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Ante diversas señales de presión por parte de la empresa Minera MMG Las Bambas, a las que se ha sumado el gremio del sector minero y autoridades gubernamentales para poner fin a la huelga que mantienen cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, estas han anunciado para el jueves 10 de febrero una manifestación en Cusco, para sensibilizar a la población citadina y reafirmar la legitimidad de sus demandas desatendidas por años.

Reunidos en asamblea, los habitantes además resolvieron realizar en Cusco un plantón ante la Corte Superior de Justicia de dicha ciudad para exigir que se resuelva la Acción Popular presentada por sus abogados. Esta medida plantea anular la resolución ministerial N° 372 -2018, que convirtió caminos comunales en vía nacional, y por donde pasan desde entonces los camiones de alto tonelaje de la empresa, transportando el mineral de cobre que se extrae de Las Bambas. Las comunidades exigen además que sean consideradas como zona de influencia ambiental y social en el estudio de impacto ambiental (EIA) de la empresa.

En concreto los habitantes rechazan la contaminación que provoca el tránsito diario de más de 250 camiones que atraviesan, en el caso de las comunidades directamente afectadas, de día y noche los espacios poblados y afectan a sus moradores y cultivos.

Ante el anunció de la empresa minera MMG Las Bambas, que el lunes advirtió que podría suspender sus operaciones el 20 de febrero, debido a la paralización que mantienen las comunidades de Ccapacmarca desde el 27 de enero, el dirigente campesino e integrante de la Comisión del Comité de Lucha de dicho distrito, Luis Huamani Fuentes, desestimó la posibilidad que la minera paralice completamente la explotación. El ex presidente del Comité Lucha de Chumbivilcas explicó que dicho anunció nunca se ha hecho realidad, ni siquiera cuando la empresa declaró en diciembre pasado la paralización completa de sus actividades. Una medida que la compañía sostuvo hasta fines del 2021, cuando llegó a un acuerdo con algunas comunidades de la provincia de Chumbivilcas. Según el dirigente comunero, este tipo de anuncio no es más que una acción publicitaria para generar rechazo en la opinión pública hacia las reivindicaciones de las comunidades.

En cambio, afirmó que cuentan con fotografías y otras pruebas que demuestran que, a parte de la interrupción del transporte del mineral, las faenas de explotación en la mina continuaron incluso en los días de la supuesto suspensión de actividades.

Actualmente el bloqueo que mantienen al menos cuatro comunidades de Ccpacmarca impide el transporte de minerales y el suministro de otros bienes desde y hacia la mina en un punto estratégico del corredor minero sur. Estas no forman parte del acuerdo que se firmó con 11 comunidades en diciembre del 2021 a través de una mesa de diálogo liderada por la entonces premier Mirtha Vásquez y que puso fin entonces a otra huelga, en la que otras comunidades buscaban ser proveedoras de la minera y la que se desarrolló durante casi un mes. En esa ocasión, Las Bambas anunció finalmente la paralización de sus operaciones lo que generó duros pronunciamientos por parte del gremio empresarial y minero que llegaron a cuestionar la legitimidad del gobierno del presidente Pedro Castillo.

Ayer la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la empresa minera nuevamente deberá interrumpir su trabajo apenas transcurridos 35 días, hecho que sucede en medio de una crisis política, en alusión al reiterado cambio de gabinete del gobierno. Según el gremio minero estas medidas de fuerza que considera ilegales, provocarán mayores pérdidas económicas al país, a las ya registradas en diciembre pasado, en circunstancias que urge impulsar la reactivación económica.

En la misma sintonía ha reaccionado ayer el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, que a través de un pronunciamiento pidió al gobierno, declarar el estado de emergencia el corredor vial por 120 días, lo que le permitiría al ejecutivo despejar la vía a través del uso de la fuerza con la excusa de restaurar el orden.

En el comunicado de prensa Lantarón alega que la posible suspensión de operaciones de MMG Las Bambas afectaría a ocho mil trabajadores directos, y más cuatro mil empleados de empresas proveedoras. Además lamentó la potencial pérdida de casi 2 millones de soles mensuales por concepto de canon minero que recibe la región, de los impuestos que debe pagar la minera.

En cuanto al actuar del gobierno, Luis Huamani se mostró esperanzado en el nuevo gabinete encabezado por el Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a quien considera un hombre idóneo en el puesto por su preparación y experiencia. Además reiteró que las comunidades de Chumbivilcas siguen apoyando al gobierno del presidente Pedro Castillo, de quien esperan que se desplace a Ccapacmarca junto con sus ministros para iniciar una mesa de diálogo. “Esta vez no vamos a leventar la huelga hasta no encontrar una solución definitiva a nuestras demandas, no vamos a volver a otra huelga, esta es la definitiva”, sentenció.

Es importante recordar que desde hace años las comunidades afectadas por el corredor minero de las Bambas exigen una presencia más fuerte del Estado para solucionar problemas que son fundamentales para su sobrevivencia. El resarcimiento económico solamente cumple una pequeña parte de las demandas. Existe una agenda histórica muy larga de demandas de temas básicos como salud, educación, ambiente, desarrollo económico, etc, que no han sido asumidos por el Estado y por la empresa minera que ha causado impactos negativos en las zonas de influencia directa e indirecta.

 

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Finalmente el escenario se va aclarando sobre las verdaderas prioridades del gobierno peruano para enfrentar la pandemia del Covid-19. A más de 80 días de la cuarentena podemos señalar que el dilema entre salud y economía se ha ido definiendo, aún a pesar de las esfuerzos que se plantearon por priorizar la salud.  La apuesta económica es la opción que ha decidido optar el gobierno de Vizcarra, la presión de los gremios empresarios ha surtido efecto; es triste decirlo, pero la mayoría de las medidas que ha tomado el gobierno han estado orientados hacia este sector. Encontramos varios ejemplos de ello, como que la minería es una actividad esencial, la reactivación económica centrado en más extractivismo, la suspensión perfecta de labores, la no regulación del precio de los medicamentos, el abuso en el cobro de las clínicas, los balones de oxigeno, entre otros.

Es en ese marco que se ha aprobado la 2da fase de la reactivación económica (D.S. No 101-2020-PCM) que en la practica dispone las mismas medidas para las actividades económicas extractivas: “3.1 La reanudación de las actividades incluidas en las fases de la Reanudación de Actividades del presente Decreto Supremo, se efectúa de manera automática una vez que las personas jurídicas hayan registrado su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”. Es decir, para la segunda fase no hay mayor cambio, esta claro que esto obedece a las presiones de la Sociedad Nacional de Minería del Perú (SNMPE). Recientemente el director de este gremio, Pablo de la Flor, había señalado que existe un “excesivo burocratismo transversal” en el Estado para reiniciar las operaciones mineras. Y semanas después su pedido es refrendado en este Decreto Supremo. Entonces se evidencia nuevamente las prioridades del gobierno de Vizcarra.

De otro lado, un tema no menos importante en este escenario del que queremos comentar, es el día del medio ambiente. Cada 05 de junio conmemoramos este día y creo que por lo menos este año en particular requiere de una reflexión y revisión seria sobre nuestros hábitos de vida a nivel personal, familiar y colectivo. Mucho se ha hablado sobre la nueva normalidad en las ultimas semanas, y de modo particular de nuestra relación con la naturaleza y el medio ambiente. Si bien desde la sociedad civil podemos incorporar estas nuevas practicas, no se piensa lo mismo desde el Estado o en las empresas privadas. En plena cuarentena se han registrado varios casos de contaminación ambiental en zonas mineras, por ejemplo; o el mismo gobierno que busca relajar las acciones administrativas de fiscalización y protección del medio ambiente a través del decreto legislativo Nro. 1500, emitido recientemente.

Por todo ello, desde Red Muqui creemos que si el Estado no garantiza la protección de la salud de las personas, así como del medio ambiente, poco o nada estamos aprendiendo de esta pandemia, y por el contrario vamos profundizar la crisis y las profundas brechas sociales que tiene el Perú de hoy en tiempos de Covid-19.