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El día de hoy, 11 de julio, a las 11am se desarrolló la audiencia virtual de la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima, en que declararon inadmisible el recurso de casación 03675-2021 presentado por la defensa del ex trabajador minero: Saúl Juárez. Con esta decisión se da por agotada toda la vía judicial interna, negando toda pretención de Saúl de buscar compensación y atención en sus tratamientos en salud. Saúl ha manifestado su decisión de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), para ello presentará su petición formal ante la Comisión IDH. La Corte Suprema tiene un plazo de 10 días para hacer llegar la sentencia completa al demandante Saúl Juárez.

Nota original:

Al parecer se están acabando las vías judiciales en las que había depositado sus esperanzas Saúl Juárez para obtener justicia, quien después de trabajar doce años para la minera Antamina, fue despedido cuando estaba convaleciente de uno de los varios episodios de sinusitis que padeció durante su trabajo en la segunda mayor explotación cuprífera del país. Entonces había acumulado todo un historial de enfermedades que aparecieron algunos años después de haber comenzado en la mina, ubicada en el distrito de San Marcos, Provincia de Huari en la Región Ancash.
Más precisamente en marzo de 1999, cuando después de una exhaustiva evaluación de salud en la que se corroboró que no presentaba enfermedades comenzó como operador de maquinaria pesada. Muy pronto hizo cursos de especialización y se transformó en pit utility, nombre que reciben quienes supervisan en la mina que los equipos estén operativos y dan solución a problemas como reponer cables dañados por caída de rocas. “Yo trabajaba directamente, no dentro de una cabina, estaba afuera, moviendo las palas, instalando las líneas de alto voltaje para las perforadoras. Era el primero que entraba a un sitio donde habían volado para poder limpiar. Estábamos en el piso, las nubes de polvo te envolvían”, es la descripción que hace de su trabajo. Como él mismo dice, “siempre fui un hombre muy sano, pero después de trabajar durante 5 años en Antamina mi salud comenzó a deteriorarse y enfermé de patologías coronarias, digestivas, respiratorias y neurológicas”. Sin embargo, las evaluaciones médicas no encontraban ninguna anomalia. Tres veces le operaron los senos nasales y el diagnóstico fue rino-sinusitis crónica, sin ningún tipo de explicación, según el informe médico.

En el 2009, la gerencia de Antamina citó al trabajador para despedirlo y asegurarle que lo apoyarían con el seguro de salud. El argumento de una de las mayores mineras de cobre del mundo es que debido a su sinusitis no podía seguir exponiéndolo a trabajar en una mina ubicada a más de cuatro mil metros sobre nivel del mar. “Se hicieron los buenos para que no los denuncie”, afirma Saúl. Después de ello, poco a poco la empresa se fue desentendiendo de él, a pesar de que sus enfermedades estaban por agravarse. En 2011 se le diagnosticó un cáncer linfoma no hodking. Después de una serie de exámenes, que no dieron resultado, finalmente, y por sugerencia de un médico en salud ocupacional, decidió someterse a un examen para descartar intoxicación crónica por metales pesados, que pagó de su propio bolsillo. El mineralograma de cabello elaborado a partir de ese estudio arrojó que su organismo había acumulado plomo, estaño, aluminio, mercurio, cadmio, talio, antimonio, arsénico y uranio.

Es en el mismo año cuando comienza su periplo por la justicia, ya que presentó una demanda contra Antamina para que se le reconociera la enfermedad como adquirida por el desempeño laboral, y obtener así justicia, atención médica y poder atender a su familia, cuyo principal sostén era él. Sus dos hijos menores padecen de sordera, enfermedad que el trabajador minero asocia a que fueron concebidos post intoxicación con arsénico.
Después de que su demanda fuese desestimada en dos instancias anteriores, tanto por el Décimo Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo como por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, ahora queda el recurso de casación ante la Corte Suprema. Debido a que sólo se le avisó con poco más de una semana de anticipación de la audiencia que será el próximo lunes once de julio, que les da poco tiempo para preparar su alegato, Saúl Juárez es pesimista que ahora sí logren revertir los fallos anteriores y obtener justicia, al menos en el Perú. Porque tanto él como su abogado Mario Ríos están decididos a llegar a las últimas instancias que se encuentran en San José, la capital de Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes, el caso debe ser admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de un estudio que compruebe que se han vulnerado los derechos del demandante y que las instancias judiciales nacionales fueron agotadas, recomienda o no que el caso sea llevado ante la Corte del mismo nombre.

El padre de familia al menos cuenta con el antecedente que ya pudo exponer su caso ante la misma instancia, cuando en octubre de 2018 se realizó la audiencia pública titulada “Perú: Mineras y derecho a la salud” en el marco del 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ella, la ahora ex premier Mirtha Vásquez en su calidad de abogada expuso que “Nosotros en este momento creemos que el Estado carece de una política de promoción y protección de las personas que se encuentran en riesgo de estar expuestas a metales tóxicos. No ha implementado mecanismos de vigilancia epidemiológica y no ha implementado ningún plan de contingencia para las situaciones en riesgo”. Además, la delegación de las organizaciones sociales, que expusieron la situación de Perú, encabezadas por las organizaciones Natura de Chimbote (Ancash); Grufides de Cajamarca y Red Muqui (Lima), denunciaron en esa ocasión al Estado, que para promover las inversiones en minería y la instalación de nuevos proyectos flexibiliza normas medioambientales. Así en 2017 se rebajaron los estándares de calidad del aire, lo que permitió que se incrementaran en doce veces los niveles de dióxido de azufre. Una medida, que como denunció Mirtha Vásquez, fue tomada para vender el proyecto metalúrgico de la Oroya, lugar donde el 99 por ciento de los niños tiene plomo en la sangre. Como un caso especialmente grave por las evidentes vulneraciones a los derechos laborales y de salud en el Perú, entonces le dieron la palabra a Saúl Juárez, quien pudo exponer lo que ha padecido por haber trabajado en Antamina ante los comisionados. Y es que, según las palabras de Mirtha Vásquez, los vacíos e insuficiente regulación sumado a las conductas del Estado peruano ponen en riesgo a las poblaciones vulnerables, entre ellas a los trabajadores.

 

Tras la sentencia del Décimo Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo en noviembre del 2017, que desestimó la denuncia realizada por el ex trabajador minero de Antamina: Saúl Juarez, que se encuentra con cáncer linfoma Hodgkin producto de la contaminación con arsénico y otros metales pesados – de acuerdo a la interpretación médica-, y que exige justicia por daños y perjuicios a través de una reparación económica; la defensa legal presidida por el abogado Mario Ríos apeló a la decisión de la jueza debido a que no tomó en cuenta ninguna prueba presentada por ellos. El día de hoy, martes 3 de noviembre a las 10am, después de un largo tiempo, la Corte Superior escuchará la fundamentación de la defensa legal de Saúl Juarez y de la empresa minera Antamina para posteriormente decidir, en el plazo máximo de un mes, si se reabre el juicio o confirma la sentencia.

Las pruebas no admitidas

“ En la sentencia del 2017 la jueza Rosmery Velásquez Cano no ha determinado si Saúl Juarez está mal. Hemos presentado la historia clínica, pero no le han hecho la evaluación y solamente se ha apegado a una prueba de un centro de salud de Texas (EEUU) del 2016 que señala que no tiene intoxicación, basado en un examen de orina. Este examen fue pagado por la empresa minera”, señala Mario Ríos. Sin embargo, hay otro resultado de una prueba pagada por Antamina, del Centro Toxicológico del Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec, que realizó un mineralograma a Saúl Juarez, y confirma la presencia de arsénico y otros metales pesados; pero la empresa minera y la jueza lo desconoce, señala Juarez.  Además, la jueza no ha tomado en cuenta los otros resultados de la pruebas del Instituto de Medicina Nuclear, de la Sub Gerencia de Laboratorio de Toxicología del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, que confirma que Saúl Juarez tiene arsénico, plomo y cadmio, agrega el abogado.

Asimismo, el médico cirujano y toxicólogo Ricardo Puell señala en su informe de auditoría médica de mayo del 2014 sobre Saúl Juarez que las pruebas que detectan arsénico en uñas y pelo durante varios meses y años es el mineralograma y no las pruebas de sangre que detectan hasta 3 días después de la exposición a metales pesados y en la orina, hasta 10 días después. Además, la resolución N° 389-2011 MINSA, en la Fisiopatología de la Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por arsénico: “El tiempo de vida media de arsénico en el ser humano es de 10 horas, se excreta la mayor parte por vía urinaria, heces, sudor y piel”.

El abogado agrega que SUNAFIL sancionó a la empresa minera Antamina por no brindarle los equipos de protección adecuados y otras faltas graves a las normas de seguridad y salud ocupacional.

La defensa legal señala que la jueza no argumentó por qué no valoraba las pruebas presentadas por ellos, “simplemente no lo admitió. Eso es vulnerar el debido proceso”. En base a estos cuestionamientos, Saúl Juarez espera que la Corte Superior decida que se reabra el juicio. Saúl se encuentra indignado y terminó afirmando en el enlace telefónico: “Lo único que quiero yo es justicia. Me han destrozado la vida. Yo entre sano y salí enfermo con cáncer tras la evidencia de los metales tóxicos”. Sus dos hijos tienen problemas de sordera, señala que también es producto de la contaminación con arsénico que se traspasa hasta en 5 generaciones.

Saúl era parte del personal encargado de revisar los equipos inmediatamente después de una explosión en la mina, por lo que el contacto con la nube de polvo mineral tóxico era inevitable, señala el médico Ricardo Puell.

De acuerdo al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, existe una fuerte asociación entre la exposición crónica al arsénico y los diversos cánceres.

Antecedes

Tras las denuncias públicas de Saúl Juarez,  Antamina sacó un comunicado señalando que su mina es de cobre y no de arsénico y que habían pagado el seguro de Saúl hasta el 2016, varios años después de que dejó de trabajar con ellos. Además, agregan que en el examen que le sacaron – en EEUU a través de prueba de orina-, confirmó que no estaba intoxicado.

Sin embargo, la Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por arsénico del Ministerio de Salud, en los aspectos epidemiológicos señala: “Según datos del servicio de prospecciones geológicas estadounidense (U,S, Geological Survey) las minas de cobre y plomo contienen aproximadamente 11 millones de toneladas de arsénico, especialmente en Perú y Filipinas, asimismo este metaloide se encuentra asociado con depósitos de cobre en Chile y Canadá. En nuestro país, la exposición crónica por arsénico está ligada principalmente a exposiciones originadas por la actividad minero metalúrgico, existen referencias aisladas respecto a regiones con presencia de arsénico en el medio ambiente”

Además, Saúl Juarez señala que fue despedido cuando empezó a sentirse mal y cubrió sus gastos inicialmente. “Después del 2016 yo estoy haciendo tratamiento alternativo porque no iba a soportar más quimioterapias”.

El 2018, Saúl Juarez llevó su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos acompañado por el Instituto Natura de Ancash y Red Muqui, y su caso fue admitido.

 

Resultados del mineralograma de la Sub Gerencia de Laboratorio de Toxicología y Química Legal