentos a la capital. Sin embargo, el peligro de los relaves también está latente en Lima. El informe no solo alerta sobre el relave de Tamboraque- que contiene aproximadamente 690,000 toneladas métricas de residuos- sino también de otros ocho pasivos ambientales de los que poco se habla. Es el caso del relave Chinchán, el de Tablachaca, ubicado al margen del rio Rímac, que contiene unos tres millones de toneladas métricas de relaves producidos por la planta concentradora Casapalca. También están los depósitos de relaves de Antuquito, Casapalca, y el de Yauliliaco que contiene 3.3 millones de toneladas métricas.

Historias de agua

En el marco del Foro «Estudios en poblaciones afectados por metales pesados» , se presentó el  documental «Historias de Agua», producido por Red Muqui, que  narra  los impactos dramáticos de la contaminación sobre las poblaciones objeto del informe. El largometraje recorre las aguas de los Andes y retrata las historias de ciudadanos que viven afectados por problemas de salud y por contaminación ambiental.

«Sólo se habla de los beneficios que trae la minería, y con este documental quisimos mostrar el otro lado de la historia. Queremos que se visibilice esta problemática ante la falta de empatía con esta población que busca justicia y salud», afirma Gabriela Delgado, productora del documental

Cerro de Pasco y La Oroya, son dos zonas en donde ciudad, minería y fundición han crecido una sobre otra -sin mayores regulaciones ambientales y de salud- si bien han generado ingresos a las arcas del Estado Peruano, también han ocasionado el envenenamiento generacional por décadas de miles de peruanos que vivieron y viven en estas zonas. Lo mismo ocurre respecto de los pasivos ambientales en San Mateo.

Red Muqui presenta el resumen del  Informe de Atención médica de salud en ambientes asociados a minería y metalúrgica a menores residentes en Cerro de Pasco y La Oroya, y situación de los pasivos ambientales en San Mateo- 2016. Este documento ha sido realizado por el médico ambientalista, Fernando Osores, quien examinó a un total de 24 niños y niñas.  Se les realizó el dosaje y se les hizo análisis de cabello, sangre y orina para determinar la presencia de los siguientes metales pesados: As [arsénico], Pb [plomo], Cd [cadmio] y Hg [mercurio].

Los niños atendidos residen en Cerro de Pasco-Quiulacocha(15) y La ciudad de La Oroya Nueva y Vieja (9) respectivamente, tienen entre 3 y 15 años. La media aritmética de la edad fue 9 años.Todos los niños de Cerro de Pasco y La Oroya presentaron exposición puntual positiva (detectable) para arsénico, plomo, mercurio y cadmio. Asimismo, superaron el mejor estándar de medición para arsénico en sangre. En el caso de  la orina, en 8 de los 9 niños de La Oroya y 10 de los 15 niños de Cerro de Pasco superaron el estándar de medición para arsénico de acuerdo con el MINSA.

 

Por el lado de los pasivos en San Mateo, el informe alerta que no solo el relave Tamboraque –contiene casi 690 mil toneladas métricas de residuos- pone en riesgo el río Rímac y la ciudad de Lima. Son, aproximadamente, ocho pasivos ambientales más, entre los que destacan el relave Chinchán (Coricancha); ex depósito de Mayoc, Minera Lisandro Proaño S.A.; la mina Los Quenuales (Casapalca), cuenta con un pasivo ecológico de más de un siglo de operación; el depósito de relaves Chinchan (Los Quenuales), está activo y se encuentra a 110 Km. al norte de la planta concentradora; depósito de relaves Tablachaca, ubicado al margen derecho del río Rímac. Este último, contiene unos tres millones de toneladas métricas de relaves producidos por la planta concentradora de Casapalca.

El depósito de relaves Antuquito, contiene unas 600 toneladas métricas de relaves producidos por la planta concentradora de Casapalca, también se encuentra al margen izquierdo del río Rímac. Estos pasivos ambientales mineros son foco principal de contaminación y afectación a la salud de las personas.

 

Al respecto el informe presenta algunas recomendaciones, el texto completo se puede leer en el resumen del Informe de Salud

1. Desarrollar un Plan Nacional sostenible de monitorización epidemológica permanente, en tiempo real, transparente, coordinado y participativo de las matrices de agua.

2.Caracaterizar los peligros y riesgos de los impactos ambientales inmediatos, y a largo plazo a la salud humana en una concepción de Ecosalud y protección del bien público.

3. Fortalecimiento de la capacidad de vigilancia y monitoreo ambiental de los ciudadanos/as, poblaciones indígenas y originarias, así como, el reconocimiento de sus organizaciones, y su incorporación al Sistema Nacional de Gestión Ambiental como mecanismo de alerta temprana.

4. Promover la investigación priorizada en la protección, prevención y evaluación de riesgos a la salud por exposición crónica no ocupacional a sustancias químicas.

5. Promover la planeación estratégica nacional para la salud pública ambiental protectiva y preventiva en zonas de alto riesgo de exposición a metales pesados (como es el caso de Pasco y La Oroya)

Libre descarga RESUMEN DEL INFORME AQUÍ

Transcurrido el primer año de gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó su primer mensaje a la nación el 28 de julio último. Al respecto, RED MUQUI se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. El mensaje presidencial trajo el anuncio de nuevos proyectos mineros: Corani (Puno), Mina Justa (Ica), Quellaveco (Moquegua) y Michiquillay (Cajamarca). De esta manera, el gobierno confirma que seguimos dependiendo de una actividad económica como eje de nuestra economía.

Sobre esto se requiere que el gobierno asuma un verdadero programa de diversificación económica en el país, y no solo ‘paliativos’ para actividades como la agricultura. Nuestra canasta familiar depende de nuestras comunidades campesinas que desarrollan la agricultura familiar en el 7% de nuestro territorio nacional. Sin embargo, sus territorios no están protegidos de los impactos ambientales, sociales, afectaciones en la salud humana, entre otros, debido a las actividades extractivas.

Por el contrario, se debería priorizar las actividades como el turismo sostenible, la pesca artesanal, y otras actividades económicas más sostenibles.

2. En el mensaje se ha priorizado la formalización, la Pequeña Minería y Minería Artesanal; de la cual existe una campaña del gobierno para impulsarla. En ello estamos de acuerdo, pero no podemos formalizar todo de la misma manera. El presidente debe mencionar que los decretos legislativos que el Ejecutivo dictó a fines del año pasado, permiten que el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) tenga carácter de declaración jurada, sin que existan entidades que le den seguimiento. De la misma forma, con una declaración jurada se puede obtener permisos del propietario o de comunidades campesinas para realizar cualquier actividad minera en tierras superficiales. En el último caso se pasa por encima de los espacios de decisión comunales. Se formaliza, pero no se consideran los impactos ambientales, sociales y en la salud de las personas.

3. Respecto al medio ambiente, el presidente Kuczynski reconoció que “el lago más grande del Perú (Titicaca) está contaminado por relaves mineros”. Esa ha sido consecuencia de la minería formal, informal e ilegal que afecta fuentes de recursos hídricos fundamentales a nivel nacional. Justamente, a esto responde las recientes protestas sociales en Puno, en donde la población sigue esperando que se cumpla con la promesa electoral acerca de la construcción de pozas de oxidación para procesar el agua residual que llega al lago. De no atenderse oportunamente esta problemática el conflicto puede agudizarce, es urgente la atención a esta demanda de las poblaciones afectadas por las aguas contaminadas del Lago Titicaca.

4. En el mensaje a la Nación se mencionó sobre la “reducción de los impactos ambientales”; pero ello es incoherente con las normas -sin sustento técnico- que fueron emitidas por este gobierno. Este año se fueron flexibilizando los Estándares de Calidad Ambiental para aire (ECA Aire) en doce veces, así como los que rigen para el agua. Todo ello impactará en la salud y la vida de las personas.

La indecente pretensión de esta norma busca ‘facilitar’ la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya, ha demostrado que no resulta conveniente para los inversionistas. Por tanto, ha quedado claro que el gobierno estaría emitiendo normas que tienen beneficiarios directos, en lugar de buscar alternativas de desarrollo integral y sostenibles para La Oroya, y que no implique atentar contra de la salud y vida de las personas de esa zona.

5. Que el mandatario haya mencionado “Dignificar a las rondas campesinas”, nos parece loable. No obstante, consideramos que el Ejecutivo debe tomar en cuenta el importante el avance del Poder Judicial, y su presidente Duberlí Rodríguez, quien ya ha reconocido el rol de las rondas de ejercer justicia y brindar seguridad. No obstante, el gobierno central aún debe dejar de calificar como “antimineros”, “enemigos del desarrollo” a aquellas rondas campesinas y organizaciones sociales que defienden sus derechos al territorio y a la consulta sobre decisiones que les afecta. Si su perspectiva es empezar a reconocer a las rondas, esperamos que cambie la perspectiva sobre la conflictividad social en el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM.

6. Para el jefe de Estado es importante “Fortalecer el rol del Ministerio de Salud (MINSA) es fundamental ya que no funciona como debe funcionar”. En ese sentido, nos preocupa las personas cuya salud y vida han sido afectadas por la actividad minera, pues no reciben un tratamiento adecuado. Una muestra de esta realidad, es el caso de los pobladores de Pasco, quienes luego de años de reuniones y acuerdos infructuosos, se vieron obligados a venir a Lima y encadenarse en el MINSA, y así exigir atención médica y remedición de sus pasivos ambientales mineros. Esperamos que el gobierno considere que el MINSA debe cumplir con estos compromisos y atender de manera inmediata a estas poblaciones afectadas a su salud por actividades mineras.

7. El presidente Kuczynski no olvidó decir que «el agua será legado de su gobierno». Es así que en su mensaje ha ofrecido que el 84% de las zonas rurales tendrá agua y desagüe al 2021. Nuestra inquietud surge por cómo se podrá llegar a esta meta si nuestras cabeceras de cuenca y ecosistemas que captan agua se encuentran afectados y contaminados por la minería. Por ello es importante aplicar mecanismos como el ordenamiento territorial (que la Ley N°30230 estableció como “referencial”) y se les devuelva a los gobiernos regionales, la potestad de establecer prioridades de desarrollo en base a sus potencialidades, y que estas no sean impuestas desde el gobierno central y en base a las concesiones mineras.

8. Y, por último, el presidente señalo que se debe “Fortalecer a las empresas de agua potable, que seguirán siendo públicas”. Sin embargo, uno de los decretos dictados en su gobierno ha establecido que estas Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), ahora serán empresas del régimen de sociedades. Es decir, poseerán acciones que pueden ser vendidas a otros intereses económicos -en la práctica- permitir la privatización del recurso hídrico, lo cual va en contra de su rol principal, que es brindar un servicio. Consideramos que esto se trata de una seria contradicción, lamentablemente, avalada por el Congreso.

9. El presidente ha presentado 5 proyectos de ley, luego de la reunión con Keiko Fujimori, uno de ellos sobre el tratamiento de aguas residuales. Se plantea mayor participación de las APP para ello. Recordemos que en los decretos del actual gobierno se planteó simplificar los procedimientos para los vertimientos de aguas residuales. Ya no intervienen con sus autorizaciones las autoridades responsables, ahora solo se aplican los ECA y Límites Máximos Permitidos (LMP) de agua. Las inversiones son importantes, pero se deben supeditar a la mejora de la calidad de vida de las personas, de lo contrario no son beneficiosas.

Finalmente, entre los proyectos de ley presentados por Kuczynski, se busca destrabar el acceso a inmuebles para la ejecución de obras de infraestructura: la misma finalidad del derogado Decreto Legislativo N°1333, que–mediante ProInversión- buscaba facilitar aún más el acceso a predios, especialmente en territorios de comunidades campesinas (en relación con la Ley N°30230). Consideramos que con éstas medidas continúa la velada idea de desaparecer las comunidades campesinas.

Lima, 30 de julio de 2017

 

 

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Una vez más, este lunes 17 de julio se declaró como «desierta» la subasta pública del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina de cobre Cobriza, que estuvieron en titularidad de Doe Run Perú, cuya matriz es el Grupo RENCO de capitales norteamericanos.

Como se ha anunciado anteriormente, esta nueva postergación reduce -una vez más- el precio base de US$ 271.27 millones de dólares; es deicr, en un 15% para la próxima y última rueda del 26 de julio próximo. Con ello, igualmente se reducen los ingresos que la Junta de Acreedores -en donde el Estado está incluido- puede lograr.

Lamentablemente se insiste en facilitar un proceso de inversión que solo tiene una perspectiva económico-patrimonial y que no considera los graves impactos, a la vida y a la salud, que el funcionamiento del complejo metalúrgico ya ha generado, en una ciudad que se encuentra dentro del ranking de los diez lugares con mayor contaminación ambiental en el mundo, y en donde los niños han sido los más perjudicados –en un 90%- al haberse contaminado con plomo y otros metales.

En ese orden de ideas, resulta evidente que no hay una mirada integral de lo que implica la salud ambiental y humana en el Estado. No se asume -o no se quiere asumir- que ambas están directamente vinculadas, y que cualquier impacto ambiental por actividad extractiva (como la minero-metalúrgica) tiene consecuencias directas -o indirectas- en las personas.

Esto último se corrobora en el reciente decreto supremo que modifica los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Aire, de 80 a 250ug/m3 (24 horas), incremento que se realizó sin ningún sólido sustento técnico, por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM) y sin mayor coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA); todo ello con el claro objetivo de facilitar la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya y permitir otras operaciones que pueden ocasionar graves impactos negativos de carácter social y ambiental.

Al respecto, según lo ha señalado Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo, el propio Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Junín emitió en mayo  un comunicado en el que señala que “es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente para el dióxido de azufre el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud {OMS)». En repsuesta, las autoridades no han tomado en cuenta lo expresado por Monseñor Barreto, y más bien se han dedicado, conjuntamente con otras personas, a criticarlo e intentar demoler su honra.

Por ello, rechazamos la campaña iniciada contra el Arzobispo Barreto que en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, como pastor de la Iglesia que representa, y como parte de la sociedad civil, una vez más se ha pronunciado sobre la contaminación en La Oroya, con fundamentos técnicos que lo avalan en su postura, y ha criticado la actitud del gobierno en este delicado tema.

Finalmente, exigimos a las autoridades nacionales, regionales y locales a priorizar la vida y la salud de las personas ante todo y, desde luego, cumplan con su deber de promover alternativas económicas sostenibles para todos los trabajadores y familias de la ciudad de La Oroya, que mejoren el desarrollo y la calidad de vida de la población, como sustento fundamental de cualquier decisión que tome el Estado con relación a este tema.

Lima, 19 de julio de 2017

 

«Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas.La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres» (Carta Encíclica Laudato Si’, N° 20).

El 21 de julio del año pasado emitimos un comunicado «Posición de la Iglesia Católica ante la situación que vive Lo Oroya» y decíamos:

La Iglesia está preocupada por la grave disyuntiva que se plantea ante el futuro del Complejo Metalúrgico de La Oroya -CMLO: la calidad de vida socio-ambiental o el trabajo remunerado, las ganancias de las Empresas y los impuestos que recibe el Estado. En ambos casos hay personas que se benefician, y otras que resultan afectadas.

La calidad del aire es esencial para la vida y la salud de las personas. Actualmente los pasivos ambientales afectan de manera especial a los niños.

• El proceso de venta del CMLO exige la adecuación de la calidad del aire a 80 ug/m3 para La Oroya, llo y Arequipa (Decreto Supremo N°006-2013 MINAM), pese a que en el resto del país la exigencia es de 20ug/m3 como nivel máximo de dióxido de azufre (Decreto Supremo N°003-2008 MINAM).

• Las exigencias ambientales no pueden flexibilizarse a favor de intereses económicos, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Asimismo, la preocupación laboral debe garantizar un trabajo digno y una justa indemnización de los trabajadores.

• Por lo cual, invocamos al señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo del Perú: el gobierno debe tener muy en cuenta el mandato constitucional: «La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado» (Art. 1°).

Ante estas afirmaciones del Comunicado que emitimos el 21de julio de 2016, se cumple lo que afirma el profeta Ezequiel: «…escuchan tus palabras.,…pero no las practican…» (Ez., 33,30-33). Y ahora añadimos lo siguiente:

1. En mayo pasado el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Junín (CIP-CDJ) emitió un pronunciamiento claro y valiente indicando: «En el marco de lo legislación ambiental, es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente paro el dióxido de azufre, el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud (OMS)».

2. El 6 de junio 2017 se establecieron los nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, mediante el D.S. N°003-2017- MINAM, elevando la norma de la emisión del Dióxido de Azufre de 80 a 250ug/m3 (24 horas).

3. con esta lamentable e incomprensible decisión, en el mes en que celebramos el 196 aniversario de la independencia de nuestra Patria, se realizará la segunda ronda de subastas. Una decisión Inmerecida para la Región Junín y para el Perú.

4. Sin embargo, «El Perú declaró desierto ayer, por falta de postores, la subasta del CMLO -administrado por Doe Run durante año, con severos daños medioambientales-, según informaron agencias internacionales… Lo agencia Reuters indica que para el 17 de julio, se ha programado una segunda subasta del complejo, y si esta fracasa, se realizaría otra el 26 de julio. En cada caso se reducirá el precio base en un 15%». (Diario CORREO – Huancayo, 07 de julio 2017)

5. Con la flexibilización de los ECA para el aire y la reducción del 30% en la tercera subasta a realizarse el 26 de julio próximo, se facilitaría la venta del CMLO que beneficiará a las instituciones-miembros de la Junta de Acreedores, presidida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

6. Debemos manifestar, con mucho pesar, que en dicha Junta de Acreedores participa el Grupo RENCO al cual pertenecía Doe Run Perú, y cuyo dueño, el Sr. Ira Rennen, enjuició al Estado Peruano solicitando $USD 800 millones de indemnización por no haber flexibilizado los ECA para el aire, en su debido momento.

7. La posible reactivación del CMLO, permitirá un empleo a los trabajadores. pero en un ambiente de alta contaminación del aire que seguirá perjudicando nocivamente su salud y la calidad de vida de las personas que viven en La Oroya, y la de sus trabajadores.

8. Con la probable venta del CMLO se condenaría nuevamente a la población de La Oroya a vivir en un ambiente insalubre, contrario a la dignidad de la persona humana y al espíritu de la Constitución Política a del Perú (Art.1°).

9. En ese sentido, debemos recordar que es obligación del Estado asegurar condiciones dignas y saludables de trabajo a la población de La Oroya, así como buscar otras alternativas de desarrollo sostenible para sus familias.

10. Igualmente nos solidarizamos con la población de Cerro de Paseo y con su Obispo Mons. Luis Alberto Barrera en la lucha por una vida digna y saludable.

11. Por último, ante la próxima visita del Papa Francisco, el hombre de la paz, el hombre que cuida toda la creación de Dios, un gesto solidario y efectivo del Estado peruano será reconocer que la dignidad y la salud de los pobladores de La Oroya están por encima de resultados económicos.

Deseamos a la gran familia peruana, en estas fiestas Patrias, una mayor unión de voluntades en la política, en la economía y en lo social, a fin de buscar el bien común en nuestro Perú. Por eso rezamos con el Papa Francisco: «Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. (Cfr. Carta Encíclica Laudato SI’N°246)

SEGÚN LEY Y ACTA DE COMPROMISO

Uno de los compromisos que el Ministerio de Salud (MINSA) adquirió con las familias del distrito de Simón Bolívar (Pasco, Pasco) fue “oficiar” convenios con las mineras que operen en Pasco, para que estas asuman parte de la atención y tratamiento de las personas afectadas por la contaminación de metales pesados, tal como lo estipula la Ley N°29712.

Además de la Emergencia Sanitaria que regirá -por 90 días- tanto en Simón Bolívar como en el distrito de Chaupimarca, esta fue una de las principales demandas por parte de las autoridades y dirigentes de Simón Bolívar: el cumplimiento de esta ley que, a su vez, modifica la «Ley General de Salud» (Ley N°26842).

Esta modificación de las funciones y competencias de la autoridad de la Salud, fue aprobada en el año 2011 para favorecer a las personas afectadas por contaminación.

La norma contempla que las autoridades regionales, locales y las instituciones públicas de Salud -a nivel nacional-  sostengan convenios con las empresas extractivas, y estas puedan financiar la atención, el tratamiento y recuperación de las personas afectadas por los impactos ambientales que se generan con la explotación.

Recién ahora, el Ministerio de Salud tiene previsto elaborar y presentar un Plan de Salud Quinquenal de Salud para la Prevención y Control de Personas expuestas a metales pesados en los distritos de Simón Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca 2017 – 2021, el cual será validado por las autoridades de los 3 distritos a más tardar la semana que viene de este mes de julio.

En ese sentido, el MINSA, ha previsto iniciar las acciones que le competen, independiente de lo que las empresas presupuesten para remediar el daño generado por la contaminación. Aun así, cumplirá con el artículo 105 de la Ley N°29712, y aseguró que se oficiará la suscripción de convenios con las empresas mineras que estuvieran ejerciendo actividad en la zona. Todo ello con la participación de la sociedad civil y los gobiernos locales involucrados.

Cabe recordar que el viernes 23 de junio último, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) los convocó a una reunión de para informar sobre los avances y gestiones realizadas por los diferentes sectores para atender las necesidades de la población de Simón Bolívar. En este encuentro, se firmó un acta de compromisos a la que RED MUQUI tuvo acceso, y que en esta nota citamos.

De esta manera, la PCM (mediante Oficio N° 070- 2017-PCM-DVGT) dio respuesta al memorial (N° 001-2017-MDSB-ALC/PASCO) que el distrito de Simón Bolívar le envió al Presidente Pedro Pablo Kuczynski y a varios sectores del Ejecutivo.

Compromisos del MINSA

Una de las acciones inmediatas, fue la declaración de la Emergencia Sanitaria (Decreto Supremo N° 020-2017-SA) en los distritos de Chaupimarca y Simón Bolívar, la cual podrá ser ampliada de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de los 90 días que durará, conforme a Ley. Este periodo contará con un plan de acción al que se le hará seguimiento la tercera semana de cada mes.

Precisamente, el estado de emergencia sanitaria incluirá la implementación de Políticas de Salud Efectivas, para la atención a los miles de afectados con metales pesados (principalmente niños y niñas).

En cuanto al diagnóstico e identificación de personas intoxicadas con metales pesados en sangre, en el acta consta el compromiso del MINSA para elaborar un análisis situacional de salud de Pasco a través de la DIRESA Pasco y el CDC del MINSA. Ello formará parte del Plan Quinquenal de salud del sector, al igual que la implementación del equipo de la CDC Atlanta Estados Unidos, con el fin de realizar diagnóstico de hasta 17 metales pesados.

Asimismo, el MINSA se comprometió a la implementación del Laboratorio ICP de masas para el dosaje de plomo, arsénico, cadmio y mercurio (incluidos también en el Plan Quinquenal), al igual que la presentación de guías y protocolos de atención médica a personas expuestas por metales pesados.

Ante ello, el MINSA y Municipalidad de Simón Bolívar fijaron el siguiente cronograma: en setiembre de 2017 estaría lista las guías de atención para mercurio; en diciembre, las de cadmio y las de arsénico en marzo de 2018. Cada una de las guías, y sus respectivos protocolos deberán ser actualizadas cada 4 años.

En cuanto a las medidas a largo plazo, se atendió el pedido de Simón Bolívar –y todo Pasco- para que se apruebe el financiamiento para para la construcción de la Clínica de Desintoxicación y Laboratorio Toxicológico. Para ello, el MINSA y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) darán asistencia técnica para el saneamiento físico legal de los terrenos y formularán los estudios de preinversión hasta su viabilidad, expediente técnico y la ejecución de la obra.

Sobre el pedido de Construcción del Hospital de Neoplásicas, el MINSA y Simón Bolívar acordaron implementar un Departamento Oncológico en el Hospital Regional de Daniel Alcides Carrión (de Pasco), de esta manera los pobladores con cáncer no tendrán que viajar hasta Huánuco o Lima. Toda la implementación y el equipamiento estará a cargo del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud (DVM-PAS).

Sobre la emergencia sanitaria

El mismo 23 de junio, en el Diario Oficial El Peruano, fue publicado el Decreto Supremo N° 020-2017-SA que llevaba la firma del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y la ministra de Salud, Patricia García.

El Ejecutivo reconoce que existe un riesgo de propalación de otras enfermedades transmitidas por la presencia de contaminantes en el agua para consumo humano (arsénico, aluminio, plomo, coliformes fecales) que superan los límites máximos permisibles. Además de la resencia de metales pesados (arsénico, plomo, cadmio y mercurio) en el suelo de uso residencial y parques, que exceden los estándares de calidad para suelos

“Le corresponde al MINSA y a la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Gobierno Regional de Pasco (DIRESA Pasco) realizar las acciones inmediatas desarrolladas en el Plan de Acción – Declaratoria de Emergencia Sanitaria en los distritos y localidades afectadas por metales pesados del departamento de Pasco, priorizando la población de niños menores de 12 años y madres gestantes”, indica el sector en este decreto.

La implementación de las acciones relativas a la Emergencia Sanitaria, aclara la norma, será financiada con cargo al presupuesto institucional del MINSA. Concluida la Emergencia Sanitaria, las entidades intervinientes –Minsa y la Diresa Pasco– deberán informar respecto de las actividades y recursos ejecutados en el marco del Plan de Acción, así como sobre los resultados alcanzados.

Fuente: RED MUQUI / Acta de compromiso PCM – Simón Bolívar / MINSA

Fotos: RED MUQUI / MINSA

DESPÚES DE 5 AÑOS DE PROCESO

  • Defensa presentan alegatos finales de dirigentes y exalcalde procesados

El juicio oral contra el exalcalde de la provincia de Espinar (Cusco), Oscar Mollohuanca, y los exdirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), Herbert Huamán y Sergio Huamani, ha llegado a su etapa final.

Para este martes 4 de julio a las 10:30 horas, el Poder Judicial de Ica programó la audiencia de alegatos finales en el Primer Juzgado Unipersonal de Ica. Luego de escuchar los alegatos finales, se estima que el juez estaría emitiendo sentencia en las próximas semanas.

Tras casi cinco años de investigaciones injustas y dilaciones en el caso, Mollohuanca, Huamán y Huamani vienen afrontando un proceso judicial en la ciudad de Ica, por haber participado en las movilizaciones sociales e intentar canalizar las justas demandas de la población espinarense en contra de la empresa minera Antapaccay.

Los delitos que se les imputan son: atentado contra la seguridad común y entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios. Para ello, la Fiscalía ha solicitado 8 años por los dos primeros delitos, y 7 por disturbios, Además del pago de 100 mil nuevos soles como reparación civil.

Cabe recordar que desde el 2012, la Fiscalía modificó en más de cuatro ocasiones su acusación y tipificación de delitos, pidió 20 años de cárcel. La investigación contra el alcalde y dirigentes se desarrolló en Ica, luego que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidiera remitir el caso fuera de Cusco, porque supuestamente no existía garantía para los fiscales. Desde entonces no retornó al distrito judicial Cusco pese a que cesó la violencia unos pocos días después de iniciada la investigación.

El caso fue asumido por la titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, María Ley Tokumori.

Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), con apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), informó que garantizará la presencia de los abogados y los mismos denunciados, en esta última fase del proceso.

DATO:

El conflicto en Espinar estalló en mayo del 2012, y cuyo saldo fueron 3 personas fallecidos, más de 100 heridos (entre civiles y policías), una decena de personas detenidas para luego ser procesados judicialmente.

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco

Fotos: Radio Venus / DHSF Cusco

Los suscritos, asistentes al I CONGRESO REGIONAL DE SALUD AMBIENTAL Y HUMANA DE LA REGIÓN JUNIN, reunidos en Huancayo los días 14, 15 y 16 de junio 2017, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. La salud es un derecho fundamental de la persona y es intrínseco a la vida.  Sin salud no hay vida ni desarrollo sostenible.
  2. Para atender adecuadamente la salud de las personas, es necesario mejorar sus condiciones sociales, ambientales y calidad de vida. La situación de pobreza extrema, la desnutrición crónica, la escasa educación, el limitado acceso a servicios básicos, en especial el agua potable como derecho humano, las deficiencias de vivienda adecuada y digna, son determinantes de la salud, por lo que es necesario priorizar su atención, antes de considerarnos un país OCDE. Ello es responsabilidad del Estado.
  3. Consideramos que es prioritaria la protección y promoción de la salud ambiental y humana, que implica la acción decidida de nuestras autoridades, la academia, organizaciones de sociedad civil, sector privado y de las comunidades y poblaciones afectadas por la contaminación ambiental; el empoderamiento de las personas y poblaciones para que participen activamente en las decisiones que los afectan, en especial su derecho a la salud y un ambiente sano.
  4. Los estándares ambientales son importantes para evitar mayores riesgos ambientales y a la salud; por ello requieren de la participación activa de las personas afectadas para su establecimiento. Siempre deben estar informados/as de la situación en que viven, de los riesgos que los pueden afectar o afectan, y participar de las decisiones que se van a tomar, en las que está involucrada su vida y salud.
  5. En ese sentido, lamentamos que el Gobierno haya decidido, a espaldas de la población, el establecimiento de nuevos ECAs de Calidad de Aire que han aumentado en 10 veces el Dióxido de Azufre a nivel nacional, con un sustento de interés económico.
  6. Se evidencia una desarticulación que existe a nivel del Estado, entre todos sus sectores, cuando deberían rescatar la vinculación que tiene en la gestión ambiental y la salud integral, que permita un equilibrio entre las actividades económicas y la sostenibilidad ambiental y el respeto a las condiciones de vida de las actuales y próximas generaciones.
  7. Dicha perspectiva nos exige evaluar nuestro sistema de salud, que se centra en la atención individual, en una lógica de lucro, y que más bien debiera focalizarse en la salud pública ambiental y comunitaria, que es preventiva y promotora, que evita mayores riesgos que impacten negativamente en la salud de las personas.
  8. Invocamos que el Estado sea transparente en la información ambiental y sanitaria con la que cuenta, y mantenga informada a las personas y poblaciones de la situación de vulnerabilidad, sobre la evolución y proyecciones, necesarias para la toma de decisiones, especialmente en lo que corresponde a los riesgo de los metales y metaloides más contaminantes: mercurio, plomo, cadmio y arsénico.
  9. Como parte de  la agenda regional, se cumpla con la implementación de la Ordenanza 141-2012 del Gobierno Regional de Junín con proyección a ser consideradas para las diversas regiones del país. La implementación de programas que comprendan un sistema de gestión integral de la salud ambiental y humana, incluyendo la disponibilidad de un laboratorio regional o macroregional certificado, que permita analizar los indicadores biológicos en las personas afectadas por agentes contaminantes.
  10. Exigimos la inmediata acción del Estado en la remediación de los pasivos ambientales, en especial de los 4353 declarados de alto riesgo a nivel nacional, por ser focos contaminantes de gran impacto en agua, aire y suelo.
  11. Nos solidarizamos con la situación de emergencia ambiental y sanitaria que atraviesa la población de Cerro de Pasco, en especial el distrito de Simón Bolivar, similar a la de La Oroya, donde en especial las niñas/os sufren los impactos ambientales de la actividad minera. Demandamos respeto a los derechos de quienes protestan en el Ministerio de Salud en Lima, y acciones concretas para solucionar en definitiva el problema ambiental y de salud que los afecta.
  12. Consideramos fundamental que se priorice como actores que impulsan éste proceso iniciado con éste Congreso, a las mujeres y jóvenes de la región Junín.
  13. Nos comprometemos hacer llegar las conclusiones de este I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humano, a las diversas instancias públicas y de sociedad civil, nacionales y regionales, para dar continuidad al proceso que iniciamos con éste Congreso.

Huancayo, 16 de junio de 2017

Plataforma por la Salud Ambiental y Humana – Región Junín

Dirección Regional de Salud Junín

Colegio Médico del Perú – Consejo Regional IV Junín.

Red Muqui

Arzobispado de Huancayo

Pastoral de la Salud – Arzobispado de Huancayo

Pastoral Social de Dignidad Humana – PASSDIH Huancayo

Movimiento por la Salud de La Oroya

Organizaciones Zonales de Atención en Alimentos y Salud La Oroya – OZAAS

Agentes de Pastoral Social de Huancayo

Foro Salud – Región Junín

Consejo Regional de la Mujer Junín

Municipalidad Distrital de Óndores Mesa de Dialogo Ambiental – región Junín

Mesa Mujer Rural

Central Regional de Mujeres Rurales – Junín

Federación Agraria Regional de Junín

Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FEMUCARINAP

Comisión Episcopal de Acción Social

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social CEDEPAS Centro

Red Uniendo Manos Perú

Continúan firmas…

COMUNICADO DE LA DIÓCESIS DE TARMA

“POR EL RESPETO A LA VIDA, EL DIALOGO Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE”

La Diócesis de Tarma manifiesta su cercanía a nuestros hermanos del Distrito Simón Bolívar, de la Región de Pasco, un grupo de ellos se encuentran en la ciudad de Lima con la finalidad de presentar sus demandas y propuestas frente a la grave situación de contaminación que afecta las comunidades de la zona. Este problema de contaminación ambiental no es de ahora, viene de muchos años a otras, por lo cual creemos que es de capital importancia entablar un diálogo sincero entre las partes en vistas al bien común y a la protección de las poblaciones vulnerables.

El Papa Francisco nos recuerda el clamor de la hermana tierra “Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes.” (Laudato Si n° 2) Por eso, vemos la urgencia de atender con toda prioridad esta problemática y urgencias, tanto ambientales como muy especialmente sanitarias. Es necesario que la población, en especial la más vulnerable pueda ser atendida y encuentre caminos que garanticen su salud integral y el desarrollo sostenible en sus comunidades, en las cuales viven y laboran.

Por ello llamamos a todas las partes, a las autoridades del sector público en lo nacional, regional y local, a las organizaciones representativas de la comunidad que busquen el camino del diálogo justo, transparente, bien informado y que se encamine en la perspectiva de la solución progresiva de la problemática con la urgencia del caso. Cuidemos la vida y salud de los niños que son los que más sufren.

Como pastor del amado pueblo que me ha sido confiado, hago este llamado para que todas las personas pongan de su buena voluntad en favor de la vida y sea posible superar la grave situación ambiental y encaminar hacia una calidad de vida digna, y respeto del bien común, como nos recuerda el Papa Francisco “el bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. El bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia” (Laudato Si n° 157).

Que el esfuerzo de ambas partes lleve a soluciones que dignifique la vida de los pueblos, como lo quiere el Señor. “yo he venido para que todos ustedes tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Jn. 10,10)

Tarma, 19 de junio de 2017

Monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco MCCJ