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Sociedad Civil peruana pide al presidente de Honduras que se haga justicia para Berta Cáceres

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TRAS ASESINATO DE LÍDER INDÍGENA

Diversas organizaciones civiles comprometidas con la lucha por el pleno respeto, igualdad y vigencia de los Derechos Humanos en Latinoamérica y en el mundo, se dirigieron al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para pedir que se haga justicia y resuelva el caso el asesinato de la líder indígena, Berta Cáceres, quien fue acribillada en su casa, el último 3 de marzo.

Asimismo, la Sociedad Civil peruana recomendó al Estado de Honduras a brindar oportuna y efectiva protección a la familia de la fallecida lideresa y Coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras – COPINH. De igual modo, se le pidió al mandatario Hernández a extender dicha protección a la comunidad que Berta pertenecía, así como a sus demás colegas defensores de derechos humanos; ello apelando al cumplimiento de la propia Constitución hondureña.

“Solicitamos por vuestro intermedio al Gobierno de la República de Honduras, para que se adopten las disposiciones necesarias para iniciar una inmediata investigación, de manera exhaustiva, independiente e imparcial a fin de determinar la responsabilidad de los hechos y se sancione a los culpables, a efectos de que no prevalezca la impunidad por tan execrable delito”, indicó la Sociedad Civil peruana.

De igual modo, se le recordó al presidente Hernández y a su consejo de ministros –al que también se le remitió una carta- que Berta Cáceres contaba con Medidas Cautelares a su favor, las mismas que le fueron otorgadas desde el 29 de junio de 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. Lamentablemente estas disposiciones no fueron acatadas por el Estado de Honduras, desconociendo el Estado de Derecho y debilitando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Expresamos enfáticamente nuestra preocupación, total reprobación y condena por este cobarde asesinato, así como inacción por parte del Estado hondureño para protegerla a ella y su familia; esta lamentable situación es contraria a los derechos que protege la Convención Americana de Derechos Humanos, siendo de consecuencia muy grave para la institucionalidad de la República de Honduras”, expresa la carta de las instituciones peruanas.

La carta al jefe de Estado hondureño, también hace hincapié en el las informe país de la CIDH, “Situación de Derechos Humanos en Honduras” (18 de febrero de 2015), en donde se llama la atención sobre la grave situación del pueblo Tolupán y pone de manifiesto numerosos hechos de amenazas y persecuciones en su contra, por parte de grupos armados vinculados al crimen organizado y a empresas mineras.

Dicho informe se le recuerda y recomienda al gobierno de Honduras que “los pueblos indígenas tienen derecho a ser protegidos de ataques por terceros, especialmente cuando éstos ocurren en el marco de conflictos por el territorio ancestral”. Ante esta vulnerabilidad y riesgo, la CIDH otorgó medidas cautelares a la organización MADJ que protege los derechos de la comunidad Tolupán, en diciembre de 2013.

Quién fue Berta Cáceres

Berta Cáceres, fue madre de cuatro hijos y dirigente que organizó al pueblo Lenca (la mayor etnia indígena de Honduras) en su lucha contra la represa de Agua Zarca de la empresa FICHOSA. La construcción de la misma estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para esta comunidad indígena y vital para su supervivencia.

Cáceres de 43 años fue cobardemente asesinada el día jueves 3 de marzo a las 11:45 de la noche por dos personas desconocidas, quienes irrumpieron en su vivienda ubicada en la Colonia “El Líbano” en La Esperanza, Intibucá, su ciudad natal. Según fuentes locales, los asesinos esperaron a que ella se durmiera para forzar las puertas de su vivienda y matarla, resultando herida otra persona como producto de dicha agresión.

Como reconocimiento de su incansable lucha ganó un máximo reconocimiento: el Premio Medioambiental Goldman por ser una activista y defensora del medio ambiente. Berta Cáceres participó hace dos semana en una conferencia de prensa en la que se denunció el asesinato de cuatro dirigentes de su comunidad, ataques que siguen en total impunidad.

Las organizaciones firmantes de la misiva son:

  • Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
  • RED MUQUI
  • Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo – ANC
  • Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia – COSDEJ
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Ica – CODEHICA
  • Derecho, Ambiente y Recursos naturales – DAR
  • Earth Rights International – ERI PERU
  • Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia – Piura
  • CEPIS – Proyecto Amigo, Paz y Esperanza
  • Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
  • Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH
  • Perú Equidad
  • Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente – AIDA
  • Programa Democracia y Transformación Global – PDTG
  • GRUFIDES
  • Rocío Silva Santisteban, ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
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Sociedad Civil pide a Newmont interceder ante Yanacocha y cese hostigamiento a la familia Chaupe Acuña

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AL SER ACCIONISTA PRINCIPAL

Más de 60 organizaciones y redes –nacionales e internacionales– de la Sociedad Civil le pidieron a la trasnacional Newmont que, en su calidad de accionista principal, tome medidas urgentes e inmediatas para que la minera Yanacocha cese el hostigamiento que ejerce sobre Máxima Acuña y a su familia, desde el año 2011.

En una carta dirigida al presidente y CEO de Newmont, Gary Goldberg, las organizaciones civiles firmantes, cuestionaron que el funcionario acuda a la sétima conferencia internacional del EITI para promover la transparencia en minería y hablar sobre las comunidades afectadas por la actividad extractiva, mientras Yanacocha vulnera los derechos de una familia campesina que decidió no vender sus terrenos al proyecto Conga.

“Lamentamos (…) y rechazamos rotundamente que mientras usted inaugura un evento que promueve la transparencia en actividades extractivas, la trasnacional que dirige, junto con la empresa Buenaventura –su socia en Yanacocha– violen de manera sistemática, prepotente y abusiva, los derechos humanos de la Señora Máxima Acuña de Chaupe y su familia”, aseveraron en la carta a Newmont.

En ese sentido, las Sociedad Civil nacional e internacional, le detalló Newmont los atentados que estos agricultores vienen soportando por proteger su terreno de Tragadero Grande (Celendín, Cajamarca); del mismo modo le informaron a Goldberg sobre la situación judicial de este caso, tal como el fallo final de la Sala Penal de Cajarmarca (17 de diciembre, 2014), y la medida cautelar a favor de los Chaupe (5 de mayo, 2014) dictaminada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“(…) Yanacocha actúa ignorando los protocolos internos de Newmont y los principios voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, asumidos voluntariamente por las principales empresas mineras del mundo (…)”, se recalca en la misiva.

Tras resaltar que Newmont forme parte de la iniciativa EITI y que se oriente a generar transparencia desde la minería, la Sociedad civil peruana e internacional le recordó a Goldberg que solo sobre la base del respeto a los derechos humanos, es que se puede llevar un diálogo alturado y responsable sobre el rol de la minería en estrategias socialmente inclusivas y ambientalmente sostenibles.

VER CARTA EN ESPAÑOL

VER CARTA EN INGLÉS

Goldberg en el EITI

El 24 de febrero último, Gary Goldberg expuso en la sesión plenaria de la 7ª Conferencia Global de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI), y aseguró que junto a otros líderes del sector minero mundial, han participado en algunas reuniones con el Consejo de Justicia y Paz del Vaticano, organismo que ha venido recibiendo quejas y exhortos de comunidades y pueblos afectados por la minería en el mundo.

Según el presidente de la principal accionista de la minera Yanacocha, ahí pudo acercarse a la gente que afirmaba que la minería es la causa de todos los males. De igual modo, comentó que han invitado y llevado a diferentes organizaciones mundiales e instancias de la iglesia, a conocer los lugares donde realizan sus actividades extractivas. Ello para “desbaratar las mentiras que se crean en torno a la minería”.

Pese a ello, Gary Goldberg reconoció es muy importante lograr la licencia social, porque ello les permite desarrollar sus proyectos de oro, en el caso de Newmont.

“Es cierto que hemos cometido errores, pero estamos tratando de mejorar. Estamos buscando el bien común. Nos estamos asegurando que los ingresos lleguen a las comunidades”, apuntó Goldberg.

Transparencia e imagen minera

En otro momento de la Conferencia Global del EITI en Lima, indicó que su trasnacional viene trabajando con otras 22 empresas en la mejora de la industria minera, a través del EITI.

Igualmente destacó que en sus 35 años de experiencia, ha ido cambiando su mirada hacia la búsqueda de nuevos compromisos y uno de ellos es la transparencia.

“Las empresas deben cambiar sus perspectivas respecto a la transparencia. Ello con el fin de que la percepción de la gente acerca de la minería cambie. La gran mayoría no confía en los informes que presentan las mineras”, afirmó.

Asimismo, Goldberg propuso que en minería debe haber mecanismos que permitan mayor transparencia, más allá del vaivén de los precios de los minerales y la naturaleza cíclica de los mismos.

Como una cuestión pendiente, el máximo representante de Newmont advirtió que el sector minero debe tomar en cuenta las recomendaciones del EITI. “Solo 10% de las recomendaciones se llevan a la práctica. De cumplir con la mayoría de estas, podríamos mejorar la aplicación del EITI y lograr la transparencia que todos deseamos alcanzar como meta”, remarcó.

Foto: PT Newmont / Colectivo Tajo abierto / Twitter MINEM

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La sociedad civil peruana ante la VII conferencia global de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ElTI, por sus siglas en inglés) es una alianza estratégica internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 49 países para hacer transparentes las industrias que se sustentan en la extracción de nuestros recursos naturales como el petróleo, el gas y los minerales.

Perú lleva 10 años dentro de esta iniciativa y en febrero del presente año será sede de la VII Conferencia Anual del EITI. Esta conferencia espera reunir a representantes de los gobiernos, las empresas y las redes de sociedad civil de todo el mundo involucrados en el EITI. El objetivo del evento es reafirmar el estándar EITI que exige que los países transparenten de manera desagregada todos los pagos de las empresas a los gobiernos y el uso que los gobiernos hacen de estos ingresos, debatir sobre las nuevas perspectivas del EITI y elegir a los nuevos representantes de los tres sectores al Consejo Global del EITI.

Hoy existe un nuevo contexto político y económico, de caída de la demanda de los precios y las inversiones, agudización de la falta de transparencia, efectos negativos producto de industrias extractivas sin adecuadas salvaguardas, vulneración de derechos y riesgos de mayor flexibilización socio-ambiental.

Ante ello, las organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado puntos comunes, suscribimos el presente pronunciamiento manifestando que:

Las actividades extractivas se desarrollan sobre la base de la explotación de recursos naturales que son propiedad de la nación. Los gobernantes de turno tendrían que impedir la desaparición de tales recursos naturales y preservar su productividad, a fin de que puedan beneficiar no solo a las actuales generaciones de ciudadanos, sino también a las venideras.

Las actividades extractivas producen importantes ingresos para los Estados y por ello los gobiernos vienen incentivando de manera agresiva estas inversiones a través de políticas de flexibilización de estándares socio-ambientales. Sin embargo, este fomento indiscriminado ha producido impactos económicos negativos, daños ambientales, precarización laboral, criminalización de la protesta y fuertes conflictos sociales con subsecuentes muertes y heridos de gravedad que lamentamos, y que tememos se pueden agudizar.

Estos impactos negativos pueden ser mucho peores ahora que se ha terminado el ciclo de alta demanda y precios por nuestros recursos naturales, pues nuestros gobiernos –en su afán por seguir atrayendo inversiones extractivas- están rebajando impuestos, debilitando los estándares, las normas y las instituciones ambientales, y recortando los derechos territoriales y de consulta previa de las poblaciones indígenas.

Los ciudadanos y las ciudadanas del Perú tenemos derecho a exigir la máxima transparencia y acceso a la información posibles en las industrias extractivas. Además, que estas se desarrollen en las zonas donde corresponda realizarlas según un previo ordenamiento territorial, respetando el medio ambiente, los derechos de las y los trabajadores, los derechos de los pueblos indígenas y las poblaciones locales que viven en los territorios ricos en recursos naturales.

La iniciativa EITI es una importante oportunidad para promover la más amplia transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas y la construcción de la gobernanza, hacia un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

El EITI solo puede existir sobre la base de una participación autónoma y representativa de la sociedad civil, sin limitación de ningún tipo a su independencia y su capacidad de proponer nuevas iniciativas para enriquecer el proceso internacional y nacional.

Desde esta perspectiva, reconocemos el rol histórico que ha jugado la coalición Publiquen Lo Que Pagan (Publish What You Pay, PWYP) en fomentar a nivel internacional la movilización y la organización de la sociedad civil para reclamar la máxima transparencia en el sector extractivo. Reconocemos también el rol que ha jugado y está jugando en la actualidad la coalición PWYP en la selección imparcial de representantes de la sociedad civil al nuevo Consejo Directivo internacional del EITI.

Resaltamos también y manifestamos nuestro acuerdo con el impulso que PWYP y sus redes regionales –como la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas, RLIE– vienen dando a la ampliación de la agenda del EITI para incluir nuevos temas fiscales (como los precios de transferencia, la propiedad de las empresas intermediarias y los costos de producción), tanto como la información relativa a las dimensiones ambientales, laborales y sociales de las actividades extractivas.

La transparencia, el acceso a la información, una adecuada gestión ambiental, la participación ciudadana, el respeto al derecho de los pueblos indígenas, la rendición de cuentas y los compromisos internacionales en materia de las industrias extractivas son fundamentales para que el desarrollo de actividades extractivas se haga sobre la base del respeto a los derechos humanos, trabajo digno, la sostenibilidad ambiental y la vigencia del derecho de consulta y consentimiento de las poblaciones indígenas y locales en general.

Firmantes:

Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular

Amazónicos por la Amazonía (AMPA)

Asociación Arariwa

Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

Asociación Civil Universidad Coherente

Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Asociación Nacional de Centros (ANC)

Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)

Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Cáritas del Perú

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)

Centro Bartolomé de Las Casas (CBC)

Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA)

Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ)

Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo (CEOP) Ilo

Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER)

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP)

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)

Centro de investigación y promoción del campesinado (CIPCA) Piura

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS) Cajamarca

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS) Norte

Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

Colegio Economistas Loreto

Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote

Confederación Campesina del Perú (CCP)

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

Confederación Nacional Agraria (CNA)

Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI)

Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP)

Consejo de la Prensa Peruana (CPP)

Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)

CONVEAGRO – Convención Nacional del Agro Peruano

CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo

Cooperativa Norandino

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

DESCOSUR

Environmental Investigation Agency (EIA)

EarthRights International (ERI)

Federación Enfermedades Peruanas (FEPER)

Foro Ecológico del Perú

FOROSALUD – Foro de la Sociedad Civil en Salud

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La Paz (FEDEPAZ)

Grupo Propuesta Ciudadana (GPC)

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)

Instituto del Bien Común (IBC)

IPSA – Instituto de Promoción Social Amazónica (La Voz de la Selva)

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)

Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU)

Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente ORPIO-Loreto

OXFAM en Perú

Paz y Esperanza

Programa Laboral de Desarrollo (PLADES)

Red de Vigilancia del Presupuesto Participativo de Cajamarca

RED MUQUI PERÚ

Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)

Salud Preventiva Andina

Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi)

Suma Ciudadana

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Chinalco podría afectar la alta calificación internacional del Perú ante el EITI

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AL NO PARTICIPAR EN INFORMES DE CONCILIACIÓN

Durante la presentación del V Estudio de Conciliación Nacional (ECN), de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), el Coordinador Ejecutivo de Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, advirtió que la ausencia de la minera Chinalco en los informes de conciliación, podría ser perjudicial en la calificación del país frente a la Secretaría Internacional del EITI.

“Chinalco es la empresa que no ha querido hacer pública, su información para el EITI. Esto afecta los avances del EITI en el Perú”, aseveró el también representante alterno de la sociedad civil de la Comisión Nacional EITI.

En ese sentido, Pilar Camero, representante de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), lamentó que las empresas no continúen participando en los informes de conciliación como en el caso de Chinalco que posee una participación mayor al 2% en el sector.

Información social y ambiental en el EITI

Para Pilar Camero, también representante titular de la sociedad civil ante la Comisión Nacional EITI Perú, también se debe avanzar en incluir información ambiental y social. Asimismo, propuso que el EITI sea considerado una política pública para exigir la información económica de las empresas con mayor incidencia.

Por su lado, Epifanio Baca, sugirió que los gastos ambientales y sociales se incluyan de manera desagregada, lo cual contribuiría para evitar más conflictos sociales en el país, al igual que una publicación más oportuna de los informes, de lo contrario estos pueden perder vigencia e interés.

En respuesta, Carlos Aranda, representante de Southern Cooper, planteó que nuevos elementos como los ambientales y los sociales, podrían enredar el proceso. “El tema del uso de recursos a nivel regional debe ser prioritario, pero no incluir nuevos elementos”, consideró.

A su turno, el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, respondió que el incluir nuevas variables en el EITI no puede ser una imposición, sino parte de los espacios de discusiones de empresas, estados y sociedad.

“Hay diferencia entre el Estado, las empresas y la sociedad civil (…) se debe evangelizar a las empresas y explicarles los beneficios al participar en el EITI. Por ejemplo, la gente podrá visualizar mejor como la minería aporta”, refirió.

Asimismo, la representante de DAR, recomendó que –a futuro- el reto del EITI debe ser alcanzar mayor agilidad al momento de brindar y recibir la información. “Cuando no hay información transparente de las empresas extractivas, se origina un elemento más para que se den conflictos sociales” remarcó Camero.

En qué está EITI en Perú

Previo a la presentación del estudio -en la reunión denominada Agenda Perú- la ministra de Energía y Minas (MEM), Rosa María Ortiz hizo un breve informe sobre cómo se ha ido manejando el EITI en el Perú.

Ortiz, resaltó que su sector ha venido trabajando la iniciativa EITI desde el año 2006 cuando se aprobó el primer “Plan de Acción para la implementación del EITI en el Perú” y se dio paso a la institucionalización de la Comisión Multisectorial EITI Perú con el Estado, las empresas y la Sociedad Civil. De igual modo, los Estudios de Conciliación Nacional (ECN) que el Perú ha producido. “Son cinco Estudios de Conciliación y dos Estudios de Transparencia Regional adecuados a estándares, con desagregación de información y debates públicos”, comentó.

Asimismo se refirió a los Procesos del EITI a nivel sub-nacional con la implementación en Moquegua y Piura, donde se han instalado Comisiones Regionales EITI con el propósito de realizar Estudios de Transparencia Regional, en los cuales se presenta información sobre las transferencias acreditadas del MEF.

La titular del MEM, dijo esperar que el evento permita intercambiar experiencias en la implementación del EITI, ya que son 70 países del mundo que por primera vez se reúnen en América en el marco de esta conferencia internacional.

Por su parte, Numa Arellano, consultora de Ernst &Young y encargada de presentar los resultados del V ECN, remarcó que un problema frecuente, es que las empresas brindan información de forma voluntaria, pero sin haber renunciado a la reserva tributaria, lo cual no permite conciliar –comparar- con la información oficial.

En ese sentido, Arellano señaló que en minería, la información oficial y voluntaria tiene una diferencia del 9% en la conciliación, y que además solo el 85% de las mineras han brindado información.

“Aun así, el Perú es el primer país en América Latina en lograr el carácter de país cumplidor, por ello su participación no debe caer, sino aumentar para lograr materialidad en la información y que esta sea representativa”, acotó.

DATOS:

  • EITI (2005) es una alianza estratégica internacional integrada por 48 países que reúne a gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo y gas) y sociedad civil, para transparentar los pagos que hacen las empresas a los gobiernos.
  • Su finalidad es verificar una adecuada rendición de cuentas y que los recursos obtenidos fomenten el desarrollo de los países miembros.
  • Fernando Castillo de la Oficina de Gestión Social del Minem, indicó que coordina la incorporación de EITI en Arequipa y Loreto.

Foto: MINEM

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Gobierno de Alemania recibió propuestas de sociedad civil sobre implementación de convenio minero con el Perú

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  • Ministerio de Economía y Energía (BMWI) de Alemania se informó sobre situación social del sector minero peruano

Funcionarios del Ministerio de Economía y Energía (BMWI) recibieron a los representantes de la sociedad civil alemana y peruana, el pasado 12 de enero en Berlín, para tratar las implicancias del Convenio de Cooperación en el ámbito de materias primas, industria y tecnología entre los gobiernos de Alemania y Perú, firmado en julio de 2014.

El gobierno alemán comentó que desde que se suscribió el convenio, no ha habido ninguna reunión oficial intergubernamental entre Perú y Alemania. Sin embargo, informó que un primer encuentro está programado para este 23 de febrero, días antes de la conferencia mundial sobre la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI).

Es por ello que funcionarios de este país mostraron su interés en escuchar las propuestas y preocupaciones de la sociedad civil, y así poder tratar estos temas con el gobierno peruano.

En dicho encuentro, RED MUQUI –como parte de la sociedad civil peruana– planteó su preocupación en cuanto al abastecimiento de minerales para la industria alemana desde el Perú.

Asimismo, expuso los problemas existentes del sector minero en Perú en lo que se refiere a la conflictividad socioambiental, a causa de: la falta de mecanismos de prevención por parte del Estado; la desregulación ambiental y de la propiedad comunal a través de los paquetazos normativos; la poca participación ciudadana al inicio de grandes proyectos extractivos; la implementación deficiente de la Ley de consulta previa; la falta de transparencia en la información de las empresas mineras (aunque Perú es un país que impulsa el EITI), y las violaciones a los derechos humanos que se han venido suscitando tras el estallido de ciertos conflictos mineros.

De igual modo, las organizaciones de la sociedad civil alemana y peruana hicieron una serie de recomendaciones:

  • Efectiva prevención de conflictos, con especial atención al respeto de los derechos humanos y ambientales.
  • Elaboración e implementación de una ley de Ordenamiento Territorial.
  • Apoyo en la remediación y sanación de pasivos ambientales, al igual que atención de salud especializada para los afectados por contaminación por metales pesados.
  • Apoyo en el manejo adecuado de los recursos hídricos (calidad y cantidad).
  • Apoyo, a través de las agencias de cooperación alemanas, en el fortalecimiento de las instituciones que se ocupan del medio ambiente (MINAM, OEFA, SENACE).

Estos puntos fueron planteados de acuerdo a la naturaleza del Convenio de Cooperación Perú-Alemania, cuyo principal beneficio para el Perú, es recibir apoyo en tecnología para mejorar la actividad minera -a cambio de importaciones de cobre y zinc- sin que ello implique necesariamente una mejora directa para las comunidades y poblaciones que habitan en zonas de influencia minera.

Finalmente, las organizaciones de sociedad civil y el Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, sugirieron una reunión entre los representantes de los gobiernos y de la sociedad civil de ambos países para que conozcan más detalles del Convenio Minero, y puedan debatir sobre la mejor forma de su implementación.

DATOS (Fuente CooperAcción):

  • Alemania es el principal importador del Cobre y Zinc proveniente del Perú
  • Entre los años 2001 y 2013, Perú fue el principal abastecedor de cobre en concentrados, de Alemania.
  • 48.3% de la importación de maquinarias provienen de Alemania.
  • Alemania es el sétimo país destino de las exportaciones de metales y minerales del Perú.

Lee también: Acusan falta de transparencia en convenio minero Perú-Alemania (SERVINDI)

 

Foto: ICNdiario

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Falta de seguridad jurídica en territorios y consulta previa siguen siendo los temas más urgentes de Pueblos Indígenas

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  • Señala informa anual sobre comunidades indígenas que la Sociedad Civil envía a la OIT
  • Partidos políticos fueron informados sobre agenda indígena pendiente

Otros temas son criminalización de la protesta, cambio climático, salud y educación intercultural y mujer indígena
La necesidad de saneamiento físico legal y titulación de las tierras, así como la efectiva aplicación de la ‪Consulta Previa en comunidades campesinas y nativas, siguen siendo pendientes y de cumplimiento por parte del Estado, así lo indica la última versión del Informe Alternativo 2015 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Por octavo año consecutivo, las Organizaciones Indígenas Nacionales del Perú, con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (al que pertenece RED MUQUI) han recopilado este reporte incluye eventos, procesos y desarrollos jurídicos que han tenido lugar entre julio de 2013 y junio de 2015.

El documento de 90 páginas forma parte del informe que se envía a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, que revisa el grado de cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo. En esta ocasión también fue presentado y entregado a los representantes de partidos políticos quienes también hablaron de su propuestas de gobierno.

VER PROPUESTAS DE PARTIDOS POLÍTICOS

En ese sentido, Jorge Bracamonte, director ejecutivo de la CNDDHH, remarcó el objetivo de tener un diálogo profundo sobre lo que cada agrupación hará, de llegar a gobernar.

La presentación del informe comenzó con la exposición de la agenda indígena nacional a cargo de Ketty Macedo, presidente del Pacto de Unidad (que agrupa a la mayoría de organizaciones indígenas del Perú).

Luego, la presentación de los temas sobre derechos pendientes y de mayor vulneración en el año 2015, estuvo a cargo de Javier Jahncke (Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI), Richard Smith (Director Ejecutivo del Instituto del Bien Común) y Richard O’Diana (Abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP).

Al referirse a consulta previa en minería, Javier Jahncke, señaló que hasta la fecha solo hay tres procesos culminados (Apurímac, Cusco y Ancash), los cuales se han dado en la etapa final de aprobación de los proyectos. En ese sentido el representante de la RED MUQUI recalcó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) recién realiza la consulta, de manera informativa, y en la etapa de la resolución de inicio de actividades.

Por su parte, Richard Smith se refirió como es que los textos de las leyes (30230 Y 30327) han ido cambiando en desmedro de la territorialidad de las comunidades indígenas en el Perú. Smith explica cómo es que, a través de decretos supremos, el gobierno de Ollanta Humala ha venido invisibilizando a los pueblos indígenas, a lo que se suma la falta de una cifra oficial de número de comunidades y titulación de tierras.

A su turno, Richard O’Diana señaló que no basta con que el Gobierno diga que existen 21 procesos de consulta previa culminados, de un total de 30 iniciados, ya que estos han concluido sus procesos de diálogo, pero «no han culminado oficialmente, la consulta termina con la promulgación de una medida, una medida que es la que se consulta», precisó.

DESCARGAR INFORME

 

Fuente: Comunicaciones RED MUQUI / Servindi

Fotos: RED MUQUI

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SENACE se presentó ante Sociedad Civil bajo promesa de ser estrictos con quienes elaboren los EIA

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  • Organismo especializado comenzará sus funciones a partir del 28 de diciembre
  • Este 2015 se espera terminar transferencia con MTC y el 2016 con MINAGRI y Vivienda
  • Jefe del SENACE informó que cuenta con presupuesto de S /. 24 millones y 130 profesionales permanentes

Esta mañana, diversas organizaciones de la sociedad civil avocadas al tema ambiental, entre ellas RED MUQUI, fueron convocadas a una reunión con el Jefe del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Patrick Wieland, quien informó sobre la Resolución Ministerial  Nro. 328-2015- MINAM (Publicada en el diario oficial El Peruano) con la que culmina el proceso de transferencia de funciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en materia de minería, hidrocarburos y electricidad.

Durante la presentación “Enfoque y Perspectivas del SENACE”, Patrick Wieland, aseguró que en esta etapa, el SENACE será mucho más estricto con los consultores que elaboran los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), debido a los malos resultados en los que se ha detectado que los EIA han sido “copy y paste” de otros anteriores. Para evitar estas malas prácticas, Wieland dijo que se apunta a que las evaluadoras tengan un comportamiento ético en el campo, y para ello, indicó que se busca estandarizar los procesos de evaluación ambiental.

“La norma que se ha aprobado, sube la valla de las consultoras que participan en elaboración de los EIA”, aseveró.

En cuanto a presupuesto, el jefe del SENACE reconoció que este organismo ya cuenta con una partida de S/. 24 millones – casi el doble del que se tenía antes- de los cuales, S/. 4 millones serán destinados solo a la Dirección de Certificaciones Ambientales.

¿Participación social?

En este encuentro, Wieland se refirió a la participación ciudadana y dijo esperar un diálogo permanente con la Sociedad Civil y varios aportes de este sector para mejorar los EIA. Asimismo, expresó su deseo de que las comunidades puedan hacer una evaluación y seguimiento más efectivos a los EIA.

Sin embargo, Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, le recordó que el desafío que tiene el SENACE es la flexibilización de los marcos normativos han ido dejando los “paquetazos ambientales”, incluso en lo que se refiere a los EIA.

De igual modo, desde la RED MUQUI se le recordó que hasta el momento los mecanismos de “participación ciudadana” son procedimientos meramente informativos que no inciden en la decisión final de las instancias competentes del Estado.

Otra preocupación de la RED MUQUI es, si es que el SENACE  tendrá mecanismos de verificación de los EIA. “Solo así se puede otorgar una autorización adecuada, eso implica recursos que son necesarios para ser coherentes con una política de transparencia de la gestión”, se le aseveró.

¿Consulta previa?

Otro punto cuestionado por RED MUQUI al SENACE, es cómo lograr un proceso participativo para establecer el área de influencia de un proyecto minero.

“La Defensoría del Pueblo dio a conocer que en 16 expedientes de aprobación de EIA debió aplicarse la consulta previa. En varios de estos estudios incluso se ´presentaron´ supuestas actas de asambleas en donde las comunidades renunciaban a sus derechos de reconocerse como pueblos indígenas, lo que sería nulo ya que los derechos son irrenunciables”. También se han presentado documentos donde se ha negado la existencia de pueblos indígenas en zonas de influencia directa de las empresas mineras sin que consten en el expediente, informes técnicos emitidos por el viceministerio de interculturalidad, o estos no tenían el sustento técnico necesario.

Capital humano del SENACE

Ante varias ONG, Wieland señaló que el personal del SENACE cuenta con profesionales que provienen, tanto del sector público como del privado, y con una experiencia no menor a los 6 años en la elaboración y evaluación de EIA.

Para comenzar son 130 profesionales técnicos en staff, entre ingenieros ambientales (26), biólogos (21), ingenieros geógrafos (8), ingenieros geólogos (7), entre otros; además de una cartera de consultores a contratar, según dijo el encargado máximo del organismo.

Durante la reunión, el Jefe del SENACE aseguró haber avanzado en tener convenios con los Gobiernos Regionales a quienes se ha capacitado sobre EIA y Certificación Ambiental Global (CAG); así como haber firmado convenios con la ANA, OEFA, OSINERGMIN.

Funciones y competencias

Wieland enfatizó a la Sociedad Civil que el SENACE no promueve inversiones, y por ello se basan en garantizar una evaluación técnica, objetiva y especializada de los EIA. Además remarcó que tampoco se encarga de crear normativa, ni de sugerirla, pero sí puede generar procedimientos y reglamentación para su aplicación.

Según la Resolución Ministerial, Este organismo tendrá como función principal la revisión y aprobación de los EIA detallados y sus respectivas actualizaciones y modificaciones.

De igual modo se encargará de la revisión y aprobación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), al igual que de las solicitudes de clasificación y aprobación de los términos de referencia de estos estudios; del plan de participación ciudadana; del acompañamiento en la elaboración de la línea de base, y de otros actos o procedimientos vinculados a las acciones señaladas.

Además, el SENACE administrará el Registro de Entidades Autorizadas a elaborar estudios ambientales y el registro de certificaciones ambientales concedidas o denegadas.

Respecto de la Certificación Ambiental Global (CAG), la llamada «ventanilla única» ´para aprobación de los «títulos habilitantes», entrará en vigencia a partir de la aprobación del Reglamento del Título II de la Ley 30327, que debe regular el procedimiento para su aprobación.

Qué dice la Defensoría

Rolando Luque, Adjunto en Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, dijo que la transferencia total de funciones del SENACE era un asunto pendiente. “Ahora vamos a contar con un SENACE que le permitirá el Estado generar confianza entre la población. Si había algo deficitario, era que los EIA estaban a cargo del sector encargado de desarrollar la minería, es decir, el Ministerio de Energía y Minas. Ahora lo que tenemos es una organización más plural y altamente técnica”, señaló  a RED MUQUI.

Ya que el término de transferencia de funciones, y próxima puesta en marcha del SENACE, no son retroactivas, Luque indicó que la conflictividad actual se debe seguir enfrentando por medio de los procesos de diálogo.

“Se sabe que las leyes no son retroactivas en el Perú, entonces para los conflictos que se presenten en el futuro -que esperamos no se presenten- en base a nuevos proyectos mineros, petroleros y gasíferos, ya contamos con el SENACE como la institución encargada de ver los EIA detallados”, comentó.

Precisamente la Defensoría presentó hoy el resultado de su último estudio sobre conflictos sociales referidos al recursos hídricos entre el año 2011 y 2014.

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