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Por atención prioritaria de la salud de los Pueblos Indígenas y afectados por metales pesados y otras sustancias tóxicas

RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones a nivel nacional, que acompaña y asesora a comunidades y poblaciones de zonas mineras en la defensa y promoción de sus derechos se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

  1. Nuestra preocupación y rechazo a la eliminación de varias Estrategias Sanitarias del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, reformulado mediante el Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, publicado el pasado 05 de marzo del 2017, entre ellas la Estrategia de Salud de Pueblos Indígenas, la Estrategia Sanitaria Nacional de Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas, Dirección de Atención Primaria en Salud, entre otras.
  2. Estos cambios eliminan importantes programas preventivos y de promoción de la salud, asociadas con actividades de anticipación para favorecer la salud de las personas, con el consecuente debilitamiento del sistema de atención sanitaria y quedarse en la emergencia permanente.
  3. Estas medidas están al margen de las cosmovisiones socioculturales de armonía de los pueblos con su entorno; tampoco responden a las necesidades, demandas y el perfil epidemiológico que presentan las regiones que vienen interactuando en zonas de mayor contaminación ambiental; en cambio están deteriorando o eliminando las organizaciones encargadas de ejecutar las acciones sanitarias prioritarias para la población.
  4. Consideramos que la dispersión y dilución de las funciones de la Dirección de Pueblos Indígenas, en otras direcciones del MINSA, según el nuevo ROF, es inconstitucional, pues la Constitución no sólo reconoce los derechos de las personas a la protección de su salud (artículo 7°), sino también, el respeto a su identidad étnica y cultural (artículo 2, inciso 19°) y la obligación del Estado de respetar la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas (artículo 89°).
  5. Esta decisión también es discriminatoria en el proceso de atención de salud, pues no considera el artículo 25° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que establece que el Estado Peruano como signatario, tiene la obligación de poner a disposición de los pueblos indígenas servicios de salud adecuados, considerando sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, y sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. De igual forma, establece que los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados sin discriminación alguna, y que los servicios de salud deben organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario con cooperación de los pueblos indígenas en cuanto a su planificación y administración.
  6. Al eliminar la Dirección de Atención Primaria en Salud, la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar y la Estrategia de Salud Ocupacional se está debilitando la parte preventiva y promocional de la salud y el Ministerio de Salud se reduce a “combatir enfermedades” en situaciones de emergencia, presionando a la agudización de la conflictividad socio ambiental y profundizando las brechas de inequidad.
  7. El Estado peruano tampoco ha tenido voluntad política y capacidad de acción para garantizar el cumplimiento estricto de sus funciones tutelares de protección del derecho fundamental a vivir en un medio ambiente equilibrado y en armonía con la salud de las personas.
  8. La Estrategia Sanitaria Nacional de Metales Pesados y otras Sustancias Químicas ha tenido solo intervenciones puntuales e insuficientes, enfocadas en campañas esporádicas de dosajes que no fueron asociados con las sintomatologías, ni con la vigilancia epidemiológica en salud ambiental y humana, por lo que no han logrado establecer un sistema de atención especializada a nivel nacional; aun así, no es motivo para eliminarla de la Estructura del Ministerio de Salud; en cambio, esta Estrategia debió haberse constituido en una Dirección General que abarque los contenidos de Salud Ambiental y Humana con un enfoque integral, una articulación multisectorial y sistémica regional y nacional, que comprenda los impactos en la salud por efectos de la contaminación ambiental.

Por todo ello, exigimos al Estado Peruano y en particular al Ministerio de Salud que asuman sus responsabilidades, actuando de acuerdo a las normas y compromisos anteriores que priorizan la salud de los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas y comunidades sobre expuestas a la contaminación ambiental por metales pesados y otras sustancias químicas.

Lima, 17 de marzo de 2017

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MINSA eliminó a los Pueblos Indígenas de sus competencias en salud pública

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POR DECISIÓN DEL EJECUTIVO

  • Viceministerio de Salud Pública ya no cuenta con Dirección de Pueblos Indígenas
  • Decisión contraviene el Convenio 169 de la OIT
  • ROF del MINSA apenas se modificó hace un año

Como parte de las reformas incluidas en su paquete de decretos legislativos, el gobierno Ejecutivo decidió retirar a los Pueblos Indígenas del Viceministerio de Salud Pública, tras la emitir el Decreto Supremo N° 008-2017-SA.

En la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Salud (MINSA) ya no se cuenta con la Dirección de Pueblos Indígenas como Unidad Orgánica de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, adscrita al Despacho Viceministerial de Salud Pública.

La anterior Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública tenía como función proponer las intervenciones estratégicas de prevención, control y reducción de los riesgos y daños en materia de: Salud por Etapas de Vida; Enfermedades No Transmisibles y Oncológicas; Salud Mental; Discapacidad; Pueblos Indígenas; Salud Sexual y Reproductiva; Salud Ocupacional.

Aunque el Viceministerio de Salud Pública continúa considerando, en sus competencias, a los determinantes sociales de la salud y los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos; no obstante, ha retirado a los Pueblos Indígenas.

Si se revisa el ROF de este año, no se haya ninguna unidad referente a los Pueblos Indígenas en ninguno de los órganos de línea del MINSA. Ni aun en las que se refieren a Salud Ambiental, Ocupacional o Comunitaria.

Esta disposición contraviene el artículo 25 del Convenio 169 de la OIT. En esta norma internacional suscrita por el Perú, se señala que “Los servicios de salud (…) deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales”.

Hasta hace un año, la Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas pertenecía al grupo de diez estrategias sanitarias establecidas por el MINSA, según su reglamento. Al igual que las demás, esta estrategia tenía como función la identificación de problemas.

El MINSA había enfatizado esta estrategia en lo que se refiere a mortalidad infantil, mortalidad general, desnutrición y morbilidad por enfermedades emergentes y reemergentes.

“Todas las acciones a desarrollarse se enmarcan en el respeto a los patrones culturales propios de los Pueblos Indígenas, por lo cual la perspectiva de acción es la interculturalidad en salud”, indicaba el sector.

La Dirección de Pueblos Indígenas tenía entre funciones acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de las intervenciones estratégicas orientadas a la prevención, control y reducción de los riesgos y daños a la Salud de los Pueblos lndígenas. Todo ello se coordinada desde el sector Salud con otros sectores del Estado y la sociedad civil, a fin de mejorar o rediseñar las políticas en salud pública dirigidas a esta población.

Para la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) el retiro de la Dirección de Pueblos Indígenas constituye un gravísimo retroceso en el camino hacia la inclusión y la aplicación de criterios de pertinencia cultural como base de las políticas públicas.

“En un contexto de álgida conflictividad socioambiental, a causa de la afectación directa al medioambiente y a los territorios donde habitan comunidades campesinas andinas y nativas amazónicas; decisiones como éstas no hacen más que agudizar el desencuentro y la percepción de abandono y exclusión hacia esta población”, manifestó Fedepaz, miembro de la RED MUQUI.

Fuente / foto: MINSA / Fedepaz

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Afectados por metales pesados en Pasco expusieron su situación ante ministra de Salud

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Durante la reunión técnica «Metales pesados y la Salud en el Perú», organizada por el Ministerio de Salud (Minsa), las organizaciones sociales del distrito de Simón

EN REUNIÓN CON OPS Y EXPERTOS

  • Representantes de Simón Bolivar cuestionaron que técnicos no hayan visitado Pasco antes de emitir recomendaciones
  • Reunión con Minsa forma parte de la mesa de diálogo de alto nivel que la PCM conformó con los afectados

Durante la reunión técnica «Metales pesados y la Salud en el Perú», organizada por el Ministerio de Salud (Minsa), las organizaciones sociales del distrito de Simón Bolívar (Cerro de Pasco, Pasco), pudieron exponer la situación de la salud ambiental ante la ministra Patricia García, y varios expertos extranjeros, así como de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En dicho encuentro, García afirmó que desde su sector existe la voluntad de replantear acciones para atender la salud ambiental en zonas de actividad extractiva en coordinación con otros ministerios involucrados.

Expertos no han visitado Pasco

A lo largo de la reunión, los dirigentes sociales del distrito de Simón Bolívar se expresaron su molestia ante la presentación de los técnicos, la cual consideraron insuficiente.

“No podemos solo con recomendaciones mitigar y controlar los problemas de la minería, si ya nuestros suelos están mineralizados, y no hay agua. Hemos planteado al MINSA que se controlen a las empresas mineras, que afectan derechos de las personas y nuestros animales”, aseveraron, antes de retirarse de la reunión.

En declaraciones a RED MUQUI, el regidor de Simón Bolivar, Jaime Silva, cuestionó la información que el Minsa entregó a estos expertos acerca de la salud en Pasco.

“Los expertos han dado un diagnóstico muy leve, acompañado de acciones de higiene. Esto ha generado malestar porque hablamos de un problema grave. Para comenzar, ellos no han ido a la zona. Solo se han basado en informaciones proporcionadas por el CENSOPAS”, aclaró.

Fernando Osores, médico especialista en enfermedades infeccionas y tropicales –y consultor de la RED MUQUI-, desvirtuó que se emita una opinión “de gabinete”, acerca de un daño en la salud, cuando ni siquiera realizaron un trabajo de campo.

“No se puede opinar o proponer mecanismos de salud pública, sin conocer la realidad de las personas afectadas”, aseguró.

El regidor Silva comentó que la participación de Simón Bolivar en esta reunión forma parte de la mesa de diálogo de alto nivel que se sostiene con la Presidencia del Consejo de Ministros desde el año 2015, cuando vinieron en marcha de sacrificio hasta Lima.

Los dirigentes recordaron que más de 10 estudios han demostrado que las personas en Simón Bolivar, viven con más de 10 metales pesados en la sangre. Y que, en el lugar, no existen establecimientos de salud que brinden atención especializada, y que solo se limitan a dar atención u diagnósticos generales.

¿Qué dijeron los expertos?

En sus diferentes exposiciones, los técnicos internacionales indicaron que para “reducir” la contaminación, los trabajadores mineros deben no deben llevar su ropa de trabajo al hogar, utilizar equipos de protección, y tratar de pavimentar las calles.

Entre otras recomendaciones, resaltaron el suministro de complementos vitamínicos, mayor consumo de leche, así como limpiar las viviendas más seguido y usar paños húmedos para retirar el polvo que viene con partículas de plomo y demás metales. En estas labores de limpieza el gobierno podría apoyar, indicaron.

Los expertos recomendaron al Minsa, que las escuelas cuenten con equipos X-Ray Fluorecence, para constatar la presencia de plomo en el suelo, antes de extraer muestras y hacer análisis.

De igual manera, sugirieron contar con un programa de identificación por plomo en madres gestantes (que deben ser alejadas del lugar de contaminación), y terapia de quelación en embarazadas y niños (procedimiento médico que implica la administración de agentes quelantes para la eliminación de metales pesados ​​del cuerpo).

Este punto fue refutado por el doctor Fernando Osores, quien les recordó que la quelación solo está recomendada para personas que son retiradas permanentemente de la zona de contaminación; de lo contrario no sirve de nada, pues los metales vuelven ingresar al cuerpo constantemente.

Los convocados por el Minsa también hablaron de la prescripción de calcio y multivitamínicos, ya que el plomo no se elimina del cuerpo; sino se pega en huesos y va a la sangre. Ello debe ir acompañado de revisión de guías clínicas, chequeos y seguimientos a nivel local.

Ante ello, el médico consultor de la RED MUQUI, coincidió con la ministra en que la Estrategia Nacional de Metales Pesados, vaya de la mano con un programa de nutrición. “El CENSOPAS y la DIRESA, deben trabajar en una sola dirección”, advirtió Osores.

Acciones comprometidas para Pasco

En otro momento, RED MUQUI resaltó la importancia de involucrar a los sectores Ambiente, y Energía y Minas. En respuesta, Patricia García reconoció que es difícil que los demás sectores puedan alinearse para tratar la problemática de la salud ambiental y la contaminación por metales pesados en poblaciones que habitan cerca a proyectos extractivos.

Pese a ello, la titular del sector remarcó la necesidad de “seguir avanzando” y se comprometió a completar los protocolos de atención clínica, así como revisión de guías y a comenzar con la estandarización de métodos de laboratorio de todos los metales.

Se planteó que Simón Bolivar se convierta en el modelo de atención por exposición a metales pesados. Es así que, el Minsa y el Municipio se comprometieron a trabajar en un plan de acción para fortalecer los establecimientos de salud de la zona y así, atender oportunamente a la población expuesta.

De manera general, el Minsa, la OPS y los expertos convocados plantearon: primero, elaborar estándares para la toma de muestras y análisis de laboratorio; segundo, actualizar los protocolos de atención clínica por exposición a metales pesados; y tercero, validar los equipos con los que actualmente se cuenta para asegurar la confiabilidad de los resultados que se obtienen.

Propuestas Muqui

A su turno, el Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, recomendó que desde el sector salud se exija a Energía y Minas, incluir un componente de salud ambiental en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), algo que recaería en alguna instancia de fiscalización de salud que revise la aplicación de medidas de los EIA.

En ese sentido, RED MUQUI recordó al Minsa que para la remediación de pasivos ambientales se requiere financiamiento, así como un mayor control y monitoreo ambiental desde las autoridades regionales, como en el caso de Cajamarca, región que cuenta con laboratorios regionales certificados.

Otros planteamientos del Minsa

A partir de las recomendaciones para tratar el caso de contaminación por metales pesados en Cerro de Pasco, se trazaron otras acciones para afrontar esta problemática en nuestro país.

Para ello se establecieron tres niveles de acción en: diagnóstico (niveles de toxicidad, muestras, equipos a utilizar), tamizaje (despistaje en grupos de población y con qué periodicidad), tratamiento (guías de manejo: revisión, cambios e implementación de las mismas) y prevención al minimizar la exposición de las personas a metales pesados.

DATOS:

  • Entre los expertos asistentes estuvieron: Teofilo Monteiro (Brasil), Paul Dargan (Reino Unido), Luis Fernández (Estados Unidos), Hillary Godwin (Estados Unidos), Richard Fuller (Tierra Segura y toxicología, Australia) y Muhammad Zaman (Pakistán).
  • Desde la OPS, participaron los especialistas: Ana Boischuio (Brasil), María Luisa Castro de Esparza, Henry Hernández, Stefany Ildefonso y Teófilo Monteiro.
  • Por el lado del Minsa, se presentaron: La ministra de Salud, Patricia García, ña Viceministra de Salud Pública, Silvia Pessah, funcionarios de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) y la Dirección de metales pesados.
  • Desde Pasco: Jaime Silva, regidor de Simón Bolivar; Ruben Alvarado, secretario municipal; Juan Escalante, gerente de desarrollo local y medio ambiente; Ángel Ricra, presidente de la comisión de evaluación de emergencia ambiental; Joel Nieto, presidente del pelotón N° 58 de la marcha de sacrificio, como parte de la sociedad civil.
  • Desde Sociedad Civil: RED MUQUI y Centro Labor Pasco.

Fuente / Fotos: RED MUQUI / Minsa

Bolívar (Cerro de Pasco,

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RED MUQUI pide que Congreso cuente con grupo de trabajo sobre Salud Ambiental y Pasivos Ambientales

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Como parte de su labor de incidencia, la RED MUQUI propuso al Congreso de la República, la conformación de un sub grupo de trabajo para desarrollar los distintos aspectos de la Salud ambiental, así como la remediación de los Pasivos ambientales en las regiones más impactadas por la contaminación ambiental.

Este espacio de “Salud Ambiental y remediación de Pasivos Ambientales”, formaría parte de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y de Ambiente y Ecología del Congreso.

de conformarse, se espera la participación directa de las instancias competentes del gobierno central, gobiernos regionales y de la Sociedad Civil, a fin de revisar la legislación existente y plantear normativas que sustenten y ejerzan el mandato para la implementación de proyectos o programas de salud ambiental y de control efectivo de Pasivos Ambientales Mineros (PAMs).

Para ello es necesario identificar la problemática de la salud ambiental y humana y la remediación de PAMs, desde las diversas organizaciones sociales, población organizada, sociedad civil y entidades del Estado competentes (a nivel nacional y regional), indicó RED MUQUI en su propuesta.

Asimismo, esta subcomisión deberá realizar un diagnóstico, para luego plantear normas en el poder legislativo, políticas públicas a nivel ejecutivo y normativas específicas a los gobiernos subnacionales.

En su pedido a la comisión que preside la congresista María Elena Foronda, RED MUQUI justifica la necesidad de contar con un grupo de trabajo que atienda los PAM’S que son fuente de contaminación, y que en el año 2015 sumaron 8,616. La mayoría de estos se ubican en el área de intervención de proyectos mineros que ya cerraron, pero que aun así afectan seriamente la salud de las poblaciones cercanas.

La Oroya (Junín), Espinar (Cusco), San Mateo (Lima), Simón Bolívar (Pasco) y Hualgayoc (Cajamarca), serían los casos más urgentes por ver en este subgrupo de trabajo ambiental, ya que poseen características físicas, químicas, biológicas y sociales que hacen constante la intervención de organismos gubernamentales y la sociedad civil en general.

En estas zonas del país, no es solo la contaminación ambiental la que ha perjudicado la salud de la población, sino la persistencia de la pobreza y la marginación en brindar servicios básicos, son los que permiten este impacto en los pobladores.

Iniciativas y avances en las regiones afectadas

En la región de Pasco existe una ordenanza que permitió la creación de un registro de afectados, así como una serie de solicitudes para la construcción de una clínica de descontaminación que cubra las demandas de la emergencia ambiental, que ya ha sido declarada en tres distritos y un asentamiento humano.

En Junín, desde el año 2012, se promulgó una ordenanza –también a nivel regional- que declara de interés y necesidad pública regional la atención prioritaria y especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental, tanto en la provincia de Yauli, como en toda la región Junín.

Hasta el momento, la implementación de esta ordenanza, que contempla un programa de atención en salud, no ha sido implementada debido a las limitaciones que tienen los organismos regionales y locales, en cuanto a sus capacidades técnicas y operativas.

En cuanto al Cusco, a partir de las denuncias de contaminación minera en Espinar en el año 2012, se realizaron monitoreos en salud a cargo del Estado, desde el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS).

En el año 2013, esta dependencia del Ministerio de Salud (Minsa) reveló serios problemas ambientales y sanitarios a raíz de la contaminación, situación que exigía medidas de atención médica especializada y controles ambientales, ante la presencia de cadmio, arsénico, mercurio, plomo y talio. Lamentablemente, hasta hoy, la población no recibe ninguno de estos servicios.

Por su parte, el Comité por la Defensa de la Salud y del Ambiente de Espinar y comunidades afectadas han demandado que se implementen políticas públicas integrales y participativas a favor de las personas afectadas a su salud, ante el Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Minsa y sus órganos descentralizados (CENSOPAS y DIRESA), así como al Gobierno Regional del Cusco.

Fuente: RED MUQUI

Foto: CEAS

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Minam declaró 90 días de emergencia ambiental en Bambamarca-Hualgayoc

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  • Se aplicará plan de acción de corto plazo que incluye monitoreo de aguas y salud humana en la zona

El Ministerio de Ambiente (Minam) aprobó por 90 días la declaratoria de emergencia de las microcuencas de los ríos Tingo – Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue y Perlamayo, ubicadas en la provincia de Bambamarca-Hualgayoc (Cajamarca­), medida con la que se espera comenzar la remediación de casi mil pasivos ambientales mineros en la zona.

La firma de esta declaración de emergencia ambiental se aprobó este martes 27 de setiembre, mediante la Resolución Ministerial N° 272-2016-MINAM, tras la visita del Gobierno Regional de Cajamarca y dirigentes de los diferentes distritos afectados por la contaminación del agua, y que llegaron a Lima para entregar documentación y exigir al Ejecutivo el cumplimiento del compromiso acordado con el Minam durante el gobierno anterior.

Ahora en estos tres meses, el sector Ambiente evaluar en su mayor dimensión la problemática ambiental producto de los pasivos ambientales, y disponer las acciones de las diferentes entidades a mediano y largo plazo.

Según refiere la resolución firmada por la titular, Elsa Galarza, de acuerdo con la Ley N° 28804, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, en este plazo de 90 días se ejecutará un Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, que estará a cargo de distintas entidades públicas y privadas, en coordinación con el Gobierno Regional de Cajamarca. Este plan, propuesto desde la mesa técnica conformada desde hace dos meses, también fue aprobado en la presente resolución.

Esta labor de recuperación y rehabilitación de la calidad ambiental de las áreas de intervención, se hará en conjunto con los ministerios de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Ministerio de Energía y Minas (MEM), y el de Salud (Minsa), ya que existen casos de pobladores afectados con metales pesados en su organismo.

El plan

Entre las acciones a corto plazo en estos 90 días se contempla la actualización del Inventario de pasivos ambientales mineros oficial de la provincia de Hualgayoc, con el fin de priorizar la intervención. De ello se harán cargo el MEM y el GORE Cajamarca.

Por su parte la ANA deberá obtener un diagnóstico de la calidad del agua superficial en base a un monitoreo a los recursos hídricos en la provincia de Hualgayoc (Río Tingo Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue y Perlamayo).

Respecto a la salud humana, se incluirá un plan de trabajo coordinado entre el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas, Minsa) y la Dirección de Salud de Cajamarca. Ello supone la realización de un monitoreo biológico de metales pesados en la población humana (focalizado).

Fuente: Minam

Fotos: GORE Cajamarca / Minam

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Fiscalía reitera pedido de 20 años de prisión para líderes y dirigentes sociales de Espinar

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EN INICIO DE JUICIO ORAL

Este viernes 23 de setiembre se inició la etapa oral del juicio contra el exalcalde de la Provincia de Espinar (Cusco) Oscar Mollohuanca Cruz, y los exdirigentes del Frente Único de Defensa (FUDIE) Herbeth Huamán Llave y Sergio Huamani Hilario, quienes son enjuiciados por los delitos de disturbios, atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de los servicios públicos.

Durante esta primera audiencia, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica solicitó –para los tres acusados– 20 años de prisión efectiva ante el titular del Juzgado Unipersonal del distrito judicial de Ica, Darcy Vivanco Ballón. Tras su exposición de alegatos, el Fiscal también pidió la inhabilitación a todo cargo público, por cinco años, para el exalcalde de Espinar.

En detalle, el ministerio público de Ica, solicitó para cada uno de los imputados: 8 años de cárcel por el delito de atentado contra la seguridad común; 7 años por el delito de entorpecimiento de los servicios públicos, y otros 7 años por el delito de disturbios; además de una reparación civil de 100 mil nuevos soles y 250 días de multa a razón de 30% de sus haberes diarios (un total de 1875 soles).

A su turno, la Procuradora del Ministerio del Interior, afirmó que, desde el 21 al 30 de mayo del 2012, se registraron hechos de violencia, disturbios y por tanto pérdidas económicas para Espinar y la región Cusco, además de haber afectado las actividades de la empresa minera Antapaccay. En consecuencia, solicitó que se le imponga a la parte acusada, una reparación civil de 5 millones de nuevos soles en favor del Estado.

En respuesta a los alegatos acusatorios, los abogados de la defensa argumentaron que “la protesta social es un derecho legítimo”, y que las exigencias eran justificadas debido a los indicios de contaminación existentes en la zona desde hace muchos años atrás. También señalaron que la Policía Nacional estuvo claramente parcializada con la empresa, ya que mantiene convenios para la protección de los intereses de la minera.

Quien apareció durante el juicio, fue el Procurador de la Municipalidad provincial de Espinar, quien nunca antes se había hecho presente en este caso (la Municipalidad Provincial de Espinar no es parte agraviada en el proceso).

Tras la exposición de las partes, el juez distrital del Ica, programó una próxima audiencia para este viernes 30 de setiembre, a partir de las 3 de la tarde.

De Cusco a Ica

Cabe mencionar que en su momento la defensa de los agraviados, solicitó el retorno de la competencia al Juzgado Unipersonal de Espinar (Cusco), petición que fue concedida en primera instancia, pero que fue apelada por la Procuraduría del Ministerio de Interior.

Finalmente, el caso se está viendo en Ica, vulnerándose varios derechos entre ellos el derecho al Juez Natural y como tal el acceso a la justicia, además de las dificultades económicas que representa para los dirigentes y los abogados el trasladarse para cada audiencia desde Espinar hasta la ciudad de Ica.

Recuento del caso

El conflicto en Espinar se produjo tras los reiterados reclamos de la población a la empresa minera Xtrata Tintaya (Hoy Glencore Xtrata) y al gobierno por los diversos impactos en el ambiente (aire suelo y agua) y sobre todo la salud de la población que presenta metales pesados en la sangre.

Las principales exigencias eran la solución inmediata a los problemas de contaminación e indemnización por los daños ambientales; la restitución de las fuentes de agua afectadas; una auditoría ambiental internacional al cierre de las operaciones y el respeto pleno de los derechos humanos de las comunidades.

Luego del inicio del paro el 21 de mayo de 2012, se declaró el Estado de Emergencia en toda la provincia y al día siguiente fue detenido el alcalde Mollohuanca y trasladado, en un primer momento a la ciudad de Cusco y luego a Ica.

DATOS:

  • En el 2012, mediante las Resoluciones Administrativas N° 096-2012 y N° 1343-2012, emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación, se deriva la competencia de los procesos de Espinar – Cusco a los Juzgados y Fiscalías del Distrito Judicial de Ica.

Fuente: DHSF Cusco / Observatorio de Conflictos Mineros

Fotos: DHSF Cusco / Actualidad Ambiental

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RED MUQUI propone agenda priorizada al nuevo gobierno y al Congreso de la República

La RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones a nivel nacional que desde el año 2003 se dedica a la defensa y promoción de los derecho de comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras,  plantea una agenda temática priorizada al gobierno del Presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, a su Primer Ministro, Fernando Zavala; así como al Congreso de la República que presidirá el partido Fuerza Popular. Los temas de dicha agenda han sido resultado del acuerdo de su Asamblea Nacional realizada los días 07 y 08 de julio del 2016 en Lima, y a propuesta de su Consejo Directivo Nacional:

  1. Priorizar un Plan Nacional de atención especializada de emergencia para personas afectadas por metales pesados y la remediación de pasivos ambientales mineros a nivel nacional. Para ello es necesario recoger diagnósticos de víctimas en zonas con impactos ambientales para definir quiénes requieren atención, implementar laboratorios para dicha finalidad e iniciar la remediación de los pasivos ambientales mineros priorizados. Asimismo, se debe contar con políticas públicas y normativa que permita dichas acciones y el presupuesto necesario. Países con experiencia y tecnología pueden brindar apoyo.
  2. Fortalecer la institucionalidad ambiental y social, a fin de prevenir mayores conflictos y atender los verdaderos problemas que están detrás de ellos. La adecuada fiscalización y evaluación ambiental, así como la resolución de conflictos sin violencia, a través de mecanismos de diálogo, participación y consulta previa, con normatividad adecuada y debida aplicación, permitiría que funcionen como mecanismos preventivos, efectivos y eficaces, siempre que se apliquen en todas las etapas de los proyectos que corresponda.
  3. El Ordenamiento Territorial (OT) es fundamental, ya que el propio MINAM indica que permite “(…)la formulación e implementación de procesos de planificación existentes a nivel regional y/o local, vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio». Sin embargo, no contamos con una Ley de Ordenamiento Territorial que estandarice los procesos y permita su adecuada ejecución, por lo cual esperamos se retome su discusión. Es lamentable que la Ley N° 30230 haya establecido que el OT es sólo referencial, siendo importante que los gobiernos regionales y locales cuenten con herramientas para obtener información de sus territorios, y que les permita orientar su toma de decisiones para una ocupación adecuada de los mismos, y así realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
  4. Protección delas cabeceras de cuenca hidrográficas, fuentes de agua y ecosistemas frágiles a nivel nacional, que son las zonas que almacenan y captan el agua, que están en serio riesgo por presiones de actividades económicas no sostenibles, retomando la discusión del proyecto de ley para la Conservación de las Cabeceras de Cuenca.
  5. Adecuada aplicación del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en minería e impulso a la Consulta Ciudadana como mecanismo de participación y preventivo de conflictos sociales. Sólo se cuenta con 4 procesos de consulta previa en minería culminados desde setiembre 2015. No se ha aplicado a casos conflictivos. En la práctica es un mero trámite. Es necesario haya una evaluación de los casos llevados hasta la fecha, para establecer los problemas que se presentan en su realización, y plantear modificaciones normativas y de políticas públicas al respecto. Sobre la Consulta Ciudadana, debiera ser integrada como mecanismos en la Ley N° 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano.
  6. Participación activa de la población en la prevención de conflictos, con la aprobación del proyecto de Ley de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social Ciudadano e Indígena, que plantea el reconocimiento de los Comités que realizan acciones de Vigilancia y Monitoreo ambiental participativo a nivel nacional, y que los resultados de sus muestreos sean vinculantes, y considerados por el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).
  7. Proponemos la derogatoria de los paquetazos normativos(Ley N° 30230, N° 30327 y el D.S. N° 001-2015-EM, entre otros), que afectan la institucionalidad y derechos fundamentales. Exigimos que no continúe la desregulación en materia ambiental y social, y que no se sigan rebajando los estándares, ello y la eliminación de garantías para las tierras de comunidades campesinas y nativas que propician los paquetazos, sólo logran impactos negativos en la vida y salud de las personas, afectación de sus derechos y con ello finalmente mayor conflictividad.
  8. La Diversificación Económica que se ha dado durante el gobierno de Ollanta Humala, ha estado vinculada directamente con los recursos que para ello brinden las industrias extractivas. Consideramos importante evaluar las actividades de las que depende nuestra economía y establecer el costo – beneficio que éstas brindan, en ingresos, empleos, impactos ambientales, salud y pasivos ambientales, entre otros aspectos, a fin de definir qué otras alternativas de desarrollo se podrían tener.
  9. Priorizar la atención al Cambio Climático. Nuestro país es uno de los más afectados a nivel internacional, y hasta el momento no contamos con una Ley Marco de Cambio Climático. Se requiere retomar la discusión del proyecto de ley en el Congreso, a fin de afrontar de manera integral, desde el Congreso y el Gobierno Central, los problemas que estamos sufriendo a nivel nacional, como el fenómeno de El Niño, las heladas en el Sur, entre otros.
  10. Protección de las Zonas Marino Costeras respecto de la contaminación e impactos de la minería, especialmente donde desembocan los mineroductos y/o se realiza el transporte y embarque de metales pesados para su comercialización, como puertos o almacenes.

Desde RED MUQUI esperamos que haya apertura en el nuevo Gobierno y en el Congreso de la República para acoger y discutir estos temas centrales de la agenda minera, ambiental y social que son prioritarios para el futuro del país.

Lima, julio de 2016

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Defensoría del pueblo y organizaciones indígenas piden aprobar política de salud intercultural

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CON DEMANDA DE AMPARO

• Hace 18 meses suscribieron acta de consulta y Ejecutivo no cumple con acuerdos

La Defensoría del Pueblo y las organizaciones indígenas nacionales presentaron una demanda de amparo contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Salud (MINSA), solicitando que se cumpla con emitir el Decreto Supremo sobre la Política de Salud Intercultural, en atención a los acuerdos suscritos el 12 de setiembre del 2014 entre el Estado y los representantes de los pueblos indígenas, durante el proceso de consulta previa llevado a cabo con relación a dicha medida.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, señaló que la demanda fue presentada a solicitud de los pueblos indígenas consultados ante la excesiva demora en la aprobación del Decreto Supremo. “Han transcurrido 18 meses desde la suscripción de los acuerdos del proceso de consulta. Nuestra institución y los pueblos indígenas hemos remitido diversas comunicaciones a la PCM y al MINSA. Sin embargo, hasta la fecha, no hemos obtenido respuesta”, puntualizó.

El representante de la Defensoría del Pueblo indicó que “dicho proceso constituye una valiosa experiencia de dialogo para la construcción de una política nacional orientada a reducir las brechas que han impedido a los pueblos indígenas recibir una atención de salud adecuada y con enfoque intercultural”.

La sustentación de la demanda presentada hoy señala que los pueblos indígenas conforman uno de los grupos humanos más olvidados y postergados por el Estado. Por ello –en comparación con otros grupos- presentan la expectativa de vida más baja, la mortalidad materna y neonatal más alta, así como la mayor desnutrición infantil y el menor número de partos atendidos por profesionales de la salud.

“Es tan deficitaria la atención de salud que el 51.2% de las comunidades nativas carece de algún tipo de establecimiento. Esto es un serio problema porque a las diversas epidemias presentes en contextos indígenas como las enfermedades diarreicas agudas o la malaria se sumen otras nuevas como el VIH, la hepatitis B o la tuberculosis, que no están siendo adecuadamente atendidas”, resaltó el Defensor del Pueblo.

Por su parte, Daniel Sánchez Velásquez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas, subrayó que “el no reconocimiento de las necesidades y prácticas de las comunidades no contribuye a superar las barreras culturales y las posibles situaciones de discriminación que se presentan en la atención de salud. Una de las quejas más frecuentes recogidas en reuniones con representantes indígenas es que el personal de salud no habla su lengua y no conoce su cultura”, indicó.

Sánchez recordó que corresponde al Poder Ejecutivo cumplir con su compromiso de aprobar la Política de Salud Intercultural que fue consultada, a fin de garantizar que los pueblos indígenas cuenten con servicios de salud de calidad y debidamente abastecidos. “El servicio de salud debe contar con personal capacitado -que no discrimine, que comprenda sus dolencias- y bien remunerado. Asimismo, la distribución del personal sanitario tiene que considerar las condiciones geográficas, la dispersión y la escasa densidad poblacional”, agregó.

La demanda cuenta con el respaldo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).

Fuente / Foto: Defensoría del Pueblo

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Piden a ministro de Salud retirar denuncia contra quienes evidenciaron casos de comunidades contaminadas en Espinar

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  • Carta de solidaridad viene circulando entre ciudadanía con este pedido

Ciudadanos independientes y actores de la Sociedad Civil vienen promoviendo una carta de solidaridad con el abogado Juan Carlos Ruiz y el doctor Fernando Osores quienes han sido denunciados penalmente por el Ministerio de Salud (Minsa) luego de que ambos profesionales sacaran a la luz el caso de las comunidades campesinas contaminadas en Espinar.

En esta carta dirigida al ministro de Salud, Aníbal Velásquez, los firmantes exhortan a que se deje sin efecto la denuncia contra Ruiz y Osores, y más bien se tomen medidas urgentes para atender y asegurar la salud de los ciudadanos de Espinar.

LEER CARTA

Si desea firmar a nombre propio o institucional, puede enviar un correo a:  [email protected] (Wilfredo Ardito).

Lo que alega el Estado

El Minsa, se ha centrado en el caso específico de Margarita Cahuana, comunera de Espinar que falleció el año pasado con cáncer de riñón y presentaba altos niveles de contaminación por metales pesados en la sangre. Y a quien pretender desconocer como parte del grupo de comunidades atendidas por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas).

Es así que Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el médico especialista enfermedades infeccionas y tropicales, Fernando Osores, por haber utilizado –presuntamente- documentación falsa para denunciar el caso de la señora Ccahuana.

El Procurador Público Luis Valdez, indica que el Censopas –entidad que en el 2010 recogió muestras de sangre y orina en la comunidad de Huano Huano– nunca sacó análisis a Margarita Ccahuana, por tanto el documento publicado en el portal de Justicia Viva de IDL, por Ruiz y Osores, lo señala como falso. También alega que dicho documento no lleva la firma ni el sello de la Coordinadora del Laboratorio Químico Toxicológico.

En respuesta, Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores alegaron que el certificado les fue entregado por el hijo de Margarita Ccahuana, y tiene el mismo formato de los que Censopas entregó a los comuneros tres años después del examen, sin firma ni sello, tal como lo comprobó Defensoría del Pueblo en diciembre del 2014, tras la denuncia del doctor Osores quien formó parte del equipo del Censopas en aquella época.

VIDEO DE OSORES

Pese a la insistencia del Minsa, en señalar que Margarita Ccahuana Córdova no fue parte del grupo del que se obtuvieron muestras de sangre alguna por exposición a metales pesados, los familiares de la comunera fallecida aseveran lo contrario y muestran el documento con los resultados positivos de la prueba que el Censopas realizó en el año 2010.

El Informe de ensayo N° 100/10 se titula «Estudio de línea de base a las comunidades aledañas al proyecto minero Quechua Huano Huano». Pertenece a Margarita Ccahuana y lleva el sello del INS. La fecha corresponde al 31 de enero del año 2011.

Tras expresar su apoyo a Ruiz y Osores, através de un pronunciamiento la RED MUQUI exhortó al Estado a preocuparse por tomar medidas de salud inmediatas para que las personas ya afectadas por cáncer, producto de metales pesados, tengan una muerte digna; que los enfermos puedan tener una mejor calidad de vida, y en especial atender el cáncer que padecen 5 niños en las comunidades de Espinar.

“Exigimos que se active el presupuesto para ejecutar los planes de atención de salud de las personas afectadas por la contaminación en Espinar (Cusco), y que se efectúe la remediación respectiva de los pasivos e impactos ambientales generados por la actividad minera, para eliminar los focos de contaminación que producen los problemas sanitarios”, indicó RED MUQUI.

VIDEO DE LA SITUACIÓN EN PACPACCO

CASO MARGARITA CCAHUANA

  • Margarita Ccahuana Córdova fue comunera de Alto Huancané (sector Pacpacco, Espinar, Cusco)
  • Según los propios exámenes que le fueron practicados por el Censopas, Margarita tenía 95.0 microgramos de plomo por decilitro de sangre y 129.97 microgramos de arsénico por gramo de creatinina en orina. En ambos casos, el mínimo permisible es 20.
  • El Instituto Nacional de Salud (INS), del que forma parte Censopas, no entregó a Margarita ni a los demás comuneros de Alto Huancané los resultados de las pruebas.
  • Tres años después  el médico Fernando Osores –entonces miembro del equipo del Censopas- denunció el caso ante la Defensoría del Pueblo, y ahí recién ahí los comuneros conocieron sus resultados.
  • El 8 de mayo del año pasado, Margarita Ccahuana falleció de cáncer a los riñones en el hospital Goyeneche de Arequipa.
  • En el certificado de defunción de Margarita se agregó: intoxicación crónica por arsénico y cadmio.

DATOS:

  • Desde 2010 comunidades de Espinar tienen presencia de metales pesados por encima de LMP
  • Hay dos planes de atención uno por MINSA y otra. Presupuesto de atención de hay.
  • OEFA ha solicitado a Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) la base de la contaminación, pero ello demora dos años.
  • Comunidad de Huinipampa es la más afectada y tiene 6 dirigentes con 6 meses de prisión preventiva. También van a procesar a Comunidad de Huiza.
  • En la demanda de Cumplimiento de IDL sobre Espinar, está pendiente declarar la Emergencia Sanitaria por presencia de metales pesados. Actualmente esta se reduce solo a infecciones.

Foto: Diario La República

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Pedirán reparaciones civiles y atención médica a comunidades afectadas por metales en la sangre en Espinar

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Afectadas. Melchora Surco y Santusa Ñoñoncca de la comunidad del Alto Huancané

POR MEDIO DE TRES DEMANDAS

  • Denuncias penal y constitucional se formularon a la par con investigación periodística
  • Estado ocultó resultados de comuneros con metales en el organismo en dos oportunidades

Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF Cusco), CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA) emprendieron una serie de demandas en el ámbito civil y penal, así como un proceso de amparo, en defensa de dos de las comunidades que habitan en la zona de influencia del proyecto minero Antapacay (Espinar, Cusco) y que han visto afectada su salud ante la presencia de 16 metales pesados en la sangre.

Dichas demandas han sido interpuestas contra el Estado Peruano por haber omitido los resultados de las muestras de sangre y orina, que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), tomó a los habitantes de las comunidades de Huisa y Alto Huancané en el año 2010, en Espinar (Cusco).

Tal como indica el informe periodístico del equipo de investigación de Convoca, “Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, en este primer estudio, el CENSOPAS conoció que cientos de pobladores de Huisa y Alto Huancané, ubicadas entre los ríos Salado y Cañipía, estuvieron expuestos a arsénico, mercurio, cadmio y plomo, metales considerados por la OMS como altamente cancerígenos. Aun así callaron.

Asimismo, la investigación de Convoca, añade que en el 2013, Censopas hizo un nuevo estudio tras un acuerdo de la mesa de diálogo de Espinar; es así que recogió 180 muestras de orina y confirmó los hallazgos del primer estudio (2010), solo que esta vez arrojó resultados de otros 11 metales presentes en los organismos de los habitantes evaluados. La toma de muestras de estas nuevas 11 sustancias no tuvo el consentimiento de los donantes, y es por ello que volvieron a guardar “reserva”, y no se conocieron hasta diciembre de 2014.

Ante todas estas omisiones y secretismos por parte del Censopas, sin importar la salud de las personas, la plataforma de abogados de DHSF Cusco, CooperAcción y el IDL -junto con los afectados- elaboraron y presentaron una demanda de cumplimiento, es decir, un proceso constitucional con el que se busca que el Estado cumpla con las leyes para proteger la salud, específicamente en las comunidades aledañas al proyecto Antapaccay (ampliación Tintaya).

Juan Carlos Ruiz (IDL), Jaime Borda (DHSF Cusco), Melchora Surco (Alto Huancané) y Juan Magaño (Huisa)

Para ello, se contó con el apoyo del doctor Fernando Osores, médico Magister en enfermedades infeccionas y tropicales, quien trabajó en el CENSOPAS, así en el equipo de profesionales del estudio del 2013. En ese año, Osores denunció estas irregularidades al momento de evaluar a los pobladores, así como la expedición de los resultados a los pobladores “sin sellos, membretes, ni firmas”.

Dr. Fernando Osores 

Juan Carlos Ruiz, Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó de intolerable el hecho de que el mismo Ministerio de Salud, a través del CENSOPAS, haya ocultado a los pobladores durante tres años, los diagnósticos por metales pesados en la sangre.

El letrado de IDL también recalcó que el Estado tiene una función de garante de derechos, así como de protección de los mismos. En ese sentido, Ruiz recordó que el Estado -ante una situación como esta- tiene la obligación de investigar, prevenir, reparar y sancionar:

“Es necesario investigar las causas. Luego de cinco años aun no se sabe el origen de esta contaminación; por un lado, la empresa aduce que es de origen natural, y por otro, los afectados señalan directamente a la actividad minera. Además de también prevenir las violaciones (a los derechos humanos) y reparar la vigencia de la salud, se requiere sancionar a aquellos que resulten responsables por haber cometido ilícitos penales o administrativos” apuntó Juan Carlos Ruiz.

Melchora Surco muestra fotos de como eran sus tierras antes de la contaminación ambiental por metales

Tres demandas

De ser favorable la sentencia a raíz de la demanda de cumplimiento (presentada en mayo de 2015), se tendría que decretar emergencia sanitaria, emergencia ambiental, así como practicar exámenes epidemiológicos y toxicológicos en la zona.

Los defensores legales de las comunidades de Huisa y Alto Huancané indicaron que se busca una orden judicial para afectar el presupuesto y así ejecutar un Plan de Atención Integral que no se limite a campañas informativas, sino integrales.

De igual modo, los abogados de las comunidades señalaron está en curso una demanda penal interpuesta por la ONG Solsticio debido a los ilícitos penales, como el de no atender a personas en peligro.

Juan Carlos Ruiz del IDL añadió que vienen preparando una demanda civil contra el Estado, por no cumplir con atender la salud de estas personas, pese a saber y haber comprobando que se encontraban en peligro. Es por ello que se apunta a que los afectados por metales en la sangre, reciban una reparación civil.  “Aun no se establece la responsabilidad de la empresa minera”, deslizó Ruiz.

Cuestión de presupuesto

Otro aspecto importante que mencionaron los abogados defensores, fue que en medio de los procesos de amparo, la procuradora de la Dirección de Salud del Cusco (DIRESA Cusco) reconoció la gravedad de los afectados y adujo que como el gobierno regional tenía un PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL (PAI), pero que el gobierno central no facilitó el presupuesto. “Dicho PAI demanda un millón y medio de soles para su ejecución, y tras cinco de evidencia de daño en las personas no se atiende a la gente porque supuestamente no hay dinero, pese a lo que genera la actividad minera en la zona”, incidió Juan Carlos Ruiz del IDL.

“La actividad minera, petrolera y energética son muy importantes ya que generan trabajo y divisas, pero no a costa de sacrificar vidas y poner en peligro la integridad física de las personas. El artículo 59 de la Constitución es muy claro: la libertad de empresa, la libertad de industria y la libertad contractual son muy importantes y hay que protegerlas, pero no pueden poner en peligro la salud de las personas”, remarcó Ruiz.

Gabriel Arriarán y Milagros Salazar de Convoca.pe

“Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, es un informe periodístico elaborado por el equipo de periodistas de investigación de Convoca, con el respaldo de CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF – Cusco) y médicos especializados en salud ambiental.

La presentación estuvo a cargo de Milagros Salazar y Gabriel Arriarán de Convoca, junto con representantes de las comunidades afectadas.

Fotos: Facebook Convoca / Comunicaciones RED MUQUI

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